Número identificador

SEN2024_________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL1

PR ASSET PORTFOLIO

2013-1 INTERNATIONAL,

LLC

Apelado

V.

ONE ALLIANCE

INSURANCE

CORPORATION

Apelante

KLAN202400219

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Aibonito

Caso Núm.:

SJ2019CV10751

Sobre:

Incumplimiento 

Aseguradora

Huracanes

Irma/María

Panel integrado por su presidenta, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Rivera Pérez y el Juez Hernández Sánchez

Rivera Pérez, Jueza Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2024.

Comparece ante nos One Alliance Insurance Corporation (en 

adelante, parte apelante o One Alliance) y nos solicita la revisión de 

una Sentencia emitida el 11 de enero de 2024, notificada el 17 de 

enero de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Aibonito (en adelante, TPI de Aibonito o foro primario). Mediante 

dicho dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada el 19 de septiembre de 2023 por PR Asset 

Porfolio 2013-1 International, LLC (en adelante, parte apelada o 

PRAPI), y No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada 

el 24 de septiembre de 2023 por One Alliance. En consecuencia, el 

foro primario le ordenó a la aquí parte apelante a satisfacer el pago 

de $1,493,856.59 a favor de la parte apelada bajo el acuerdo de 2nd 

Claim Submission; culminar el ajuste y pago de las reclamaciones 

1 Conforme a la Orden Adm. OAJP-2021-086 inciso 3, sobre la asignación de 

recursos nuevos cuando el mismo ha generado recursos anteriores en el TA y 

OATA2023-040 del 1 de marzo de 2023, que nombró al Juez Hernández Sánchez 

en sustitución de la Hon. Meléndez Miró. Relacionado con los recursos 

KLAN202201050, KLCE202201271 y KLCE202201330 asignados al Juez 

Rodríguez Casillas. 
KLAN202400219 2

pendientes de las propiedades, incluidas en la parte del 2nd Claim 

Submission y la totalidad del 3rd Claim Submission, de las 

propiedades sitas en la Región Judicial de Aibonito; el pago a PRAPI 

de los intereses postsentencia calculados al interés legal vigente del 

9.2%; el pago a PRAPI de intereses presentencia por morosidad; y el 

pago de honorarios de abogado por la cuantía de $25,000.00 

conforme lo requiere el Artículo 27.165 del Código de Seguros, infra. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.

-ILa demanda original del caso de epígrafe fue radicada el 6 de 

septiembre de 2019 ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan.

2 A la referida acción legal-sobre 

incumplimiento de contrato de seguro, mala fe y acción declaratoriale fue asignado el número SJ2019CV09195. Sin embargo, toda vez

que las propiedades objeto de reclamación radicaban en distintas 

municipalidades, el 17 de septiembre de 2019, el TPI de San Juan

ordenó la separación de las causas de acción mediante la creación 

de casos nuevos. 3 Además, dispuso que luego de cobrar los 

aranceles correspondientes para cada caso nuevo, procedería el 

traslado de estos a las regiones judiciales correspondientes, donde 

la parte demandante debía radicar una demanda enmendada. Así, 

la causa de acción de epígrafe quedó dividida en trece (13) casos, en

doce (12) regiones judiciales distintas.

En cumplimiento con la Orden del TPI de San Juan, PRAPI

presentó las correspondientes Demandas Enmendadas en las 

distintas Regiones Judiciales. Las alegaciones y remedios solicitados 

2 Véase la entrada Núm. 1 del expediente digital del Caso Núm. SJ2019CV10751 

en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).

3 Entrada 2 del caso Núm. SJ2019CV10751 de SUMAC.
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en las demandas enmendadas eran los mismos, excepto por la 

descripción de las propiedades y las cuantías reclamadas. 

Ahora bien, ante nuestra consideración se encuentran 

únicamente el caso SJ2019CV10751 de la Región Judicial de 

Aibonito.

El 12 de febrero de 2020, PRAPI presentó su Demanda

Enmendada en la Región Judicial de Aibonito contra One Alliance.4

En apretada síntesis, PRAPI alegó que posee varias propiedades—

entre residenciales y comerciales—que sufrieron daños como 

consecuencia del paso del huracán María por Puerto Rico. Toda vez 

que las propiedades estaban aseguradas mediante las pólizas 

número 75-28-000001258 y 75-28-000001259, expedidas por One 

Alliance, PRAPI sometió la reclamación correspondiente. Las 

referidas pólizas proveían cubierta, entre otras, a cinco (5)

propiedades localizadas en la Región Judicial de Aibonito, las cuales 

fueron objeto de la causa de acción en el caso de epígrafe. 

Surge del expediente que las partes acordaron atender la 

reclamación en tres (3) fases: 1st, 2nd y 3rd Claim Submission. Con 

respecto al 1st Claim Submission, PRAPI arguyó que One Alliance 

pagó el ajuste ofertado correspondiente a cuarenta y tres (43)

propiedades por la cantidad global de $2,123,198.90. De estas

cuarenta y tres (43), dos (2) estaban sitas en la Región Judicial de 

Aibonito, por las cuales se pagó $81,601.078. Por otro lado, a pesar

del ajuste, oferta y promesa de pago que hizo One Alliance por 

veintinueve (29) de las sesenta y cuatro (64) propiedades del 2nd 

Claim Submission-el cual incluía una (1) de las cinco (5) propiedades 

sitas en la Región Judicial de Aibonito-PRAPI alegó que esta primera 

se retractó y retiró la oferta ya aceptada por la cantidad de 

$1,493,856.59. Asimismo, sostuvo que One Alliance decidió 

4 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 1-22.
KLAN202400219 4

unilateralmente reducir el pago aceptado a $413,354.44, luego de 

restar un supuesto sobrepago en el 1st Claim Submission. Además, 

PRAPI alegó que One Alliance no atendió el 3rd Claim Submission a 

pesar de que había sido sometido hace más de un año, el cual

incluía dos (2) propiedades sitas en la Región Judicial de Aibonito. 

Ante ello, PRAPI solicitó el pago correspondiente de las 

propiedades del 2do Claim Submission que ubican en la Región 

Judicial de Aibontio, el cual fue ofrecido por la cantidad de 

$5,702.60. Además, solicitó intereses, daños, el pago de las pérdidas 

reclamadas y cubiertas correspondientes a las restantes

propiedades que fue ofrecido, acordado y aceptado; más el pago 

correspondiente a las restantes treinta y cinco (35) propiedades del 

2nd Claim Submission; así como la totalidad del 3er Claim 

Submission.

Tras varios incidentes procesales, el 22 de marzo de 2020, 

One Alliance presentó su contestación a la Demanda Enmendada.

5

Mediante esta, reconoció el pago realizado a favor de PRAPI por el 

1st Claim Submission, así como la oferta de pago correspondiente a 

veintinueve (29) propiedades del 2nd Claim Submission. No obstante, 

arguyó que el ajuste siempre estuvo sujeto a que posteriormente no 

surgiera información errónea sobre la propiedad o que constituyera 

ocultación de información material para el ajuste de la reclamación. 

En cuanto al 3rd Claim Sumbission, One Alliance aseguró que llevó 

a cabo la investigación correspondiente, pero que hubo la necesidad 

de re-inspeccionar las propiedades puesto que existían diferencias 

en el alcance de los daños directos causados por el huracán. Así, 

One Alliance alegó en su defensa que PRAPI mintió, ocultó

información o deliberadamente sometió información falsa e 

incompleta en apoyo a sus reclamaciones. Por ello, señaló que 

5 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 23-48.
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procedía la devolución de los pagos realizados por el 1st Claim 

Submission; procedía denegar el pago de las reclamaciones 

restantes, y anular la póliza de seguro.

Posteriormente, el 2 de febrero de 2021, One Alliance radicó 

una Reconvención donde adujo que durante el descubrimiento de 

prueba obtuvo información relacionada a actuaciones de PRAPI

constitutivas de fraude y falsa representación.

6 Así, por ejemplo, 

alegó que PRAPI no ostentaba interés propietario sobre parte de las

propiedades aseguradas, algunas con anterioridad al paso del 

huracán María, otras durante el proceso de reclamación y ajuste, y 

otras, con anterioridad a la presentación de la Demanda. Ello, en 

unión a la ocultación de información sobre las condiciones de las 

propiedades, los números de catastro y descripción registral de 

estas. Por tanto, toda vez que PRAPI no poseía un interés asegurable 

sobre algunas de las propiedades, One Alliance sostuvo que procedía 

la anulación de la póliza y la devolución de los pagos realizados en 

el 1st Claim Submission.

El 5 de abril de 2021, PRAPI replicó y argumentó que ni el 

estado de derecho vigente, ni la póliza de seguro requieren que 

ostentara un interés asegurable al momento del pago del 1st Claim 

Submission y el 2nd Claim Submission.

7 Además, con respecto al 

pago del 1st Claim Submission, PRAPI alegó que el mismo constituyó 

un pago en finiquito, por lo que One Alliance no tenía derecho a 

recobrar el dinero ofrecido, aceptado y depositado. Además, alegó 

que de conformidad a lo resuelto en Carpets & Rugs v. Tropical Reps,

175 DPR 615 (2009), One Alliance estaba impedida de retractarse 

del ajuste y oferta emitida y aceptada con relación al 1st y 2nd Claim 

Submission. Por último, PRAPI señaló que One Alliance no podía

6 Entrada 45 del caso Núm. SJ2019CV10751 de SUMAC.

7 Entrada 66 del caso Núm. SJ2019CV10751 de SUMAC.
KLAN202400219 6

invocar el fraude como defensa a la cubierta al haber sido negligente 

en su investigación.

Así las cosas, PRAPI presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria Parcial y escrito intitulado Relación de hechos materiales 

incontrovertidos apoyando Solicitud de Sentencia Sumaria.

8 En 

síntesis, ante la inexistencia de hechos en controversia solicitó: que 

se declarara que PRAPI no tenía que devolver el dinero recibido como 

pago por el 1st Claim Submission; el pago del ajuste y oferta emitido 

por One Alliance—aceptado por PRAPI—correspondiente a 

veintiocho (28) de las sesenta y tres (63) propiedades incluidas en el 

2nd Claim Submission; que se declarara que One Alliance no podía

anular las pólizas; y que se ordenara a la aseguradora a culminar la 

investigación de las reclamaciones que continuaban pendientes.

Apoyó su solicitud en las deposiciones tomadas al Sr. Orlando 

Rivera Cintrón, Gerente de Reclamaciones de One Alliance, al Sr. 

Mortimer P. Vélez Monclova, Vicepresidente Auxiliar de Suscripción 

de One Alliance, al Sr. Víctor Ríos, Presidente de One Alliance y al 

Sr. Ricardo Acosta de la Rosa, ajustador de seguros. También 

incluyó una declaración jurada del Sr. Anthony Soto, representante 

de PRAPI; la póliza de seguro; los cheques emitidos y endosados 

correspondientes al 1st Claim Submission, así como otros 

documentos relacionados a las reclamaciones pendientes. 

One Alliance se opuso alegando la existencia de hechos

materiales en controversia; principalmente, sobre las actuaciones 

constitutivas de fraude y falsa representación incurridas por PRAPI

en la tramitación de las reclamaciones.9 Así, por ejemplo, cuestionó

si PRAPI verdaderamente tenía un interés asegurable sobre las 

propiedades en cuestión. One Alliance se opuso y para sostener sus 

argumentos, incluyó en su escrito en oposición la deposición tomada 

8 Entradas 84 y 85 del caso Núm. SJ2019CV10751 de SUMAC.

9 Entrada 91 del caso Núm. SJ2019CV10751 de SUMAC.
KLAN202400219 7

al Sr. Anthony Santoro, representante de PRAPI y una declaración 

jurada del Sr. Rafael Muñoz, analista financiero de PRAPI. Además,

hizo referencia a las deposiciones incluidas por PRAPI en su 

solicitud de Sentencia Sumaria, así como otros documentos 

relacionados, para contrarrestar aquellas determinaciones de 

hechos que había propuesto, la apelada, como incontrovertidos, por 

entender que constituían una malinterpretación de lo 

verdaderamente declarado.

El 18 de noviembre de 2022, notificada el 21 de noviembre de 

2022, el TPI de Aibonito dictó Sentencia Parcial.

10 En virtud de las 

determinaciones de hechos y la documentación sometida, el TPI 

concluyó que PRAPI no cometió ningún tipo de fraude o “que haya 

habido otras circunstancias extraordinarias que al asegurador le era 

imposible descubrir a pesar de una investigación diligente previo a 

emitir su ajuste”. En consecuencia, resolvió que One Alliane no 

podía retractarse de los ajustes y ofertas del 1st Claim Submission

con relación a las propiedades ubicadas en Aibonito; por tanto, 

PRAPI no tenía que devolver dinero alguno. En cuanto al restante de 

las alegaciones y remedios solicitados en la Demanda Enmendada,

relacionados al 2nd y 3rd Claim Submission, resolvió que se 

atenderían en juicio plenario.

Inconforme con la determinación del TPI de Aibonito, One 

Alliance presentó el recurso de Apelación en el caso 

KLAN202201050 imputándole al TPI haber cometido los siguientes 

errores luego de declarar Ha lugar la Sentencia Sumaria presentada 

por PRAPI: 1) que erró el TPI al determinar que One alliance no se 

podía retractar de los ajustes y ofertas del 1st Claim Submission, esto 

a pesar de que el foro primaria había determinado que atendería la 

validez de la nulidad de la póliza en vista plenaria; 2) que erró el TPI 

10 Entrada 100 del caso Núm. SJ2019CV10751 de SUMAC.
KLAN202400219 8

al determinar que PR Asset no tenía que devolverle a One Alliance 

suma alguna a pesar de que determinó que la validez de la nulidad 

de la póliza sería atendida en vista plenaria, violando así el debido 

proceso de ley y; 3) que erró el TPI al determinar que no procedía 

devolución alguna a One Alliance, cuando dicha controversia estaba 

pendiente de adjudicación en la Reconvención, violándose el debido 

proceso de ley.

11

El 13 de marzo de 2023, dictamos Sentencia mediante la cual 

revocamos la Sentencia Parcial dictada por el TPI de Aibonito. En esa 

ocasión razonamos que, ante la existencia de controversia 

relacionada a las alegaciones de fraude y falsa representación sobre 

las propiedades aseguradas, no procedía dictarse Sentencia Sumaria 

Parcial. 

Surge del expediente que el 15 de mayo de 2023, PRAPI acudió 

ante nuestro más alto foro. Sin embargo, el Tribunal Supremo no 

expidió el auto.12

El 19 de septiembre de 2023, PRAPI presentó una Moción para 

que se dicte Sentencia Sumaria de conformidad a Sentencia final y 

firme en caso relacionado de Caguas por ser cosa juzgada sobre las 

materias de en este pleito.

13 Mediante esta, PRAPI señaló que este 

Tribunal de Apelaciones dictó una Sentencia en la cual revocamos 

la determinación del TPI de Caguas por haber denegado la Moción 

de Sentencia Sumaria Parcial presentada por esta. Además, expresó

que en la referida Sentencia le concedimos los remedios solicitados 

y desestimamos la Reconvención presentada por One Alliance. 

Asimismo, PRAPI apuntó que debido a que la Sentencia había 

11 KLAN202201050. Este caso fue consolidado con el caso KLCE20201271 en el 

cual se recurrió de una Resolución dictada por el TPI, Sala Superior de Humacao 

y el KLCE20201330, del cual se recurrió de una Resolución dictada por el TPI, 

Sala Superior de Guayama. En ambos casos, los foros inferiores denegaron la 

Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por PR Asset. En relación a estos 

últimos dos, este tribunal denegó la expedición del recurso de certiorari. 

12 Véase AC-2023-0037.

13 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 399-474. Véase, además,

KLCE20201139.
KLAN202400219 9

advenido final y firme, esta tenía el efecto de cosa juzgada. Según 

PRAPI, los pleitos instados en las distintas regiones judiciales,

donde había propiedades aseguradas, surgen a raíz del 

fraccionamiento del pleito original en la Región Judicial de San 

Juan. Por tanto, argumentó que todos los pleitos en las distintas 

regiones judiciales versaban sobre las mismas partes, las mismas 

reclamaciones de seguro bajo las mismas pólizas, involucraban las 

mismas transacciones y se trataba de las mismas controversias de 

hecho y de derecho. Así pues, para que se garantizara la

consistencia que requiere la doctrina de cosa juzgada solicitó los 

siguientes remedios:

• Declare que la anulación de las pólizas fue invalida;

Declare que One Alliance no se puede retractar de los 

ajustes y ofertas del 1st Claim Submission y parte del 2nd 

Claim Submission; 

• Declare que PRAPI no tiene que devolverle a One 

Alliance suma alguna con relación al 1st Claim Submission; 

• Ordene a One Alliance a pagarle a PRAPI los 

$1,493,856.59 que le debe bajo el acuerdo suscrito entre las 

partes respecto el 2nd Claim Submission; 

• Ordene a One Alliance a culminar el ajuste y pago de 

las reclamaciones de propiedad incluidas en parte del 2nd 

Claim Submission y la totalidad del 3rd Claim Submission en 

un término perentorio; 

• Ordene a One Alliance a pagarle a PRAPI los intereses 

post-sentencia calculados al interés legal de 9.25% según 

dispone la tabla de intereses aplicables a sentencias 

judiciales emitida por la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras; 

• Ordene a One Alliance a pagarle a PRAPI los intereses 

pre-sentencia por morosidad, debido a que One Alliance no 

tenía razón leg[í]tima para negarse a satisfacer el ajuste y 

oferta que le cursó a PRAPI en el 2019; 

• Ordene a One Alliance a pagar honorarios de abogado 

conforme lo requiere el Artículo 27.165 del Código de Seguros, 

26 L.P.R.A. § 2716e (“Al recaer una sentencia o decreto por

cualquiera de los tribunales contra un asegurador y en favor 

de cualquier asegurado nombrado [...] el Tribunal de Primera 

Instancia [...] deberá adjudicar o decretar contra el 

asegurador y a favor del asegurado o el abogado del 

beneficiario una suma razonable como honorarios o 

compensación por haber procesado la demanda en la que se 

obtuvo una recuperación.”

Por su parte, el 24 de septiembre de 2023, One Alliance 

presentó su Moción de Sentencia Sumaria en virtud de la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil.

14 En la referida moción, One Alliance sostuvo

14 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 475-1548.
KLAN202400219 10

la alegación sobre la comisión de conductas fraudulentas por parte 

de PRAPI, en violación a las cláusulas del contrato de seguros 

suscrito entre ambas partes. Por tal razón, solicitó que: a) se

determinara la comisión de fraude por parte de PRAPI; b) se anulara

la póliza de seguros número 75-28-000001259-0 (NPL); c) se 

anulara la póliza de seguros número 75-28-000001258-0 (REO); d) 

se le ordenara a PRAPI devolverle a One Alliance el dinero pagado 

por concepto del 1st Claim Submission; y e) se le impusiera el pago 

de los gastos incurridos al momento a favor del One Alliance.

Asimismo, el 11 de octubre de 2023, One Alliance presentó 

una Oposición a Moción para que se dicte Sentencia Sumaria y en 

solicitud de desestimación.

15 En esta, One Alliance arguyó que no 

procedía la Sentencia Sumaria presentada por PRAPI debido a que

la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso de la Región

Judicial de Caguas no se adjudicó en cuanto a causas de acción 

pendientes, principalmente sobre las alegadas actuaciones 

fraudulentas de la parte apelada.

16 Por tanto, para One Alliance 

existían hechos materiales que estaban en controversia que 

impedían disponer el caso sumariamente. También, adujo que no se 

cumplía con los requisitos de la doctrina de cosa juzgada, toda vez 

que el caso de autos no gozaba de cosas y causas de perfecta

identidad entre ambos pleitos. Señaló, además, que en la alternativa

las determinaciones de este Tribunal de Apelaciones sobre los casos 

de las demás regiones judiciales-las cuales declaraban Sin Lugar la 

Sentencia Sumaria- surtieran efecto de cosa juzgada sobre el caso 

de la Región de Caguas.

17 Señalaron que estas gozaban de finalidad 

y firmeza previamente a la emisión de la Sentencia en Caguas. 

15 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 1549-1562.

16 Véase KLCE202201139. 

17 Véase sentencias consolidadas KLCE202201271, KLCE202201330 y 

KLAN202201050 que determinan que no procede la Sentencia Sumaria ante la 

existencia de hechos esenciales en controversia.
KLAN202400219 11

El 21 de noviembre de 2023, PRAPI presentó Escrito en 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria de One Alliance [SUMAC 

Núm. 126]; en Réplica a Oposición y Solicitud de Desestimación de 

One Alliance [SUMAC Núm. 130]; y en Solicitud de Honorarios por 

Temeridad en el cual reprodujo brevemente los argumentos que 

apoyaban su Moción de Sentencia Sumaria.

18 Expresó que One 

Alliance incumplió con los requisitos de la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, infra. Asimismo, señaló que obtuvo dos 

sentencias dictadas por este foro intermedio en donde declaramos 

Ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por ellos 

y otra que confirma al foro de instancia el cual declaró Ha lugar la 

Demanda luego de un juicio en su fondo.19 En cuanto a esta última, 

resolvimos que la decisión de la Región Judicial de Caguas tuvo el 

efecto de cosa juzgada sobre la Región Judicial de Aguadilla.20

Además, PRAPI presentó Moción informativa sobre decisiones 

persuasivas en la cual expresó que existían seis (6) sentencias 

ordenando a One Alliance: (1) a pagar su ajuste del 2nd Claim 

Submission; (2) ajustar el remanente del 2nd Claim Submission y la 

totalidad del 3rd Claim Submission; y (3) pagar la suma producto de 

ese ajuste.21 Explicó que estas sentencias eran uniformes en torno 

a que las alegaciones de fraude de One Alliance eran inmeritorias 

tanto procesal como sustantivamente, y que además, anularon las 

18 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 1563-1703.

19 En específico, dos sentencias del Tribunal de Apelaciones, una que corresponde 

a la Región Judicial de Caguas (KLCE2O22O1139) y otra a la Región Judicial de

Fajardo (KLCE2O22O1212). Además, la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 

22 de septiembre de 2023, confirmando la Sentencia final del Tribunal de Primera 

Instancia de Aguadilla, emitida luego de un juicio en su fondo (KLAN202300485). 

20 Véase KLCE2O22O1139 y KLAN202300485.

21 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 1704-1859; Véase, KLAN202300485 

(proveniente del caso SJ2019CV10725 del TPI de Aguadilla); KLCE202201139 

(proveniente del caso SJ2019CV10729 del TPI de Caguas); KLCE202201212 

(proveniente del caso SJ2019CV10753 del TPI de Fajardo); SJ2019CV10806 

(proveniente del TPI de Ponce a la entrada de SUMAC Núm. 150); SJ2019CV10808 

(proveniente del TPI de Utuado a la entrada de SUMAC Núm. 187);

SJ2019CV10739 (proveniente del TPI de Arecibo a la entrada de SUMAC Núm. 

319).
KLAN202400219 12

pólizas objeto de los litigios ilícitamente. También, señaló que dos 

de esas sentencias eran finales y firmes. 

El 13 de diciembre de 2023, One Alliane presentó Breve 

Dúplica a: “Réplica a Oposición y Solicitud Desestimación De One 

Alliance [Sumac Núm. 130] y Solicitud de Honorarios por Temeridad 

y a Moción Informativa sobre Decisiones Persuasivas”.

22 Señaló en la 

referida contestación que no existían propiedades inmuebles en la 

jurisdicción de Aibonito que pudieran haberse juzgado mediante 

una Sentencia emitida en otro foro judicial y que en el caso de autos 

este tribunal apelativo había emitido una Sentencia final y firme

donde resolvimos que no procedía la solicitud de Sentencia Sumaria

presentada por PRAPI, debido a la existencia de controversia de 

hechos. 23 Además, señaló que este foro intermedio emitió un 

Mandato al TPI de Aibonito con una orden específica de continuar 

los procedimientos. Por tanto, sostuvo que no procedía la solicitud 

de PRAPI de Sentencia Sumaria por una controversia que fue juzgada 

en otra jurisdicción y bajo otro supuesto de hechos. Así pues, señaló 

que procedía la continuación de los procedimientos en el TPI de 

Aibonito.

El 13 de diciembre de 2023, One Alliance ripostó con un 

escrito intitulado Réplica a “Escrito en Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria de One Alliance [SUMAC Núm 126]” y en Oposición 

a “Solicitud de Honorarios por Temeridad”.

24 Argumentó que cumplió 

con los requisitos de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, infra.

Asimismo, apuntó que había levantado el fraude desde el inicio del

pleito y que esta acción no estaba prescrita conforme al Código de 

Seguros de Puerto Rico. Señaló que había sido PRAPI quien 

22 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 1860-1866.

23 Véase KLAN202201050.

24 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 1867-1884.
KLAN202400219 13

obstaculizó los procedimientos para que pudiera obtener la prueba 

sobre el alegado fraude. 

Así las cosas, el 11 de enero de 2024, el TPI de Aibonito dictó 

Sentencia en el caso de autos.

25 El foro primario realizó las 

siguientes determinaciones de hechos:

1. El 10 de enero de 2023, notificada el 11 del mismo mes, el 

Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia en el caso 

KLCE202201139 (proveniente del caso SJ2019CV10729 del 

Tribunal de Caguas) (“Sentencia de Caguas”), revocando la 

Resolución del Tribunal de Primera Instancia en el caso 

relacionado de Caguas, que había denegado la Moción de 

Sentencia Sumaria de PRAPI.

2. En la Sentencia de Caguas, el Tribunal de Apelaciones 

determinó que One Alliance no podía retractarse del ajuste que 

le emitió a PRAPI. En cuanto a esto, dispuso que “One Alliance 

no demostró que hayan surgido circunstancias 

extraordinarias que le fueran imposibles descubrir al momento 

de emitir el ajuste.” Véase Id., pág. 8. Por tanto, concluyó que 

“erró el Tribunal de Primera Instancia al no ordenar a One 

Alliance que realizara el pago del ajuste emitido ya que se 

trata de una deuda líquida, vencida y exigible.” Véase Id., 

pág. 9; véase además Id., pág. 8 (PRAPI “[s]eñala que [el TPI] 

debió ordenar a One Alliance cumplir con el pago del ajuste 

emitido en el 2nd Claim Submission. Tiene razón.”). 

3. El Tribunal de Apelaciones también determinó que “[s]i bien es 

cierto que, One Alliance presentó Reconvención alegando 

fraude por parte de PRAPI, el momento para levantar cualquier 

reclamación era cuando se realizó la investigación de la 

reclamación y el ajuste, no posteriormente,” por lo cual no 

procedía la misma. Véase Id., pág. 8-9. 

4. One Alliance recurrió al Tribunal Supremo de la Sentencia. El 

Tribunal Supremo acogió la apelación de One Alliance como 

recurso de Certiorari y la denegó.

5. El Tribunal Supremo rechazó las dos mociones de 

reconsideración que presentó la aseguradora posteriormente, 

por lo cual, habiéndosele agotado los remedios apelativos a 

One Alliance, la Sentencia de Caguas advino en final y firme.

6. El 11 de septiembre de 2023 se registró el mandato 

correspondiente en autos en el caso de Caguas.

7. Este Tribunal toma conocimiento judicial que el Tribunal de 

Apelaciones emitió otra sentencia idéntica a la de Caguas, 

pero esta vez proveniente del pleito ventilándose en la Región 

Judicial de Fajardo (“Sentencia de Fajardo”) en el caso 

KLCE202201212 (proveniente del caso SJ2019CV10753 del 

Tribunal de Fajardo). Esta Sentencia también es final y firme, 

según el expediente de ese caso demuestra.1 [SUMAC 138].

Ante dichas determinación de hechos, concluyó el TPI de Aibonito 

que; procedía dictar Sentencia a favor de PRAPI toda vez que las 

sentencias del TPI Caguas y Fajardo surtían efecto de cosa juzgada 

en el caso de autos; que procedía declarar No ha lugar la Moción de 

25 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 1885-1898.
KLAN202400219 14

Sentencia Sumaria presentada por One Alliance por adolecer de 

múltiples defectos procesales, y además, porque estaba vedada 

como cuestión de derecho por operación de la doctrina de cosa 

juzgada; y que One Alliance no había demostrado la existencia del 

alegado fraude por parte de PRAPI. Por tanto, el TPI de Aibonito 

declaró Ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por 

PRAPI y No ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por 

One Alliance. Asimismo, dictó Sentencia declarando: que la 

anulación de las pólizas por One Alliance fue inválida; que One 

Alliance no se puede retractar de los ajustes y ofertas del 1st Claim 

Submission y parte del 2nd Claim Submission; y que PRAPI no tiene

tenía que devolverle a One Alliance suma alguna con relación al 1st 

Claim Submission. En consencuencia, ordenó a One Alliance lo 

siguiente: 

• Pagarle a PRAPI los $1,493,856.59 que le debe bajo 

el acuerdo suscrito entre las partes respecto el 2nd Claim 

Submission; 

• Culminar el ajuste y pago de las reclamaciones 

pendientes de propiedad incluidas en parte del 2nd 

Claim Submission y la totalidad del 3rd Claim 

Submission sitas en la Región Judicial de Aibonito en un 

término perentorio de 30 días; 

• Pagarle a PRAPI los intereses post-sentencia 

calculados al interés legal vigente de 9.25% según 

dispone la tabla de intereses aplicables a sentencias 

judiciales emitida por la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras; 

• ... [P]agarle a PRAPI los intereses pre-sentencia por 

morosidad, debido a que One Alliance no tenía razón 

leg[í]tima para negarse a satisfacer el ajuste y oferta que 

le cursó a PRAPI en el 2019; 

• Pagarle [a] PRAPI honorarios de abogado por la 

cuantía de $25,000 conforme lo requiere el Artículo 

27.165 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. § 2716e (“Al 

recaer una sentencia o decreto por cualquiera de los 

tribunales contra un asegurador y en favor de cualquier 

asegurado nombrado [...] el Tribunal de Primera 

Instancia [...] deberá adjudicar o decretar contra el 

asegurador y a favor del asegurado o el abogado del 

beneficiario una suma razonable como honorarios o 

compensación por haber procesado la demanda en la 

que se obtuvo una recuperación”.)

El 1 de febrero de 2024, One Alliance solicitó la 

Reconsideración de la referida Sentencia emitida por el TPI de 
KLAN202400219 15

Aibonito.

26 Dicha Reconsideración fue declarada No ha lugar por el 

foro primario el 5 de febrero de 2024.27

Insatisfecho, One Alliance acudió ante nos el 6 de marzo de 

2024 mediante recurso de Apelación y nos planteó la comisión de 

los siguientes errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR “QUE 

LAS SENTENCIAS DE CAGUAS Y FAJARDO SURTEN 

EFECTO DE COSA JUZGADA EN ESTE PLEITO” Y NO 

ORDENARSE LA DESESTIMACIÓN; PUES LO 

JUZGADO, COMO CUESTIÓN DE DERECHO UMBRAL, 

NO PUEDE VOLVER A JUZGARSE;

(i) APLICANDO ERRÓNEAMENTE LA DOCTRINA DE 

“COSA JUZGADA” EL TPI EMITIÓ, EN ABUSO DE SU 

DISCRECIÓN Y VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO 

DE LEY, ORDEN PARA QUE ONE ALLIANCE 

EMITIERA LOS PAGOS QUE YA HABÍAN SIDO 

ORDENADOS EN LA REGIÓN DE CAGUAS Y DE 

FAJARDO, CONVIRTIÉNDOSE EN UNA ORDEN DE 

PAGO TRIPLICADO;

(ii) ORDENANDO EL PAGO DE INTERESES PRESENTENCIA CUANDO EL CASO DE AUTOS ES EN 

RECLAMO DE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

NO DE COBRO DE DINERO;

(iii) ORDENANDO EL PAGO DE INTERESES POSTSENTENCIA Y HONORARIOS QUE TAMBIÉN HABÍAN 

SIDO ORDENADOS EN CAGUAS Y FAJARDO, 

CONVIRTIÉNDOSE EN UNA ORDEN DE PAGO 

TRIPLICADO POR LOS MISMOS CONCEPTOS;

(iv) LA SENTENCIA APELADA APLICA A LOS HECHOS 

TODO LO CONTRARIO A LO QUE ESTABLECE LA 

DOCTRINA DE “COSA JUZGADA”;

(v) LA SENTENCIA APELADA PROVOCA UN 

ENRIQUECIMIENTO INJUSTO POR CANTIDADES 

MILLONARIAS ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL ADJUDICAR 

SOBRE CONTROVERSIAS “JUZGADAS” INCIDIENDO 

EN ORDEN DE PAGO DE RECLAMACIÓN SOBRE 

PROPIEDADES INMUEBLES QUE NO ESTÁN SITAS EN 

ESTA JURISDICCIÓN Y QUE POR ORDEN DE 

TRASLADO SE “JUZGARON” EN OTRA JURISDICCIÓN;

TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL ORDENAR PAGOS 

DE RECLAMACIONES DECLARANDO HA LUGAR UNA 

SENTENCIA SUMARIA QUE YA EL TRIBUNAL DE 

APELACIONES HABÍA DECLARADO IMPROCEDENTE, 

ANTE LA EXITENCIA DE CONTROVERSIA DE HECHOS 

(KLCE202201050).

El 11 de marzo de 2024, emitimos una Resolución 

concediéndole a la parte apelada el término de treinta (30) días para 

26 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 1899-1923.

27 Apéndice del recurso de Apelación, pág. 1924.
KLAN202400219 16

presentar su alegato en oposición. 28 El 6 de mayo de 2024, se 

cumplió con lo ordenado, por lo que nos damos por cumplidos y a 

su vez, decretamos perfeccionado el recurso. 

Analizados los escritos de las partes, así como el expediente 

apelativo; y evaluado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

-IIA.

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36, 

regula todo lo relacionado a la moción de sentencia sumaria. Dicho 

mecanismo procesal es utilizado en aquellos litigios que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

consiguiente, la celebración de un juicio en su fondo no es necesaria 

en la medida que solo resta por dirimir determinadas controversias 

de derecho. Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, 2023 TSPR 

80, 212 DPR ___ (2023); SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 

208 DPR 310, 334 (2021); León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 

41 (2020); Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018). Se 

considera un hecho material aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Bobé et 

al. V. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 20 (2017). Asimismo, 

“resulta esencial que de la prueba que acompaña la solicitud de 

sentencia sumaria surja de manera preponderante que no existe 

controversia sobre los hechos medulares del caso.” Cruz Cruz v. 

Bella Group, 2024 TSPR 47; 213 DPR __ (2024). 

El propósito que se persigue con el mecanismo de la sentencia 

sumaria es que los pleitos civiles sean solucionados de forma justa, 

rápida y económica. SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, 

pág. 335; León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 43. Para ello, la 

28 El 1 de abril de 2024, One Alliance solicitó prórroga para presentar su alegato. 

El 3 de abril de 2024, emitimos una Resolución concediéndole hasta el 6 de mayo 

de 2024 para presentar su posición.
KLAN202400219 17

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, establece 

cual será el contenido y los requisitos de forma que deberán 

observarse tanto en la solicitud de sentencia sumaria que inste la 

parte promovente, como en la oposición que pueda presentar la 

parte promovida. Véase, también, León Torres v. Rivera Lebrón, 

supra, pág. 43.

La Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra, dispone que 

la sentencia sumaria solicitada será dictada inmediatamente:

“si de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas, si las hay, u otra evidencia 

demuestran que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como 

cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente.” Véase, 

además, Rodríguez García v. UCA, supra; Roldán Flores 

v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664 (2018).

Como regla general, una moción de sentencia sumaria no 

procederá cuando: (1) existan hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la demanda que

no han sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho

material y esencial; o (4) como cuestión de derecho, no proceda. 

Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, págs. 335-336; S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011). De

igual forma, es también norma reiterada que el mecanismo de 

sentencia sumaria no es el adecuado cuando existen controversias

de hechos materiales sobre elementos subjetivos de intención, 

propósitos mentales o negligencia. Velázquez Ortiz v. Mun. De 

Humacao, 197 DPR 656 (2017); Const. José Carro v. Mun. Dorado,

186 DPR 113, 129 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200,

219 (2010).
KLAN202400219 18

La Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, regula que ocurre 

cuando no se dicta una sentencia sumaria en su totalidad, sobre la

misma expone:

“Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 

la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la moción, y es necesario 

celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva 

la moción mediante una determinación de los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 

daños u otra reparación no está en controversia, 

ordenando los procedimientos ulteriores que sean 

justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 

limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el 

juicio, se considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad.

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla, el tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno.”

Es importante puntualizar que, al momento de atender una

solicitud de revisión de sentencia sumaria, los foros apelativos 

estamos llamados a “examinar el expediente de novo y verificar que

las partes cumplieron con las exigencias” pautadas en las Reglas de 

Procedimiento Civil. Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, 

pág. 338 que cita a Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 

1010, 1025 (2020). En ese proceder, y de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, nos corresponde 

entonces revisar si el foro primario aplicó correctamente el Derecho.

Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra; González Santiago v. 

Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).

B.

Para que se configure la defensa de cosa juzgada se tiene que 

cumplir con los requisitos siguientes: (1) una primera sentencia 

válida, la cual advino final y firme que adjudicó los hechos y resolvió 

la controversia en los méritos; (2) las partes en ambos juicios deben 

ser las mismas; (3) era la misma controversia objeto en cada juicio; 

(4) que el remedio que se solicita sea análogo al que se pidió en el 
KLAN202400219 19

caso anterior; y, por último, (5) que las partes en ambos litigios 

comparezcan en la misma calidad. Beníquez et al. v. Vargas et al., 

184 DPR 210, 221-225 (2012). 

En resumen, la doctrina de cosa juzgada requiere que entre el 

caso resuelto mediante sentencia y en el caso en que se invoca 

concurra la más perfecta identidad entre las cosas, causas, 

personas litigantes y la calidad en que lo fueron. Pérez Droz v. A.S.R., 

184 DPR 313, 317 (2012). Véanse, además, Méndez v. Fundación, 

165 DPR 253, 267 (2005). Cuando se cumplen estos requisitos no 

procede dilucidar nuevamente los méritos de la controversia que se 

encuentra ante la consideración del tribunal.

El requisito de identidad de causas se refiere al “origen de las 

acciones o excepciones planteadas y resueltas, y no debe 

confundirse con los medios de prueba ni con los fundamentos 

legales de las pretensiones deducidas por las partes”. Presidential v. 

Transcaribe, 186 DPR 263, 275 (2012) que cita a J.M. Manresa, 

Comentarios al Código Civil español, 5ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 

1950, T. VIII, Vol. 2, págs. 237-42. Entiéndase, que la causa “es el 

motivo que tuvo el demandante para pedir”. Íd. que cita a Beníquez 

et al. v. Vargas et al., supra. La identidad de cosas significa que el 

segundo pleito se refiera al mismo asunto que versó el primero, 

entiéndase, que sea el mismo objeto o materia. Por otro lado, la 

identidad de partes requiere que los litigantes hayan sido los 

mismos y que su comparecencia haya sido en la misma calidad.

Finalmente, la identidad de personas se refiere a que los litigantes 

del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en 

el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad 

o indivisibilidad de prestaciones. En cuanto a la calidad de los 

litigantes, la doctrina dispone que se trata del carácter en el cual la 

persona viene al pleito, entiéndase: acreedor, deudor, poseedor, 

etcétera. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274; A & P Gen. 
KLAN202400219 20

Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 762 (1981). Cumplidos 

estos requisitos, la doctrina de cosa juzgada impide que, luego de 

emitida una sentencia en un pleito anterior, las mismas partes 

relitiguen en un pleito posterior las mismas causas de acción, las 

controversias ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron 

haber litigado. Pérez Droz v. A.S.R., supra, Mun. de San Juan v. 

Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 769 (2003); Acevedo v. Western 

Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 464 (1996).

De la doctrina de cosa juzgada emana el impedimento 

colateral por sentencia. Este último se diferencia de la doctrina de 

cosa juzgada al no requerir que las controversias objeto del litigio 

sean las mismas. Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 276-277. 

La doctrina de impedimento colateral “surte efectos cuando un 

hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se 

dilucida y se determina mediante sentencia válida y final, [y] tal 

determinación es concluyente en un segundo pleito entre las 

mismas partes, aunque estén involucradas causas de acción 

distintas”. Íd., pág. 277 que cita a Beníquez et al. v. Vargas et al.,

supra.

El impedimento colateral tiene como propósito promover la 

economía procesal y judicial, proteger a los litigantes contra lo que 

representa defenderse o probar sus reclamaciones en repetidas 

ocasiones tratándose de la misma controversia, evitar litigios 

innecesarios y decisiones inconsistentes. Beníquez et al. v. Vargas et 

al., supra; Méndez v. Fundación, supra. No obstante, no procede la 

interposición de la mencionada doctrina cuando la parte contra la 

cual se interpone no ha tenido la oportunidad de litigar previamente 

el asunto y no ha resultado ser la parte perdidosa en el litigio 

anterior. Íd. 

Se han reconocido dos modalidades de la figura 

del impedimento colateral por sentencia: la ofensiva y la defensiva. 
KLAN202400219 21

En la modalidad ofensiva, un demandante le impide al demandado 

litigar otra vez los asuntos que previamente litigó y perdió frente a 

otra parte. En cambio, la modalidad defensiva surge cuando un 

demandado impide a un demandante que litigue otra vez asuntos 

que previamente litigó y perdió frente a otra parte. Méndez v. 

Fundación, supra.

C.

La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.3, 

versa sobre la fijación del interés legal postsentencia y presentencia

(o por temeridad). Esta dispone lo siguiente:

(a) Se incluirán intereses al tipo que fije por 

reglamento la Junta Financiera de la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras, y que esté en

vigor al momento de dictarse la sentencia, en toda 

sentencia de dinero, a computarse sobre la cuantía de 

la sentencia que ordena el pago desde la fecha en 

que se dictó y hasta que ésta sea satisfecha, incluso 

las costas y los honorarios de abogado. El tipo de 

interés se hará constar en la sentencia.

La Junta fijará y revisará periódicamente la tasa 

de interés por sentencia, tomando en consideración el 

movimiento en el mercado y con el objetivo de 

desalentar la presentación de demandas frívolas, evitar 

la posposición irrazonable en el cumplimiento de las 

obligaciones existentes y estimular el pago de las 

sentencias en el menor tiempo posible.

(b) El tribunal también impondrá a la parte que 

haya procedido con temeridad el pago de interés al tipo 

que haya fijado la Junta en virtud del inciso (a) de esta 

regla y que esté en vigor al momento de dictarse la 

sentencia desde que haya surgido la causa de acción en 

todo caso de cobro de dinero y desde la presentación 

de la demanda, en caso de daños y perjuicios, y

hasta la fecha en que se dicte sentencia a 

computarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto 

cuando la parte demandada sea el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, 

dependencias funcionarios o funcionarias en su 

carácter oficial. El tipo de interés se hará constar en la 

sentencia.

Así, según la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, el 

interés postsentencia se refiere al tipo de interés que se impone a 

favor de la parte victoriosa en todas las sentencias que ordenen el 

pago de dinero. Este se computa sobre la cuantía de la sentencia, 

incluyendo las costas y los honorarios de abogado, y se fija desde la 
KLAN202400219 22

fecha en que se dicte la sentencia hasta que esta se 

satisface. Gutiérrez v. A.A.A., 167 DPR 130, 136-137 (2006). La 

fijación del interés legal postsentencia tiene el propósito de “evitar la 

demora irrazonable en el cumplimiento de las obligaciones 

declaradas judicialmente por sentencia, y estimular su pago en el 

menor tiempo posible.” SLG González-Figueroa v. SLG et al., 209 

DPR 138, 146 (2022). Asimismo, la fijación de este tipo de interés 

legal es obligatoria, es decir, puede ser recobrable aunque no sea 

mencionado en la sentencia e independientemente de que la parte 

contraria haya o no, actuado con temeridad. Íd.

De otra parte, el interés por temeridad o presentencia se 

impone cuando convergen los dos requisitos siguientes: 1) que la 

parte haya procedido temerariamente; y 2) que se trate de un caso 

sobre cobro de dinero o daños y perjuicios. Íd; Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 DPR 476, 505 (2010). La temeridad ha sido 

definida “como aquella conducta que hace necesario un pleito que 

se pudo evitar, que lo prolonga innecesariamente o que obliga que 

la otra parte incurra en gestiones evitables.” Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, supra; Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 329 

(1990). De igual modo, el Tribunal Supremo ha señalado que la 

temeridad, para propósitos de la imposición de este interés legal, es 

la misma que conlleva el mandato del pago de honorarios de 

abogado. Íd. Además, el propósito de ambas penalidades es 

“disuadir la litigación frívola y fomentar las transacciones mediante 

sanciones que compensen a la parte victoriosa por los perjuicios 

económicos y las molestias producto de la temeridad de la otra 

parte.” Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 505; 

Montañez v. U.P.R., 156 DPR 395, 425 (2002).

El interés por temeridad o presentencia se fija sobre la suma 

principal de la sentencia dictada sin incluir las costas ni los 

honorarios de abogado. González Ramos v. Pacheco Romero, supra.
KLAN202400219 23

Además, se calcula dependiendo de la reclamación de que se trate;

en los casos de cobro de dinero, se computa desde que surge la 

causa de acción, y en el caso de daños y perjuicios se hará a partir 

de la presentación de la demanda. Gutiérrez v. A.A.A., supra, pág. 

137; Montañez v. U.P.R., supra, págs. 424-425. Asimismo, el foro 

primario tendrá discreción para imponer interés por temeridad, por 

lo que como tribunal revisor solo intervendremos si se cometió algún 

abuso de discreción. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra; J. A. 

Cueva Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Estados Unidos 

de Norte América, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 

1330.

Ahora bien, el concepto de interés por temeridad es 

distinguible del concepto de interés legal postsentencia contenido en 

la Regla 44.3 (a) de Procedimiento Civil, supra.

En cuanto a los intereses por mora, el Código Civil de Puerto 

Rico de 1930, establece en su Artículo 1061, 31 LPRA sec. 3025, que 

“[s]i la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y 

el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y 

perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de 

los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal.”

29

Asimismo, el Artículo 1053 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 

3017, que “[i]ncurren en mora los obligados a entregar o hacer 

alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o 

extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación.” Rodríguez 

Sanabria v. Soler Vargas, 135 D.P.R. 779, 783 (1994). La mora es 

definida como “el retardo culpable: ‘...en sentido lato, se entiende 

por mora o demora el retraso en el cumplimiento de la obligación. 

Pero en sentido propio y jurídico sólo es mora el retardo culpable ́” 

Valcourt v. Iglesias, 78 DPR 630, 638 (1955) que cita a Castán, 

29 El Código Civil de Puerto Rico de 1930 era el vigente al momento de la 

presentación de la Demanda en el caso de epígrafe. 
KLAN202400219 24

Derecho Civil Español, Común y Foral 140 (ed. del Instituto Editorial 

Reus 1954).

La disposición anterior añadía que no será necesaria la 

intimación del acreedor cuando la obligación o la ley así lo declaren 

y cuando de la naturaleza y circunstancias resulte la designación de 

la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio.

Artículo 1053 del Código Civil de 1930, supra. 

En fin, para que exista mora por parte del deudor es necesario 

que se trate de una obligación positiva de dar o hacer, que la 

obligación sea exigible y líquida y esté vencida, que el deudor retarde 

culpablemente el cumplimiento de su obligación y que el acreedor 

requiera el pago al deudor ya sea judicial o extrajudicialmente. J. 

Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, 16ta ed., 

Madrid, Ed. Reus S.A., 1992, Tomo III, págs. 238-240.

D.

El Artículo 27.165 de la Ley 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, 26 LPRA sec. 2716e, mejor conocida como el Código de 

Seguros de Puerto Rico dispone: 

(1) Al recaer una sentencia o decreto por 

cualquiera de los tribunales contra un asegurador y en 

favor de cualquier asegurado nombrado o el beneficiario 

designado bajo una póliza o contrato ejecutado por el 

asegurador, el Tribunal de Primera Instancia o, en el 

caso de una apelación en la que prevalezca el asegurado 

o beneficiario, el tribunal de apelación, deberá 

adjudicar o decretar contra el asegurador y a favor del 

asegurado o el abogado del beneficiario una suma 

razonable como honorarios o compensación por haber 

procesado la demanda en la que se obtuvo una 

recuperación. 

(2) En cuanto a las demandas basadas en 

reclamos que surjan de pólizas de seguro de vida o 

contratos de anualidad, no se aplicará dicha tarifa de 

abogado permitido si tal demanda se inició antes de la 

expiración de sesenta (60) días después de la 

presentación de la prueba del reclamo debidamente 

presentada ante la aseguradora. 

(3) Cuando se otorgue, la compensación u 

honorarios del abogado se incluirán en la sentencia o 

decreto dictado en el caso.
KLAN202400219 25

La Ley 247-2018, añadió el Artículo 27.165 al Código de 

Seguros de Puerto Rico, supra. Esta legislación surge a raíz de las 

reiteradas violaciones a las disposiciones del Código de Seguro de 

Puerto Rico por parte de las aseguradoras para responderle a los 

asegurados durante la devastación que dejaron los huracanes Irma 

y María en Puerto Rico. Exposición de Motivos de la Ley 247, supra. 

Así pues, la legislación tiene el propósito de brindar herramientas y 

protecciones adicionales a los asegurados para garantizar el fiel 

cumplimiento de los fines del Código de Seguros y agilizar el proceso 

de recuperación de Puerto Rico. Exposición de Motivos de la Ley 

247-2018; Consejo de Titualres v. MAPFRE, 208 DPR 761, 771

(2022). Asimismo, al aprobar el referido estatuto, el legislador 

también tuvo la intención, entre otras cosas, de obligar a las 

aseguradoras que obren de mala fe al pago de honorarios de 

abogado. Exposición de Motivos de la Ley 247, supra.

E.

La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un 

tribunal para resolver los casos y las controversias que tiene ante 

su consideración. Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, 207 DPR 586, 

600 (2021). En Puerto Rico, los tribunales poseen jurisdicción 

general, es decir, que ostentan la “autoridad para atender cualquier 

causa de acción que presente una controversia propia para 

adjudicación...”. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101 

(2020). Así, el Artículo V, Sec. 2 de la Const. PR, LPRA, Tomo 1, 

establece que “los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema 

judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento 

y administración.” Véase además Artículo 2.001 de la Ley 201-2003,

4 LPRA sec. 24b, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003. Por 

su parte, la Regla 3.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 3.1,

en lo pertinente dispone que los tribunales de Puerto Rico tendrán 
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jurisdicción sobre “todo asunto, caso o controversia que surja dentro 

de la demarcación territorial del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico.” De este modo, “cualquier parte del sistema tiene jurisdicción 

para resolver una causa”, aunque ese tribunal no tenga competencia 

para ello. Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384, 

394 (2022). 

Por otro lado, la competencia es “la facultad que tienen las 

distintas salas para conocer ciertos negocios, ya por la naturaleza 

de las cosas, o bien por razón de las personas.” Cueva Segarra, op. 

cit., 2011, T. I, pág. 265. Dicho de otro modo, la competencia es la 

manera en que se organiza y canaliza la jurisdicción de los 

tribunales. Íd. La Regla 3.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 3.1, menciona que: 

Todo pleito se presentará en la sala que 

corresponda según lo dispuesto por ley y por estas 

reglas, pero no se desestimará ningún caso por razón 

de haberse sometido a una sala sin competencia.

Todo pleito podrá tramitarse en la sala en que se 

presente por convenio de las partes y la anuencia 

fundamentada del juez o jueza que presida dicha sala 

en ese momento. De lo contrario, será transferido por 

orden del juez o jueza a la sala correspondiente.

En cuanto a la competencia sobre pleitos que afecten las

propiedades inmuebles, la Regla 3.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 3.3, dispone que “[l]os pleitos en relación con el título o 

algún derecho o interés en bienes inmuebles deberán presentarse 

en la sala correspondiente a aquella en que radique el objeto de la 

acción, o parte del mismo.” Según el tratadista Cueva Segarra, la 

referida regla no aplica cuando se trata de una acción personal. 

Cueva Segarra, op. cit., 2011, T. I, pág. 271.

-IIIA la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

los errores señalados en el recurso ante nuestra consideración. La 

parte apelante presentó tres (3) señalamientos de error, los cuales 

discutiremos en conjunto por estar relacionados entre sí. 
KLAN202400219 27

En esencia, en su primer señalamiento de error la parte 

apelante plantea que las sentencias de las regiones judiciales de 

Caguas y Fajardo tuvieron el efecto jurídico de evitar la relitigación 

del caso por ser cosa juzgada, por lo que resultaba improcedente 

que el TPI de Aibonito emitiera las mimas órdenes de pago sobre las 

reclamaciones, los intereses postsentencia y los honorarios de 

abogados que ya habían sido emitidos por las referidas regiones 

judiciales. Es decir, que la orden de pago emitida por el TPI de 

Aibonito se convierte en un pago triplicado provocando un 

enriquecimiento injusto. Además, en el primer señalamiento de 

error señalaron que no procedía el pago de intereses presentencia 

toda vez que el caso de epígrafe versa sobre un incumplimiento de 

contrato y no sobre cobro de dinero. En cuanto al segundo error, 

alegan que el TPI de Aibonito incidió al ordenar el pago sobre 

propiedades inmuebles que no están sitas en la Región Judicial de 

Aibonito. Por último, apuntan en su tercer error que el foro primario

erró al haber declarado ha lugar la Sentencia Sumaria presentada 

por PRAPI cuando previamente la habíamos declarado improcedente 

en el caso KLCE202201050, ante la existencia de hechos en 

controversia. 

Examinada de novo la moción de sentencia sumaria 

presentada por PRAPI, así como la moción en oposición presentada 

por One Alliance, concluimos que las determinaciones de hechos 

formuladas por el TPI de Aibonito en el dictamen apelado 

encuentran apoyo en la prueba que obra en el expediente, por lo que 

las acogemos por referencia y las hacemos formar parte de nuestro 

dictamen. Además, añadimos que en este caso tampoco existe 

controversia de hechos en cuanto a que las partes acordaron 

atender la reclamación en tres (3) fases: 1st, 2nd y 3rd Claim 

Submission. También se desprende del expediente como hecho 

incontrovertible que este caso se presentó originalmente en el TPI de 
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San Juan. No obstante, se ordenó la separación de las causas de 

acción mediante la creación de casos nuevos debido a que las 

propiedades objeto de reclamación radicaban en distintas 

municipalidades.

De la evaluación del caso, procede que el tribunal disponga de

este sumariamente cuando no exista una legítima controversia de 

hechos medulares, de modo que lo restante sea aplicar el derecho.

Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra

Asimismo, para que aplique la doctrina de cosa juzgada, 

deben coincidir los siguientes elementos: (1) una primera sentencia 

válida, la cual advino final y firme que adjudicó los hechos y resolvió 

la controversia en los méritos; (2) las partes en ambos juicios deben 

ser las mismas; (3) era la misma controversia objeto en cada juicio; 

(4) que el remedio que se solicita sea análogo al que se pidió en el 

caso anterior; y, por último, (5) que las partes en ambos litigios 

comparezcan en la misma calidad. Beniquez et al. v. Vargas et al.,

supra. En resumen, la doctrina de cosa juzgada requiere que entre 

el caso resuelto mediante sentencia y en el caso en que se invoca 

concurra la más perfecta identidad entre las cosas, causas, 

personas litigantes y la calidad en que lo fueron. Pérez Droz v. A.S.R.,

supra.

En cuanto a los elementos de cosa juzgada, no está en 

controversia que las sentencias de Caguas y Fajardo advinieron 

finales y firmes. Tampoco está en controversia que las partes sean 

las mismas y que comparecieron en la misma calidad en las regiones 

judiciales de Caguas y Fajardo y en este pleito. Así pues, PRAPI

compareció a los pleitos como la parte demandante y asegurada. Por 

su parte, One Alliance compareció como la parte demandada y 

aseguradora. En cuanto a los demás requisitos, no está en 

controversia que en el objeto de este pleito se comparte entre los 

casos relacionados los acuerdos de transacción y las reclamaciones 
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de seguro que PRAPI aún tiene pendiente frente a One Alliance. Por 

otro lado, en cuanto al concepto de “causa”, el motivo que tuvo 

PRAPI para demandar es el mismo en de todos estos pleitos: que 

One Alliance no ha pagado lo que debe bajo el acuerdo de 

transacción suscrito sobre el 2nd Claim Submission, y que tampoco 

ha ajustado y pagado el remanente de la reclamación.

Consonó con lo discutido anteriormente, resolvemos que no le 

asiste la razón a One Alliance en cuanto a que el TPI de Aibonito 

había incidido al ordenar el pago de reclamaciones sobre 

propiedades inmuebles que no están sitas en la jurisdicción de 

Aibonito. En este caso, el TPI de Aibonito ordenó a One Alliance

pagarle a PRAPI la suma de $1,493,856.59 que le debía bajo el 

acuerdo suscrito del 2nd Claim Submission. Esta suma corresponde 

al ajuste y ofrecimiento de pago que One Alliance le hiciera a PRAPI

por veintinueve (29) de las sesenta y cuatro (64) propiedades que 

componían el 2nd Claim Submission.

La orden de pago del TPI de Aibonito solo recoge lo resuelto en 

las sentencias de Caguas y Fajardo que atienden las mismas

alegaciones de fraude de One Alliance presentadas en estas regiones 

judiciales y que también fueron alegadas en la Región Judicial de 

Aibonito.30 Es decir, que One Alliance no puede “negarse a emitir el 

pago del 1st and 2nd Claim Submission de las propiedades ajustadas 

una vez fue aceptado por PRAPI”.31 Por su parte, el foro primario de 

Aibonito resolvió que la anulación de las pólizas por One Alliance 

fue inválida; que One Alliance no se puede retractar de los ajustes y 

ofertas del 1st Claim Submission y parte del 2nd Claim Submission;

y que PRAPI no tiene que devolverle a One Alliance suma alguna con 

relación al 1st Claim Submission. Por tanto, el pago ordenado del 

30 Se toma conocimiento judicial del caso Núm. SJ2019CV10753 del TPI de 

Fajardo (Entrada 111 de SUMAC); Caso Núm. SJ2019CV10729 del TPI de Caguas 

(Entrada 159 de SUMAC); Caso Núm. SJ2019CV10751 del TPI de Aibonito 

(Entrada 91 de SUMAC). 

31 KLCE202201139; Véase, además, KLCE202201212. 
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2nd Claim Submission por estas regiones judiciales es global y no 

solo de la Región Judicial de Aibonito en particular. Dicho de otra 

forma, los remedios solicitados por One Alliance en las regiones 

judiciales versan sobre los ajustes y ofertas del 1st Claim Submission

y parte del 2nd Claim Submission de forma global y no sobre cada 

inmueble en particular que está localizado en las distintas regiones.

De hecho, así lo reconoce la One Alliance en su recurso apelativo 

cuando señala que el pago de honorarios de abogados no procede 

“toda vez, que el Demandante [PRAPI] ya tiene Orden de pago por 

la cantidad global del 2nd Claim Submission.”32 Es evidente que 

aunque se trata de distintas regiones judiciales, las alegaciones, las 

controversias, la prueba documental y los remedios solicitados por 

ambas partes son los mismos.33 En este caso lo único que varía en 

los escritos es la descripción de las propiedades en controversia y 

las cuantías solicitadas de cada una. 

Además, One Alliance alega que la orden de pago de la 

reclamación por la suma de $1,493,856.59 es improcedente toda vez 

que en la Región Judicial de Aibonito solo existe una propiedad que 

no fue incluida en la oferta del 2nd Claim Submission. Sin embargo,

no surge de la referida orden de pago que esta vaya dirigida para el 

pago de las propiedades sitas en la Región Judicial de Aibonito

específicamente.

34 Como bien señalamos previamente, esta orden de 

pago proviene del acuerdo suscrito del 2nd Claim Submission que

corresponde al ajuste y ofrecimiento de pago que One Alliance le 

hiciera a PRAPI por veintinueve (29) de las sesenta y cuatro (64) 

propiedades y que fue plateado en las distintas regiones judiciales.

Incluso, como si fuera poco, el TPI de Aibonito le ordena 

expresamente a One Alliance en su Sentencia “[c]ulminar el ajuste y 

32 Véase escrito de Apelación Civil, pág. 13.

33Entradas 89, 92 y 98 del caso Núm. SJ2019CV10751 de SUMAC.

34 La orden de pago en la Sentencia del TPI de Aibonito establece que One Alliance 

debe “[p]agarle a PRAPI los $1,493,856.59 que le debe bajo el acuerdo suscrito 

entre las partes respecto el 2nd Claim Submission.”
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pago de las reclamaciones pendientes de propiedad incluidas en 

parte del 2nd Claim Submission y la totalidad del 3rd Claim 

Submission sitas en la Región Judicial de Aibonito en un término 

perentorio de 30 días.”35 Por tanto, es improcedente si la propiedad 

sita en Aibonito no fue incluida en la oferta del 2nd Claim 

Submission en esta etapa. Así pues, el TPI de Aibonito solo reconoce 

en su Sentencia lo ya resuelto por las demás regiones judiciales en 

cuanto al pago global del 2nd Claim Submission.

Al mismo razonamiento llegamos con lo alegado por One

Alliance sobre el pago triplicado de los intereses postsentencia. El 

TPI de Aibonito ordenó el pago de intereses postsentencia calculados 

al interés legal vigente de 9.25% según dispone la tabla de intereses 

aplicables a sentencias judiciales emitida por la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras. La Regla 44.3 de 

Procedimiento Civil, supra, establece que el interés postsentencia se 

impone a favor de la parte victoriosa en todas las sentencias que 

ordenen el pago de dinero. De este modo, el TPI de Aibonito está 

reconociendo y ordenando el pago de intereses postsentencia 

correspondientes a la suma global de $1,493, 856.59 que ya ha sido 

ordenada en las regiones judiciales de Caguas y Fajardo del ajuste 

y oferta del 2nd Claim Submission.

Sobre los honorarios de abogados, One Alliance alega que no 

proceden estos bajo el Artículo 27.165 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, supra, debido a que este está condicionado que sea una 

sentencia final y no una parcial. El Artículo 27.165, supra, dispone 

que:

Al recaer una sentencia o decreto por 

cualquiera de los tribunales contra un asegurador y 

en favor de cualquier asegurado nombrado o el 

beneficiario designado bajo una póliza o contrato 

ejecutado por el asegurador, el Tribunal de Primera 

Instancia o, en el caso de una apelación en la que 

prevalezca el asegurado o beneficiario, el tribunal de 

35 Apéndice del recurso de Apelación, pág. 1898.
KLAN202400219 32

apelación, deberá adjudicar o decretar contra el 

asegurador y a favor del asegurado o el abogado del 

beneficiario una suma razonable como honorarios o 

compensación por haber procesado la demanda en 

la que se obtuvo una recuperación. (Énfasis nuestro). 

El artículo anterior no hace distinción entre sentencias finales 

y sentencias parciales. Lo que sí surge del artículo es que al recaer 

una sentencia por cualquiera de los tribunales contra un 

asegurador y en favor de cualquier asegurado, se adjudicará una 

suma razonable como honorarios por haber procesado la demanda 

en la que se obtuvo una recuperación. En el caso ante nuestra 

consideración recayó una sentencia donde la parte asegurada 

(PRAPI), obtuvo una recuperación. A tales efectos, procede la 

imposición de honorarios de abogados en este caso bajo el Artículo 

27.165 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra.

Por último, en cuanto al interés legal presentencia, One 

Alliance alega que no procede este pago puesto que no se cumple 

con los requisitos de temeridad y que este caso versa sobre 

incumplimiento de contrato y no sobre cobro de dinero o daños y 

perjuicios como establece la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 

supra. Sin embargo, al evaluar la orden de pago del TPI de Aibonito 

se desprende que este foro ordenó el pago de interés legal 

presentencia por mora y no por temeridad. Según el Código Civil de 

1930, incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa 

desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el 

cumplimiento de su obligación. Artículo 1053 del Código Civil de 

1930, supra. En el caso ante nuestra consideración el foro primario

de Aibonito estableció en su Sentencia que One Alliance debía

“pagarle a PRAPI los intereses pre-sentencia por morosidad, debido 

a que One Alliance no tenía razón leg[í]tima para negarse a 

satisfacer el ajuste y oferta que le cursó a PRAPI en el 2019.”

36

36 Apéndice del recurso de Apelación, pág. 1898.
KLAN202400219 33

Ante ello, One Alliance no nos ha puesto en posición de resolver lo 

contrario. 

En conclusión, si bien es cierto que este tribunal ya había

dictado una Sentencia en el caso KLCE202201050, donde habíamos

determinado que no procedía dictar sentencia sumaria por la 

existencia de controversia de hechos, la doctrina de cosa juzgada 

viene a despejar cualquier controversia existente entre las partes del 

caso de epígrafe. De este modo, las regiones judiciales de Caguas y 

Fajardo pusieron fin a las controversias sobre fraude. En 

consecuencia, procede One Alliance cumpla con lo ordenado por el 

TPI de Aibonito.

-IVPor los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones