Número Identificador

SEN2023 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

DEPARTAMENTO DEL 

TRABAJO Y RECURSOS 

HUMANOS

Apelante

v.

DIVISIÓN DE EMPLEADOS 

PÚBLICOS DE LA UNIÓN 

GENERAL DE 

TRABAJADORES

Apelados

KLCE202301017

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan

Caso Núm. 

SJ2023CV04410

Sobre:

Impugnación de 

Laudo:

AQ-20-0416

Procedente de 

CASP

Panel integrado por su presidente, el juez Rodríguez Casillas, el juez 

Salgado Schwarz y el juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de diciembre de 2023.

Comparece ante nos el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (DTRH o parte peticionaria), para que revisemos la 

Sentencia emitida el 12 de agosto de 2023,

1 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), que confirmó el

Laudo Arbitraje que revocó la destitución de cuatro (4) empleados 

del DTRH y ordenó la reinstalación a sus puestos de trabajo. 

Examinado el recurso de certiorari,

2 se expide el auto 

solicitado y se revoca la Sentencia recurrida. Veamos los 

fundamentos.

-ISurge de los autos ante nuestra consideración, que cuatro (4) 

empleados públicos con puestos de carrera, cuyos empleos e 

1 Notificada el 16 de agosto de 2023.

2 Por error, este recurso se presentó como un recurso de apelación, por lo que 

correctamente lo acogimos como un recurso de certiorari con el número 

alfanumérico KLCE202301017.
KLCE202301017 2

ingresos no fueron afectados por la pandemia del COVID-19, 

solicitaron los beneficios del Pandemic Unemployment Assistance

(PUA). 

Por lo que, el 6 de octubre de 2020 el Secretario del DTRH, 

Hon. Carlos J. Rivera Santiago (Secretario), notificó mediante cartas, 

la intención de destituir de sus puestos a: (1) Rafael Acevedo 

Acevedo, (2) Ivelisse Rivera Rodríguez, (3) Tito García Bruno y (4)

Emanuel Díaz Reyes (empleados, querellantes o parte recurrida).

3

Conforme a la investigación realizada por el DTRH, los cuatro (4) 

empleados no incluyeron en la solicitud del PUA que eran empleados 

de carrera a tiempo completo del DTRH, como tampoco informaron 

los salarios devengados durante el periodo para el cual solicitaron 

los beneficios. De igual forma, omitieron notificar que su salario no 

había sido interrumpido durante la emergencia. 

Ante tal actuación, el DTRH acusó a los empleados de 

contravenir la ley federal Coronavirus Aid Relief and Economy 

Security Act (CARES Act) y el Manual de Normas de Conducta y 

Procedimientos sobre Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias 

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Manual del 

DTRH). Razonó que la falta de información esencial en la solicitud 

del PUA, demuestra la intención de los empleados en ocultar datos 

y el ánimo de someter datos falsos en la reclamación. En efecto, se 

les imputó la comisión de las siguientes infracciones al Manual del 

DTRH: 

Número 30: Apropiación ilegal de objetos o dinero de fondos 

y bienes del Departamento o intención de esto.

Número 31: Uso y manejo indebido de fondos y bienes del 

Departamento o intención de esto.

Número 32: No cumplir con las normas establecidas 

mediante Leyes, Reglamentos y Órdenes Administrativas que 

rigen al Departamento.

Número 40: Conducta impropia dentro o fuera del trabajo de 

tal naturaleza que afecte el buen nombre, refleje descrédito o 

ponga en dificultad al Departamento o cualquier agencia o 

dependencia del gobierno.

3 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 25 – 32. 
KLCE202301017 3

Número 51: Radicar reclamaciones falsas, viciosas y 

maliciosas en contra del Departamento, funcionarios o 

empleados.

Número 58: Hacer declaraciones fraudulentas en planillas o 

formularios del gobierno.

Número 62: Uso impropio, ilegal o indebido de propiedad de 

la agencia.4

En consecuencia, se les notificó la celebración de una vista 

administrativa,

5 que fue celebrada el 27 de octubre de 2020 ante el 

Oficial Examinador, Lcdo. Phillip Mesa (OE) y determinó que los 

empleados infringieron el Manual del DTRH,

6 y violaron la Ley Núm.

8–2017;

7 al respecto, hizo las mismas determinaciones de hechos

para cada uno de los cuatro (4) empleados:

El DTRH comenzó una investigación al [...] por haber 

solicitado beneficios del PUA, afirmando en su solicitud que su 

trabajo como contratista independiente era su principal fuente 

de ingresos al momento de la pandemia. Sin embargo, omitió 

indicar que era empleado de carrera en el DTRH. 

La Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos del DTRH una 

investigación sobre las alegaciones, rindiendo un informe al 

Secretario. La investigación incluyó la siguiente evidencia, la 

cual fue evaluada por el Oficial Examinador y no fue objetada 

por el empleado:

1. Solicitud inicial de beneficios de PUA (PR-PUA--l) con 

fecha de 29 de abril de 2020.

2. Copia de la pantalla 01, perfil del reclamante en el

sistema de SABEN.

3. Copia de la pantalla 07, que muestra el historial de 

pago del beneficio regular que ha recibido. El mismo 

fue desde el 28 de marzo de 2020 hasta el 22 de 

agosto del 2020 por la cantidad de $600 semanales.

4. Copia de la pantalla 77, que muestra el historial de 

pago del beneficio de PUA recibido. El mismo fue 

desde el 4 de abril hasta el 25 de julio de 2020 por la 

cantidad de $600 semanales.

5. Copia de la pantalla 04, que muestra para que

patrono el reclamante trabajaba o si es un empleado 

por cuenta propia.

6. Copia de la pantalla 12, que muestra las 

características del reclamante.

4 Id.

5 Id., en las págs. 33 – 64.

6 El OE emitió una determinación por cada empleado, sin embargo, los 

fundamentos esbozados son los mismos. Véase: 

(1) Vista ante el OE del Sr. Rafael Acevedo Acevedo. 

Anejo I del recurso de la parte peticionaria, págs. 33 – 40;

(2) Vista ante el OE de la Sra. Ivelisse Rivera Rodríguez.

Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 41 – 48;

(3) Vista ante el OE del Sr. Tito E. García Bruno. 

Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 49 – 56;

(4) Vista ante el OE del Sr. Emanuel Díaz Reyes.

Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 57 – 64.

7 Ley Núm. 8 del 4 de febrero de 2017, según enmendada, conocida como Ley 

para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno 

de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 1469 et seq.
KLCE202301017 4

7. Copia de la hoja de anotaciones donde se establece 

que este caso está en investigación.

8. Copia de la pantalla del MUNIS. Este es el sistema 

interno de Recursos Humanos que fue utilizado para 

corroborar la dirección de la reclamación.

9. Reporte de horas trabajadas en el DTRH durante el 

tiempo que el empleado recibió PUA.

10. Hoja del historial de nómina, donde se muestra que

recibió pago por su empleo de carrera en el DTRH.

11. Documento del Banco Popular donde indica que los 

cheques fueron emitidos pero no han sido 

cambiados.

8

Basado en dichas determinaciones de hechos, el OE 

recomendó —y así fue acogido por el Secretario el 17 de noviembre 

de 2020—9 la destitución de los empleados por la comisión a las 

infracciones 30, 31, 32, 40, 51, 58 y 62 al Manual del DTRH. En 

cada uno de los cuatro (4) empleados, concluyó que: 

Nos encontramos en un momento histórico en Puerto 

Rico y el mundo, mientras enfrentamos la pandemia del Covid19. Por tal razón, el Congreso de Estados Unidos extendió los 

beneficios de desempleo para individuos que trabajan por 

cuenta propia, ante el cierre de la economía de la mayoría de 

las jurisdicciones. La extensión de estos beneficios a Puerto

Rico, obliga al Gobierno a fiscalizar para que haya la 

utilización responsable de los recursos federales.

Mientras miles de personas no recibían ingresos 

durante la pandemia, al empleado de epígrafe, siendo 

empleado del DTRH (agencia encargada de administrar el 

desempleo en la isla), omitió en su solicitud del PUA sus 

ingresos como empleado. Si bien es cierto que había dejado de 

recibir ingresos como dueño de negocio, lo cierto es que sí 

continuó recibiendo su ingreso como empleado del DTRH.10

Inconforme, la División de Empleados Públicos de la Unión 

General de Trabajadores (UGT) sometió ante la Comisión Apelativa 

del Servicio Público (CASP) cuatro (4) escritos de Solicitud de 

Arbitraje de Quejas y Agravios,

11 de los empleados despedidos.

Consolidados los casos, las partes acordaron la contención a 

ser resuelta por acuerdo de sumisión:

8 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 34–36 (Rafael Acevedo 

Acevedo); págs. 42–44 (Ivelisse Rivera Rodríguez); págs. 50–52 (Tito García Bruno 

Reyes); y, págs. 58–60 (Emanuel Díaz Reyes).

9 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 25–26 (Rafael Acevedo 

Acevedo); 27–28 (Ivelisse Rivera Rodríguez); 29–30; (Tito García Bruno Reyes); y, 

31–32 (Emanuel Díaz Reyes).

10 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 39–40 (Rafael Acevedo 

Acevedo); 47–48 (Ivelisse Rivera Rodríguez); 55–56; (Tito García Bruno Reyes); y,

63 – 64 (Emanuel Díaz Reyes).

11 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 160 – 167.
KLCE202301017 5

Determinar si el Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos destituyó al querellante Rafael Acevedo Acevedo, 

Ivelisse Rivera Rodríguez, Tito E. García Bruno Reyes y 

Emanuel Díaz Reyes, en violación a la ley “Coronavirus Aid, 

Relief and Economy Security” (CARES) de 2020, y al debido 

proceso de ley. De resolver en la afirmativa, ordenar su 

revocación y proveer su reinstalación inmediata en su empleo 

en la Agencia, con los salarios y haberes dejados de recibir.12

En lo que respecta a la posición de las partes, en síntesis, el 

DTRH adujo que los empleados infringieron el buen nombre de la 

agencia al solicitar los beneficios del Pandemic Unemployment 

Assistance, por sus siglas (PUA), sin tener derecho a ello, ya que 

omitieron información de que estaban empleados y recibiendo 

ingresos del DTRH durante la Pandemia del Covid-19. Por su parte, 

la UGT alegó que los empleados fueron despedidos sin justa causa.

El 13 de mayo de 2022 y 21 de junio de 2022, se celebraron 

las vistas de arbitraje, en las que ambas partes estuvieron 

representadas por sus abogados; además, de la prueba documental, 

el DTRH presentó a la testigo, Karla Michael Vallejo De Jesús, 

oficinista III del Negociado de Seguridad de Empleo, Sección de 

Beneficios, Unidad Interestatal del DTRH y la UGT presentó como 

testigo al señor Rafael Acevedo Acevedo.

El testimonio de la señora Karla Michael Vallejo De Jesús 

consistió en explicar cuáles eran las personas que tenían derecho a 

beneficiarse del PUA y la información que debían cumplir para 

recibir la ayuda. En lo relativo a esta controversia, la testigo declaró:

ÁRBITRO:

R Que se haya, verdad, si recibieron un dinero de 

manera ilegal porque ... haga esa pregunta, pero 

específicamente a los querellantes.

LCDA. MARELINE ACEVEDO:

P ¿Qué fue lo que pasó?

TESTIGO:

R “Okay”. Lo que sucede es que en este Programa 

555 obviamente se hizo para acelerar los procesos. Sin 

embargo, pues, cuando se llenaba la renovación tenían que 

informar todas las fuentes de ingreso y que pasaba con cada 

uno de esos patronos. Eh, la única manera de detener estos 

pagos era que cuando una persona que hiciera la 

12 Nota al calce omitida. Apéndice del recurso de la parte peticionaria, en la pág. 

111. 
KLCE202301017 6

reclamación informara un trabajo que creara, como lo que 

nosotros llamamos, un punto controvertible. Por ejemplo, o 

sea, si yo tengo dos trabajos, eh, pues notifico los dos, pero 

yo quedé cesanteado de ambos trabajos y, pues, no hay 

ningún problema, o sea, el caso va a salir. Sin embargo, si 

no hay ninguna situación que evite, que cree como que un 

indicador que diga: “Hay que verificar ese caso antes de 

pagar”, el sistema va a emitir pago, que fue lo que sucede. 

Entonces, ¿qué pasa? Que el último patrono mencionado si 

es él por cuenta propia y yo me vi afectado el sistema 

entiende que eso es lo único, que se perdió la fuente de 

ingresos, no hay que verificar más nada porque ése el último 

y nosotros reportamos el último. Y, pues, por eso, eh, 

(ininteligible).

LCDO. EDWIN RIVERA:

P Árbitro, si me permite continuar con la 

objeción. Puntualmente hablando lo que usted dijo no lo 

contestó, porque no habló de ninguno de los querellantes. 

Rafael, Tito, Ivelisse y Emanuel por qué recibieron el PUA si 

según usted no tenían derecho a recibirlo.

ÁRBITRO:

P ¿Esa explicación es aplicable a Rafael, Tito y 

a... la otra querellante? Disculpe, se me olvidó el nombre.

LCDO. EDWIN RIVERA:

R Ivelisse.

TESTIGO:

R Bueno, si no informaron su patrono, su 

patrono principal, o sea, no está informado. En esos cuatro 

casos no está informado el patrono que continuaba que 

era el Departamento del Trabajo. O sea, ese patrono no 

aparece. Si ese patrono, que si en ese momento todos 

estaban ya empleados, había que notificarlo y entonces 

ese patrono pues si tú estás actualmente trabajando con 

ese patrono el sistema te ponía porque tienes... estás 

hablando por cuenta propia pero tienes otro. Y 

actualmente, cuando viene la reclamación ese patrono, 

todas las fuentes de ingreso se tenían y ese patrono tenía 

que estar, esa fuente de ingresos tenía que estar y decir:

“actualmente sigo trabajando”. Esa información no 

estaba. El caso sale automáticamente pago porque si no se 

detiene de esa manera, o sea, si yo estoy trabajando ahora 

mismo y yo digo: “Yo tengo mi negocio por cuenta propia. 

También tengo un empleo a tiempo completo que no me dejan 

de pagar en la pandemia, no me dejaron de pagar. Yo lleno 

una reclamación, me piden todas las fuentes de ingresos, 

todos los patronos”. Si todos se vieron afectados el sistema 

obviamente también va a pagar. Pero si hay uno y tú sigues 

trabajando, el sistema iba a detener porque iba a decir, 

“aquí hay algo que verificar antes de emitir pago”, y 

eso, verdad, eso es uno de los problemas que ocurrió en 

este caso.

LCDO. EDWIN RIVERA:

P Árbitro, si me permite. Seguimos sin hablar de 

un querellante en específico. Que diga entonces si participó 

en la evaluación de los casos de los querellantes porque 

entonces no entiendo ahora porque hubo mucha generalidad 

y no puntual de cada caso del querellante que sus 

circunstancias son distintas.
KLCE202301017 7

ÁRBITRO:

R “Okay”. Se anota la objeción, y no obstante, 

vamos a permitir que la licenciada continúe con las 

preguntas y...

LCDA. MARELINE ACEVEDO:

P Cuando un caso que fue llenado por el 555, 

¿hubo intervención de alguna persona?

TESTIGO:

R No, no. Fue el sistema.

P Eh, o sea, que lo que usted está hablando es 

que ahí no hubo intervención de nadie.

R No.

P ¿Y en qué momento iba a haber intervención 

de alguna persona?

R Solamente en el caso que hubiese un punto 

controvertible o una situación que no permitiera que saliera 

el pago, que era de acuerdo a la información provista en la 

información que llenara.

P ¿Y en estos casos salió el pago?

R Salió.

P Por lo tanto, no hubo intervención, no hubo 

ninguna persona.

R No hubo ninguna intervención.

ÁRBITRO:

P (Inaudible).

LCDA. MARELINE ACEVEDO:

P Eh, ¿qué ayuda, si alguna, había para una 

persona asalariada que hubiese tenido un negocio 

propio que lo ayudara, verdad, a palear la pérdida de 

ingreso, qué ayuda había, si alguna?

TESTIGO:

R Bueno, solamente existía una ayuda, eh, si 

ambos empleos se vieron afectados. No podía ser 

solamente una. Y esa ayuda es el MEUA, o el “Mix Earning 

Unemployment Assitance”, verdad, que ese beneficio era si la 

persona tenía “mix earning”, por eso habla del “mix”, si una 

persona tenía un empleo, un patrono asegurado y 

adicional tenía un negocio por su cuenta y se vio 

afectado de ambos, podía llenar la reclamación de 

desempleo y adicional solicitar el MEUA o el “Mix 

Earning Unemployment Compensation”, que se llenaba 

por la plataforma de “fast PUA”, eh, y en cada semana 

elegible para desempleo regular el sistema si cualificaba o 

había declarado cinco mil dólares o más y estaba registrado 

en Hacienda y todo eso como comerciante, eh, si hubiese 

ganado cinco mil dólares el año anterior a la reclamación de 

beneficios, se le iba a aprobar cien dólares adicionales a lo 

que cobraba de su reclamación de desempleo. No para casos 

en que solamente se haya visto uno de los dos, verdad. 

Solamente, por ejemplo, si se vio afectado solamente el 

empleo propio y no el, el empleo asegurado, por así 

decirlo, pues no había ningún beneficio, que verdad, que 

ayudara a las personas que habían tenido esa pérdida en 

su negocio solamente, verdad. Tenía que estar los dos.

13

13 Véase, Transcripción de la Vista del 13 de mayo de 2022, el testimonio de Karla 

Michael Vallejo De Jesús, en el Apéndice del recurso de la parte peticionaria, en 

las págs. 218 – 224.
KLCE202301017 8

En el contrainterrogatorio, indicó no haber intervenido 

directamente con los querellantes ni haber atendido solicitud de 

beneficios dado que las mismas se hicieron mediante sistema 

operacional en computadoras, que no permitían ninguna 

intervención. 14

En lo que respecta al testimonio del señor Rafael Acevedo 

Acevedo, en síntesis, aceptó haber solicitado los beneficios del PUA 

por un negocio propio de desempeñaba, pero indicó que no recibió 

ningún pago en cheque.15

Finalmente, el 11 de abril de 2023 se emitió el Laudo de 

Arbitraje,

16 en la cual fue revocada la Resolución de destitución. En 

ese sentido, el árbitro esbozó las siguientes determinaciones de 

hechos para cada uno de los empleados destituidos:

(AQ-20-041 6, Rafael Acevedo Acevedo)

1. El querellante, Rafael Acevedo Acevedo trabaja en el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, por sus 

siglas (DTRH) como Técnico de Capacitación en la Región de 

Arecibo de Secretaría Auxiliar de Adiestramiento y Promoción 

de Empleo, por sus siglas (SAAPE).

2. El querellante completó una solicitud de asistencia bajo el 

PUA en línea el 29 de abril de 2020, por concepto de sus 

negocios Café Patria y Consultoría en Contabilidad.

3. El DTRH no presentó la carta de formulación de cargos 

disciplinarios contra el querellante; tampoco la carta de 

imposición de la destitución.

4. El querellante tiene un negocio de servicios de contabilidad, 

auditoría y servicios relacionados y además trabaja para 

establecimiento de importación y exportación de productos 

cuyo nombre es "Importadores y Exportadores Cristian 

Somma, Inc." que opera haciendo negocios como “Café Patria”.

5. El querellante presentó un certificado de registro expedido 

por el Departamento de Estado de Puerto Rico con fecha de 10 

de diciembre de 2019, dando cuenta de que Importadores y 

Exportadores Cristian Somma, Inc., es una corporación

doméstica con fines lucrativos con el número de registro 

4376974.

6. El querellante presentó una certificación como “Especialista 

en Planillas”, número de registro 22122, expedida por el 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico el 6 de febrero de 

2018.

7. El querellante presentó un Certificado de Registro de 

Comerciante número 0091404-0022, expedido por el 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico a nombre de Rafael 

Acevedo Acevedo el 28 de febrero de 2018.

14 Véase, Transcripción de la Vista del 13 de mayo de 2022, el contrainterrogatorio

de Karla Michael Vallejo De Jesús, en el Apéndice del recurso de la parte 

peticionaria, en las págs. 243 – 265.

15 Véase, Transcripción de la Vista del 21 de junio de 2022, el testimonio de Rafael 

Acevedo Acevedo, en el Apéndice del recurso de la parte peticionaria, en las págs. 

274 – 331. 

16 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 110 – 135.
KLCE202301017 9

8. El querellante presentó un Certificado de Registro de 

Comerciante número 0091404-0022, expedido por el 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico a nombre de Rafael 

Acevedo Acevedo el 1 de febrero de 2020.

9. El querellante presentó un Certificado de Incorporación 

expedido por el Departamento de Estado de Puerto Rico el 10 

de diciembre de 2019, a nombre de Importadores y 

Exportadores Cristian Somma, Inc. Del referido documento 

surge que su presidente es el querellante Acevedo Acevedo.

10. El querellante presentó además una certificación del 

servicio de rentas internas federal (por sus siglas en ingles 

IRS) de 10 de diciembre de 2019, a nombre Importadores y 

Exportadores Cristian Somma, Inc. con el número de 

identificación patronal 66-0936950.

11. El querellante presentó un Certificado de Registro de 

Comerciante número 1099764-0010, expedido por el 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico a nombre de 

Importadores y Exportadores Cristian Somma, Inc. (“Café 

Patria”), el 11 de mayo de 2020.

12. La Sra. Carla Vallejo (testigo de la Agencia), aceptó no 

tener propio y personal conocimiento de los hechos imputados 

a los querellantes, ni haber atendido solicitud alguna del 

Pandemic Unemployment Assistance (PUA), a nombre del 

querellante, Rafael Acevedo Acevedo. 

13. El 25 de noviembre de 2020, el querellante, Rafael 

Acevedo Acevedo, radicó una solicitud de Arbitraje de Quejas 

y Agravios, ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. 

Allí alegó que: “El querellante fue destituido de su empleo 

injustificadamente. La falta imputada no fue cometida. La 

medida impuesta es improcedente, desproporcional, contraria 

a la ley y a la reglamentación vigente”. Como remedio solicitó 

la: Revocación de la destitución y se restituya en el empleo con 

los salarios y haber dejados de recibir”.17

(AQ-20-0421, Ivelisse Rivera Rodríguez)

1. En la Solicitud de Arbitraje de Quejas y Agravios 

presentada por la UGT el 2 de diciembre de 2020, en 

representación de la querellante Ivelise Rivera Rodríguez se 

alegó que: “La querellante fue destituida de su empleo 

injustificadamente, La falta imputada no fue cometida. La 

medida impuesta es improcedente, desproporcional contraria 

a la ley y a la reglamentación vigente. Como remedio solicitó 

la revocación de la medida disciplinaria impuesta con los 

salarios y haberes dejados de recibir.

2. El DTRH no presentó la carta de formulación de cargos 

disciplinarios contra la querellante Rivera Rodríguez ni la 

determinación final de destitución.

3. Con respecto a la querellante, Ivelisse Rivera Rodríguez, la 

Agencia no presentó documento alguno relacionado con 

solicitud y/o recibo de dinero por concepto del PUA.

4. La Sra. Carla Vallejo (testigo de la Agencia), aceptó no tener 

propio y personal conocimiento de los hechos imputados a 

todos(as) los(as) querellantes, tampoco haber atendido

solicitud alguna de beneficios sobre el PUA de la empleada, 

Ivelise Rivera Rodríguez.18

(AQ-20-0422, Tito E. García Bruno)

1. En la Solicitud de Arbitraje de Quejas y Agravios 

presentada el 2 de diciembre de 2020, por la UGT a nombre 

del querellante, Tito E. García Bruno, se alegó que “El

querellante fue destituido de su empleo injustificadamente. La 

falta imputada no fue cometida. La medida impuesta es 

improcedente, desproporcional, contraria a la ley y a la 

reglamentación vigente”. El DTRH no presentó la carta de 

17 Id., en las págs. 113 – 114. 

18 Id., en la pág. 115. 
KLCE202301017 10

formulación de cargos disciplinarios contra el querellante 

García Bruno, ni la determinación final de destitución.

2. Con respecto al querellante, Tito E. García Bruno, la 

Agencia no presentó documento alguno relacionado con 

solicitud y/o recibo de dinero por concepto del PUA.

3. La Sra. Carla Vallejo (testigo de la Agencia), aceptó no tener 

propio ni personal conocimiento de los hechos imputados a los 

querellantes, tampoco haber atendido solicitud alguna de 

beneficios sobre el PUA del querellante Tito E. García Bruno.19

(AQ-20-0423, Emmanuel Díaz Reyes)

1. En la Solicitud de Arbitraje de Quejas y Agravios 

presentada por la UGT, en representación del querellante, 

Emmanuel Díaz Reyes, el 2 de diciembre de 2020, se alegó 

que: “El querellante fue destituido de su empleo 

injustificadamente. La falta imputada no fue cometida. La 

medida impuesta es improcedente, desproporcional, contraria 

a la ley y a la reglamentación vigente”. 

2. El DTRH no presentó la carta de formulación de cargos 

disciplinarios contra el querellante Díaz Reyes, ni la 

determinación final de destitución.

3. La Agencia no presentó documento alguno relacionara al 

querellante, Emmanuel Díaz Reyes, con solicitud y/o recibo de 

dinero por concepto del PUA.

4. La Sra. Carla Vallejo (testigo de la Agencia), aceptó no tener 

propio ni personal conocimiento de los hechos imputados a los 

querellantes, ni haber atendido solicitud de beneficios alguno 

del querellante Emmanuel Díaz Reyes.

20

En consecuencia, determinó que las destituciones fueron sin 

justa causa, por lo que ordenó al DTRH la restitución de los 

empleados a sus puestos de trabajo y el pago retroactivo a la fecha 

de su destitución: 

La destitución impuesta a los querellantes Rafael 

Acevedo Acevedo (AQ-20-0416), lvelisse Rivera Rodríguez

(AQ-20-0421) Tito García Bruno (AQ-20-0422) y Emanuel Díaz 

Reyes (AQ-20-0423), fue en violación a la Ley CARES del 

2020, por consiguiente, no fue mediante justa causa. En 

consecuencia, se ordena al Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos a que reinstale a los cuatro querellantes a 

sus puestos, les pague todos los haberes dejados de devengar

desde la fecha de efectividad de la destitución se le hagan los 

descuentos que en ley procedan y se le retire toda carta o 

documento inherente a la destitución, de cualquier expediente 

de recursos humanos que se haya archivado copia. Todo lo

anterior, en un término de 30 días que transcurrirán a partir

de la notificación y registro del presente Laudo

Se apercibe a la parte adversamente afectada por el 

presente Laudo que podrá presentar un recurso de revisión 

judicial ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del 

término jurisdiccional de treinta días, contados a partir de la 

fecha de archivo en autos de la notificación del presente 

Laudo. De igual forma, copia del recurso de revisión judicial 

deberá ser notificado a todas las partes en el presente caso.

De no presentarse un recurso de revisión judicial dentro de los

términos antes dispuestos, este Laudo advendrá final y 

firme.21

19 Id.

20 Id., en la pág. 116.

21 Id., en la pág. 134. 
KLCE202301017 11

En desacuerdo, el 11 de mayo de 2023 el DTRH presentó un 

recurso de revisión ante el TPI.22 Entre otras cosas, adujo que el 

análisis del árbitro es completamente diferente a la aplicación de las 

disposiciones del CARES Act. Señaló, que el árbitro omitió las cartas 

de despido y lo alegado por el DTRH para determinar justa causa en 

las destituciones. Arguyó que los empleados no eran elegibles para 

recibir el PUA, ya que su fuente principal de ingresos como 

empleados del DTRH no fue afectada, por lo que, la omisión de dicha

información esencial constituyó una violación a los estatutos del

CARES Act.

Oportunamente, la UGT sometió su escrito en oposición,

23 y 

en resumen, alegó que el árbitro actuó correctamente, por lo que su 

determinación no adolece de ninguna de las causales de nulidad, ya 

que el DTRH no cumplió con el quantum de prueba para sostener la 

sanción imputada. 

Examinadas las mociones de ambas partes, el TPI emitió NO 

HA LUGAR en la Sentencia del 12 de agosto de 2023,

24 en lo 

pertinente, expresó:

Por lo tanto, examinada la petición y los documentos con ella 

sometidos, este Tribunal declara NO HA LUGAR la petición de 

epígrafe y confirma el Laudo de Arbitraje AQ-20-0416

emitido por el Árbitro Andrés Feliciano Morales del Negociado 

de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos de fecha 11 de abril de 2023. El Laudo se 

repite e incorpora aquí para que se haga parte de esta 

Sentencia.25

El 13 de septiembre de 2023, el DTRH acude ante este foro 

intermedio y señala la comisión de dos (2) errores:

1. Erró el TPI al confirmar el Laudo concluyendo así que 

no procede el despido de los empleados de la Agencia 

a pesar de que el despido fue por violación al Cares Act 

de 2020.

2. Erró el TPI al confirmar el laudo arbitraje y no 

considerar las cartas de destitución de los querellantes 

22 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 1 – 167. 

23 Apéndice del recurso de la parte peticionaria, págs. 168 – 190.

24 Notificada el 16 de agosto de 2023. Apéndice del recurso de la parte peticionaria, 

págs. 332 – 343.

25 Id., en la pág. 343. Énfasis nuestro. 
KLCE202301017 12

ni la determinación del oficial examinador como parte 

del debido proceso de ley. 

Tras varios trámites procesales, el 6 de octubre de 2023 la 

UGT sometió “Alegato de la parte recurrida”, y así, quedó 

perfeccionado para la consideración de esta Curia.

-II-

-AEl auto de certiorari es un vehículo procesal de carácter 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior rango.

26 En ese sentido, 

la discreción es el poder de decidir en una u otra manera, esto es, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción.

27

Por ello, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,28 nos delimita 

las instancias en que habremos de atender y revisar vía certiorari las 

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia, a 

saber:

[E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. [...].29

Con el objetivo de que podamos ejercer de una manera 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones,

30 nos dicta los siguientes criterios al 

determinar si expediremos o no el auto de certiorari:

26 Mun. Autónomo de Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 711 (2019).; 

IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).

27 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).

28 Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.

29 Id.

30 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
KLCE202301017 13

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 31

Por lo cual, aunque tengamos discreción judicial para expedir 

o denegar el auto de certiorari, nuestro Tribunal Supremo ha 

dispuesto que: 

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 

de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó́ en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.32

-BA tono con lo antes dicho, el mecanismo procesal que tiene 

disponible una parte que desea cuestionar una sentencia final 

emitida por un Tribunal de Primera Instancia para revisar un laudo 

de arbitraje, lo es el recurso de certiorari.

33

Como regla general, una vez finaliza un trámite ante el árbitro, 

sus determinaciones contenidas en el laudo son finales e 

inapelables, por lo que las cuestiones atendidas en un laudo no 

pueden litigarse ante los tribunales.34

31 Id.

32 Id.; Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).; 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

33 Hospital del Maestro v. UNTS, 151 DPR 934, 942 (2000).

34 Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 DPR 990, 1007 (2010).
KLCE202301017 14

Ello responde al principio de auto restricción y en la 

deferencia que los tribunales otorgamos a la interpretación de los 

árbitros.35 Sin embargo, existen situaciones donde los tribunales no 

están impedidos de intervenir con estos. Los laudos de arbitraje se 

pueden impugnar judicialmente si se demuestra: (a) la existencia de 

fraude; (b) conducta impropia del árbitro; (c) falta de debido proceso 

de ley; (d) que el laudo resulte contrario a la política pública; (e) falta 

de jurisdicción; o (f) que no se resuelvan todas las cuestiones de 

controversias que se presentan.36

Finalmente, cabe señalar además que en cuanto a las 

determinaciones laborales que los árbitros emiten mediante laudos, 

los tribunales confieren gran deferencia a estos. A esos fines, el 

Tribunal Supremo, ha señalado específicamente lo siguiente: 

[L]os tribunales confieren gran deferencia a las 

interpretaciones que haga el árbitro en el laudo de arbitraje 

relacionado a lo acordado en el convenio colectivo. Por tal 

razón, la revisión judicial de los laudos emitidos en el 

procedimiento de arbitraje se limitará a las instancias en las 

cuales quede demostrada la existencia de fraude, conducta 

impropia del árbitro, falta del debido proceso de ley, ausencia 

de jurisdicción, omisión de resolver todas las cuestiones en 

disputa o que el laudo sea contrario a la política pública. Lo 

anterior implica que un laudo no puede anularse por meros 

errores de criterio ya sean éstos en cuanto a la ley o en cuanto 

a los hechos.37

-CEn marzo de 2020, el Congreso de los Estados Unidos 

promulgó el Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act

(CARES Act), mediante el cual creó un programa federal temporero 

llamado Pandemic Unemployment Assistance (PUA).

38

A esos fines, Puerto Rico, como parte de los territorios de los 

Estados Unidos, fue incluido en el programa de asistencia.39

35 Depto. Educ. v. Díaz Maldonado, 183 DPR 315, 325 (2011).

36 Id., en las págs. 325 – 326.

37 COPR v. SPU, 181 DPR 299, 328–329 (2011). Casos citados omitidos.

38 15 USCA sec. 9021.

39 15 USCA sec. 9021(a)(5).
KLCE202301017 15

Específicamente, el PUA se estableció para combatir los 

efectos de la pandemia de COVID-19 y proveer un alivio a los 

trabajadores.40

En general, PUA provee hasta un máximo de treinta y nueve 

(39) semanas de beneficios para individuos cubiertos que no 

son elegibles para recibir compensación por desempleo 

regular, y que están desempleados o parcialmente empleados 

por ciertas razones específicas relacionadas al COVID-19.

Incluye a cuentapropistas, aquellos en búsqueda de empleo a 

tiempo parcial, individuos sin suficiente historial de trabajo y 

aquellos quienes no cualifican para desempleo regular.41

En la sección de definiciones, precisa que es un Covered 

individual:

(3) Covered individual

The term “covered individual”--

(A) means an individual who--

(i) is not eligible for regular compensation or extended 

benefits under State or Federal law or pandemic emergency 

unemployment compensation under section 9025 of this title, 

including an individual who has exhausted all rights to 

regular unemployment or extended benefits under State or 

Federal law or pandemic emergency unemployment 

compensation under section 9025 of this title;

(ii) provides self-certification that the individual--

(I) is otherwise able to work and available for work within 

the meaning of applicable State law, except the individual 

is unemployed, partially unemployed, or unable or 

unavailable to work because--

(aa) the individual has been diagnosed with COVID-19 or 

is experiencing symptoms of COVID-19 and seeking a 

medical diagnosis;

(bb) a member of the individual's household has been 

diagnosed with COVID-19;

(cc) the individual is providing care for a family member or 

a member of the individual's household who has been 

diagnosed with COVID-19;

(dd) a child or other person in the household for which the 

individual has primary caregiving responsibility is unable 

to attend school or another facility that is closed as a 

direct result of the COVID-19 public health emergency and 

such school or facility care is required for the individual to 

work;

(ee) the individual is unable to reach the place of 

employment because of a quarantine imposed as a direct 

result of the COVID-19 public health emergency;

(ff) the individual is unable to reach the place of 

employment because the individual has been advised by 

a health care provider to self-quarantine due to concerns 

related to COVID-19;

(gg) the individual was scheduled to commence 

employment and does not have a job or is unable to reach 

the job as a direct result of the COVID-19 public health 

emergency;

(hh) the individual has become the breadwinner or major 

support for a household because the head of the 

household has died as a direct result of COVID-19;

40 DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS, CARTA CIRCULAR NÚM. 

2020-04 del 15 de septiembre de 2020.

41 Id.
KLCE202301017 16

(ii) the individual has to quit his or her job as a direct 

result of COVID-19;

(jj) the individual's place of employment is closed as a 

direct result of the COVID-19 public health emergency; or

(kk) the individual meets any additional criteria 

established by the Secretary for unemployment 

assistance under this section; or

(II) is self-employed, is seeking part-time employment, does 

not have sufficient work history, or otherwise would not 

qualify for regular unemployment or extended benefits 

under State or Federal law or pandemic emergency 

unemployment compensation under section 9025 of this 

title, and meets the requirements of subclause (I); and

(iii) provides documentation to substantiate employment or 

self-employment or the planned commencement of 

employment or self-employment not later than 21 days after 

the later of the date on which the individual submits an 

application for pandemic unemployment assistance under 

this section or the date on which an individual is directed by 

the State Agency to submit such documentation in 

accordance with section 625.6(e) of title 20, Code of Federal 

Regulations, or any successor thereto, except that such 

deadline may be extended if the individual has shown good 

cause under applicable State law for failing to submit such 

documentation; and

(B) does not include--

(i) an individual who has the ability to telework with pay; or

(ii) an individual who is receiving paid sick leave or other 

paid leave benefits, regardless of whether the individual 

meets a qualification described in items (aa) through (kk) of 

subparagraph (A)(i)(I).

[...].42

Con el propósito de mantener la integridad del programa de 

desempleo, y atajar la posibilidad de fraude en programas federales, 

el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos emitió el 11 de 

mayo de 2020, el Unemployment Insurance Program Letter (UIPL), 

No. 23-20. Asimismo, en Puerto Rico en pos de combatir el fraude 

en los programas federales, el 15 de septiembre de 2020 emitió la 

Carta Circular Núm. 2020-04,

43 mediante la cual se estableció el 

Certificado de Registro de Comerciante como condición para ser 

elegible al PUA.

44 De igual forma, se hizo un acuerdo colaborativo 

entre el Depto. de Hacienda y el DTRH para compartir información 

vital de los solicitantes.45

42 15 USCA sec. 9021(a)(3).

43 DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS, CARTA CIRCULAR NÚM. 

2020-04 del 15 de septiembre de 2020.

44 Id.

45 Orden Ejecutiva Núm. 2020-053, Para brindar acceso al Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos a la Información necesaria en manos del 

Departamento De Hacienda con el propósito de agilizar los procesos relacionados a 

los Programas de desempleo (13 de julio de 2020).
KLCE202301017 17

-DLey Núm. 8 del 4 de febrero de 2017, según enmendada, 

conocida como la Ley para la Administración y Transformación de los 

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico (Ley Núm. 8 - 2017) 

enuncia en su Sección 6.6 las Disposiciones sobre Retención.

46 En lo 

pertinente, establece que cuando la conducta de un empleado no 

vaya acorde con las normas y requerimientos instituidos, la agencia 

deberá aplicar las medidas correctivas o acciones disciplinarias 

necesarias y adecuadas.47 La destitución es una de las medidas 

correctivas a considerar.48 En caso de que la Agencia o Autoridad 

Nominadora determine destituir a cualquier empleado de carrera 

por justa causa, deberá notificar previamente la formulación de 

cargos por escrito y apercibirlo de su derecho a solicitar vista previa 

conforme a los procesos de disciplina progresiva como se establece 

en el reglamento.49 Las Autoridades Nominadoras tendrán la 

obligación de imponer la acción disciplinaria que proceda a 

cualquier funcionario o empleado que intencionalmente, por 

descuido o negligencia incumpla cualquiera de las disposiciones de 

esta Ley.50 Cuando la conducta imputada al empleado configure una 

situación real o potencial de peligro para la salud, vida, propiedad o 

moral de los empleados de la agencia o de la ciudadanía en general, 

las Autoridades Nominadoras podrán efectuar suspensiones 

sumarias. En esos casos, deberá celebrar la vista informal dentro 

del término de diez (10) días siguientes a la suspensión.51

De igual manera, la Sección 6.6 dispone en el inciso 9 las 

acciones que el empleado no puede realizar. Entre ellas, establece:

46 La Ley Núm. 8 de 4 de febrero de 2017, según enmendada, conocida como la 

Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el 

Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 1469 et seq.

47 3 LPRA sec. 1472f (3).

48 Id.

49 3 LPRA sec. 1472f (4)

50 3 LPRA sec. 1472f (5).

51 3 LPRA sec. 1472f (6).
KLCE202301017 18

a. Aceptar regalos, donativos o cualquier otra recompensa 

por la labor realizada como empleado público a 

excepción de aquellas autorizadas por ley.

b. Utilizar su posición oficial para fines político partidistas 

o para otros fines no compatibles con el servicio público.

c. Realizar funciones o tareas que conlleven conflictos de 

intereses con sus obligaciones como empleado público.

d. Realizar u omitir cualquier acción prohibida por la Ley 

1-2012, según enmendada, conocida como “Ley de 

Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”.

e. Observar conducta incorrecta o lesiva al buen nombre 

de la agencia o al Gobierno de Puerto Rico.

f. Incurrir en prevaricación, soborno o conducta inmoral.

g. Realizar acto alguno que impida la aplicación de esta 

Ley y las reglas adoptadas de conformidad con la 

misma; hacer o aceptar a sabiendas, declaración, 

certificación o informe falso en relación con cualquier 

materia cubierta por la Ley.

h. Dar, pagar, ofrecer, solicitar o aceptar directa o 

indirectamente dinero, servicios o cualquier otro valor a 

cambio de una elegibilidad, nombramiento, ascenso u 

otra acción de personal.

i. Incurrir en conducta relacionada con delitos contra el 

erario público, la fe y función pública o que envuelvan 

fondos o propiedad pública.52

Igualmente, el Manual de Normas de Conducta y Procedimiento 

Sobre Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias del 

Departamento del Trabajo (Manual del DTRH) recoge una serie de 

disposiciones que debe cumplir un empleado de dicha agencia.

53

Particularmente, y en lo pertinente a este caso, establece que un 

empleado no podrá observar una conducta incorrecta o lesiva al 

buen nombre de la agencia o al Gobierno de Puerto Rico.54

-IIIEn resumen, el DTRH nos señala que el TPI incidió al 

confirmar el Laudo y concluir que los despidos no fueron en 

violación al CARES Act, la Ley Núm. 8–2017 y el Manual del DTRH; 

ni considerar, las cartas de destitución ni la determinación del 

Oficial Examinador como parte del debido proceso de ley. Tiene 

razón.

52 3 LPRA sec. 1472f (9).

53 DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS, Manual de Normas de 

Conducta y Procedimiento Sobre Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias del 

Departamento del Trabajo.

54 Id., en la sec. 5.2.
KLCE202301017 19

En primer orden, surge del expediente que antes y durante 

la Pandemia del Covid-19, Rafael Acevedo Acevedo, Ivelisse Rivera 

Rodríguez, Tito E. García Bruno Reyes y Emanuel Díaz Reyes, eran 

empleados a tiempo completo del DTRH y sus ingresos principales, 

—que provenían de esa agencia— no se vieron afectados por la 

emergencia de la pandemia. 

En segundo orden, a tono con la ley federal Coronavirus Aid 

Relief and Economy Security Act (CARES Act), que creó el programa 

temporero llamado Pandemic Unemployment Assistance (PUA),55 los 

empleados del DTRH, Rafael Acevedo Acevedo, Ivelisse Rivera 

Rodríguez, Tito E. García Bruno Reyes y Emanuel Díaz Reyes, no 

cualificaban para recibir los beneficios del PUA, aunque sus 

ingresos por negocios propios menguaran a causa de la pandemia. 

No obstante, estos empleados solicitaron los beneficios del PUA y en 

la solicitud omitieron informar que eran empleados del DTRH y los 

ingresos devengados en la agencia.

En tercer orden, acordado por las partes que la contención a 

dilucidar ante el árbitro de la CASP consistía en, si el DTRH destituyó 

a los querellantes en violación a la ley CARES Act y al debido proceso 

de ley. Resulta forzoso concluir que el TPI erró al no revocar el laudo 

emitido. Nótese, que el 6 de octubre de 2020 el Secretario del DTRH 

notificó la carta de intención de destitución a los empleados Rafael 

Acevedo Acevedo, Ivelisse Rivera Rodríguez, Tito E. García Bruno 

Reyes y Emanuel Díaz Reyes, en las que se les informó los hechos 

que lo motivaban y las faltas cometidas. También, se les notificó y 

fue celebrada una vista administrativa ante el Oficial Examinador 

que basado en la prueba presentada, hizo unas determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho en la que recomendó —y así fue 

55 15 USCA sec. 9021.
KLCE202301017 20

acogida por el Secretario el 17 de noviembre de 2020— la destitución 

de los empleados aquí recurridos.

En consecuencia, se expide el auto de certiorari y revocamos 

la Sentencia recurrida que confirmó el laudo emitido. De manera 

que, se valida la destitución por justa causa de Rafael Acevedo 

Acevedo, Ivelisse Rivera Rodríguez, Tito E. García Bruno Reyes y 

Emanuel Díaz Reyes.

-IVPor los fundamentos antes expresados, expedimos el recurso 

de certiorari y en consecuencia revocamos la Sentencia recurrida. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones