Número Identificador

SEN2024 ________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

FAUSTINO XAVIER 

BETANCOURT COLON

APELANTE

V.

TIVOLI FOODS & SPORT

INC.

APELADA

KLAN202301095

APELACION

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia Sala de 

HUMACAO

Caso Núm. 

YB2023CV00219

Sobre:

Petición de Orden

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2024.

Este Recurso de Apelación presentado por Faustino Xavier 

Betancourt Colón (la parte apelante) el 6 de diciembre de 2023. 

Se trae como parte apelada a Tivoli Foods & Sport, Inc.

En este recurso se solicita la revocación de la Sentencia 

emitida el 3 de noviembre de 2023 y archivada y notificada a las 

partes el 6 de noviembre de 2023 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao (en adelante TPI).

En dicha Sentencia el TPI declaró Ha Lugar la “Moción de 

Desestimación” presentada por la parte apelada, y desestimó con 

perjuicio, por falta de legitimación activa de parte del apelante y 

esa desestimación de la reclamación presentada en su contra fue 

con perjuicio.

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 
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confirmamos el dictamen mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación.

I.

El 3 de agosto de 2023, el Sr. Betancourt Colón, aquí 

apelante, presentó esta “Demanda” contra la parte apelada, por 

violación a la Ley ADA. En esencia, alegó que visitó el 31 de julio 

de 2023 un negocio y que dicho negocio lo opera y operaba para 

la fecha de su visita la parte aquí apelada Tivoli Foods & Sports, 

Inc. (en adelante apelada).

Indicó que a pesar de su curiosidad causada por expresiones 

sobre el sitio de amigos cercanos como la carta ecléctica del Tivoli, 

que permite probar platos nuevos frecuentemente, decoración 

moderna y música agradable, al visitarlo sufrió la sensación de 

discrimen contra el en esa propiedad.

Por ello. continuó alegando el apelante, que a menudo tiene 

citas de reuniones informales con sus colegas y amigos, pues el 

restaurante proporciona el ambiente ideal para relajarse y 

conversar. Luego de esa alegación reclama que tiene mucha 

dificultad para desplazarse por dichas instalaciones.

Reclama que en el “exterior de la propiedad no existe una 

ruta de acceso accesible (sic) desde los estacionamientos o la 

acera hasta una entrada accesible sin escaleras que permita el 

desplazamiento de personas en dispositivos de movilidad de 

manera segura desde el estacionamiento hasta el interior de la 

propiedad en violación de los requisitos existentes”, entre otros 

reclamos de violación por barreras arquitectónicas existentes

tanto en interior como exterior de la propiedad.

El Demandante reclama que esa discriminación en su 

contra, en la propiedad es por razón de su discapacidad.
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El 10 de octubre de 2023, el apelado presentó Moción de 

Desestimación. En esta reclamó que el allí demandante no sufrió 

daños reales y por ello indican que carece de legitimación activa 

para lo reclamado en este caso. También reclaman que el apelante 

comete abuso del derecho con fin de lucro personal o con la 

intención de lograr una transacción nominal. Por ello y otros 

planteamientos solicitan que se desestime la demanda y se 

impongan honorarios por temeridad. 

El 30 de octubre de 2023 el apelante presentó Moción de 

Oposición a Moción de Desestimación en donde resume, según su 

interpretación el derecho bajo la Ley ADA y que ello le permite 

presentar este tipo de reclamación.

El 3 de noviembre de 2023 el TPI suscribió Sentencia 

concediendo la desestimación que solicitaba el apelado. Dicha 

Sentencia fue notificada el 6 de noviembre de 2023. El 6 de 

diciembre de 2023 se presentó la apelación que aquí atendemos.

En el Recurso de Apelación plantean los siguientes 

señalamientos de error:

Primer Señalamiento: Erró el TPI al no aplicar al estándar 

de decisión bajo la regla 10.2 para resolver la moción de 

desestimación.

Segundo Señalamiento: Erró el TPI al determinar que la 

parte apelante no tenía standing como cliente bona fide y 

como tester de Derechos Civiles.

Tercer Señalamiento: Erró el TPI al no reconocer como un 

daño el encuentro directo con las barreras arquitectónicas 

relacionadas a la discapacidad de la parte apelante.

Cuarto Señalamiento: Erró el TPI al no reconocer como un 

daño el efecto disuasorio causado por el conocimiento del 

apelante de las barreras arquitectónicas existentes en la 

propiedad en controversia.

La parte apelada presentó su alegato en oposición. El 

pasado 28 de febrero de 2024 celebramos Vista de Argumentación 

Oral a la que comparecieron los abogados de todas las partes. 
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Con el beneficio de las comparecencias escritas de ambas partes 

y lo argumentado por las partes en la vista de argumentación oral, 

resolvemos.

II.

A.

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2, le permite al demandado solicitar que se desestime la 

demanda en su contra antes de contestarla. R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., 

San Juan, Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266. La 

precitada regla dispone lo siguiente:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 

sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un 

remedio; (6) dejar de acumular una parte 

indispensable.

Ante una moción de desestimación, “el tribunal tomará 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que 

hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de 

su faz no den margen a dudas”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz 

Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). Asimismo, deberá 

interpretar las alegaciones de forma conjunta, liberal y de la 

manera más favorable posible en favor del demandante. Torres, 

Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 502 (2010). Es decir, “[l]a 

demanda no deberá desestimarse a menos que se demuestre que 

el demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar”. Aut. Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp, supra, a la pág. 428. Ello solo aplicará a aquellos 
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hechos alegados de forma “clara y concluyente, que de su faz no 

den margen a dudas”. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 

137 DPR 497, 505 (1994).

Al atender este tipo de moción, el tribunal deberá tener en 

cuenta que, conforme lo dispone la Regla 6.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1, la demanda sólo tiene que contener 

“una relación sucinta y sencilla de la reclamación demostrativas 

de que el peticionario tiene derecho a un remedio”, por lo que la 

norma procesal que rige establece que las alegaciones solo buscan 

“notificarle a la parte demandada a grandes rasgos, cuáles son las 

reclamaciones en su contra.” Torres, Torres v. Torres et 

al., supra, a la pág. 501. Es por esto por lo que una demanda no 

será desestimada, salvo que se demuestre “que el demandante 

no tiene derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que 

pueda probar”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp, supra, a 

la pág. 428. Por consiguiente, el asunto a considerar es, “si a la 

luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo 

toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir 

una reclamación válida”. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

P.R., supra, a la pág. 505. Finalmente, este mecanismo procesal 

no debe ser utilizado en aquellos casos que envuelven un alto 

interés público, excepto que no haya duda de que, de los hechos 

alegados en la demanda, no es posible conceder un remedio 

adecuado al demandante. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. 

Corp, supra, a la pág. 429.

B.

En general, los tribunales tienen la obligación y 

responsabilidad de decidir los casos que se le presentan ante su 

consideración, incluso aquellos que con gusto evitaría. No 

obstante, como doctrina de autolimitación y de prudencia en el 
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ejercicio del Poder Judicial, los tribunales solo pueden resolver 

aquellas controversias que sean justiciables. Hernández, Santa v. 

Srio. de Hacienda, 208 DPR 727 (2022). El concepto de 

justiciabilidad “impone el deber de examinar si los casos que 

traban una controversia de índole constitucional cumplen con 

determinados e indispensables requisitos previo a una expresión”. 

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 420 (1994). Lo 

anterior, pues, “los tribunales existen únicamente para resolver 

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen 

un interés real en obtener un remedio que haya de afectar sus 

relaciones jurídicas”. E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 558-559 

(1958). Por consiguiente, para poder ejercer de forma válida 

nuestra facultad de interpretar la ley, es necesario que el caso 

presente una controversia auténtica, definida y concreta, dentro 

de un contexto adversativo. De lo contrario, procede la 

desestimación del recurso presentado porque, como no existe una 

controversia real entre los litigantes, el tribunal debe abstenerse 

de adjudicarlo. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que una 

controversia no es justiciable en las siguientes circunstancias, a 

saber: (1) cuando la cuestión a resolver es una cuestión política; 

(2) cuando el pleito no está maduro; (3) cuando, después de 

iniciado el pleito, hechos posteriores lo convierten en académico; 

(4) cuando lo que se procura obtener es una opinión consultiva; y 

(5) cuando las partes no poseen legitimación activa para incoar la 

acción presentada. Noriega v. Hernández Colón, supra, a la pág. 

421.

C.

Nuestra jurisprudencia define el término de legitimación 

activa como “la capacidad que se requiere a la parte promovente 
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de una acción para comparecer como litigante ante el tribunal, 

realizar con eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener 

una sentencia vinculante”. Hernández, Santa v. Srio. De 

Hacienda, supra, a la pág. 739 (2022).

Al amparo de esta doctrina, la parte promovente tiene que 

demostrar lo siguiente: (1) que sufrió un daño claro y palpable; 

(2) que dicho daño es real, inmediato y preciso, entiéndase, no 

abstracto o hipotético; (3) la existencia de un nexo causal entre 

la acción que se ejercita y el daño alegado, y (4) que la causa de 

acción surge al amparo de la Constitución o de alguna ley. Fund. 

Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 (2010). En la 

jurisdicción federal, se han reconocido criterios similares. Véase, 

Spokeo, Inc. v. Robins, 578 US 330, 338 (2016). (“The plaintiff 

must have (1) suffered an injury in fact, (2) that is fairly traceable 

to the challenged conduct of the defendant, and (3) that is likely 

to be redressed by a favorable judicial decision”).

Es la parte demandante quien tiene el peso de la prueba 

para demostrar que cumple con todos estos criterios. Fund. 

Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, a la pág. 585; Spokeo, Inc. v. 

Robins, supra, a la pág. 338. Como en el caso que nos ocupa, 

cuando el pleito se encuentra en sus etapas iniciales, entiéndase, 

en la presentación de la demanda, corresponde al demandante 

alegar con claridad aquellos hechos que demuestren cada uno de 

los elementos que sustentan su legitimación. Spokeo, Inc. v. 

Robins, supra, a la pág. 338; Warth v. Seldin, 422 US 490, 518 

(1975).

Para cumplir con el primer requisito, es necesario que el 

demandante haya sufrido un daño particular. Esto es, que alegue 

una lesión personal. Ahora bien, esto, de por sí, no es suficiente. 

Sino que, el daño, además de ser particularizado, debe 
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concretizarse. El daño es concreto cuando ocurre de facto. O sea, 

que para el demandante poseer standing debe: (1) alegar haber 

sufrido una lesión, y (2) que, de hecho, el daño es real y existente. 

Spokeo, Inc. v. Robins, supra, a la pág. 339-340.

Ahora bien, un daño intangible puede ser concreto. Íd., a la 

pág. 340. En tal caso, hay que considerar: (1) si el alegado daño 

intangible está íntimamente relacionado a un daño que ha sido 

tradicionalmente demandable, y (2) el juicio del Congreso y/o 

nuestra Asamblea Legislativa, ya que ésta tiene el poder de 

identificar y definir una conducta que puede resultar en un daño 

por el cual pueda surgir un caso o controversia. Íd., a la pág. 341. 

No obstante, el hecho de que el Congreso y/o nuestra Asamblea 

Legislativa identifique un daño intangible, y decida concretizarlo 

mediante un estatuto que garantice al perjudicado un derecho a 

reclamar, no implica que el demandante, de forma automática, 

satisface el requisito de daño requerido para ostentar legitimación 

activa. Íd. En palabras sencillas, aún en el contexto de una 

violación estatutaria se requiere la existencia de un daño concreto. 

Íd. 

Por ende, la creación de una causa de acción por 

incumplimiento con una obligación o prohibición estatutaria no 

releva a los tribunales de su facultad para determinar si el 

demandante sufrió un daño concreto. TransUnion LLC v. Ramirez, 

141 S.Ct. 2190 (2021). Así, la Corte Suprema ha expresado lo 

siguiente:

For standing purposes, therefore, an important 

difference exists between (i) a plaintiff ’s statutory 

cause of action to sue a defendant over the 

defendant's violation of federal law, and (ii) a plaintiff 

’s suffering concrete harm because of the defendant's 

violation of federal law. Congress may enact legal 

prohibitions and obligations. And Congress may create 

causes of action for plaintiffs to sue defendants who 

violate those legal prohibitions or obligations. But 
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under Article III, an injury in law is not an injury in 

fact. Only those plaintiffs who have been concretely 

harmed by a defendant's statutory violation may sue 

that private defendant over that violation in federal 

court. Íd.

Por lo anterior, es importante distinguir entre dos tipos de 

demandantes: (1) el que presenta una reclamación con el 

propósito de remediar un daño recibido, y (2) el que meramente 

busca asegurar que el demandado cumpla con la ley. Íd. De otra 

forma, estaríamos avalando que un demandante ileso pueda 

demandar a cualquier persona por el siempre hecho de que esta 

violentó un estatuto federal, aun cuando el demandante no ha 

recibido un daño concreto. Y, como dice la Corte Suprema 

Federal, “and, of course, to obtain some money via the statutory 

damages”. Íd.

D.

La Ley para Estadounidenses con Discapacidades, conocida 

en inglés como American with Disabilities Act, 42 USC sec. 12188 

(Ley ADA), fue promulgada por el Congreso de los Estados Unidos

de América, entre otros fines, para brindar un mandato nacional 

–claro y completo– para la eliminación de la discriminación contra 

las personas con diversidad funcional. 42 USC sec. 12101(b)(1). 

(Traducción nuestra); Spector v. Norwegian Cruise Line Ltd., 545 

US 119, 128 (2005). Asimismo, mediante la citada ley, el 

Gobierno Federal pretende proporcionar estándares claros, 

sólidos, consistentes y ejecutables que aborden la discriminación 

en contra de la referida población. 42 USC sec. 12101(b)(2). 

(Traducción nuestra).

La Ley ADA tiene el propósito de eliminar la discriminación 

contra las personas con discapacidad. 42 USC sec. 12101. En lo 

pertinente, el Título III de la Ley ADA provee que:
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Ningún individuo será discriminado por razón de 

discapacidad, en el disfrute pleno e igualitario de los 

bienes, servicios, facilidades, privilegios, ventajas o 

acomodos de ningún lugar de acomodo público por el 

dueño, arrendador, (arrendatario), o manejador de un 

lugar de acomodo público. (Traducción nuestra).

Entre las prácticas de discrimen vedadas está el no remover 

barreras arquitectónicas cuando su remoción es fácilmente 

alcanzable. 42 USC sec. 12182 (b)(2)(A)(iv). Aun cuando pueda 

demostrarse que la remoción de las barreras no es fácilmente 

alcanzable, deberán hacerse accesible, mediante métodos 

alternos, los bienes, servicios, facilidades, privilegios, ventajas, o 

acomodos brindados. 42 USC sec. 12182 (b)(2)(A)(v).

Como remedio, el discapacitado podrá solicitar un interdicto 

solicitando una orden para que se alteren las facilidades, de modo 

que se hagan accesibles para personas con diversidad funcional. 

42 USCA sec. 12188. 

Al determinar si el demandante posee derecho para solicitar 

el injunction, el tribunal debe evaluar la existencia de una 

amenaza real e inminente de una barrera arquitectónica que 

puede causar un daño futuro. (Traducción nuestra.) Santiago 

Ortiz v. Caparra Ctr. Assocs., LLC, 261 F. Supp. 3d 240, 248 

(2016), citando a Dudley v. Hannaford Bros., 333 F.3d at 305-06 

(1er Cir. 2003).

Es posible que una persona discapacitada visite lugares de 

alojamiento público con el fin de identificar y remediar violaciones 

a la Ley ADA. A estas personas se les ha denominado como 

testers. Aunque el hecho de ser un tester no es un impedimento 

para que el demandante presente su causa de acción, éste deberá 

satisfacer los requisitos de legitimación activa. Laufer v. Mann 

Hospitality, L.L.C., 996 F.3d 269, 63 NDLR P 63.
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Para establecer un caso prima facie de discrimen bajo el 

Título III de la Ley ADA, un demandante debe establecer que: (1) 

es un individuo cualificado con una discapacidad bajo la Ley ADA; 

(2) el demandado opera un lugar de acomodo público, y (3) fue 

discriminado por su discapacidad. Medina–Rodríguez v. 

Fernández Bakery, Inc., 255 F.Supp.3d 334, 341 (2017).

E.

Imposición de honorarios de abogado por temeridad

La imposición de honorarios de abogado procede en derecho 

únicamente cuando una parte ha actuado con temeridad o 

frivolidad.1 Sobre el particular, la Regla 44.1(d) de Procedimiento 

Civil establece, en lo pertinente, lo siguiente:

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier 

parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle 

en su sentencia al responsable el pago de una suma 

por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta.[...]2

A pesar de que la citada Regla no define en qué consiste una 

conducta temeraria, la jurisprudencia la ha descrito como “aquella 

conducta que hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo 

prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra 

en gestiones evitables”.3 (Énfasis suplido). Así, la penalidad que 

se impone por conducta temeraria tiene por fin “disuadir la 

litigación frívola y fomentar las transacciones mediante sanciones 

que compensen a la parte victoriosa los perjuicios económicos y 

las molestias producto de la temeridad de la otra parte”.4

También se ha indicado que el propósito de la imposición de 

honorarios por temeridad es penalizar a la parte que por su 

1 Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 DPR 972, 993 (2013), citando a Santiago 

v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 820 (2006).

2 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(d).

3 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010).

4

Íd., en la pág. 505.
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“terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito”.5 Es decir, que es temerario quien 

torna necesario un pleito frívolo, o provoca su indebida 

prolongación, obligando a la otra a incurrir en gastos 

innecesarios.6

Determinada la existencia de temeridad, el tribunal deberá 

tomar en cuenta una serie de factores para poder calcular la 

cantidad que concederá, a saber: “(1) el grado de temeridad; (2) 

el trabajo realizado; (3) la duración y naturaleza del litigio; (4) la 

cuantía involucrada, y (5) el nivel profesional de los abogados”.7

III.

Este caso trata sobre el primero de los tres requisitos de la 

doctrina de legitimación activa: si el demandante sufrió un daño 

claro y palpable. Entiéndase, si fue discriminado por su 

discapacidad y ese discrimen le causó un daño real. La posición 

del apelante es que sufrió un daño concreto en calidad de tester y 

que para ello no tiene que alegar daños más específicos como lo 

mencionó en la demanda y en la argumentación. Reclama además 

el apelante que tampoco tiene que reclamar cuantía para tener 

legitimación activa. En cambio, la parte apelada argumenta que, 

no se ha demostrado un daño específico por el cual se pueda 

resarcir y que por ello no posee legitimación activa el demandante 

ante el TPI y aquí apelante.

5 C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342 (2011), citando a S.L.G. Flores-Jiménez 

v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008)); Torres Vélez v. Soto Hernández, supra.

6 Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008); P.R. Oil v. 

Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005); Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690, 706 

(2002).

7 C.O.P.R. v. S.P.U., supra.
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Por tratarse de una moción al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, nos corresponde evaluar las 

alegaciones bien hechas por el Sr. Betancourt Colón en su 

“Demanda”. En su reclamación, la parte apelante alega que es 

una persona con discapacidad. Sostiene que, el 31 de julio de 

2023, visitó las facilidades de la parte apelada, el cual es un lugar 

de acomodo público, según la Ley ADA.8 Aduce que, su visita fue 

con el propósito de disfrutar las ofertas gastronómicas del lugar, 

y hacer uso de los servicios ofrecidos a los clientes y al público en 

general.9 Arguyó que, durante su visita, encontró barreras 

arquitectónicas desde la entrada de acceso, en los mostradores o 

counters y en los baños.10 Afirmó que, dichas barreras interfirieron 

con su capacidad de usar y disfrutar los bienes, servicios, 

privilegios y acomodos ofrecidos en el lugar.11 Aunque indica 

haber sufrido dificultad para desplazarse y sufrir momentos 

incómodos y humillantes,

12 no los detalló ni reclamó una cuantía 

por dichos alegados daños. 

En cuanto a los mostradores o counters, expuso que, son 

muy altos para atender a personas que utilizan un scooter o una 

silla de ruedas.13 Apuntó que, debido a esto no pudo acceder a 

los servicios cómodamente.14 En cuanto al baño, mencionó que 

no es posible movilizarse, maniobrar o girar con facilidad dentro 

de este.15 Además, manifestó que, en el baño, en particular la 

parte inferior del lavamanos, no cumple con las medidas 

requeridas así como tampoco las otras áreas del servicio 

8 Véase, alegación número 9 y 10.

9 Véase, alegación número 10.

10 Véase, alegación número 11(b).

11 Véase, alegación número 10.

12 Véase, alegación número 11.

13 Véase, alegación número 11 (b).

14 Íd. 

15 Véase, alegación número 11 (c).
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sanitario.

16 Admitió el apelante a través de su abogado, en la 

argumentación que nadie realizó medidas en el local u que las 

alegadas violaciones que indican incumplimiento con medidas 

específicas requeridas se basan en la observación a distancia del 

apelante. Invocó legitimación como tester,17 y manifestó su 

intención de regresar al local, con el fin “verificar personalmente 

la eliminación de las barreras arquitectónicas”.18

Tras evaluar las alegaciones que preceden, nos resulta 

forzoso concluir que Sr. Betancourt Colón no tendría un remedio 

en ley, por lo que la desestimación del pleito es procedente en 

derecho. No especificó los daños que dice reclamar, admitió que 

varias de sus alegaciones son especulativas, a base de una 

observación a distancia y ello le priva de legitimación activa para 

presentar esta demanda.

Según el derecho esbozado en el acápite anterior, para 

establecer un caso prima facie de discrimen bajo el Título III de la 

Ley ADA, el demandante tiene que haber sido discriminado por su 

discapacidad. De la “Demanda” radicada por la parte 

apelante no surge que éste haya sufrido un daño particular 

o concreto que le otorgue legitimación activa para reclamar 

bajo las disposiciones de la Ley ADA. Sino que, más bien, 

y así lo admite la parte apelante en su escrito y lo 

argumentó su abogado durante la vista de argumentación 

oral, su alegada legitimación surge como tester. No 

obstante, lo anterior, vemos necesario aclarar que en la 

jurisdicción federal ya se ha reiterado que el simple hecho 

16 Véase, alegación número 11 (c).

17 Véase, alegación número 19 (a).

18 Véase, alegación número 19 (a).
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de ser tester no confiere legitimación activa al demandante 

si éste no cumple con los requisitos necesarios para ello.

Somos del criterio que, el hecho de ser un consumidor 

bona fide tampoco otorga de por sí legitimación activa al 

demandante, si dicho consumidor no prueba la 

concurrencia de los elementos necesarios para tener 

standing.

Corresponde al apelante, Sr. Betancourt Colón, alegar con 

claridad aquellos hechos que demuestren cada uno de los 

elementos que sustentan su legitimación, incluyendo el haber 

sufrido un daño real, claro, palpable e inmediato, no abstracto o 

hipotético.

En el caso de autos la parte apelante solo alega con 

especificidad que visito El Tivoli el 31 de julio de 2023 y que el 

mismo es un lugar abierto al público, lo que le convierte en una 

facilidad que tiene que cumplir con los requisitos de Ley ADA.

El apelante, en sus alegaciones, no logra demostrar haber 

sufrido un daño de facto, entiéndase, una lesión real y existente. 

En cuanto al baño, la parte apelante no alega haber sufrido daño 

alguno, sino de haber visualizado ciertos incumplimientos con la 

ley federal. Es importante hacer notar que el apelante tiene 

dificultad para caminar, pero camina por cuenta propia y por ello 

admitió el abogado del apelante en la vista de argumentación oral 

que su cliente no usa una guagua tipo van como vehículo para 

desplazarse de un lugar a otro. De hecho, el abogado del apelante 

admitió que este no llegó al estacionamiento de El Tivoli en una 

guagua tipo van, a pesar de que reclama múltiples violaciones en 

dicho estacionamiento, que haría imposible estacionar guaguas 

tipo van, pero él apelante no tiene una y nada midió ni en el 

estacionamiento ni en el exterior o interior del restaurante. Como 
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ya expresamos, un demandante ileso que solo procura que 

el demandado cumpla con la ley no satisface los criterios 

necesarios para tener legitimación activa, pues no puede 

probar un daño concreto. El hecho de que el Congreso y/o 

nuestra Asamblea Legislativa identifiquen un daño intangible, y 

decidan concretizarlo mediante un estatuto que garantice al 

perjudicado un derecho a reclamar, no implica que el 

demandante, de forma automática, satisface el requisito de daño 

requerido para ostentar legitimación activa. En el contexto de 

una violación estatutaria se requiere la existencia de un 

daño concreto.

Por ende, el Sr. Betancourt Colón no puede tener standing 

por un encuentro o un alegado reconocimiento a distancia de una 

barrera arquitectónica, pues, aunque el demandado pueda estar 

en violación a la ley federal, si el reclamante no recibió un daño 

concreto y particular a consecuencia de dicha barrera, está 

impedido de reclamar. Así lo ha reconocido la Corte Suprema de 

los Estados Unidos. “The deprivation of a right created by statute 

must be accompanied by some concrete interest that is affected 

by the deprivation, in order to satisfy the injury-in-fact 

requirement for Article III standing”. TransUnion LLC v. Ramirez, 

supra.

Por último, nos parece importante recalcar que, aunque se 

podrían realizar inferencias sobre el historial de litigio del 

apelante, lo cierto es que, se desprende con claridad que el 

fundamento por el cual se declaró Ha Lugar la “Moción de 

Desestimación” fue por la falta de legitimación activa, y no por 

otra razón.

Ciertamente, el pleito instado por el Apelante es uno frívolo, 

pues no existe elemento alguno que permita concederle una 
KLAN202301095 17

indemnización a su favor. La insistencia y actitud desprovista de 

fundamentos del Apelante, han obligado a la parte contraria a 

asumir innecesariamente las molestias, gastos e inconvenientes 

de tramitar y defenderse de un pleito que pudo ser evitado. Como 

se ha reiterado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, “no es 

meritorio poner en marcha la maquinaria judicial en busca de un 

remedio cuando no existe tal daño”.19 Debido a esto, 

consideramos meritorio la imposición de cinco mil dólares 

($5,000.00) en honorarios de abogados a la parte Apelante, 

pagaderos a la parte Apelada en el término de treinta (30) días. 

En último orden, referimos al licenciado José Carlos Vélez 

Colón al Comité de Ética Profesional de Abogados y Abogadas del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico para que examine la posibilidad 

de conducta anti-ética de abuso del derecho en la presentación 

reiterada de estos pleitos. Además, debemos traer a la atención 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico la conducta (personal y 

profesional) exhibida por el licenciado Vélez Colón en los casos 

presentados en los estados de California y Oregón, reseñados en 

el voto particular y de Conformidad del Juez Rodríguez Casillas.

Por todo lo anteriormente expuesto, es forzoso concluir que 

no fueron cometidos los errores señalados por el Apelante y que 

el TPI procedió de manera correcta al desestimar el pleito.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos 

formar parte de este dictamen, confirmamos la “Sentencia” 

apelada, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao e imponemos honorarios de abogado a pagarlos por la 

19 Sánchez v. Secretario de Justicia, 157 DPR 360 (2002). 
KLAN202301095 18

parte apelante a la parte apelada por la cantidad de cinco mil 

dólares ($5,000.00) pagaderos en el término de treinta (30) días.

En adición se refiere al licenciado José Carlos Vélez Colón al 

Comité de Ética Profesional de Abogados y Abogadas del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico para que examine la posibilidad de 

conducta anti-ética de abuso del derecho en la presentación 

reiterada de estos pleitos.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. El Juez Rodríguez Casillas emite voto 

particular de conformidad. El Juez Salgado Schwarz está 

conforme con la determinación del Panel, y se une a las 

expresiones del Juez Rodríguez Casillas, haciendo constar de 

forma particular que, dada la magnitud evidente del abuso de 

derecho desplegado por la parte Apelante, la sanción impuesta 

resulta inferior a la proporcionalidad de los efectos nocivos a 

nuestro ordenamiento del comportamiento que hoy reprochamos.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
Número Identificador

SEN2024 ________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

FAUSTINO XAVIER 

BETANCOURT COLÓN 

Apelante

v.

TIVOLI FOODS & SPORT 

INC.

Apelada

KLAN202301095

Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Humacao

Caso Núm.: 

YB2023CV00219

Sobre: Petición de 

Orden

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el

Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro.

VOTO PARTICULAR DE CONFORMIDAD 

DEL JUEZ ROBERTO RODRÍGUEZ CASILLAS 

“Something is rotten in the state of Denmark”,20

Hamlet, de William Shakespeare.

En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2024.

Aunque estoy conforme con el resultado alcanzado y los 

fundamentos expuestos en la Sentencia mayoritaria, mi sentido de 

olfato reclama un voto particular con la intención de atender el tema 

puntual sobre el abuso del derecho en la figura del “tester”, bajo la 

ley Americans with Disabilities Act, infra, y el Canon 34 del Código 

de Ética Profesional de Abogados.21

-IEl señor Faustino Xavier Betancourt Colón (en adelante, el 

señor Betancourt Colón o apelante) alega que el 31 de julio de 2023

visitó el restaurant Tivoli Foods & Sports, Inc., (en adelante, Tivoli 

Foods), luego de que sus amigos —con los que tiene citas y 

reuniones informales— le hablaran del “carácter versátil y curioso 

del lugar”. 

20“Algo huele a podrido en el estado de Dinamarca”.

21 Canon 34.-Instigación o Gestión de Pleitos.
KLAN202301095 20

No obstante, el señor Betancourt Colón aduce que durante su

visita a Tivoli Foods tuvo dificultad para desplazarse por las 

instalaciones, ya que existen barreras arquitectónicas —y como

persona con discapacidad física—22, se vio en una penosa situación 

al solicitar la ayuda de terceros, provocándole momentos de 

incomodidad y de humillación. 

Por ese incidente, el 3 de agosto de 2023 el señor Betancourt 

Colón presentó una demanda contra Tivoli Foods, donde alegó la 

existencia de barreras arquitectónicas y de diseño a las que se 

enfrentó —tanto en el interior como en el exterior del 

establecimiento— por dificultades de movilidad.23

En cuanto a las barreras en el interior del restaurant, en 

resumen, el apelante alegó que usa un scooter eléctrico de tres 

ruedas para moverse, por lo cual, las rampas en el interior son 

demasiado inclinadas, angostas y carecen de barras de apoyo; 

además, de tener una mala señalización, lo que provoca 

complicaciones en el acceso seguro. También, la altura del 

mostrador principal limitó la interacción cómoda y segura con el 

personal, lo cual afectó su experiencia gastronómica. Añadió que el 

espacio de los baños es insuficiente y la ubicación de elementos 

como el lavamanos no es correcta, lo cual dificultó el uso del mismo. 

Además, los baños no cuentan con barras de apoyo por lo que, la 

transferencia del scooter al inodoro o lavamanos resultó ser 

dificultosa y aumentó el riesgo de accidentarse.24

En cuanto a las barreras en el exterior, en síntesis, alegó que 

no hay una ruta o acera accesible desde el establecimiento hacia la 

22 Surge del expediente que el apelante padece de hipertensión, diabetes mellitus 

tipo II; neuropatía diabética; osteoartritis; artritis inflamatoria; hidrocefalia; 

insuficiencia cardiaca congestiva; deformidad en ambos pies; obstrucción 

pulmonar crónica; apnea del sueño; enfermedad articular degenerativa de la 

columna lumbar; y, túnel carpiano. Debido a la insuficiencia cardiaca, en febrero 

de 2012 se le implantó un desfibrilador automático, para prevenir una muerte 

súbita. Véase, Apéndice de la Parte Apelante, págs. 2-3. 

23 Véase, Apéndice de la Parte Apelante, págs. 1-22. 

24 Véase, Apéndice de la Parte Apelante, págs. 5-11, 13-16.
KLAN202301095 21

entrada del restaurant. Tampoco el estacionamiento cuenta con 

suficientes espacios accesibles y adecuados para camionetas, lo cual 

restringe la inclusión de personas con discapacidad. Añadió que el 

pavimento estaba deteriorado, con grietas y baches. Además, el 

estacionamiento no cuenta con señalización clara para identificar 

los estacionamientos para discapacitados.25 Esto impidió que 

pudiera identificar donde podía aparcar legalmente su vehículo 

adaptado.

Así, expresó que todas las barreras antes mencionadas le 

afectaron emocionalmente, disminuyendo su autoestima, 

autonomía e independencia. Generando sentimientos de 

frustración, indignación e incomodidad, presentando riesgos de 

caídas y dificultando la movilidad autónoma. Por ello, solicitó como 

remedio un interdicto permanente de conformidad con el Título III 

de la Americans with Disabilities Act (en adelante, Ley ADA),26 para 

que ordenara a Tivoli Foods a eliminar las barreras arquitectónicas. 

Asimismo, —y en caso de que el establecimiento continuara con las 

políticas y prácticas discriminatorias— solicitó el cierre y clausura 

del mismo. Además, reclamó honorarios de abogados, costas, gastos 

del litigio y cualquier otro remedio que procediera como cuestión de 

derecho. No obstante, no reclamó daños alegadamente sufridos.27

El 10 de octubre de 2023, Tivoli Foods compareció mediante 

Moción de Desestimación,

28 al amparo de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, infra. En síntesis, alegó que el señor Betancourt 

Colón dejaba de exponer una reclamación que justificara la 

concesión de un remedo, ya que carecía de legitimación activa para 

incoar la acción, debido a que no había demostrado haber sufrido 

un daño real, inmediato y preciso; no abstracto o hipotético. Alegó, 

25 Véase, Apéndice de la Parte Apelante, págs. 4-5, 11-13. 

26 42 USC sec. 12101.

27 Véase, Apéndice de la Parte Apelante, págs. 20-21. 

28 Véase, Apéndice de la Parte Apelante, págs. 23-53.
KLAN202301095 22

además, que el apelante había presentado sobre cien (100) reclamos 

en un periodo de dos (2) años ante los foros de primera instancia de 

nuestra jurisdicción reclamando alegadas violaciones a la Ley ADA. 

Tivoli Foods destacó los siguientes casos: 

1. Faustino Betancourt Colón v. Rc Air-Conditioned Services 

Corp, SJ2019CV07518

2. Faustino Betancourt Colón v. Acoba Realty Development, 

Inc., CA202001438

3. Faustino Betancourt Colón v. Wal-Mart Puerto Rico, Inc.,

SJ2020CV04245

4. Faustino Betancourt Colón v. Héctor Sullivan, Inc.,

SJ2020CV045666

5. Faustino Betancourt Colón v. Municipio de San Juan, 

SJ2020CV05455

6. Faustino Betancourt Colón v. Imperial Realty Enterprises, 

Inc., SJ2020CV05829

7. Faustino Betancourt Colón v. A&M Contract, Inc.,

SJ2020CV06550

8. Faustino Betancourt Colón v. ELA, BY2020CV03955

9. Faustino Betancourt Colón v. University of Puerto Rico 

Parking System, Inc., 5J2020CV0685 1

10. Faustino Betancourt Colón v. Plaza Encantada, Inc., 

CA2021CV00128

11. Faustino Betancourt Colón v. Inmobiliaria Isla Verde, 

Inc., CA2021CV00458

12. Faustino Betancourt Colón v. Hospital Menonita de 

Caguas, CG2021CV00863

13. Faustino Betancourt Colón v. Ralph's Food Warehouse, 

HU2021CV00372

14. Faustino Betancourt Colón v. Purico LLC, 

SJ20202CV04627

15. Faustino Betancourt Colón v. Pizza City Inc., 

CA2021CV00983

16. Faustino Betancourt Colón v. Restaurants Operators 

Inc., SJ2021CV02512

17. Faustino Betancourt Colón v. Encanto Restaurants, 

SJ2021CV02524

18. Faustino Betancourt Colón v. Municipio de Guaynabo, 

BY2021CV01590

19. Faustino Betancourt Colón v. Municipio de Toa Alta, 

BY2021CV01593

20. Faustino Betancourt Colón v. Municipio de Carolina, 

CA20121CV00992

21. Faustino Betancourt Colón v. Municipio de Cataño, 

BY2021CV01594

22. Faustino Betancourt Colón v. Autoridad de Carreteras, 

FA2021CV00304

23. Faustino Betancourt Colón v. J. Pica y Cía, LLC, 

CG2021CV01039

24. Faustino Betancourt Colón v. BV Properties, 

CG2021CV01042

25. Faustino Betancourt Colón v. Presbyterial Community 

Hospital, Inc., SJ2021CV02680
KLAN202301095 23

26. Faustino Betancourt Colón v. Three n One Corporation, 

CA2021CV01055

27. Faustino Betancourt Colón v. Arcos Dorados Puerto 

Rico LLC, FA2021CV00326

28. Faustino Betancourt Colón v. Universidad de Puerto 

Rico, SJ2021CV02732

29. Faustino Betancourt Colón v. Wendco of Puerto Rico, 

Inc., CG2021CV01081

30. Faustino Betancourt Colón v. Supermercado Caslop, 

Inc., SJ202lCV02775

31. Faustino Betancourt Colón v. HHM Real Estate, Inc.

AR2021CV00612

32. Faustino Betancourt Colón v. Subs Island Development 

Inc., SJ2021CV02894

33. Faustino Betancourt Colón v. Party City of PR Inc., 

BY2021CV01882

34. Faustino Betancourt Colón v. Walgreens of Puerto Rico, 

Inc. HU2021CV00473

35. Faustino Betancourt Colón v. Zulyer Pharmacy, Inc., 

HU2021CV00485

36. Faustino Betancourt Colón v. Plaza Caparra, LLC, 

BY2021CV02012

37. Faustino Betancourt Colón v. BPP Retail Properties LLC, 

BY2021CV03808

38. Faustino Betancourt Colón v. Don Maceta Inc, 

MZ2021CV01323

39. Faustino Betancourt Colón v. ASG Investment 

Corporation, SJ2021CV07028

40. Faustino Betancourt Colón v. International Restaurant 

Services Inc., CA2021CV02907

41. Faustino Betancourt Colón v. Plaza Cupey Garden, 

SJ2021CV07284

42. Faustino Betancourt Colón v. First Bank Puerto Rico, 

SJ2021CV07433

43. Faustino Betancourt Colón v. FTC Corporation, 

SJ2021CV07859 

44. Faustino Betancourt Colón v. RB Maketplace Inc., 

SJ2021CV07918

45. Faustino Betancourt Colón v. Eneri Inc., 

SJ2021CV0729

46. Faustino Betancourt Colón v. Cortes Hermanos, 

SJ2021CV08014

47. Faustino Betancourt Colón v. Industria Lechera de PR, 

SJ2021CV08286

48. Faustino Betancourt Colón v. Neceo Inc., 

SJ2021CV08499

49. Faustino Betancourt Colón v. Kimco PR Management 

Corp., CA2021CV03561

50. Faustino Betancourt Colón v. Pep Boys, 

SJ2021CV08543

51. Faustino Betancourt Colón v. Banco Popular de PR, 

SJ2021CV08567

52. Faustino Betancourt Colón v. Vaquería Tres Monjitas 

Inc., SJ2021CV08603

53. Faustino Betancourt Colón v. Autoshow LLC, 

SJ2022CV00784

54. Faustino Betancourt Colón v. Capri SE, 

CA2022CV011089
KLAN202301095 24

55. Faustino Betancourt Colón v. Municipio de Juana Diaz, 

PO2022CV0119

56. Faustino Betancourt Colón v. Total Energies Marketing, 

BY2022CV02233

57. Faustino Betancourt Colón v. OfficeMax Puerto Rico, 

BY2022CV02237

58. Faustino Betancourt Colón v. Autoridad del Distritito 

del Centro de Convenciones, SJ2022CV03415

59. Faustino Betancourt Colón v. Hospital Regional de 

Bayamón, BY2022CV02238

60. Faustino Betancourt Colón v. Banco Popular, 

SJ2022CV03418

61. Faustino Betancourt Colón v. Caparra Center 

Associates LLC, BY2022CV02242

62. Faustino Betancourt Colón v. RUA LLC, 

SJ2022CV03513

63. Faustino Betancourt Colón v. El Yaque, Inc., 

SJ2022CV0325

64. Faustino Betancourt Colón v. Seritage Kmt Finance 

LLC, BY2022CV02408

65. Faustino Betancourt Colón v. Paseo Las Cumbres Inc., 

SJ2022CV03721

66. Faustino Betancourt Colón v. Restaurante 

Cambalache, BY2022CV02530

67. Faustino Betancourt Colón v. Supermercados Máximo, 

Inc., BY2022CV02586

68. Faustino Betancourt Colón v. Municipio de Cidra, 

CG2O22CV01657

69. Faustino Betancourt Colón v. Montehiedra Holding 

LLC, SJ2022CV0452

70. Faustino Betancourt Colón v. Panadería Mallorca, 

SJ2022CV04792

71. Faustino Betancourt Colón v. BV Propertices Inc., 

CG2O22CV01808

72. Faustino Betancourt Colón v. HMH Real Estate Inc., 

AR2021CV00576

73. Faustino Betancourt Colón v. Municipio de Toa Baja, 

BY2022CV02965

74. Faustino Betancourt Colón v. Columbia College 

Corporation, CG2022CV02001

75. Faustino Betancourt Colón v. Costa Bahía Hotel, 

PO202CV0273

76. Faustino Betancourt Colón v. Hacienda La Tormenta, 

HU2O22CV01242

77. Faustino Betancourt Colón v. Tidel Realty, Corp.

CA2O22CV01411

78. Faustino Betancourt Colón v. Paseo Las Cumbres y 

otros, SJ2022CV03721

79. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Panadería 

Barcelona Inc. y otros, BY2022CV06132

80. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Prosperidad LLC y 

otros, CA2022CV04075

81. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Nave, Inc. y otros, 

CG2022CV04308

82. Faustino Xavier Betancourt v. Supermercado Máximo, 

Inc. BY2023CV03424

83. Faustino Xavier Betancourt v. Cidrines Ashford, LLC

SJ2023CV05950
KLAN202301095 25

84. Faustino Xavier Betancourt v. Great Taste, Inc.

DO2023CV00124

85. Faustino Xavier Betancourt v. Nagoya Tiki, Inc.

SJ2023CV05178

86. Faustino Xavier Betancourt v. Montehiedra Holding, 

LLC SJ2023CV05170

87. Faustino Xavier Betancourt v. Plaza las Américas

SJ2023CV04587

88. Faustino Xavier Betancourt v. Fazaa Corp.

SJ2023CV04564

89. Faustino Xavier Betancourt v. Jbao Investments, Corp.

CG2023CV01534

90. Faustino Xavier Betancourt v. Fortuna China

MT2023CV00316

91. Faustino Xavier Betancourt v. Hilaserra Inc. 

LP2023CV00059

92. Faustino Xavier Betancourt v. Yue Niu Feng

LP2023CV00059

93. Faustino Xavier Betancourt v. Encanto Restaurants, 

Inc. CA2023CV00646

94. Faustino Xavier Betancourt v. Verónica Beyley y Otros

BY2023CV01229

95. Faustino Xavier Betancourt v. Coca Cola Music Hall

SJ2023CV0196l

96. Faustino Xavier Betancourt v. La Fonda Gourmet, LLC

LU2023CV00194

97. Faustino Xavier Betancourt v. Golden Ocean, Inc.

GB2023CV00825

98. Faustino Xavier Betancourt v. Restaurante El Obrero, 

Inc. SJ2023CV08664

99. Faustino Xavier Betancourt Colon v. Tivoli Foods & 

Sport Inc., YB2023CV00219

100. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Rakuten LLC, 

SJ2023CV09027

101. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Del Campo al Norte 

Restaurant Corporation, HA2023CV00269

Sobre estos casos, Tivoli Foods alegó que en cada uno de ellos 

el señor Betancourt Colón realizó las mismas alegaciones. 

Entiéndase, en todos ellos adujo ser un cliente frecuente, que 

adquiere sus productos y que estos tienen alegadas barreras 

arquitectónicas. Hizo hincapié en que el representante legal del 

apelante —José Carlos Vélez Colón— también lo representa en 

todos los casos señalados, y que entre ambos, existe una estrategia 

legal caprichosa. También, alegó que la mayoría de los casos son 

transados por cuantías nominales debido a que las partes

demandadas no deseaban invertir su tiempo y recursos en 

defenderse y litigar las reclamaciones inmeritorias. 
KLAN202301095 26

Además de estos casos, Tivoli Foods resaltó dos casos que se 

presentaron ante este foro intermedio donde el señor Betancourt 

Colón figuraba como parte demandante. Estos son: Faustino 

Betancourt v. Municipio de Carolina29 y Faustino Betancourt v. AAA 

Car Rental Inc. y otros.

30 En ambos casos, dos paneles hermanos 

confirmaron sentencias del foro primario que desestimaron las

reclamaciones que, según alega Tivoli Foods, son idénticas al caso 

de epígrafe. En específico, resaltó que en ambos casos el foro de 

instancia desestimó las causas de acción por falta de legitimación 

activa. Ante este cuadro, Tivoli Foods le solicitó al tribunal de 

instancia que desestimara la demanda en su contra para así evitar 

que el señor Betancourt Colón sometiera a la parte demandada a un 

litigio innecesario.

El 30 de octubre de 2023, el señor Betancourt Colón se 

opuso mediante Moción en Oposición a Moción de Desestimación.

31

En resumen, arguyó que no procedía la desestimación al amparo de 

la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, infra, ya que su demanda 

cumplía con establecer el caso prima facie bajo el Título III de la Ley 

ADA, y a ello, se le suma que es “cliente bona fide”, además, que 

tiene legitimación activa en calidad de “tester” de derechos civiles. 

En este último, define al “tester” de derechos civiles como una 

“persona que tiene la intención específica de buscar y 

denunciar el discrimen, aunque ello represente someterse al 

discrimen o a condiciones poco seguras”.

32 Señaló, además, que 

su historial de litigio y la identidad de su representante legal no 

podían utilizarse para restarle credibilidad o legitimación. 

El 3 de noviembre de 2023, el TPI emitió una Sentencia

mediante la cual declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación

29 KLAN202200617 (CA2021CV00992). 

30 KLAN202300477. 

31 Véase, Apéndice de la Parte Apelante, págs. 54-106. 

32 Véase, Apéndice de la Parte Apelante, pág. 80.
KLAN202301095 27

presentada por Tivoli Foods.33 En esencia, resolvió que de la 

demanda no surge un daño particular o concreto que le conceda 

legitimación activa al señor Betancourt Colón para reclamar bajo la 

Ley ADA. Razonó que, aun cuando el apelante alega tener 

legitimación bajo la figura del “tester”, en la jurisprudencia federal 

es norma reiterada que el simple hecho de ser “tester” no confiere 

legitimación activa para demandar. En particular, señaló que: 

[...], el hecho de ser un consumidor bona fide tampoco 

otorga de por sí legitimación activa al demandante, si 

dicho consumidor no prueba la concurrencia de los 

elementos necesarios para tener standing. Corresponde

al demandante alegar con claridad aquellos hechos que 

demuestren cada uno de los elementos que sustentan su 

legitimación, incluyendo el haber sufrido un daño real, 

claro, palpable e inmediato, no abstracto o hipotético.34 

 

Inconforme, el 6 de diciembre de 2023 el señor Betancourt 

Colón compareció antes nos mediante Recurso de Apelación y señaló 

cuatro (4) errores: 

Primer Señalamiento: Erró el TPI no aplicar el estándar 

de decisión bajo la regla 10.2 para resolver la moción de 

desestimación. 

Segundo Señalamiento: Erró El TPI al determinar que 

la parte apelante no tenía standing como cliente bona 

fide y como tester de derechos civiles. 

Tercer Señalamiento: Erró el TPI al no reconocer como 

un daño el encuentro directo con las barreras 

arquitectónicas relacionadas a la discapacidad de la 

parte apelante. 

Cuarto Señalamiento: Erró el TPI al no reconocer como 

un daño el efecto disuasorio causado por el conocimiento 

del apelante de las barreras arquitectónicas existentes 

en la propiedad en controversia. 

 

El 9 de enero de 2024, Tivoli Foods compareció mediante 

Alegato de la Parte Apelada y esbozó los mismos planteamientos 

presentados en su Moción de Desestimación. Sin embargo, añadió a 

su escrito reportajes de medios noticiosos estadounidenses que 

reseñaban las múltiples demandas inmeritorias bajo la ADA que el 

33 Véase, Apéndice de la Parte Apelante, págs. 166-173.

34 Véase, Apéndice de la Parte Apelante, pág. 172. 
KLAN202301095 28

representante legal del señor Betancourt Colón —Lcdo. José Carlos 

Vélez Colón— presentó, en su carácter personal (obesidad mórbida) 

en varios estados.35 En el reportaje —Lawyer weighs-in on obese 

serial filer— se referían al licenciado Vélez Colón como un “serial 

filer”,36 dado la frivolidad de una serie de casos presentados bajo la 

ADA,37 contra restaurantes, tanto en el estado de California como 

Oregon. 

Ante las alegaciones y las controversias presentadas, el 9 de 

febrero de 2024 citamos a las partes a una Vista Oral, mediante la 

Regla 80 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,38 a efectuarse 

el 29 de febrero de 2024, a las 10:30 a.m., en nuestra sede. Se les 

notificó a las partes que deberían preparase para ilustrar a este foro 

sobre los siguientes asuntos: 

a. ¿La legitimación activa de nuestro derecho procesal civil 

admite una acción civil en que la parte demandante no 

reclame daños sufridos?

b. ¿Los tribunales de Puerto Rico pueden sostener una acción 

civil bajo la Americans with Disabilities Act (ADA), sin que 

la persona con impedimento reclame daños sufridos? 

c. La figura del "tester" que alega por la parte Apelante, 

¿tiene cabida en el derecho procesal civil de Puerto Rico?

d. ¿Un "tester" puede reclamar daños?

e. ¿Un "tester" puede reclamar, a través de su abogado, una

compensación extrajudicial como parte de un "acuerdo" de

no demandar?

f. ¿Un "tester" puede reclamar, a través de su abogado, una

compensación judicial como parte de un "acuerdo" de no

demandar?

g. ¿Cómo los incisos d, e y f no inciden en el Canon 34 de 

Ética Profesional?39

Llegado el 29 de febrero de 2024, las partes comparecieron 

a la Vista Oral por conducto de sus representantes legales. 

35 Véanse, Nick Morgan, Mail Tribune, Camera captures Florida man who is suing 

Medford restaurants, 12/11/2019. https://mailtribune.com/newa/topstories/camera-captures-florida-man-who-is-suing-medford-restaurant/; Nick 

Morgan, Mail Tribune, Lawyer wighs-in on obese ‘serial filer’, 10/19/2019. 

https://ktvl.com/news/lawyer-has-taken-on-obese-man-suing-medfordrestaurants-before-and-won. 

36 Id.

37 Mail Tribune, Morbidly obese’ man drop ADA lawsuit against Medford 

restaurant, 5/2/2020, https://newmexico.networkofcare.org/aging/newsarticle-detail.aspx?id=113054

38 4 LPRA Ap. XXII-B.

39 El inciso g no debió indicar que el Canon 34 de Ética Profesional de Abogados 

y Abogadas, contiene los incisos a, e, f. Ello es un error involuntario.
KLAN202301095 29

En su turno, el abogado del apelante reiteró que el señor 

Betancourt Colón es una persona con discapacidad que se 

autodenomina “tester” de derechos civiles en virtud del Título III de 

la Ley ADA, razón por la cual, tiene legitimación activa en el caso de 

epígrafe. En ese sentido, lo ha representado legalmente en los 

cientos de casos antes indicados y sus honorarios son contingentes 

y pagados conforme se dispone en la Ley ADA. Arguyó que, como 

“tester”, resultaba suficiente que el apelante identificara las barreras 

arquitectónicas y presentara la acción civil bajo la Ley ADA. Negó 

que, como norma, acepte transacciones extrajudiciales, ni 

acostumbra a solicitar las mismas. No reconoció que los pleitos 

incoados y la repetición en la alegaciones constituyan una violación 

al Canon 34 de Ética Profesional. 

Por su parte, los representantes legales de Tivoli Foods 

trajeron ante nuestra consideración que, en lo que va del año 

corriente, el Lcdo. José Carlos Vélez Colón ha radicado dieciséis (16) 

demandas a nombre del señor Betancourt Colón sobre petición de 

orden bajo la Ley ADA. Estas son: 

1. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Santa Real Realty 

Inc. D/B/A Santa María Shopping Center; Arcos 

Dorados Puerto Rico, LLC; Western Auto of Puerto Rico, 

Inc.; H/N/C Advance Auto Parts, GB2024CV00022. 

2. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Plaza Caparra, 

LLC; Plaza Barak Two Thousand Drugs LLC; 

Caribbean Retail Ventures, Inc.; New York Department 

Stores de Puerto Rico, Inc.; Quintana Restaurant 

Management LLC; Magdalena Inc.; Laboratorio Clínico 

Plaza Caparra, Inc., GB2024CV00023.

40

3. Faustino Xavier Betancourt Colón v. New Sabroso 

China LLC; El Pavo Asado, Inc.; Municipio de San Juan, 

SJ2024CV00162. 

4. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Mozzarella Corp.; 

Unlimited Group Corporation; Municipio de San Juan, 

SJ2024CV00167.

5. Faustino Xavier Betancourt Colón v. La Caoba, Inc.; La 

Cada de las Bombillas, Inc.; Municipio de San Juan, 

SJ2024CV00173. 

6. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Garden Max & 

Power Equipment Inc.; La Lucense Bakery, Inc.; 

Municipio de San Juan, SJ2024CV00186.

7. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Raltrisan Electric 

3 Corp.; Los Pioneros Rest., Municipio de San Juan,

SJ2024CV00189.

40 Esta causa de acción se trasladó a la Corte Federal del Distrito de Puerto Rico. 
KLAN202301095 30

8. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Arrope, Inc.; ORPro Medical Industrial Laboratory SJ2024CV00220

9. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Kimpo Garden 

Corp.; Computers House Inc.; Municipio de San Juan,

SJ2024CV00221.

10. Faustino Xavier Betancourt Colón v. El Quarto 

Rey, Inc., SJ2024CV00258.

11. Faustino Xavier Betancourt Colón v. SCI Puerto 

Rico Inc.; El Mofongo Ahogado Inc., SJ2024CV00677.

12. Faustino Xavier Betancourt Colón v. US Real 

Estate LLC; Cupey Bowling Entertainment Center Inc., 

Pueblo Inc.; Brodersen Enterprises of Puerto Rico, Inc.; 

Hornofino Coffee Shop LLC; Gallery Cuisine, Inc.; y The 

Partners MXPR LLC, SJ2024CV01409.

13. Faustino Xavier Betancourt Colón v. P T, Inc.,

SJ2024CV01532.

14. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Fine Arts 

Cinema, Corp.; Banco Popular de Puerto Rico, 

SJ2024CV01616

15. Faustino Xavier Betancourt Colón v. PLM Food 

Service, Inc., SJ2024CV01689.

16. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Plaza Las 

Vegas, Corp.; Puerto Rico Telephone Company, Inc.; 

Humberto Vidal, Inc.; Burlington Coat Factory of Puerto 

Rico, LLC; Empresas Torres Batista, Inc.; Rent Express 

By Berrios Inc.; PR Retail Stores, Inc.; Arcos Dorados 

Puerto Rico, LLC, VB2024CV00105.

41

Tivoli Foods también trajo ante nuestra consideración otras 

causas de acciones radicadas por el Lcdo. José Carlos Vélez Colón 

en la Corte de Federal para el Distrito de Puerto Rico, a saber: 

1. Suárez-Torres v. Panadería y Respostería España, Inc.,

988 F.3d 542 (1st Cir. 2021). 

2. Suarez-Torres v. Asencio, 2019 WL 10734653 (1st Cir. 

July 9, 2019).

3. Medina-Rodríguez v. Fernández Bakery, Inc., 255 

F.Supp.3d 334 (1st Cir. 2017).

4. Suarez-Torres v. Sandia, LLC, 2017 WL 590307 

(February 14, 2017).

5. Medina-Rodríguez v. Farmacia Medina Inc., 302 

F.Supp. 3d 479, 481 (D.P.R. 2017).

Añadió Tivoli Foods que el Lcdo. José Carlos Vélez Colón había 

radicado causas de acción bajo la Ley ADA, supra, en otras 

jurisdicciones por derecho propio. De estas causas de acciones 

surgieron reportajes de medios noticiosos estadounidenses que 

reseñaban las múltiples demandas que el Lcdo. José Carlos Vélez 

Colón había presentado contra pequeños comerciantes en la costa 

oeste de los Estados Unidos. Estos son algunos de los casos: 

1. Velez v. IL Fornaio (Am.) Corp., 808 F.Appx. 581 (9th 

Cir. 2020). 

41 Este tribunal advino en conocimiento de estas por medio de la plataforma digital 

Consulta de Casos del Poder Judicial. 
KLAN202301095 31

2. Velez v. Catalina Hotel Ops, Inc., 2019 WL 3059469 

(C.D. Cal. Jan. 30, 2019)

3. Velez v. Cloghan Concepts, LLC, 387 F.Supp.3d 1072 

(SD Cal. 2019).

4. Velez v. Jack Sprats LLC, 2020 WL 1845812 (D. Or. 

Feb. 24, 2020). 

5. Velez v. Catalina Hotel Ops, Inc., 2019 WL 3059469 

(C.D. Cal. Jan. 30, 2019).

Así las cosas, este tribunal se dispuso a exponer la normativa 

jurídica aplicable al caso de autos. 

-IIA.

El Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley ADA, 

supra, para brindar un mandato nacional claro y completo para 

prohibir el discrimen contra las personas con diversidad funcional 

o discapacidad. El estatuto federal define discapacidad como un 

impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más 

actividades importantes en la vida de un individuo, un historial de 

dicho impedimento o que se considere que tiene dicho impedimento.

42

Se entiende por actividad importante en la vida de un individuo 

cuidarse a sí mismo, realizar tareas manuales, ver, oír, comer, 

dormir, caminar, pararse, levantar objetos, inclinarse, hablar, 

respirar, aprender, leer, concentrarse, pensar, comunicarse y 

trabajar.43

En Puerto Rico se creó la Ley de La Carta de Derechos de las 

Personas con Impedimentos, Ley Núm. 238 de 31 de agosto de 2004, 

según enmendada (en adelante Ley 238-2004).44 Esta ley, al igual 

que la Ley ADA, busca asegurar el derecho a la igualdad de todos 

los ciudadanos con impedimentos.45 Para propósitos de la Ley 238-

2004, “persona con impedimentos” se define como toda persona que 

tiene un impedimento físico, mental o sensorial que limita 

sustancialmente una o más actividades esenciales de su vida; tiene 

42 42 USCA sec. 12102 (1).

43 42 USCA sec. 12102 (2) (A).

44 1 LPRA secc. 512 et seq.

45 Id., Exposición de Motivos. 
KLAN202301095 32

un historial o récord médico de impedimento físico, mental o sensorial; 

o es considerada que tiene un impedimento físico, mental sensorial.

46

En el Artículo 4 de la Ley 238-2004 se enumeran una serie de 

derechos generales que todas las personas con impedimento 

tendrán. Entre estos, se encuentra el derecho a que se le garanticen 

plenamente todos los derechos, beneficios, responsabilidades y 

privilegios en igualdad de condiciones a los de una persona sin 

impedimentos.47 Las personas con impedimentos tienen derecho, 

además, a disfrutar y tener acceso a programas de servicio 

recreativos, deportivos, educativos y culturales en la comunidad.48

Tienen derecho, también, a disfrutar de un ambiente pacífico, de 

tranquilidad y solaz.49 

Por su parte, las prohibiciones establecidas en la Ley ADA, se 

prohíbe el discrimen en las instalaciones públicas. Y es que, como 

regla general, ninguna persona puede ser discriminada por motivos 

de discapacidad con respecto al disfrute pleno e igualitario de los 

bienes, servicios, instalaciones, privilegios, ventajas o alojamiento 

por parte de cualquier persona que posea, arriende (o arrienda a), u 

opera una instalación pública.50

En lo pertinente a esta controversia, el Título III de la Ley ADA 

recoge las medidas concernientes a las entidades que se consideran 

instalaciones públicas. Para fines de la Ley ADA, se consideran 

instalaciones públicas, entro otros, los restaurantes, barras y 

cualquier otro establecimiento que sirvan comida o bebidas.

51 

A raíz de ello, se considera discrimen cuando las instalaciones 

públicas no realizan "modificaciones razonables" a sus políticas, 

prácticas o procedimientos, cuando dichas modificaciones son 

46 1 LPRA secc. 512.

47 1 LPRA secc. 152a (a). 

48 1 LPRA secc. 152a (k).

49 1 LPRA secc. 152a (m).

50 42 USCA sec. 12182 (a).

51 42 USCA sec. 12181 (7) (b).
KLAN202301095 33

necesarias para que una persona discapacitada pueda tener acceso 

a los servicios, privilegios, ventajas o acomodos.

52 No obstante lo 

anterior, una entidad puede estar exenta de cumplir con lo 

establecido en el Título III si demuestra que las modificaciones 

alteran fundamentalmente la naturaleza de sus servicios, programa 

o actividad.53 

Por otro lado, la legislación federal denomina estas 

modificaciones como acciones “readily achievable”, o acciones 

fácilmente alcanzables. Para determinar si una acción es fácilmente 

realizable, los factores a considerar incluyen: 

(A) la naturaleza y el costo de la acción necesaria; 

(B) los recursos financieros generales de la instalación o 

instalaciones involucradas en la acción, el número de 

personas empleadas, el efecto sobre los gastos y 

recursos, o el impacto de otra manera de dicha acción 

sobre la operación de la instalación; 

(C) los recursos financieros generales de la entidad 

cubierta, el tamaño total del negocio de una entidad 

cubierta con respecto al número de sus empleados, el 

número, tipo y ubicación de sus instalaciones; y, 

(D) el tipo de operación u operaciones de la entidad 

cubierta, incluyendo la composición, estructura y 

funciones de la fuerza laboral de dicha entidad, la 

separación geográfica, relación administrativa o fiscal 

de la instalación o instalaciones en cuestión con la 

entidad cubierta.54

Sobre los remedios disponibles, una persona con 

discapacidad o diversidad funcional puede solicitar un interdicto 

temporero, preliminar o permanente. A esos efectos, las medidas 

cautelares incluirán una orden para modificar las instalaciones para 

que dichas instalaciones sean fácilmente accesibles y utilizables por 

las personas con discapacidades.55

Para establecer un caso prima facie de discrimen bajo el Título 

III de la Ley ADA, la parte demandante debe establecer: (1) que tiene 

una discapacidad conforme a la definición provista por la Ley ADA; 

52 42 USCA sec. 12181 (b) (2) (A) (ii).

53 Id.

54 42 USCA sec.12181 (9).

55 42 USCA sec. 12188.
KLAN202301095 34

(2) que la parte demandada es dueño de, arrenda u opera un 

establecimiento público; y, (3) que la parte demandada discriminó a 

la parte demandante por razón de su discapacidad, según lo 

enmarcado en la Ley ADA.56

Ahora bien, existen personas con discapacidades que vistan 

lugares de alojamiento público con el único fin de identificar y 

remediar las violaciones contenidas en la Ley ADA. Estas personas, 

denominadas “testers”, no están impedidas de presentar una causa 

de acción. No obstante, como cualquier demandante, deben cumplir 

con el requisito de legitimación activa.

57

B.

A tono con lo antes dicho, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha reiterado que, bajo el concepto de justiciabilidad, “la intervención 

de los tribunales tendrá lugar solo si existe una controversia genuina 

entre partes opuestas que tienen un interés real en obtener un 

remedio que afecte sus relaciones jurídicas”.58 Una controversia no 

se considera justiciable cuando: 1) se procura resolver una cuestión 

política; 2) una de las partes carece de legitimación activa; 3)

hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado la 

controversia en académica; 4) las partes están tratando de obtener 

una opinión consultiva, o 5) se intenta promover un pleito que no 

está maduro.

59 

Sobre la legitimación activa, nuestra jurisprudencia la define 

como “la capacidad que se le requiere a la parte promovente de una 

acción para comparecer como litigante ante el tribunal, realizar con 

eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener una sentencia 

56 Marradi v. K&W Realty Inv. LLC, 212 F. Supp. 3d 239, 245 (D. Mass. 2016).

57 Laufer v. Looper, 22 F. 4th 871 (10 Circuit 2022).

58 Hernández Montañez v. Parés Alicea, 208 DPR 727, 738 (2022). 

59 Ramos Rivera v. García García, 203 DPR 379, 393-394 (2019). Véase Bhatia 

Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68-69 (2017), citando a Asco. Fotoperiodistas 

v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011), y a Noriega v. Hernández Colón, 135 

DPR 406, 421-422 (1994). 
KLAN202301095 35

vinculante”.

60 No obstante, no todo el que tenga capacidad para 

demandar tiene acción legitimada en un pleito. Y es que, además de 

demostrar que tiene capacidad para demandar, la parte interesada 

también debe demostrar que tiene un interés legítimo.

61 

Lo anterior, es un mecanismo de autolimitación y de 

prudencia judicial cuya función principal es asegurar al tribunal 

que el promovente de la acción es uno cuyo interés es de tal índole 

que, con toda la probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción 

vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal las 

cuestiones en controversia.62 La parte promovente que solicita un 

remedio judicial debe demostrar: (1) que ha sufrido un daño claro y 

palpable; (2) que el daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto 

o hipotético; (3) una conexión entre el daño sufrido y la causa de 

acción ejercitada, y (4) que la causa de acción surge bajo el palio de 

la Constitución o de una ley.

63 

En la esfera federal existe una doctrina similar a la nuestra 

denominada standing to sue.

64 Al igual que en nuestra 

jurisdicción, en la esfera federal se le requiere a la parte demandante 

que demuestre haber sufrido un daño concreto, que se relacione con 

la alegada conducta de la parte demandada y que, con toda 

probabilidad, redundaría en una sentencia favorable para sí.65

C.

Es conocido que las alegaciones de una demanda tienen como 

propósito bosquejar o notificar a grandes rasgos cuáles son las 

reclamaciones y las defensas de las partes. En ese sentido, la Regla 

6.1(a) de Procedimiento Civil dispone que una alegación que 

60 Hernández Montañez v. Parés Alicea, supra, pág. 739. 

61 Co. Ópticos de PR v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989); citando, R. 

Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San 

Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, pág. 132. 

62 Co. Ópticos de PR v. Vani Visual Center, Id. pág. 564; citando, Hernández Agosto 

v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982). 

63 Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593, 599 (1992).

64 Véase, Spokeo, Inc. v. Robins, 578 US 330, 338 (2016).

65 Harty v. W. Point Realty, Inc., 28 F.4th 435, 442 (2d Cir. 2022); citando Lujan v. 

Defs. Of Wildlife, 504 US 555, 560-561.
KLAN202301095 36

exponga una solicitud de remedio debe contener “una relación 

sucinta y sencilla de la reclamación demostrativa de que el 

peticionario tiene derecho a un remedio”.

66

Cónsono con lo anterior, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

establece —además de otras— la defensa de dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio como 

fundamento para solicitar la desestimación de una causa de 

acción.67 En lo pertinente, la referida Regla dispone, que:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación 

se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción 

de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 

mediante una moción debidamente fundamentada:

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; 

(2) falta de jurisdicción sobre la persona; 

(3) insuficiencia del emplazamiento;

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio;

(6) dejar de acumular una parte indispensable. [...].68

En lo concerniente a nuestra controversia se ha establecido 

que, ante la presentación de una moción de desestimación basada 

en la quinta defensa de dicha Regla, los foros judiciales deben tomar 

como ciertas todas las alegaciones fácticas plasmadas en la 

demanda.

69 En ese sentido, están obligados a interpretar las 

aseveraciones de la parte demandante en forma conjunta, de la 

manera más favorable y liberal, formulando a su favor todas las 

inferencias que puedan asistirle.70

De esta forma, los tribunales deben razonar —si a la luz de la 

situación más favorable al demandante y resolviendo las dudas a su 

favor— la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida.71

66 Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1(a). Énfasis suplido.

67 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 

68 Id. Énfasis suplido.

69 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).; Roldán v. Lutrón, SM, Inc., 151 DPR 

883, 889 (2000). Énfasis suplido.

70 Colón v. Lotería, supra, pág. 649.

71 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013). Énfasis suplido.
KLAN202301095 37

Conforme a lo antes dicho, la causa de acción no debe ser 

desestimada a menos que el promovente de la moción demuestre 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno al amparo de 

cualquier estado de hechos que puedan ser evidenciados en apoyo 

a su causa de acción.72

En consecuencia, la desestimación procede cuando existen 

circunstancias que permiten a los tribunales determinar —sin 

ambages— que la demanda adolece de todo mérito o que la parte no 

tiene derecho a obtener remedio alguno.

73 En ese sentido, es 

apropiado reiterar que nuestro Tribunal Supremo ha sostenido 

firmemente la clara política pública judicial de que los casos se 

ventilen en sus méritos.74 Como corolario a esa política, se ha 

recalcado que existe un trascendental interés en que todo litigante 

tenga su día en corte.75

D.

Por otra parte, no debemos ignorar que el requisito de buena 

fe es exigencia general de nuestro derecho y que como tal se extiende 

a la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico.76 Cabe señalar que 

la buena fe tiene consigo un contenido ético que abarca toda la 

actividad jurídica.77 De ella se originan las doctrinas de los: actos 

propios, abuso del derecho y fraude a la ley.

78

Es por ello que, en nuestra jurisdicción rige el principio de que 

una parte debe ejercer sus derechos de conformidad con las 

exigencias del debido proceso de ley.79 De lo contrario, nuestro 

ordenamiento sanciona “el abuso del derecho o su ejercicio 

72 Colón v. Lotería, supra, pág. 649. Énfasis suplido.

73 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). Énfasis 

suplido.

74 Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 20 (2004).

75 Id.

76 Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 587–588 (1981).

77 Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., supra, a la pág. 588.

78 Id.

79 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 409 (2012). Véase, 

además; Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 DPR 663, 670 (1979); El Vocero de 

PR v. Hernández Agosto, 133 DPR 413, 415 (1993).
KLAN202301095 38

antisocial”.

80 Nuestro Tribunal Supremo acogió la doctrina del 

derecho civil sobre el abuso del derecho en Soriano Tavárez vs. 

Rivera Anaya,

81 allí afirmó que;

[e]l abuso del derecho, la mala fe y el fraude a la ley ... 

persiguen ... impedir que el texto de la ley sea utilizado para 

amparar actos contrarios a la realización de la justicia; que 

frente al contenido ético y al espíritu objetivo de la norma legal 

no prevalezcan las maniobras tendentes a lograr un resultado 

distinto al perseguido con ella.

82

Según definido por nuestro Alto Foro, el abuso del derecho

implica el ilegítimo ejercicio de un derecho “cuando el titular excede 

manifiestamente los límites impuestos por la buena fe o por el fin 

social o económico de ese derecho”.

83

Por lo cual, la doctrina de abuso del derecho ha sido 

reconocida como una fuente de responsabilidad.

84 Por lo que, se 

basa en el fundamental principio jurídico que exige que todo derecho 

o facultad que la ley establezca debe siempre exigirse de manera 

razonable, justa y legítima.85

Cabe mencionar que existen dos vertientes del abuso del 

derecho. La primera vertiente, de naturaleza subjetiva, ve el abuso 

del derecho en su ejercicio mismo, bien que fuere con la intención 

de dañar o sin verdadero interés por parte del promovente.86 Por su 

parte, la segunda vertiente es de naturaleza objetiva, percibe el 

abuso en su ejercicio anormal, “contrariando los fines económicos o 

sociales para los que fue creado”.

87

A fin de cuentas, se trata de actos que, aunque se ajustan a 

la letra de la ley, producen efectos que son contrarios a su espíritu 

y finalidad.

88 Por esa razón, el Tribunal Supremo de P.R., nos 

recuerda que los jueces debemos rechazar aquellas pretensiones de 

80 Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, supra.

81 Id.

82 Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, supra, a las págs. 673 – 674.

83 Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 588 (1981).

84 Producciones Tommy Muñiz v. COPAN, 113 DPR 517, 528 (1982).

85 Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, supra.

86 Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, supra, a las págs. 670–671.

87 Id.

88 Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, supra.
KLAN202301095 39

una parte que constituyen un medio para eludir la aplicación de las 

normas imperativas de nuestro ordenamiento.89

Es posible que, en apariencia, bajo la premisa de que se 

ejercita un derecho, realmente, en la práctica, se incurra en 

su abuso, porque el ejercicio anormal de ese derecho contraviene los 

fines económicos o sociales para los que se creó.90 Quien manifiesta 

un abuso del derecho no está protegido jurídicamente.91

E.

Por último, los cánones del Código de Ética Profesional 

establecen las pautas mínimas que deben guiar a los miembros de 

la clase togada al ejercicio de su delicada faena.92 Entre los asuntos 

que atiende el Código de Ética Profesional, se encuentre la 

solicitación. Como suele suceder, la relación abogado-cliente surge 

cuando un abogado acuerda proveer sus servicios profesionales a 

otra persona que los requiere a cambio de un precio u honorarios.93

Es precisamente la contratación entre el abogado y su cliente lo que 

está atado a la prohibición a la solicitación. Esto debido a la noción 

de que los acuerdos contractuales deben ser fruto de la libre 

voluntad entre las partes.94

En nuestra jurisdicción, el Canon 34 reglamenta lo relativo a 

la solicitación e instigación o gestión de pleitos.95 En específico, el 

referido canon versa de la siguiente manera: 

Canon 34.-Instigación o Gestión de Pleitos

Actúa contrario a los altos postulados de la profesión el 

abogado que, con propósito de lucro y sin ser requerido para 

que ofrezca su consejo o asesoramiento legal, aliente o 

estimule, en alguna forma, a clientes potenciales para que 

inicien reclamaciones judiciales o de cualquier otra índole. Es 

89 Id., a la pág. 671.

90 Véase; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Introducción al Derecho, 

2a ed., Barcelona, Ed. Bosh, 1989, Tomo Preliminar, a las págs. 398–413.

91 Id., a la pág. 399. En referencia al artículo 2-2 del Código civil suizo de las 

obligaciones.

92 In re Gervitz Carbonell, 162 DPR 665, 686 (2004). Véase, In re Ortiz Brunet, 152 

DPR 542 (2000); In re Filardi Guzmán, 144 DPR 710 (1998). 

93 S. Steidel Figueroa, Ética para Juristas: Ética del Abogado y Responsabilidad 

Disciplinaria, 1ra ed., Puerto Rico, Ediciones SITUM, pág. 141. 

94 S. Steidel Figueroa, Ética para Juristas, op. cit., pág. 141.

95 In re Franco Rivera, 169 DPR 237, 270 (2006).
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también contrario a la sana práctica de la profesión el que un 

abogado, sin ser requerido, bien lo haga personalmente o a 

través de personas, investigue o rebusque defectos en títulos 

u otras posibles fuentes o causas de reclamaciones a los fines 

de beneficiarse en alguna forma mediante la prestación de sus 

servicios profesionales.

Empaña la integridad y el prestigio de la 

profesión y es altamente reprobable el que un abogado, 

actuando directamente o a través de intermediarios o 

agentes, haga gestiones para proporcionarse casos o 

reclamaciones en que intervenir o para proporcionarlos a otros 

abogados.

96

Nuestro máximo foro ha expresado su repudio hacia los 

abogados que utilizan la solicitación personal para obtener 

clientes.97

Otra modalidad de la solicitación personal consiste en realizar 

acuerdos de colaboración con personas quienes, por el tipo de 

trabajo al que se dedican, pueden estar en contacto con potenciales 

clientes.98 Este tipo de solicitación puede llevarla a cabo una tercera 

persona, quien a petición o anuencia del abogado gestiona los 

clientes potenciales.99 

-IIIA todas luces el señor Betancourt Colón es un 

autodenominado “tester” que junto a su representación legal —Lcdo. 

José Carlos Vélez Colón— han entablado cientos de pleitos, so color 

de violación a los derechos del apelante por barreras arquitectónicas 

prohibidas en la Ley ADA. No obstante, notamos un patrón 

reprochable de lo que es un modus operandi que se asemeja a un 

claro abuso del derecho y contraviene el canon 34 de Ética 

Profesional de Abogados y Abogadas. Nos explicamos.

Primeramente, y a manera de un pequeño ejemplo, de la lista 

de los ciento uno (101) casos en los que el apelante es demandante, 

vemos que diecinueve (19) fueron desistidos y desestimados con 

perjuicio por acuerdo transaccional, en los cuales, solo uno se 

96 4 LPRA Ap. IX, C. 34. (Énfasis suplido) 

97 Véase, In re Valentín, 115 DPR 68 (1968). 

98 S. Steidel Figueroa, Ética para Juristas, op. cit., pág. 148.

99 S. Steidel Figueroa, Ética para Juristas, op. cit., pág. 149.
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constata que hubo una compensación de $7,000.00; sin embargo,

en otros casos se hizo un acuerdo confidencial que no permite 

revelar la cuantía ni los términos pactados. En los restantes casos,

simplemente no se dice más. Veamos: 

1. Faustino Betancourt Colón v. Rc Air-Conditioned Services Corp, 

SJ2019CV07518. Presentación: 25 de julio de 2019/Terminación: 

3 de septiembre de 2020. SOBRE: DAÑOS Y PERJUICIOS. 

Demandante desistió con perjuicio por Acuerdo Transaccional

($7,000.00).

2. Faustino Betancourt Colón v. Héctor Sullivan, Inc., SJ2020CV04566. 

Presentación: 26 de agosto de 2020/Terminación: 16 de septiembre 

de 2021. SOBRE: PETICION DE ORDEN. El demandante desistió 

con perjuicio, por Acuerdo Transaccional CONFIDENCIAL.

3. Faustino Betancourt Colón v. A&M Contract, Inc., SJ2020CV06550. 

Presentación: 4 de diciembre de 2020/Terminación: 4 de abril de 

2022. SOBRE: DAÑOS Y PERJUICIOS. Demandante desistió con 

perjuicio por Acuerdo Transaccional.

4. Faustino Betancourt Colón v. University of Puerto Rico Parking 

System, Inc., SJ2020CV06851. Presentación: 16 de diciembre de 

2020/Terminación: 9 de junio de 2022. SOBRE: DAÑOS; PETICIÓN 

DE ORDEN. Por desistimiento voluntario se desestima con 

perjuicio por Estipulación Sobre Transacción CONFIDENCIAL.

5. Faustino Betancourt Colón v. Presbyterial Community Hospital, Inc., 

SJ2021CV02680. Presentación: 3 de mayo de 2021/Terminación: 

28 de agosto de 2023. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. 

Desistimiento con perjuicio por Acuerdo Transaccional 

CONFIDENCIAL.

6. Faustino Betancourt Colón v. Three n One Corporation, 

CA2021CV01055. Presentación: 3 de mayo de 2021 / Terminación: 

27 de enero de 2022. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. Se desestima 

por desistimiento con perjuicio por Acuerdo Transaccional 

CONFIDENCIAL.

7. Faustino Betancourt Colón v. Wendco of Puerto Rico, Inc., 

CG2021CV01081. Presentación: 5 de mayo de 2021/Terminación: 

22 de febrero de 2022. SOBRE: DAÑOS; PETICIÓN DE ORDEN. 

Desistimiento con perjuicio por Acuerdo Transaccional 

CONFIDENCIAL.

8. Faustino Betancourt Colón v. Subs Island Development Inc., 

SJ2021CV02894. Presentación: 13 de mayo de 2021/Terminación: 

6 de agosto de 2021. El TPI dictó Sentencia a favor de Subway y 

en contra del señor Betancourt, desestimando con perjuicio la 

Demanda. Se condena al señor Betancourt al pago de las costas a 

favor de Subway. Sin embargo, ante la presentación del recurso 

KLAN202100706, las partes llegaron a un Acuerdo Transaccional, 

por lo que se desestimó con perjuicio.

9. Faustino Betancourt Colón v. First Bank Puerto Rico, 

SJ2021CV07433. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. Presentación: 10 

de noviembre de 2021/Terminación: 6 de septiembre de 2022. Se 

desestima por desistimiento voluntario con perjuicio por 

Acuerdo Transaccional.

10. Faustino Betancourt Colón v. Cortés Hermanos, 

SJ2021CV08014. Presentación: 6 de diciembre de 

2021/Terminación: 28 de mayo de 2022. SOBRE: DAÑOS; 

PETICIÓN DE ORDEN. Por desistimiento voluntario se 

desestima con perjuicio por Acuerdo Transaccional.

11. Faustino Betancourt Colón v. Vaquería Tres Monjitas Inc., 

SJ2021CV08603. Presentación: 31 de diciembre de 

2021/Terminación: 10 de marzo de 2022. SOBRE: PETICION DE 

ORDEN. Se desestima por desistimiento con perjuicio, por 

haber llegado a un Acuerdo Transaccional CONFIDENCIAL.

12. Faustino Betancourt Colón v. Autoshow LLC, 

SJ2022CV00784. Presentación: 4 de febrero de 2022/Terminación: 
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21 de septiembre de 2022. SOBRE: PETICION DE ORDEN. Por 

desistimiento voluntario se desestima con perjuicio por 

Acuerdo Transaccional.

13. Faustino Betancourt Colón v. Office Max Puerto Rico, 

BY2022CV02237. Presentación: 1 de mayo de 2022/Terminación: 

18 de diciembre de 2023. SOBRE: Petición de Orden. Por 

desistimiento voluntario se desestima con perjuicio por 

Acuerdo Transaccional.

14. Faustino Betancourt Colón v. Municipio de Cidra, 

CG2022CV01657. Presentación: 20 de mayo de 2022/Terminación: 

12 de febrero de 2024. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. Por 

estipulación se desiste y desestima con perjuicio por 

Estipulación.

15. Faustino Betancourt Colón v. HMH Real Estate Inc., 

AR2021CV00576. Presentación: 6 de junio de 2022/Terminación: 

6 de octubre de 2023. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. Acuerdo 

PRIVADO Y CONFIDENCIAL se desiste y desestima con 

perjuicio.

16. Faustino Betancourt Colón v. Columbia College Corporation, 

CG2022CV02001. Presentación: 17 de junio de 2022/Terminación: 

13 de octubre de 2022. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. Por 

desistimiento voluntario se desestima con perjuicio por 

Acuerdo Transaccional.

17. Faustino Betancourt Colón v. Hacienda La Tormenta, 

HU2022CV01242. Presentación: 6 de septiembre de 

2022/Terminación: 29 de diciembre de 2023. SOBRE: PETICIÓN 

DE ORDEN. Por desistimiento voluntario se desestima con 

perjuicio por Acuerdo Transaccional.

18. Faustino Xavier Betancourt v. Jbao Investments, Corp., 

CG2023CV01534. Presentación: 15 de mayo de 2023 / 

Terminación: 26 de marzo de 2024. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. 

MINUTA: “La licenciada Rodríguez anuncia que presentará moción 

dispositiva. Informa que su representado ya comenzó las mejoras 

que se establecen en el informe pericial, por lo que necesita término 

para que se trabaje en esas modificaciones.” Por desistimiento 

voluntario se desestima con perjuicio, al llegar a un Acuerdo 

CONFIDENCIAL.

19. Faustino Xavier Betancourt v. Restaurante El Obrero, Inc., 

SJ2023CV08664. Presentación: 13 de septiembre de 

2023/Terminación: 1 de abril de 2024. SOBRE: PETICIÓN DE 

ORDEN. Cuando las partes se encontraban en el descubrimiento de 

prueba, comenzaron conversaciones transaccionales. Se 

desestima por desistimiento voluntario con perjuicio por 

Acuerdo Transaccional.

Además de los diecinueve (19) casos transados, el señor 

Betancourt Colón desistió y fueron desestimados con perjuicio o 

sin perjuicio trece (13) pleitos de los 101 casos examinados. Estos 

son:

1. Faustino Betancourt Colón v. Wal-Mart Puerto Rico, Inc., 

SJ2020CV04245. Presentación: 13 de agosto de 

2020/Terminación: 31 de marzo de 2021. SOBRE: INTERDICTO 

ESTATUTARIO 42 U.S.C. § 12188. El TPI dictó Sentencia de 

desistimiento voluntario con perjuicio sin especial imposición de 

las costas, gastos ni honorarios de abogados.

2. Faustino Betancourt Colón v. Autoridad de Carreteras, 

FA2021CV00304. Presentación: 27 de abril de 2021/Terminación: 

20 de mayo de 2021. SOBRE: DAÑOS. Demandante desistió sin 

perjuicio.
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3. Faustino Betancourt Colón v. Walgreens of Puerto Rico, Inc., 

HU2021CV00473. Presentación: 19 de mayo de 2021 / 

Terminación: 21 de octubre de 2021. SOBRE: DAÑOS; PETICIÓN 

DE ORDEN. Por desistimiento se desestima con perjuicio.

4. Faustino Betancourt Colón v. Restaurants Operators Inc., 

SJ2021CV02512. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. Presentación: 26 

de abril de 2021/Terminación: 3 de febrero de 2022. Desistimiento 

con perjuicio.

5. Faustino Betancourt Colón v. Purico LLC, SJ2020CV04627. 

Presentación: 21 de abril de 2021 / Terminación: 22 de febrero de 

2022. SOBRE: INTERDICTO ESTATUTARIO 42 U.S.C. § 12188. 

Desistimiento voluntario con perjuicio. 

6. Faustino Betancourt Colón v. Industria Lechera de PR, 

SJ2021CV08286. Presentación: 17 de diciembre de 2021 / 

Terminación: 24 de marzo de 2022. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. 

Se desestima por desistimiento voluntario con perjuicio.

7. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Nave, Inc. y otros, 

CG2022CV04308. Presentación: 31 de diciembre de 2022/ 

Terminación: 6 de marzo de 2023. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. 

Desistimiento con perjuicio.

8. Faustino Xavier Betancourt v. Encanto Restaurants, Inc., 

CA2023CV00646. Presentación: 3 de marzo de 2023 / Terminación: 

23 de marzo de 2023. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. 

Desistimiento con perjuicio solicitado por el demandante.

9. Faustino Xavier Betancourt v. Yue Niu Feng, LP2023CV00058. 

Presentación: 29 de marzo de 2023/Terminación: 11 de octubre de 

2023. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. Desistimiento con 

perjuicio solicitado por el demandante.

10. Faustino Betancourt Colón v. BV Properties, 

CG2021CV01042. Presentación: 3 de mayo de 2021/Terminación: 

1 de noviembre de 2023. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. El TPI 

desestimó sin perjuicio tras la incomparecencia del 

demandante en más de 30 días. 

11. Faustino Xavier Betancourt v. Coca Cola Music Hall, 

SJ2023CV01961. Presentación: 2 de marzo de 2023 / Terminación: 

30 de junio de 2023. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. 

Desistimiento sin perjuicio solicitado por el demandante.

12. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Panadería Barcelona Inc. 

y otros, BY2022CV06132. Presentación: 1 de diciembre de 

2022/Terminación: 30 de octubre de 2023. SOBRE: PETICIÓN DE 

ORDEN. Desistimiento con perjuicio.

13. Faustino Betancourt Colón v. Hospital Regional de Bayamón, 

BY2022CV02238. Presentación: 1 de mayo de 2022/Terminación: 

15 de abril de 2024. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. El demandante 

informó al TPI que las partes acordaron mutuamente el 

desistimiento del caso con perjuicio.

Además de los casos transados y desistidos por el apelante, 

notamos que dieciséis (16) casos fueron desestimados:

1. Faustino Betancourt Colón v. Imperial Realty Enterprises, Inc., 

SJ2020CV05829. Presentación: 28 de octubre de 2020 / 

Terminación: 28 de abril de 2022. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. 

Mediante Sentencia del 28 de abril de 2022, el TPI declaró HA 

LUGAR la Solicitud de Sentencia Sumaria Enmendada presentada 

por Imperial Realty Enterprises, Inc., por lo que desestimó la 

Petición de Interdicto Preliminar de Betancourt Colón.
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2. Faustino Betancourt Colón v. Pizza City Inc., CA2021CV00983. 

Presentación: 26 de abril de 2021/Terminación: 26 de diciembre de 

2023. SOBRE: INJUNCTION - LEY ADA. El TPI desestimó el pleito 

por falta de parte indispensable. En lo pertinente, expresó: En el 

presente caso es innegable que hace falta una parte indispensable. 

Pizza City, Inc., no es el dueño del inmueble, ni tampoco Faustino X. 

Betancourt Colón trajo como demandado al Municipio de Autónomo 

de Carolina, quien es la entidad responsable de las aceras. 

3. Faustino Betancourt Colón v. Municipio de Cataño, 

BY2021CV01594. Presentación: 27 de abril de 2021/Terminación: 

28 de marzo de 2023. SOBRE: DAÑOS; PETICIÓN DE ORDEN. 

Desestimación sin perjuicio. 

4. Faustino Xavier Betancourt Colón v. Prosperidad LLC y otros, 

CA2022CV04075. Presentación: 21 de diciembre de 

2022/Terminación: 6 de febrero de 2024. SOBRE: PETICIÓN DE 

ORDEN. El TPI desestimó por falta una parte indispensable. 

Concluyó el foro primario que; [e]l arrendador y titular de la 

propiedad objeto de la presente demanda es una parte 

indispensable. 

5. Faustino Betancourt Colón v. Plaza Cupey Garden, 

SJ2021CV07284. Presentación: 4 de noviembre de 

2021/Terminación: 12 de abril de 2022. Este caso fue 

desestimado. 

6. Faustino Betancourt Colón v. Ralph's Food Warehouse, 

HU2021CV00372. Presentación: 20 de abril de 2021/Terminación: 

17 de noviembre de 2023. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. El TPI 

declaró que el señor Betancourt Colón no tiene legitimación 

activa, por lo que ordenó la desestimación y archivo de la causa 

de acción. En lo pertinente, expresó: Según el derecho anteriormente 

expuesto, y los escritos y alegaciones de las partes, no le asiste la 

razón al demandante en su alusión a la doctrina de “tester standing” 

para justificar su reclamación contra el supermercado Ralph’s. 

Coincidimos con la parte demandada en cuando a la suficiencia de 

la misma para presentar una reclamación justiciable. Así, para incoar 

una reclamación, es necesario que la parte demandante cumpla con

los requisitos de legitimación activa y el mero estatus de “tester” no 

confiere tal legitimación. [...]. En el caso de autos, no cabe duda, 

pues, que el demandante no ha presentado alegaciones y prueba 

demostrativa de cada uno de los elementos que sustentan su 

legitimación, incluyendo el discrimen al amparo del Título III y el 

haber sufrido un daño real, claro, palpable e inmediato, no abstracto 

o hipotético. Según reconocido por la Corte Suprema de los Estados 

Unidos: “The deprivation of a right created by statute must be 

accompanied by some concrete interest that is affected by the 

deprivation, in order to satisfy the injury-in-fact requirement for 

Article III standing”. TransUnion LLC v. Ramírez, 141 S.Ct. 2190 

(2021).

7. Faustino Betancourt Colón v. Municipio de Guaynabo, 

BY2021CV01590 Presentación: 27 de abril de 2021/Terminación: 

2 de febrero de 2023. SOBRE: DAÑOS/PETICIÓN DE ORDEN. El 

TPI declaró que el señor Betancourt Colón no tiene legitimación 

activa, por lo que desestimó el pleito a tenor con la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico.

8. Faustino Betancourt Colón v. Municipio de Toa Alta,

BY2021CV01593. El TPI desestimó la demanda, ya que las 

alegaciones no planteaban hechos suficientemente específicos y 

expresados de manera clara y concluyente que justifiquen la 

concesión de un remedio. Además, expresó: [L]a demanda no 
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contiene una alegación que señale con especificidad una estructura 

que sea propiedad del Municipio, de manera que le permita a éste 

levantar aquellas defensas que correspondan. [...].

9. Faustino Betancourt Colón v. Municipio de Carolina, 

CA2021CV00992. Presentación: 27 de abril de 2021/Terminación: 

28 de junio de 2022. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN, DAÑOS. El 

TPI desestimó la Demanda, y acogió los planteamientos de la 

demandada sobre que el demandante carece de legitimación 

activa para incoar la acción. 

10. Faustino Betancourt Colón v. Universidad de Puerto Rico, 

SJ2021CV02732. Presentación: 4 de mayo de 2021/Terminación: 

19 de enero de 2023. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN DE 

INTERDICTO PERMANENTE; DAÑOS. El TPI desestimó la 

demanda. En lo pertinente, expresó: [E]l tribunal concluye que 

Faustino Betancourt no ha sufrido un discrimen o rechazo por razón 

de su discapacidad en las facilidades de la UPR-RP cuando acudió a 

utilizar un baño, por lo cual no se configuran los requisitos para instar 

la causa de acción de discrimen al amparo del Título II de la Ley ADA, 

supra, y el Rehabilitation Act, supra. Según la prueba presentada, 

las presuntas barreras arquitectónicas no interfirieron con el 

peticionario en la búsqueda de algún servicio o beneficio ofrecido por 

la UPR.

11. Faustino Betancourt Colón v. Zulyer Pharmacy, Inc., 

HU2021CV00485. Presentación: 20 de mayo de 2021/Terminación: 

27 de enero de 2023. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. El TPI acogió 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por la demandada, y 

desestimó la causa de acción. 

12. Faustino Betancourt Colón v. Capri SE, CA2022CV01089. 

Presentación: 7 de abril de 2022/Terminación: 13 de diciembre de 

2023. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN; DAÑOS. El TPI desestimó la 

demanda. En lo pertinente, expresó: Aun tomando como ciertos 

todos los hechos debidamente expuestos en la demanda e 

interpretándolos de la manera más liberalmente posible a favor del 

demandante, no podemos deducir que el demandante haya 

presentado una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio.

13. Faustino Betancourt Colón v. Restaurante Cambalache, 

BY2022CV02530. Presentación: 16 de mayo de 2022/Terminación: 

20 de septiembre de 2022. SOBRE: Petición de Orden. 

Desestimación con perjurio solicitada por la demandada. 

14. Faustino Betancourt Colón v. Montehiedra Holding LLC, 

SJ2022CV04252. Presentación: 13 de octubre de 2022/ 

Terminación: 14 de abril de 2023. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. 

El TPI archivo con perjuicio la acción contra INTERNACIONAL 

RESTAURANT SERVICES, INC. No obstante, sobre la reclamación 

contra UE Montehiedra dispuso que la demanda no justifica un 

remedio, por lo que se desestima.

15. Faustino Xavier Betancourt v. Hilaserra Inc., 

LP2023CV00059. Presentación: 29 de marzo de 2023/Terminación: 

14 de noviembre de 2023. SOBRE: PETICIÓN DE ORDEN. El TPI 

acogió la solicitud de desestimación presentada por la demandada.

16. Faustino Betancourt Colón v. Tidel Realty, Corp., 

CA2022CV01411. Presentación: 24 de marzo de 

2023/Terminación: 22 de febrero de 2024. SOBRE: PETICIÓN DE 

ORDEN. El TPI determinó que el demandante no tiene 

legitimación activa, por lo que el Tribunal desestimó la demanda 

con perjuicio y expresó: “Según ha quedado establecido por la 

jurisprudencia local y federal toda parte que desee incoar una 
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reclamación tiene que cumplir con los requisitos de legitimación 

activa y el mero estatus de tester no confiere legitimación activa.”

Al examinar las demandas presentadas por el señor 

Betancourt Colón,100 salta a la vista que en su “autodenominada 

capacidad de tester” presenta un patrón que se distingue por el uso 

de las mismas alegaciones sobre que: (1) cumple con los requisitos 

de legitimación activa para incoar su demanda por su discapacidad 

física; (2) tiene conocimiento de las barreras arquitectónicas, ya que 

las presenció y por ello, se ve desalentado para ocasiones futuras de 

visitar el establecimiento; y, (3) que estas barreras le han 

proporcionado un daño a su persona. Sin embargo, un examen de

esas alegaciones demuestran que el apelante no ha sufrido un daño 

real que le brinde la legitimación activa necesaria para instar una 

causa de acción.

A manera de ilustración, vamos a exponer solo tres (3) casos, 

de los antes reseñados, que a nuestro juicio ejemplifican el modus

operandi y la falta de legitimación activa del señor Betancourt Colón. 

El primero es el caso: Faustino Xavier Betancourt v. Hilaserra 

Inc., Caso Núm. LP2023CV00059. El TPI acogió la solicitud de 

desestimación presentada por la demandada y el 14 de noviembre 

de 2023, emitió una Sentencia que, en lo pertinente, expreso:

[L]a cuestión principal que debemos atender es si el 

demandado Hilaserra, Inc. (“Marco’s Pizza”), incumplió con 

las disposiciones del Título III de la Ley ADA y sus guías de 

diseño accesible al no remover una serie de barreras 

arquitectónicas en el inmueble que impidieron el uso y 

disfrute de sus facilidades por el demandante. Es 

menester señalar que el esquema de un caso prima 

facie al amparo del Título III de la Ley ADA requiere 

que el demandante pruebe que: 1) es una persona con 

una discapacidad cualificada, 2) que el demandado 

opera un lugar de acomodo público; y 3) que fue 

discriminado como resultado de su discapacidad.

En el presente caso no hay controversia que el 

demandante cumple con el primer requisito de tener una 

discapacidad física. El demandado no cuestiona este 

elemento, ni ofrece prueba para refutarlo. Entendemos por 

tanto que se cumple con el primer requisito. El segundo 

100 Además, debemos destacar que 24 de los 101 casos examinados fueron 

trasladados al Tribunal de Distrito Federal de P.R. Ante los casos transados, 

desistidos, desestimados y traslados, de los 101 casos reseñados, solo hay 21

casos activos en el TPI.
KLAN202301095 47

elemento de un caso prima facie de discrimen es aquel 

sobre ser un lugar de acomodo público. Sobre ello, tampoco 

hay controversia que el restaurante Marco’s Pizza es un 

lugar de acomodo público según definido por la Ley ADA. 

42 U.S.C. sec. 12181(7). El demandado no ofrece prueba 

para refutar que es un lugar de acomodo público. Por lo que, 

este elemento también se cumple. 

Ahora bien, en cuanto al tercer elemento que es 

aquel sobre el demandante sufrir un discrimen motivado 

por su discapacidad procedemos a analizarlo. Con 

relación a la discriminación, el demandante alegó 

que sufrió discriminación por motivo de que la 

demandada tiene una serie de barreras las cuales 

impedían su uso y que estas deben ser removidas 

para que el local en cuestión estuviera en 

cumplimiento con las disposiciones de la Ley ADA. Es 

decir, la posición del Sr. Betancourt Colón es que 

sufrió un daño concreto en calidad de “tester”. En 

cambio, la parte demandada argumenta que, no se 

ha demostrado un daño específico por el cual se 

pueda resarcir.

La parte demandante alega que, el 10 de noviembre 

de 2022, visitó las facilidades de Marco’s Pizza, localizado 

en Plaza Las Piedras Shopping Center, el cual es un lugar 

de acomodo público, según la Ley ADA. Aduce que, el 

propósito de la visita a la propiedad fue el de comprar los 

diferentes productos alimenticios que son ofrecidos allí, 

mientras pasaba su estancia en el municipio de Las 

Piedras. Arguyó que, durante su visita, encontró barreras 

arquitectónicas en el interior del restaurante (los 

mostradores o “counters” altos y en el baño del 

establecimiento). Afirmó que, dichas barreras que 

limitaron su capacidad de usar los bienes y privilegios 

ofrecidos en la propiedad, por lo anterior, el señor Faustino 

Betancourt actualmente se ha sentido disuadido (deterred) 

de regresar pues tiene conocimiento de las barreras 

existentes en la propiedad, que limitan el acceso pleno e 

igualitario a los servicios ofrecidos.

En relación con el interior de la propiedad expresa 

que los mostradores o “counters”, son muy altos para 

atender a personas que utilizan un scooter o una silla de 

ruedas. En cuanto al baño, mencionó que la parte inferior 

del lavamanos no está diseñada para evitar el contacto con 

los objetos que se encuentran debajo, lo que significa que 

las tuberías expuestas dificultan un acceso frontal cómodo 

y seguro para personas en silla de ruedas u otros 

dispositivos de movilidad. Indicó que el dispensador de 

papel higiénico se encuentra lejos y ubicado de manera 

baja del inodoro y el baño tiene barras de agarre que no 

cumplen con las disposiciones de la Ley ADA. Asimismo, 

alegó que la perilla de la puerta no es accesible. Invocó 

legitimación como “tester”, y manifestó su intención 

de regresar en los próximos meses a Marco ́s Pizza, 

con el propósito de verificar personalmente la 

eliminación de las barreras arquitectónicas antes 

descritas, pues en su calidad de “tester” tiene interés 

en que el establecimiento sea accesible e inclusivo. 

Tras evaluar las alegaciones que preceden, nos 

resulta forzoso concluir que Sr. Betancourt Colón no 

tendría un remedio en ley, por lo que la 

desestimación del pleito es procedente en derecho.

Según el derecho anteriormente expuesto, para 

establecer un caso prima facie de discrimen bajo el Título 

III de la Ley ADA, el demandante tiene que haber sido 

discriminado por su discapacidad. De la demanda no 

surge que el demandante haya sufrido un daño 
KLAN202301095 48

particular o concreto que le otorgue legitimación 

activa para reclamar bajo las disposiciones de la Ley 

ADA. Sino que, más bien, su alegada legitimación 

surge como “tester”. No obstante, lo anterior, en la 

jurisdicción federal ya se ha reiterado que el simple 

hecho de ser “tester” no confiere legitimación activa 

al demandante si éste no cumple con los requisitos 

necesarios para ello.

Es menester señalar que, el hecho de ser un 

consumidor bona fide tampoco otorga de por sí legitimación 

activa al demandante, si dicho consumidor no prueba la 

concurrencia de los elementos necesarios para tener 

standing. Corresponde al demandante alegar con claridad 

aquellos hechos que demuestren cada uno de los elementos 

que sustentan su legitimación, incluyendo el haber sufrido 

un daño real, claro, palpable e inmediato, no abstracto o 

hipotético.

En el caso de autos el demandante no logró 

demostrar su caso prima facie de discrimen al amparo del 

Título III. El demandante no ha establecido con prueba 

fehaciente que ha sufrido daño alguno, ni mucho menos que 

la demandada haya discriminado en su contra por no 

cumplir con los estándares de diseño aplicables. En cuanto 

al interior de la propiedad, la parte demandante no alega 

haber sufrido daño alguno, sino de haber visualizado 

ciertos incumplimientos con la ley federal. Como ya 

expresamos, un demandante ileso que solo procura que el 

demandado cumpla con la ley no satisface los criterios 

necesarios para tener legitimación activa, pues no puede 

probar un daño concreto. El hecho de que el Congreso y/o 

nuestra Asamblea Legislativa identifiquen un daño 

intangible, y decidan concretizarlo mediante un estatuto 

que garantice al perjudicado un derecho a reclamar, no 

implica que el demandante, de forma automática, satisface 

el requisito de daño requerido para ostentar legitimación 

activa. En el contexto de una violación estatutaria se 

requiere la existencia de un daño concreto. Véase de 

manera persuasiva, Faustino Betancourt v. AAA Car Rental 

Inc. y otros, KLAN202300477.

Por ende, el Sr. Betancourt Colón no puede tener 

standing por un encuentro o reconocimiento de una 

barrera arquitectónica, pues, aunque el demandado 

pueda estar en violación a la ley federal, si no recibió 

un daño concreto y particular a consecuencia de 

dicha barrera, está impedido de reclamar. Así lo ha 

reconocido la Corte Suprema de los Estados Unidos. “The 

deprivation of a right created by statute must be 

accompanied by some concrete interest that is affected by 

the deprivation, in order to satisfy the injury in-fact 

requirement for Article III standing”. TransUnion LLC v. 

Ramírez, 141 S.Ct. 2190 (2021). Véase de manera 

persuasiva, Faustino Betancourt v. AAA Car Rental Inc. y 

otros, KLAN202300477.

El segundo caso: Faustino Betancourt Colón v. Restaurante 

Cambalache, Caso Núm. BY2022CV02530. El 20 de septiembre de 

2022, el TPI concedió una desestimación con perjurio solicitada por 

la demandada. En lo pertinente, expresó que:

[B]etancourt identifica dieciséis (16) alegadas 

barreras atribuibles a Caminito SUMAC Núm. 1, ¶ 18. Y con 

relación a qué reglamentación aplica, Betancourt nos refiere 

a los estándares de diseño de la ADA (los “Estándares”). 
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SUMAC Núm. 1, ¶ 18. Habiendo revisado detenidamente 

dichos Estándares, concluimos que Betancourt no alegó un 

incumplimiento legal según lo requiere la jurisprudencia y, 

en casos, expone alegaciones que de ninguna manera 

están apoyadas por los Estándares.

Primero, Betancourt alega que “los baños que no son 

accesibles carecen de la rotulación que exige la 

reglamentación aplicable.” SUMAC Núm. 1, ¶ 18, inciso (a). 

Sin embargo, como bien señala Caminito, Betancourt no 

explica qué rotulación es la que exige la reglamentación 

aplicable, ni expone cómo esto le ha causado un daño. 

Segundo, Betancourt alega que “no hay una ruta de 

acceso hacia un baño accesible.” SUMAC Núm. 1, ¶ 18, 

inciso (b). Sin embargo, Betancourt se limita vagamente a 

exponer que no existe ruta de acceso hacia un baño 

accesible, sin especificar su razonamiento para alegar lo 

mismo. 

En cuanto al lavamanos, Betancourt alega que “la 

parte de abajo del lavamanos no está configurada para 

evitar el contacto con los objetos que están debajo del 

lavamanos”, y que “el grifo no tiene una configuración que 

permite su operación sin tener que apretar fuerte, torcer o 

girar la muñera.” SUMAC Núm. 1, ¶ 18, incisos (f) y (g). Sin 

embargo, Betancourt incumple con exponer de 

manera específica cómo estas alegadas “barreras” le 

causaron daño alguno. 

En cuanto a todas las otras “barreras”, el 

Betancourt se limita a indicar que las mismas son 

“inconsistentes con la reglamentación aplicable”, sin 

explicar en qué consisten las “barreras”, el requisito 

reglamentario, ni como las mismas incumplen con los 

requisitos reglamentarios. Betancourt tampoco 

indica ni alega cómo y por qué las alegadas 

“barreras” le ocasionaron daño alguno. Por tanto, el 

Demandante no ha alegado existencia de una barrera 

con ninguna de estas aserciones.

Claramente, Betancourt no ha satisfecho el estándar 

de Twombly-Iqbal y, por ende Betancourt carece 

legitimación activa alguna, y este Honorable Tribunal debe 

descartar toda alegación al respecto. Consecuentemente, 

Betancourt no expuso una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, toda vez que de ninguna manera 

alega concretamente que Caminito haya incurrido en 

conducta ilícita.

El tercer caso: Faustino Betancourt Colón v. Municipio de 

Carolina, Caso Núm. CA2021CV00992. El 28 de junio de 2022, el 

TPI emitió una Sentencia en la que desestimó la Demanda, y acogió 

los planteamientos de la demandada sobre la carecencia de 

legitimación activa del apelante para incoar la acción. Señaló, 

además, que la demanda no cuenta con hechos bien alegados, por 

lo que deja de exponer una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio. Dicha determinación, fue confirmada en el Tribunal 

de Apelaciones en el caso KLAN202200617, mediante Sentencia del 

30 de septiembre de 2022, en la cual, confirmó al TPI e impuso 
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honorarios de abogados en quinientos dólares ($500), al apelante, 

pagaderos a la parte apelada por poner en marcha la maquinaria 

judicial en busca de un remedio cuando no existe tal daño. En lo 

pertinente, este Tribunal Apelativo expresó:

El señor Betancourt Colón expone ante este tribunal 

que: (1) cumple con los requisitos de legitimación activa 

para incoar su demanda: (2) tiene conocimiento de las 

barreras, ya que las presenció y por ello, se ve desalentado 

de visitar el Municipio de Carolina; y (3) que estas barreras 

le han proporcionado un daño por décadas a su persona. 

Sin embargo, un examen del expediente ante nuestra 

consideración nos lleva a concluir que no le asiste la razón, 

pues no ha sufrido un daño real que le brinde la 

legitimación activa necesaria para instar una causa 

de acción. En cambio, este es un caso típico de “Driveby/Google lawsuit”, mediante el cual el Apelante 

funge como “tester” bajo la Ley ADA. Veamos.

De la deposición tomada por el Municipio al señor 

Betancourt Colón el 4 de marzo de 2022, surge que este 

último admitió que las fotos anejadas a su Demanda 

para demostrar las alegadas violaciones a la Ley ADA 

fueron descargadas de la plataforma Google Earth. 

El Apelante indicó que transitaba en su automóvil por 

los lugares señalados, anotaba las ubicaciones en 

donde observaba una violación a la ley y le 

proporcionaba la información a su abogado para que 

este las incluyera en la reclamación. De igual forma, 

con respecto a la única alegación de daños hecha en la 

Demanda, alegadamente ocurrida el 4 de marzo de 2021, 

el Apelante no logró precisar, ante preguntas de la 

abogada del Municipio, los detalles ni el lugar en 

donde se configuraron los hechos que motivaron la 

situación. Igualmente, el Apelante expresó no contar 

con evidencia para sustentar su reclamo sobre el 

supuesto incumplimiento intencional del Municipio 

con sus responsabilidades bajo la Ley ADA. A tales 

efectos, en la deposición tomada por el Municipio, el señor 

Betancourt Colón expuso que solicitaría la prueba 

posteriormente a la parte contraria para demostrar ese 

asunto. De lo anterior, es patente que el Apelante nunca ha 

sufrido un daño real, inmediato y preciso, por lo cual no se 

configuran los requisitos para que goce de legitimación 

activa en el caso de autos. Su conocimiento sobre las 

barreras arquitectónicas alegadas en su reclamación se 

limita a lo que pudo apreciar desde su automóvil. Si bien el 

Apelante argumenta haber sufrido un daño por tiempo 

considerable, no expone cuales han sido los eventos 

causantes del mismo con detalle y precisión. Por el 

contrario, de manera generalizada y estereotipada, expone 

en la Demanda que ha enfrentado múltiples barreras 

arquitectónicas, sin hacer alusión a situación alguna que le 

haya ocurrido personalmente y que, a su vez, evidencie la 

falta de accesibilidad en los espacios públicos 

municipales.101

101 Véanse, las págs. 11 y 12 de la Sentencia KLAN202200616, honorable Salgado 

Schwarz, juez ponente.
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Los casos antes expuestos, —y el de epígrafe— constituyen un 

reiterado patrón de abuso del derecho, en el cual, el señor 

Betancourt Colón ha excedido manifiestamente los límites 

impuestos por la buena fe, contrariando los fines sociales de la Ley 

ADA, para la cual fue creada. Estamos ante una serie de 

reclamaciones incoadas por el apelante, que en apariencia, 

parecería que se está ejerciendo un derecho bajo la Ley ADA, pero 

en la práctica, está incurriendo en un claro abuso del derecho, 

porque al ejercitarlo, en la inmensa mayoría de los pleitos, no ha 

sufrido ningún daño concreto, en otros ha optado por acuerdos 

transaccionales confidenciales, o desistimiento voluntario o por 

estipulación.

Reiteramos, que las reclamaciones presentadas por el señor 

Betancourt Colón, en su calidad de “tester”, constituyen en la 

práctica, una contravención de los fines económicos o sociales para 

los que se creó la Ley ADA. En ese sentido, quien manifiesta un 

abuso del derecho no está protegido jurídicamente. Razón por la 

cual, los jueces debemos rechazar estas pretensiones del señor 

Betancourt Colón, que so color de ser un “tester”, constituyen un 

medio para eludir la aplicación de las normas imperativas de 

nuestro ordenamiento.102

Todavía más, este abuso del derecho es estimulado por el 

representante legal del apelante —licenciado José Carlos Vélez 

Colón—, quien ha presentado estos pleitos uno tras otros, 

alejándose de los postulados éticos de la profesión el abogado. En 

específico, ha presentado casos de “Drive-by/Google lawsuit”, 

mediante el cual el apelante funge como “tester” bajo la Ley ADA, y 

recopila información que luego se la provee al licenciado Vélez Colón:

De la deposición tomada por el Municipio al señor 

Betancourt Colón el 4 de marzo de 2022, surge que este 

último admitió que las fotos anejadas a su Demanda 

102 Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, supra, a la pág. 671.
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para demostrar las alegadas violaciones a la Ley ADA 

fueron descargadas de la plataforma Google Earth. 

El Apelante indicó que transitaba en su automóvil por 

los lugares señalados, anotaba las ubicaciones en 

donde observaba una violación a la ley y le 

proporcionaba la información a su abogado para que 

este las incluyera en la reclamación.

103

Incluso, ha instado demandas, en las cuales el señor 

Betancourt Colón alega haber verificado páginas web de Facebook, 

Discover Puerto Rico y Tripadvisor, para entonces visitar el 

establecimiento que eventualmente va a demandar: 

13. Como resultado de la información revisada previo a la 

visita por parte del señor Betancourt Colon, en la página web 

del restaurante, Facebook, Discover Puerto Rico y Tripadvisor, 

en las cuales se evidencian las instalaciones interiores del 

restaurante, además de las áreas que visitó el señor 

Betancourt Colon en la propiedad en cuestión[.] 

Betancourt Colón v. SCI Puerto Rico Inc.; El Mofongo Ahogao 

Inc., SJ2024CV00677.104

Aunque, el Canon 34 de Ética Profesional de Abogados y 

Abogadas, de ordinario está previsto para aquellos abogados que sin 

ser requeridos buscan por sí o por terceros casos o reclamaciones; 

también, resulta apropiado para aquellos abogados que alienten o 

estimulen, en alguna forma, a clientes potenciales a reclamaciones 

judiciales. 

En específico, el referido canon establece lo siguiente: 

Canon 34.-Instigación o Gestión de Pleitos

Actúa contrario a los altos postulados de la profesión el 

abogado que, con propósito de lucro y sin ser requerido para 

que ofrezca su consejo o asesoramiento legal, aliente o 

estimule, en alguna forma, a clientes potenciales para 

que inicien reclamaciones judiciales o de cualquier otra 

índole. Es también contrario a la sana práctica de la profesión 

el que un abogado, sin ser requerido, bien lo haga 

personalmente o a través de personas, investigue o rebusque 

defectos en títulos u otras posibles fuentes o causas de 

reclamaciones a los fines de beneficiarse en alguna forma 

mediante la prestación de sus servicios profesionales.

Empaña la integridad y el prestigio de la 

profesión y es altamente reprobable el que un abogado, 

actuando directamente o a través de intermediarios o 

agentes, haga gestiones para proporcionarse casos o 

reclamaciones en que intervenir o para proporcionarlos

a otros abogados.

105

103 Id.

104 Véase, alegación número 13 de la demanda.

105 4 LPRA Ap. IX, C. 34. (Énfasis suplido) 
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Nótese, que al instar demandas tipo “Drive-by/Google 

lawsuit”, o mediante verificación de páginas web de Facebook, 

Discover Puerto Rico y Tripadvisor, para entonces visitar el lugar que 

eventualmente será demandado por su cliente, ello empaña la 

integridad y el prestigio de la profesión legal honesta. 

Peor aún, es altamente reprobable que el licenciado Vélez 

Colón, aliente o estimule al señor Betancourt Colón, so color de que 

es un autodenominado “tester” de derechos civiles bajo la Ley ADA, 

a iniciar una serie de reclamaciones judiciales faltos de buena fe.

Recordemos que no debemos ignorar el requisito de buena fe, 

pues es una exigencia general de nuestro derecho, y como tal, se 

extiende a la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico.106 En ese 

sentido, la buena fe tiene consigo un contenido ético que abarca toda 

la actividad jurídica.107

En ese orden, es menester y obligación de este Panel de 

Jueces, expresar al licenciado Vélez Colón y al señor Betancourt 

Colón que desistan de esta práctica reprochable, de ir a la casería 

de casos —que conforma una visión distorsionada y abusiva del 

derecho— para provocar demandas “artificiales” que redundan en 

un claro abuso del derecho y contraviene el propósito social y 

económico de la Ley ADA.

En consecuencia, reafirmamos la sanción económica de 

$5,000 que obra en la opinión mayoritaria contra la parte apelante, 

señor Faustino Betancourt Colón. 

Y de igual modo, nos hacemos eco del referido al Comité de 

Ética Profesional de Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico al licenciado José Carlos Vélez Colón.

106 Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., supra, a las págs. 587–588.

107 Id., a la pág. 588.
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-IVPor los fundamentos expuestos, emito este voto particular y 

de conformidad con la mayoría.

Roberto Rodríguez Casillas

 Juez de Apelaciones