EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

In re:

Sylvia M. Soto Matos

(TS-15,955)

2024 TSPR 91

214 DPR ___

Número del Caso: AB-2023-0270

Fecha: 16 de agosto de 2024

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida 

del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplimiento con 

las órdenes del Tribunal Supremo.

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio 

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2024.

Nuevamente, nos vemos obligados a ejercer nuestra 

facultad disciplinaria sobre otro miembro de la abogacía por 

incumplir con los postulados éticos que rigen la gestión de 

todos y todas los que practican la profesión legal.

En el día de hoy, intervenimos disciplinariamente con la 

Lcda. Sylvia M. Soto Matos y decretamos su suspensión 

inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía y de la 

notaría. 

Veamos las circunstancias fácticas que sustentan nuestra 

determinación.

I.

La Lcda. Sylvia M. Soto Matos (licenciada Soto Matos) 

fue admitida al ejercicio de la abogacía el 29 de agosto de 

2006 y prestó juramento como notaria el 15 de septiembre del 

mismo año.

In re:

Sylvia M. Soto Matos

(TS-15,955)

AB-2023-0270
AB-2023-0270 2

El proceso que mediante esta Opinión Per Curiam

atendemos tuvo su origen el pasado 23 de octubre de 2023, 

cuando la Sra. Andrely M. Ramos Rosario (promovente) presentó 

una Queja contra la licenciada Soto Matos porque 

presuntamente ésta última asumió la representación legal del 

padre de la promovente en un caso de división de bienes sin 

consentimiento alguno. De igual forma, adujo que, en otro 

procedimiento, la licenciada Soto Matos renunció a la 

representación de su padre para defender los intereses de 

ciertos clientes adversos.

Consecuentemente, el 9 de noviembre de 2023, la 

Subsecretaria de este Tribunal le envió una misiva a la 

licenciada Soto Matos en la que le concedió un término de 

diez (10) días para que contestara la queja en su contra.

Una vez transcurrió el plazo otorgado sin que 

recibiéramos contestación alguna de la licenciada Soto Matos, 

se le volvió a cursar una segunda notificación concediéndole 

un término adicional de diez (10) días para que contestara la 

queja.

El tiempo otorgado pasó y tampoco recibimos contestación 

de la abogada. Por ello, procedimos a emitir una Resolución

el 29 de enero de 2024 en la que le concedimos un término de 

diez (10) días para que la licenciada Soto Matos mostrara 

causa por la cual no se le debía suspender del ejercicio de 

la abogacía por incumplir con los requerimientos de este 

Tribunal. Esta orden fue ignorada, por lo que los días 27 de 
AB-2023-0270 3

febrero de 2024 y 9 de abril de 2024, emitimos una segunda y 

tercera Resolución con la misma orden. 

Nuevamente, la letrada hizo caso omiso a nuestras 

órdenes, por lo que el 31 de mayo de 2024 le concedimos un 

término final de diez (10) días para que la licenciada Soto 

Matos compareciera mostrando causa y contestara la queja. 

Dicho plazo transcurrió y aun no hemos recibido contestación 

ni expresión alguna por parte de la abogada.

II.

A. Canon 9 del Código de Ética Profesional

Desde el momento preciso en que cada abogado presta 

juramento como tal y es admitido a la profesión de la 

abogacía, este se compromete a fijar su conducta íntimamente 

a las normas establecidas en el Código de Ética Profesional.1

El propósito de este cuerpo rector recae en “promover el 

desempeño personal y profesional de los miembros de la 

profesión legal de acuerdo con los más altos principios de 

conducta decorosa, lo que, a su vez, resulta en beneficio de 

la profesión, la ciudadanía y las instituciones de justicia”.2

Así las cosas, el Canon 9 del Código de Ética 

Profesional, supra, codifica el mandato ético que obliga a 

todo abogado a atender y obedecer las órdenes del Tribunal y 

las de cualquier otro foro ante el que se encuentre obligado 

a comparecer. Particularmente, le impone a los letrados “el 

1 4 LPRA Ap. IX.

2 In re Torres Rivera, 2022 TSPR 107. 
AB-2023-0270 4

deber de observar para con los tribunales una conducta que se 

caracterice por el mayor respeto”.3 Cuando se trata de 

procesos disciplinarios, los integrantes de la profesión 

legal tienen el deber de responder diligente y oportunamente 

a nuestros requerimientos y órdenes.4

Por ello, un abogado que desatiende los requerimientos 

realizados en el curso de un procedimiento disciplinario 

denota “indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de 

respeto y contumacia hacia las autoridades, y revela una gran 

fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la 

profesión legal”.5

Así, pues, no podemos tomar livianamente la actitud de 

indiferencia hacia la autoridad de este Tribunal. Lo anterior 

resulta causa suficiente para decretar la suspensión 

inmediata de cualquier abogado.6

III.

