Número Identificador

SEN2024_________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

YAIRELEE SANTIAGO 

MÉNDEZ

Recurrida

V.

OFERTAS AUTO PR 

CORP. 

Recurrente

KLRA202400223

REVISIÓN

ADMINISTRATIVA

procedente del 

Departamento de 

Asuntos del 

Consumidor (DACo)

Caso Núm.: PON2023-0004520 

Sobre: COMPRA 

VENTA DE 

VEHICULOS DE 

MOTOR

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, 27 de junio de 2024.

Comparece ante nos, Ofertas Autos PR Corp. (Ofertas Auto o 

recurrente) mediante una Petición de Revisión Judicial. Nos solicita 

la revocación de una Resolución emitida y notificada el 4 de abril de 

2024 por el Departamento de Asuntos del Consumidor, Oficina 

Regional de Ponce (DACo). Mediante el referido dictamen, el DACo 

declaró Ha Lugar la Querella presentada por la señora Yairelee 

Santiago Méndez (Santiago Méndez o recurrida) en contra de la parte 

recurrente. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida. 

I.

El 17 de agosto de 2023, la señora Santiago Méndez presentó 

una Querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor

contra Ofertas Autos PR Corp. (Ofertas Auto) y Popular Auto, LLC

(Popular Auto).

1 En ajustada síntesis, alegó que el 8 de julio de 2022 

1 Apéndice de la parte recurrente, págs. 1-6. 
KLRA202400223 2

compró un vehículo de motor Toyota modelo C-HR 2018 por la 

cantidad de $24,595.00. Indicó que adquirió la unidad vehicular 

mediante un acuerdo de financiación con el Banco Popular. No 

obstante, aseveró que el 12 de mayo de 2023 advino en conocimiento 

de que su vehículo no tenía piezas originales. Argumentó que no 

hubiera comprado dicho vehículo de conocer ese aspecto. Por lo 

anterior, solicitó el saldo del balance de financiación y la devolución 

del dinero depositado para la adquisición de la unidad vehicular. 

En respuesta, el 9 de octubre de 2023, Ofertas Auto sometió 

su Contestación a la Querella.

2 En esencia, adujo que en mayo de 

2023, la querellante solicitó que las piezas del vehículo fuesen 

reemplazadas. Mencionó, además, que ésta posteriormente acudió 

a la Unidad de Vehículos Hurtados donde inspeccionó su automóvil. 

Luego de dicho trámite, indicó que el 19 de mayo de 2023 suscribió 

el siguiente acuerdo:

Por este medio deseo informar que Ofertas Auto PR, 

mediante representación del Sr. Rionald Rivera Torres, 

se hace responsable del cambio de piezas del vehículo 

Toyota C-HR, 2018, tablilla IZ0-349, Serie 

NMTKMBX5JR052496, para completar el registro de las 

nuevas piezas.

Estando así conforme la Sra. Yairelee Méndez con el 

trámite de reasignar las piezas del vehículo.3

En vista de ello, señaló que la querellante formalizó libre y 

voluntariamente el precitado acuerdo. En otros extremos, levantó 

como defensas afirmativas la doctrina de actos propios y manos 

libres. Argumentó, a su vez, que la Querella presentada no justifica 

la concesión de remedios. 

Así las cosas, el 3 de noviembre de 2023, el DACo celebró una 

vista administrativa en la cual comparecieron la señora Santiago 

2 Apéndice de la parte recurrente, págs. 8-11. 

3 Apéndice de la parte recurrente, pág. 9 y 12. 
KLRA202400223 3

Méndez por derecho propio, Ofertas Auto y Popular Auto 

acompañados de sus representantes legales.

4 

Luego de evaluar la prueba admitida en evidencia, el 4 de abril 

de 2024, la agencia recurrida emitió una Resolución en la cual 

declaró Ha Lugar la Querella presentada en contra de las entidades 

recurrentes. Al respecto, formuló las siguientes determinaciones de 

hechos:

1. El 8 de julio de 2022 la querellante, Yairelee Santiago 

adquirió el vehículo de motor usado Toyota modelo CHR 

del año 2018 en Ofertas Auto PR Corp. en Ponce, Puerto 

Rico por la cantidad de $24,595.00 y entreg[ó] en “trade 

in” un vehículo que anteriormente había adquirido en 

este mismo dealer, marca Hyundai, Modelo Elantra del 

año 2017, por el cual obtuvo un crédito de $15,544.00, 

según surge de la orden de compra. 

2. La querellante indica que Ofertas Auto PR le aprobó 

la adquisición del vehículo por lo que ella procedió a 

probar el mismo e indicó que se sentía bien. 

3. La querellante firmó documentos de financiamiento, 

seguro, orden de compra y un documento que 

certificaba que el baúl no estaba funcionando ni las 

luces por el equipo de música y que aceptaba la guagua 

aún [sic] sabiendo esto. 

4. La querellante indica que, al momento de la compra 

del vehículo, la querellada Ofertas Auto PR, nunca le 

indicó que ese vehículo había sido chocado. 

5. Luego de diez (10) meses con el vehículo, para el 12 

de mayo de 2023, la querellante visitó un dealer en 

Caguas e intentó dar el vehículo en “trade in”. Es en ese 

dealer quien le indican a la querellante, que el vehículo 

tenía piezas que no le pertenecían. 

6. La querellante afirma que ese mismo día (12 de mayo 

de 2023) fue a Ponce y visitó el dealer Auto Ofertas PR 

para indicarle al vendedor Francisco Barrios y al Sr. 

Rionald Rivera que el vehículo contenía piezas que no le 

pertenecían

7. La querellante afirma que el Sr. Rionald Rivera 

verificó el vehículo y le notificó que todo en el vehículo 

estaba bien y en orden. Ante esto la querellante les 

solicitó una certificación a esos efectos, pero nunca le 

entregaron la misma.

8. La querellante afirma que el lunes próximo ella llamó 

al Sr. Rionald Rivera y este le indicó que no le podía dar 

4 Tal información surge de la relación de hechos contenida en el dictamen 

administrativo emitido el 4 de abril de 2024. Véase Apéndice de la parte 

recurrente, pág. 16
KLRA202400223 4

la certificación, porque no se trata de un vehículo que 

ella adquiriera en ese momento. 

9. Al no recibir la certificación, la querellante, procedió 

a obtener una cita en Vehículos Hurtados para poder 

verificar que en efecto todo se encontraba bien con el 

vehículo. 

10. La querellante siega que, en Vehículos Hurtados en 

Ponce, el agente Alvarado inspección[ó] el vehículo y le 

indicó que tenían que quedarse con el vehículo por que 

ten[í]a piezas mutiladas, que no eran del mismo y le 

pasó el caso al agente León. La querellante les indicó 

que ella desconocía sobre eso, que el vehículo había sido 

comprado en el dealer Oferta Auto PR Corp. y que nunca 

le indicaron que había sido chocada anteriormente; 

luego de esto el agente León llam[ó] al dealer. 

11. EI Sr. Rional Rivera, representante de la parte 

querellada indica que el oficial León de vehículos 

hurtados le indicó que tenían que cambiar las piezas 

para que la querellante pudiera reasignar las piezas en 

CESCO al ser la dueña del vehículo. 

12. El 19 de mayo de 2023 la querellante firmó 

documento en el dealer Ofertas Auto PR Corporación de 

que estaba de acuerdo en que se reasignaran las piezas 

del vehículo, autorizando al dealer a llevárselo para el 

cambio de piezas. El dealer le entregó un vehículo a la 

querellante para su uso, mientras llevaba el vehículo al 

taller para cambio de piezas y pintura para que luego se 

pudieran reasignar los números de las piezas del 

vehículo en CESCO. 

13.Luego que la parte querellada cambiara las piezas, 

la querellante reasignó ante CESCO las nuevas piezas.

14.La querellante indica que luego que se reasignaran 

las piezas, el dealer evaluaría tomar el vehículo en 

“trade in”, pero que nunca eso ocurrió.

15. La querellante alegó en la vista administrativa que 

luego de reasignar las piezas visit[ó] un dealer Toyota 

auscultando la posibilidad de dar el vehículo en “Trade 

in” e indica que solo le ofrecieron trece mil dólares 

($13,000.00) por el vehículo, según ella, por aparecer en 

sistema que había sido chochado anteriormente y por 

ser tanta la cantidad que todavía debía el vehículo. La 

querellante indica que nadie le quiere dar lo que debe. 

16. En la vista administrativa la parte co-querellada 

Popular Auto pidió la desestimación en su contra por 

no existir una reclamación en su contra en esta 

querella. Tanto la querellante, como la parte coquerellada Ofertas Auto PR Corp. estuvieron de acuerdo 

y no se opusieron. 

17. La solicitud de la querellante, según ésta sigue 

siendo la presentada al momento de la presentación de 

la querella. Es decir, solicitud de devolución del dinero 

pagado por la unidad y el saldo del balance de la unidad 
KLRA202400223 5

financiada por la Popular Auto, junto a todo lo que 

proceda en derecho.5

Así expuesto, el DACo concluyó que Ofertas Auto incumplió 

con su deber de informar a la parte recurrida la verdadera condición 

del vehículo. Ante tales hechos, resolvió que su consentimiento 

estuvo viciado al momento de la adquisición del automóvil. Por lo 

anterior, decretó la nulidad del contrato de compraventa, y en efecto, 

dispuso su resolución. Ordenó, también, la devolución del anterior 

vehículo objeto del arreglo trade in, y en caso de no tener tal unidad, 

regresar la cuantía correspondiente a su valor ($15,544.00). A su 

vez, requirió la devolución del pago de mensualidades depositadas a

favor de Popular Auto.

Inconforme con el dictamen agencial, el 1 de mayo de 2024, 

Ofertas Auto acudió ante nos mediante una Petición de Revisión 

Judicial. En su recurso, señala la comisión de los siguientes errores:

ERRÓ EL DACO AL CONCLUIR QUE LA 

RECURRENTE INCURRIÓ EN DOLO GRAVE QUE DA 

LUGAR A LA RESOLUCION DEL CONTRATO ENTRE 

LAS PARTES, YA QUE EL CONTRATO FUE 

CONFIRMADO POR LA RECURRIDA.

ERRÓ EL DACO AL DECLARAR HA LUGAR LA 

QUERELLA Y ORDENAR LA CANCELACIÓN DEL 

CONTRATO DE VENTA AL POR MENOR A PLAZOS 

CON POPULAR AUTO, LA DEVOLUCIÓN DEL 

VEHÍCULO ENTREGADO EN “TRADE IN”, O EL 

VALOR DE ESTE AL MOMENTO DE LA 

COMPRAVENTA, LA DEVOLUCIÓN DE LAS 

MENSUALIDADES PAGADAS POR LA RECURRIDA Y 

EL RELEVO DEL CONTRATO DE VENTA AL POR 

MENOR A PLAZOS.

El 6 de mayo de 2024, este Tribunal emitió una Resolución en 

la cual ordenó a la parte recurrida a presentar su posición dentro 

del término de veinte (20) días contados a partir de la notificación.

El 7 de mayo de 2024, la parte recurrente presentó una Certificación 

de Notificación. El 14 de mayo de 2024, la representación legal de la 

parte recurrente presentó una Moción Notificando Período de 

5 Apéndice de la parte recurrente, págs. 2-4.
KLRA202400223 6

Vacaciones. Así, transcurrido el término concedido a la parte 

recurrida sin que esta haya comparecido, pasamos a resolver. 

II.

A. Revisión judicial de las determinaciones administrativas

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según enmendada, (3 

LPRA sec. 9601 et seq.) (LPAU), se creó a los fines de uniformar los 

procedimientos administrativos ante las agencias. 

Consecuentemente, desde la aprobación del procedimiento provisto 

por la LPAU, los entes administrativos están precisados a conducir 

sus procesos de reglamentación, adjudicación y concesión de 

licencias y permisos de conformidad con los preceptos de este 

estatuto y el debido proceso de ley. López Rivera v. Adm. de 

Corrección, 174 DPR 247, 254-255 (2008).

La Sección 4.1 de la LPAU, dispone que las decisiones 

administrativas finales pueden ser revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones. (3 LPRA sec. 9671). La finalidad de esta disposición es 

delimitar la discreción de los organismos administrativos para 

asegurar que estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de 

forma razonable. Simpson y otros v. Consejo de Titulares y otros, 

2024 TSPR 64, 213 ___ (2024). Véase, además, Capó Cruz v. Jta. de 

Planificación et al., 204 DPR 581, 590-592 (2020); Empresas Ferrer, 

v. ARPe, 172 DPR 254, 264 (2007). Es decir, la revisión judicial 

permite a los tribunales garantizar que las agencias administrativas 

actúen dentro de los márgenes de las facultades que le fueron 

delegadas por ley. Capote Rivera y otros v. Voilí Voilá Corp. y otros, 

2024 TSPR 29, 213 DPR ___ (2024). A su vez, posibilita el poder 

constatar que los organismos administrativos “cumplan con los 

mandatos constitucionales que rigen el ejercicio de su función, 

especialmente con los requisitos del debido proceso de ley”. Íd. Así, 

la revisión judicial constituye el recurso exclusivo para revisar los 
KLRA202400223 7

méritos de una decisión administrativa sea esta de naturaleza 

adjudicativa o de naturaleza informal. Capote Rivera y otros v. Voilí 

Voilá Corp. y otros, supra; Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 

168 DPR 527 (2006). 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección, OCS v. CODEPOLA, 202 DPR 842, 852-853 (2019). Esto 

debido a que, mediante esta norma se reconoce el peritaje del que 

gozan los organismos administrativos en aquellas materias que le 

han sido delegadas por ley. OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 

(2012); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821

(2012).

Nuestro máximo Foro ha establecido que, al ejercer la revisión 

judicial los tribunales no pueden descartar de forma absoluta la 

determinación de una agencia, sino que primero tienen que 

examinar la totalidad del expediente y determinar si la 

interpretación de la agencia representó un ejercicio razonable de su 

discreción administrativa, así fundamentado en la pericia particular 

de esta, en consideraciones de política pública o en la apreciación 

de la prueba. Capote Rivera y otros v. Voilí Voilá Corp. y otros, supra; 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). 

Cónsono con lo anterior, la sección 4.5 de la LPAU establece 

que los tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de 

las agencias si están basadas en "evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo". (3 LPRA sec. 9675). Como vemos, la 

norma anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el 

Tribunal Supremo ha resuelto con igual firmeza que los tribunales 

no pueden extender un sello de corrección, so pretexto de 

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas 

irrazonables, ilegales, o simplemente, contrarias a derecho. Super 
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Asphalt v. AFI y otro 206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez 

v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 127 (2019). 

Sin embargo, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone 

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la 

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que 

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v.

Supte. Policía, 201 DPR 26, 36-37 (2018). Por ende, "los tribunales 

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia 

realice de aquellas leyes particulares que administra". Torres Rivera 

v. Policía de PR, 196 DPR 606, 627 (2016). Lo anterior responde a 

la vasta experiencia y conocimiento especializado que tienen las 

agencias sobre los asuntos que le son encomendados. González 

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).

Al revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que 

debe guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación, 

aunque ésta no tiene que ser la única o la más razonable. Vargas 

Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230, 237 (2017). Por lo tanto, 

al momento de examinar un dictamen administrativo se determina 

que: (1) la decisión administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley (3) el 

organismo administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer v. ARPe, supra, pág. 264.

En esta tarea, los foros judiciales analizarán los aspectos 

siguientes: (1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; 

(2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial, y (3) si las conclusiones de 

derecho fueron correctas. Asoc. Fcias v. Caribe Specially et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010). Mientras que, las determinaciones de hecho 
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se deben sostener si las mismas se basan en evidencia sustancial 

que surja de la totalidad del expediente administrativo, Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018), las 

determinaciones de derecho pueden ser revisadas en su totalidad. 

Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627. 

Si bien es cierto que la revisión judicial no equivale a la 

sustitución automática del criterio e interpretación del organismo 

administrativo, Rebollo v. Y Motors, 161 DPR 69, 77 (2004), los 

tribunales revisores descartarán el criterio de los entes 

administrativos cuando "no se pueda hallar fundamento racional 

que explique o justifique el dictamen administrativo". Rolón Martínez 

v. Supte. Policía, supra. Si la interpretación y la aplicación del 

derecho no es correcta, el foro apelativo está obligado a intervenir. 

JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). 

"En esas circunstancias, [el foro apelativo] cederá la deferencia que 

merecen las agencias en las aplicaciones e interpretaciones de las 

leyes y los reglamentos que administra". Super Asphalt Pavement, 

Corp. v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021). Véase, además, 

Capote Rivera y otros v. Voilí Voilá Corp. y otros, supra; Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, supra. 

B. Derecho de contratos

El contrato es el negocio jurídico biliteral por el cual dos o más 

partes expresan su consentimiento en la forma prevista por la ley, 

para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Artículo 1230 

del Código Civil (31 LPRA sec. 9751). Así, el Artículo 1232 del Código 

Civil establece que, “[e]s facultativo contratar o no hacerlo, y hacerlo, 

o no, con determinada persona. Estos derechos no pueden ejercerse 

abusivamente ni contra una disposición legal. Las partes pueden 

acordar cualquier cláusula que no sea contraria a la ley, a la moral 

o al orden público”. (31 LPRA sec. 9753). Lo acordado en los 

contratos tiene fuerza de ley entre las partes, ante sus sucesores y 
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ante terceros en la forma que dispone la ley. Artículo 1233 del 

Código Civil (31 LPRA sec. 9754). En adición, “cuando los términos 

de un contrato son claros y no crean ambigüedades, estos se 

aplicarán en atención al sentido literal que tengan”. Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado v. Unión de Médicos de la CFSE, 170 

DPR 443, 450 (2007). 

Así pues, el contrato queda perfeccionado desde que las partes 

manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa, salvo en 

los casos en que se requiere el cumplimiento de una formalidad 

solemne o cuando se pacta una condición suspensiva. Artículo 1237 

del Código Civil (31 LPRA sec. 9771). Según establece el Artículo 

1271 del Código Civil (31 LPRA sec. 9881), los tratos previos a la 

perfección del contrato deben desarrollarse conforme a la lealtad y 

la buena fe entre los probables contratantes. Así, se exige 

especialmente el deber de colaborar en la formación del contrato, 

obtener y proporcionar información de circunstancias de hecho y 

derechos relevantes, mantener la confidencialidad de la información 

recibida y conservar el bien que será objeto del contrato futuro. Íd. 

De otro lado, nuestro ordenamiento jurídico permite que los 

contratos puedan ser anulados. Así pues, la invalidez es una 

sanción legal que, mediante una decisión judicial, priva a un negocio 

jurídico de sus efectos propios por adolecer de un vicio originario, 

esencial e intrínseco al acto. Artículo 341 del Código Civil (31 LPRA 

sec. 6311). La invalidez puede invocarse por vía de acción o de 

defensa. Íd. A su vez, el Artículo 342 del Código Civil (31 LPRA sec. 

6312) establece que, 

[e]l negocio jurídico puede ser nulo o anulable. 

Es nulo:

(a) si el objeto, la causa o el consentimiento son inexistentes;

(b) si el objeto o la causa son ilícitos;

(c) si carece de las formalidades exigidas por la ley para su 

validez; o

(d) si es contrario a la ley imperativa, la moral o el orden 

público.
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Es anulable si el otorgante tiene incapacidad de obrar, si 

concurre algún vicio de la voluntad, o si el acto adolece de 

un defecto de forma no solemne. 

Asimismo, los vicios de la voluntad son el error, el dolo, la 

violencia y la intimidación. Artículo 285 del Código Civil (31 LPRA 

sec. 6191). En vista de ello, el negocio jurídico en el que medie un 

vicio de la voluntad es anulable si el vicio fue determinante para su 

otorgamiento. Artículo 286 del Código Civil (31 LPRA sec. 6192). 

Consecuentemente, el causante del dolo, la violencia o la 

intimidación queda sujeto a la indemnización de los daños y 

perjuicios resultantes. Íd. En el caso de error, la parte que lo invoca 

debe restituir los gastos incurridos por la parte que no incurrió en 

el error. Íd. La prueba de la existencia del vicio y de su carácter 

incumbe a quien lo alega. Íd.

A tales efectos, el dolo se entiende como un complejo de malas 

artes, contrario a la honestidad e idóneo para sorprender la buena 

fe ajena, generalmente para beneficio propio, en que viene a 

resumirse el estado de ánimo de aquel que no solo ha querido el 

acto, sino que, además, se ha previsto y querido las consecuencias 

antijuridicas provenientes de él. Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 

144 DPR 659, 666 (1997). El dolo grave es la acción u omisión 

intencional por la cual una parte o un tercero inducen a otra parte 

a otorgar un negocio jurídico que de otra manera no hubiera 

realizado. Artículo 292 del Código Civil (31 LPRA sec. 6211). El dolo 

grave es el que causa, motiva, sirve de ocasión y lleva a celebrar el 

contrato, de modo tal que, sin él, este no se hubiera otorgado. Colón 

v. Promo Motor Imports, Inc., supra. 

Mientras, el dolo incidental es aquel cuya existencia no 

produce la nulidad del contrato, sino que se limita a obligar al que 

lo empleó, a indemnizar el daño causado. Artículo 294 del Código 

Civil (31 LPRA sec. 6213). Ello es así, ya que este tipo de dolo no 

tiene una influencia decisiva en la esencial de la obligación. Colón v. 
KLRA202400223 12

Promo Motor Imports, Inc., supra. En el dolo incidental, contrario al 

dolo causante, existe la voluntad de contratar del perjudicado, pero 

hay engaño en el modo en que se celebra el contrato. Íd.

Los efectos contrapuestos de cada tipo de dolo son notables. 

Es decir, mientras que el dolo causante produce la nulidad del 

contrato, el incidental permite únicamente la indemnización por 

daños y perjuicios. Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra. Así 

pues, resulta menester señalar que los dos tipos de dolo vician el 

consentimiento en el origen o en la formación del contrato, esto es, 

en la etapa de la contratación. Íd. 

III.

En el recurso de epígrafe, la parte recurrente planteó que erró 

el DACo al concluir que incurrió en dolo grave que da lugar a la 

resolución del contrato entre las partes, ya que el contrato fue 

confirmado por la recurrida. Asimismo, sostuvo que incidió el DACo 

al declarar ha lugar la Querella y ordenar la cancelación del contrato 

de venta al por menor a plazos con Popular Auto, la devolución del 

vehículo entregado en “trade in”, o el valor de este al momento de la 

compraventa, la devolución de las mensualidades pagadas por la 

recurrida y el relevo del contrato de venta al por menor a plazos. 

De una revisión del expediente ante nos, específicamente de

las determinaciones de hechos de la Resolución recurrida surge que, 

en ningún momento la parte recurrente le indicó a la recurrida que 

el vehículo había sido chocado, ni que tenía piezas que no le 

pertenecían. La parte recurrente solo le informó sobre unos 

problemas con las luces y el baúl por causa del equipo de música. 

Consecuentemente, luego de transcurridos diez (10) meses de 

uso del vehículo la parte recurrida intentó dar el mismo en “trade 

in” en otro concesionario y es cuando adviene en conocimiento de 

que el vehículo que había comprado contenía piezas que no 

correspondían al mismo, por haber sido chocado. Acorde a ello, la 
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recurrida acudió a Auto Ofertas para indicarle al vendedor Francisco 

Barrios y a Rionald Rivera que el vehículo contenía piezas que no le 

pertenecían. Así las cosas, Rionald Rivera verificó el vehículo y le 

indicó que todo en el vehículo estaba bien y en orden. Por lo cual, la 

recurrida les solicitó una certificación a esos efectos, la cual nunca 

recibió.

Posteriormente, la recurrida acudió a la oficina de Vehículos 

Hurtados para verificar que en efecto todo se encontraba bien con el 

vehículo. Entretanto, en Vehículos Hurtados el agente Alvarado 

inspeccionó el vehículo y le indicó que tenían que quedarse con el 

vehículo por que tenía piezas mutiladas, que no eran del mismo y le 

pasó el caso al agente León. Luego, el agente León le indicó a Rionald 

Rivera que tenían que cambiarle las piezas al vehículo para que la 

recurrida pudiera reasignar las piezas en CESCO, al ser la dueña 

del vehículo. Ulteriormente, la recurrida autorizó a la recurrente a 

la corrección de las piezas a su costo. No obstante, decidió presentar 

la Querella ante el DACo; en la cual dejó claro que de haber sabido 

al momento de la compra que el vehículo había sido chocado no 

habría adquirido el mismo. 

Nuestro ordenamiento jurídico establece que, en el caso de la 

venta de un vehículo usado, cuando el vendedor le oculta al 

comprador que el vehículo fue impactado y reparado antes de la 

compra, se incumple una condición esencial para la venta válida de 

un vehículo de motor. Bosques Soto v. Echevarría, 162 DPR 830 

(2004). Por lo cual, la parte vendedora actúa de manera dolosamente 

grave viciando así el consentimiento del comprador, lo cual conlleva 

la nulidad del contrato. Íd. No debemos obviar que, el dolo grave es 

la acción u omisión intencional por la cual una parte o un tercero 

inducen a otra parte a otorgar un negocio jurídico que de otra 

manera no hubiera realizado. Artículo 292 del Código Civil, supra. 
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De conformidad con los hechos aquí reseñados, y acorde con

el marco jurídico enunciado, procede que confirmemos la 

determinación emitida por el DACo. Esto, pues la determinación del 

DACo de anular el contrato se sostiene de la prueba presentada y 

está correctamente aplicada al derecho vigente. 

Indiscutiblemente, el dolo que permea en la controversia ante 

nos es el dolo grave, pues la parte recurrida enfatizó que de haber 

sabido al momento de la compra que el vehículo había sido chocado 

no habría adquirido el mismo. Finalmente, reiteramos que el DACo 

decretó correctamente la resolución del contrato de compraventa del 

vehículo en controversia. La parte recurrente incumplió con su 

deber de informar a la parte recurrida la verdadera condición del 

vehículo al momento de pactarse la compraventa. 

IV.

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos el dictamen 

administrativo recurrido. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones