# Diario Oficial C 205/12 d

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 205 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 66.° año12 de junio de 2023 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 205

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

66.° año12 de junio de 2023

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| Sumario | Página |
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| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Justicia de la Unión Europea |
| 2023/C 205/01 | Últimas publicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea | 1 |

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

2023/C 205/01

Últimas publicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea

Diario Oficial de la Unión Europea

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| | V   Anuncios |
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| | PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES |
| | Tribunal de Justicia |
| 2023/C 205/02 | Asunto C-25/21, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.o 2 de Madrid) — ZA, AZ, BX, CV, DU, ET / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S. A. [Procedimiento prejudicial — Competencia — Restricciones verticales de la competencia — Artículo 101 TFUE, apartados 1 y 2 — Principio de efectividad — Reglamento (CE) n.o 1/2003 — Artículo 2 — Directiva 2014/104/UE — Artículo 9, apartado 1 — Efecto vinculante de las resoluciones firmes de las autoridades nacionales de la competencia por las que se constata una infracción de las normas del Derecho de la competencia — Aplicación temporal y material — Acciones por daños y de nulidad por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de la Unión] | 2 |
| 2023/C 205/03 | Asunto C-144/21: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 20 de abril de 2023 — Parlamento Europeo / Comisión Europea [Recurso de anulación — Decisión de Ejecución C(2020) 8797 — Autorización de determinados usos del trióxido de cromo — Reglamento (CE) n.o 1907/2006 — Registro, evaluación y autorización de sustancias y mezclas químicas y restricciones aplicables a dichas sustancias y mezclas — Artículo 60 — Concesión de las autorizaciones — Obligación de demostrar que las ventajas socioeconómicas compensan los riesgos derivados para la salud humana o el medio ambiente del uso de la sustancia y que no hay sustancias o tecnologías alternativas adecuadas — Artículo 62 — Solicitudes de autorización — Artículo 64 — Procedimiento de las decisiones de autorización] | 3 |
| 2023/C 205/04 | Asunto C-291/21, Starkinvest: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Liège — Bélgica) — Procedimiento incoado por Starkinvest SRL [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.o 655/2014 — Procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas — Requisitos para dictar tal orden — Artículo 4 — Concepto de resolución judicial — Artículo 7 — Concepto de resolución judicial por la que se exija al deudor el pago de la deuda — Resolución judicial que condena a un deudor al pago de una multa coercitiva en caso de incumplimiento de una orden de cese — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Artículo 55 — Ámbito de aplicación] | 3 |
| 2023/C 205/05 | Asunto C-329/21, DIGI Communications: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék — Hungría) — DIGI Communications NV / Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala [Procedimiento prejudicial — Telecomunicaciones — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) — Artículo 4, apartado 1 — Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización) — Artículo 7 — Adjudicación de derechos de uso de frecuencias — Procedimiento de subasta — Sociedad holding no registrada como proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas en el Estado miembro de que se trata — Exclusión del procedimiento de adjudicación — Derecho a interponer recurso contra la decisión de adjudicación] | 4 |
| 2023/C 205/06 | Asunto C-413/21 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de abril de 2023 — Consejo de la Unión Europea / Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (Recurso de casación — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación existente en Libia — Lista de personas y entidades a las que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos — Lista de personas sujetas a restricciones a la entrada en el territorio de la Unión y al tránsito a través de él — Mantenimiento de la Sra. El-Qaddafi en las listas — Fundamentos de hecho suficientemente sólidos — Obligación de motivación) | 5 |
| 2023/C 205/07 | Asunto C-580/21, EEW Energy from Waste: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — EEW Energy from Waste Großräschen GmbH / MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH (Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 2009/28/CE — Fomento de la energía procedente de fuentes de energía renovables — Artículo 16, apartado 2, letra c) — Acceso a las redes de transporte y de distribución — Acceso prioritario conferido a la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables — Producción a partir de fuentes de energía tanto renovables como convencionales) | 6 |
| 2023/C 205/08 | Asunto C-602/21: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 20 de abril de 2023 — Comisión Europea / República de Polonia (Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/49/CE — Evaluación y gestión del ruido ambiental — Prevención de ruidos — Grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios — Artículo 8, apartados 1 y 2 — Planes de acción no conformes o inexistentes — Artículo 10, apartado 2 — Anexo VI — Resúmenes de planes de acción inexistentes) | 7 |
| 2023/C 205/09 | Asunto C-650/21, Landespolizeidirektion Niederösterreich y Finanzamt Österreich: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — FW, CE (Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Prohibición de las discriminaciones por motivos de edad — Retribución de los funcionarios — Normativa nacional anterior declarada discriminatoria — Clasificación en un nuevo régimen retributivo sobre la base de la antigüedad determinada con arreglo a un régimen retributivo anterior — Corrección de esa antigüedad mediante la determinación de una fecha de comparación — Carácter discriminatorio de la nueva clasificación — Norma que tiende a perjudicar a los funcionarios de mayor edad) | 8 |
| 2023/C 205/10 | Asunto C-772/21, Brink’s Lithuania: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Brink’s Lithuania UAB / Lietuvos bankas [Procedimiento prejudicial — Protección del euro contra la falsificación — Reglamento (CE) n.o 1338/2001 — Artículo 6, apartado 1 — Proveedores de servicios de pago cuya actividad consiste en el tratamiento y entrega al público de billetes — Decisión BCE/2010/14 — Artículo 6, apartado 2 — Detección de billetes en euros no aptos — Comprobación automática de la aptitud de los billetes — Normas mínimas, junto con sus oportunas modificaciones, publicadas en la dirección del Banco Central Europeo (BCE) en Internet — Ámbito de aplicación personal — Alcance de las obligaciones de las entidades que manejan efectivo — Fuerza vinculante — Principio de seguridad jurídica] | 9 |
| 2023/C 205/11 | Asuntos acumulados C-775/21 y C-826/21, Blue Air Aviation y otros: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de abril de 2023 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Curtea de Apel Bucureşti — Rumanía) — Blue Air Aviation SA / UCMR — ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (C-775/21) y Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) / Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) CFR Călători SA (C-826/21) (Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículo 3, apartado 1 — Comunicación al público — Concepto — Difusión de música ambiental — Directiva 2006/115/CE — Artículo 8, apartado 2 — Remuneración equitativa — Mera puesta a disposición de instalaciones — Equipos de sonorización a bordo de trenes y aeronaves — Presunción de comunicación al público) | 10 |
| 2023/C 205/12 | Asunto C-815/21 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 20 de abril de 2023 — Amazon.com, Inc., Amazon Services Europe Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl / Comisión Europea [Recurso de casación — Competencia — Artículo 102 TFUE — Abuso de posición dominante — Venta en línea — Reglamento (CE) n.o 773/2004 — Artículo 2, apartado 1 — Decisión de la Comisión Europea de iniciar una investigación — Ámbito de aplicación territorial de la investigación — Exclusión de Italia — Reparto de competencias entre la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros — Reglamento (CE) n.o 1/2003 — Artículo 11, apartado 6 — Privación de la competencia de las autoridades de competencia de los Estados miembros — Protección contra los procedimientos llevados a cabo paralelamente por las autoridades de competencia de los Estados miembros y por la Comisión — Recurso de anulación — Acto no recurrible — Acto que no produce efectos jurídicos frente a terceros — Acto de trámite — Inadmisibilidad] | 11 |
| 2023/C 205/13 | Asunto C-827/21, Banca A (Aplicación de la Directiva sobre fusiones en una situación interna): Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Rumania) — Banca A / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Preşedintele ANAF (Procedimiento prejudicial — Directiva 2009/133/CE — Artículo 7 — Fusión por absorción — Operación puramente interna — Primacía del Derecho de la Unión fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión — Inexistencia — Interpretación del Derecho de la Unión fuera de su ámbito de aplicación — Competencia del Tribunal de Justicia en materia de cuestiones prejudiciales — Requisito — Derecho de la Unión que el Derecho nacional ha hecho aplicable directa e incondicionalmente) | 12 |
| 2023/C 205/14 | Asunto C-52/22, BVAEB (Actualización de las pensiones de jubilación): Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Austria) — BF / Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) (Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Prohibición de discriminación por razón de la edad — Artículo 2, apartados 1 y 2, letra a) — Artículo 6, apartado 1 — Pensión de jubilación — Normativa nacional que prevé una equiparación progresiva del régimen de pensiones de los funcionarios con el régimen general de pensiones — Primera actualización del importe de la pensión realizada más rápidamente para una categoría de funcionarios que para otra — Justificaciones) | 12 |
| 2023/C 205/15 | Asunto C-70/22, Viagogo: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Viagogo AG / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Procedimiento prejudicial — Comercio electrónico — Directiva 2000/31/CE — Artículo 1 — Ámbito de aplicación — Artículo 2, letra c) — Concepto de prestador de servicios establecido — Artículo 3, apartado 1 — Prestación de servicios de la sociedad de la información por un prestador establecido en el territorio de un Estado miembro — Sociedad establecida en el territorio de la Confederación Suiza — Inaplicabilidad ratione personae — Artículo 56 TFUE — Acuerdo sobre la Libre Circulación de Personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra — Ámbito de aplicación — Prohibición de las restricciones de prestaciones de servicios transfronterizos que no excedan de 90 días por año civil — Prestaciones de servicios en Italia de una duración superior a 90 días — Inaplicabilidad ratione personae — Artículo 102 TFUE — Inexistencia de cualquier elemento en la petición de decisión prejudicial que permita establecer una relación entre el litigio principal y un eventual abuso de posición dominante — Inadmisibilidad) | 13 |
| 2023/C 205/16 | Asunto C-102/22 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 27 de abril de 2023 — HC / Comisión Europea (Recurso de casación — Función pública — Contratación — Oposición general EPSO/AD/363/18 — Convocatoria de oposición — Apreciación por el tribunal calificador de las respuestas del candidato en la prueba del evaluador de talentos — No admisión a la etapa siguiente de la oposición — Régimen lingüístico — Limitación de elección de la segunda lengua de la oposición a las lenguas inglesa y francesa — Excepción de ilegalidad de la convocatoria de la oposición — Inadmisibilidad) | 14 |
| 2023/C 205/17 | Asunto C-104/22, Lännen MCE: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Markkinaoikeus — Finlandia) — Lännen MCE Oy / Berky GmbH, Senwatec GmbH & Co. KG [Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 125, apartado 5 — Competencia internacional — Acción por violación de marca — Competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido o pudiere cometerse la violación — Publicidad presentada por un motor de búsqueda que utiliza un nombre de dominio nacional de primer nivel — Publicidad que no precisa la zona geográfica de entrega — Criterios que deben tenerse en cuenta] | 14 |
| 2023/C 205/18 | Asunto C-107/22, X e Inspecteur van de Belastingdienst Douane: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof Amsterdam — Países Bajos) — X BV / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam (Procedimiento prejudicial — Arancel aduanero común — Clasificación de las mercancías — Nomenclatura combinada — Interpretación — Reglas generales — Regla general 2, letra a) — Artículo presentado desmontado o sin montar todavía — Piezas destinadas a constituir, tras su ensamblaje, aparatos receptores vía satélite — Clasificación como aparato receptor completo) | 15 |
| 2023/C 205/19 | Asunto C-192/22, Bayerische Motoren Werke: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht — Alemania) — FI / Bayerische Motoren Werke AG (Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2003/88/CE — Artículo 7, apartado 1 — Artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Extinción de este derecho — Régimen de trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación — Días de vacaciones anuales adquiridos durante la fase de trabajo efectuada con arreglo a este régimen, pero aún no disfrutados — Incapacidad laboral) | 16 |
| 2023/C 205/20 | Asunto C-263/22, Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA / LP (Procedimiento prejudicial — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Artículos 3 a 6 — Criterios de apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual — Exigencia de transparencia — Contrato de seguro colectivo — Invalidez permanente del consumidor — Obligación de información — No comunicación de una cláusula de limitación o de exclusión de la cobertura del riesgo asegurado) | 17 |
| 2023/C 205/21 | Asunto C-282/22, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej / P. w W. [Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículos 14, 15 y 24 — Puntos de recarga de vehículos eléctricos — Puesta de disposición de equipos destinados a la recarga de vehículos eléctricos, al suministro de la electricidad necesaria y a la prestación de asistencia técnica y de servicios informáticos — Calificación como entrega de bienes o prestación de servicios] | 18 |
| 2023/C 205/22 | Asunto C-348/22, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Ayuntamiento de Ginosa): Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Comune di Ginosa (Procedimiento prejudicial — Servicios en el mercado interior — Directiva 2006/123/CE — Apreciación de validez — Base jurídica — Artículos 47 CE, 55 CE y 94 CE — Interpretación — Artículo 12, apartados 1 y 2, de dicha Directiva — Efecto directo — Carácter incondicional y suficientemente preciso de la obligación de los Estados miembros de aplicar un procedimiento de selección imparcial y transparente entre los posibles candidatos, así como de la prohibición de renovar automáticamente una autorización concedida para una determinada actividad — Normativa nacional que establece la prórroga automática de concesiones de ocupación del dominio público marítimo) | 19 |
| 2023/C 205/23 | Asunto C-372/22, CM (Derecho de visita de un menor que ha cambiado de residencia): Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal d’arrondissement de Luxembourg — Luxemburgo) — CM / DN [Procedimiento prejudicial — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) n.o 2201/2003 — Artículos 9 y 15 — Mantenimiento de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor después de que este haya cambiado de residencia — Concepto de cambio de residencia — Demanda de modificación de una resolución judicial relativa al derecho de visita — Cálculo del plazo en el que debe presentarse tal demanda — Remisión del asunto a un órgano jurisdiccional del Estado miembro de la nueva residencia habitual del menor, que está mejor situado para conocer del asunto] | 20 |
| 2023/C 205/24 | Asunto C-637/22 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de octubre de 2022 por Luís Miguel Novais contra el auto del Tribunal General (Sala Sexta) dictado el 2 de agosto de 2022 en el asunto T-376/22, Novais / Portugal | 21 |
| 2023/C 205/25 | Asunto C-69/23, Streaming Services: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bucureşti (Rumanía) el 7 de febrero de 2023 — Streaming Services Srl, en insolvencia, a través del liquidador judicial Cabinet Individual de Insolvență Mihai Florea / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi | 21 |
| 2023/C 205/26 | Asunto C-74/23, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — D.N.A. Serviciul Teritorial Braşov: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Ploieşti (Rumanía) el 10 de febrero de 2023 — Proceso penal contra C.A.A., C.F.G., C.G.C., C.D.R., G.L.C., G.S., L.C.I., M.G., M.C.G., N.A.S., P.C., U.V., S.O., Ş.V.O., C.V., I.R.P., B.I.I. | 22 |
| 2023/C 205/27 | Asunto C-75/23, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Braşov (Rumanía) el 10 de febrero de 2023 — Proceso penal contra M.A.sr, S.A.C.S. y S.A.S. | 24 |
| 2023/C 205/28 | Asunto C-83/23, H GmbH: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 15 de febrero de 2023 — H GmbH / Finanzamt M | 25 |
| 2023/C 205/29 | Asunto C-118/23, Getin Holding y otros: Petición de decisión prejudicial planteada por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia) el 21 de febrero de 2023 — Rada Nadzorcza Getin Noble Bank y otros / Bankowy Fundusz Gwarancyjny | 26 |
| 2023/C 205/30 | Asunto C-131/23, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Braşov (Rumanía) el 3 de marzo de 2023 — Proceso penal contra C.A.A. y C.V. | 27 |
| 2023/C 205/31 | Asunto C-133/23, Omya CZ: Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud (República Checa) el 6 de marzo de 2023 — Omya CZ s.r.o. / Generální ředitelství cel | 28 |
| 2023/C 205/32 | Asunto C-146/23, Sąd Rejonowy w Białymstoku: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polonia) el 10 de marzo de 2023 — XL / Sąd Rejonowy w Białymstoku | 28 |
| 2023/C 205/33 | Asunto C-169/23, Másdi: Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria (Hungría) el 17 de marzo de 2023 — Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság / UC | 29 |
| 2023/C 205/34 | Asunto C-198/23: Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2023 — Comisión Europea / República de Bulgaria | 30 |
| 2023/C 205/35 | Asunto C-206/23: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2023 — Comisión Europea / República de Bulgaria | 31 |
| 2023/C 205/36 | Asunto C-212/23: Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2023 — Comisión Europea / República de Polonia | 32 |
| 2023/C 205/37 | Asunto C-237/23: Recurso interpuesto el 14 de abril de 2023 — Comisión Europea / República de Bulgaria | 33 |
| 2023/C 205/38 | Asunto C-238/23: Recurso interpuesto el 14 de abril de 2023 — Comisión Europea / República de Letonia | 34 |
| | Tribunal General |
| 2023/C 205/39 | Asunto T-94/20: Sentencia del Tribunal General de 8 de marzo de 2023 — Campine y Campine Recycling/Comisión [Responsabilidad extracontractual — Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del reciclado de baterías de automóviles — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE — Sentencia que anula parcialmente la Decisión y reduce el importe de la multa impuesta — Negativa de la Comisión a abonar intereses de demora — Artículo 266 TFUE — Artículo 90, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Tipo del interés de demora] | 35 |
| 2023/C 205/40 | Asunto T-178/23: Recurso interpuesto el 4 de abril de 2023 — Ben Ali/Consejo | 36 |
| 2023/C 205/41 | Asunto T-196/23: Recurso interpuesto el 14 de abril de 2023 — Mindspa/EUIPO — Mind Solutions (MINDSPA) | 36 |
| 2023/C 205/42 | Asunto T-197/23: Recurso interpuesto el 14 de abril de 2023 — Mindspa/EUIPO — Mind Solutions (SYNCTUITION MINDSPA) | 37 |
| 2023/C 205/43 | Asunto T-198/23: Recurso interpuesto el 17 de abril de 2023 — USF/EPSU-CJ/Tribunal de Justicia de la Unión Europea | 38 |
| 2023/C 205/44 | Asunto T-202/23: Recurso interpuesto el 18 de abril 2023 — Kivikoski y otros/Consejo | 39 |

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PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Tribunal de Justicia

2023/C 205/02

Asunto C-25/21, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.o 2 de Madrid) — ZA, AZ, BX, CV, DU, ET / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S. A. [Procedimiento prejudicial — Competencia — Restricciones verticales de la competencia — Artículo 101 TFUE, apartados 1 y 2 — Principio de efectividad — Reglamento (CE) n.o 1/2003 — Artículo 2 — Directiva 2014/104/UE — Artículo 9, apartado 1 — Efecto vinculante de las resoluciones firmes de las autoridades nacionales de la competencia por las que se constata una infracción de las normas del Derecho de la competencia — Aplicación temporal y material — Acciones por daños y de nulidad por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de la Unión]

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2023/C 205/03

Asunto C-144/21: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 20 de abril de 2023 — Parlamento Europeo / Comisión Europea [Recurso de anulación — Decisión de Ejecución C(2020) 8797 — Autorización de determinados usos del trióxido de cromo — Reglamento (CE) n.o 1907/2006 — Registro, evaluación y autorización de sustancias y mezclas químicas y restricciones aplicables a dichas sustancias y mezclas — Artículo 60 — Concesión de las autorizaciones — Obligación de demostrar que las ventajas socioeconómicas compensan los riesgos derivados para la salud humana o el medio ambiente del uso de la sustancia y que no hay sustancias o tecnologías alternativas adecuadas — Artículo 62 — Solicitudes de autorización — Artículo 64 — Procedimiento de las decisiones de autorización]

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Asunto C-291/21, Starkinvest: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Liège — Bélgica) — Procedimiento incoado por Starkinvest SRL [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.o 655/2014 — Procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas — Requisitos para dictar tal orden — Artículo 4 — Concepto de resolución judicial — Artículo 7 — Concepto de resolución judicial por la que se exija al deudor el pago de la deuda — Resolución judicial que condena a un deudor al pago de una multa coercitiva en caso de incumplimiento de una orden de cese — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Artículo 55 — Ámbito de aplicación]

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2023/C 205/05

Asunto C-329/21, DIGI Communications: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék — Hungría) — DIGI Communications NV / Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala [Procedimiento prejudicial — Telecomunicaciones — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) — Artículo 4, apartado 1 — Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización) — Artículo 7 — Adjudicación de derechos de uso de frecuencias — Procedimiento de subasta — Sociedad holding no registrada como proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas en el Estado miembro de que se trata — Exclusión del procedimiento de adjudicación — Derecho a interponer recurso contra la decisión de adjudicación]

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2023/C 205/06

Asunto C-413/21 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de abril de 2023 — Consejo de la Unión Europea / Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (Recurso de casación — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación existente en Libia — Lista de personas y entidades a las que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos — Lista de personas sujetas a restricciones a la entrada en el territorio de la Unión y al tránsito a través de él — Mantenimiento de la Sra. El-Qaddafi en las listas — Fundamentos de hecho suficientemente sólidos — Obligación de motivación)

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2023/C 205/07

Asunto C-580/21, EEW Energy from Waste: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — EEW Energy from Waste Großräschen GmbH / MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH (Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 2009/28/CE — Fomento de la energía procedente de fuentes de energía renovables — Artículo 16, apartado 2, letra c) — Acceso a las redes de transporte y de distribución — Acceso prioritario conferido a la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables — Producción a partir de fuentes de energía tanto renovables como convencionales)

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2023/C 205/08

Asunto C-602/21: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 20 de abril de 2023 — Comisión Europea / República de Polonia (Incumplimiento de Estado — Directiva 2002/49/CE — Evaluación y gestión del ruido ambiental — Prevención de ruidos — Grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios — Artículo 8, apartados 1 y 2 — Planes de acción no conformes o inexistentes — Artículo 10, apartado 2 — Anexo VI — Resúmenes de planes de acción inexistentes)

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2023/C 205/09

Asunto C-650/21, Landespolizeidirektion Niederösterreich y Finanzamt Österreich: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — FW, CE (Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Prohibición de las discriminaciones por motivos de edad — Retribución de los funcionarios — Normativa nacional anterior declarada discriminatoria — Clasificación en un nuevo régimen retributivo sobre la base de la antigüedad determinada con arreglo a un régimen retributivo anterior — Corrección de esa antigüedad mediante la determinación de una fecha de comparación — Carácter discriminatorio de la nueva clasificación — Norma que tiende a perjudicar a los funcionarios de mayor edad)

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2023/C 205/10

Asunto C-772/21, Brink’s Lithuania: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Brink’s Lithuania UAB / Lietuvos bankas [Procedimiento prejudicial — Protección del euro contra la falsificación — Reglamento (CE) n.o 1338/2001 — Artículo 6, apartado 1 — Proveedores de servicios de pago cuya actividad consiste en el tratamiento y entrega al público de billetes — Decisión BCE/2010/14 — Artículo 6, apartado 2 — Detección de billetes en euros no aptos — Comprobación automática de la aptitud de los billetes — Normas mínimas, junto con sus oportunas modificaciones, publicadas en la dirección del Banco Central Europeo (BCE) en Internet — Ámbito de aplicación personal — Alcance de las obligaciones de las entidades que manejan efectivo — Fuerza vinculante — Principio de seguridad jurídica]

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2023/C 205/11

Asuntos acumulados C-775/21 y C-826/21, Blue Air Aviation y otros: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de abril de 2023 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Curtea de Apel Bucureşti — Rumanía) — Blue Air Aviation SA / UCMR — ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (C-775/21) y Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) / Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) CFR Călători SA (C-826/21) (Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículo 3, apartado 1 — Comunicación al público — Concepto — Difusión de música ambiental — Directiva 2006/115/CE — Artículo 8, apartado 2 — Remuneración equitativa — Mera puesta a disposición de instalaciones — Equipos de sonorización a bordo de trenes y aeronaves — Presunción de comunicación al público)

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2023/C 205/12

Asunto C-815/21 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 20 de abril de 2023 — Amazon.com, Inc., Amazon Services Europe Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl / Comisión Europea [Recurso de casación — Competencia — Artículo 102 TFUE — Abuso de posición dominante — Venta en línea — Reglamento (CE) n.o 773/2004 — Artículo 2, apartado 1 — Decisión de la Comisión Europea de iniciar una investigación — Ámbito de aplicación territorial de la investigación — Exclusión de Italia — Reparto de competencias entre la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros — Reglamento (CE) n.o 1/2003 — Artículo 11, apartado 6 — Privación de la competencia de las autoridades de competencia de los Estados miembros — Protección contra los procedimientos llevados a cabo paralelamente por las autoridades de competencia de los Estados miembros y por la Comisión — Recurso de anulación — Acto no recurrible — Acto que no produce efectos jurídicos frente a terceros — Acto de trámite — Inadmisibilidad]

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2023/C 205/13

Asunto C-827/21, Banca A (Aplicación de la Directiva sobre fusiones en una situación interna): Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Rumania) — Banca A / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Preşedintele ANAF (Procedimiento prejudicial — Directiva 2009/133/CE — Artículo 7 — Fusión por absorción — Operación puramente interna — Primacía del Derecho de la Unión fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión — Inexistencia — Interpretación del Derecho de la Unión fuera de su ámbito de aplicación — Competencia del Tribunal de Justicia en materia de cuestiones prejudiciales — Requisito — Derecho de la Unión que el Derecho nacional ha hecho aplicable directa e incondicionalmente)

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2023/C 205/14

Asunto C-52/22, BVAEB (Actualización de las pensiones de jubilación): Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Austria) — BF / Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) (Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Prohibición de discriminación por razón de la edad — Artículo 2, apartados 1 y 2, letra a) — Artículo 6, apartado 1 — Pensión de jubilación — Normativa nacional que prevé una equiparación progresiva del régimen de pensiones de los funcionarios con el régimen general de pensiones — Primera actualización del importe de la pensión realizada más rápidamente para una categoría de funcionarios que para otra — Justificaciones)

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2023/C 205/15

Asunto C-70/22, Viagogo: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Viagogo AG / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Procedimiento prejudicial — Comercio electrónico — Directiva 2000/31/CE — Artículo 1 — Ámbito de aplicación — Artículo 2, letra c) — Concepto de prestador de servicios establecido — Artículo 3, apartado 1 — Prestación de servicios de la sociedad de la información por un prestador establecido en el territorio de un Estado miembro — Sociedad establecida en el territorio de la Confederación Suiza — Inaplicabilidad ratione personae — Artículo 56 TFUE — Acuerdo sobre la Libre Circulación de Personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra — Ámbito de aplicación — Prohibición de las restricciones de prestaciones de servicios transfronterizos que no excedan de 90 días por año civil — Prestaciones de servicios en Italia de una duración superior a 90 días — Inaplicabilidad ratione personae — Artículo 102 TFUE — Inexistencia de cualquier elemento en la petición de decisión prejudicial que permita establecer una relación entre el litigio principal y un eventual abuso de posición dominante — Inadmisibilidad)

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2023/C 205/16

Asunto C-102/22 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 27 de abril de 2023 — HC / Comisión Europea (Recurso de casación — Función pública — Contratación — Oposición general EPSO/AD/363/18 — Convocatoria de oposición — Apreciación por el tribunal calificador de las respuestas del candidato en la prueba del evaluador de talentos — No admisión a la etapa siguiente de la oposición — Régimen lingüístico — Limitación de elección de la segunda lengua de la oposición a las lenguas inglesa y francesa — Excepción de ilegalidad de la convocatoria de la oposición — Inadmisibilidad)

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2023/C 205/17

Asunto C-104/22, Lännen MCE: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Markkinaoikeus — Finlandia) — Lännen MCE Oy / Berky GmbH, Senwatec GmbH & Co. KG [Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 125, apartado 5 — Competencia internacional — Acción por violación de marca — Competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido o pudiere cometerse la violación — Publicidad presentada por un motor de búsqueda que utiliza un nombre de dominio nacional de primer nivel — Publicidad que no precisa la zona geográfica de entrega — Criterios que deben tenerse en cuenta]

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2023/C 205/18

Asunto C-107/22, X e Inspecteur van de Belastingdienst Douane: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof Amsterdam — Países Bajos) — X BV / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam (Procedimiento prejudicial — Arancel aduanero común — Clasificación de las mercancías — Nomenclatura combinada — Interpretación — Reglas generales — Regla general 2, letra a) — Artículo presentado desmontado o sin montar todavía — Piezas destinadas a constituir, tras su ensamblaje, aparatos receptores vía satélite — Clasificación como aparato receptor completo)

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2023/C 205/19

Asunto C-192/22, Bayerische Motoren Werke: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht — Alemania) — FI / Bayerische Motoren Werke AG (Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2003/88/CE — Artículo 7, apartado 1 — Artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Extinción de este derecho — Régimen de trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación — Días de vacaciones anuales adquiridos durante la fase de trabajo efectuada con arreglo a este régimen, pero aún no disfrutados — Incapacidad laboral)

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2023/C 205/20

Asunto C-263/22, Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA / LP (Procedimiento prejudicial — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Artículos 3 a 6 — Criterios de apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual — Exigencia de transparencia — Contrato de seguro colectivo — Invalidez permanente del consumidor — Obligación de información — No comunicación de una cláusula de limitación o de exclusión de la cobertura del riesgo asegurado)

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2023/C 205/21

Asunto C-282/22, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej / P. w W. [Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículos 14, 15 y 24 — Puntos de recarga de vehículos eléctricos — Puesta de disposición de equipos destinados a la recarga de vehículos eléctricos, al suministro de la electricidad necesaria y a la prestación de asistencia técnica y de servicios informáticos — Calificación como entrega de bienes o prestación de servicios]

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2023/C 205/22

Asunto C-348/22, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Ayuntamiento de Ginosa): Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Comune di Ginosa (Procedimiento prejudicial — Servicios en el mercado interior — Directiva 2006/123/CE — Apreciación de validez — Base jurídica — Artículos 47 CE, 55 CE y 94 CE — Interpretación — Artículo 12, apartados 1 y 2, de dicha Directiva — Efecto directo — Carácter incondicional y suficientemente preciso de la obligación de los Estados miembros de aplicar un procedimiento de selección imparcial y transparente entre los posibles candidatos, así como de la prohibición de renovar automáticamente una autorización concedida para una determinada actividad — Normativa nacional que establece la prórroga automática de concesiones de ocupación del dominio público marítimo)

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2023/C 205/23

Asunto C-372/22, CM (Derecho de visita de un menor que ha cambiado de residencia): Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal d’arrondissement de Luxembourg — Luxemburgo) — CM / DN [Procedimiento prejudicial — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) n.o 2201/2003 — Artículos 9 y 15 — Mantenimiento de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor después de que este haya cambiado de residencia — Concepto de cambio de residencia — Demanda de modificación de una resolución judicial relativa al derecho de visita — Cálculo del plazo en el que debe presentarse tal demanda — Remisión del asunto a un órgano jurisdiccional del Estado miembro de la nueva residencia habitual del menor, que está mejor situado para conocer del asunto]

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2023/C 205/24

Asunto C-637/22 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de octubre de 2022 por Luís Miguel Novais contra el auto del Tribunal General (Sala Sexta) dictado el 2 de agosto de 2022 en el asunto T-376/22, Novais / Portugal

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2023/C 205/25

Asunto C-69/23, Streaming Services: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bucureşti (Rumanía) el 7 de febrero de 2023 — Streaming Services Srl, en insolvencia, a través del liquidador judicial Cabinet Individual de Insolvență Mihai Florea / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi

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2023/C 205/26

Asunto C-74/23, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — D.N.A. Serviciul Teritorial Braşov: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Ploieşti (Rumanía) el 10 de febrero de 2023 — Proceso penal contra C.A.A., C.F.G., C.G.C., C.D.R., G.L.C., G.S., L.C.I., M.G., M.C.G., N.A.S., P.C., U.V., S.O., Ş.V.O., C.V., I.R.P., B.I.I.

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2023/C 205/27

Asunto C-75/23, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Braşov (Rumanía) el 10 de febrero de 2023 — Proceso penal contra M.A.sr, S.A.C.S. y S.A.S.

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2023/C 205/28

Asunto C-83/23, H GmbH: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 15 de febrero de 2023 — H GmbH / Finanzamt M

25

2023/C 205/29

Asunto C-118/23, Getin Holding y otros: Petición de decisión prejudicial planteada por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia) el 21 de febrero de 2023 — Rada Nadzorcza Getin Noble Bank y otros / Bankowy Fundusz Gwarancyjny

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2023/C 205/30

Asunto C-131/23, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Braşov (Rumanía) el 3 de marzo de 2023 — Proceso penal contra C.A.A. y C.V.

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2023/C 205/31

Asunto C-133/23, Omya CZ: Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud (República Checa) el 6 de marzo de 2023 — Omya CZ s.r.o. / Generální ředitelství cel

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2023/C 205/32

Asunto C-146/23, Sąd Rejonowy w Białymstoku: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polonia) el 10 de marzo de 2023 — XL / Sąd Rejonowy w Białymstoku

28

2023/C 205/33

Asunto C-169/23, Másdi: Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria (Hungría) el 17 de marzo de 2023 — Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság / UC

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2023/C 205/34

Asunto C-198/23: Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2023 — Comisión Europea / República de Bulgaria

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2023/C 205/35

Asunto C-206/23: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2023 — Comisión Europea / República de Bulgaria

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2023/C 205/36

Asunto C-212/23: Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2023 — Comisión Europea / República de Polonia

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2023/C 205/37

Asunto C-237/23: Recurso interpuesto el 14 de abril de 2023 — Comisión Europea / República de Bulgaria

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2023/C 205/38

Asunto C-238/23: Recurso interpuesto el 14 de abril de 2023 — Comisión Europea / República de Letonia

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Tribunal General

2023/C 205/39

Asunto T-94/20: Sentencia del Tribunal General de 8 de marzo de 2023 — Campine y Campine Recycling/Comisión [Responsabilidad extracontractual — Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del reciclado de baterías de automóviles — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE — Sentencia que anula parcialmente la Decisión y reduce el importe de la multa impuesta — Negativa de la Comisión a abonar intereses de demora — Artículo 266 TFUE — Artículo 90, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Tipo del interés de demora]

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2023/C 205/40

Asunto T-178/23: Recurso interpuesto el 4 de abril de 2023 — Ben Ali/Consejo

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2023/C 205/41

Asunto T-196/23: Recurso interpuesto el 14 de abril de 2023 — Mindspa/EUIPO — Mind Solutions (MINDSPA)

36

2023/C 205/42

Asunto T-197/23: Recurso interpuesto el 14 de abril de 2023 — Mindspa/EUIPO — Mind Solutions (SYNCTUITION MINDSPA)

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2023/C 205/43

Asunto T-198/23: Recurso interpuesto el 17 de abril de 2023 — USF/EPSU-CJ/Tribunal de Justicia de la Unión Europea

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2023/C 205/44

Asunto T-202/23: Recurso interpuesto el 18 de abril 2023 — Kivikoski y otros/Consejo

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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/1 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/1

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Últimas publicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea

(2023/C 205/01)

Última publicación

DO C 189 de 30.5.2023

Recopilación de las publicaciones anteriores

DO C 173 de 15.5.2023

DO C 164 de 8.5.2023

DO C 155 de 2.5.2023

DO C 134 de 17.4.2023

DO C 127 de 11.4.2023

DO C 121 de 3.4.2023

Estos textos se encuentran disponibles en

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

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V Anuncios

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Tribunal de Justicia

| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/2 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/2

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.o 2 de Madrid) — ZA, AZ, BX, CV, DU, ET / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S. A.

(Asunto C-25/21, (1) Repsol Comercial de Productos Petrolíferos)

(Procedimiento prejudicial - Competencia - Restricciones verticales de la competencia - Artículo 101 TFUE, apartados 1 y 2 - Principio de efectividad - Reglamento (CE) n.o 1/2003 - Artículo 2 - Directiva 2014/104/UE - Artículo 9, apartado 1 - Efecto vinculante de las resoluciones firmes de las autoridades nacionales de la competencia por las que se constata una infracción de las normas del Derecho de la competencia - Aplicación temporal y material - Acciones por daños y de nulidad por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de la Unión)

(2023/C 205/02)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Juzgado de lo Mercantil n.o 2 de Madrid

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: ZA, AZ, BX, CV, DU, ET

Demandada: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S. A.

Fallo

| 1) | El artículo 101 TFUE, tal como lo desarrolla el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE], y en relación con el principio de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que la infracción del Derecho de la competencia constatada en una resolución de una autoridad nacional de la competencia que se ha impugnado ante los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, pero que ha adquirido firmeza tras haber sido confirmada por estos órganos jurisdiccionales, ha de reputarse acreditada —en el marco tanto de una acción de nulidad al amparo del artículo 101 TFUE, apartado 2, como de una acción por daños por infracción del artículo 101 TFUE— por la parte demandante salvo prueba en contrario, trasladándose así a la parte demandada la carga de la prueba fijada en ese artículo 2, siempre que la naturaleza de la presunta infracción objeto de esas acciones y su alcance material, personal, temporal y territorial coincidan con los de la infracción constatada en dicha resolución. |
| --- | --- |

1)

El artículo 101 TFUE, tal como lo desarrolla el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE], y en relación con el principio de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que la infracción del Derecho de la competencia constatada en una resolución de una autoridad nacional de la competencia que se ha impugnado ante los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, pero que ha adquirido firmeza tras haber sido confirmada por estos órganos jurisdiccionales, ha de reputarse acreditada —en el marco tanto de una acción de nulidad al amparo del artículo 101 TFUE, apartado 2, como de una acción por daños por infracción del artículo 101 TFUE— por la parte demandante salvo prueba en contrario, trasladándose así a la parte demandada la carga de la prueba fijada en ese artículo 2, siempre que la naturaleza de la presunta infracción objeto de esas acciones y su alcance material, personal, temporal y territorial coincidan con los de la infracción constatada en dicha resolución.

| 2) | El artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, en tanto en cuanto una parte demandante consiga demostrar la existencia de una infracción de este artículo objeto de su acción de nulidad ejercitada al amparo del artículo 101 TFUE, apartado 2, y de su acción por daños por esa infracción, el juez nacional habrá de extraer todas las consecuencias y deducir, en particular en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 2, la nulidad de pleno derecho de todas las estipulaciones contractuales incompatibles con el artículo 101 TFUE, apartado 1, entendiéndose que el acuerdo en cuestión solo se encontrará viciado de tal nulidad en su integridad si esos elementos no parecen poderse separar del propio acuerdo. |
| --- | --- |

2)

El artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, en tanto en cuanto una parte demandante consiga demostrar la existencia de una infracción de este artículo objeto de su acción de nulidad ejercitada al amparo del artículo 101 TFUE, apartado 2, y de su acción por daños por esa infracción, el juez nacional habrá de extraer todas las consecuencias y deducir, en particular en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 2, la nulidad de pleno derecho de todas las estipulaciones contractuales incompatibles con el artículo 101 TFUE, apartado 1, entendiéndose que el acuerdo en cuestión solo se encontrará viciado de tal nulidad en su integridad si esos elementos no parecen poderse separar del propio acuerdo.

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(1)  DO C 189 de 17.5.2021.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/3 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/3

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 20 de abril de 2023 — Parlamento Europeo / Comisión Europea

(Asunto C-144/21) (1)

(Recurso de anulación - Decisión de Ejecución C(2020) 8797 - Autorización de determinados usos del trióxido de cromo - Reglamento (CE) n.o 1907/2006 - Registro, evaluación y autorización de sustancias y mezclas químicas y restricciones aplicables a dichas sustancias y mezclas - Artículo 60 - Concesión de las autorizaciones - Obligación de demostrar que las ventajas socioeconómicas compensan los riesgos derivados para la salud humana o el medio ambiente del uso de la sustancia y que no hay sustancias o tecnologías alternativas adecuadas - Artículo 62 - Solicitudes de autorización - Artículo 64 - Procedimiento de las decisiones de autorización)

(2023/C 205/03)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Parlamento Europeo (representantes: C. Ionescu Dima, M. Menegatti y L. Visaggio, agentes)

Demandada: Comisión Europea (representantes: R. Lindenthal y K. Mifsud-Bonnici, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) (representantes: W. Broere, M. Heikkilä y T. Zbihlej, agentes)

Fallo

| 1) | Anular el artículo 1, apartados 1 y 5, y los artículos 2 a 5, 7, 9 y 10 de la Decisión de Ejecución C(2020) 8797 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2020, por la que se concede una autorización parcial para determinados usos del trióxido de cromo con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Chemservice GmbH y otros), en la medida en que dichos artículos se refieren a las autorizaciones relativas a los usos 2, 4 y 5 y al uso 1 en relación con la formulación de mezclas para los usos 2, 4 y 5. |
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1)

Anular el artículo 1, apartados 1 y 5, y los artículos 2 a 5, 7, 9 y 10 de la Decisión de Ejecución C(2020) 8797 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2020, por la que se concede una autorización parcial para determinados usos del trióxido de cromo con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Chemservice GmbH y otros), en la medida en que dichos artículos se refieren a las autorizaciones relativas a los usos 2, 4 y 5 y al uso 1 en relación con la formulación de mezclas para los usos 2, 4 y 5.

| 2) | Mantener los efectos de la Decisión de Ejecución C(2020) 8797 por un período que no podrá exceder de un año a partir de la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia. |
| --- | --- |

2)

Mantener los efectos de la Decisión de Ejecución C(2020) 8797 por un período que no podrá exceder de un año a partir de la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia.

| 3) | Condenar en costas a la Comisión Europea. |
| --- | --- |

3)

Condenar en costas a la Comisión Europea.

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(1)  DO C 163 de 3.5.2021.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/3 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/3

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Liège — Bélgica) — Procedimiento incoado por Starkinvest SRL

(Asunto C-291/21, (1) Starkinvest)

(Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (UE) n.o 655/2014 - Procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas - Requisitos para dictar tal orden - Artículo 4 - Concepto de «resolución judicial» - Artículo 7 - Concepto de «resolución judicial por la que se exija al deudor el pago de la deuda» - Resolución judicial que condena a un deudor al pago de una multa coercitiva en caso de incumplimiento de una orden de cese - Reglamento (UE) n.o 1215/2012 - Artículo 55 - Ámbito de aplicación)

(2023/C 205/04)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de première instance de Liège

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Starkinvest SRL

Fallo

El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil,

debe interpretarse en el sentido de que

una resolución judicial que condena a un deudor al pago de una multa coercitiva en caso de incumplimiento futuro de una orden de cese y que, por ende, no fija definitivamente el importe de esa multa coercitiva, no constituye una resolución judicial por la que se exija al deudor el pago de la deuda, con arreglo a esa disposición, de modo que el acreedor que solicita que se dicte una orden europea de retención de cuentas no queda dispensado de la obligación de presentar, ante el órgano jurisdiccional al que solicita que dicte dicha orden, pruebas suficientes para convencerle de que su pretensión frente al deudor tiene probabilidades de prosperar en cuanto al fondo.

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(1)  DO C 278 de 12.7.2021.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/4 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/4

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék — Hungría) — DIGI Communications NV / Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

(Asunto C-329/21, (1) DIGI Communications)

(Procedimiento prejudicial - Telecomunicaciones - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/21/CE (Directiva marco) - Artículo 4, apartado 1 - Directiva 2002/20/CE (Directiva autorización) - Artículo 7 - Adjudicación de derechos de uso de frecuencias - Procedimiento de subasta - Sociedad holding no registrada como proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas en el Estado miembro de que se trata - Exclusión del procedimiento de adjudicación - Derecho a interponer recurso contra la decisión de adjudicación)

(2023/C 205/05)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Fővárosi Törvényszék

Partes en el procedimiento principal

Demandante: DIGI Communications NV

Demandada: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

con intervención de: Magyar Telekom Nyrt.

Fallo

| 1) | El artículo 7 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009,
  debe interpretarse en el sentido de que






  — | un procedimiento de selección para la adjudicación de derechos de uso de frecuencias y la decisión de adjudicación a la que este da lugar tienen como objetivo fomentar y desarrollar una competencia efectiva y no falseada, con observancia de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad; |
| --- | --- | --- |

1)

El artículo 7 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009,

debe interpretarse en el sentido de que

—

un procedimiento de selección para la adjudicación de derechos de uso de frecuencias y la decisión de adjudicación a la que este da lugar tienen como objetivo fomentar y desarrollar una competencia efectiva y no falseada, con observancia de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad;

| — | no es contrario a ese objetivo que tal procedimiento incluya una fase de examen de la conformidad de las candidaturas con el correspondiente pliego de condiciones, siempre que dicho procedimiento, en su conjunto, se ajuste a las exigencias y requisitos establecidos en el referido artículo 7. |
| --- | --- |

—

no es contrario a ese objetivo que tal procedimiento incluya una fase de examen de la conformidad de las candidaturas con el correspondiente pliego de condiciones, siempre que dicho procedimiento, en su conjunto, se ajuste a las exigencias y requisitos establecidos en el referido artículo 7.

| 2) | El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
  debe interpretarse en el sentido de que confiere un derecho de recurso a una empresa






  — | que ha participado, presentando su candidatura, en un procedimiento de subasta en el sector de las comunicaciones electrónicas tramitado por la autoridad nacional de reglamentación de un Estado miembro distinto de aquel en el que esa empresa está establecida y lleva a cabo sus operaciones, |
| --- | --- | --- |

2)

El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

debe interpretarse en el sentido de que confiere un derecho de recurso a una empresa

—

que ha participado, presentando su candidatura, en un procedimiento de subasta en el sector de las comunicaciones electrónicas tramitado por la autoridad nacional de reglamentación de un Estado miembro distinto de aquel en el que esa empresa está establecida y lleva a cabo sus operaciones,

| — | que no presta ella misma un servicio de comunicaciones electrónicas en el mercado del Estado miembro objeto de dicho procedimiento, pero que cumple los requisitos objetivos a los que se somete, en ese Estado miembro, la autorización general a que se refiere el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2002/20, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, con independencia de que controle, en su caso, a otra empresa que está presente en ese mercado, y |
| --- | --- |

—

que no presta ella misma un servicio de comunicaciones electrónicas en el mercado del Estado miembro objeto de dicho procedimiento, pero que cumple los requisitos objetivos a los que se somete, en ese Estado miembro, la autorización general a que se refiere el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2002/20, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, con independencia de que controle, en su caso, a otra empresa que está presente en ese mercado, y

| — | frente a la que la autoridad nacional de reglamentación ha dictado un acuerdo que deniega el registro de su candidatura en el referido procedimiento por no cumplir los requisitos exigidos y que posteriormente ha adquirido firmeza de resultas de una resolución judicial desestimatoria de un recurso dirigido contra ese acuerdo,
  a los efectos de impugnar la posterior decisión mediante la que dicha autoridad nacional de reglamentación adjudicó a terceros el contrato objeto del procedimiento de subasta, siempre que el recurso interpuesto por esa empresa no quebrante la fuerza de cosa juzgada de dicha resolución judicial. |
| --- | --- |

—

frente a la que la autoridad nacional de reglamentación ha dictado un acuerdo que deniega el registro de su candidatura en el referido procedimiento por no cumplir los requisitos exigidos y que posteriormente ha adquirido firmeza de resultas de una resolución judicial desestimatoria de un recurso dirigido contra ese acuerdo,

a los efectos de impugnar la posterior decisión mediante la que dicha autoridad nacional de reglamentación adjudicó a terceros el contrato objeto del procedimiento de subasta, siempre que el recurso interpuesto por esa empresa no quebrante la fuerza de cosa juzgada de dicha resolución judicial.

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(1)  DO C 357 de 6.9.2021.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/5 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/5

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de abril de 2023 — Consejo de la Unión Europea / Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi

(Asunto C-413/21 P) (1)

(Recurso de casación - Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación existente en Libia - Lista de personas y entidades a las que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos - Lista de personas sujetas a restricciones a la entrada en el territorio de la Unión y al tránsito a través de él - Mantenimiento de la Sra. El-Qaddafi en las listas - Fundamentos de hecho suficientemente sólidos - Obligación de motivación)

(2023/C 205/06)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bishop y V. Piessevaux, agentes)

Otra parte en el procedimiento: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (representante: S. Bafadhel, Barrister)

Parte coadyuvante en apoyo de la parte recurrente: República Francesa (representantes: J.-L. Carré, A.-L. Desjonquères y W. Zemamta, agentes)

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso de casación. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso de casación.

| 2) | Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Sra. Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi. |
| --- | --- |

2)

Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Sra. Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi.

| 3) | La República Francesa cargará con sus propias costas. |
| --- | --- |

3)

La República Francesa cargará con sus propias costas.

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(1)  DO C 382 de 20.9.2021.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/6 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/6

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — EEW Energy from Waste Großräschen GmbH / MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH

(Asunto C-580/21, (1) EEW Energy from Waste)

(Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Directiva 2009/28/CE - Fomento de la energía procedente de fuentes de energía renovables - Artículo 16, apartado 2, letra c) - Acceso a las redes de transporte y de distribución - Acceso prioritario conferido a la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables - Producción a partir de fuentes de energía tanto renovables como convencionales)

(2023/C 205/07)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: EEW Energy from Waste Großräschen GmbH

Demandada: MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH

con intervención de: 50 Hertz Transmission GmbH

Fallo

| 1) | El artículo 16, apartado 2, letra c), de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE,
  debe interpretarse en el sentido de que
  la prioridad de acceso a la red eléctrica de que disfrutan las instalaciones de generación de electricidad que utilizan fuentes de energía renovables ha de concederse no solo a las instalaciones que generan electricidad exclusivamente a partir de fuentes de energía renovables, sino también a aquellas que la generan a partir de fuentes de energía tanto renovables como convencionales. |
| --- | --- |

1)

El artículo 16, apartado 2, letra c), de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE,

debe interpretarse en el sentido de que

la prioridad de acceso a la red eléctrica de que disfrutan las instalaciones de generación de electricidad que utilizan fuentes de energía renovables ha de concederse no solo a las instalaciones que generan electricidad exclusivamente a partir de fuentes de energía renovables, sino también a aquellas que la generan a partir de fuentes de energía tanto renovables como convencionales.

| 2) | El artículo 16, apartado 2, letra c), de la Directiva 2009/28
  debe interpretarse en el sentido de que
  una instalación que genera electricidad a partir de fuentes de energía tanto renovables como convencionales disfruta de prioridad de acceso a la red únicamente para la parte de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. Corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades de aplicación de esta prioridad de acceso, fijando criterios transparentes y no discriminatorios que, sin dejar de tener en cuenta los requisitos relativos al mantenimiento de la fiabilidad y la seguridad de la red, permitan establecer un orden de prioridad en función de la importancia de la cuota de fuentes de energía renovables utilizadas por cada instalación de generación de electricidad. |
| --- | --- |

2)

El artículo 16, apartado 2, letra c), de la Directiva 2009/28

debe interpretarse en el sentido de que

una instalación que genera electricidad a partir de fuentes de energía tanto renovables como convencionales disfruta de prioridad de acceso a la red únicamente para la parte de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. Corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades de aplicación de esta prioridad de acceso, fijando criterios transparentes y no discriminatorios que, sin dejar de tener en cuenta los requisitos relativos al mantenimiento de la fiabilidad y la seguridad de la red, permitan establecer un orden de prioridad en función de la importancia de la cuota de fuentes de energía renovables utilizadas por cada instalación de generación de electricidad.

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(1)  DO C 502 de 13.12.2021.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/7 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/7

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 20 de abril de 2023 — Comisión Europea / República de Polonia

(Asunto C-602/21) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 2002/49/CE - Evaluación y gestión del ruido ambiental - Prevención de ruidos - Grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios - Artículo 8, apartados 1 y 2 - Planes de acción no conformes o inexistentes - Artículo 10, apartado 2 - Anexo VI - Resúmenes de planes de acción inexistentes)

(2023/C 205/08)

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: D. Milanowska, M. Noll-Ehlers y M. Rynkowski, agentes)

Demandada: República de Polonia (representante: B. Majczyna, agente)

Fallo

| 1) | La República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8, apartados 1 y 2, del anexo V, punto 1, noveno guion, y del artículo 10, apartado 2, en relación con el anexo VI, de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental:






  — | al no haber adoptado, dentro de los plazos fijados por dicha Directiva, planes de acción para las zonas en que no se superen los valores límite; |
| --- | --- | --- |

1)

La República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8, apartados 1 y 2, del anexo V, punto 1, noveno guion, y del artículo 10, apartado 2, en relación con el anexo VI, de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental:

—

al no haber adoptado, dentro de los plazos fijados por dicha Directiva, planes de acción para las zonas en que no se superen los valores límite;

| — | al no haber establecido que los planes de acción incluyan las actuaciones previstas para los próximos cinco años con el fin de proteger las zonas tranquilas; |
| --- | --- |

—

al no haber establecido que los planes de acción incluyan las actuaciones previstas para los próximos cinco años con el fin de proteger las zonas tranquilas;

| — | al no haber elaborado planes de acción para los 13 grandes ejes ferroviarios y los 247 grandes ejes viarios enumerados en el anexo A de la presente sentencia, y |
| --- | --- |

—

al no haber elaborado planes de acción para los 13 grandes ejes ferroviarios y los 247 grandes ejes viarios enumerados en el anexo A de la presente sentencia, y

| — | al no haber presentado resúmenes de los planes de acción relativos a esos mismos grandes ejes ferroviarios y viarios y a los 16 grandes ejes viarios enumerados en el anexo B de la presente sentencia. |
| --- | --- |

—

al no haber presentado resúmenes de los planes de acción relativos a esos mismos grandes ejes ferroviarios y viarios y a los 16 grandes ejes viarios enumerados en el anexo B de la presente sentencia.

| 2) | Condenar en costas a la República de Polonia. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a la República de Polonia.

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(1)  DO C 490 de 6.12.2021.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/8 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/8

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — FW, CE

(Asunto C-650/21, (1) Landespolizeidirektion Niederösterreich y Finanzamt Österreich)

(Procedimiento prejudicial - Política social - Igualdad de trato en el empleo y la ocupación - Directiva 2000/78/CE - Prohibición de las discriminaciones por motivos de edad - Retribución de los funcionarios - Normativa nacional anterior declarada discriminatoria - Clasificación en un nuevo régimen retributivo sobre la base de la antigüedad determinada con arreglo a un régimen retributivo anterior - Corrección de esa antigüedad mediante la determinación de una fecha de comparación - Carácter discriminatorio de la nueva clasificación - Norma que tiende a perjudicar a los funcionarios de mayor edad)

(2023/C 205/09)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: FW, CE

con intervención de: Landespolizeidirektion Niederösterreich, Finanzamt Österreich

Fallo

| 1) | Los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en relación con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
  deben interpretarse en el sentido de que
  se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual la clasificación de un funcionario se determina sobre la base de su antigüedad salarial en un régimen retributivo anterior declarado discriminatorio —en la medida en que solo permitía que se tuviesen en cuenta, para determinar dicha antigüedad, los períodos computables anteriores al nombramiento del funcionario que se hubieran cubierto después de cumplir 18 años de edad, con exclusión de los cubiertos antes de esa edad—, dado que la citada normativa dispone que se corregirá el cálculo realizado inicialmente de los períodos computables del funcionario cubiertos antes de su nombramiento mediante la determinación de una fecha de comparación a efectos de la cual, para establecer dicha antigüedad, se tienen ahora en cuenta los períodos computables anteriores al nombramiento cubiertos antes de que ese funcionario cumpliera 18 años de edad cuando, por una parte, por lo que se refiere a los períodos cubiertos después de cumplir 18 años, únicamente se toman en consideración los «otros períodos» computables por mitad y, por otra parte, esos «otros períodos» se incrementan de tres a siete años, pero solo se consideran si superan cuatro años. |
| --- | --- |

1)

Los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en relación con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

deben interpretarse en el sentido de que

se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual la clasificación de un funcionario se determina sobre la base de su antigüedad salarial en un régimen retributivo anterior declarado discriminatorio —en la medida en que solo permitía que se tuviesen en cuenta, para determinar dicha antigüedad, los períodos computables anteriores al nombramiento del funcionario que se hubieran cubierto después de cumplir 18 años de edad, con exclusión de los cubiertos antes de esa edad—, dado que la citada normativa dispone que se corregirá el cálculo realizado inicialmente de los períodos computables del funcionario cubiertos antes de su nombramiento mediante la determinación de una fecha de comparación a efectos de la cual, para establecer dicha antigüedad, se tienen ahora en cuenta los períodos computables anteriores al nombramiento cubiertos antes de que ese funcionario cumpliera 18 años de edad cuando, por una parte, por lo que se refiere a los períodos cubiertos después de cumplir 18 años, únicamente se toman en consideración los «otros períodos» computables por mitad y, por otra parte, esos «otros períodos» se incrementan de tres a siete años, pero solo se consideran si superan cuatro años.

| 2) | El principio de igualdad de trato, tal como está consagrado en el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales, y el principio de seguridad jurídica
  deben interpretarse en el sentido de que
  se oponen a una normativa nacional que establece, en relación con los funcionarios respecto a los que estaba pendiente un procedimiento destinado a redefinir su situación en la escala salarial en la fecha de publicación de una modificación legislativa del régimen retributivo que incluía dicha escala, que las retribuciones se recalcularán de conformidad con las nuevas disposiciones relativas a la fecha de comparación, disposiciones que conllevan nuevas limitaciones en cuanto a la duración máxima de los períodos computables, de modo que no se elimina una discriminación por motivos de edad contraria a los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78, en relación con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, mientras que ese cálculo no se realiza para los funcionarios respecto a los que ya haya concluido un procedimiento con idéntico objeto, iniciado con anterioridad, mediante una resolución firme, basada en una fecha de referencia determinada de modo más favorable en virtud del anterior régimen retributivo cuyas disposiciones consideradas discriminatorias por el juez nacional no se aplicaron como consecuencia de la aplicación directa del principio de igualdad de trato previsto por el Derecho de la Unión. |
| --- | --- |

2)

El principio de igualdad de trato, tal como está consagrado en el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales, y el principio de seguridad jurídica

deben interpretarse en el sentido de que

se oponen a una normativa nacional que establece, en relación con los funcionarios respecto a los que estaba pendiente un procedimiento destinado a redefinir su situación en la escala salarial en la fecha de publicación de una modificación legislativa del régimen retributivo que incluía dicha escala, que las retribuciones se recalcularán de conformidad con las nuevas disposiciones relativas a la fecha de comparación, disposiciones que conllevan nuevas limitaciones en cuanto a la duración máxima de los períodos computables, de modo que no se elimina una discriminación por motivos de edad contraria a los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78, en relación con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, mientras que ese cálculo no se realiza para los funcionarios respecto a los que ya haya concluido un procedimiento con idéntico objeto, iniciado con anterioridad, mediante una resolución firme, basada en una fecha de referencia determinada de modo más favorable en virtud del anterior régimen retributivo cuyas disposiciones consideradas discriminatorias por el juez nacional no se aplicaron como consecuencia de la aplicación directa del principio de igualdad de trato previsto por el Derecho de la Unión.

| 3) | Los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78, en relación con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales,
  deben interpretarse en el sentido de que
  no se oponen a una normativa nacional que establece que los períodos de aprendizaje en una entidad territorial nacional únicamente serán computados íntegramente, al determinar la fecha de comparación, cuando el funcionario afectado haya sido nombrado por el Estado después de una determinada fecha, mientras que los períodos de aprendizaje serán computados por mitad, y se someterán a una minoración general, cuando el funcionario afectado hubiese sido nombrado por el Estado antes de esa fecha. |
| --- | --- |

3)

Los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78, en relación con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales,

deben interpretarse en el sentido de que

no se oponen a una normativa nacional que establece que los períodos de aprendizaje en una entidad territorial nacional únicamente serán computados íntegramente, al determinar la fecha de comparación, cuando el funcionario afectado haya sido nombrado por el Estado después de una determinada fecha, mientras que los períodos de aprendizaje serán computados por mitad, y se someterán a una minoración general, cuando el funcionario afectado hubiese sido nombrado por el Estado antes de esa fecha.

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(1)  DO C 73 de 14.2.2022.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/9 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/9

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Brink’s Lithuania UAB / Lietuvos bankas

(Asunto C-772/21, (1) Brink’s Lithuania)

(Procedimiento prejudicial - Protección del euro contra la falsificación - Reglamento (CE) n.o 1338/2001 - Artículo 6, apartado 1 - Proveedores de servicios de pago cuya actividad consiste en el tratamiento y entrega al público de billetes - Decisión BCE/2010/14 - Artículo 6, apartado 2 - Detección de billetes en euros no aptos - Comprobación automática de la aptitud de los billetes - Normas mínimas, junto con sus oportunas modificaciones, publicadas en la dirección del Banco Central Europeo (BCE) en Internet - Ámbito de aplicación personal - Alcance de las obligaciones de las entidades que manejan efectivo - Fuerza vinculante - Principio de seguridad jurídica)

(2023/C 205/10)

Lengua de procedimiento: lituano

Órgano jurisdiccional remitente

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Brink’s Lithuania UAB

Demandada: Lietuvos bankas

Fallo

| 1) | El artículo 6, apartado 2, de la Decisión BCE/2010/14 del Banco Central Europeo, de 16 de septiembre de 2010, sobre la comprobación de la autenticidad y aptitud de los billetes en euros y sobre su recirculación, en su versión modificada por la Decisión BCE/2012/19 del Banco Central Europeo, de 7 de septiembre de 2012,
  debe interpretarse en el sentido de que
  las normas mínimas a que se refiere esa disposición no se aplican a las entidades que manejan efectivo cuando llevan a cabo una comprobación automática de la aptitud de los billetes en euros.
  No obstante, los artículos 3, apartado 1, y 10, apartado 1, de la Decisión BCE/2010/14, en su versión modificada, en relación con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1338/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 44/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008,
  deben interpretarse en el sentido de que
  las citadas entidades deben adoptar las medidas necesarias para subsanar una situación en la que una inspección de un Banco Central Nacional de un Estado miembro cuya moneda es el euro ha puesto de manifiesto que las máquinas de tratamiento de billetes de tales entidades no pueden detectar por debajo de un nivel de tolerancia del 5 % el carácter no apto para la recirculación de billetes en euros. |
| --- | --- |

1)

El artículo 6, apartado 2, de la Decisión BCE/2010/14 del Banco Central Europeo, de 16 de septiembre de 2010, sobre la comprobación de la autenticidad y aptitud de los billetes en euros y sobre su recirculación, en su versión modificada por la Decisión BCE/2012/19 del Banco Central Europeo, de 7 de septiembre de 2012,

debe interpretarse en el sentido de que

las normas mínimas a que se refiere esa disposición no se aplican a las entidades que manejan efectivo cuando llevan a cabo una comprobación automática de la aptitud de los billetes en euros.

No obstante, los artículos 3, apartado 1, y 10, apartado 1, de la Decisión BCE/2010/14, en su versión modificada, en relación con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1338/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 44/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008,

deben interpretarse en el sentido de que

las citadas entidades deben adoptar las medidas necesarias para subsanar una situación en la que una inspección de un Banco Central Nacional de un Estado miembro cuya moneda es el euro ha puesto de manifiesto que las máquinas de tratamiento de billetes de tales entidades no pueden detectar por debajo de un nivel de tolerancia del 5 % el carácter no apto para la recirculación de billetes en euros.

| 2) | El artículo 6, apartado 2, de la Decisión BCE/2010/14, en su versión modificada por la Decisión BCE/2012/19, en relación con el artículo 3, apartado 5, de dicha Decisión BCE/2010/14, en su versión modificada,
  debe interpretarse en el sentido de que
  se opone a que un Estado miembro exija a las entidades que manejan efectivo que, cuando llevan a cabo una comprobación automática de la aptitud de los billetes en euros, cumplan las normas mínimas del Banco Central Europeo a que se refiere ese artículo 6, apartado 2. |
| --- | --- |

2)

El artículo 6, apartado 2, de la Decisión BCE/2010/14, en su versión modificada por la Decisión BCE/2012/19, en relación con el artículo 3, apartado 5, de dicha Decisión BCE/2010/14, en su versión modificada,

debe interpretarse en el sentido de que

se opone a que un Estado miembro exija a las entidades que manejan efectivo que, cuando llevan a cabo una comprobación automática de la aptitud de los billetes en euros, cumplan las normas mínimas del Banco Central Europeo a que se refiere ese artículo 6, apartado 2.

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(1)  DO C 95 de 28.2.2022.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/10 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/10

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de abril de 2023 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Curtea de Apel Bucureşti — Rumanía) — Blue Air Aviation SA / UCMR — ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (C-775/21) y Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) / Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) «CFR Călători» SA (C-826/21)

(Asuntos acumulados C-775/21 y C-826/21, (1) Blue Air Aviation y otros)

(Procedimiento prejudicial - Propiedad intelectual - Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor - Directiva 2001/29/CE - Artículo 3, apartado 1 - Comunicación al público - Concepto - Difusión de música ambiental - Directiva 2006/115/CE - Artículo 8, apartado 2 - Remuneración equitativa - Mera puesta a disposición de instalaciones - Equipos de sonorización a bordo de trenes y aeronaves - Presunción de comunicación al público)

(2023/C 205/11)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Bucureşti

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Blue Air Aviation SA (C-775/21), Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) (C-826/21)

Demandadas: UCMR — ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (C-775/21), Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) «CFR Călători» SA (C-826/21)

Fallo

| 1) | El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que constituye un acto de comunicación al público, a los efectos de esta disposición, la difusión en un medio de transporte de pasajeros de una obra musical como música ambiental. |
| --- | --- |

1)

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que constituye un acto de comunicación al público, a los efectos de esta disposición, la difusión en un medio de transporte de pasajeros de una obra musical como música ambiental.

| 2) | El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 y el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, deben interpretarse en el sentido de que no constituye una comunicación al público, a los efectos de estas disposiciones, la instalación, a bordo de un medio de transporte, de un equipo de sonorización y, en su caso, de un software que permita la difusión de música ambiental. |
| --- | --- |

2)

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 y el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, deben interpretarse en el sentido de que no constituye una comunicación al público, a los efectos de estas disposiciones, la instalación, a bordo de un medio de transporte, de un equipo de sonorización y, en su caso, de un software que permita la difusión de música ambiental.

| 3) | El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, tal como la interpretan los órganos jurisdiccionales nacionales, establece una presunción iuris tantum de comunicación al público de obras musicales basada en la presencia de instalaciones de sonorización en medios de transporte. |
| --- | --- |

3)

El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, tal como la interpretan los órganos jurisdiccionales nacionales, establece una presunción iuris tantum de comunicación al público de obras musicales basada en la presencia de instalaciones de sonorización en medios de transporte.

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(1)  DO C 191 de 10.5.2022.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/11 |
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12.6.2023

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/11

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 20 de abril de 2023 — Amazon.com, Inc., Amazon Services Europe Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl / Comisión Europea

(Asunto C-815/21 P) (1)

(Recurso de casación - Competencia - Artículo 102 TFUE - Abuso de posición dominante - Venta en línea - Reglamento (CE) n.o 773/2004 - Artículo 2, apartado 1 - Decisión de la Comisión Europea de iniciar una investigación - Ámbito de aplicación territorial de la investigación - Exclusión de Italia - Reparto de competencias entre la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros - Reglamento (CE) n.o 1/2003 - Artículo 11, apartado 6 - Privación de la competencia de las autoridades de competencia de los Estados miembros - Protección contra los procedimientos llevados a cabo paralelamente por las autoridades de competencia de los Estados miembros y por la Comisión - Recurso de anulación - Acto no recurrible - Acto que no produce efectos jurídicos frente a terceros - Acto de trámite - Inadmisibilidad)

(2023/C 205/12)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrentes: Amazon.com, Inc., Amazon Services Europe Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl (representantes: A. Komninos, dikigoros y G. Tantulli, abogado)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: B. Ernst, T. Franchoo, G. Meessen y C. Sjödin, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (representante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso de casación. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso de casación.

| 2) | Condenar a Amazon.com Inc., Amazon Services Europe Sàrl, Amazon EU Sàrl y Amazon Europe Core Sàrl a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea. |
| --- | --- |

2)

Condenar a Amazon.com Inc., Amazon Services Europe Sàrl, Amazon EU Sàrl y Amazon Europe Core Sàrl a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.

| 3) | La Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autoridad de Defensa de la Competencia y de las Normas del Mercado, Italia) cargará con sus propias costas correspondientes al recurso de casación. |
| --- | --- |

3)

La Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autoridad de Defensa de la Competencia y de las Normas del Mercado, Italia) cargará con sus propias costas correspondientes al recurso de casación.

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(1)  DO C 84 de 21.2.2022.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/12 |
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12.6.2023

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/12

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Rumania) — Banca A / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Preşedintele ANAF

[Asunto C-827/21, (1) Banca A (Aplicación de la Directiva sobre fusiones en una situación interna)]

(Procedimiento prejudicial - Directiva 2009/133/CE - Artículo 7 - Fusión por absorción - Operación puramente interna - Primacía del Derecho de la Unión fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión - Inexistencia - Interpretación del Derecho de la Unión fuera de su ámbito de aplicación - Competencia del Tribunal de Justicia en materia de cuestiones prejudiciales - Requisito - Derecho de la Unión que el Derecho nacional ha hecho aplicable directa e incondicionalmente)

(2023/C 205/13)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Banca A

Demandada: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Preşedintele ANAF

Fallo

| 1) | El Derecho de la Unión no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a interpretar, conforme a la Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro, una disposición de Derecho nacional aplicable a una operación puramente interna de fusión de dos empresas cuyas sedes sociales se encuentran en el mismo Estado miembro, ya que esta operación no está comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva. |
| --- | --- |

1)

El Derecho de la Unión no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a interpretar, conforme a la Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro, una disposición de Derecho nacional aplicable a una operación puramente interna de fusión de dos empresas cuyas sedes sociales se encuentran en el mismo Estado miembro, ya que esta operación no está comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva.

| 2) | El Tribunal de Justicia carece de competencia para dar respuesta a las cuestiones prejudiciales referidas a la interpretación de la Directiva 2009/133 ya que, por una parte, los hechos del litigio principal no están comprendidos en su ámbito de aplicación y, por otra parte, el Derecho nacional no ha hecho aplicable directa e incondicionalmente esa Directiva a esos hechos. |
| --- | --- |

2)

El Tribunal de Justicia carece de competencia para dar respuesta a las cuestiones prejudiciales referidas a la interpretación de la Directiva 2009/133 ya que, por una parte, los hechos del litigio principal no están comprendidos en su ámbito de aplicación y, por otra parte, el Derecho nacional no ha hecho aplicable directa e incondicionalmente esa Directiva a esos hechos.

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(1)  DO C 165 de 19.4.2022.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/12 |
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12.6.2023

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/12

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Austria) — BF / Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

[Asunto C-52/22, (1) BVAEB (Actualización de las pensiones de jubilación)]

(Procedimiento prejudicial - Política social - Igualdad de trato en el empleo y la ocupación - Directiva 2000/78/CE - Prohibición de discriminación por razón de la edad - Artículo 2, apartados 1 y 2, letra a) - Artículo 6, apartado 1 - Pensión de jubilación - Normativa nacional que prevé una equiparación progresiva del régimen de pensiones de los funcionarios con el régimen general de pensiones - Primera actualización del importe de la pensión realizada más rápidamente para una categoría de funcionarios que para otra - Justificaciones)

(2023/C 205/14)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesverwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal

Demandante: BF

Demandada: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

Fallo

Los artículos 2, apartados 1 y 2, letras a) y b), y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación,

deben interpretarse en el sentido de que

no se oponen a una normativa nacional que establece que, a efectos de la equiparación progresiva del régimen de pensiones de los funcionarios con el régimen general de pensiones, la primera actualización del importe de la pensión de jubilación de una categoría de funcionarios tiene lugar a partir del segundo año natural siguiente a la constitución del derecho a pensión, mientras que, para otra categoría de funcionarios, la citada actualización se produce desde el primer año natural siguiente a la constitución de ese derecho.

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(1)  DO C 158 de 11.4.2022.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/13 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/13

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Viagogo AG / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Asunto C-70/22, (1) Viagogo)

(Procedimiento prejudicial - Comercio electrónico - Directiva 2000/31/CE - Artículo 1 - Ámbito de aplicación - Artículo 2, letra c) - Concepto de «prestador de servicios establecido» - Artículo 3, apartado 1 - Prestación de servicios de la sociedad de la información por un prestador establecido en el territorio de un Estado miembro - Sociedad establecida en el territorio de la Confederación Suiza - Inaplicabilidad ratione personae - Artículo 56 TFUE - Acuerdo sobre la Libre Circulación de Personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra - Ámbito de aplicación - Prohibición de las restricciones de prestaciones de servicios transfronterizos que no excedan de 90 días por año civil - Prestaciones de servicios en Italia de una duración superior a 90 días - Inaplicabilidad ratione personae - Artículo 102 TFUE - Inexistencia de cualquier elemento en la petición de decisión prejudicial que permita establecer una relación entre el litigio principal y un eventual abuso de posición dominante - Inadmisibilidad)

(2023/C 205/15)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Viagogo AG

Recurridas: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Con intervención de: Ticketone SpA

Fallo

La petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), mediante resolución de 27 de enero de 2022, es inadmisible.

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(1)  DO C 165 de 19.4.2022.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/14 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/14

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 27 de abril de 2023 — HC / Comisión Europea

(Asunto C-102/22 P) (1)

(Recurso de casación - Función pública - Contratación - Oposición general EPSO/AD/363/18 - Convocatoria de oposición - Apreciación por el tribunal calificador de las respuestas del candidato en la prueba del «evaluador de talentos» - No admisión a la etapa siguiente de la oposición - Régimen lingüístico - Limitación de elección de la segunda lengua de la oposición a las lenguas inglesa y francesa - Excepción de ilegalidad de la convocatoria de la oposición - Inadmisibilidad)

(2023/C 205/16)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: HC (representantes: D. Rovetta y V. Villante, avvocati)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: M. Brauhoff y T. Lilamand, agentes)

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso de casación. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso de casación.

| 2) | Condenar a HC a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea. |
| --- | --- |

2)

Condenar a HC a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.

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(1)  DO C 222 de 7.6.2022.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/14 |
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12.6.2023

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/14

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Markkinaoikeus — Finlandia) — Lännen MCE Oy / Berky GmbH, Senwatec GmbH & Co. KG

(Asunto C-104/22, (1) Lännen MCE)

(Procedimiento prejudicial - Marca de la Unión Europea - Reglamento (UE) 2017/1001 - Artículo 125, apartado 5 - Competencia internacional - Acción por violación de marca - Competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido o pudiere cometerse la violación - Publicidad presentada por un motor de búsqueda que utiliza un nombre de dominio nacional de primer nivel - Publicidad que no precisa la zona geográfica de entrega - Criterios que deben tenerse en cuenta)

(2023/C 205/17)

Lengua de procedimiento: finés

Órgano jurisdiccional remitente

Markkinaoikeus

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Lännen MCE Oy

Demandadas: Berky GmbH, Senwatec GmbH & Co. KG

Fallo

El artículo 125, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea,

debe interpretarse en el sentido de que

el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso que, sin su consentimiento, hace un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y en ofertas de venta en línea de productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la referida marca puede ejercitar una acción por violación de marca contra este tercero ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y comerciantes a los que se dirijan esa publicidad o esas ofertas de venta, aunque el referido tercero no mencione dicho Estado miembro de manera expresa e inequívoca entre los territorios a los que podrían suministrarse los productos de que se trate, si ese mismo tercero ha hecho uso de tal signo procediendo a un posicionamiento de pago en el sitio web de un motor de búsqueda que utiliza un nombre de dominio nacional de primer nivel de dicho Estado miembro. En cambio, no sucede así por el mero hecho de que el tercero de que se trate haya procedido a un posicionamiento natural de las imágenes de sus productos en un servicio para compartir fotografías en línea que opera con un dominio de primer nivel genérico empleando metaetiquetas que utilizan como palabra clave la marca en cuestión.

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(1)  DO C 171 de 25.4.2022.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/15 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/15

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof Amsterdam — Países Bajos) — X BV / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

(Asunto C-107/22, (1) X e Inspecteur van de Belastingdienst Douane)

(Procedimiento prejudicial - Arancel aduanero común - Clasificación de las mercancías - Nomenclatura combinada - Interpretación - Reglas generales - Regla general 2, letra a) - Artículo presentado desmontado o sin montar todavía - Piezas destinadas a constituir, tras su ensamblaje, aparatos receptores vía satélite - Clasificación como aparato receptor completo)

(2023/C 205/18)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Gerechtshof Amsterdam

Partes en el procedimiento principal

Demandante: X BV

con intervención de: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

Fallo

| 1) | La regla general 2, letra a), de las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en la versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006,
  debe interpretarse en el sentido de que
  se ha de considerar que aquellas piezas de un aparato receptor vía satélite destinadas, una vez despachadas a libre práctica, a ser montadas en un aparato completo, transportadas en un solo contenedor y declaradas para su despacho a libre práctica por el mismo declarante, en nombre y por cuenta propios, el mismo día y en la misma oficina aduanera, mediante dos declaraciones de despacho a libre práctica distintas, y que, en el momento de su despacho a libre práctica, pertenecen a dos empresas vinculadas, constituyen dicho aparato, desmontado o sin montar todavía, en el sentido de esta misma regla, y, por tanto, están comprendidas en una única partida arancelaria, puesto que queda acreditado, teniendo en cuenta factores objetivos, que esas piezas forman un todo unitario e incluyen todos los elementos constitutivos de dicho aparato. |
| --- | --- |

1)

La regla general 2, letra a), de las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en la versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006,

debe interpretarse en el sentido de que

se ha de considerar que aquellas piezas de un aparato receptor vía satélite destinadas, una vez despachadas a libre práctica, a ser montadas en un aparato completo, transportadas en un solo contenedor y declaradas para su despacho a libre práctica por el mismo declarante, en nombre y por cuenta propios, el mismo día y en la misma oficina aduanera, mediante dos declaraciones de despacho a libre práctica distintas, y que, en el momento de su despacho a libre práctica, pertenecen a dos empresas vinculadas, constituyen dicho aparato, desmontado o sin montar todavía, en el sentido de esta misma regla, y, por tanto, están comprendidas en una única partida arancelaria, puesto que queda acreditado, teniendo en cuenta factores objetivos, que esas piezas forman un todo unitario e incluyen todos los elementos constitutivos de dicho aparato.

| 2) | La regla general 2, letra a), de las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento n.o 2658/87, en la versión modificada por el Reglamento n.o 1549/2006,
  debe interpretarse en el sentido de que
  también es aplicable cuando algunas de las mercancías de que se trata son declaradas para su despacho a libre práctica, mientras que otras se incluyen en el régimen de tránsito comunitario externo. |
| --- | --- |

2)

La regla general 2, letra a), de las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento n.o 2658/87, en la versión modificada por el Reglamento n.o 1549/2006,

debe interpretarse en el sentido de que

también es aplicable cuando algunas de las mercancías de que se trata son declaradas para su despacho a libre práctica, mientras que otras se incluyen en el régimen de tránsito comunitario externo.

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(1)  DO C 207 de 23.5.2022.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/16 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/16

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht — Alemania) — FI / Bayerische Motoren Werke AG

(Asunto C-192/22, (1) Bayerische Motoren Werke)

(Procedimiento prejudicial - Política social - Directiva 2003/88/CE - Artículo 7, apartado 1 - Artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Derecho a vacaciones anuales retribuidas - Extinción de este derecho - Régimen de trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación - Días de vacaciones anuales adquiridos durante la fase de trabajo efectuada con arreglo a este régimen, pero aún no disfrutados - Incapacidad laboral)

(2023/C 205/19)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesarbeitsgericht

Partes en el procedimiento principal

Demandante: FI

Demandada: Bayerische Motoren Werke AG

Fallo

El artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, en relación con el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que el derecho a vacaciones anuales retribuidas adquirido por un trabajador en el ejercicio de su trabajo en el marco de un régimen de trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación se extingue, al finalizar el año de devengo de las vacaciones o en una fecha posterior, cuando el trabajador no ha podido disfrutar de esas vacaciones antes de la fase de dispensa de trabajo por motivo de enfermedad aunque no se trate de una ausencia de larga duración.

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(1)  DO C 222 de 7.6.2022.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/17 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/17

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA / LP

(Asunto C-263/22, (1) Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida)

(Procedimiento prejudicial - Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores - Directiva 93/13/CEE - Artículos 3 a 6 - Criterios de apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual - Exigencia de transparencia - Contrato de seguro colectivo - Invalidez permanente del consumidor - Obligación de información - No comunicación de una cláusula de limitación o de exclusión de la cobertura del riesgo asegurado)

(2023/C 205/20)

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Supremo Tribunal de Justiça

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA

Demandada: LP

con intervención de: Banco Comercial Português SA, Banco de Investimento Imobiliário SA

Fallo

| 1) | Los artículos 4, apartado 2, y 5 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la luz del vigésimo considerando de dicha Directiva,
  deben interpretarse en el sentido de que
  un consumidor ha de contar siempre con la posibilidad de tener conocimiento, antes de la celebración de un contrato, de todas las cláusulas que este incluye. |
| --- | --- |

1)

Los artículos 4, apartado 2, y 5 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la luz del vigésimo considerando de dicha Directiva,

deben interpretarse en el sentido de que

un consumidor ha de contar siempre con la posibilidad de tener conocimiento, antes de la celebración de un contrato, de todas las cláusulas que este incluye.

| 2) | Los artículos 3, apartado 1, y 4 a 6 de la Directiva 93/13
  deben interpretarse en el sentido de que,
  cuando una cláusula de un contrato de seguro relativa a la exclusión o a la limitación de la cobertura del riesgo asegurado, que el consumidor de que se trate no pudo conocer antes de la celebración de ese contrato, es calificada de abusiva por el juez nacional, dicho juez está obligado a dejar sin aplicación esa cláusula a fin de que no produzca efectos vinculantes para ese consumidor. |
| --- | --- |

2)

Los artículos 3, apartado 1, y 4 a 6 de la Directiva 93/13

deben interpretarse en el sentido de que,

cuando una cláusula de un contrato de seguro relativa a la exclusión o a la limitación de la cobertura del riesgo asegurado, que el consumidor de que se trate no pudo conocer antes de la celebración de ese contrato, es calificada de abusiva por el juez nacional, dicho juez está obligado a dejar sin aplicación esa cláusula a fin de que no produzca efectos vinculantes para ese consumidor.

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(1)  DO C 276 de 18.7.2022.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/18 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/18

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej / P. w W.

(Asunto C-282/22, (1) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)

(Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Artículos 14, 15 y 24 - Puntos de recarga de vehículos eléctricos - Puesta de disposición de equipos destinados a la recarga de vehículos eléctricos, al suministro de la electricidad necesaria y a la prestación de asistencia técnica y de servicios informáticos - Calificación como «entrega de bienes» o «prestación de servicios»)

(2023/C 205/21)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Naczelny Sąd Administracyjny

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Demandada: P. w W.

con intervención de: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Fallo

La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2009/162/UE del Consejo, de 22 de diciembre de 2009,

debe interpretarse en el sentido de que

constituye una «entrega de bienes», en el sentido del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2006/112, en su versión modificada, una prestación única y compleja compuesta por:

| — | la puesta de disposición de equipos de recarga para vehículos eléctricos (incluida la integración del cargador con el sistema operativo del vehículo); |
| --- | --- |

—

la puesta de disposición de equipos de recarga para vehículos eléctricos (incluida la integración del cargador con el sistema operativo del vehículo);

| — | el flujo de electricidad a las baterías del vehículo eléctrico con parámetros adecuadamente adaptados; |
| --- | --- |

—

el flujo de electricidad a las baterías del vehículo eléctrico con parámetros adecuadamente adaptados;

| — | la asistencia técnica necesaria a los usuarios de que se trata y |
| --- | --- |

—

la asistencia técnica necesaria a los usuarios de que se trata y

| — | la puesta a disposición de los usuarios de que se trata de aplicaciones informáticas que les permiten reservar un conector, consultar el historial de operaciones y comprar créditos que se acumulen en una cartera digital y se utilicen para el pago por las diferentes sesiones de recarga. |
| --- | --- |

—

la puesta a disposición de los usuarios de que se trata de aplicaciones informáticas que les permiten reservar un conector, consultar el historial de operaciones y comprar créditos que se acumulen en una cartera digital y se utilicen para el pago por las diferentes sesiones de recarga.

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(1)  DO C 326 de 29.8.2022.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/19 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/19

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 20 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Comune di Ginosa

[Asunto C-348/22, (1) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Ayuntamiento de Ginosa)]

(Procedimiento prejudicial - Servicios en el mercado interior - Directiva 2006/123/CE - Apreciación de validez - Base jurídica - Artículos 47 CE, 55 CE y 94 CE - Interpretación - Artículo 12, apartados 1 y 2, de dicha Directiva - Efecto directo - Carácter incondicional y suficientemente preciso de la obligación de los Estados miembros de aplicar un procedimiento de selección imparcial y transparente entre los posibles candidatos, así como de la prohibición de renovar automáticamente una autorización concedida para una determinada actividad - Normativa nacional que establece la prórroga automática de concesiones de ocupación del dominio público marítimo)

(2023/C 205/22)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Demandada: Comune di Ginosa

con intervención de: L’Angolino Soc. coop., Lido Orsa Minore di AB, La Capannina Srl, Sud Platinum Srl, Lido Zanzibar Srl, Poseidone Srl, Lg Srls, Lido Franco di GH & C. Snc, Lido Centrale Piccola Soc. Coop. arl, Bagno Cesena Srls, E.T. Edilizia e Turismo Srl, Bluserena SpA, Associazione Pro Loco «Luigi Strada», M2g Raw Materials SpA, JF, D.M.D. Snc di CD & C. Snc, Ro.Mat., di MN & Co Snc, Perla dello Jonio Srl, Ditta Individuale EF, Associazione Dopolavoro Ferroviario Sez. Marina di Ginosa, Al Capricio Bis di RS, LB, Sib Sindacato Italiano Balneari, Federazione Imprese Demaniali

Fallo

| 1) | El artículo 12, apartados 1 y 2, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior,
  debe interpretarse en el sentido de que
  no resulta únicamente aplicable a las concesiones de ocupación del dominio público marítimo que presenten un interés transfronterizo cierto. |
| --- | --- |

1)

El artículo 12, apartados 1 y 2, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior,

debe interpretarse en el sentido de que

no resulta únicamente aplicable a las concesiones de ocupación del dominio público marítimo que presenten un interés transfronterizo cierto.

| 2) | El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2006/123
  debe interpretarse en el sentido de que
  no se opone a que la escasez de los recursos naturales y de las concesiones disponibles se evalúe combinando un enfoque abstracto y general, a escala nacional, y un enfoque casuístico basado en un análisis del territorio costero del municipio afectado. |
| --- | --- |

2)

El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2006/123

debe interpretarse en el sentido de que

no se opone a que la escasez de los recursos naturales y de las concesiones disponibles se evalúe combinando un enfoque abstracto y general, a escala nacional, y un enfoque casuístico basado en un análisis del territorio costero del municipio afectado.

| 3) | El examen de la primera cuestión prejudicial no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez de la Directiva 2006/123 en relación con el artículo 94 CE. |
| --- | --- |

3)

El examen de la primera cuestión prejudicial no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez de la Directiva 2006/123 en relación con el artículo 94 CE.

| 4) | El artículo 12, apartados 1 y 2, de la Directiva 2006/123
  debe interpretarse en el sentido de que
  la obligación de los Estados miembros de aplicar un procedimiento de selección imparcial y transparente entre los posibles candidatos y la prohibición de renovar automáticamente una autorización concedida para una determinada actividad están enunciadas de manera incondicional y suficientemente precisa para poder considerar que tienen efecto directo. |
| --- | --- |

4)

El artículo 12, apartados 1 y 2, de la Directiva 2006/123

debe interpretarse en el sentido de que

la obligación de los Estados miembros de aplicar un procedimiento de selección imparcial y transparente entre los posibles candidatos y la prohibición de renovar automáticamente una autorización concedida para una determinada actividad están enunciadas de manera incondicional y suficientemente precisa para poder considerar que tienen efecto directo.

| 5) | El artículo 288 TFUE, párrafo tercero,
  debe interpretarse en el sentido de que
  la apreciación del efecto directo de la obligación y de la prohibición establecidas en el artículo 12, apartados 1 y 2, de la Directiva 2006/123 y el deber de dejar inaplicadas las disposiciones nacionales contrarias incumben a los órganos jurisdiccionales nacionales y a las autoridades administrativas, incluidas las municipales. |
| --- | --- |

5)

El artículo 288 TFUE, párrafo tercero,

debe interpretarse en el sentido de que

la apreciación del efecto directo de la obligación y de la prohibición establecidas en el artículo 12, apartados 1 y 2, de la Directiva 2006/123 y el deber de dejar inaplicadas las disposiciones nacionales contrarias incumben a los órganos jurisdiccionales nacionales y a las autoridades administrativas, incluidas las municipales.

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(1)  DO C 318 de 22.8.2022.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/20 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/20

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 27 de abril de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal d’arrondissement de Luxembourg — Luxemburgo) — CM / DN

[Asunto C-372/22, (1) CM (Derecho de visita de un menor que ha cambiado de residencia)]

(Procedimiento prejudicial - Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental - Reglamento (CE) n.o 2201/2003 - Artículos 9 y 15 - Mantenimiento de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor después de que este haya cambiado de residencia - Concepto de «cambio de residencia» - Demanda de modificación de una resolución judicial relativa al derecho de visita - Cálculo del plazo en el que debe presentarse tal demanda - Remisión del asunto a un órgano jurisdiccional del Estado miembro de la nueva residencia habitual del menor, que está mejor situado para conocer del asunto)

(2023/C 205/23)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Partes en el procedimiento principal

Demandante: CM

Demandada: DN

Fallo

| 1) | El artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000,
  debe interpretarse en el sentido de que
  el período de tres meses durante el cual, como excepción a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor siguen siendo competentes para conocer de una demanda de modificación de una resolución judicial firme relativa al derecho de visita comienza el día siguiente al del cambio de residencia efectivo de ese menor al Estado miembro de su nueva residencia habitual. |
| --- | --- |

1)

El artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000,

debe interpretarse en el sentido de que

el período de tres meses durante el cual, como excepción a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor siguen siendo competentes para conocer de una demanda de modificación de una resolución judicial firme relativa al derecho de visita comienza el día siguiente al del cambio de residencia efectivo de ese menor al Estado miembro de su nueva residencia habitual.

| 2) | El Reglamento n.o 2201/2003
  debe interpretarse en el sentido de que
  el órgano jurisdiccional del Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor, competente para resolver sobre el fondo del asunto en virtud del artículo 9 de dicho Reglamento, puede ejercer la facultad de remisión prevista en el artículo 15 de ese Reglamento a favor del órgano jurisdiccional del Estado miembro de la nueva residencia habitual de ese menor, siempre que concurran los requisitos establecidos en dicho artículo 15. |
| --- | --- |

2)

El Reglamento n.o 2201/2003

debe interpretarse en el sentido de que

el órgano jurisdiccional del Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor, competente para resolver sobre el fondo del asunto en virtud del artículo 9 de dicho Reglamento, puede ejercer la facultad de remisión prevista en el artículo 15 de ese Reglamento a favor del órgano jurisdiccional del Estado miembro de la nueva residencia habitual de ese menor, siempre que concurran los requisitos establecidos en dicho artículo 15.

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(1)  DO C 359 de 19.9.2022.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/21 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/21

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Recurso de casación interpuesto el 12 de octubre de 2022 por Luís Miguel Novais contra el auto del Tribunal General (Sala Sexta) dictado el 2 de agosto de 2022 en el asunto T-376/22, Novais / Portugal

(Asunto C-637/22 P)

(2023/C 205/24)

Lengua de procedimiento: portugués

Partes

Recurrente: Luís Miguel Novais (representantes: Á. Oliveira y C. Almeida Lopes, advogados)

Otra parte en el procedimiento: República Portuguesa

Mediante auto de 20 de abril de 2023, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) desestimó el recurso de casación por ser manifiestamente infundado y condenó a Luís Miguel Novais a cargar con sus propias costas.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/21 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/21

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bucureşti (Rumanía) el 7 de febrero de 2023 — Streaming Services Srl, en insolvencia, a través del liquidador judicial Cabinet Individual de Insolvență «Mihai Florea» / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi

(Asunto C-69/23, Streaming Services)

(2023/C 205/25)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Bucureşti

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Streaming Services Srl, en insolvencia, a través del liquidador judicial Cabinet Individual de Insolvență «Mihai Florea»

Demandada: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi

Cuestiones prejudiciales

| 1) | Habida cuenta de la interpretación y aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea, servicios de suministro de contenidos digitales como los controvertidos en el procedimiento principal, que consisten en sesiones interactivas de contenido erótico filmadas y retransmitidas en tiempo real a través de medios electrónicos o de internet y prestados por un sujeto pasivo de un Estado miembro de la UE (P1, estudio de videochat) a un sujeto pasivo de otro Estado miembro de la UE (P2, plataforma en línea de streaming en directo), ¿constituyen una prestación de servicios intracomunitaria a la que se aplica la regla general establecida en el artículo 44 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (1) (Directiva del IVA), o bien se trata de una prestación de acceso a manifestaciones recreativas, en el sentido del artículo 53 de la Directiva del IVA? |
| --- | --- |

1)

Habida cuenta de la interpretación y aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea, servicios de suministro de contenidos digitales como los controvertidos en el procedimiento principal, que consisten en sesiones interactivas de contenido erótico filmadas y retransmitidas en tiempo real a través de medios electrónicos o de internet y prestados por un sujeto pasivo de un Estado miembro de la UE (P1, estudio de videochat) a un sujeto pasivo de otro Estado miembro de la UE (P2, plataforma en línea de streaming en directo), ¿constituyen una prestación de servicios intracomunitaria a la que se aplica la regla general establecida en el artículo 44 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (1) (Directiva del IVA), o bien se trata de una prestación de acceso a manifestaciones recreativas, en el sentido del artículo 53 de la Directiva del IVA?

| 2) | A efectos de la interpretación y aplicación del artículo 53 de la Directiva 2006/1125/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (Directiva del IVA) y del artículo 32, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva del IVA, (2) ¿en qué lugar se considera que las manifestaciones en cuestión se desarrollan efectivamente en el caso de actividades que consisten en sesiones interactivas de contenido erótico, filmadas y retransmitidas en tiempo real a través de medios electrónicos o de internet (propios de la actividad de videochat), como las del procedimiento principal, cuando:






  a) | la persona física (la modelo) y el estudio de videochat, |
| --- | --- | --- |

2)

A efectos de la interpretación y aplicación del artículo 53 de la Directiva 2006/1125/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (Directiva del IVA) y del artículo 32, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva del IVA, (2) ¿en qué lugar se considera que las manifestaciones en cuestión se desarrollan efectivamente en el caso de actividades que consisten en sesiones interactivas de contenido erótico, filmadas y retransmitidas en tiempo real a través de medios electrónicos o de internet (propios de la actividad de videochat), como las del procedimiento principal, cuando:

a)

la persona física (la modelo) y el estudio de videochat,

| b) | la plataforma de streaming en directo y |
| --- | --- |

b)

la plataforma de streaming en directo y

| c) | la persona física que paga por el acceso a estos servicios de streaming en directo (el cliente final) |
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c)

la persona física que paga por el acceso a estos servicios de streaming en directo (el cliente final)

se encuentran en distintos Estados miembros o terceros Estados?

| 3) | En función de la respuesta a las dos primeras cuestiones prejudiciales, ¿en cuál de los tres Estados miembros de la Unión Europea debe declararse y pagarse el impuesto sobre el valor añadido correspondiente a las prestaciones de servicios? |
| --- | --- |

3)

En función de la respuesta a las dos primeras cuestiones prejudiciales, ¿en cuál de los tres Estados miembros de la Unión Europea debe declararse y pagarse el impuesto sobre el valor añadido correspondiente a las prestaciones de servicios?

| 4) | ¿Se oponen la Directiva del IVA y el principio de eliminación de la doble imposición a una normativa tributaria nacional como el artículo 307 de la Ley n.o 227/2015, según la cual:






  A) | los órganos tributarios nacionales del Estado del prestador pueden calificar los servicios trasfronterizos prestados por un sujeto pasivo de un Estado miembro de la UE (P1 — estudio de videochat), que consisten en la prestación (cesión) de contenido digital, como el controvertido en el procedimiento principal, a un sujeto pasivo de otro Estado miembro (P2), por medio de una plataforma en línea de streaming en directo que se encuentra en otro Estado (P3), como servicios de acceso a manifestaciones recreativas, en el sentido del artículo 53 de la Directiva del IVA, con la consecuencia de que el IVA correspondiente a dichos servicios se recauda y se paga en el Estado en el que está situada la sede principal del prestador, cuando, con anterioridad, los mismos servicios antes referidos han sido calificados por los órganos tributarios del Estado en el que está establecido el destinatario de los servicios (P2), mediante un acto administrativo que ha adquirido firmeza por no haber sido recurrido, como prestaciones intracomunitarias de servicios a las que se aplica el artículo 44 de la Directiva del IVA? ¿Pueden los órganos tributarios de un Estado realizar posteriormente, de oficio o a instancia de parte, una calificación jurídica de los servicios transfronterizos que son objeto de inspección tributaria en dicho Estado distinta de la calificación jurídica ya conferida a los mismos servicios, de oficio o a petición de parte, por los órganos tributarios de otro Estado mediante un acto administrativo que ha adquirido firmeza por no haber sido recurrido ante los órganos jurisdiccionales, lo que tiene como efecto la doble imposición en materia de IVA, o, por el contrario, los órganos tributarios que resuelven posteriormente, de oficio o a petición de parte, están vinculados por la calificación jurídica de los servicios transfronterizos en cuestión realizada por los órganos tributarios que se pronunciaron en primer término y que adquirió firmeza por no haber sido recurrida, sin que puedan modificarla? |
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4)

¿Se oponen la Directiva del IVA y el principio de eliminación de la doble imposición a una normativa tributaria nacional como el artículo 307 de la Ley n.o 227/2015, según la cual:

A)

los órganos tributarios nacionales del Estado del prestador pueden calificar los servicios trasfronterizos prestados por un sujeto pasivo de un Estado miembro de la UE (P1 — estudio de videochat), que consisten en la prestación (cesión) de contenido digital, como el controvertido en el procedimiento principal, a un sujeto pasivo de otro Estado miembro (P2), por medio de una plataforma en línea de streaming en directo que se encuentra en otro Estado (P3), como servicios de acceso a manifestaciones recreativas, en el sentido del artículo 53 de la Directiva del IVA, con la consecuencia de que el IVA correspondiente a dichos servicios se recauda y se paga en el Estado en el que está situada la sede principal del prestador, cuando, con anterioridad, los mismos servicios antes referidos han sido calificados por los órganos tributarios del Estado en el que está establecido el destinatario de los servicios (P2), mediante un acto administrativo que ha adquirido firmeza por no haber sido recurrido, como prestaciones intracomunitarias de servicios a las que se aplica el artículo 44 de la Directiva del IVA? ¿Pueden los órganos tributarios de un Estado realizar posteriormente, de oficio o a instancia de parte, una calificación jurídica de los servicios transfronterizos que son objeto de inspección tributaria en dicho Estado distinta de la calificación jurídica ya conferida a los mismos servicios, de oficio o a petición de parte, por los órganos tributarios de otro Estado mediante un acto administrativo que ha adquirido firmeza por no haber sido recurrido ante los órganos jurisdiccionales, lo que tiene como efecto la doble imposición en materia de IVA, o, por el contrario, los órganos tributarios que resuelven posteriormente, de oficio o a petición de parte, están vinculados por la calificación jurídica de los servicios transfronterizos en cuestión realizada por los órganos tributarios que se pronunciaron en primer término y que adquirió firmeza por no haber sido recurrida, sin que puedan modificarla?

| B) | En función de la respuesta a las anteriores cuestiones prejudiciales, ¿cuál es el lugar de la prestación servicios, en el sentido de la Directiva del IVA y [del] principio de eliminación de la doble imposición, en una situación como la del litigio principal? |
| --- | --- |

B)

En función de la respuesta a las anteriores cuestiones prejudiciales, ¿cuál es el lugar de la prestación servicios, en el sentido de la Directiva del IVA y [del] principio de eliminación de la doble imposición, en una situación como la del litigio principal?

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(1)  DO 2006, L 347, p. 1.

(2)  Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2011, L 77, p. 1).

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/22 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/22

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Ploieşti (Rumanía) el 10 de febrero de 2023 — Proceso penal contra C.A.A., C.F.G., C.G.C., C.D.R., G.L.C., G.S., L.C.I., M.G., M.C.G., N.A.S., P.C., U.V., S.O., Ş.V.O., C.V., I.R.P., B.I.I.

(Asunto C-74/23, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — D.N.A. Serviciul Teritorial Braşov)

(2023/C 205/26)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Ploieşti

Parte apelante

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție — Serviciul Teritorial Brașov

Acusados

C.A.A., C.F.G., C.G.C., C.D.R., G.L.C., G.S., L.C.I., M.G., M.C.G., N.A.S., P.C., U.V., S.O., Ş.V.O., C.V., I.R.P. y B.I.I.

Parte civil:

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov

Personas interesadas:

C. M., C. A. y C. Al.

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Deben interpretarse el artículo 2 TUE, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 4 TUE, [apartado 3], en relación con el artículo 325 TFUE, apartado 1, con el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF, (1) y con el artículo 12 de la Directiva PIF, (2) así como con la Directiva 2004/18/CE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, habida cuenta del principio de imposición de sanciones efectivas y disuasorias en los casos de fraude grave que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea (3) y aplicando la Decisión 2006/928/CE, (4) de la Comisión, en relación con el artículo 49 [apartado 1, último guion] de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a una situación jurídica como la controvertida en el procedimiento principal, en la que los acusados solicitan la aplicación del principio de la Ley penal más favorable en unas circunstancias en las que una resolución del órgano jurisdiccional constitucional nacional ha declarado inconstitucional un texto legal relativo a la interrupción del plazo de prescripción de la responsabilidad penal (en su resolución del año 2022), invocando la pasividad del legislador, que no intervino para adecuar el texto de la Ley a otra resolución del mismo órgano jurisdiccional constitucional, emitida cuatro años antes (la resolución del año 2018), período durante el cual la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales ordinarios formada en aplicación de la primera resolución ya se había consolidado en el sentido de que dicho texto legal continuaba existiendo en la forma resultante de la aplicación de la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional, con la consecuencia práctica de la reducción a la mitad del plazo de prescripción para todos los delitos respecto de los cuales no se hubiera dictado una sentencia condenatoria firme con anterioridad a la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional y el consiguiente archivo del procedimiento penal respecto de los acusados en el caso de autos? |
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1)

¿Deben interpretarse el artículo 2 TUE, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 4 TUE, [apartado 3], en relación con el artículo 325 TFUE, apartado 1, con el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF, (1) y con el artículo 12 de la Directiva PIF, (2) así como con la Directiva 2004/18/CE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, habida cuenta del principio de imposición de sanciones efectivas y disuasorias en los casos de fraude grave que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea (3) y aplicando la Decisión 2006/928/CE, (4) de la Comisión, en relación con el artículo 49 [apartado 1, último guion] de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a una situación jurídica como la controvertida en el procedimiento principal, en la que los acusados solicitan la aplicación del principio de la Ley penal más favorable en unas circunstancias en las que una resolución del órgano jurisdiccional constitucional nacional ha declarado inconstitucional un texto legal relativo a la interrupción del plazo de prescripción de la responsabilidad penal (en su resolución del año 2022), invocando la pasividad del legislador, que no intervino para adecuar el texto de la Ley a otra resolución del mismo órgano jurisdiccional constitucional, emitida cuatro años antes (la resolución del año 2018), período durante el cual la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales ordinarios formada en aplicación de la primera resolución ya se había consolidado en el sentido de que dicho texto legal continuaba existiendo en la forma resultante de la aplicación de la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional, con la consecuencia práctica de la reducción a la mitad del plazo de prescripción para todos los delitos respecto de los cuales no se hubiera dictado una sentencia condenatoria firme con anterioridad a la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional y el consiguiente archivo del procedimiento penal respecto de los acusados en el caso de autos?

| 2) | El artículo 2 TUE, sobre los valores del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en una sociedad caracterizada por la justicia, y el artículo 4 TUE [apartado 3], relativo al principio de cooperación leal entre la Unión y los Estados miembros, aplicando la Decisión 2006/928/CE de la Comisión, en lo que respecta al compromiso de garantizar la eficiencia del sistema judicial rumano, y a la luz del artículo 49 [apartado 1], último guion, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra el principio de la Ley penal más favorable, ¿deben interpretarse, en relación con el sistema judicial interno en su conjunto, en el sentido de que se oponen a una situación jurídica como la controvertida en el procedimiento principal, en la que los acusados solicitan la aplicación de la Ley penal más favorable, en unas circunstancias en las que una resolución del órgano jurisdiccional constitucional nacional ha declarado inconstitucional un texto legal relativo a la interrupción del plazo de prescripción de la responsabilidad penal (en su resolución del año 2022), invocando la pasividad del legislador, que no intervino para adecuar el texto de la Ley a otra resolución del mismo órgano jurisdiccional constitucional, emitida cuatro años antes (la resolución del año 2018), período durante el cual la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales ordinarios formada en aplicación de la primera resolución ya se había consolidado en el sentido de que dicho texto legal continuaba existiendo en la forma resultante de la aplicación de la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional, con la consecuencia práctica de la reducción a la mitad del plazo de prescripción para todos los delitos respecto de los cuales no se hubiera dictado una sentencia condenatoria firme con anterioridad a la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional y el consiguiente archivo del procedimiento penal respecto de los acusados en el caso de autos? |
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2)

El artículo 2 TUE, sobre los valores del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en una sociedad caracterizada por la justicia, y el artículo 4 TUE [apartado 3], relativo al principio de cooperación leal entre la Unión y los Estados miembros, aplicando la Decisión 2006/928/CE de la Comisión, en lo que respecta al compromiso de garantizar la eficiencia del sistema judicial rumano, y a la luz del artículo 49 [apartado 1], último guion, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra el principio de la Ley penal más favorable, ¿deben interpretarse, en relación con el sistema judicial interno en su conjunto, en el sentido de que se oponen a una situación jurídica como la controvertida en el procedimiento principal, en la que los acusados solicitan la aplicación de la Ley penal más favorable, en unas circunstancias en las que una resolución del órgano jurisdiccional constitucional nacional ha declarado inconstitucional un texto legal relativo a la interrupción del plazo de prescripción de la responsabilidad penal (en su resolución del año 2022), invocando la pasividad del legislador, que no intervino para adecuar el texto de la Ley a otra resolución del mismo órgano jurisdiccional constitucional, emitida cuatro años antes (la resolución del año 2018), período durante el cual la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales ordinarios formada en aplicación de la primera resolución ya se había consolidado en el sentido de que dicho texto legal continuaba existiendo en la forma resultante de la aplicación de la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional, con la consecuencia práctica de la reducción a la mitad del plazo de prescripción para todos los delitos respecto de los cuales no se hubiera dictado una sentencia condenatoria firme con anterioridad a la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional y el consiguiente archivo del procedimiento penal respecto de los acusados en el caso de autos?

| 3) | En caso de respuesta afirmativa y solo para el caso de que no se pueda establecer una interpretación conforme con el Derecho de la Unión Europea, ¿debe interpretarse el principio de primacía del Derecho de la Unión en el sentido de que se opone a una normativa o práctica nacional en virtud de la cual los órganos jurisdiccionales ordinarios están vinculados por las resoluciones del órgano jurisdiccional constitucional nacional y por las resoluciones vinculantes del tribunal supremo nacional, no pudiendo por ello, so pena de incurrir en infracción disciplinaria, dejar inaplicada de oficio la jurisprudencia derivada de las resoluciones antes referidas, ni siquiera cuando consideren, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia, que dicha jurisprudencia es contraria, en particular, al artículo 2 TUE, al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y al artículo 4 TUE [apartado 3], en relación con el artículo 325 TFUE, apartado 1, todo ello aplicando la Decisión 2006/928/CE de la Comisión y a la luz del artículo 49 [apartado 1], último guion, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como en la situación del procedimiento principal? |
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3)

En caso de respuesta afirmativa y solo para el caso de que no se pueda establecer una interpretación conforme con el Derecho de la Unión Europea, ¿debe interpretarse el principio de primacía del Derecho de la Unión en el sentido de que se opone a una normativa o práctica nacional en virtud de la cual los órganos jurisdiccionales ordinarios están vinculados por las resoluciones del órgano jurisdiccional constitucional nacional y por las resoluciones vinculantes del tribunal supremo nacional, no pudiendo por ello, so pena de incurrir en infracción disciplinaria, dejar inaplicada de oficio la jurisprudencia derivada de las resoluciones antes referidas, ni siquiera cuando consideren, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia, que dicha jurisprudencia es contraria, en particular, al artículo 2 TUE, al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y al artículo 4 TUE [apartado 3], en relación con el artículo 325 TFUE, apartado 1, todo ello aplicando la Decisión 2006/928/CE de la Comisión y a la luz del artículo 49 [apartado 1], último guion, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como en la situación del procedimiento principal?

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(1)  Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, L 316, p. 49).

(2)  Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO 2017, L 198, p. 29).

(3)  Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114).

(4)  Decisión de la Comisión, de 13 de diciembre de 2006, por la que se establece un mecanismo de cooperación y verificación de los avances logrados por Rumanía para cumplir indicadores concretos en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción (DO 2006, L 354, p. 56).

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/24 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/24

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Braşov (Rumanía) el 10 de febrero de 2023 — Proceso penal contra M.A.sr, S.A.C.S. y S.A.S.

(Asunto C-75/23, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov)

(2023/C 205/27)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Braşov

Parte apelante

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov

Acusados

M.A.sr, S.A.C.S. y S.A.S.

Parte civil

Statul român

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Deben interpretarse el artículo 2 TUE, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 4 TUE, [apartado 3], en relación con el artículo 325 TFUE, apartado 1, con el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF, (1) y con el artículo 12 de la Directiva PIF, (2) así como con la Directiva 2006/112/CE (3) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, habida cuenta del principio de imposición de sanciones efectivas y disuasorias en los casos de fraude grave que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y aplicando la Decisión 2006/928/CE, (4) de la Comisión, en relación con el artículo 49 [apartado 1, último guion] de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a una situación jurídica como la controvertida en el procedimiento principal, en la que los acusados solicitan la aplicación del principio de la Ley penal más favorable en unas circunstancias en las que una resolución del órgano jurisdiccional constitucional nacional ha declarado inconstitucional un texto legal relativo a la interrupción del plazo de prescripción de la responsabilidad penal (en su resolución del año 2022), invocando la pasividad del legislador, que no intervino para adecuar el texto de la Ley a otra resolución del mismo órgano jurisdiccional constitucional, emitida cuatro años antes (la resolución del año 2018), período durante el cual la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales ordinarios formada en aplicación de la primera resolución ya se había consolidado en el sentido de que dicho texto legal continuaba existiendo en la forma resultante de la aplicación de la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional, con la consecuencia práctica de la reducción a la mitad del plazo de prescripción para todos los delitos respecto de los cuales no se hubiera dictado una sentencia condenatoria firme con anterioridad a la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional y el consiguiente archivo del procedimiento penal respecto de los acusados en el caso de autos? |
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1)

¿Deben interpretarse el artículo 2 TUE, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 4 TUE, [apartado 3], en relación con el artículo 325 TFUE, apartado 1, con el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF, (1) y con el artículo 12 de la Directiva PIF, (2) así como con la Directiva 2006/112/CE (3) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, habida cuenta del principio de imposición de sanciones efectivas y disuasorias en los casos de fraude grave que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y aplicando la Decisión 2006/928/CE, (4) de la Comisión, en relación con el artículo 49 [apartado 1, último guion] de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a una situación jurídica como la controvertida en el procedimiento principal, en la que los acusados solicitan la aplicación del principio de la Ley penal más favorable en unas circunstancias en las que una resolución del órgano jurisdiccional constitucional nacional ha declarado inconstitucional un texto legal relativo a la interrupción del plazo de prescripción de la responsabilidad penal (en su resolución del año 2022), invocando la pasividad del legislador, que no intervino para adecuar el texto de la Ley a otra resolución del mismo órgano jurisdiccional constitucional, emitida cuatro años antes (la resolución del año 2018), período durante el cual la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales ordinarios formada en aplicación de la primera resolución ya se había consolidado en el sentido de que dicho texto legal continuaba existiendo en la forma resultante de la aplicación de la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional, con la consecuencia práctica de la reducción a la mitad del plazo de prescripción para todos los delitos respecto de los cuales no se hubiera dictado una sentencia condenatoria firme con anterioridad a la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional y el consiguiente archivo del procedimiento penal respecto de los acusados en el caso de autos?

| 2) | El artículo 2 TUE, sobre los valores del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en una sociedad caracterizada por la justicia, y el artículo 4 TUE [apartado 3], relativo al principio de cooperación leal entre la Unión y los Estados miembros, aplicando la Decisión 2006/928/CE de la Comisión, en lo que respecta al compromiso de garantizar la eficiencia del sistema judicial rumano, y a la luz del artículo 49 [apartado 1], último guion, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra el principio de la Ley penal más favorable, ¿deben interpretarse, en relación con el sistema judicial interno en su conjunto, en el sentido de que se oponen a una situación jurídica como la controvertida en el procedimiento principal, en la que los acusados solicitan la aplicación de la Ley penal más favorable, en unas circunstancias en las que una resolución del órgano jurisdiccional constitucional nacional ha declarado inconstitucional un texto legal relativo a la interrupción del plazo de prescripción de la responsabilidad penal (en su resolución del año 2022), invocando la pasividad del legislador, que no intervino para adecuar el texto de la Ley a otra resolución del mismo órgano jurisdiccional constitucional, emitida cuatro años antes (la resolución del año 2018), período durante el cual la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales ordinarios formada en aplicación de la primera resolución ya se había consolidado en el sentido de que dicho texto legal continuaba existiendo en la forma resultante de la aplicación de la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional, con la consecuencia práctica de la reducción a la mitad del plazo de prescripción para todos los delitos respecto de los cuales no se hubiera dictado una sentencia condenatoria firme con anterioridad a la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional y el consiguiente archivo del procedimiento penal respecto de los acusados en el caso de autos? |
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2)

El artículo 2 TUE, sobre los valores del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en una sociedad caracterizada por la justicia, y el artículo 4 TUE [apartado 3], relativo al principio de cooperación leal entre la Unión y los Estados miembros, aplicando la Decisión 2006/928/CE de la Comisión, en lo que respecta al compromiso de garantizar la eficiencia del sistema judicial rumano, y a la luz del artículo 49 [apartado 1], último guion, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra el principio de la Ley penal más favorable, ¿deben interpretarse, en relación con el sistema judicial interno en su conjunto, en el sentido de que se oponen a una situación jurídica como la controvertida en el procedimiento principal, en la que los acusados solicitan la aplicación de la Ley penal más favorable, en unas circunstancias en las que una resolución del órgano jurisdiccional constitucional nacional ha declarado inconstitucional un texto legal relativo a la interrupción del plazo de prescripción de la responsabilidad penal (en su resolución del año 2022), invocando la pasividad del legislador, que no intervino para adecuar el texto de la Ley a otra resolución del mismo órgano jurisdiccional constitucional, emitida cuatro años antes (la resolución del año 2018), período durante el cual la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales ordinarios formada en aplicación de la primera resolución ya se había consolidado en el sentido de que dicho texto legal continuaba existiendo en la forma resultante de la aplicación de la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional, con la consecuencia práctica de la reducción a la mitad del plazo de prescripción para todos los delitos respecto de los cuales no se hubiera dictado una sentencia condenatoria firme con anterioridad a la primera resolución del órgano jurisdiccional constitucional y el consiguiente archivo del procedimiento penal respecto de los acusados en el caso de autos?

| 3) | En caso de respuesta afirmativa y solo para el caso de que no se pueda establecer una interpretación conforme con el Derecho de la Unión Europea, ¿debe interpretarse el principio de primacía del Derecho de la Unión en el sentido de que se opone a una normativa o práctica nacional en virtud de la cual los órganos jurisdiccionales ordinarios están vinculados por las resoluciones del órgano jurisdiccional constitucional nacional y por las resoluciones vinculantes del tribunal supremo nacional, no pudiendo por ello, so pena de incurrir en infracción disciplinaria, dejar inaplicada de oficio la jurisprudencia derivada de las resoluciones antes referidas, ni siquiera cuando consideren, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia, que dicha jurisprudencia es contraria, en particular, al artículo 2 TUE, al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y al artículo 4 TUE [apartado 3], en relación con el artículo 325 TFUE, apartado 1, todo ello aplicando la Decisión 2006/928/CE de la Comisión y a la luz del artículo 49 [apartado 1], último guion, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como en la situación del procedimiento principal? |
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3)

En caso de respuesta afirmativa y solo para el caso de que no se pueda establecer una interpretación conforme con el Derecho de la Unión Europea, ¿debe interpretarse el principio de primacía del Derecho de la Unión en el sentido de que se opone a una normativa o práctica nacional en virtud de la cual los órganos jurisdiccionales ordinarios están vinculados por las resoluciones del órgano jurisdiccional constitucional nacional y por las resoluciones vinculantes del tribunal supremo nacional, no pudiendo por ello, so pena de incurrir en infracción disciplinaria, dejar inaplicada de oficio la jurisprudencia derivada de las resoluciones antes referidas, ni siquiera cuando consideren, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia, que dicha jurisprudencia es contraria, en particular, al artículo 2 TUE, al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y al artículo 4 TUE [apartado 3], en relación con el artículo 325 TFUE, apartado 1, todo ello aplicando la Decisión 2006/928/CE de la Comisión y a la luz del artículo 49 [apartado 1], último guion, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como en la situación del procedimiento principal?

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(1)  Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, L 316, p. 49).

(2)  Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO 2017, L 198, p. 29).

(3)  DO 2006, L 347, p. l.

(4)  Decisión de la Comisión, de 13 de diciembre de 2006, por la que se establece un mecanismo de cooperación y verificación de los avances logrados por Rumanía para cumplir indicadores concretos en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción (DO 2006, L 354, p. 56).

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/25 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/25

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 15 de febrero de 2023 — H GmbH / Finanzamt M

(Asunto C-83/23, H GmbH)

(2023/C 205/28)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesfinanzhof

Partes en el procedimiento principal

Parte recurrente: H GmbH

Parte recurrida: Finanzamt M

Cuestiones prejudiciales

Cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Directiva 2006/112/CE: (1)

| 1. | ¿Puede el beneficiario de una prestación establecido en territorio nacional ejercitar una acción directa contra la Administración tributaria nacional, de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05 (EU:C:2007:167), cuando






  (a) | el beneficiario de la prestación ha recibido de un proveedor establecido también en territorio nacional una factura con indicación del impuesto nacional, el beneficiario ha pagado esta factura y el proveedor ha liquidado debidamente el impuesto consignado en la factura; |
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1.

¿Puede el beneficiario de una prestación establecido en territorio nacional ejercitar una acción directa contra la Administración tributaria nacional, de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05 (EU:C:2007:167), cuando

(a)

el beneficiario de la prestación ha recibido de un proveedor establecido también en territorio nacional una factura con indicación del impuesto nacional, el beneficiario ha pagado esta factura y el proveedor ha liquidado debidamente el impuesto consignado en la factura;

| (b) | no obstante, la prestación objeto de la factura es una operación realizada en otro Estado miembro; |
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(b)

no obstante, la prestación objeto de la factura es una operación realizada en otro Estado miembro;

| (c) | al beneficiario de la prestación se le deniega por tanto la deducción del impuesto soportado, al no tratarse de un impuesto legalmente devengado en el territorio nacional; |
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(c)

al beneficiario de la prestación se le deniega por tanto la deducción del impuesto soportado, al no tratarse de un impuesto legalmente devengado en el territorio nacional;

| (d) | a continuación, el proveedor rectifica la factura suprimiendo toda mención del impuesto nacional, de manera que el importe de la factura se reduce en la cuantía del impuesto suprimido; |
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(d)

a continuación, el proveedor rectifica la factura suprimiendo toda mención del impuesto nacional, de manera que el importe de la factura se reduce en la cuantía del impuesto suprimido;

| (e) | como consecuencia de la apertura de un procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio del proveedor, el beneficiario de la prestación no puede entablar una acción de reclamación de cantidad contra este, y |
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(e)

como consecuencia de la apertura de un procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio del proveedor, el beneficiario de la prestación no puede entablar una acción de reclamación de cantidad contra este, y

| (f) | el proveedor, que hasta el momento no estaba registrado en el otro Estado miembro, tiene la posibilidad de registrarse a efectos del IVA y de utilizar el número de identificación fiscal asignado en ese Estado miembro para expedir una factura al beneficiario de la prestación consignando en ella el impuesto devengado en dicho Estado miembro, lo cual conferiría al destinatario el derecho a la deducción en dicho Estado miembro por el procedimiento especial previsto en la Directiva 2008/9/CE (2) de 12 de febrero de 2008? |
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(f)

el proveedor, que hasta el momento no estaba registrado en el otro Estado miembro, tiene la posibilidad de registrarse a efectos del IVA y de utilizar el número de identificación fiscal asignado en ese Estado miembro para expedir una factura al beneficiario de la prestación consignando en ella el impuesto devengado en dicho Estado miembro, lo cual conferiría al destinatario el derecho a la deducción en dicho Estado miembro por el procedimiento especial previsto en la Directiva 2008/9/CE (2) de 12 de febrero de 2008?

| 2. | ¿Es decisivo para la respuesta que deba darse a esta cuestión el hecho de que la Administración tributaria nacional haya devuelto al proveedor el impuesto pagado, como consecuencia directa de la rectificación de la factura, a pesar de que el proveedor, a raíz de la apertura del procedimiento de insolvencia sobre su patrimonio, no ha reembolsado importe alguno al beneficiario de la prestación? |
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2.

¿Es decisivo para la respuesta que deba darse a esta cuestión el hecho de que la Administración tributaria nacional haya devuelto al proveedor el impuesto pagado, como consecuencia directa de la rectificación de la factura, a pesar de que el proveedor, a raíz de la apertura del procedimiento de insolvencia sobre su patrimonio, no ha reembolsado importe alguno al beneficiario de la prestación?

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(1)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).

(2)  Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro (DO, 2008, L 44, p. 23).

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/26 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/26

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia) el 21 de febrero de 2023 — Rada Nadzorcza Getin Noble Bank y otros / Bankowy Fundusz Gwarancyjny

(Asunto C-118/23, Getin Holding y otros)

(2023/C 205/29)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Rada Nadzorcza Getin Noble Bank y otros

Demandada: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Debe interpretarse el artículo 85, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, en el sentido de que, en el supuesto de que el consejo de supervisión de un ente sujeto a resolución presente una demanda ante un órgano jurisdiccional nacional de lo contencioso-administrativo contra la decisión de resolución forzosa, se considera que las personas que tienen un interés jurídico en impugnar esa decisión tienen garantizada una vía de recurso efectiva en una situación en que el órgano jurisdiccional que efectúa el control de la decisión impugnada no está vinculado por las alegaciones y pretensiones de la demanda ni por la base jurídica invocada, la sentencia firme que se dicte en ese asunto tendrá efectos erga omnes y la posibilidad de que esas personas obtengan la protección de su interés jurídico no está supeditada a que presenten ante el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo demandas individuales contra dicha decisión? |
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1)

¿Debe interpretarse el artículo 85, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, en el sentido de que, en el supuesto de que el consejo de supervisión de un ente sujeto a resolución presente una demanda ante un órgano jurisdiccional nacional de lo contencioso-administrativo contra la decisión de resolución forzosa, se considera que las personas que tienen un interés jurídico en impugnar esa decisión tienen garantizada una vía de recurso efectiva en una situación en que el órgano jurisdiccional que efectúa el control de la decisión impugnada no está vinculado por las alegaciones y pretensiones de la demanda ni por la base jurídica invocada, la sentencia firme que se dicte en ese asunto tendrá efectos erga omnes y la posibilidad de que esas personas obtengan la protección de su interés jurídico no está supeditada a que presenten ante el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo demandas individuales contra dicha decisión?

| 2) | ¿Deben interpretarse el artículo 85, apartado 3, de la Directiva 2014/59/UE, que establece la exigencia de que se efectúe un control judicial rápido, y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, que establecen la tutela judicial efectiva, en el sentido de que se oponen a la aplicación de una norma procesal de un Estado miembro que obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales de lo contencioso-administrativo a sustanciar conjuntamente todas las demandas que se presenten ante ellos contra una decisión de la autoridad de resolución, en una situación en que la aplicación de dicha norma y de otros requisitos del procedimiento nacional contencioso-administrativo hace que, habida cuenta del considerable número de demandas, sea excesivamente difícil, cuando no del todo imposible, pronunciarse en el asunto dentro de un plazo razonable? |
| --- | --- |

2)

¿Deben interpretarse el artículo 85, apartado 3, de la Directiva 2014/59/UE, que establece la exigencia de que se efectúe un control judicial rápido, y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, que establecen la tutela judicial efectiva, en el sentido de que se oponen a la aplicación de una norma procesal de un Estado miembro que obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales de lo contencioso-administrativo a sustanciar conjuntamente todas las demandas que se presenten ante ellos contra una decisión de la autoridad de resolución, en una situación en que la aplicación de dicha norma y de otros requisitos del procedimiento nacional contencioso-administrativo hace que, habida cuenta del considerable número de demandas, sea excesivamente difícil, cuando no del todo imposible, pronunciarse en el asunto dentro de un plazo razonable?

| 3) | ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2014/59/UE en el sentido de que permite a un Estado miembro no efectuar una separación estructural –destinada a garantizar la independencia operativa y evitar conflictos de intereses– entre las funciones de la autoridad de resolución y las demás funciones de esta autoridad como garante legal de los depósitos bancarios o como administrador bancario (administrador provisional) designado mediante una decisión de la autoridad nacional competente para la supervisión a efectos del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (2) y de la Directiva 2013/36/UE? (3) |
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3)

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2014/59/UE en el sentido de que permite a un Estado miembro no efectuar una separación estructural –destinada a garantizar la independencia operativa y evitar conflictos de intereses– entre las funciones de la autoridad de resolución y las demás funciones de esta autoridad como garante legal de los depósitos bancarios o como administrador bancario (administrador provisional) designado mediante una decisión de la autoridad nacional competente para la supervisión a efectos del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (2) y de la Directiva 2013/36/UE? (3)

| 4) | ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2014/59/UE en el sentido de que, en el supuesto de que un Estado miembro no cumpla la obligación de adoptar disposiciones estructurales adecuadas para garantizar la independencia operativa y evitar conflictos de intereses entre las funciones de supervisión establecidas por el Reglamento (UE) n.o 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE o las demás funciones de la autoridad pertinente y las funciones de la autoridad de resolución, puede considerarse que se cumple la condición de independencia operativa y de prevención de conflictos de intereses si el órgano jurisdiccional nacional de lo contencioso-administrativo que efectúa el control de la decisión de resolución forzosa estima que las demás disposiciones organizativas aplicadas y la actuación concreta de la autoridad de resolución son suficientes para lograr ese resultado? |
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4)

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2014/59/UE en el sentido de que, en el supuesto de que un Estado miembro no cumpla la obligación de adoptar disposiciones estructurales adecuadas para garantizar la independencia operativa y evitar conflictos de intereses entre las funciones de supervisión establecidas por el Reglamento (UE) n.o 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE o las demás funciones de la autoridad pertinente y las funciones de la autoridad de resolución, puede considerarse que se cumple la condición de independencia operativa y de prevención de conflictos de intereses si el órgano jurisdiccional nacional de lo contencioso-administrativo que efectúa el control de la decisión de resolución forzosa estima que las demás disposiciones organizativas aplicadas y la actuación concreta de la autoridad de resolución son suficientes para lograr ese resultado?

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(1)  DO 2014, L 173, p. 190.

(2)  Reglamento (UE) n o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1).

(3)  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338).

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/27 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/27

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Braşov (Rumanía) el 3 de marzo de 2023 — Proceso penal contra C.A.A. y C.V.

(Asunto C-131/23, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov)

(2023/C 205/30)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Braşov

Partes en el proceso principal

Recurrentes: C.A.A. y C.V.

Recurrida: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov

Interviniente: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție — Serviciul Teritorial Brașov

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Deben interpretarse el artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, el artículo 325 TFUE, [apartado 1], el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF (1) y la Decisión 2006/928/CE de la Comisión, (2) en el sentido de que se oponen a la aplicación de una resolución de la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional, Rumanía), mediante la cual se declaró, con carácter retroactivo, la inexistencia de motivos de interrupción del plazo de prescripción, habida cuenta de la jurisprudencia generalizada y reiterada de los órganos jurisdiccionales nacionales, incluido el órgano jurisdiccional supremo, y cuando la aplicación de dicha resolución daría lugar a un riesgo sistémico de impunidad por la reapertura de un número significativo de asuntos penales juzgados con carácter firme y por el pronunciamiento, por la vía de un recurso extraordinario, de una decisión de archivo del procedimiento penal como consecuencia de haber considerado que había operado la prescripción? |
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1)

¿Deben interpretarse el artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, el artículo 325 TFUE, [apartado 1], el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF (1) y la Decisión 2006/928/CE de la Comisión, (2) en el sentido de que se oponen a la aplicación de una resolución de la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional, Rumanía), mediante la cual se declaró, con carácter retroactivo, la inexistencia de motivos de interrupción del plazo de prescripción, habida cuenta de la jurisprudencia generalizada y reiterada de los órganos jurisdiccionales nacionales, incluido el órgano jurisdiccional supremo, y cuando la aplicación de dicha resolución daría lugar a un riesgo sistémico de impunidad por la reapertura de un número significativo de asuntos penales juzgados con carácter firme y por el pronunciamiento, por la vía de un recurso extraordinario, de una decisión de archivo del procedimiento penal como consecuencia de haber considerado que había operado la prescripción?

| 2) | El principio de primacía del Derecho de la Unión, en relación con la Decisión 2006/928/CE de la Comisión, y el artículo 49, apartado 1, tercera frase (principio de retroactividad de la Ley penal más favorable), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿se oponen a reexaminar la prescripción de la responsabilidad penal en la fase de ejecución de la pena, por la vía de un recurso extraordinario, en unas circunstancias en las que la interposición de dicho recurso extraordinario es consecuencia de una resolución de la Curtea Constituțională, dictada después de que la sentencia condenatoria hubiera adquirido firmeza, y mediante la cual se refuta una jurisprudencia generalizada y reiterada de los órganos jurisdiccionales nacionales, y si con ello se menoscaban el carácter disuasivo y efectivo de las penas y la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídicas? |
| --- | --- |

2)

El principio de primacía del Derecho de la Unión, en relación con la Decisión 2006/928/CE de la Comisión, y el artículo 49, apartado 1, tercera frase (principio de retroactividad de la Ley penal más favorable), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿se oponen a reexaminar la prescripción de la responsabilidad penal en la fase de ejecución de la pena, por la vía de un recurso extraordinario, en unas circunstancias en las que la interposición de dicho recurso extraordinario es consecuencia de una resolución de la Curtea Constituțională, dictada después de que la sentencia condenatoria hubiera adquirido firmeza, y mediante la cual se refuta una jurisprudencia generalizada y reiterada de los órganos jurisdiccionales nacionales, y si con ello se menoscaban el carácter disuasivo y efectivo de las penas y la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídicas?

| 3) | El principio de primacía del Derecho de la Unión, en relación con el artículo 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿permite aplicar unos niveles nacionales de protección como el del procedimiento principal, garantizados por el Derecho interno del Estado miembro y derivados de los efectos atribuidos a las resoluciones de la Curtea Constituțională, si con ello se menoscaba la aplicación efectiva del Derecho de la Unión Europea en el territorio del Estado miembro? |
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3)

El principio de primacía del Derecho de la Unión, en relación con el artículo 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿permite aplicar unos niveles nacionales de protección como el del procedimiento principal, garantizados por el Derecho interno del Estado miembro y derivados de los efectos atribuidos a las resoluciones de la Curtea Constituțională, si con ello se menoscaba la aplicación efectiva del Derecho de la Unión Europea en el territorio del Estado miembro?

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(1)  Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, C 316, p. 49).

(2)  Decisión 2006/928/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2006, por la que se establece un mecanismo de cooperación y verificación de los avances logrados por Rumanía para cumplir indicadores concretos en materia de reforma judicial y lucha contra la corrupción (DO 2006, L 354, p. 56).

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/28 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/28

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud (República Checa) el 6 de marzo de 2023 — Omya CZ s.r.o. / Generální ředitelství cel

(Asunto C-133/23, Omya CZ)

(2023/C 205/31)

Lengua de procedimiento: checo

Órgano jurisdiccional remitente

Nejvyšší správní soud

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Omya CZ s.r.o.

Recurrida: Generální ředitelství cel

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 4, quinto guion, de la Directiva 2003/96 (1) del Consejo en el sentido de que la electricidad utilizada para alimentar la maquinaria empleada en el tratamiento de la piedra caliza extraída, que consiste en varias fases de pulverización y trituración hasta obtener granos de un determinado tamaño, tanto en la cantera donde tiene lugar la extracción como en las plantas de tratamiento cercanas, es electricidad utilizada para procesos mineralógicos?

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(1)  Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO 2003, L 283, p. 51).

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/28 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/28

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polonia) el 10 de marzo de 2023 — XL / Sąd Rejonowy w Białymstoku

(Asunto C-146/23, Sąd Rejonowy w Białymstoku)

(2023/C 205/32)

Lengua de procedimiento: polaco

Órgano jurisdiccional remitente

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Partes en el procedimiento principal

Demandante: XL

Demandada: Sąd Rejonowy w Białymstoku

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que determina los valores sobre los que se fundamenta la Unión Europea, con referencia al respeto del Estado de Derecho, y el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, de ese Tratado, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que imponen a los Estados miembros garantizar la tutela judicial efectiva basada en el derecho a un juez independiente e imparcial, en el sentido de que el principio de independencia judicial se opone a disposiciones de la legislación nacional que, para limitar el gasto presupuestario, se apartan del mecanismo de determinación de la retribución de los jueces con arreglo a criterios objetivos y exentos de cualquier injerencia arbitraria de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y dan lugar a una reducción permanente de la retribución de los jueces, lo que vulnera las garantías constitucionales consistentes en que se asegure a los jueces una retribución adecuada a la dignidad de su cargo y al ámbito de sus funciones y en que la justicia sea impartida por órganos jurisdiccionales y jueces independientes?

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/29 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/29

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria (Hungría) el 17 de marzo de 2023 — Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság / UC

(Asunto C-169/23, Másdi (1))

(2023/C 205/33)

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Kúria

Partes en el procedimiento principal

Parte recurrente en casación, demandada en primera instancia: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Parte recurrida en casación, demandante en primera instancia: UC

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Debe interpretarse el artículo 14, apartado 5, letra c), en relación con el artículo 14, apartado 1, y con el considerando 62, del Reglamento (UE) 2016/679 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en lo sucesivo, «RGPD»), en el sentido de que la excepción prevista en el artículo 14, apartado 5, letra c), no se refiere a los datos generados en el propio procedimiento del responsable del tratamiento, sino únicamente a los datos que el responsable del tratamiento haya obtenido expresamente de otra persona? |
| --- | --- |

1)

¿Debe interpretarse el artículo 14, apartado 5, letra c), en relación con el artículo 14, apartado 1, y con el considerando 62, del Reglamento (UE) 2016/679 (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en lo sucesivo, «RGPD»), en el sentido de que la excepción prevista en el artículo 14, apartado 5, letra c), no se refiere a los datos generados en el propio procedimiento del responsable del tratamiento, sino únicamente a los datos que el responsable del tratamiento haya obtenido expresamente de otra persona?

| 2) | En el supuesto de que el artículo 14, apartado 5, letra c), del RGPD también resulte de aplicación a los datos generados en el propio procedimiento del responsable del tratamiento, ¿debe interpretarse el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, consagrado en el artículo 77, apartado 1, del RGPD, en el sentido de que una persona física que alegue un incumplimiento de la obligación de facilitar información puede solicitar, al ejercer su derecho a presentar una reclamación, que se examine si, de conformidad con el artículo 14, apartado 5, letra c), del RGPD, el Derecho del Estado miembro establece medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado? |
| --- | --- |

2)

En el supuesto de que el artículo 14, apartado 5, letra c), del RGPD también resulte de aplicación a los datos generados en el propio procedimiento del responsable del tratamiento, ¿debe interpretarse el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, consagrado en el artículo 77, apartado 1, del RGPD, en el sentido de que una persona física que alegue un incumplimiento de la obligación de facilitar información puede solicitar, al ejercer su derecho a presentar una reclamación, que se examine si, de conformidad con el artículo 14, apartado 5, letra c), del RGPD, el Derecho del Estado miembro establece medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado?

| 3) | En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿puede interpretarse el artículo 14, apartado 5, letra c), del RGPD en el sentido de que las «medidas adecuadas» mencionadas en dicha disposición implican que el legislador nacional debe transponer (mediante norma jurídica) las medidas relativas a la seguridad de los datos establecidas en el artículo 32 del RGPD? |
| --- | --- |

3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿puede interpretarse el artículo 14, apartado 5, letra c), del RGPD en el sentido de que las «medidas adecuadas» mencionadas en dicha disposición implican que el legislador nacional debe transponer (mediante norma jurídica) las medidas relativas a la seguridad de los datos establecidas en el artículo 32 del RGPD?

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(1)  La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.

(2)  DO 2016, L 119, p. 1.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/30 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/30

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Recurso interpuesto el 28 de marzo de 2023 — Comisión Europea / República de Bulgaria

(Asunto C-198/23)

(2023/C 205/34)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Partes

Demandante: Comisión Europea (representante: J. Samnadda y Tsv. Georgieva, agentes)

Demandada: República de Bulgaria

Pretensiones de la parte demandante

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

| (1) | Declare que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 de la Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE del Consejo (1) (en lo sucesivo, «Directiva»), al no haber adoptado todas las disposiciones normativas y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva y no haber comunicado esas disposiciones a la Comisión. |
| --- | --- |

(1)

Declare que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 de la Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE del Consejo (1) (en lo sucesivo, «Directiva»), al no haber adoptado todas las disposiciones normativas y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva y no haber comunicado esas disposiciones a la Comisión.

| (2) | Condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una suma a tanto alzado correspondiente al importe superior de los siguientes dos: I) un día-multa de 1 800 euros, multiplicado por los días transcurridos entre la fecha siguiente al de expiración del plazo de transposición establecido en la Directiva y la fecha en que se ponga fin al incumplimiento o, si no se le pone fin, la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto; II) un mínimo a tanto alzado de 504 000 euros. |
| --- | --- |

(2)

Condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una suma a tanto alzado correspondiente al importe superior de los siguientes dos: I) un día-multa de 1 800 euros, multiplicado por los días transcurridos entre la fecha siguiente al de expiración del plazo de transposición establecido en la Directiva y la fecha en que se ponga fin al incumplimiento o, si no se le pone fin, la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto; II) un mínimo a tanto alzado de 504 000 euros.

| (3) | En el supuesto de que el incumplimiento de las obligaciones constatado en el punto 1 persistiera hasta que se dicte sentencia en el presente asunto, condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una multa coercitiva por importe de 10 800 euros diarios desde que se dicte sentencia en el presente asunto hasta que la República de Bulgaria cumpla las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva. |
| --- | --- |

(3)

En el supuesto de que el incumplimiento de las obligaciones constatado en el punto 1 persistiera hasta que se dicte sentencia en el presente asunto, condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una multa coercitiva por importe de 10 800 euros diarios desde que se dicte sentencia en el presente asunto hasta que la República de Bulgaria cumpla las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva.

| (4) | Condene en costas a la República de Bulgaria. |
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(4)

Condene en costas a la República de Bulgaria.

Motivos y principales alegaciones

La Directiva tiene por objeto contribuir al buen funcionamiento del mercado interior, al prever una difusión más amplia en los Estados miembros de los programas de radio y televisión procedentes de otros Estados miembros, facilitando la concesión de licencias de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor sobre las obras y otras prestaciones protegidas que se incluyen en las emisiones de determinados tipos de programas de radio y televisión. Amplía la aplicación del principio del país de origen a los servicios accesorios en línea, programas de radio y algunos tipos de programas de televisión. Asimismo, garantiza el acceso a una mayor oferta transfronteriza de programas y proporciona claridad jurídica en lo que respecta a supuestos de inyección directa.

El artículo 12 de la directiva fija el 7 de junio de 2021 como fecha límite para que los Estados miembros transpongan la Directiva. Conforme al apartado 2 de dicho artículo, «los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva».

El 23 de julio de 2021, la Comisión remitió a la República de Bulgaria un escrito de requerimiento. El 19 de mayo de 2022, la Comisión remitió a la República de Bulgaria un dictamen motivado. Pese a ello, todavía no se han adoptado las medidas de transposición de la Directiva o, en todo caso, no han sido comunicadas a la Comisión.

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(1)  DO 2019, L 130, p. 82.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/31 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/31

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Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2023 — Comisión Europea / República de Bulgaria

(Asunto C-206/23)

(2023/C 205/35)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: B. De Meester, E. Ruseva, agentes)

Demandada: República de Bulgaria

Pretensiones de la parte demandante

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

| (1) | Declare que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 36 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, (1) al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva y no haber comunicado esas disposiciones a la Comisión. |
| --- | --- |

(1)

Declare que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 36 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, (1) al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva y no haber comunicado esas disposiciones a la Comisión.

| (2) | Condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una suma a tanto alzado correspondiente al importe superior de los siguientes dos: a) un día-multa de 1 800 euros, multiplicado por los días transcurridos entre la fecha siguiente al día de expiración del plazo de transposición establecido en la Directiva y la fecha en que se ponga fin al incumplimiento o, si no se le pone fin, la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto; b) un mínimo a tanto alzado de 504 000 euros. |
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(2)

Condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una suma a tanto alzado correspondiente al importe superior de los siguientes dos: a) un día-multa de 1 800 euros, multiplicado por los días transcurridos entre la fecha siguiente al día de expiración del plazo de transposición establecido en la Directiva y la fecha en que se ponga fin al incumplimiento o, si no se le pone fin, la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto; b) un mínimo a tanto alzado de 504 000 euros.

| (3) | En el supuesto de que el incumplimiento de las obligaciones constatado en el punto 1 persistiera hasta que se dicte sentencia en el presente asunto, condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una multa coercitiva por importe de 9 720 euros diarios desde que se dicte sentencia en el presente asunto hasta que la República de Bulgaria cumpla las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva. |
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(3)

En el supuesto de que el incumplimiento de las obligaciones constatado en el punto 1 persistiera hasta que se dicte sentencia en el presente asunto, condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una multa coercitiva por importe de 9 720 euros diarios desde que se dicte sentencia en el presente asunto hasta que la República de Bulgaria cumpla las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva.

| (4) | Condene en costas a la República de Bulgaria. |
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(4)

Condene en costas a la República de Bulgaria.

Motivos y principales alegaciones

La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables determina el marco jurídico relativo al fomento de energía procedente de fuentes renovables en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración, así como del transporte de la Unión Europea. La Directiva establece para la Unión el objetivo vinculante de que la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de al menos el 32 % en 2030. La Directiva prescribe medidas que garantizan que el respaldo de la energía procedente de fuentes renovables sea económicamente eficiente y que se simplifiquen los procedimientos administrativos relativos a proyectos en el ámbito de la energía procedente de energías renovables. También facilita la participación ciudadana en la transición energética y ofrece, asimismo, la posibilidad del consumo de energía propia procedente de fuentes de energía renovable y la creación de comunidades de energía renovable. Además, en la Directiva se definen objetivos concretos hasta 2030 para el incremento de la cuota de fuentes de energía renovable en los sectores de la calefacción y la refrigeración, así como en el sector del transporte, donde las fuentes de energía renovable aumentan a menor velocidad que en el sector de la electricidad. Mediante esta Directiva también se fortalecen los criterios para garantizar la sostenibilidad de la bioenergía.

Señala que el 23 de julio de 2021, la Comisión remitió a la República de Bulgaria un escrito de requerimiento, en el que le recordaba que el plazo para transponer la Directiva había expirado y que aún no había comunicado a la Comisión las medidas para su transposición completa. El 2 de diciembre de 2021, la Comisión remitió a la República de Bulgaria un dictamen motivado de conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No obstante, todavía no se han adoptado las medidas de transposición de la Directiva o, en cualquier caso, no se han comunicado a la Comisión.

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(1)  DO 2018, L 328, p. 82.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/32 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/32

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Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2023 — Comisión Europea / República de Polonia

(Asunto C-212/23)

(2023/C 205/36)

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: U. Małecka, J. Samnadda, agentes)

Demandada: República de Polonia

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12 de la Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE, (1) al no haber adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva y al no haberlas comunicado a la Comisión Europea. |
| --- | --- |

—

Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12 de la Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE, (1) al no haber adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva y al no haberlas comunicado a la Comisión Europea.

| — | Que se condene a la República de Polonia a pagar a la Comisión Europea una cantidad a tanto alzado correspondiente a la mayor de estas dos cantidades: i) un importe de 13 700 euros por día, multiplicado por el número de días que medien entre el día en que expire el plazo de transposición fijado en la citada Directiva y el día en que se subsane la infracción o, en defecto de subsanación, el día en que se dicte sentencia en el presente procedimiento o, ii) una cantidad a tanto alzado mínima de 3 836 000 euros. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la República de Polonia a pagar a la Comisión Europea una cantidad a tanto alzado correspondiente a la mayor de estas dos cantidades: i) un importe de 13 700 euros por día, multiplicado por el número de días que medien entre el día en que expire el plazo de transposición fijado en la citada Directiva y el día en que se subsane la infracción o, en defecto de subsanación, el día en que se dicte sentencia en el presente procedimiento o, ii) una cantidad a tanto alzado mínima de 3 836 000 euros.

| — | En caso de que el incumplimiento de las obligaciones declarado con arreglo a la primera pretensión siga existiendo en la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto, condene a la República de Polonia a pagar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 82 200 euros diarios desde el día en que se dicte sentencia en el presente asunto hasta el día en que dé cumplimiento a las obligaciones que le incumben en virtud de la citada Directiva. |
| --- | --- |

—

En caso de que el incumplimiento de las obligaciones declarado con arreglo a la primera pretensión siga existiendo en la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto, condene a la República de Polonia a pagar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 82 200 euros diarios desde el día en que se dicte sentencia en el presente asunto hasta el día en que dé cumplimiento a las obligaciones que le incumben en virtud de la citada Directiva.

| — | Condene en costas a la República de Polonia. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la República de Polonia.

Motivos y principales alegaciones

La Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE (en lo sucesivo, «Directiva 2019/789») tiene por objeto mejorar el acceso a un mayor número de programas de radio y televisión de diversos Estados miembros facilitando la obtención de derechos de autor y derechos afines. De conformidad con el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2019/789, los Estados miembros estaban obligados a poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva a más tardar el 7 de junio de 2021. Asimismo, los Estados miembros estaban obligados a informar inmediatamente a la Comisión al respecto.

El 23 de julio de 2021, la Comisión envió a la República de Polonia una carta de emplazamiento. El 19 de mayo de 2022, la Comisión envió a la República de Polonia un dictamen motivado. Pese a ello, la República de Polonia aún no ha adoptado medidas de transposición ni las ha comunicado a la Comisión. Las medidas que la República de Polonia ha indicado como transposición parcial de la Directiva 2019/789 al ordenamiento jurídico polaco son anteriores a la adopción de dicha Directiva y no contienen ninguna referencia (cláusulas de interconexión) a ella.

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(1)  DO 2019, L 130, p. 82.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/33 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/33

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Recurso interpuesto el 14 de abril de 2023 — Comisión Europea / República de Bulgaria

(Asunto C-237/23)

(2023/C 205/37)

Lengua de procedimiento: búlgaro

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: U. Małecka, L. Malferrari y N. Nikolova, agentes)

Demandada: República de Bulgaria

Pretensiones de la parte demandante

La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

| (1) | Declare que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 17, aparado 1, de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, (1) al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, no haber comunicado esas disposiciones a la Comisión. |
| --- | --- |

(1)

Declare que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 17, aparado 1, de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, (1) al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, no haber comunicado esas disposiciones a la Comisión.

| (2) | Condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una suma a tanto alzado correspondiente al importe superior de los siguientes dos: i) un día-multa de 1 800 euros, multiplicado por los días transcurridos entre la fecha siguiente al día de expiración del plazo de transposición establecido en la Directiva y la fecha en que se ponga fin al incumplimiento o, si el incumplimiento persiste, la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto; ii) un mínimo a tanto alzado de 504 000 euros. |
| --- | --- |

(2)

Condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una suma a tanto alzado correspondiente al importe superior de los siguientes dos: i) un día-multa de 1 800 euros, multiplicado por los días transcurridos entre la fecha siguiente al día de expiración del plazo de transposición establecido en la Directiva y la fecha en que se ponga fin al incumplimiento o, si el incumplimiento persiste, la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto; ii) un mínimo a tanto alzado de 504 000 euros.

| (3) | En el supuesto de que el incumplimiento de las obligaciones constatado en el punto 1 persistiera hasta que se dicte sentencia en el presente asunto, condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una multa coercitiva por importe de 9 720 euros diarios desde que se dicte sentencia en el presente asunto hasta que el Estado miembro cumpla las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva. |
| --- | --- |

(3)

En el supuesto de que el incumplimiento de las obligaciones constatado en el punto 1 persistiera hasta que se dicte sentencia en el presente asunto, condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una multa coercitiva por importe de 9 720 euros diarios desde que se dicte sentencia en el presente asunto hasta que el Estado miembro cumpla las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva.

| (4) | Condene en costas a la República de Bulgaria. |
| --- | --- |

(4)

Condene en costas a la República de Bulgaria.

Motivos y principales alegaciones

La Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público contiene determinadas disposiciones mínimas para la reutilización y dispone medidas prácticas para facilitar la reutilización de documentos existentes en el sector público y datos de investigación con el fin de fomentar el uso de datos abiertos y estimular la innovación de los productos y servicios. De conformidad con el artículo 17, apartado 1, de la Directiva, los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva a más tardar el 17 de julio de 2021. Asimismo, se esperaba que los Estados miembros comunicaran inmediatamente a la Comisión el texto de las disposiciones adoptadas.

Señala que el 29 de septiembre de 2021, la Comisión envió a la República de Bulgaria un escrito de requerimiento. El 6 de abril de 2022, la Comisión remitió a la República de Bulgaria un dictamen motivado. No obstante, todavía no se han adoptado las medidas de transposición de la Directiva y estas no se han comunicado a la Comisión.

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(1)  DO 2019, L 172, p. 56.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/34 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/34

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Recurso interpuesto el 14 de abril de 2023 — Comisión Europea / República de Letonia

(Asunto C-238/23)

(2023/C 205/38)

Lengua de procedimiento: letón

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: U. Małecka, L. Malferrari e I. Naglis)

Demandada: República de Letonia

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que la República de Letonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, (1) al no haber adoptado ni haber publicado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión. |
| --- | --- |

—

Que se declare que la República de Letonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, (1) al no haber adoptado ni haber publicado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión.

| — | Que se imponga a la República de Letonia el pago de una suma a tanto alzado de 490 euros diarios, con un importe a tanto alzado mínimo de 196 000 euros. |
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—

Que se imponga a la República de Letonia el pago de una suma a tanto alzado de 490 euros diarios, con un importe a tanto alzado mínimo de 196 000 euros.

| — | Que, en caso de que el incumplimiento declarado conforme al punto primero persista hasta la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto, se condene a la República de Letonia a abonar a la Comisión una multa coercitiva por importe de 2 646 euros por cada día de retraso desde el día en que se dicte sentencia en el presente asunto y hasta el día en el que la República de Letonia cumpla sus obligaciones con arreglo a la Directiva. |
| --- | --- |

—

Que, en caso de que el incumplimiento declarado conforme al punto primero persista hasta la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto, se condene a la República de Letonia a abonar a la Comisión una multa coercitiva por importe de 2 646 euros por cada día de retraso desde el día en que se dicte sentencia en el presente asunto y hasta el día en el que la República de Letonia cumpla sus obligaciones con arreglo a la Directiva.

| — | Que se condene en costas a la República de Letonia. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la República de Letonia.

Motivos y principales alegaciones

De conformidad con el artículo 17, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/1024, a más tardar el 17 julio de 2021, los Estados miembros tendrían que haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la referida Directiva y tendrían que haberlas comunicado a la Comisión.

Letonia comunicó una serie de disposiciones normativas; sin embargo, aparte de las modificaciones introducidas en la Informācijas atklātības likums (Ley relativa a la Divulgación de la Información), ninguna de las disposiciones comunicadas hace referencia a la Directiva y, en varias de las disposiciones comunicadas, las últimas modificaciones se llevaron a cabo incluso antes de la adopción de la Directiva.

Las disposiciones normativas comunicadas solo transponen de forma parcial la Directiva.

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(1)  DO 2019, L 172, p. 56

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Tribunal General

| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/35 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/35

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Sentencia del Tribunal General de 8 de marzo de 2023 — Campine y Campine Recycling/Comisión

(Asunto T-94/20) (1)

(«Responsabilidad extracontractual - Competencia - Prácticas colusorias - Mercado del reciclado de baterías de automóviles - Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE - Sentencia que anula parcialmente la Decisión y reduce el importe de la multa impuesta - Negativa de la Comisión a abonar intereses de demora - Artículo 266 TFUE - Artículo 90, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 - Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares - Tipo del interés de demora»)

(2023/C 205/39)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Campine (Beerse, Bélgica), Campine Recycling (Beerse) (representantes: C. Verdonck y B. Gielen, abogadas)

Demandada: Comisión Europea (representantes: P. Rossi, G. Wilms y L. Wildpanner, agentes)

Objeto

Mediante su recurso, las demandantes solicitan, con carácter principal, con arreglo a los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo, en relación con el artículo 266 TFUE, párrafo segundo, por un lado, la reparación del perjuicio que supuestamente sufrieron por el hecho de que la Comisión Europea no pagase los intereses de demora adeudados a raíz de la sentencia de 7 de noviembre de 2019, Campine y Campine Recycling/Comisión (T-240/17, no publicada, EU:T:2019:778) y, por otro lado, el pago de los intereses de demora sobre la anterior indemnización, y, con carácter subsidiario, con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, la anulación de la decisión que figura en el escrito de la Comisión de 13 de enero de 2020, o, con carácter alternativo, en su correo electrónico de 10 de diciembre de 2019, referidos a la negativa de la Comisión a pagarles los citados intereses de demora, y la condena de la Comisión a una reparación en virtud del artículo 340 TFUE o a adoptar las medidas adecuadas para acatar plenamente la sentencia citada, de conformidad con las exigencias contempladas en el artículo 266 TFUE, párrafo primero.

Fallo

| 1) | Condenar a la Comisión Europea a abonar a Campine y a Campine Recycling una indemnización por importe de 300 637,32 euros en concepto de reparación del perjuicio sufrido. |
| --- | --- |

1)

Condenar a la Comisión Europea a abonar a Campine y a Campine Recycling una indemnización por importe de 300 637,32 euros en concepto de reparación del perjuicio sufrido.

| 2) | Incrementar la indemnización contemplada en el punto 1 con intereses de demora, desde el 11 de diciembre de 2019 y hasta su pago íntegro, al tipo que aplica el Banco Central Europeo (BCE) a sus operaciones principales de refinanciación, incrementado en 3,5 puntos porcentuales. |
| --- | --- |

2)

Incrementar la indemnización contemplada en el punto 1 con intereses de demora, desde el 11 de diciembre de 2019 y hasta su pago íntegro, al tipo que aplica el Banco Central Europeo (BCE) a sus operaciones principales de refinanciación, incrementado en 3,5 puntos porcentuales.

| 3) | Condenar a la Comisión a cargar, además de con sus propias costas, con aquellas en que hayan incurrido Campine y Campine Recycling. |
| --- | --- |

3)

Condenar a la Comisión a cargar, además de con sus propias costas, con aquellas en que hayan incurrido Campine y Campine Recycling.

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(1)  DO C 137 de 27.4.2020.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/36 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/36

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Recurso interpuesto el 4 de abril de 2023 — Ben Ali/Consejo

(Asunto T-178/23)

(2023/C 205/40)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali (Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos) (representante: É. Deprez, abogado)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Declare la admisibilidad de las pretensiones de la demandante a efectos de la presente demanda. |
| --- | --- |

—

Declare la admisibilidad de las pretensiones de la demandante a efectos de la presente demanda.

| — | Anule el anexo de la Decisión 2011/72/PESC del Consejo, de 31 de enero de 2011, relativa a medidas restrictivas en la medida en que afecta a la demandante en tanto dicho anexo se prorrogó mediante la Decisión (PESC) 2023/159 del Consejo, el 23 de enero de 2023 y sus efectos. |
| --- | --- |

—

Anule el anexo de la Decisión 2011/72/PESC del Consejo, de 31 de enero de 2011, relativa a medidas restrictivas en la medida en que afecta a la demandante en tanto dicho anexo se prorrogó mediante la Decisión (PESC) 2023/159 del Consejo, el 23 de enero de 2023 y sus efectos.

| — | Condene al Consejo a abonar a la demandante la cantidad de 20 000 euros en concepto de cobertura de los gastos de su derecho de defensa. |
| --- | --- |

—

Condene al Consejo a abonar a la demandante la cantidad de 20 000 euros en concepto de cobertura de los gastos de su derecho de defensa.

| — | Condene en costas al Consejo. |
| --- | --- |

—

Condene en costas al Consejo.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

| 1. | Primer motivo, basado en la minoría de edad de la demandante en el momento de los hechos alegados para fundamentar su inclusión en la lista de sanciones. |
| --- | --- |

1.

Primer motivo, basado en la minoría de edad de la demandante en el momento de los hechos alegados para fundamentar su inclusión en la lista de sanciones.

| 2. | Segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación en que habría incurrido el Consejo. La demandante sostiene a este respecto que antes de basarse en una decisión de una autoridad de un tercer Estado el Consejo debe verificar si dicha decisión se ha adoptado respetando el derecho de defensa. Pues bien, de la lectura de la sentencia de la cour d’appel (tribunal de apelación, Túnez) de 30 de septiembre de 2021 resulta que no se respetó el derecho de defensa de la demandante por el tribunal de primera instancia. |
| --- | --- |

2.

Segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación en que habría incurrido el Consejo. La demandante sostiene a este respecto que antes de basarse en una decisión de una autoridad de un tercer Estado el Consejo debe verificar si dicha decisión se ha adoptado respetando el derecho de defensa. Pues bien, de la lectura de la sentencia de la cour d’appel (tribunal de apelación, Túnez) de 30 de septiembre de 2021 resulta que no se respetó el derecho de defensa de la demandante por el tribunal de primera instancia.

| 3. | Tercer motivo, basado en la vulneración de la presunción de inocencia, dado que no se ha impuesto ninguna condena definitiva en su contra. |
| --- | --- |

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración de la presunción de inocencia, dado que no se ha impuesto ninguna condena definitiva en su contra.

| 4. | Cuarto motivo, basado en la vulneración de la libertad de empresa, ya que la medida impugnada puede tener consecuencias negativas considerables para la vida profesional de la demandante. |
| --- | --- |

4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración de la libertad de empresa, ya que la medida impugnada puede tener consecuencias negativas considerables para la vida profesional de la demandante.

| 5. | Quinto motivo, basado en la vulneración del derecho a trabajar en la medida en la que la Decisión impugnada pone a la demandante en una situación que le impide trabajar. |
| --- | --- |

5.

Quinto motivo, basado en la vulneración del derecho a trabajar en la medida en la que la Decisión impugnada pone a la demandante en una situación que le impide trabajar.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/36 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/36

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Recurso interpuesto el 14 de abril de 2023 — Mindspa/EUIPO — Mind Solutions (MINDSPA)

(Asunto T-196/23)

(2023/C 205/41)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Recurrente: Mindspa OÜ (Tallin, Estonia) (representante: A. Pavelts, abogado)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Mind Solutions Ltd (Sofía, Bulgaria)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante de la marca controvertida: Parte recurrente ante el Tribunal General

Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «MINDSPA» — Solicitud de registro n.o 18306780

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 9 de febrero de 2023 en el asunto R 374/2022-1

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

| — | Anule parcialmente la resolución impugnada, a saber, en la medida en que la Sala de Recurso de la EUIPO confirmó la oposición y denegó la solicitud de marca de la Unión MINDSPA (n.o 18306780). |
| --- | --- |

—

Anule parcialmente la resolución impugnada, a saber, en la medida en que la Sala de Recurso de la EUIPO confirmó la oposición y denegó la solicitud de marca de la Unión MINDSPA (n.o 18306780).

| — | Ordene que se dé protección a la marca controvertida en su totalidad. |
| --- | --- |

—

Ordene que se dé protección a la marca controvertida en su totalidad.

| — | Condene en costas a la EUIPO. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la EUIPO.

Motivo invocado

| — | Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| --- | --- |

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/37 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/37

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Recurso interpuesto el 14 de abril de 2023 — Mindspa/EUIPO — Mind Solutions (SYNCTUITION MINDSPA)

(Asunto T-197/23)

(2023/C 205/42)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Recurrente: Mindspa OÜ (Tallin, Estonia) (representante: A. Pavelts, abogado)

Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Mind Solutions Ltd (Sofía, Bulgaria)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO

Solicitante de la marca controvertida: Parte recurrente ante el Tribunal General

Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «SYNCTUITION MINDSPA» — Solicitud de registro n.o 18306782

Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición

Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 9 de febrero de 2023 en el asunto R 375/2022-1

Pretensiones

La parte recurrente solicita al Tribunal General que:

| — | Anule parcialmente la resolución impugnada, a saber, en la medida en que la Sala de Recurso de la EUIPO confirmó la oposición y denegó la solicitud de marca de la Unión SYNCTUITION MINDSPA (n.o 18306782). |
| --- | --- |

—

Anule parcialmente la resolución impugnada, a saber, en la medida en que la Sala de Recurso de la EUIPO confirmó la oposición y denegó la solicitud de marca de la Unión SYNCTUITION MINDSPA (n.o 18306782).

| — | Ordene que se dé protección a la marca controvertida en su totalidad. |
| --- | --- |

—

Ordene que se dé protección a la marca controvertida en su totalidad.

| — | Condene en costas a la EUIPO. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la EUIPO.

Motivo invocado

| — | Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
| --- | --- |

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/38 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/38

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Recurso interpuesto el 17 de abril de 2023 — USF/EPSU-CJ/Tribunal de Justicia de la Unión Europea

(Asunto T-198/23)

(2023/C 205/43)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Union Syndicale Fédérale/European Public Service Union — Cour de Justice (Luxemburgo, Luxemburgo) (representantes: J. N. Louis y M. Maes, abogados)

Demandada: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

resuelva y declare

| — | que el recurso es admisible y fundado; |
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—

que el recurso es admisible y fundado;

| — | que la decisión de suprimir a la demandante de la lista de destinatarios de la publicación de las decisiones individuales, difundidas desde la dirección «Distributions décisions URC», así como de las listas «IN-OUT», es inexistente o, cuando menos, queda anulada. |
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—

que la decisión de suprimir a la demandante de la lista de destinatarios de la publicación de las decisiones individuales, difundidas desde la dirección «Distributions décisions URC», así como de las listas «IN-OUT», es inexistente o, cuando menos, queda anulada.

| — | Condene en costas a la parte demandada. |
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—

Condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

| 1. | Primer motivo, basado en la incompetencia de la autoridad que adoptó la decisión impugnada. |
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1.

Primer motivo, basado en la incompetencia de la autoridad que adoptó la decisión impugnada.

| 2. | Segundo motivo, basado en la vulneración del derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que incluye el derecho de toda persona a ser oída antes de que se adopte en su contra una medida individual que la afecte desfavorablemente. |
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2.

Segundo motivo, basado en la vulneración del derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que incluye el derecho de toda persona a ser oída antes de que se adopte en su contra una medida individual que la afecte desfavorablemente.

| 3. | Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 25 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, que obliga a todas las instituciones de la Unión a publicar internamente todas las decisiones individuales relativas al nombramiento, al nombramiento definitivo, a la promoción, al traslado, a las situaciones administrativas y al cese de un funcionario. |
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3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 25 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, que obliga a todas las instituciones de la Unión a publicar internamente todas las decisiones individuales relativas al nombramiento, al nombramiento definitivo, a la promoción, al traslado, a las situaciones administrativas y al cese de un funcionario.

| 4. | Cuarto motivo, basado en el incumplimiento del Acuerdo-marco firmado entre la AFPN del Tribunal de Justicia y la demandante, que dispone que las decisiones de la AFPN relativas a una organización sindical o profesional representativa firmante de dicho Acuerdo no podrán ser adoptadas sin conocimiento del Secretario, como ha sucedido en el caso de autos. |
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4.

Cuarto motivo, basado en el incumplimiento del Acuerdo-marco firmado entre la AFPN del Tribunal de Justicia y la demandante, que dispone que las decisiones de la AFPN relativas a una organización sindical o profesional representativa firmante de dicho Acuerdo no podrán ser adoptadas sin conocimiento del Secretario, como ha sucedido en el caso de autos.

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| 12.6.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 205/39 |
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12.6.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 205/39

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Recurso interpuesto el 18 de abril 2023 — Kivikoski y otros/Consejo

(Asunto T-202/23)

(2023/C 205/44)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandantes: Ville Kivikoski (Wezembeek-Oppem, Bélgica), Ottavia Maffia (Bruselas, Bélgica), Peter Pristovnik (Bruselas, Bélgica) (representante: N. de Montigny, abogada)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

Los demandantes solicitan al Tribunal General que:

| — | Anule la decisión de 13 de julio de 2022. |
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—

Anule la decisión de 13 de julio de 2022.

| — | Anule, en la medida en que sea necesario, dado que sirve de fundamento a la decisión de 13 de julio de 2022, la decisión de desestimación de la reclamación de 2 de febrero de 2023. |
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—

Anule, en la medida en que sea necesario, dado que sirve de fundamento a la decisión de 13 de julio de 2022, la decisión de desestimación de la reclamación de 2 de febrero de 2023.

| — | Condene en costas a la parte demandada. |
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—

Condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso contra la decisión del Secretario General del Consejo de 13 de julio de 2022 de no promocionarlos por el ejercicio de promoción correspondiente a 2022, los demandantes invocan dos motivos.

| 1. | Primer motivo, basado en la ilegalidad de la decisión impugnada en la medida en que se basa en una aplicación incorrecta de las normas y de los tipos estatutarios aplicables en materia de promoción, que infringe el Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europa y les ha causado una grave pérdida de la posibilidad de ser promocionados al grado AST 8. |
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1.

Primer motivo, basado en la ilegalidad de la decisión impugnada en la medida en que se basa en una aplicación incorrecta de las normas y de los tipos estatutarios aplicables en materia de promoción, que infringe el Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europa y les ha causado una grave pérdida de la posibilidad de ser promocionados al grado AST 8.

| 2. | Segundo motivo, basado en la infracción de los principios de previsibilidad y de seguridad jurídica y en el hecho de que han sufrido una diferencia de trato ilegal, basada en su pertenencia al grado AST7, no previsto por el legislador. |
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2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los principios de previsibilidad y de seguridad jurídica y en el hecho de que han sufrido una diferencia de trato ilegal, basada en su pertenencia al grado AST7, no previsto por el legislador.

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