Número Identificador

SEN2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

MASTER PAINTS AND 

CHEMICALS CORP.

Recurrente

V.

MUNICIPIO AUTÓNOMO 

DE MAYAGÜEZ

Recurrido

KLRA202400098

Revisión de 

Decisión 

Administrativa 

procedente del 

Municipio 

Autónomo de 

Mayagüez

Subasta Núm.:

2024-039

Sobre:

Art. 1.050 

Ley 107-2020 

(Código Municipal)

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

El 26 de febrero de 2024, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones, Master Paints and Chemicals Corp. (en adelante, 

Master Paints o parte recurrente), por medio de Recurso de Revisión 

Judicial. Mediante este, nos solicita que revisemos la Resolución

emitida el 13 de febrero de 2024 y notificada el 15 de febrero de 

2024, por la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de 

Mayagüez (en adelante, parte recurrida o Junta de Subastas),

relacionada a “Suministro de Pinturas de Primera Calidad” (RFP 

Núm. 2024-039), y en la cual, se descalificó a la parte recurrente 

como licitadora. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso por haberse tornado académica la controversia.

I

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 24 

de enero de 2024, el Municipio Autónomo de Mayagüez publicó una 
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subasta en el periódico Primera Hora para la adquisición de pinturas

de calibre industrial, entiéndase, “Suministro de Pinturas de 

Primera Calidad” (RFP Núm. 2024-039).

Conforme se desprende de los pliegos de la subasta, los 

licitadores interesados en participar en dicha subasta tenían que 

entregar los documentos requeridos por la parte recurrida, a los 

fines de ofrecer productos o servicios al gobierno, a saber:

“... 1. Propuesta en original y una (1) copia acompañada 

de copia todos los documentos... 18. Certificación de 

Deuda del Municipio donde radique su negocio... 19. En 

sustitución de estos documentos podrán someter la 

Certificación del Registro de Licitadores del Municipio 

de Mayagüez y/o la Certificación del Registro Único de 

Licitadores de la Administración de Servicios Generales 

(“RUL”) ...”

La parte recurrente es una compañía que se dedica a la 

manufactura de pintura y otros productos de petróleo en Puerto 

Rico. Arguye la parte recurrente que, a pesar de que presentó una 

oferta oportunamente, conjuntamente con su certificación de 

elegibilidad en el RUL vigente hasta el 22 de mayo de 2024, de 

manera sorpresiva, la parte recurrida ilegalmente, la descalificó por 

no haber entregado un certificado de deuda del Municipio Autónomo 

de Mayagüez.

En desacuerdo con la determinación de descalificación, la 

parte recurrente acudió ante este foro revisor y esgrimió el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró la Junta de Subastas del Municipio de Mayagüez 

y cometió una violación al debido proceso de ley al 

descalificar a Master Paints de la subasta número 

2024-039.

Más tarde, el mismo día de la presentación de su recurso, la 

parte recurrente instó ante nos, Moción Informativa sobre 

Notificación de Escritos de Conformidad con las Reglas 58 y 71 del 

Reglamento del Tribunal Apelativo y Presentando Mejor Copia de 

Sobre de Notificación. Mediante nuestra Resolución del 28 de febrero 

de 2024, nos dimos por enterados de la moción antes aludida y le 
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concedimos a la parte recurrida hasta el 7 de marzo de 2024 para 

exponer su posición en torno al recurso de epígrafe.

El 6 de marzo de 2024, compareció la parte recurrida 

mediante Urgente Moción Anunciando Representación Legal, y en la 

cual indicó, además, no tener constancia de haber recibido el 

recurso que nos ocupa. En igual fecha, la parte recurrente ripostó 

a la aludida moción mediante Contestación a Urgente Moción 

Anunciando Representación Legal. Aseveró haber notificado el 

recurso a las direcciones oficiales de correo de la Oficina del Alcalde 

y al Presidente Interino de la Junta de Subastas del Municipio 

Autónomo de Mayagüez. Añadió que, como cortesía, le reenvió a la 

parte recurrida el recurso, tal cual le fue notificado el 26 de febrero 

de 2024.

El 7 de marzo de 2024, la parte recurrida interpuso ante este 

foro, Urgente Moción en Solicitud de Prórroga mediante la cual solicitó 

que le concediéramos un término adicional de treinta (30) días para 

exponer su posición en torno al recurso. En igual fecha, compareció 

ante nos la parte recurrente mediante Oposición a Urgente Moción 

en Solicitud de Prórroga, en la que recabó que no le concediéramos 

a la parte recurrida el término solicitado, sino un término de ocho 

(8) días para expresarse.

En atención a los escritos presentados por las partes, el 8 de 

marzo de 2024, emitimos Resolución en la cual, aceptamos al Lcdo. 

Simone Cataldi Malpica del Bufete Aldarondo & López Bras, LLC, 

como el representante legal del Municipio Autónomo de Mayagüez. 

Por otro lado, invitamos a la parte recurrida a que examinara 

nuestra Resolución del 28 de febrero de 2024, mediante la cual nos 

dimos por enterados de la notificación del recurso y le concedimos 

hasta el jueves 7 de marzo de 2024 para exponer su posición en 

torno al recurso.
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En cuanto a la Urgente Moción en Solicitud de Prórroga

presentada por la parte recurrida el 7 de marzo de 2024, así como 

la Oposición a Urgente Moción en Solicitud de Prórroga incoada por la 

parte recurrente el 7 de marzo de 2024, le concedimos término 

adicional a la parte recurrida hasta el lunes 18 de marzo de 2024

para exponer su posición en torno al recurso de epígrafe. Le 

apercibimos que, transcurrido el término dispuesto, el recurso se 

tendría por perfeccionado para su adjudicación final. De otra parte, 

le ordenamos a la parte recurrida que, en igual término, nos

sometiera copia certificada del expediente de la Subasta Número 

2024-039.

El 15 de marzo de 2024, la parte recurrida interpuso Moción 

en Solicitud de Desestimación. En la misma indicó que, luego de 

remitirse la Comunicación del 13 de febrero de 2024, consideró la 

necesidad de reevaluar las especificaciones en la Solicitud de 

Propuestas en el RFP Núm. 2024-039, para el “Suministro de 

Pinturas de Primera Calidad” para tener una perspectiva más 

abarcadora y comprensiva de los servicios a prestarse en beneficio 

del interés público. Acotó que, a esos efectos, la Junta de Subastas

se reunió el 15 de marzo de 2024 y tomó la determinación de 

no descalificar la propuesta sometida por la parte recurrente, 

por lo que solicitó la desestimación del recurso de autos por 

academicidad.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II

Doctrina de academicidad

Como es sabido, los tribunales revisores solo podremos 

resolver los casos que sean justiciables. Bhatia Gautier v. 

Gobernador, 199 DPR 59, 68 (2017); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920 (2011). La doctrina de la justiciabilidad de las 
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causas gobierna el ejercicio de la función revisora de los tribunales, 

fijando la jurisdicción de estos. Dicha doctrina nace del principio 

elemental de que los tribunales existen únicamente para resolver 

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas, que tienen 

un interés real en obtener un remedio judicial que haya de afectar 

sus relaciones jurídicas. Esto es, para el ejercicio válido del poder 

judicial se requiere la existencia de un caso o controversia real.

Smyth, Puig v. Oriental Bank, 170 DPR 73, 75 (2007); Bhatia Gautier 

v. Gobernador, supra, pág. 68. Según lo dispuesto por nuestro 

Máximo Foro, una controversia no es justiciable cuando: (1) se 

procura resolver una cuestión política; (2) una de las partes carece 

de legitimación activa; (3) hechos posteriores al comienzo del pleito 

han tornado la controversia en académica; (4) las partes están 

tratando de obtener una opinión consultiva; o (5) se intenta 

promover un pleito que no está maduro. Super Asphalt v. AFI y otros, 

206 DPR 803 (2021); Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, págs. 68-

69.

Atinente al caso de marras, nuestro más Alto Foro ha 

reconocido que los tribunales pierden su jurisdicción sobre una 

controversia cuando, durante el trámite judicial, ocurren cambios 

fácticos o judiciales que tornan en académica o ficticia su solución. 

Esto es, el foro judicial no puede entender sobre un caso que ha 

perdido su condición de controversia viva y presente en atención a 

los cambios fácticos o de derecho acaecidos en el transcurso del 

tiempo. Pueblo v. Pagán Medina, 177 DPR 842, 844 (2010); Super 

Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 816. Asimismo, deberán ser 

evaluados los eventos anteriores, próximos y futuros, a los fines de 

determinar si la controversia entre las partes sigue viva y subsiste 

con el tiempo. Íd. 

Una vez se determina que ha desaparecido el carácter 

adversativo entre los intereses de las partes involucradas, los 
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tribunales pierden su jurisdicción en el pleito y, por tanto, deben 

abstenerse de considerar el caso en sus méritos. Con esta limitación 

sobre el poder de los tribunales, se persigue evitar el uso innecesario 

de los recursos judiciales y obviar pronunciamientos autoritativos 

de los tribunales que resulten superfluos. (Citas omitidas). Smyth, 

Puig v. Oriental Bank, supra, pág. 78. Véase Super Asphalt v. AFI y 

otros, supra, pág. 816. 

Como corolario de lo anterior, la Regla 83 (B) (5) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 

(B) (C) expone lo siguiente: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes:

[. . . . . . . .]

(5) Que el recurso se ha convertido en académico.

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente. 

III

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si ostentamos jurisdicción para atender el recurso 

presentado. Tal y como mencionamos previamente, la parte 

recurrente acude ante este foro revisor ante la determinación de la 

parte recurrida de descalificarla como licitadora en la subasta para 

la adquisición de pintura de calibre industrial, entiéndase, 

“Suministro de Pinturas de Primera Calidad” (RFP Núm. 2024-039).

Como mencionamos previamente, mediante su Moción en 

Solicitud de Desestimación del 15 de marzo de 2024, la parte 

recurrida nos indicó que, luego de remitirse la comunicación del 13 

de febrero de 2024, consideró la necesidad de reevaluar las 

especificaciones en la Solicitud de Propuestas en el RFP Núm. 2024-

039, para el “Suministro de Pinturas de Primera Calidad” para tener
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una perspectiva más abarcadora y comprensiva de los servicios a 

prestarse en beneficio del interés público.

En vista de que, según nos informó la parte recurrida, la 

Junta de Subastas se reunió el 15 de marzo de 2024 y tomó la 

determinación de no descalificar la propuesta sometida por la 

parte recurrente, en efecto, procede la desestimación del 

recurso de autos por academicidad.

Como sabemos, una controversia que en sus inicios era 

justiciable se convierte en académica cuando “los cambios fácticos 

o judiciales acaecidos durante el trámite judicial de una 

controversia, tornan en académica o ficticia su solución”.1 Así, se 

debe evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, a los fines 

de determinar si la controversia entre las partes sigue viva y subsiste 

con el tiempo.2 Cuando un foro adjudicativo determine que un caso 

es académico, su deber es abstenerse de considerar los méritos de 

ese caso.3 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

por haberse tornado académica la controversia.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

1 Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268, 283 (2014).

2 Pres. del Senado, 148 DPR 737, 759 (1999).

3 CEE v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 936 (1993).