Número Identificador

SEN2024_________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

SR. CARLOS E. 

VARGAS FIGUEROA Y 

OTROS

Peticionarios

V.

DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA Y 

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCION Y 

REHABILITACIÓN

Recurridos 

KLRA202300623

REVISIÓN

ADMINISTRATIVA

procedente de la

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Caso Núm.: PA-737-

23

PA-856-22

CEN-23-00156-160

Sobre: MOCIÓN EN 

SOLICITUD Y 

REQUIRINMIENTO 

DEL PAGO DEL 

ESTIMULO EN 

MANDAMUS U 

ORDEN

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 2024.

Comparece ante nos, Carlos E. Vargas Figueroa, José E. Valle 

Cardona, Iván Jr. Orta Cuprill, José H. Echevarría Piña y Tomás 

Fernández Rodríguez (en conjunto, la parte recurrente), quienes se 

encuentran confinados en la Institución Ponce 1,000 Sección 3-P y 

recurren por derecho propio in forma pauperis. En su recurso, la 

parte recurrente solicitó que se le ordene al Departamento de 

Hacienda de Puerto Rico (Hacienda) y al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (Departamento de 

Corrección) a que le hagan entrega de los cheques del estímulo 

económico concedidos a raíz de la pandemia del COVID-10, bajo la 

ley federal Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES 

Act). 
KLRA202300623 2

Sin necesidad de trámite ulterior y por los fundamentos que 

expondremos a continuación, se desestima el recurso de revisión 

judicial por falta de jurisdicción. 

I.

Con fecha del 20 de octubre de 2022, el recurrente, Carlos E. 

Vargas Figueroa, presentó una Solicitud de Remedio Administrativo

ante la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección. Alegó que había solicitado ayuda para conocer que 

había ocurrido con el pago del estímulo económico del CARES Act y 

que no había recibido respuesta. 

Consecuentemente, el 28 de noviembre de 2022, la División 

de Remedios Administrativos a través de la Técnica Sociopenal, 

Michelle Graniela Loyola, emitió una Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente.1 En esta, determinó que confirmó la 

información ofrecida por el confinado y ciertamente no había 

recibido el pago del estímulo económico. Además, esbozó que al 

momento no contaba con instrucciones para la acción pertinente a 

este tipo de caso. Así, sugirió que el caso fuera referido directamente 

a las oficinas de nivel central del Departamento de Corrección, 

Oficinas de Programas y Servicios, para que el caso fuera trabajado 

conforme a lo establecido entre las agencias. 

Así las cosas, el 18 de agosto de 2023, Carlos E. Vargas 

Figueroa presentó una segunda Solicitud de Remedio Administrativo. 

En la misma, reiteró los argumentos esbozados en su primera 

solicitud. Añadió que se comunicó con las oficinas de nivel central 

por escrito y que no recibió una contestación. El 13 de septiembre 

de 2023, la División de Remedios Administrativos del Departamento 

de Corrección a través de la Asistente de Sistema de Contabilidad

1 La Respuesta del Área Concernida/Superintendente fue notificada el 27 de enero 

de 2023. 
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emitió una segunda Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente.

2 En esta, se le recomendó al confinado 

que solicitara una entrevista con su Técnico de Servicio Sociopenal, 

para que contactase a un familiar o persona de confianza para que 

se comunique al Departamento de Hacienda o acceda bajo sus 

credenciales al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), ya que 

es allí donde se le indica si en efecto el desembolso fue realizado, si 

existe algún error, si requieren información adicional y/o cualquier 

otra alegación al respecto. Agregó que para poder beneficiarse del 

tercer incentivo económico de $1,400.00, debe someter la Planilla de 

Contribución sobre Ingresos, para el período del 2021 y la solicitud 

debía ser completada a través de SURI. 

Subsiguientemente, el 25 de octubre de 2023, Carlos E. 

Vargas Figueroa presentó una Solicitud de Reconsideración. Acentuó 

que solo tiene una hermana, pero esta desconoce los procedimientos 

por no estar actualizada en la tecnología y ser una persona mayor. 

Asimismo, solicitó una investigación más a fondo, ya que entendía 

que podía existir un potencial fraude. 

El 30 de octubre de 2023, la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección emitió una 

Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional. Dicha Respuesta de Reconsideración al Miembro de la 

Población Correccional fue notificada el 13 de noviembre de 2023. En 

apretada síntesis, la División de Remedios Administrativos denegó 

la petición de reconsideración. Indicó que las instrucciones 

impartidas por el Departamento de Hacienda es que tiene que 

solicitar el estímulo a través de SURI. Así, exhortó a que el familiar 

se oriente con un contable público autorizado (CPA). 

2 La segunda Respuesta del Área Concernida/Superintendente fue notificada el 25 

de septiembre de 2023.
KLRA202300623 4

Inconforme, el 30 de noviembre de 2023, la parte recurrente 

presentó ante este Tribunal una Moción en Solicitud y 

Requerimientos del Pago del Estimulo Federal Covid-19 en 

Mandamus u Orden. Afirmó que han estado esperando un promedio 

de dos (2) años y seis (6) meses para que se resuelva el asunto. Por 

lo cual, solicitó que se le ordene al Departamento de Hacienda y al 

Departamento de Corrección a que le hagan entrega de los cheques 

del estímulo económico concedidos a raíz de la pandemia del 

COVID-10, bajo el CARES Act. 

II.

A. La jurisdicción 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2011). Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben 

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo. Pérez Rosa 

v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007). Véase, además,

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); 

Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950). 

Al hacer esta determinación, debe desestimarse la reclamación sin 

entrar en los méritos de la controversia. MCS Advantage, Inc. v. 

Fossas Blanco y otros, 211 DPR 135 (2023); González Santos v. 

Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989). En consecuencia, la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable. S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513, 537 (1991).

Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 
KLRA202300623 5

controversias”. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco y otros, supra. 

Véase, además, S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, pág. 

682; Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 DPR 253, 263 (2007). 

En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado 

consistentemente que la falta de jurisdicción “trae consigo las

consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; 

(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal 

como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los 

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber 

de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales 

apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu 

proprio”. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco y otros, supra. Véase, 

además, Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 372 (2018);

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).

Por consiguiente, un tribunal que carece de jurisdicción 

únicamente tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 264 (2018). Véase, 

además, Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854, 

859-860 (2010); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

882 (2007). A tenor con lo anterior, les corresponde a los tribunales 

ser los guardianes de su jurisdicción, independientemente de que la 

cuestión haya sido planteada anteriormente o no. Dávila Pollock et 

al. v. R.F. Mortgage and Investment Corp., 182 DPR 86, 97 (2011). 

Véase, además, Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, supra, pág. 

859; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.

B. Perfeccionamiento del recurso de revisión 

El perfeccionamiento del recurso de revisión está regulado en 

la Parte VII del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 
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Específicamente, la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que:

Contenido del recurso de revisión

[...]

(C) Cuerpo 

(1) Todo recurso de revisión tendrá numeradas, en el orden aquí 

dispuesto, las partes siguientes: 

(a) En la comparecencia, el nombre de los recurrentes.

(b) Las citas de las disposiciones legales que establecen la 

jurisdicción y la competencia del Tribunal.

(c) Una referencia a la decisión, reglamento o providencia 

administrativa objeto del recurso de revisión, la cual incluirá el 

nombre y el número del caso administrativo, organismo o la 

agencia o funcionario o funcionaria que la dictó, la Región Judicial 

correspondiente, la fecha en que fue dictada y la fecha en que se 

archivó en autos copia de su notificación a las partes. También, 

una referencia a cualquier moción, resolución u orden mediante 

las cuales se haya interrumpido y reanudado el término para 

presentar el recurso de revisión. Además, se especificará cualquier 

otro recurso sobre el mismo caso o asunto que esté pendiente ante 

el Tribunal de Apelaciones o ante el Tribunal Supremo a la fecha 

de presentación.

(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales y de los 

hechos importantes y pertinentes del caso.

(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio de 

la parte recurrente cometió el organismo, agencia o funcionario 

recurrido o funcionaria recurrida.

(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo las 

disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables.

(g) La súplica.

[...]

(E) Apéndice

(1) El recurso de revisión incluirá un Apéndice que contendrá una 

copia literal de: 

(a) Las alegaciones de las partes ante la agencia, a saber, la 

solicitud original, la querella o la apelación y las contestaciones a 

las anteriores hechas por las demás partes. 

(b) En el caso de la impugnación de una regla o reglamento, si no 

hubiere un trámite previo ante el foro administrativo, dicha regla o 

reglamento constituirá la primera parte del Apéndice. 

(c) La orden, resolución o providencia administrativa objeto del 

recurso de revisión que se solicita, incluyendo las determinaciones 

de hechos y las conclusiones de derecho en que esté fundada, 

cuando procedieren. 

(d) Toda moción, resolución u orden necesaria para acreditar la 

interrupción y reanudación del término para presentar el recurso 

de revisión. 

(e) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de cualquiera 

de las partes que forme parte del expediente original 

administrativo, en los cuales se discuta expresamente cualquier 
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asunto planteado en el recurso de revisión o que sean relevantes a 

ésta. 

(f) Cualquier otro documento que forme parte del expediente 

original en la Agencia y que pueda ser útil al Tribunal de 

Apelaciones en la resolución de la controversia. 

(g) En caso de que en apoyo al recurso de revisión se haga 

referencia a una regla o reglamento, deberá incluirse en el Apéndice 

el texto de la regla o reglas, o la sección o secciones del reglamento 

que sea pertinente o pertinentes. 

(2) El tribunal podrá permitir, a petición del recurrente en el 

recurso, en moción o motu proprio, a la parte recurrente la 

presentación de los documentos a que se refiere el subinciso (1) 

con posterioridad a la fecha de presentación del recurso de 

revisión, dentro de un término de quince días contado a partir de 

la fecha de notificación de la resolución del tribunal que autoriza 

los documentos. 

La omisión de incluir los documentos del Apéndice no será causa 

de desestimación del recurso.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló en Morán v. Martí,

165 DPR 365, 366 (2005), la necesidad de discutir y fundamentar 

los errores que se imputan al foro de instancia. Allí explicó que el 

promovente del recurso tiene la obligación de poner en posición al 

foro apelativo de aquilatar y jurisprudenciar el error señalado. Así 

pues, nuestro máximo Foro reconoció que “solamente mediante un 

señalamiento de error y una discusión, fundamentada, con 

referencia a los hechos y a las fuentes de derecho en que se sustenta, 

podrá el foro apelativo estar en posición de atender los reclamos que 

le plantean”. Además, señaló como más importante que “el craso 

incumplimiento con estos requisitos impide que el recurso se 

perfeccione adecuadamente privando de jurisdicción al foro 

apelativo”. Íd. 

Así, toda la reglamentación aplicable a los diversos recursos 

apelativos requiere que el escrito contenga un señalamiento breve y 

conciso de los errores que a juicio del promovente cometió el foro 

recurrido. H. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de PR, Derecho 

Procesal Apelativo, Ed. LexisNexis de PR Inc., Hato Rey, PR, (2001),

pág. 294. El cumplimiento de esa exigencia es importante porque el 

tribunal apelativo está obligado a considerar solamente los errores 

que el promovente señaló específicamente. Íd. No obstante, esa 
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omisión no es fatal, si el litigante de facto alude de otro modo al error 

contenido y lo discute en su alegato. Íd. 

C. Incumplimiento con el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones

La Regla 83 (C), 4 LPRA Ap. XXII-B, del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones dispone que ese foro podrá motu proprio, en 

cualquier momento, desestimar un recurso porque: (1) no tiene 

jurisdicción; (2) se presentó fuera del término establecido en ley y 

sin justa causa; (3) no se presentó con diligencia o buena fe; (4) es 

frívolo y surge claramente la falta de una controversia sustancial;

(5) es académico.

Las partes deben observar rigurosamente las disposiciones 

reglamentarias para el perfeccionamiento de los recursos ante los 

foros apelativos. M-Care Coumpounding et al v. Dpto. de Salud, 186 

DPR 159-176 (2012); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 144 

(2008). Así pues, la aplicación flexible del reglamento solo procede 

en situaciones muy particulares, en las cuales tal flexibilidad está 

plenamente justificada. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reconoció que el reglamento debía aplicarse flexiblemente, cuando 

se incumple con un requisito de forma de menor importancia.

Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 130 (1998).

Asimismo, en Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico advirtió que “el hecho de que las 

partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que 

incumplan con las reglas procesales”. 

III.

En el caso ante nos, el recurso presentado por la parte 

recurrente no es revisable. La parte recurrente incumplió 

sustancialmente con los requisitos reglamentarios para su 

perfeccionamiento, necesarios para que podamos asumir 

jurisdicción y atenderlo. Es decir, la parte recurrente incumplió con 
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el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, al no incluir ni discutir 

los errores que imputa al foro administrativo. Tal omisión, 

imposibilita que podamos aquilatar de forma adecuada la 

determinación de ese foro.

Además, la parte recurrente omitió hacer referencia a la ley y 

la jurisprudencia aplicable en la que está fundamentada su solicitud 

de revisión. Tampoco incluyó una discusión basada en fundamentos 

de hecho y derecho cuestionando la decisión de la agencia. Por 

último, solo se incluyeron en el apéndice los documentos 

relacionados al recurrente Carlos E. Vargas Figueroa, pero se 

omitieron los de José E. Valle Cardona, Iván Jr. Orta Cuprill, José 

H. Echevarría Piña y Tomás Fernández Rodríguez; por lo que, 

estamos imposibilitados de atender su reclamación. 

En fin, la ausencia de señalamientos de error y de una 

discusión basada en fundamentos de hecho y de derecho, junto a la 

falta de documentos de los recurrentes, nos privan de jurisdicción 

para atender el recurso. Ahora bien, no podemos pasar por 

desapercibido que la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección instruyó a Carlos E. Vargas Figueroa

para que un familiar o persona de confianza de este se comunicara 

con el Departamento de Hacienda o accediera a SURI, porque es allí 

donde le indica si en efecto el desembolso fue realizado, si existe 

algún error, si requieren información adicional y/o cualquier otra 

alegación al respecto; en la alternativa, se le instruyó al recurrente 

a que su familiar se orientara con un CPA. Sostenemos que, en 

primer lugar, Carlos E. Vargas Figueroa debió cumplir con la 

instrucción brindada por la División de Remedios Administrativos y 

de haber cumplido con esta, el expediente está huérfano sobre el 

particular. 
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IV.

Por los fundamentos antes expuesto, se desestima el recurso 

de revisión judicial por falta de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solis

Secretaria del Tribunal de Apelaciones