Número identificador

SEN 20 2 4

_________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL ESPECIAL 1

PR ASSET PORTFOLIO 2013

- 1 INTERNATIONAL,

LLC Apelado

V
. ONE ALLIANCE INS URANCE CORPORATION Apelante KLAN202400219 APELACIÓN p rocedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito
Caso Núm. : SJ2019CV10751 Sobre: Incumplimiento Aseguradora Huracanes Irma/María Panel integrado por su presidenta, el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Hernández Sánchez Rivera Pérez, Jueza Ponente

SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 31 de ma yo de 2024. Comparece ante nos One Alliance Insurance Corporation (en adelante, parte apelante o One Alliance) y nos solicita la revisión de

una Sentencia emitida el 11 de enero de 2024, notificada el 17 de enero de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito (en adelante, TPI de Aibonito o foro primario). Mediante
dicho dictame n, el TPI declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia
Sumaria presentada el 19 de septiembre de 2023 por PR Asset Porfolio 2013

- 1 International, LLC (en adelante, parte apelada o
PRAPI ) , y N o Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada el 24 de septiemb re de 2023 por One Alliance. En consecuencia, el foro primario le ordenó a la aquí parte apelante a satisfacer el pago de $1,493,856.59 a favor de la parte apelada bajo el acuerdo de 2nd
Claim Submission ; culminar el ajuste y pago de las reclamaciones

1 Conforme a la Orden Adm. OAJP

- 2021

- 086 inciso 3, sobre la asignación de recurso s nuevos cuando el mismo ha generado recursos anteriores en el TA y OATA2023

- 040 del 1 de marzo de 2023, que nombró al Juez Hernández Sánchez en sustitución de la Hon. Meléndez Miró. Relacionado con los recursos KLAN202201050, KLCE202201271 y KLCE202201330 asignados al Juez Rodríguez Casillas.KLAN202400219 2

pend ientes de las propiedad es, incluidas en la parte del 2nd Claim
Submission y la totalidad del 3rd Claim Submission , de las propiedades sitas en la Región Judicial de Aibonito; el pago a PRAPI de los intereses postsentencia calculados al interés legal vigente del 9.2%; el pago a PRAPI de intereses presentencia por morosidad; y el pago de honorarios de abogado por la cuantía de $25,000.00

c onforme lo requiere el Artículo 27.165 del Código de Seguros, infra

. Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma la Sentencia apelada.

- I La demanda original del caso de ep grafe í fue radicada el 6 de septiembre de 2019 ante el Tribunal de Primera Instancia , Sala Superior de San Juan

. 2 A la referida acción legal

- sobre incumplimiento de contrato de seguro, mala fe y acción declaratoria

le fue asignado el número SJ2019CV09195. Sin embargo, toda vez que las propiedades objeto de reclamación radicaban en distintas municipalidades, el 17 de septiembre de 2019 , el TPI de San Juan ordenó la separación de las causas de acción mediante la creación
de casos nuevos. 3 Además, dispuso que luego de cobrar los aranceles correspondientes para cada caso nuevo, procedería el traslado de estos a las regiones judiciales correspondientes, donde la parte demandante deb ía radicar una demanda enmendada. Así, la causa de acción de epígrafe quedó dividida en trece ( 13 ) cas os, en doce ( 12 ) regiones judiciales distintas. En cumplimiento con la Orden d el TPI de San Juan , PRAPI presentó las correspondientes Demandas Enmendad as en las distintas Regiones Judiciales. Las alegaciones y remedios solicitados

2 Véase la entra da Núm. 1 del expediente digital del Caso Núm. SJ2019CV10751 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). 3 Entrada 2 del caso Núm. SJ2019CV10751 de SUMAC

.KLAN202400219 3

en las demandas enmendadas eran los mismos , excepto por la descripción de las propiedades y las cuantías reclamadas. Ahora bien, ante nuestra consideración se encuentran
únicamente el caso SJ2019CV10751 de la Región Judicial de
Aibonito.
E l 12 de febrero de 2020, PR API presentó su Demanda
E nmendada en la Región Judicial de Aibonito contra One Alliance. 4 En apretada síntesis, PR API alegó que pos ee varias propiedades

— entre residenciales y comerciales

— que sufrieron daños como consecuencia del paso del h uracán María por Puerto Rico. Toda vez que la s propiedades estaba n asegurada s mediante las póliza s número 7 5

- 28

- 000001258 y 75

- 28

- 000001259 , expedida s por One Alliance , P RAPI sometió la reclamación correspondiente. L as referidas pólizas proveían cubierta , entre otras, a cinco ( 5 ) propiedades localizadas en la Región Judicial de Aibonito , las cuales fueron objeto de la causa de acción en el caso de epígrafe

. Surge del expediente que l as partes acordaron atender la
reclamación en tres (3) fases: 1st, 2nd y 3rd Claim Submission

. Con respecto al 1st Claim Submission , PR API arguyó que One Alliance pagó el ajuste ofertado correspondiente a cuarenta y tres ( 43 ) propiedades por la cantidad global de $2,123,198. 90

. De estas cuarenta y tres ( 43 ) , dos ( 2 ) e staban sitas en la R egión Judicial de
Aibonito , por las cuales se pagó $81,601.078

. Por otro lado , a pesar del ajuste, oferta y promesa de pago que hizo On e Alliance por veintinueve ( 29 ) de las sesenta y cuatro ( 6 4 ) propiedades del 2nd
Claim Submission

- el cual incluía una (1) de las cinco (5) propiedades sitas en la Región Judicial de Aibonito

- PR API alegó que esta primera
se retract ó y retir ó la oferta ya aceptada por la cantidad de $1,4 93 , 856

. 59

. Asimismo, sostuvo que One Alliance decidió

4 Apéndice del recurso de Apelación , págs. 1

- 2 2

.KLAN202400219 4

unilateralmente reducir el pago aceptado a $413,354.44, luego de

r estar un supuesto sobrepago en el 1st Claim Submission. Además,
PR API aleg ó que One Alliance no atendi ó el 3rd Claim Submission a pesar de que había sido sometido hace más de un año , el cual incluía dos (2) propiedades sitas en la Región Judicial de Aibonito

. Ante ello , PR API solicit ó el pago correspondiente de las propiedades del 2do Claim Submission que ubican en la Región
Judicial de Aibontio , el cual fue ofrecido por la cantidad de $5,702.60 . Además, solicitó intereses, daños, el pago de las pérdidas reclamadas y cubiertas correspondientes a las restantes propiedades que fue ofrecido, acordado y aceptado; m á s el pago correspondiente a las restantes treinta y cinco ( 35 ) propiedades de l 2nd Claim Submission; así como la totalidad del 3er Claim
Submission

. Tras varios incidentes procesales, el 22 de marzo de 2020, One Alliance presentó su contestación a la D emanda E nmendada

. 5 Mediante esta, r econoció el pago realizado a favor de PR API por el 1st Claim Submission, así como la oferta de pago correspondiente a veintinueve ( 29 ) propiedades del 2nd Claim Submission. No obstante, arguyó que el ajuste siempre est uvo sujeto a que posteriormente no
surg iera información errónea sobre la propiedad o que constitu yera ocultación de información material para el ajuste de la reclamación.
En cuanto al 3rd Claim Sumbission , One Alliance asegur ó que llevó a cabo la investigación correspondiente, pero que hubo la necesidad
de re

- inspeccionar las p ropiedades puesto que existían diferencias en el alcance de los daños directos causados por el huracán. Así,
One Alli an ce alegó en su defensa que P RAPI mintió, ocultó
información o deliberadamente sometió información fal s a e incompleta en apoyo a sus reclamaciones. Por ello, señaló que

5 Apéndice del recurso de Apelación , págs. 23

- 48

.KLAN202400219 5

procedía la devolución de los pagos realizados por el 1st Claim
Submission ; procedía denegar el pago de las reclamaciones
restantes , y anular la póliza de seguro.
Posteriormente , el 2 de febrero de 2021, One Alliance radicó

una Reconvenció n donde adujo que durante el descubrimiento de prueba obtuvo información relacionada a actuaciones de PR API constitutivas de fraude y falsa representación

. 6 Así, por ejemplo, alegó que PR API no ostentaba interés propietario sobre parte de las propiedades aseguradas, algunas con anterioridad al paso del huracán María, otras durante el proceso de reclamación y ajuste , y otras, con anterioridad a la presentación de la D emanda

. Ello, en
unión a la ocultación de información sobre las condiciones de las propiedades, los números de catastro y descripción registral de
estas

. Por tanto , toda vez que PR API no poseía un interés asegurable
sobre algunas de las propiedades , One Alliance s ostuvo que procedía la anulación de la póliza y la devolución de los pagos realizados en el 1st Claim Submission.
E l 5 de abril de 2021, PR API replicó y argument ó que ni el estado de derecho vigente, ni la póliza de seguro requiere n que
ostent ara un interés asegurable al momento del pago d el 1st Claim
Submission y el 2nd Claim Submission

. 7 Además, con respecto al pago del 1st Claim Submission , P RAPI alegó que el mismo constituyó

un pago en finiquito , por lo que One Alliance no t enía derecho a

rec obrar el dinero ofrecido, aceptado y depositado. Además, alegó
que de conformidad a lo resuelto en Carpets & Rugs v. Tropical Reps , 175 DPR 615 (2009) , One Alliance est aba impedida de retractarse del ajuste y oferta emitida y aceptada con relación al 1st y 2nd Claim
Submission. Por último, PR API señaló que One Alliance no p odía

6 Entrada 45 del caso Núm. SJ2019CV10751 de SUMAC. 7 Entrada 66 del caso Núm. SJ2019CV10751 de SUMAC.KLAN202400219 6

invocar el fraude como defensa a la cubierta al haber sido negligente en su investigación. Así la s cosas, PR API presentó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial y escrito intitulado Relación de hechos materiales incontrovertidos apoyando Solicitud de Sentencia Sumaria

. 8 En síntesis, ante la inexistencia de hechos en controversia solicitó : que se declar ara que PR API no t enía que devolver el dinero recibido como pago por el 1st Claim Submission; el pago del ajuste y oferta emitido por One Alliance

— aceptado por PR API

— correspondiente a veintiocho ( 28 ) de las sesenta y tres ( 63 ) propiedades incluidas en el 2nd Claim Submission ; que se declar ara que One Alliance no p odía anular las pólizas ; y que se orden ara a la aseguradora a culminar la investigación de las reclamaciones que contin uaban pendientes. Apoyó su solicitud en la s deposici o n es tomada s al Sr. Orlando
Rivera Cintrón , Gerente de Reclamaciones de One Alliance, al Sr. Mortimer P. Vélez Monclova , Vicepresidente Auxiliar de Suscripción de One Alliance, al Sr. Víctor Ríos , Presidente de One Alliance y al
Sr. Ricardo Acosta de la Rosa , a justador de s eguros. También incluyó una declaración jurada del Sr. Anthony Soto , re presentante de PR API ; la póliza de seguro; los cheques emitidos y endosados correspondientes al 1st Claim Submission , así como otros documentos relacionados a las reclamaciones pendientes. One Alliance se opuso alegando la existencia de hechos
materiales en controversia ; principalmente, sobre las actuaciones constitutivas de fraude y falsa representación incurridas por PRAPI en la tramitación de las reclamaciones. 9 Así, por ejemplo, cuestionó
si PR API verdadera mente t enía un interés asegurable sobre las propiedades en cuestión

. One Alliance se opuso y para sostener sus argumentos, incluyó en su escrito en oposición la deposición tomada

8 Entradas 84 y 85 del caso Núm. SJ2019CV10751 de SUMAC. 9 Entrada 91 del caso Núm. SJ2019CV10751 de SUMAC.KLAN202400219 7

al Sr. Anthony Santoro, representante de PR API y una declaración jurada del Sr. Rafael Muñoz , analista financiero de P RAPI . Además, hizo referencia a las deposiciones incluidas por PR API en su solicitud de S entencia S umaria , así como otros documentos relacionados, para contrarrestar aquellas determina ciones de hechos que había propuesto, la apelada, como incontrovertidos, por entender que constituían una malinterpretación de lo verdaderamente declarado

. E l 18 de noviembre de 2022 , notificada el 21 de noviembre de 2022, el TPI de Aibonito dictó Sentencia Parcial

. 10 En virtud de las
determinaciones de hechos y la documentación sometida , el TPI concluyó que PR API no cometió ningún tipo de fraude o “que haya
habido otras circunstancia s extraordinarias que al asegurador le era imposible descubrir a pesar de una investigación diligente previo a emitir su ajuste ”. En consecuencia, resolvió que One Alliane no
p odía retractarse de los ajustes y ofertas del 1st Claim Submission
con relación a las propiedades ubicadas en Aibonito; por tanto,
P R API no t enía que devolver dinero alguno. En cuanto al restante de las alegaciones y remedios solicitados en la D emanda Enmendada , relacionados al 2nd y 3rd Claim Submission , resolvió que se atenderían en juicio plenario.
Inconfor me con la determinación del TPI de Aibonito, One Alliance presentó el recurso de A pelación en el caso
KLAN202201050 imputándole al TPI haber cometido los siguientes

error es luego de declarar Ha lugar la Sentencia Sumaria presentada por PR API : 1) que erró el TPI al determinar que One alliance no se podía retracta r de los ajustes y ofertas del 1st Claim Submission , esto a pesar de que el foro primaria había determinado que atendería la
validez de la nulidad de la póliza en vista plenaria; 2) que erró el TPI

10 Entrada 100 del caso Núm. SJ2019CV10751 de SUMAC.KLAN202400219 8

al determinar que PR Asset no tenía que devolverle a One Alliance suma algun a a pesar de que determinó que la validez de la nulidad de la póliza sería atendida en vis ta plenaria , violando así el debido proceso de ley y; 3) que erró el TPI al determinar que no procedía devolución alguna a One Alliance, cuando dicha controversia estaba pendiente de adjudicación en la Reconvención , violándose el debido proceso de ley

. 11 El 13 de marzo de 2023, dictamos Sentencia mediante la cual
revocamos la Sentencia Parcial dictada por el TPI de Aibonito. En esa ocasión razonamos que, ante la existencia de controversia relacionada a las alegaciones de fraude y falsa representación sobr e las propiedades aseguradas, no procedía dictarse S entencia S umaria
P arcial

. Surge del expediente que el 15 de mayo de 2023, PR API acudió ante nuestro más alto foro. Sin embargo, el Tribunal Supremo no expidió el auto. 12 El 19 de septiembre de 2023, PR API presentó una Moción para que se dicte Sentencia Sumaria de conformidad a Sentencia final y firme en caso relacionado de Caguas por ser cosa juzgada sobre las materias de en este pleito

. 13 Mediante esta, PR API señaló que este Tribunal de Apelaciones dictó una Sentencia en la cual revocamos
la determinación del TPI de Caguas por haber denegado la Moción
de S entencia S umaria P arcial present ada por esta

. Además, expres ó que en la referida Sentencia le concedimos los remedios solic itados y desestimamos la Reconvención presentada por One Alliance. Asimismo, P RAPI apuntó que debido a que la Sentencia había

11 KLAN202201050. Este caso fue consolidado con el caso KLCE20201271 en el cual se recurrió de una Resolución dictada por el TPI, Sala Superior de Humacao y el KLCE20201330, del cua l se recurrió de una Resolución dictada por el TPI, Sala Superior de Guayama. En ambos casos, los foros inferiores denegaron la Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por PR Asset. En relación a estos últimos dos, este tribunal denegó la expedición del recurso de certiorari

. 12 Véase AC

- 2023

- 0037. 13 Apéndice del recurso de Apelación, pág s . 399

- 474

. Véase, además , KLCE20201139.KLAN202400219 9

advenido final y firme, esta tenía el efecto de cosa juzgada . Según
PR API , los pleitos instados en las distintas regiones judicial es , donde había propiedades aseguradas , surgen a raíz del fraccionamiento del pleito original en la Región Judicial de San Juan. Por tanto, argumentó que todos los pleitos en las distintas regiones judiciales versaban sobre las mismas partes , las mismas reclamaciones de seguro bajo las mismas pólizas, involucraban las
mismas transacciones y se trataba de las mismas controversias de hecho y de derecho . A sí pues, para que se garantizara la consistencia que requiere la doctrina de cosa juzgada solicitó los siguientes remedios:

• Declare que la anulación de las pólizas fue invalida; Declare que One Alliance no se puede retractar de los ajustes y ofertas del 1st Claim Submission y parte del 2nd Claim Submission; • Declare que PRAPI no tiene que devolverle a One Alliance suma alguna con relación al 1st Claim Submission; • Ordene a One Alliance a pag arle a PRAPI los $1,493,856.59 que le debe bajo el acuerdo suscrito entre las partes respecto el 2nd Claim Submission; • Ordene a One Alliance a culminar el ajuste y pago de las reclamaciones de propiedad incluidas en parte del 2nd Claim Submission y la t otalidad del 3rd Claim Submission en un término perentorio; • Ordene a One Alliance a pagarle a PRAPI los intereses post

- sentencia calculados al interés legal de 9.25% según dispone la tabla de intereses aplicables a sentencias judiciales emitida por la O ficina del Comisionado de Instituciones Financieras; • Ordene a One Alliance a pagarle a PRAPI los intereses pre

- sentencia por morosidad, debido a que One Alliance no tenía razón leg [í] tima para negarse a satisfacer el ajuste y oferta que le cursó a PRAPI en el 2019; • Ordene a One Alliance a pagar honorarios de abogado conforme lo requiere el Artículo 27.165 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. § 2716e (“Al recaer una sentencia o decreto por cualquiera de los tribunales contra un asegurador y en favor de cualquier asegurado nombrado [...] el Tribunal de Primera Instancia [...] deberá adjudicar o decretar contra el asegurador y a favor del asegurado o el abogado del beneficiario una suma razonable como honorarios o compensación por haber procesado la demanda en la que se obtuvo una recuperación

. ” Por su parte, el 24 de septiembre de 2023, One Alliance presentó su Moción de Sentencia Sumaria en virtud de la Regla 36.3
de Procedimiento Civil

. 14 En l a referida moción, One Alliance s ostuvo

14 Apéndice del r ecurso de Apelación , pág s . 475

- 1548

.KLAN202400219 10

la alegación sobre la comisión de conductas fraudulentas por parte de PRAPI, en violación a las cláusulas del contrato de seguros
suscrito entre amb a s partes

. Por tal razón, solicitó que : a) se determin ara la comisión de fraude por parte de PR API ; b) se anul ara la póliza de seguros número 75

- 28

- 000001259

- 0 (NPL) ; c) se anul ara la póliza de seguros número 75

- 28

- 000001258

- 0 (REO) ; d)

s e le orden ara a P RAPI devolver le a One Alliance el dinero pagado
por concep to del 1st Claim Submission ; y e ) s e le imp usiera el pago de los gastos incurridos al momento a favor del One Alliance. Asimismo, el 11 de octubre de 2023, One Alliance presentó

una Oposición a Moción para que se dicte Sentencia Sumaria y en
solicitud de desestimación

. 15 E n esta , One Alliance arguyó que no procedía la Sentencia Sumaria presentada por PRAPI debido a que la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso de la Región Judicial de Caguas no se adjudic ó en cuanto a causas de acción pendientes, principalmente sobre las alegadas actuaciones fraudulentas de la parte apelada

. 16 Por tanto, para One Alliance
existían hechos materiales que estaban en controversia que impedían disponer el caso sumariamente

. Tamb ién , adujo que no se cumplía con los requisitos de la doctrina de cosa juzgada , toda vez que el caso de autos no gozaba de cosas y causas de perfecta
identidad entre ambos pleitos. Señaló , además , que en la alternativa las determinacio nes de este Tribunal de Apelaciones sobre los casos
de las demás regiones judiciales

- l a s cuales declaraban S in Lugar la
Sentencia Sumaria

- surtieran efecto de c osa j uzgada sobre el caso de la Región de Caguas

. 17 Señalaron que estas gozab an de finalidad y firmeza prev iamente a la emisión de la Sentencia en Caguas.

15 Apéndice del r ecurso de Apelación , pág s . 1549

- 1562

. 16 Véase KLCE202201139. 17 Véase sentencias consolidadas KLCE202201271, KLCE202201330 y KLAN202201050 que determinan que no procede la Sentencia Sumaria ante la existencia de hechos esenciales en controversia.KLAN202400219 11 El 21 de noviembre de 2023 , PR API presentó Escrito en
O posición a M

oción de Sentencia Sumaria de One Alliance [SUMAC Núm. 126]; en R éplica a O posición y S olicitud de D esestimación de
One Alliance [SUMAC Núm. 130]; y en S olicitud de H onorarios por
T emeridad en el cual reprodujo brevemente los argumentos que apoyaban su Moción de Sentencia Sumaria

. 18 Expresó que One Alliance incumplió con los requisitos de la Regla 36 de las de
Procedimient o Civil , infra . Asimismo, señaló que obtuvo dos
sentencias dictadas por este foro intermedio en donde declaramos Ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por ellos
y otra que confirma a l foro de instancia el cual declaró H a lugar la
Demanda luego de un juicio en su fondo. 19 En cuanto a esta última, resolvimos que la decisión de la Región Judicial de Caguas tuvo el efecto de cosa juzgada sobre la Región Judicial de Aguadilla. 20 Además , P RAPI presentó Moción informativa sobr e decisiones persuasivas en la cual expresó que existían seis (6) sentencias ordenando a One Alliance : (1) a pagar su ajuste del 2nd Claim
Submission ; (2) ajustar el remanente del 2nd Claim Submission y la
totalidad del 3rd Claim Submission ; y (3) pagar la suma producto de ese ajuste. 21 Explicó que estas sentencias eran uniformes en torno a que las alegaciones de fraude de One Alliance eran inmeritorias tanto procesal como sustantivamente, y q ue además, anul aron las

18 Apéndice del r ecurso de Apelación , pág s . 1563

- 1 703

. 19 En específico, dos s entencias del Tribunal de Apelaciones , una que corresponde a la Región Judicial de Cagu as ( KLCE2O22O1139 ) y otra a la Región Judicial de Fajardo ( KLCE2O22O1212 ) . Además, la Sentencia del T ribunal de Apelaciones de 22 de septiembre de 2023, confirmando la Sentencia f inal del T ribunal de Primera Instancia de Aguadilla, emitida luego de un juicio en su fondo (KLAN202300485). 20 Véase KLCE2O22O1139 y KLAN202300485. 21 Apéndice del r ecurso de Apelación, pág s . 1704

- 1859 ; Véase , KLAN202300485 (proveniente del caso SJ2019CV10725 del TPI de Aguadilla ); KLCE202201139 (proveniente del caso SJ2019CV10729 del TPI de Caguas); KLCE202201212 (proveniente del caso SJ2019CV10753 del TPI de Fajardo ); SJ 2019CV10806 (proveniente d el T PI de Ponce a la entrada de SUMAC Núm. 150); SJ2019CV10808 (proveniente del TPI de Utuado a la entrada de SUMAC Núm. 187); SJ2019CV10739 (proveniente del T PI de Arecibo a la entrada de SUMAC Núm. 319)

.KLAN202400219 12

pólizas objeto de los litigios ilícitamente. También , señaló que dos
de esas sentencias eran finales y firmes

. El 13 de diciembre de 2023, One Alliane present ó Breve
D úplica a: “Réplica a Oposición y Solicitud Desestimación De One Alliance [Sumac Núm. 130] y Solicitud de Honor arios por Temeridad y a Moción Informativa sobre Decisiones Persuasivas”

. 22 Señaló en la
referida contestación que no existían propiedades inmuebles en la jurisdicción de Aibonito que pudieran haberse juzgado mediante

una Sentencia emitida en otro f oro j udicial y que en el caso de autos este tribunal apelativo había emiti do una Sentencia final y firme
don d e resolvi mos que no procedía la solicitud de S entencia S umaria presentada por PR API , debido a la existencia de controversia de
hechos. 23 Además, señaló que este foro intermedi o emitió un Mandato al TPI de Aibonito con una orden específica de continuar los procedimientos. Por tanto , sostuvo que no procedía la solicitud
de PR API de Sentenci a Sumaria por una controversia que fue juzgada en otra j urisdicción y bajo otro supuesto de hechos. Así pues, señaló que procedía la continuación de los procedimi e ntos en el TPI de Aibonito

. El 13 de diciembre de 2023, One Alliance ripostó con un escrito intitulado Réplica a “ E scrito en O

posición a M

oción de Sentencia Sumaria de One Alliance [SUMAC Núm 126]” y en O posición a “ S olicitud de H

onorarios por T

emeridad”

. 24 A rgumentó que cumplió con los requisitos de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil , infra

. Asimismo, apuntó que había levantado el fraude desde el inicio de l pleito y que esta acción no est aba prescrita conforme al Código de Seguros de Puerto Rico. S eñaló que había sido PRAPI quien

22 Apéndice del r ecurso de Apelación, pág s . 1860

- 1866

. 23 Véase KLAN202201050

. 24 Apéndice del r ecurso de Apelación, pág s . 1867

- 1884

.KLAN202400219 13

obstaculizó los procedimientos para que pudiera obtener la prueba sobre el alegado fraude. Así las cosas, el 1 1 de enero de 2024 , el TPI de Aibonito dictó Sentencia en el caso de autos

. 25 El foro primario realizó las sigui entes determinaciones de hechos:
1. El 10 de enero de 2023, notificada el 11 del mismo mes, el Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia en el caso KLCE202201139 (proveniente del caso SJ2019CV10729 del Tribunal de Caguas) (“Sentencia de Caguas”), revocando la R esolución del Tribunal de Primera Instancia en el caso relacionado de Caguas, que había denegado la Moción de Sentencia Sumaria de PRAPI. 2. En la Sentencia de Caguas, el Tribunal de Apelaciones determinó que One Alliance no podía retractarse del ajuste que le emitió a PRAPI. En cuanto a esto, dispuso que “One Alliance no demostró que hayan surgido circunstancias extraordinarias que le fueran imposibles descubrir al momento de emitir el ajuste.” Véase Id., pág. 8. Por tanto, concluyó que “erró el Tribunal de Primera Instancia al no ordenar a One Alliance que realizara el pago del ajuste emitido ya que se trata de una deuda líquida, vencida y exigible.” Véase Id., pág. 9; véase además Id., pág. 8 (PRAPI “[s]eñala qu e [el TPI] debió ordenar a One Alliance cumplir con el pago del ajuste emitido en el 2nd Claim Submission. Tiene razón.”). 3. El Tribunal de Apelaciones también determinó que “[s]i bien es cierto que, One Alliance presentó Reconvención alegando fraude por pa rte de PRAPI, el momento para levantar cualquier reclamación era cuando se realizó la investigación de la reclamación y el ajuste, no posteriormente,” por lo cual no procedía la misma. Véase Id., pág. 8

- 9. 4. One Alliance recurrió al Tribunal Supremo de la S entencia. El Tribunal Supremo acogió la apelación de One Alliance como recurso de Certiorari y la denegó. 5. El Tribunal Supremo rechazó las dos mociones de reconsideración que presentó la aseguradora posteriormente, por lo cual, habiéndosele agotado los rem edios apelativos a One Alliance, la Sentencia de Caguas advino en final y firme. 6. El 11 de septiembre de 2023 se registró el mandato correspondiente en autos en el caso de Caguas

. 7. Este Tribunal toma conocimiento judicial que el Tribunal de Apelaciones emit ió otra sentencia idéntica a la de Caguas, pero esta vez proveniente del pleito ventilándose en la Región Judicial de Fajardo (“Sentencia de Fajardo”) en el caso KLCE202201212 (proveniente del caso SJ2019CV10753 del Tribunal de Fajardo). Esta Sentencia tam bién es final y firme, según el expediente de ese caso demuestra.1 [SUMAC 138].

Ante dichas determinación de hecho s , concluyó el TPI de Aibonito que; procedía dictar Sentencia a favor de PRAPI toda vez que las
sentencias de l TPI Caguas y Fajardo surtían efecto de cosa juzgada en el caso de autos; que procedía declarar No ha lugar la Moción de

25 Apéndice del r ecurso de Apelación, pág s . 1885

- 1898

.KLAN202400219 14

Sentencia Sumaria presentada por One Alliance por adolecer de múltiples defectos procesales, y además, porque estaba vedada como cuestión de derecho por operación de la doctrina de cosa juzgada; y que One Alliance no había demostrado la existencia del alegado fraude por parte de PRAPI. Por tanto, el TPI de Aibonito
declaró H a l ugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por PRAPI y No ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por
One Alliance

. Asimismo , dictó Sentencia declarando : que la anulación de las pólizas por One Alliance fue inválida; que One Alliance no se puede retractar de los ajustes y ofe rtas del 1st Claim
Submission y parte del 2nd Claim Submission ; y que PRAPI no tiene
tenía que devolverle a One Alliance suma alguna con relación al 1st Claim Submission

. En consencuencia , orde n ó a One Alliance lo siguiente :

• Pagarle a PRAPI los $1,493,856.59 que le debe bajo el acuerdo suscrito entre las partes respecto el 2nd Claim Submission; • Culminar el ajuste y pago de las reclamaciones pendientes de propiedad incluidas en parte del 2nd Claim Submission y la totalidad d el 3rd Claim Submission sitas en la Región Judicial de Aibonito en un término perentorio de 30 días; • Pagarle a PRAPI los intereses post

- sentencia calculados al interés legal vigente de 9.25% según dispone la tabla de intereses aplicables a sentencias ju diciales emitida por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras; • ... [P] agarle a PRAPI los intereses pre

- sentencia por morosidad, debido a que One Alliance no tenía razón leg [í] tima para negarse a satisfacer el ajuste y oferta que le cursó a PRAPI en el 2019; • Pagarle [a] PRAPI honorarios de abogado por la cuantía de $25,000 conforme lo requiere el Artículo 27.165 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. § 2716e (“Al recaer una sentencia o decreto por cualquiera de los tribunales contra un asegura dor y en favor de cualquier asegurado nombrado [...] el Tribunal de Primera Instancia [...] deberá adjudicar o decretar contra el asegurador y a favor del asegurado o el abogado del beneficiario una suma razonable como honorarios o compensación por haber proce sado la demanda en la que se obtuvo una recuperación”.) El 1 de febrero de 2024, One Alliance solicitó la Reconsideración de la referida Sentencia emitida por el TPI deKLAN202400219 15

Aibonito

. 26 Dicha Reconsideración fue declarada No ha l ugar por el
foro primario el 5 de febrero de 2024. 27
I n satisfecho , One Alliance acudió ante nos el 6 de marzo de 2024 mediante recurso de Apelación y nos planteó la comisión de los siguientes errores:
PRIMER ERROR: ERR Ó EL TPI AL DETERMINAR “QUE LAS SENTENCIAS DE CAGUAS Y FAJARDO SURTEN EFECTO DE COSA JUZGADA EN ESTE PLEITO” Y NO ORDENARSE LA DESESTIMACI Ó N; PUES LO JUZGADO, COMO CUESTI Ó N DE DERECHO UMBRAL, NO PUEDE VOLVER A JUZGARSE; (i) APLICANDO ERR Ó NEAMENTE LA DOCTRINA DE “COSA JUZGADA” EL TPI EMITI Ó , EN ABUSO DE SU DISCREC I Ó N Y VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO DE LEY, ORDEN PARA QUE ON E ALLIANCE EMITIERA LOS PAGOS QUE YA HAB Í AN SIDO ORDENADOS EN LA REGI Ó N DE CAGUAS Y DE FAJARDO, CONVIRTI É NDOSE EN UNA ORDEN DE PAGO TRIPLICADO; (ii) ORDENANDO EL PAGO DE INTERESES PRE

SENTENCIA CUANDO EL CASO DE AUTOS ES EN RECLAMO DE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO NO DE COBRO DE DINERO; (iii) ORDENANDO EL PAGO DE INTERESES POST

SENTENCIA Y HONORARIOS QUE TAMBI É N HAB Í AN SIDO ORDENADOS EN CAGUAS Y FAJARDO, CONVIRTI É NDOSE EN UNA ORDEN DE PAGO TRIPLICADO POR LOS MI SMOS CONCEPTOS; (iv) LA SENTENCIA APELADA APLICA A LOS HECHOS TODO LO CONTRARIO A LO QUE ESTABLECE LA DOCTRINA DE “COSA JUZGADA” ; (v) LA SENTENCIA APELADA PROVOCA UN ENRIQUECIMIENTO INJUSTO POR CANTIDADES MILLONARIAS ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUNDO ERROR: ERR Ó EL TPI AL ADJUDICAR SOBRE CONTROVERSIAS “JUZGADAS” INCIDIENDO EN ORDEN DE PAGO DE RECLAMACI Ó N SOBRE PROPIEDADES INMUEBLES QUE NO EST Á N SITAS EN ESTA JURISDICCI Ó N Y QUE POR ORDEN DE TRASLADO SE “JUZGARON” EN OTRA JURISDICCI Ó N;
TERCER ERRO R : ERR Ó EL TPI AL ORDENAR PAGOS DE RECLAMACIONES DECLARANDO HA LUGAR UNA SENTENCIA SUMARIA QUE YA EL TRIBUNAL DE APELACIONES HAB Í A DECLARADO IMPROCEDENTE, ANTE LA EXITENCIA DE CONTROVERSIA DE HECHOS (KLCE202201050).
El 11 de marzo de 202 4, emitimos una Resolució n

c oncedi é ndo le a la parte apelada el término de treinta ( 3 0) días para

26 Apéndice del recurso de Apelación, pág s . 1899

- 1923

. 27 Apéndice del recurso de Apelación , pág. 1924

.KLAN202400219 16

presentar su alegato en oposición. 28 El 6 de mayo de 2024 , se cumplió con lo ordenado, por lo que nos damos por cumplidos y a su vez, decretamos perfeccionado el recurso. Analizados los escritos de las partes, así como el expediente apelativo; y evaluado el derecho aplicable, procedemos a resolver

.

- II A.
La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36, regula todo lo relacionado a la moción de sentencia sumaria. Dicho mecanismo procesal es utilizado en aquellos litigios que no presentan controversias genuinas de hechos materiales y que, por consigui ente, la celebración de un juicio en su fondo no es necesaria en la medida que solo resta por dirimir determinadas controversias
de derecho. Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros , 2023 TSPR 80, 212 DPR ___ (2023); SLG Fernández

- Bernal v. RAD

- MAN et al

. , 208 DPR 310, 334 (2021); León Torres v. Rivera Lebrón , 204 DPR 20, 41 (2020); Rodríguez García v. UCA , 200 DPR 929, 940 (2018). Se considera un hecho material aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplica ble

. Bobé et al. V. UBS Financial Services , 198 DPR 6, 20 (2017 ). Asimismo ,

“ resulta esencial que de la prueba que acompaña la solicitud de sentencia sumaria surja de manera preponderante que no existe controversia sobre los hechos medulares del caso .” Cruz Cruz v. Bella Group , 2024 TSPR 47 ; 213 DPR __ (2024). El propósito que se persigue con el mecanismo de la sentencia sumaria es que los pleitos civiles sean solucionados de forma justa, rápida y económica. SLG Fernández

- Bernal v. RAD

- MAN et al. , supra , pág. 335; León Torres v. Rivera Lebrón , supra, pág. 43. Para ello, la

28 El 1 de abril de 2024, One Alliance solicitó pr ó rroga para presentar su alegato. El 3 de abril de 2024 , emitimos una Resolución concediéndole hasta el 6 de mayo de 2024 para presentar su posición

.KLAN202400219 17

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, establece cual será el contenido y los requisitos de forma que deberán
observarse tanto en la solicitud de sentencia sumaria que inste la parte promovente, como en la oposición que pueda presentar la parte promovida. Véase , también , León Torres v. Rivera Lebrón , supra, pág. 43.
La Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra , dispone que
la sentencia sumaria solicitada será dictada inmediatamente: “si de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún h echo esencial y pertinente y que como cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente.” Véase, además, Rodríguez García v. UCA , supra ; Roldán Flores v. M. Cuebas et al. , 199 DPR 664 (2018). Como regla general, una moción de sentencia sumaria no procederá cuando: (1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que se acompañan con la m oción una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o (4) como cuestión de derecho, no proceda. Fernández

- Bernal v. RAD

- MAN et al. , supra, págs. 335

- 336; S.L.G. Szendrey

- Ramos v. Consejo Titulares , 184 DPR 133, 167 (2011). De igual forma, es también norma reiterada que el mecanismo de
sentencia sumaria no es el adecuado cuando existen controversias de hechos materiales sobre elementos subjetivos de intención, propósitos mentales o negligencia. Velázquez Ortiz v. Mun. De
Humacao , 197 DPR 656 (2017); Const. José Carro v. Mun. Dorado , 186 DPR 113, 129 (2012); Ramos Pérez v. Univisión , 178 DPR 200,
219 (2010).KLAN202400219 18 La Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra , regula que ocurre cuando no se dicta una sentencia sumaria en su totalidad, sobre la misma expone : “Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio solicitado o se deniega la moción, y es necesario celebrar juicio, será obligatori o que el tribunal resuelva la moción mediante una determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta qué extre mo la cuantía de los daños u otra reparación no está en controversia, ordenando los procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán prob ados los hechos así especificados y se procederá de conformidad. A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta regla, el tribunal dictará los correspondientes remedios, si alguno.” Es importante puntualizar que, al momento de atender una
soli citud de revisión de sentencia sumaria, los foros apelativos estamos llamados a “examinar el expediente de novo y verificar que las partes cumplieron con las exigencias” pautadas en las Reglas de
Procedimiento Civil. Fernández

- Bernal v. RAD

- MAN et al. , sup ra, pág. 338 que cita a Rivera Matos et al. v. Triple

- S et al. , 204 DPR 1010, 1025 (2020). En ese proceder, y de encontrar que los hechos materiales realmente están incontrovertidos, nos corresponde entonces revisar si el foro primario aplicó correctamente el Derecho.
Fernández

- Bernal v. RAD

- MAN et al. , supra; González Santiago v.
Baxter Healthcare , 202 DPR 281, 291 (2019).
B. Para que se configure la defensa de cosa juzgada se tiene que cumplir con los requisitos siguientes: (1) una primera sentencia válida, la cual advino final y firme que adjudicó los hechos y resolvió la controversia en los méritos; (2) las partes en ambos j uicios deben ser las mismas; (3) era la misma controversia objeto en cada juicio; (4) que el remedio que se solicita sea análogo al que se pidió en elKLAN202400219 19

caso anterior; y, por último, (5) que las partes en ambos litigios comparezcan en la misma calidad. Ben í q uez et al

. v. Vargas et al. , 184 DPR 210, 221

- 225 (2012). En resumen, l a doctrina de cosa juzgada requiere que entre el caso resuelto mediante sentencia y en el caso en que se invoca concurra la más perfecta identidad entre las cosas, causas, personas lit igantes y la calidad en que lo fueron. Pérez Droz v. A.S.R. , 184 DPR 313, 317 (2012). Véanse, además , Méndez v. Fundación , 165 DPR 253, 267 (2005)

. Cuando se cumplen estos requisitos no procede dilucidar nuevamente los méritos de la controversia que se encuentra ante la consideración del tribunal. El requisito de identidad de causas se refiere al “origen de las acciones o excepciones planteadas y resueltas, y no debe confundirse con los medios de prueba ni con los fundamentos legales de las pretensiones deducidas por las partes”. Presidential v.
Transcaribe , 186 DPR 263 , 275 (2012) que cita a J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil español , 5ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1950, T. VIII, Vol. 2, págs. 237

- 42. Entiéndase, que la causa “es el motivo que tuvo el demandante para pedir”. Í d

. que cita a Beníquez et al. v. Vargas et al ., supra. La identidad de cosas significa que el segundo pleito se refiera al mismo asunto que versó el primero, entiéndase, que sea el mismo objeto o materia. Por otro lado, la identidad de partes requiere que los litigantes hayan sido los mismos y que su comparecencia haya sido en la misma calidad. Finalmente, la identidad de personas se refiere a que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o indivisibilidad de prestaciones. En cuanto a la calidad de los litigantes , la doctrina dispone que se trata del carácter en el cual la persona viene al pleito, en tiéndase: acreedor, deudor, poseedor,
etcétera. Pr

esidential v. Transcaribe , supra, pág. 274 ; A & P Gen.KLAN202400219 20

Contractors v. Asoc. Can á , 110 DPR 753, 762 (1981)

. Cumplidos estos requisitos, la doctrina de cosa juzgada impide que, luego de emitida una sentencia en un pleito anterior, las mismas partes relitiguen en un pleito posterior las mismas causas de acción, las controversias ya litigadas y adjudicadas, y aquel las que pudieron haber litigado. Pérez Droz v. A.S.R ., supra, Mun. de San Juan v. Bosque Real

, S.E ., 158 DPR 743, 769 (2003); Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc. , 140 DPR 452, 464 (1996). De la doctrina de cosa juzgada emana el impedimento colateral por sentencia. Este último se diferencia de la doctrina de cosa juzgada al no requerir que las controversias objeto del litigio
sean las mismas. Presidential v. Transcaribe , supra , págs. 276

- 277. La doctrina de impedimento colateral “surte efectos cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y se determina mediante sentencia válida y final, [y] tal determinación es concluyente en un segundo pleito entre la s mismas partes, aunque estén involucradas causas de acción
distintas ”. Íd. , pág. 277 que cita a Ben í quez et al. v. Vargas et al. , supra . El impedimento colateral tiene como propósito promover la economía procesal y judicial, proteger a los litigantes cont ra lo que representa defenderse o probar sus reclamaciones en repetidas ocasiones tratándose de la misma controversia, evitar litigios innecesarios y decisiones inconsistentes. Beníquez et al. v. Vargas et
al. , supra; Méndez v. Fundación , supra . No obstant e, no procede la interposición de la mencionada doctrina cuando la parte contra la cual se interpone no ha tenido la oportunidad de litigar previamente el asunto y no ha resultado ser la parte perdidosa en el litigio
anterior. Íd.
Se han reconocido dos mo dalidades de la figura
del impedimento colateral por sentencia: la ofensiva y la defensiva.KLAN202400219 21

En la modalidad ofensiva, un demandante le impide al demandado litigar otra vez los asuntos que previamente litigó y perdió frente a otra parte. En cambio, la modal idad defensiva surge cuando un demandado impide a un demandante que litigue otra vez asuntos que previamente litigó y perdió frente a otra parte. Méndez v. Fundación, supra . C. La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.3, versa sobre la fijación del interés legal postsentencia y presentencia (o por temeridad )

. Esta dispone lo siguiente:

(a) Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, y que esté en vigor al momento de dictarse la sentencia, en toda sentencia de dinero, a computarse sobre la cuantía de la sentencia que ordena el pago desde la fecha en que se dictó y hasta que ésta sea satisfecha, incluso las costas y los honorarios de abogado . El tip o de interés se hará constar en la sentencia. La Junta fijará y revisará periódicamente la tasa de interés por sentencia, tomando en consideración el movimiento en el mercado y con el objetivo de desalentar la presentación de demandas frívolas, evitar la posposición irrazonable en el cumplimiento de las obligaciones existentes y estimular el pago de las sentencias en el menor tiempo posible. (b) El tribunal también impondrá a la parte que haya procedido con temeridad el pago de interés al tipo que haya fijado la Junta en virtud del inciso (a) de esta regla y que esté en vigor al momento de dictarse la sentencia desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero y desde la presentación de la demanda, en caso de daños y perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte sentencia a computarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, dependencias funcionarios o funcionarias en su carácter oficia l. El tipo de interés se hará constar en la sentencia. Así, según la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra , el interés postsentencia se refiere al tipo de interés que se impone a favor de la parte victoriosa en todas las sentencias que ordenen el pago de dinero. E ste se computa sobre la cuantía de la sentencia, incluyendo las costas y los honorarios de abogado, y se fija desde laKLAN202400219 22

fecha en que se dicte la sentencia hasta que e sta se satisface. Gutiérrez v. A.A.A. , 167 DPR 130, 136

- 137 (2006). La fijación del interés legal postsentencia tiene el propósito de “ evitar la demora irrazonable en el cumplimiento de las obligaciones declaradas ju dicialmente por sentencia, y estimular su pago en el menor tiempo posible. ” SLG González

- Figueroa v. SLG et al. , 209 DPR 138, 146 (2022)

. Asimismo , la fijación de este tipo de interés legal es obligatoria , es decir, puede ser recobrable aunque no sea mencionado en la s entencia e independientemente de que la parte contraria haya o no, actuado con temeridad

. Íd

. De otra parte, el interés por temeridad o presentencia se impone cuando convergen los dos requisitos siguientes: 1) que la parte haya procedido temerariamente ; y 2) que se trate de un caso sobre cobro de dinero o daños y perjuicios. Íd ; Marrero Rosado v.
Marrero Rosado , 178 DPR 476, 50 5 ( 2010)

. La temeridad ha sido definida “ como aquella conducta que hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en gestiones evitables. ” Marrero Rosado v. Marrero Rosado , supra ; Elba A.B.M. v. U.P.R ., 125 DPR 294, 329 (1990). De igual modo, e l Tribunal Supremo ha señal ado que la
temeridad , para propósitos de la imposición de este interés legal , es la misma que conlleva el mandato del pago de honorarios de abogado. Íd. Además, el propósito de ambas penalidades es

“ disuadir la litigación frívola y fomentar las transaccion es mediante sanciones que compensen a la parte victoriosa por los perjuicios económicos y las molestias producto de la temeridad de la otra parte. ” Marrero Rosado v. Marrero Rosado , sup r a, pág. 505;
Montañez v. U.P.R ., 156 DPR 395, 425 (2002).
E l interés por temeridad o presentencia se fija sobre la suma principal de la sentencia dictada sin incluir las costas ni los honorarios de abogado. González Ramos v. Pacheco Romero , supra.KLAN202400219 23

Además, se calcula dependiendo de la reclamación de que se trate ; en los casos de cobro de dinero, se computa desde que surge la causa de acción, y en el caso de daños y perjuicios se hará a partir de la presentación de la demanda. Gutiérrez v. A.A.A. , supra, pág. 137; Montañez v. U.P.R. , supra , págs. 424

- 425. Asi mismo, el foro primario tendrá discreción para imponer interés por temeridad, por lo que como tribunal revisor solo intervendremos si se cometió algún
abuso de discreción. Marrero Rosado v. Marrero Rosado , supra ; J. A. Cueva Segarra , Tratado de Derecho Pro cesal Civil , Estados Unidos de Norte América, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág.
1330. Ahora bien, el concepto de interés por temeridad es distinguible del concepto de interés legal postsentencia contenido en la Regla 44.3 (a) de Procedimiento Civil, supra . En cuanto a los intereses por mora, el Código Civil de Puerto
Rico de 1930 , establece en su Artículo 1061, 31 LPRA sec. 3025, que “[s]i la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal

. ” 29 Asimismo, el Artículo 1053 del Códi go Civil de 1930 , 31 LPRA sec.
3017 , que “[i] ncurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. ” Rodríguez Sanabria v. Soler Vargas , 135 D.P.R. 779, 7 83 (1994). La mora es definida como “ el retardo culpable: ‘...en sentido lato, se entiende por mora o demora el retraso en el cumplimiento de la obligación. Pero en sentido propio y jurídico sólo es mora el retardo culpable  ́”
Valcourt v. Iglesias , 78 DPR 630, 638 ( 1955) que cita a Castán ,

29 El Código Civil de Puerto Rico de 1930 era el vigente al momento de la presentación de la Demanda en el caso de epígrafe.KLAN202400219 24

Derecho Civil Español, Común y Foral 140 (ed. del Instituto Editorial Reus 1954)

. La disposición anterior añadía que no será necesaria la intimación del acreedor cuando la obligación o la ley así lo declaren y cuando de la naturaleza y circunstancias resulte la designación de la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio. Artículo 1053 del Código Civil de 1930, supra . En fin, para que exista mora por parte del deudor es necesario que se trate de una obligación positiva de dar o hacer, que la obligación sea exigible y líquida y esté vencida, que el deudor retarde culpablemente el cumplimiento de su obligación y que el acreedor requiera el pago al deudor ya sea judicial o extrajudici almente. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español , Común y Foral, 16ta ed., Madrid, Ed. Reus S.A., 1992, Tomo III, págs. 238

- 240.
D . El Artículo 27.165 de la Ley 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 26 LPRA sec. 2716e, mejor conocida como el Código de Seguros de Puerto Rico dispone:

(1) Al recaer una sentencia o decreto por cualquiera de los tribunales contra un asegurador y en favor de cualquier asegurado nombrado o el beneficiario designado bajo una póliza o contrato ejecutado por el asegurador, el Tribunal de Primera Instancia o, en el caso de una apelación en la que prevalezca el asegurado o beneficiario, el tribunal de apela ción, deberá adjudicar o decretar contra el asegurador y a favor del asegurado o el abogado del beneficiario una suma razonable como honorarios o compensación por haber procesado la demanda en la que se obtuvo una recuperación. (2) En cuanto a las demanda s basadas en reclamos que surjan de pólizas de seguro de vida o contratos de anualidad, no se aplicará dicha tarifa de abogado permitido si tal demanda se inició antes de la expiración de sesenta (60) días después de la presentación de la prueba del reclam o debidamente presentada ante la aseguradora. (3) Cuando se otorgue, la compensación u honorarios del abogado se incluirán en la sentencia o decreto dictado en el caso.KLAN202400219 25 La Ley 247

- 20 1 8, añadió el Artículo 27.165 al Código de Seguros de Puerto Rico, supr a . Esta legislación surge a raíz de las reiteradas violaciones a las disposiciones del Código de Seguro de Puerto Rico por parte de las aseguradoras para responderle a los asegurados durante la devastación que dejaron los huracanes Irma y María en Puerto Rico

. Exposición de Motivos de la Ley 247 , supra . Así pues, la legislación tiene el propósito de brindar herramientas y protecciones adicionales a los asegurados para garantizar el fiel cumplimiento de los fines del Código de Seguros y agilizar el proceso de recuperación de Puerto Rico. Exposición de Motivos de la Ley
247

- 2018; Consejo de Titualres v. MAPFRE , 208 DPR 761 , 771 ( 2022 ). Asimismo , al aprobar el referido estatuto , el legislador también tuvo la intención , entre otras cosas, de obligar a las aseguradoras que obren de mala fe al pago de honorarios de abogado. Exposición de Motivos de la Ley 247, supra . E . La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un tribunal para resolver los casos y las controversias que tiene ante

s u consideración

. Adm. Terrenos v. Ponce Bayland , 207 DPR 586, 600 (2021)

. En Puerto Rico, los tribunales poseen jurisdicción general, es decir, que ostentan la “autoridad para atender cualquier
causa de acción que presente una controversia propia para adjudicación

... ”. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al ., 204 DPR 89, 101 (2020)

. Así, e l Artículo V, Sec. 2 de la Const . PR , LPRA, Tomo 1 , establece que “los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema ju dicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración.” Véase además Artículo 2.001 de la Ley 201

- 2003,
4 LPRA sec. 24b , según enmendada, mejor conocida como la Ley de
la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003

. Por su parte, la Regla 3.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R

. 3.1, en lo pertinente dispone que los tribunales de Puerto Rico tendránKLAN202400219 26

jurisdicción sobre “ todo asunto, caso o controversia que surja dentro
de la demarcación territorial del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico .” De este modo, “cualquier parte del sistema tiene jurisdicción para resolver una causa”, aunque ese tribunal no tenga competencia para ello

. Cobra Acquisitions v. Mun. Ya bucoa et al. , 210 DPR 384, 394 ( 2022).
Por otro lado , la competencia e s “la facultad que tienen las distintas salas para conocer ciertos negocios, ya por la naturaleza de las cosas, o bien por razón de las personas.” Cueva Segarra, op. cit., 2011, T. I, pág. 265

. Dicho de otro modo , la competencia es la manera en que se organiza y canaliza la jurisdicción de los
tribunales. Íd

. La Regla 3.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
R

. 3. 1 , menciona que:

Todo pleito se presentará en la sala que corresponda según lo d ispuesto por ley y por estas reglas, pero no se desestimará ningún caso por razón de haberse sometido a una sala sin competencia. Todo pleito podrá tramitarse en la sala en que se presente por convenio de las partes y la anuencia fundamentada del juez o ju eza que presida dicha sala en ese momento. De lo contrario, será transferido por orden del juez o jueza a la sala correspondiente.
En cuanto a la competencia sobre pleitos que afecten la s propiedad es inmueble s , la Regla 3.3 de Procedimiento Civil , 32 LPRA Ap. V, R

. 3.3 , dispone que “[l] os pleitos en relación con el título o algún derecho o interés en bienes inmuebles deberán presentarse en la sala correspondiente a aquella en que radique el objeto de la acción, o parte del mismo. ” Según el tratadista C ueva Segarra, la referida regla no aplica cuando se trata de una acción personal. Cueva Segarra, op. cit ., 2011, T. I , pág. 271

.

- III A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar
los errores señalados en el recurso ante nuestra considerac ión. La parte apelante presentó tres (3) señalamientos de error, los cuales discutiremos en conjunto por estar relacionados entre sí.KLAN202400219 27
En esencia, en su primer señalamiento de error la parte apelante plantea que la s sentencias de las regiones judiciales de Caguas y Fajardo tuvieron el efecto jurídico de evitar la relitigación del caso por ser cosa juzgada, por lo que resultaba improcedente que el TPI de Aibonito emitiera las mimas órdenes de pago sobre las reclamaciones, los intere ses postsentencia y los honorarios de abogados que ya habían sido emitido s por las referidas regiones judiciales . Es decir, que la orden de pago emitida por el T PI de
Aibonito se convierte en un pago triplicado provocando un enriquecimiento injusto. Además , en el primer señalamiento de error señalaron que no procedía el pago de intereses presentencia toda vez que el caso de epígrafe versa sobre un incumplimiento de contrato y no sobre cobro de dinero. En cuanto al segundo error, alegan que el TPI de Aibonit o incidió al ordenar el pago sobre propiedades inmuebles que no están sitas en la Región Judicial de Aibonito. Por último, apuntan en su tercer error que e l foro primario erró al haber declarado ha lugar la Sentencia Sumaria presentada por PRAPI cuando pre viamente la habíamos declarado improcedente en el caso KLCE202 2 01050, ante la existencia de hechos en
controversia.
E xamina da de novo la moción de sentencia sumaria presentada por PRAPI , así como la moción en oposición presentada
po r One Alliance , concluimos que las determinaciones de hechos formuladas por el TPI de Aibonito en el dictamen apelado encuentran apoyo en la prueba que obra en el expediente, por lo que las acogemos por referencia y las hacemos formar parte de nuestro
dictamen. Además, añadimos que en este caso tampoco existe controversia de hechos en cuanto a que las partes acordaron atender la reclamación en tres (3) fases: 1st, 2nd y 3rd Claim Submission

. También se desprende del expediente como hecho
incontrovertible que est e caso se presentó originalmente en el TPI deKLAN202400219 28

San Juan. No obstante, se ordenó la separación de las causas de acción mediante la creación de casos nuevos debido a que las propiedades objeto de reclamación radicaban en distintas municipalidades

. De la evalu aci ó n del caso, procede que el tribunal disponga de
este sumariamente cuando no exista una legítima controversia de hechos medulares, de modo que lo restante sea aplicar el derech o . Fernández

- Bernal v. RAD

- MAN et al ., supra Asimismo, p ara que aplique la doctrina de cosa juzgada,
deben coincidir los siguientes elementos: (1) una primera sentencia válida, la cual advino final y firme que adjudicó los hechos y resolvió la controversia en los méritos; (2) las partes en ambos juicios deben ser las mismas; (3) era la misma controversia objeto en cada juici o; (4) que el remedio que se solicita sea análogo al que se pidió en el caso anterior; y, por último, (5) que las partes en ambos litigios comparezcan en la misma calidad. Beniquez et al. v. Vargas et al ., supra . En resumen, la doctrina de cosa juzgada req uiere que entre el caso resuelto mediante sentencia y en el caso en que se invoca concurra la más perfecta identidad entre las cosas, causas, personas litigantes y la calidad en que lo fueron. Pérez Droz v. A.S.R ., supra. En cuanto a los elementos de cosa juzgada , no está en controversia que las sentencias de Caguas y F ajardo advinieron finales y firmes. Tampoco está en controversia que las partes sean las mismas y que compa recieron en la misma calidad en las regiones judiciales de Ca guas y Fajardo y en este pleito . Así pues , PRAPI compareció a los pleitos como la parte demandante y asegurada . Por su parte, One Alliance compareció como la parte demandada y aseguradora

. En cuanto a los demás requisitos, no está en controversia que en el objeto de este pleito se comparte entre los casos relacionados los acuerdos de transacción y las reclamacionesKLAN202400219 29

de seguro que PRAPI aún tiene pendiente frente a One Alliance. Por otro lado, en cuanto al concepto de “causa”, el motivo que tuvo PRAPI para demandar es el mismo en de todos estos pleitos: que One Alliance no ha pagado lo que debe bajo el acuerdo de
transacción suscrito sobre el 2nd Claim Submission , y que tampoco ha ajustado y pa gado el remanente de la reclamación.
Consonó con lo discutido anteriormente, resolvemos que no le asiste la razón a One Alliance en cuanto a que el TPI de Aibonito había incidido al ordenar el pago de reclamaciones sobre propiedades inmuebles que no están sitas en la jurisdicción de Aibonito. En este caso, el TPI de Aibonito ordenó a One Alliance pagarle a PRAPI l a suma de $1,493,856.59 que le deb ía bajo el acuerdo suscrito d el 2nd Claim Submission

. Esta suma corresponde

a l ajuste y ofrecimiento de pago que One Alliance l e hiciera a PRAPI
por veintinueve ( 29 ) de las sesenta y cuatro ( 64 ) propiedades que componían el 2nd Claim Submission

. L a orden de pago del TPI de Aibonit o solo recoge lo resu e lto en las sentencias de Caguas y Fajardo que atienden las mismas alegaciones de fraude de One Alliance presentadas en estas regiones judiciales y que también fueron alegadas en la Región Judicial de
Aibonito. 30 Es decir, que One Alliance no puede “ negarse a emitir el pago del 1st and 2nd Claim Submission de las propiedades ajustadas una vez fue aceptado por PRAPI ”. 31 Por su parte, e l foro primario de
Aibonito res o lv ió que la anulación de las pólizas por One Alliance fue inválida; que One Alliance no se puede retractar de los ajustes y ofertas del 1st Claim Submission y parte del 2nd Claim Submission ;
y que PRAPI no tiene que devolverle a One Alliance suma alguna con relación al 1st Claim Submission

. Por tanto, el pago ordenado del

30 Se toma conocimiento judicial del c aso Núm. SJ2019CV10753 del TPI de Fajardo ( E ntrada 111 de SUMAC ); Caso Núm. SJ2019CV10729 del TPI de Caguas ( Entrada 159 de SUMAC ) ; Caso Núm. SJ2019CV10751 del TPI de Aibonito ( Entrada 91 de SUMAC )

. 31 KLCE202201139; Véase , además , KLCE202201212

.KLAN202400219 30

2nd Cla im Submission por estas regiones judiciales es global y no solo de la Región Judicial de Aibonito en particular

. Dicho de otra forma, los remedios solicitados por One Alliance en las regiones judiciales versan sobre los ajustes y ofertas del 1st Claim Subm ission y parte del 2nd Claim Submission de forma global y no sobre cada
inmueble en particular que está localizado en las distintas regiones. De hecho, así lo reconoce la One Alliance en su recurso apelativo cuando señala que el pago de honorar i os de abogados no procede “toda vez, que el Demandante [PRAPI] ya tiene Orden de pago por la cantidad global del 2nd Claim Submission .” 32 E s evidente que aunque se trata de distintas re giones judiciales, las alegaciones , las controversias, la prueba documental y los remedios solicitados por ambas partes son los mismos. 33 En este caso lo único que varía en los escritos es la descripción de las propiedades en controversia y
las cuantías solicitadas de cada una

. Además, One Alliance alega que la orden de pago de la reclamación por la suma de $1,493,856.59 es improcedente toda vez que en la Región Judicial de Aibonito solo existe una propiedad que
no fue incluida en la oferta del 2nd Claim Submission

. Sin embargo,

no surge de la referida orden de pago que est a vaya dirigida para el pago de las propiedades sitas en la Región Judicial de Aibonito específicamente

. 34 Como bien señalamos previamente, esta orden de pago proviene del acue rdo suscrito del 2nd Claim Submission que corresponde al ajuste y ofrecimiento de pago que One Alliance le hiciera a PRAPI por veintinueve (29) de las sesenta y cuatro (64) propiedades y que fue plateado en las distintas regiones judiciales

. Incluso, c omo si fuera poco, el TPI de Aibonito le ordena expresamente a One Alliance en su Sentencia “[c] ulminar el ajuste y

32 Véase escrito de Apelación Civil , pág. 13. 33 Entrada s 89, 92 y 98 del caso Núm. SJ2019CV10751 de SUMAC

. 34 La orden de pago en la Sentencia del TPI de Aibonito establece que One Alliance debe “[p] agarle a PRAPI los $1,493,856.59 que le debe bajo el acuerdo suscrito entre las partes respecto el 2nd Claim Submission

. ”KLAN202400219 31

pago de las reclamaciones pendientes de propiedad incluidas en parte del 2nd Claim Submission y la totalidad del 3rd Claim
Submission sitas en la Región Judicial de Aibonito en un término perentorio de 30 días .” 35 Por tanto, es improcedente si la propiedad
sita en Aibonito no fue incluida en la oferta del 2nd Claim
Submission en esta etapa . Así pues, el TPI de Aibonito solo reconoce

en su Sentenc ia lo ya resuelto por las demás regiones judiciales en
cuanto al pago global de l 2nd Claim Submission

. Al mismo razonamiento llegamos con lo alegado por One Alliance sobre el pago triplicado de los intereses p ost sentencia. El
TPI de Aibonito ordenó el pago de intereses post sentencia calculados al interés legal vigente de 9.25% según dispone la tabla de intereses aplicables a sentencias judiciales emitida por la Oficina del
Comisionado de Instituciones Financieras . L a Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra , establece que el interés postsentencia se impone a favor de la parte victoriosa en todas las sentencias que ordenen el pago de dinero. De este modo, el TP I de Aibonito está reconociendo y ordenando el pago de intereses postsentencia correspondientes a la suma global de $1,493, 856.59 que ya ha sido ordenada en las regiones judiciales de Caguas y Fajardo del ajuste
y oferta del 2nd Claim Submission

. Sobre los honorarios de abogados, One Alliance alega que no proceden estos bajo el Artículo 27.165 del Código de Seguros de
Puerto Rico , s upra , debido a que este está condicionado que sea una

s entencia final y no una parcial. El Artículo 27.165, supra , dispone
que: Al recaer una sentencia o decreto por cualquiera de los tribunales contra un asegurador y en favor de cualquier asegurado nombrado o el beneficiario designado bajo una póliza o contrato ejecutado por el asegurador, el Tribunal de Primera Instancia o, en el caso de una apelación en la que prevalezca el asegurado o beneficiario, el tribunal de

35 Apéndice del recurso de Apelación , pág. 1898

.KLAN202400219 32 apelación, deberá adjudi car o decretar contra el asegurador y a favor del asegurado o el abogado del beneficiario una suma razonable como honorarios o compensación por haber procesado la demanda en la que se obtuvo una recuperación. (Énfasis nuestro).
El artículo anterior no hace distinción entre sentencias finales y sentencias parciales. Lo que sí surge del artículo es que a l recaer una sentencia por cualquiera de los tribunales contra un asegurador y en favor de cualquier asegurado , se adjudicará una suma razonab le como honorarios por haber procesado la demanda en la que se obtuvo una recuperación . En el caso ante nuestra
consideración recayó una sentencia donde la parte asegurada (PRAPI), obtuvo una recuperación. A tales efectos, procede la imposición de honorari os de abogados en este caso bajo el Artículo
27.165 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra . Por último, en cuanto al interés legal presentencia, One Alliance alega que no procede este pago puesto que no se cumple con los requisitos de temeridad y que este caso versa sobre incumplimiento de contrato y no sobre cobro de dinero o daños y perjuicios como establece la Regla 44 .3 de Procedimiento Civil,
supra . Sin embargo, al evaluar la orden de pago del TPI de Aibonito se desprende que este foro ordenó el pago de interés legal presentencia por mora y no por temeridad. Según el Código Civil de 1930, incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judic ial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. Art ículo 1053 del Cód igo Civil de 1930, supra . En el caso ante nuestra consideración e l foro primario de Aibonito establec ió en su Sentencia que One Alliance deb ía

“ pagarle a PRAPI los intereses pre

- sentencia por morosidad , debido a que One Alliance no tenía razón leg [í] tima para negarse a satisfacer el ajuste y oferta que le cursó a PRAPI en el 2019. ” 36

36 Apéndice del recurso de Apelación , pág. 1898.KLAN202400219 33

Ante ello, One Alliance no nos ha puesto en posición de resolver lo
contrario. En conclusión , si bien es cierto que este tribunal ya había dictado una Sentencia en el caso KLCE202201050, donde habíamos determinado que no procedía dictar sentencia sumaria por la existencia de controversia de hechos, la doctrina de cosa juzgada viene a despejar cualquier controversia existente entre las partes del caso de epígrafe. De este modo, las regiones judiciales de Caguas y Fajardo pusieron fin a las controversias sobre fraude

. En consecuencia, procede One Alliance cumpla con lo ordenado por el
TPI de Aibonito

.

- IV Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la
Sentencia apelada

. Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones

.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secreta ria del Tribunal de Apelaciones