Número Identificador

SEN2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

SONNELL FLEET 

SOLUTIONS II, LLC 

Recurrente

V.

JUNTA DE SUBASTAS

DEL MUNICIPIO DE 

PATILLAS

Recurrido

KLRA202400170

Revisión de 

Decisión 

Administrativa

procedente del 

Municipio de 

Patillas

Subasta Núm.:

SM2023-005

Sobre:

Impugnación 

de Subasta

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2024.

El 2 de abril de 2024, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones Sonnell Fleet Solutions II, LLC (en adelante, parte 

recurrente o Sonnell), mediante Revisión Administrativa. Nos 

solicita la revisión de la adjudicación de la Subasta de Solicitud de 

Propuestas para Servicios de Mantenimiento y Reparación a la Flota 

Vehicular Adquirida con Fondos de la Administración Federal de 

Transporte (FTA, por sus siglas en Inglés) del Municipio de Patillas, 

emitida el 20 de marzo de 2024 y notificada el 27 de marzo de 2024, 

por la Junta de Subastas del Municipio de Patillas (en adelante, 

parte recurrida o Junta de Subastas). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción, debido a la

notificación defectuosa del Aviso de la adjudicación de la subasta en 

cuestión.

I

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el 

15 de febrero de 2024, la Junta de Subastas del Municipio de 
KLRA202400170 2

Patillas (en adelante, la Junta de Subastas) publicó Aviso Público (en 

adelante, Aviso) mediante el cual solicitó propuestas selladas para 

la Contratación de servicios de mantenimiento y reparación a la flota 

vehicular adquirida con fondos de la Administración Federal de 

Transporte (FTA, por sus siglas en inglés) de dicho Municipio.1

Luego de solicitar los pliegos de subasta, la parte recurrente 

presentó su Propuesta de Mantenimiento y Reparación de Flota FTA

el 5 de marzo de 2024.

Subsiguientemente, la Junta de Subastas le remitió a la parte 

recurrente mediante correo certificado con acuse de recibo número 

7014 1820 0001 7931 8161, una comunicación fechada 20 de 

marzo de 20242, en la que le notificó lo siguiente:

[........]

En cumplimiento con la Ley Núm. 107 del 14 de agosto 

de 2020, conocida como Ley de Código Municipal de 

Puerto Rico, según enmendada, de acuerdo con el 

Artículo 2.040 “Funciones y Deberes de la Junta de 

Subasta” se informa lo siguiente:

El jueves, 15 de febrero de 2024 se publicó en el 

periódico Primera Hora un anuncio donde se solicitaban 

Propuestas para Servicios de Mantenimiento y 

Reparación a la Flota Vehicular Adquirida con 

Fondos de la Administración Federal de Transporte 

(FTA, por sus siglas en Inglés) del Municipio de 

Patillas; [i]nformando que deberían ser sometidas las 

propuestas en o antes del martes, 05 de marzo de 2024 

hasta las 12:00m.

Celebrada la apertura de la subasta el día 05 de marzo 

de 2024, para Solicitud de Propuestas para Servicios 

de Mantenimiento y Reparación a la Flota 

Vehicular Adquirida con Fondos de la 

Administración Federal de Transporte (FTA, por 

sus siglas en Inglés) del Municipio de Patillas;

comparecieron los siguientes licitadores:

1 En el aludido Aviso se indicó que los licitadores interesados podrían obtener los 

pliegos de especificaciones antes de la reunión pre-subasta, en la Oficina de 

Secretaría Municipal dentro del horario establecido por el Municipio, así como 

mediante solicitud vía correo electrónico a: subastamunicipiopatillas@gmail.com. 

Los proponentes debían entregar sus propuestas en una (1) original y una (1) 

copia digital en formato PDF en sobres sellados, en la Oficina de Secretaría 

Municipal, cuya fecha límite era el 05 de marzo de 2024, a las 12:00m. Véase 

Anejo 1 del Apéndice del recurso.

2 El matasellos de correo estampado en el sobre remitido por la Oficina Secretaría 

Municipal del Municipio de Patillas a Sonnell Fleet Solutions II, tiene fecha del 27 

de marzo de 2024. 
KLRA202400170 3

• JE SALES & SERVICES, INC

• SONNELL FLEET SOLUTIONS II

Constituida la Junta de Subasta el 19 de marzo de 2024 

para evaluar las propuestas presentadas por las 

compañías, le notificamos que luego de realizar un

análisis exhaustivo de los documentos y propuestas 

recibidas, la Junta de Subasta por decisión unánime, 

determinó Adjudicar la Subasta de Solicitud de 

Propuestas para Servicios de Mantenimiento y 

Reparación a la Flota Vehicular Adquirida con 

Fondos de la Administración Federal de Transporte 

(FTA, por sus siglas en Inglés) del Municipio de 

Patillas; a la compañía JE SALES & SERVICES, 

INC.[,] ya que la propuesta presentada por la compañía 

representa los mejores intereses para el Municipio de 

Patillas.

El licitador que no estuviere de acuerdo con la 

determinación contenida en la presente comunicación 

tiene derecho a solicitar una reconsideración ante el 

Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, en un período de diez (10) días a partir del 

depósito en el correo de la presente notificación (Art. 

1.050 de este Código)[.]

[........]

Yo, Ryan Lebrón Rivera, en mi carácter de Secretario 

Municipal del Municipio de Patillas, CERTIFICO, haber 

archivado una copia del presente Aviso en el expediente 

oficial de la Subasta Informal Solicitud de Propuestas 

para Servicios de Inspección y haber enviado la original 

a todos los licitadores a sus direcciones de registro.

[........] (Énfasis en el original)

En desacuerdo con tal adjudicación, Sonnell compareció el 2 

de abril de 2024 ante este foro revisor, y hace los siguientes 

señalamientos de error: 

1. Erró la Junta de Subastas al no fundamentar 

adecuadamente y con razones que surgiesen de los 

pliegos de la subasta sus fundamentos para la 

adjudicación de la Subasta.

2. Erró la Junta de Subasta al no fundamentar las 

razones de interés público por las cuales fue 

adjudicada la subasta.

Simultáneamente, la parte recurrente presentó ante este foro 

revisor, Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción, la cual declaramos 

Ha Lugar, mediante Resolución emitida ese mismo día. Más tarde, 

ese mismo día 2 de abril de 2024, la parte recurrente presentó ante 
KLRA202400170 4

nos, Moción Acreditando Notificación, respecto a la cual nos damos 

por enterados.

Como se sabe, a virtud de la Regla 7 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R.7, este tribunal tiene 

la facultad para prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 

notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante 

su consideración, con el propósito de disponer el recurso de manera 

eficiente. Conforme a lo anterior, procedemos a disponer del recurso 

sin el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida.

II

A. Jurisdicción 

Nuestro Tribunal Supremo, ha definido la jurisdicción como 

el poder que ostentan los tribunales para considerar y decidir los 

casos y las controversias que sean presentados a su atención. 

Beltrán Cintrón et al v. ELA et al, 204 DPR 89 (2020), Torres Alvarado 

v Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Es normativa reiterada que, los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

es por lo que, los asuntos relativos a la jurisdicción son privilegiados 

y deben ser atendidos con prontitud. Torres Alvarado v Madera 

Atiles, supra, pág. 500; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 856 (2009). La ausencia de jurisdicción puede ser 

levantada motu proprio, ya que, esta incide de forma directa sobre el 

poder del tribunal para adjudicar una controversia. Allied Mgmt.

Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Torres Alvarado v 

Madera Atiles, supra, pág. 500; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 

DPR 254, 268 (2018); Suffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones3, confiere facultad a este Tribunal para a 

3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
KLRA202400170 5

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de 

jurisdicción.

B. Request for Proposal y notificación de adjudicación

Como es sabido, en nuestra jurisdicción, la contratación 

gubernamental de todo tipo de servicios está revestida del más alto 

interés público, pues persigue fomentar la inversión adecuada, 

responsable y eficiente de los recursos del Estado. SLG Ortiz-Mateo 

v. ELA, 211 DPR 772, 794 (2023); Super Asphalt v. AFI y otro, 206 

DPR 803, 820 (2021); ECA Gen. Contract v. Mun. de Mayagüez, 200 

DPR 665, 672 (2018). Con el fin de lograr lo antes mencionado, el 

gobierno utiliza los procedimientos de subasta o RFP como 

mecanismo de adquisición de bienes y servicios, para así proteger el 

erario y garantizar que se realicen sus funciones administrativas 

responsablemente. Trans Ad de P.R. v. Junta de Subastas, 174 DPR 

56, 66 (2008); Marina v. Comisión, 170 DPR 847, 854 (2007). Véase, 

PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525, 531 (2019); St. 

James Security v. AEE, y otros, 2023 TSPR 149 (2023).

En Puerto Rico Asphalt, v. Junta, 203 DPR 734, 737 (2019),

nuestro Más Alto Foro explicó que, el propósito primordial de estos 

dos vehículos procesales es proteger el erario, al fomentar la libre y 

diáfana competencia entre el mayor número de licitadores posibles. 

Puesto que, el proceso de contratación de servicios por las agencias 

del gobierno, está revestido del más alto interés público, debido a 

que busca promover la inversión adecuada, responsable y eficiente 

de los recursos del Estado4. Con ello, se pretende maximizar la 

posibilidad del Gobierno para obtener el mejor contrato, mientras se 

protegen los intereses y activos del pueblo contra el dispendio, el 

favoritismo, la corrupción y el descuido al otorgarse contratos.5

4 Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 820 (2021).

5 Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, 194 DPR 716–717 (2016).
KLRA202400170 6

En nuestro ordenamiento jurídico no existe una legislación 

especial que regule los procesos de subasta. Corresponde a cada 

ente gubernamental ejercer su poder reglamentario para establecer 

el procedimiento y las guías que han de seguir en sus subastas para 

la adquisición de bienes y servicios. Aunque la Ley Núm. 38-2017, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU),6 reglamenta ciertos aspectos de las 

subastas, esta legislación excluyó de la definición de agencia a los 

municipios. Por lo que, a estos no les aplican las disposiciones de 

esta ley.7 A esos efectos, las subastas que celebren los municipios 

quedan reguladas por el Código Municipal de Puerto Rico8.

El Art. 2.040 del Código Municipal, esboza los criterios de 

adjudicación de las subastas. En lo pertinente, respecto a la 

notificación de la adjudicación de subasta, en su inciso (a) dispone 

lo siguiente:

La Junta entenderá y adjudicará todas las subastas que 

se requieran por ley, ordenanza o reglamento y en los 

contratos de arrendamiento de cualquier propiedad 

mueble o inmueble y de servicios, tales como servicios 

de vigilancia, mantenimiento de equipo de refrigeración 

y otros.

a. Criterios de adjudicación — Cuando se trate de 

compras, construcción o suministros de servicios, la 

Junta adjudicará a favor del postor razonable más bajo. 

En el caso de ventas o arrendamiento de bienes 

muebles e inmuebles adjudicará a favor del postor más 

alto. La Junta hará las adjudicaciones tomando en 

consideración que las propuestas sean conforme a las 

especificaciones, los términos de entrega, la habilidad 

del postor para realizar y cumplir con el contrato, la 

responsabilidad económica del licitador, su reputación 

e integridad comercial, la calidad del equipo, producto 

o servicio y cualesquiera otras condiciones que se hayan 

incluido en el pliego de subasta. La Junta podrá 

adjudicar a un postor que no sea necesariamente el más 

bajo o el más alto, según sea el caso, si con ello se 

beneficia el interés público. En este caso, la Junta 

deberá hacer constar por escrito las razones aludidas 

como beneficiosas al interés público que justifican tal 

adjudicación. La adjudicación de una subasta será 

notificada a todos los licitadores certificando el envío de 

6 3 LPRA sec. 9601 et seq.

7 Puerto Rico Asphalt v. Junta, supra, págs. 737-738.

8 Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, según enmendada.
KLRA202400170 7

dicha adjudicación mediante correo certificado con 

acuse de recibo, o mediante correo electrónico, si así fue 

provisto por el licitador o licitadores. En la 

consideración de las ofertas de los licitadores, la Junta 

podrá hacer adjudicaciones por renglones cuando el 

interés público así se beneficie. La Junta de Subasta 

notificará a los licitadores no agraciados las razones 

por las cuales no se le adjudicó la subasta. Toda 

adjudicación tendrá que ser notificada a cada uno de 

los licitadores, apercibiéndolos del término 

jurisdiccional de diez (10) días para solicitar revisión 

judicial de la adjudicación ante el Tribunal de 

Apelaciones, de conformidad con el Artículo 1.050 de 

este Código.9 (Énfasis nuestro)

Por otro lado, el Reglamento para la Administración Municipal, 

Reglamento Núm. 8873 del 19 de diciembre de 2016 (Reglamento 

Núm. 8873) establece las normas y las guías administrativas para 

los procedimientos de subastas.

Cabe destacar que, “[e]l derecho a cuestionar [cierta] 

adjudicación de una subasta mediante el proceso de revisión judicial 

es parte del debido proceso de ley”.10 PVH Motor v. ASG, 209 DPR 

122, 132 (2022). Véase, PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, supra.

Por lo tanto, para poder ejercer su derecho, es indispensable que las 

notificaciones que se realicen durante estos procesos sean 

efectuadas correctamente a todas las partes. PVH Motor v. ASG, 

supra, pág. 132; PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, supra; IM

Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 35 (2000). En 

específico, “se debe advertir del derecho de las partes a procurar la 

9 21 LPRA sec. 7216(a).

10 Como es sabido, el Artículo II, Sección 7, de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico prohíbe que cualquier persona sea privada de su libertad 

o propiedad sin un debido proceso de ley. LPRA, Tomo 1, ed. 2023, pág. 305. Al 

examinar el alcance de la mencionada cláusula constitucional, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha sentenciado que la doctrina del debido proceso de ley 

tiene dos (2) acepciones: la sustantiva y la procesal. PVH Motor v. ASG, supra, pág. 

130; Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 394 (2018); Domínguez Castro et 

al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 35 (2010). En específico, la Alta Curia ha establecido 

que la vertiente sustantiva del debido proceso de ley busca proteger y 

salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, mientras que su 

vertiente procesal obliga al Estado a garantizar que la interferencia en los 

intereses de libertad y propiedad del individuo se haga mediante un proceso justo 

e imparcial. PVH Motor v. ASG, supra; Fuentes Bonilla v. ELA et al., supra; Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887–888 (1993). Estas 

garantías constitucionales se extienden no solo al ámbito judicial sino también al

administrativo. PVH Motor v. ASG, supra; Fuentes Bonilla v. ELA et al., supra; Aut. 

Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 

(2010).
KLRA202400170 8

revisión judicial; el término disponible para hacerlo y la fecha del 

archivo en autos de una copia de la notificación”. St. James Security 

v. AEE, y otros, supra, citando a PVH Motor v. ASG, supra, pág. 132. 

Véase, IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra.

A esos efectos, nuestra última instancia judicial ha

sentenciado que una notificación defectuosa de una determinación

tomada por las agencias administrativas priva de jurisdicción al foro 

revisor para entender el asunto en disputa, lo que impide que 

comience a transcurrir el término para recurrir de cualquier 

determinación administrativa y, consecuentemente, violenta el 

derecho al debido proceso de ley de la parte afectada. PVH Motor v. 

ASG, supra, pág. 132; PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, supra,

pág. 538; Toro Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 502 (2019).

Respecto al aviso de adjudicación de subastas, la Sec. 13 de 

la Parte II del aludido reglamento preceptúa la obligación del 

Presidente de la Junta de emitir una notificación de adjudicación o 

determinación final por escrito y por correo certificado con acuse de 

recibo a todos los licitadores que participaron en la subasta. En 

cuanto al contenido del aviso de adjudicación o la determinación 

final de subastas, el inciso (3) de esa sección dispone que la 

notificación debe contener la información siguiente: (a) el nombre de 

los licitadores; (b) una síntesis de las propuestas sometidas; (c) los 

factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar 

la subasta y las razones para no adjudicar a los licitadores 

perdidosos; (d) el derecho a solicitar revisión judicial de la 

adjudicación o acuerdo final, ante el Tribunal de Apelaciones, y el 

término para ello, que es en el término jurisdiccional de diez días 

contados desde el depósito en el correo de la notificación de 

adjudicación; y (e) la fecha de archivo en auto de la copia de la 

notificación y la fecha a partir de la cual comenzará a transcurrir el 
KLRA202400170 9

término para impugnar la subasta ante el Tribunal de Apelaciones.

(Énfasis nuestro).

Nuestro Máximo Foro, en el caso de PR Eco Park et al. v. Mun. 

de Yauco, 202 DPR 525 (2019), dispuso que, para que una 

notificación de subasta sea correcta debe cumplir con los siguientes 

requisitos: (1) estar por escrito; (2) enviarse a cada uno de los 

licitadores por correo regular y certificado con acuse de recibo; (3) 

advertirle a los participantes el derecho a solicitar la revisión judicial 

ante el Tribunal de Apelaciones; (4) indicar que el término de diez 

días para ir en alzada es de carácter jurisdiccional; (5) señalar la 

fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la 

adjudicación y la fecha del depósito de la notificación en el correo y 

que a partir de esta última es que se activa el plazo para acudir al 

Tribunal de Apelaciones11. Asimismo, deberá contener la siguiente 

información: nombre de los licitadores, síntesis de las propuestas 

sometidas, factores o criterios que fueron tomados en 

consideración para adjudicar la subasta y razones para no 

adjudicar a los licitadores perdidosos.

12 (Énfasis nuestro).

Por último, sobre la exigencia de fundamentar la adjudicación 

de una subasta por una agencia administrativa, en LPC & D, Inc. v. 

AC, 149 DPR 869, 877–888 (1999), nuestro Tribunal Supremo 

señaló que “para que este Tribunal pueda cumplir con su obligación 

constitucional y asegurar que el derecho a obtener la revisión 

judicial de una decisión de una agencia sea efectivo, es 

imprescindible exigir que ella esté fundamentada, aunque sea de 

forma sumaria”. (Énfasis suplido)13 Si la parte adversamente 

afectada por la determinación de la agencia desconoce los 

fundamentos que propiciaron su decisión, “el trámite de la revisión 

11 A la página 538. 

12 Íd, pág. 537.

13 Véase, además, RBR Const., SE v. AC, 149 DPR 836 (1999).
KLRA202400170 10

judicial de la determinación administrativa se convertiría en un 

ejercicio fútil”.14 En ese sentido, “[n]o basta con informar la 

disponibilidad y el plazo para solicitar la reconsideración y la 

revisión”. (Énfasis suplido).15 Además, una notificación 

fundamentada permite que los tribunales puedan “revisar 

efectivamente los fundamentos para determinar si la 

determinación de la junta ha sido arbitraria, caprichosa o 

irrazonable”, más aún en el caso de subastas públicas, en virtud de 

las cuales se desembolsan fondos públicos.16 Por ello, “‘[so]lo a 

partir de la notificación así requerida es que comenzará a transcurrir 

el término para acudir en revisión judicial”. (Énfasis en el original).17

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso 

ante nuestra consideración. 

III

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si ostentamos jurisdicción para atender el recurso 

presentado. Veamos.

Según reseñáramos, la Junta de Subastas emitió el 20 de 

marzo de 2024, notificado el 27 de marzo de 2024, Aviso de

Adjudicación, donde le adjudicó la buena pro de la subasta a la 

compañía JE Sales & Services, Inc., bajo el fundamento de que “la 

propuesta presentada por la compañía representa los mejores 

intereses del Municipio de Patillas.” 

Conforme el derecho expuesto, el Código Municipal, supra, el 

Reglamento Núm. 8873 y la jurisprudencia, exigen que en el aviso 

de adjudicación se incluyan los factores o criterios que se tomaron 

14 Id.

15 Puerto Rico Asphalt v. Junta, supra, citando a: LPC & D., Inc. v. AC, 149 DPR 

869, 878 (1999).

16 Véase: JA Echevarría Vargas, Derecho administrativo puertorriqueño, 4ta ed. 

rev., San Juan, Ed. Situm, 2017, pág. 297. Véanse, además: Transporte Rodríguez 

v. Jta. Subasta, supra, pág. 721; LPC & D, Inc. v. AC, supra, pág. 879.

17 Puerto Rico Asphalt v. Junta, supra, citando a PR Eco Park et al. v. Mun. de 

Yauco, supra, pág. 534; IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra, pág. 38.
KLRA202400170 11

en consideración para adjudicar la subasta y las razones para no 

adjudicar a los licitadores perdidosos18. De un examen al 

expediente pudimos constatar que, el Aviso de Adjudicación no

discute los factores por los cuales no adjudicaron la buena pro al

licitador perdidoso. 

En resumen, tal evaluación no fue debidamente 

fundamentada para que el licitador perdidoso pudiera apreciar los 

criterios de la adjudicación. Asimismo, omitieron discutir otras 

consideraciones como las cualificaciones profesionales y/o técnicas; 

recursos financieros y técnicos, las ejecuciones pasadas y 

reconocimiento profesional en la industria. La Junta de Subastas

no incluyó ni discutió la totalidad de los criterios que utilizó para 

adjudicar la subasta, lo que convierte la notificación en una 

defectuosa. 

Todo lo anterior nos priva de jurisdicción para entender en la 

impugnación de la subasta. No obstante, nada impide que, una vez 

la Junta de Subastas notifique adecuadamente, los licitadores 

perdidosos recurran la decisión. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

por falta de jurisdicción, por notificación defectuosa. De 

conformidad con lo aquí dispuesto, se levanta la paralización de los 

procedimientos ante la Junta de Subastas del Municipio de Patillas.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

18 Reglamento Núm. 8873, Sec. 13 Parte II; Art. 2.040(a) del Código Municipal; PR 

Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, supra, pág. 537.