Del recuento fáctico antes reseñado se desprende que la 

actitud de la licenciada Soto Matos ha sido una de 

indiferencia y desidia ante las múltiples órdenes que ha 

emitido este Tribunal para con su persona. A saber, le hemos 

otorgado más de cinco (5) oportunidades a la licenciada Soto 

Matos para que comparezca y presente la contestación a la 

queja en su contra, pero no hemos obtenido respuesta. 

3 In re Torres Rivera, supra. 

4 In re Lajara Radinson, 207 DPR 854 (2021); In re Colón Rivera, 206 

DPR 1073 (2021).

5 In re Jiménez Meléndez, 198 DPR 453, 457 (2017).

6 Íd.
AB-2023-0270 5

Lamentablemente, ni contando con el apercibimiento de que su 

conducta indolente podría repercutir en su suspensión de la 

abogacía, la licenciada Soto Matos se ha dignado a responder 

a nuestros requerimientos. Definitivamente la conducta de la 

letrada, a todas luces, demuestra falta de interés para 

continuar ejerciendo la profesión legal.

En vista de ello, y considerando el incumplimiento 

reiterado con nuestras órdenes, decretamos la suspensión de 

la licenciada Soto Matos del ejercicio de la abogacía y de la 

notaría de manera inmediata e indefinida.

IV.

Consecuentemente, le ordenamos notificar a todos sus 

clientes de su inhabilidad para continuar con su 

representación y a devolverles tanto los expedientes de los 

casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos 

no rendidos. Además, deberá informar inmediatamente de su 

suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos 

en los que tenga algún asunto pendiente y acreditar ante este 

Tribunal el cumplimiento con lo anterior, incluyendo una 

lista de los clientes y foros a quienes le notificó de su 

suspensión, dentro del término de treinta (30) días, contado 

a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y su 

correspondiente Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que 

no se le reinstale al ejercicio de la abogacía de solicitarlo 

en el futuro.
AB-2023-0270 6

De igual forma, el Alguacil de este Tribunal deberá 

incautar inmediatamente la totalidad de la obra protocolar y 

sello notarial de la señora Soto Matos y entregarlos al 

Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el 

correspondiente examen e informe. En virtud de esta 

suspensión, la fianza que garantiza las funciones notariales 

queda automáticamente cancelada. No obstante, la fianza se 

considerará buena y válida por tres (3) años después de su 

terminación, en cuanto a los actos realizados durante el 

periodo en que estuvo vigente.

Se dictará Sentencia de Conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re: 

Sylvia M. Soto Matos

(TS-15,955)

AB-2023-0270

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam 

que antecede, la cual se hace formar parte de la presente 

Sentencia, decretamos la suspensión indefinida e inmediata 

del ejercicio de la abogacía y de la notaría de la Lcda. 

Sylvia M. Soto Matos.

A la luz de lo anterior, le imponemos a la letrada el 

deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad 

de seguir representándolos, devolverles cualesquiera 

honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar 

oportunamente de su suspensión indefinida a los foros 

judiciales y administrativos donde tenga asuntos 

pendientes. Deberá, además, acreditar y certificarnos el 

cumplimiento de estos deberes incluyendo una lista de los 

clientes y los foros a quienes le haya notificado de su 

suspensión, dentro del término de treinta (30) días, a 

partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y 

Sentencia. No hacerlo, pudiera conllevar que no se le 

reinstale al ejercicio de la profesión de solicitarlo en 

el futuro.

De igual forma, el Alguacil de este Tribunal deberá 

incautar inmediatamente la totalidad de la obra protocolar 

y sello notarial de la señora Soto Matos y entregarlos al 

Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el 

correspondiente examen e informe. En virtud de esta 

suspensión, la fianza que garantiza las funciones 

notariales queda automáticamente cancelada. No obstante, 

la fianza se considerará buena y válida por tres (3) años 

después de su terminación, en cuanto a los actos realizados 

durante el periodo en que estuvo vigente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del 

Tribunal Supremo.

 

 Javier O. Sepúlveda Rodríguez

 Secretario del Tribunal Supremo