Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

ISRAEL RAMOS GUZMÁN

Demandante

v.

ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO 

RICO

Parte Recurrida 

KLCE202300015

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Humacao

Civil núm.: 

NG2021CV00138

(205)

Sobre: 

Impugnación de 

Confiscaciones (Ley 

Núm. 119-2011)

COOPERATIVA DE 

SEGUROS MÚLTIPLES 

DE PUERTO RICO, POR 

SÍ Y EN 

REPRESENTACIÓN DE 

POPULAR AUTO LLC

Parte Peticionaria

v.

ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO 

RICO

Parte Recurrida

Civil núm.: 

HU2021CV01276

(205)

Sobre: 

Impugnación de 

Confiscaciones (Ley 

Núm. 119-2011)

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Grana Martínez, el Juez Rodríguez Flores y el Juez Monge Gómez.1

Rodríguez Flores, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

La parte peticionaria, Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico, por sí y en representación de Popular Auto LLC

(Cooperativa o parte peticionaria), instó el presente recurso de 

certiorari el 9 de enero de 2023. Solicita que revoquemos la 

Resolución emitida el 1 de diciembre de 2022, notificada el 5 de 

1 Véase Orden Administrativa OAJP-2022-099A. 
KLCE202300015 2

diciembre de 20222 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Humacao (en adelante TPI). Mediante el referido 

dictamen, el TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la Cooperativa.

Examinado el recurso y los documentos adjuntados al mismo,

así como el Alegato del Gobierno de Puerto Rico, y a luz del derecho 

aplicable, este Tribunal expide el auto solicitado, revoca la 

determinación recurrida y devuelve el caso al TPI para que emita un 

dictamen que cumpla con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, infra.

I.

El 7 de noviembre de 2021, el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (en adelante ELA o parte recurrida), a través de la Policía de 

Puerto Rico, ocupó al Sr. Israel Ramos Guzmán (Sr. Ramos Guzmán 

o arrendatario), el vehículo de motor marca Porsche, modelo 911 

Turbo, año 2021, tablilla JSL-551, propiedad de Popular Auto, LLC

(Popular Auto o arrendador), por haberse utilizado en violación al 

Art. 5.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 

22-2000, según enmendada3. 

El 15 de noviembre de 2021, el ELA notificó a Popular Auto 

sobre la confiscación del vehículo. El 23 de noviembre de 2021, 

Popular Auto y la Cooperativa presentaron demanda de 

impugnación de confiscación4. En ésta, Popular adujo ser el dueño 

registral y arrendador del vehículo confiscado. Por su parte, la 

Cooperativa alegó tener interés legal en el caso por haber expedido 

una póliza de seguro a favor de Popular Auto para asegurar el riesgo 

de confiscaciones. Ambas, argumentaron que el vehículo no fue 

utilizado para cometer ningún acto delictivo confiscatorio. En la 

alternativa, levantaron la defensa del tercero inocente ajeno a los 

2 El TPI, mediante Resolución emitida y notificada el 8 de diciembre de 2022, 

denegó la solicitud de reconsideración presentada por la Cooperativa. 

3 9 LPRA sec. 5126. La comisión de tal infracción apareja la confiscación de la 

unidad vehicular. Íd. 

4 Caso número HU2021CV01276.
KLCE202300015 3

alegados actos delictivos que dieron lugar a la confiscación del 

vehículo5. Además, plantearon la inconstitucionalidad de la Ley 

Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-20116, 

razonando que dicho estatuto les priva de su interés propietario sin 

la debida compensación y en contravención al debido proceso de ley. 

Así, solicitaron se declarara la nulidad de la confiscación.

En su contestación a la demanda, el ELA adujo que, a tenor 

con la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, la defensa del 

tercero inocente requiere que el dueño del vehículo confiscado no 

haya cedido voluntariamente la posesión del mismo al infractor. En 

esa línea, afirmó que, a través del contrato de arrendamiento, 

Popular Auto cedió voluntariamente la posesión del auto al Sr. 

Ramos Guzmán y, por tanto, la parte peticionaria no podía 

considerarse un tercero inocente ajeno a los hechos delictivos que 

motivaron la confiscación.

Tras la consolidación de los casos número NG2021CV00138 

y HU2021CV012767, la parte peticionaria presentó Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria por Figura de Tercero Inocente8. En

resumen, alegó que no existía controversia en cuanto a los hechos 

materiales del caso y que procedía que se dictara sentencia sumaria 

a su favor decretando la nulidad de la confiscación al amparo de la 

defensa del tercero inocente. En específico, señaló que es la titular 

registral del vehículo confiscado; que arrendó dicho automóvil al Sr. 

Ramos Guzmán; que el contrato de arrendamiento abierto (leasing)

detalló instrucciones expresas que describían la conducta prohibida 

al arrendatario al hacer uso del vehículo y que el Sr. Ramos Guzmán 

no observó dichas instrucciones al utilizar el carro en competencias

5 El proceso penal iniciado por el ELA contra el Sr. Israel Ramos Guzmán (Crim. 

Núm. H2TR202100020) concluyó el 20 de enero de 2023. 

6 34 LPRA sec. 1724 et seq.

7 Apéndice del recurso, página 51.

8 Íd., págs. 56-86.
KLCE202300015 4

de velocidad9. La parte peticionaria razonó que, al haber tomado 

medidas cautelares para evitar el acto delictivo, era un tercero 

inocente cuya propiedad no estaba sujeta a ser confiscada por el 

Estado. 

Por su parte, el ELA presentó su oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria10. En esta argumentó que a la parte peticionaria 

no le cobijaba la figura del tercero inocente porque el dueño del 

vehículo confiscado había cedido voluntariamente la posesión del 

mismo al infractor. Añadió que la parte peticionaria tampoco podía 

reclamar la protección contra la confiscación establecida en el 

Artículo 25 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 201111 aplicable 

a los arrendamientos de vehículos a corto plazo, ya que el leasing 

del presente caso excedía el periodo total de duración de tres (3) 

meses, incluyendo las renovaciones, extensiones o modificaciones 

del acuerdo. Por último, indicó que la parte peticionaria tampoco 

había refutado la presunción de legalidad de la confiscación. Por 

ello, solicitó que se desestimara la demanda de impugnación de 

confiscación. 

El 1 de diciembre de 2022, notificada el 5 de diciembre de 

2022, el TPI emitió la Resolución12 que nos ocupa. En su dictamen, 

el foro primario explicó que la defensa de tercero inocente protege al 

propietario que no ha puesto el vehículo en posesión del infractor 

voluntariamente, o cuando se han tomado medidas cautelares 

expresas para precaver el uso ilegal de la propiedad en la comisión 

de un delito. Cónsono con dicho pronunciamiento, el TPI determinó 

que debía evaluar si las advertencias en “letras pequeñas” que la 

arrendadora incluyó en el contrato de leasing – que describen la 

conducta prohibida al arrendatario - constituían garantía suficiente 

9 Véase, cláusula nueve (9) del contrato núm. 02-500-69623. Íd., pág. 83.

10 Íd., págs. 87-101.

11 34 LPRA sec. 1724v.

12 Véase, Resolución, apéndice del recurso, págs. 1-8.
KLCE202300015 5

para adjudicar que la parte peticionaria tomó las medidas cautelares 

para evitar el uso ilegal de la propiedad. Concluyó, además, que, 

toda vez que el leasing de este caso excede el periodo total de tres 

(3) meses, a la parte peticionaria no le cobijaba la excepción 

aplicable a los arrendamientos a corto plazo. En virtud de lo 

anterior, el TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por la Cooperativa.

Denegada la solicitud de reconsideración, la Cooperativa instó 

el presente recurso de certiorari, en el que apuntó los siguientes 

señalamientos de error:

1) Erró el TPI al dictar resolución denegando la 

solicitud de sentencia sumaria al concluir que la 

figura de tercero inocente está estatutariamente 

limitada a los contratos de arrendamiento a corto 

plazo según definido en el Artículo 25 de la Ley 

Uniforme de Confiscaciones.

2) Erró el TPI al dictar resolución denegando la 

solicitud de sentencia sumaria implicando que es 

necesario celebrar un juicio en su fondo para dirimir 

la credibilidad del testimonio sobre si se consintió o 

entregó voluntariamente la posesión del vehículo 

implicado en la comisión del delito y por el que se 

confisca, cuando tal hecho incontrovertido surge del 

contrato de arrendamiento.

3) Erró el TPI al dictar resolución denegando la 

solicitud de sentencia sumaria equiparando los 

términos y condiciones de un contrato de 

arrendamiento a una mera mención de unas 

advertencias “en letras pequeñas” lo que lo hace 

insuficiente para adjudicar que se ha tomado 

medidas cautelares e instrucciones especificas 

suficientes. 

En síntesis, la Cooperativa entiende que el TPI erró al no dictar 

sentencia sumaria a su favor decretando la nulidad de la 

confiscación al amparo de la defensa del tercero inocente toda vez 

que, a su juicio, la prueba documental que ofreció acreditó tal 

condición, al demostrar que tomó las medidas cautelares necesarias 

para impedir el mal uso del vehículo confiscado. 
KLCE202300015 6

El 10 de febrero de 2023, este Tribunal dictó una resolución 

al amparo de la Regla 79 (C) de nuestro Reglamento13, mediante la 

cual ordenó la paralización de los procedimientos ante el TPI.

Posteriormente, la Oficina de Procurador General presentó el 

Alegato del Gobierno de Puerto Rico.

II.

-AEl auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones 

interlocutorias realizadas por un foro inferior. La expedición del auto 

descansa en la sana discreción del tribunal.14

En los casos civiles, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las que procede que 

este Tribunal de Apelaciones expida el recurso de certiorari.15 La 

citada Regla establece que el recurso sólo se expedirá cuando se 

recurra de una orden o resolución bajo remedios provisionales de la 

Regla 56, injunctions de la Regla 57, o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. Por excepción, y en el ejercicio 

discrecional del foro apelativo, se podrá expedir el recurso cuando 

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, casos de relaciones de familia, casos 

revestidos de interés público o cualquier otra situación, en la que 

esperar por una apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. 

A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que 

13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79 (C).

14 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce 

De León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020). 

15 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., supra.; Scotiabank v. ZAF Corp., 202 

DPR 478, 486 (2019). 
KLCE202300015 7

debemos tomar en consideración al evaluar si debemos expedir un 

auto de certiorari. Estos criterios son:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el 

curso corriente de los casos ante ese foro.16 Por tanto, de no estar 

presente ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de 

expedir el auto solicitado.

-BEl mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal 

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo, cuando solo resta 

aplicar el derecho a los hechos incontrovertidos.17 El Tribunal podrá 

dictar sentencia sumaria solamente cuando no exista ninguna 

controversia real sobre los hechos materiales y esenciales del caso y 

16 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).

17 Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018); Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 

847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).
KLCE202300015 8

que, como cuestión de derecho, proceda dictarse sentencia sumaria 

a favor de la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e).

18

En particular, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

establece lo siguiente en cuanto a las obligaciones de los tribunales 

al atender solicitudes de sentencia sumaria: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 

la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la misma, y es necesario celebrar 

juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la 

moción mediante una determinación de los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos esenciales 

pertinentes que estén realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 

daños u otra reparación no está en controversia, 

ordenando los procedimientos ulteriores que sean 

justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 

limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el 

juicio, se considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad.

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla, el tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno. 

Como se observa, se le requiere a los tribunales que aun 

cuando denieguen, parcial o totalmente, una moción de sentencia 

sumaria, determinen hechos que han quedado incontrovertidos y 

aquellos que aún están en controversia.19 En Meléndez González, et 

al. v. M. Cuebas20, el Tribunal Supremo esbozó lo que explica el 

tratadista José A. Cuevas Segarra sobre esta exigencia: 

Esta regla se modificó para disponer que el tribunal [...] 

está obligado a determinar, mediante resolución, los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los que no existe 

controversia sustancial, así como aquellos hechos que 

estén controvertidos, a los fines de que no se tenga[n] 

que relitigar los hechos que no están en controversia.

[...]

Lo importante de esta regla es que el nuevo texto 

mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de la 

determinación de los hechos materiales sobre los cuales 

18 León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González Aristud v. 

Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006). 

19 Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 113 (2015).

20 Íd., pág. 113.
KLCE202300015 9

no hay controversia sustancial y los hechos materiales 

que están realmente y de buena fe controvertidos. Esta 

es la única forma de propiciar una revisión adecuada por 

los foros apelativos.

(Bastardillas en el original. Citas omitidas). 

También, en Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, el 

Tribunal Supremo estableció el estándar específico, que, como foro 

apelativo, debemos utilizar al evaluar las concesiones o denegatorias 

de mociones de sentencia sumaria. A tales efectos, indicó que, de 

entrada, debemos examinar de novo el expediente y aplicar los 

criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil y la jurisprudencia 

exigen al foro primario. Además, debemos revisar que tanto la 

moción de sentencia sumaria, así como su oposición, cumplan con 

los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil.21 Igualmente, hay que revisar si existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil de exponer concretamente cuáles hechos 

materiales están en controversia y cuáles están incontrovertidos.22

Por el contrario, si encontramos que los hechos materiales del caso 

realmente están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro 

primario aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la 

controversia que tuvo ante sí.23

III.

En la Resolución impugnada en el presente recurso, en la que 

el TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por la 

parte peticionaria, dicho foro no llevó a cabo el ejercicio que requiere 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. Por lo cual, a tenor con 

la autoridad que nos concede la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, para atender una denegatoria de una moción de carácter 

21 Íd., pág. 118.

22 Íd., pág. 119.

23 Íd.; Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 679.
KLCE202300015 10

dispositivo, y los criterios (A), (E) y (F) de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, concluimos que procede la expedición del auto.

La Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, claramente 

dispone que, si se deniega una moción de sentencia sumaria, “será 

obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente de buena fe controvertidos”.

(Subrayado nuestro). 

En su determinación, el TPI denegó la moción de sentencia 

sumaria expresando que debía evaluar si las advertencias en “letras 

pequeñas” que la arrendadora incluyó en el contrato de leasing

constituían garantía suficiente para adjudicar que ésta tomó las 

medidas cautelares para evitar el uso ilegal de la propiedad. Coligió, 

además, que el leasing de este caso excede el periodo total de tres 

(3) meses, por lo que a la parte peticionaria no le cobijaba la 

excepción aplicable a los arrendamientos a corto plazo. Por último, 

concluyó que de la prueba presentada hasta el momento, la parte 

demandante no cumple con los requisitos para poder beneficiarse 

de la figura del tercero inocente24.

En resumen, aunque el TPI esbozó las conclusiones de 

derecho correspondientes, el dictamen no incluyó una 

enumeración de los hechos incontrovertidos ni aquellos que se 

encuentran en controversia. Como se ha mencionado, a tenor con 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, el TPI tiene la obligación 

de establecer los hechos que están o no están en controversia 

cuando se deniega en parte o totalmente una solicitud de sentencia 

sumaria. 

24 Ninguna de las expresiones concluyentes del TPI, están precedidas de 

determinaciones de hechos específicos. Igualmente se desconoce cuál fue la 

prueba presentada por la parte demandante, que utilizó o evaluó el TPI para llegar 

a su conclusión.
KLCE202300015 11

Por consiguiente, procede expedir el auto de certiorari, revocar 

la determinación y devolver el caso al TPI para que emita un 

dictamen en cuanto a la moción de sentencia sumaria presentada 

por la parte peticionaria que cumpla con las exigencias de la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, supra, de manera que exponga aquellos 

hechos que están en controversia y los que no lo están. Ésta es la 

única forma de propiciar una revisión adecuada del dictamen por 

parte de este foro apelativo.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, este Tribunal expide el 

auto de certiorari, revoca la Resolución recurrida y devuelve el caso 

al Tribunal de Primera Instancia para que proceda de conformidad 

con lo aquí resuelto. 

Se deja sin efecto la paralización de los procedimientos 

judiciales decretada mediante nuestra Resolución del 10 de febrero 

de 2023.

Notifíquese.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones