Número Identificador

SEN2023 _________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

CONSEJO TITULARES 

DEL CONDOMINIO 

TERRAZAS DE SAN 

JUAN; SR. PEDRO 

MONTALVO, 

PRESIDENTE

Recurrida

v.

UNLIMITED 

CONSTRUCTION, INC.; 

UNIVERSAL 

INSURANCE COMPANY

Recurrente

KLRA202300332

Revisión Judicial

Procedente del 

Departamento de Asuntos 

del Consumidor

Caso Núm.:

SAN-2022-0010612

Sobre:

Ley Núm. 5 de 23 de abril 

de 1973 (Ley Orgánica de 

DACO)

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza 

Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2023.

El 5 de julio de 2023, Unlimited Construction, Inc. (en adelante, 

Unlimited o recurrente) sometió ante la consideración de este Tribunal de 

Apelaciones una Revisión judicial de decisión administrativa en la que nos 

solicita la revocación de la Resolución administrativa emitida el 28 de abril de 

2023 y notificada el 4 de mayo de 2023 por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (en adelante, DACo). Por virtud del aludido dictamen, el 

DACo declaró Con Lugar la Querella instada por el Consejo de Titulares del

Condominio Terrazas de San Juan (en adelante, parte recurrida).

Examinado el legajo apelativo, resolvemos confirmar la decisión 

recurrida.

I

Según demuestra el expediente, el 3 de enero de 2022 la parte 

recurrida instó ante el DACo y contra la recurrente una Querella en la que, 
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en síntesis, alegó haber suscrito un contrato con Unlimited para unos 

trabajos relacionadas a las tejas de 13 edificios y que la recurrente no ejecutó 

el contrato adecuadamente. Así, solicita el cumplimiento específico del 

contrato y el pago de una compensación por daños, así como costas y 

honorarios de abogado. En la alternativa, se solicita que se obligue a 

Universal Insurance Company- aseguradora con la que Unlimited contrató 

el correspondiente Performance Bond, al desembolso de la fianza, de manera 

que pueda culminarse los trabajos y reparar las filtraciones que algunos 

residentes del condominio sufren.

Tras los trámites de rigor, la vista administrativa fue celebrada los 

días 23 de enero de 2023 y el 16 de marzo de 2023. Recibida la prueba, el 28 

de abril de 2023, el DACo emitió su Resolución. En esta, formuló 33 

determinaciones de hechos en virtud de las que determinó como a 

continuación se transcribe:

En el presente caso la parte querellada, tenía la obligación de prestar 

los servicios para los cuales fue [contratada] según se había 

estipulado entre las partes, construcción en la residencia de la parte 

querellante. La prueba que obra en el expediente administrativo 

demostró que la parte querellada incumplió su obligación al no 

realizar un trabajo satisfactorio, veamos.

En la querella de epígrafe, la Querellada fue contratada para realizar 

unos trabajos de construcción en los edificios de la Querellante, 

específicamente, debía remover 7,840 pies cuadrados de tejas que 

habían sufrido daños tras los embates de los huracanes Irma y María. 

Además, debían trabajar el área de las rejas removidas para poder 

instalar nuevas tejas en dichas áreas. Es decir, debía limpiar y trabajar 

en el techo para sellar el área e instalar las nuevas tejas. En cuanto a 

costos relevantes a esta resolución, las tejas tenían un costo de 

$38,240.00 y el sellador de techo tenía un costo de $33,600.00. La 

prueba demostró que la Querellante tuvo que contratar un nuevo 

contratista para trabajar filtraciones persistentes, las cuales se 

subsanan mediante la instalación de sabaletas en 34 áreas a un costo 

lump sum de $300 por área trabajada. Esto, toda vez que los trabajos 

realizados por Unlimited resultaron insuficientes para sellar las 

filtraciones en esas áreas. 

Según el propio contrato entre las partes, el sellado de las áreas a 

trabajarse era cuantificablemente equivalente al costo de las tejas, por 

lo cual este Departamento entiende que el sellado de las áreas era una 

condición esencial de ese contrato y dicha condición fue incumplida 

o defectuosamente ejecutada causando que la Querellante incurriera 

en costos adicionales de flashing para subsanar las filtraciones 

persistentes. Sin embargo, la prueba también demostró que la 

Querellada no trabajó sobre toda la superficie de los techos, razón por 

la cual el DACO está tomando como medida de costos, excluyendo 
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bajo el derecho abajo aplicado el costo estimado por el Sr. Amador y 

sustituyéndolo por el Sr. Morales, la cantidad de $300 x 34= 

$10,200.00.

Se utiliza la medida de costos presentada por la Querellante, toda vez 

que la parte Querellada, correctamente alegó que la Regla 14.4 del 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACO, que 

dispone que:

“La persona encargada de la investigación o inspección, luego 

de culminada, preparará en forma detallada un informe que cubra 

toda la investigación. El informe deberá ser claro y conciso 

conteniendo un estimado de costos detallado de las piezas, 

artículos, materiales y la cantidad global de costos de los servicios 

necesarios para un remedio adecuado.”

Fue incumplida por el Departamento, al no contener 

det[a]lladamente su informe un estimado de las piezas, artículos, 

materiales y la cantidad de costos de los servicios necesarios para 

proveer un remedio adecuado. Es decir, un informe de inspección 

realizado bajo la Regla 14.4 del Reglamento, debe contener un 

estimado de costos detallados de las piezas, artículos, materiales y la 

cantidad global de costos de los servicios necesarios para proveer un 

remedio adecuado. No puede descansar meramente en un estimado 

global de dichos costos.

Por todo lo anterior y conforme las facultades delegadas bajo la Ley 

Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, este Departamento 

emite la siguiente:

ORDEN

Por los fundamentos que anteceden se declara CON LUGAR la 

querella de epígrafe y, en consecuencia, se ordena a la parte 

querellada, Unlimited Construction, Inc., a pagar a la parte 

querellante, Consejo de Titulares del Condominio Terrazas de San 

Juan, la cantidad ajustada de $10,200.00 en concepto de daños y/o 

reembolso por los trabajos de construcción defectuosos bajo el 

contrato de obras. Dicha obligación deberá cumplirla en un 

término de treinta (30) días calendarios desde el archivo en autos 

de la presente [resolución].

La misma acumulará los intereses legales vigentes para las 

sentencias judiciales y estará sujeta a la imposición de multas 

reglamentarias por incumplimiento de hasta diez mil dólares 

($10,000.00).

En desacuerdo con lo resuelto en el caso, Unlimited sometió una

Moción de reconsideración con fecha del 20 de mayo de 2023. El DACo no 

atendió dicho escrito dentro del término que la ley establece debe hacerlo, 

por lo que la recurrente instó el recurso de revisión administrativa de 

epígrafe. En este, señaló que el DACo se equivocó al:

[...] concluir que las áreas de las tejas trabajadas por Unilimited 

Construction[,] Inc[.] sufrían de filtraciones, pese a la ausencia 

total de prueba para ello.
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[...] no tomar en consideración el único testimonio pericial en el 

caso, el del Ingeniero Antonio Echevarría Velázquez, quien 

concluyó que los trabajos fueron realizados según contratados y 

que los problemas de filtración no están relacionados a las tejas 

instaladas por Unlimited Construction[,] Inc[.]

[...] sustituir el costo estimado preparado por el inspector del 

DACO, Edgardo Amador, por el del comerciante contratado por 

la recurrida, Héctor Morales Méndez.

Atendido el recurso, el 11 de julio de 2023, emitimos Resolución 

mediante la que le ordenamos a la parte recurrida a someter su posición en 

30 días. Vencido este plazo, esta no ha comparecido, por lo que damos por 

perfeccionado el recurso y procedemos a resolver sin el beneficio de su 

comparecencia. 

II

A.

La competencia de este Tribunal de Apelaciones para revisar las 

actuaciones administrativas está contemplada en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 38-

2017, 3 LPRA Sec. 9601, et seq. A tales efectos, la Sección 4.1 de la LPAU 

dispone sobre la revisión judicial aplicable a aquellas órdenes, resoluciones 

y providencias adjudicativas finales dictadas por agencias, las que serán 

revisadas por el Tribunal de Apelaciones mediante Recurso de Revisión. 3 

LPRA Sec. 9671. Asimismo, la Sección 4.2 de la LPAU establece que la parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia, que 

haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una 

solicitud de revisión dentro de treinta (30) días contados a partir de la fecha 

de archivo en autos de la notificación de la orden o resolución final. 3LPRA 

Sec. 9672. La finalidad de esta disposición es delimitar la discreción de los 

organismos administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 

254, 264 (2007).
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Para impugnar la razonabilidad de la determinación administrativa,

es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el récord que 

reduzca o menoscabe el peso de la evidencia que obra en el expediente 

administrativo. Domínguez v. Caguas Expressway Motor, 148 DPR 387, 

397-398 (1999) citando a Hilton Hotels. v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 

686 (1953). La misma, debe ser suficiente como para que pueda descartarse 

en derecho la presunción de corrección de la determinación administrativa, 

no pudiendo descansar en meras alegaciones. Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. 

J.P., 147 DPR 750, 761 (1999). El criterio rector para examinar una decisión 

administrativa es la razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. 

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 

Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen administrativo 

se determina que: (1) la decisión administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o ilegalmente; o (4) 

su actuación lesiona derechos constitucionales fundamentales, entonces la 

deferencia hacia los procedimientos administrativos cede. IFCO Recycling 

v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712 (2012), citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.Pe., supra, a la pág. 264.

En lo referente a la revisión judicial de las determinaciones de hechos 

dictaminadas por una agencia administrativa, es importante recordar que 

dicho ejercicio se circunscribe a evaluar si las mismas se basaron en 

evidencia sustancial considerando la totalidad del expediente 

administrativo. 3 LPRA, sec. 9675; Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 

803, 820 (2021); Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117 

(2019). Evidencia sustancial es toda aquella prueba relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Íd., 

a la pág. 127.
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En aquellos casos en que la impugnación de las determinaciones de 

hecho se base en la prueba oral desfilada, así como en la credibilidad que 

esta le mereció a la agencia administrativa, es imprescindible que se traiga 

a la consideración del foro revisor la transcripción de la vista celebrada o 

una exposición narrativa de la prueba. Íd., a la pág. 129, citando a Camacho 

Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 92 (2006). En ausencia de la prueba oral, 

“difícilmente se podrá descartar la determinación impugnada, siendo tarea 

de la parte interesada someter al foro revisor la prueba oral bajo la que se 

pretende impugnar las determinaciones de una agencia administrativa. Id. 

-IIISegún expusimos, en el presente recurso Unlimited recurre de la 

determinación emitida por el DACo mediante la que se declaró Ha Lugar 

la reclamación instada en su contra por la parte recurrida. Así, en la 

discusión del primer error señalado, señala que la conclusión que alcanzó 

el DACO sobre la deficiencia de los trabajos realizados por ella no encuentra 

apoyo en la prueba. En contrario, afirma que “toda la prueba desfilada, 

tanto de la recurrente como de la recurrida, demostró que todos los edificios 

del [C]ondominio Terrazas de San Juan sufrían de serias filtraciones en 

todas sus áreas, más allá del área que ubican las tejas.” Para apoyar este 

argumento, hace referencia al testimonio del Sr. Héctor Morales Méndez de 

HJ Máster Solutions; al testimonio y la opinión pericial del Ing. Antonio 

Echevarría Velázquez, su perito; y a la declaración del Arq. Jonathan 

Rocafort, quien fue el inspector del proyecto.

De otra parte, en su segundo señalamiento de error, Unlimited 

plantea que la decisión alcanzada es una errada que no consideró el 

testimonio de su perito, quien estableció que los trabajos fueron realizados

adecuadamente, según contratados. En particular, expone que el testimonio 

de su perito merece entero crédito y contiene un valor probatorio 

significativo; resalta que las cualificaciones de este no fueron impugnadas 
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ni minadas durante el turno del contrainterrogatorio. Por último y en 

cuanto a este asunto, argumenta que, dado que la resolución recurrida no 

expresa que dicho testimonio no le mereció credibilidad, el no haberlo 

considerado es razón suficiente para que se revoque el dictamen emitido 

por el DACo.

Finalmente, al argumentar su tercer y último señalamiento de error, 

Unlimited expone que el DACo falló cuando, luego de descartar el informe 

del inspector por no estar preparado conforme a la reglamentación de la 

agencia, utilizó el testimonio del Sr. Héctor Morales Méndez de HJ Máster 

Solutions para calcular la cantidad que impuso en la resolución como pago 

por las alegadas deficiencias en el trabajo de la recurrente. Sostiene que al 

descartarse el informe preparado por el inspector del DACo, la agencia 

quedó desprovista de evidencia que le permitiera aquilatar los hechos 

alegados en la Querella, por lo que procedía revocarle. 

Como podemos observar, cada uno de los errores señalados y 

discutidos por Unlimited, está directa o indirectamente relacionado con el 

valor probatorio y la suficiencia de la prueba que tuvo el DACo ante su 

consideración para resolver la controversia. Pese a este hecho, 

sorprendentemente, Unlimited no hizo uso de ninguno de los instrumentos 

que tenía disponibles para procurar obtener la reproducción de la prueba 

testifical.1 O sea, que no tenemos disponible, porque no se nos proveyó, una 

transcripción de la prueba oral que nos coloque en posición de evaluar las 

determinaciones de hechos emitidas por el DACo en el caso de autos, así 

1 El Reglamento del Tribunal de Apelaciones en su Regla 66, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 66, 

establece que cuando se apunte un error en la apreciación de la prueba oral o que alguna 

determinación de hechos no esté sostenida por la prueba y sea necesario recurrir a la 

reproducción de la prueba oral, la parte recurrente lo hará constar en moción por separado, 

presentada junto al escrito de revisión. Igualmente, la citada regla establece que en el 

escrito a ser sometido, la parte interesada sustanciará y probará la necesidad de recurrir a 

la prueba oral, con vista a las determinaciones de hechos de la agencia o del funcionario o 

funcionaria, haciendo referencia a las cuestiones planteadas en la solicitud de revisión y al 

contenido de los testimonios específicos que se interesa utilizar. Es menester señalar que 

la reproducción de la prueba oral a la que esta regla se refiere, debe hacerse conforme a lo 

estatuido en las Reglas 76 y 76.1 de nuestro Reglamento.
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como la razonabilidad de estas frente a la prueba contenida en el expediente 

administrativo.

Debido a la presunción de corrección que reviste a las decisiones 

administrativas, según discutido, la recurrente tenía la obligación de 

colocarnos en posición de poder atender correctamente sus planteamientos 

sobre la apreciación, credibilidad y valor probatorio de la prueba oral 

desfilada ante el DACo. Esto, causa que no podamos intervenir con las 

determinaciones de hechos del DACo, así como aquellas conclusiones 

alcanzadas por este en virtud de la prueba oral que tuvo ante su 

consideración. Lo que tenemos ante nos son meras alegaciones, y sabido es 

que ello, no constituye prueba. 

IV

Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la Resolución 

emitida por el DACo en la causa de epígrafe. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones