Número Identificador

RES2024 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

LESLIE V. SANTIAGO Y 

OTROS

Peticionaria

V. 

AUTOGERMANA, INC. Y 

OTROS

Recurrida

KLCE202400339

CERTIORARI

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia

Caguas

CIVIL NÚM:

HU2022CV00073

SOBRE:

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de mayo de 2024.

El 21 de marzo de 2024, la Sra. Leslie V. Santiago Gómez

(señora Santiago) y el Sr. Ildelfonso Rodríguez Rivera (señor 

Rodríguez o en conjunto, los peticionarios) comparecieron ante nos 

mediante una Petición de Certiorari y solicitaron la revocación de una 

Orden que se emitió y notificó el 31 de enero de 2024 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI). Mediante el 

aludido dictamen, el TPI determinó que Autogermana, Inc. 

(Autogermana o recurrida) tenía derecho a una nueva inspección del 

vehículo en controversia. Además, resolvió que, de no poder 

producirse el vehículo, la Demanda Enmendada no procedía. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos el recurso de epígrafe.

I.

El 25 de enero de 2022, los peticionarios presentaron una 

Demanda sobre daños y perjuicios por productos defectuosos en 

contra de Autogermana y su compañía aseguradora denominada 

como “Aseguradora A”.1 En esta, alegaron que por defectos de 

1 Véase, págs. 1-12 del apéndice del recurso. 
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fabricación en un vehículo de motor que adquirieron de 

Autogermana marca MINI la señora Santiago sufrió daños físicos y 

emocionales en un accidente automovilístico que tuvo. 

Específicamente, indicaron que la falta de activación de “airbags” y 

cinturón de seguridad en el accidente fue la causa próxima de los 

daños sufridos. Así pues, la señora Santiago reclamó $450,000.00 

por concepto de daños físicos y emocionales y el señor Rodríguez 

reclamó $15,000.00 por concepto de angustias mentales. Además, 

solicitaron una partida adicional por concepto de honorarios de 

abogado. 

Posteriormente, el 10 de marzo de 2023, los apelantes 

presentaron una Solicitud para presentar Demanda Enmendada al 

amparo de la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 

13.1.2 En esta, solicitaron enmendar la Demanda a los únicos fines 

de añadir alegaciones de defecto por insuficiencia de las 

advertencias y/o instrucciones bajo la causal de productos 

defectuosos. Ello ya que del descubrimiento de prueba surgió que el 

algoritmo de sistema de airbags no necesariamente estaba 

defectuoso, sino que potencialmente pudo haber sido programado 

para no activar el airbag dependiendo da la estatura y distancia del 

asiento del conductor al guía. Junto a esta solicitud, incluyó la 

Primera Demanda Enmendada.

3 El 14 de abril de 2023, la recurrida 

presentó una Moción en Oposición a Demanda Enmendada.

4

Evaluados los escritos de ambas partes, el 5 de julio de 2023, el TPI 

emitió y notificó una Resolución permitiendo la Primera Demanda 

Enmendada. Ante ello, el 13 de julio de 2023, Autogermana presentó 

su Contestación a la Primera Demanda Enmendada.

5

2 Íd., págs. 99-104. 

3 Íd., págs. 105-121. 

4 Íd., págs. 126-128. 

5 Íd., págs. 130-141. 
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El 15 de diciembre de 2023, se celebró una Vista de 

Seguimiento en la cual se discutieron asuntos relacionados al 

descubrimiento de prueba. Además, y en lo pertinente, la 

representación legal de la parte recurrida informó que se les había 

solicitado a los peticionarios a que realizaran gestiones para 

localizar el vehículo objeto de la controversia para poder examinarlo 

a la luz de las nuevas alegaciones incluidas en la Demanda 

Enmendada, pero que no le habían respondido. Al final de la vista, 

el TPI les concedió un término a las partes para expresarse en 

cuanto a lo antes expuesto. 

En cumplimiento con lo antes mencionado, el 18 de enero de 

2024, los peticionarios presentaron una Moción en Cumplimiento de 

Orden [...].6 En síntesis, argumentaron que la inspección del 

vehículo no era necesaria ya que la mejor pieza evidenciaria para 

pasar juicio sobre las nuevas alegaciones formuladas era el manual 

del conductor. Además, puntualizaron que, si se requiriese 

información adicional, se podía obtener a través del testimonio de la 

vendedora del vehículo, la Sra. Frances Rodríguez, que, según ellos, 

era la que debió de haber sabido las instrucciones y/o advertencias 

relacionadas a los “airbags” y los cinturones de seguridad. Sin 

embargo, señalaron que, en la alternativa de necesitar una unidad, 

se podía producir cualquiera de igual modelo toda vez que las 

advertencias eran estandarizadas en la producción de los vehículos. 

En respuesta, el 31 de enero de 2024, Autogermana presentó 

una Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden.

7 En esencia, 

indicó que el vehículo presuntamente defectuoso con todos sus 

componentes relevantes era la pieza de evidencia más importante en 

un caso de “products liability” como en el del presente caso por lo 

que su relevancia era incuestionable. Sostuvo que únicamente 

6 Íd., págs. 145-152. 

7 Íd., págs. 158-162. 
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mediante la inspección de este en la misma condición en la que se 

encontraba inmediatamente luego del accidente en cuestión era que 

la parte peticionaria podía probar y por su parte la recurrida refutar 

las nuevas alegaciones contenidas en la Demanda Enmendada. 

Específicamente, puntualizó que era a través de la inspección del 

vehículo que se podría evaluar si el posicionamiento del asiento del 

conductor era inseguro conforme al diseño del sistema de bolsas de 

aire y que si el vehículo no contenía todas las advertencias 

requeridas por la ley federal. 

Tomando en consideración los argumentos de ambas partes 

en cuanto a la inspección del vehículo, el 31 de enero de 2024, el 

TPI emitió una Orden en la cual resolvió lo siguiente: “Evaluados los 

escritos de las partes, el Tribunal concluye que la parte demandada 

tiene derecho a una nueva inspección de la unidad. De no poder 

producirse el vehículo, la Demanda Enmendada no procede”.8

Inconforme con este dictamen, el 15 de febrero de 2024, los 

peticionarios presentaron una solicitud de reconsideración.9 En 

síntesis, argumentaron que la parte recurrida ya había tenido la 

oportunidad de evaluar el posicionamiento del asiento del conductor 

en la primera inspección que realizó el 8 de septiembre de 2021 

mediante la data que se recopiló del “Crash Data Retrieval”. 

Asimismo, razonaron que, de los testimonios de los peritos 

contratados por ambas partes, se podría suplir cualquier vacío ante 

el requerimiento estandarizado de las advertencias consagradas 

federalmente y en el manual estandarizado del conductor que fue 

producido por Autogermana. Por último, puntualizaron que no 

tenían el control físico del vehículo ya que la Cooperativa de Seguros 

Múltiples advino titular de este. El 16 de febrero de 2024, el TPI dictó 

8 Íd., pág. 163. 

9 Íd., págs. 164-171. 
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una Orden que se notificó el 20 de febrero de 2024 mediante la cual 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración. 

Aún en desacuerdo, el 21 de marzo de 2024, los peticionarios 

presentaron el recurso de epígrafe y formularon los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que el demandado tiene derecho a una 

tercera inspección de la unidad para que prospere la 

causa de acción sobre falta de advertencias y/o 

instrucciones adecuadas. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que, de no poder producirse la unidad, la 

demanda enmendada no procede. 

Atendido el recurso, emitimos una Resolución concediéndole 

a la parte recurrida hasta el 5 de abril de 2024 para presentar su 

postura en cuanto al recurso. Oportunamente, Autogermana 

presentó una Solicitud de Desestimación de Certiorari por 

Incumplimiento con la Regla 52.1 de Proc. Civil y por ser Prematura. 

En primer lugar, indicó que procedía la desestimación del recurso 

ya que mediante este no se solicitó revisión por ninguna de las 

instancias que dispone la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V., R. 52.1. Específicamente señaló que la parte se limitó 

a expresar que este Tribunal tenía jurisdicción para atender el 

presente recurso al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, ya que se recurría de una determinación relacionada a un 

“privilegio evidenciario, a saber, el privilegio de secretos de negocio”. 

En cuanto a esto añadieron que dicha expresión fue una 

inadvertencia y que no fue objeto de discusión alguna en el recurso. 

De igual forma, a tenor con la antes expuesto expresaron que 

la parte peticionaria recurrió de un dictamen interlocutorio y no final 

ya que la Demanda Enmendada no se desestimó. Además, resaltó 

que no se había establecido que el vehículo no estaba disponible 

para ser inspeccionado por lo que la Petición de Certiorari era 
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prematura. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver el asunto ante nos. Veamos. 

II.

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Los tribunales 

apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera 

discrecional. Íd., pág. 847. Esta discreción se define como “el poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág. 

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo 

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos 

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al 

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, 

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece que el 

recurso de certiorari para resolver resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) 

una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y 

la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de Procedimiento Civil; (2) la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo y; (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 
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situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia.

En otros términos, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, establece lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXIIB, R. 40.

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva. 

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los 

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya 

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009).

III.

Conforme el derecho que antecede, nuestro ámbito 

jurisdiccional respecto a la revisión de asuntos interlocutorios en 
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casos civiles está delimitada, en primera instancia, por lo dispuesto 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Así pues, luego de 

examinar la naturaleza de la Orden interlocutoria recurrida, 

concluimos que esta no se ajusta a los criterios de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.

Es decir, es evidente que la Orden recurrida no es al amparo 

de las Reglas 56 o 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56; 

57, ni versa sobre la denegatoria de alguna moción de carácter 

dispositivo. Tampoco se recurre de alguna decisión sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, o asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, sobre anotaciones de rebeldía, 

ni tampoco se trata de un caso de relaciones de familia. Finalmente, 

el peticionario tampoco demostró en su recurso que la orden 

recurrida reviste alto interés público o que versa sobre alguna 

situación en la cual esperar a la apelación constituya un fracaso 

irremediable de la justicia.

De igual forma, luego de examinar el expediente a la luz de los 

criterios de la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, no 

identificamos razón por la cual este Foro deba intervenir. Ello, ya 

que no se presentan ninguna de las situaciones que allí se 

contemplan. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso 

de epígrafe. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones