Número Identificador

SEN2024 ________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

JUAN SUÁREZ, INC. 

Recurrente

V.

MUNICIPIO DE

HUMACAO, JUNTA DE 

SUBASTAS 

Recurrido

KLRA202400373

RECURSO DE 

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA de

Municipio de 

Humacao, Junta de 

Subastas 

Subasta Núm. 23-

24-44; “Subasta 

General Año Fiscal 

2024-2025, Renglón 

8; Compra de Equipo 

para Escuelas 

(Centro Head Star, 

Child Care y otras 

Dependencias 

Municipales.”

Sobre:

Impugnación de 

Subasta

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2024.

Juan Suárez, Inc. (Suárez o Recurrente) solicita la 

revocación de la adjudicación de la Subasta Núm. 23-24-44: 

“Subasta General Año Fiscal 2024-2025, Renglón Núm. 8: Compra 

de Equipo para Escuelas (Centros Head Start, Child Care y otras 

Dependencias Municipales” que emitió y notificó la Junta de 

Subastas del Municipio Autónomo de Humacao (Junta o Recurrido) 

el 1 de julio de 2024. Mediante esta, la Junta adjudicó el Renglón 

8 de la subasta a la compañía Camera Mundi, LLC (Camera 

Mundi). 
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Por las razones que exponemos a continuación, revocamos 

la determinación recurrida.

I.

El 8 de marzo de 2024, el Municipio de Humacao publicó 

en el periódico de circulación general Primera Hora el aviso de 

subasta número 23-24-44. En este aviso se anunciaba la subasta

General del Municipio para el año fiscal 2024-2025 y constaba de 

25 renglones diferentes e individuales para la realización de 

compras, mantenimientos, suministros, construcciones, entre 

otras cosas, para el funcionamiento del Municipio y sus 

dependencias.

1

El Renglón 8, concerniente a este caso, consistía en la 

compra de equipo para escuelas (Centros Head Start, Child Care 

y otras Dependencias Municipales).2 Los participantes como 

licitadores de este renglón fueron las corporaciones Camera Mundi 

y Juan Suárez, Inc., aquí parte recurrente.

3 El 1 de julio de 

2024, en una escueta carta de notificación la Junta 

adjudicó la Subasta a Camera Mundi.

4

En desacuerdo con la determinación de la Junta, el 11 de 

julio de 2024, Suárez presentó el recurso que atendemos. 

Planteó como señalamiento de error que:

Erró la Junta de Subastas del Municipio de Humacao 

al adjudicar la totalidad del renglón 8 de la subasta 

23-24-44 a la compañía Camera Mundi, Inc. a pesar 

de que: (a) el recurrente Juan Suárez Inc. fue mejor 

postor en ciento catorce (114) partidas y (b) sin 

expresar razón alguna que justifique la 

conveniencia de adjudicar la totalidad de una 

subasta a un postor indicando que éste licitó a 

un mayor número de artículos.

Finalmente, el 26 de agosto de 2024 comparece el La Junta 

de Subasta del Municipio mediante una Moción expresa su 

1 Apéndice del Recurso de Revisión, pág. 6.

2

Íd.

3

Íd., pág. 2.

4

Íd.
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intención de, eventualmente, realizar una nueva carta de 

notificación conforme a derecho. Con estos hechos en mente, 

procedemos a esbozar el derecho concerniente. 

II.

A.

Al ejercer la función revisora en el contexto de las subastas 

gubernamentales, es menester tener presente que las agencias 

administrativas, de ordinario, se encuentran en mejor posición 

que los tribunales para evaluar las propuestas o licitaciones ante 

su consideración de acuerdo con los parámetros establecidos por 

la ley y los reglamentos aplicables. Aut. Carreteras v. CD Builder, 

Inc., 177 DPR 398, 408 (2009). Ello responde a que, 

indubitadamente, la agencia posee una vasta experiencia y 

especialización que la colocan en mejor posición que el foro 

judicial para seleccionar el postor que más convenga al interés 

público. Caribbean Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 

1006; Perfect Cleaning v. Centro Cardiovascular, 172 DPR 

139 (2007).

De manera que, la norma es que las agencias gozan de una 

amplia discreción en la evaluación de las propuestas sometidas 

ante su consideración. Caribbean Communications v. Pol. de 

P.R., supra; Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 

828-829 (2007). Se reconoce pues discreción a las agencias 

administrativas en el ejercicio de su facultad de considerar 

licitaciones, rechazar propuestas y adjudicar la subasta a favor de 

la licitación que estime se ajusta mejor a las necesidades 

particulares de la agencia y al interés público en general. Aut. 

Carreteras v. CD Builder, Inc., supra.

Una vez la agencia o junta involucrada emite una 

determinación, los tribunales no deben sustituir el criterio de la 
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agencia o junta concernida, excepto si se demuestra que la 

decisión se tomó de forma arbitraria o caprichosa, o mediando 

fraude o mala fe. Caribbean Communications v. Pol. de 

P.R., supra; Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra. En 

ausencia de estos elementos, "ningún postor tiene derecho a 

quejarse cuando otra proposición es elegida como la más 

ventajosa. La cuestión debe decidirse a la luz del interés público 

[...]". Id., citando a Great American Indemnity v. Gobierno de la 

Capital, 59 DPR 911, 916 (1942). En tales casos, la determinación 

será sostenida si cumple con el criterio de 

razonabilidad. Caribbean Comunications v. Pol. de P.R., supra. 

B.

El procedimiento comúnmente utilizado por el Gobierno para 

adquirir bienes y servicios es la subasta pública formal u ofertas 

selladas. Caribbean Communications v. Pol. De P.R., 176 DPR 978 

(2009); R&B Power v. E.L.A., 170 DPR 606, 620 (2007). 

La subasta formal comienza con la preparación del pliego de 

condiciones y especificaciones, seguido por la emisión de la 

invitación o aviso de subasta al público. Luego, los interesados 

someten sus propuestas selladas las cuales se hacen públicas con 

la celebración del acto de apertura en presencia de todos los 

postores. Caribbean Communications v. Pol. De P.R., supra, págs. 

994-995. Después, las ofertas pasan a manos de un comité 

evaluador que, luego de evaluarlas, emite su recomendación para 

la adjudicación de la buena pro. Finalmente, el procedimiento 

concluye con la adjudicación de la buena pro y la notificación de 

esta a todos los postores. Íd. la particularidad del procedimiento 

de subasta formal reside en que las ofertas se presentan selladas. 

Esto es de suma importancia, pues garantiza la secretividad en la 

etapa anterior a la apertura de la licitación. Este elemento es 
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indispensable para que exista una competencia leal y honesta, 

pues impide que un postor enmiende su propuesta para superar 

la de un competidor. Caribbean Communications v. Pol. De 

P.R., supra; Trans Ad de PR v. Junta de Subastas, 174 DPR 56, 66 

(2008). 

Dado que la adjudicación de las subastas gubernamentales 

conlleva el desembolso de fondos del erario, están revestidas de 

un gran interés público y deben regirse por preceptos legales que 

promuevan la sana administración pública. Caribbean 

Communications v. Pol. de P.R., supra, pág. 994. Esto es así, pues 

las adjudicaciones de las subastas gubernamentales suponen el 

desembolso de fondos del erario, valor jurídico de la mayor 

importancia. En consonancia, la consideración primordial al 

momento de determinar quién debe resultar favorecido en el 

proceso de adjudicación de subastas debe ser el interés público 

en proteger los fondos del pueblo de Puerto Rico. Transporte 

Rodríguez v. Jta. Subastas, 194 DPR 711, 719 (2016); Cordero 

Vélez v. Municipio de Guánica, 170 DPR 237, 245 

(2007), Caribbean Communications v. Pol. de PR., supra.

En el trámite de la subasta, se debe perseguir la 

competencia libre y transparente entre el mayor número de 

licitadores posible, procurando conseguir los precios más 

económicos, evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la 

prevaricación, la extravagancia y el descuido al otorgarse los 

contratos; y minimizar los riesgos de incumplimiento. Empresas 

Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 778 

(2006); Caribbean Communications v. Pol. de PR, supra, pág. 

994.

De manera que, en aras de proteger la buena administración 

del gobierno, los estatutos que requieren la celebración de 
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subastas tienen el propósito de promover la competencia en las 

proposiciones, de manera que el Estado consiga realizar la obra al 

precio más bajo posible. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 

169 DPR 886, 897 (2007). Al requerirse que la subasta y el 

contrato se adjudiquen al postor más bajo se evita que haya 

favoritismo, corrupción, extravagancia y descuido al otorgarse los 

contratos. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra; Justiniano 

v. E.L.A., 100 DPR 334, 338(1971).

Aunque se favorece la selección del licitador que ofrezca el 

menor costo, no hay una norma legislativa que obligue a las 

agencias a escoger al licitador más bajo. Ello, cuando entre otros 

la agencia entienda que sus intereses no estarán adecuadamente 

protegidos. Véase Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, 

pág. 782. Al momento de evaluar a los licitadores, la agencia 

debe procurar seleccionar al que esté mejor capacitado para 

proveer el bien o servicio en cuestión. Íd.

Por ello, un organismo gubernamental está facultado para 

rechazar la licitación más baja en todas aquellas ocasiones en que 

estime que los servicios técnicos, probabilidad de realizar la obra 

de forma satisfactoria y dentro del tiempo acordado, materiales,

etc., que ofrezca un postor más alto corresponde a sus mejores 

intereses. Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 

783. Así también, la ley 107-2020, en su Art. 2.040 (a), 21 

L.P.R.A. sec. 7216, establece que: 

La adjudicación de una subasta será notificada a todos 

los licitadores certificando el envío de dicha 

adjudicación mediante correo certificado con acuse de 

recibo, o mediante correo electrónico, si así fue 

provisto por el licitador o licitadores. En la 

consideración de las ofertas de los licitadores, la Junta 

podrá hacer adjudicaciones por renglones cuando el 

interés público así se beneficie. La Junta de Subasta 

notificará a los licitadores no agraciados las 

razones por las cuales no se le adjudicó la 

subasta. Toda adjudicación tendrá que ser notificada 

a cada uno de los licitadores, apercibiéndolos del 
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término jurisdiccional de diez (10) días para solicitar 

revisión judicial de la adjudicación ante el Tribunal de 

Apelaciones, de conformidad con el Artículo 1.050 de 

este Código.

Es decir que, aun cuando reconoce que no siempre se debe 

contratar con el licitador de menor precio, enfatiza en la obligación 

de esbozar la razones por las que no se le otorgó al licitador no 

agraciado. 

A la luz de la mencionada normativa, evaluamos.

III.

El Recurrente señala que la Junta incidió al adjudicar la 

totalidad del Renglón 8 de la Subasta 23-24-44 a Camera Mundi. 

Alegó que fue el mejor postor en ciento catorce (114) partidas. 

Adujo, además, que erró la Junta al no expresar razón alguna que 

justifique la conveniencia de adjudicar la totalidad de la subasta

al otro licitador. Le asiste la razón, veamos.

Los tribunales apelativos debemos conceder deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen 

sobre los asuntos que se les han delegado. Conforme a la 

normativa antes expuesta, se descartará el criterio de los entes 

administrativos cuando “no se pueda hallar fundamento racional 

que explique o justifique el dictamen administrativo". Hernández 

Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra; Capó Cruz v. Jta. 

Planificación et al., supra, pág. 591; Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, supra. 

Es harto conocido que, en Puerto Rico, nuestro estado de 

derecho permite que las subastas puedan ser otorgadas a un 

licitador que no sea el que presenta el mejor precio. La Junta de 

Subasta puede considerar otros aspectos, como el tiempo en que 

se llevará a cabo el cumplimiento, la experiencia de la empresa,
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entre otras cosas, pero lo ata a que la Junta notifique 

adecuadamente al licitador no agraciado e, incluso, le provea las 

razones por las que se adjudicó a otro licitador.

En el caso ante nos, se desprende del expediente que el 

Municipio no actuó conforme a la ley al notificarle a los licitadores 

de la decisión y, tras acoger la oferta de Camera Mundi, erró al no 

justificar su decisión. De hecho, así lo reconoce el propio

Municipio en su escrito compareciendo ante el Tribunal de 

Apelaciones. En el que expresa su intención de, eventualmente, 

realizar una nueva carta de notificación -esta vez- conforme al 

estado de derecho.

En ese sentido, debemos recordarle a la Junta de Subastas 

del Municipio que, la intención de subsanar no subsana. No 

habiendo subsanado la deficiencia de no expresar las razones, la 

Junta demuestra su actuación arbitraria y, por lo tanto, obliga a 

esta curia a revocar y ordenar nuevamente un proceso de 

adjudicación en el que se evalúe la totalidad de las licitaciones 

sometidas.

IV.

Por los fundamentos ante expuestos, revocamos la 

resolución emitida por la Junta y ordenamos la devolución del caso

a dicho foro adjudicativo, para que se realice todo el proceso de 

adjudicación nuevamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones