Número Identificador

SEN2023 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

REVERSE MORTGAGE 

SOLUTIONS, INC. 

Recurrida

v.

MANUEL SANTIAGO, ET AL.

Peticionarios

KLCE202201123

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Mayagüez 

Civil número:

MZ2018CV00456

Sobre:

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca

Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla Ortiz, el Juez Pagán 

Ocasio y el Juez Monge Gómez.

1

Monge Gómez, Juez Ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

Comparecen ante este Tribunal la parte peticionaria, Manuel 

Santiago López, Magda Cintrón Acosta y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (en adelante, “Santiago-Cintrón” o los 

“Peticionarios”) mediante recurso de Certiorari y nos solicitan la revocación 

de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Mayagüez, el 5 de septiembre de 2022, notificada el 8 del mismo mes y 

año, mediante la cual denegó una solicitud de reconsideración de la 

Resolución de 12 de julio de 2022, notificada y archivada en autos el 14 de 

julio de 2022. Mediante esta última, se declaró No Ha Lugar la “Solicitud 

de Vista Evidenciaria y Oposición a Solicitud de Anotación de 

Rebeldía” y se le anotó la rebeldía a los Peticionarios. 

Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración y a la 

luz de los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el 

recurso de Certiorari y se revoca la Resolución recurrida.

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-001 se designó al Hon. José Johel Monge 

Gómez en sustitución de la Hon. Olga E. Birriel Cardona para entender en los méritos de 

los recursos de epígrafe.
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I.

El 21 de noviembre de 2018, Reverse Mortgage Solutions, Inc. (en 

adelante, “RMS” o la “Recurrida”) presentó Demanda contra los 

Peticionarios sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca revertida, 

también conocido como reverse mortgage. 

Luego de acreditar el diligenciamiento de los emplazamientos 

expedidos por el TPI a nombre de los Peticionarios, el 16 de mayo de 2019, 

la Recurrida presentó “Moción Solicitando Sentencia en Rebeldía”. Sin 

someterse a la jurisdicción, el 28 de mayo de 2019, los Peticionarios 

presentaron “Moción para Asumir Representación Legal y Prórroga 

para Presentar Defensas”, mediante la cual solicitaron que se les

concedieran dos (2) días para presentar defensas y solicitar los remedios 

que en derecho procedieran. Así las cosas, el 18 de junio de 2019, 

nuevamente sin someterse a la jurisdicción, los Peticionarios presentaron 

“Moción de Desestimación bajo la Regla 10.2 y Otros Fundamentos”. 

En ella, se alegó –entre otras cosas– que la Demanda deja de exponer una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio, ya que RMS no 

cumplió con el requisito de obtener la aprobación del Secretario del 

Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 

(en adelante, “HUD”), requerida por la reglamentación federal antes de la 

presentación de la Demanda.

2

Igualmente, sostuvieron que el TPI no 

adquirió jurisdicción sobre sus personas, por insuficiencia en sus 

emplazamientos, en cuanto a la notificación del término para contestar la 

Demanda. 

Así las cosas, el foro de instancia emitió Resolución el 8 de 

noviembre de 2019, notificada el mismo día, mediante la cual declaró Ha 

Lugar la moción asumiendo representación legal y concediendo la 

prórroga. En esa misma fecha, emitió Orden en la que le concedió diez (10) 

días a la Recurrida para que se expresara su posición en cuanto a la 

2 Véase, 12 USC sec. 1715z-20 y 24 CFR sec. 206.1. 
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moción de desestimación presentada el 18 de junio de 2019. El 13 de 

noviembre de 2019, RMS presentó su oposición y adujo que había 

cumplido con obtener la autorización requerida a través de un contratista 

autorizado por el HUD. Cabe destacar que, el 4 de diciembre de 2019, los 

Peticionarios solicitaron que la moción de desestimación presentada se 

considerara como una solicitud de sentencia sumaria y se señalara una 

vista argumentativa para discutir los méritos de su solicitud de 

desestimación. Como consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió Resolución el 18 de diciembre de 2019, en la cual ordenó la 

paralización del caso hasta resolver las mociones.

De conformidad con lo anterior, el foro primario emitió dos 

Resoluciones el 29 de enero de 2020, ambas notificadas el 13 de febrero 

de 2020. En la primera, denegó acoger la moción de desestimación como 

una solicitud de sentencia sumaria. Mientras que, en la segunda, declaró 

No Ha Lugar la solicitud de desestimación de Santiago-Cintrón. Entendió 

el foro recurrido que el hecho de que el término dispuesto en los 

emplazamientos diligenciados estuviera incorrecto, producía el efecto de 

tornarlos insuficientes. En lo relacionado al planteamiento sobre la 

autorización requerida por HUD, el tribunal de instancia entendió que 

debido a que la Recurrida presentó en su oposición una carta de 

autorización, tampoco procedía la desestimación del caso por dicho 

fundamento. Por lo tanto, le concedió a los Peticionarios un término de 

veinte (20) días para contestar la Demanda.

Insatisfecho, Santiago-Cintrón presentó “Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de hechos y Derecho 

Adicionales” el 28 de febrero de 2020, en la que reiteró la omisión de RMS 

de no incluir los documentos que evidenciaran la notificación al HUD. Esta 

moción fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución del 3 de marzo de 

2020. 

Por su parte, el 25 de marzo de 2020, RMS presentó “Moción 

Solicitando Suspensión de los Procedimientos en Cumplimiento con 
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Regulaciones Federales” basada en el estado de emergencia decretado 

por la pandemia del COVID-19. El foro primario, mediante Resolución

emitida el 20 de abril de 2020, notificada el 27 de mismo mes y año, 

concedió la paralización y mediante Orden de igual fecha indicó que 

la misma sería efectiva hasta el 18 de junio de 2020. 

Así las cosas, el 15 de julio de 2020, Santiago-Cintrón presentó un 

primer recurso de Certiorari ante esta Curia. Como consecuencia, el 19 de 

octubre de 2020, un panel hermano de este Tribunal emitió Sentencia, en 

el recurso con el alfanumérico KLCE2020000510.3 Determinaron que le 

correspondía a la Recurrida alegar en su Demanda que contaba con la 

previa autorización del HUD para incoar la misma y que el haber 

presentado en la oposición a la desestimación una aprobación del servicer

NOVAD Management Consulting, contratista autorizado por HUD, no 

satisfacía el requisito de haber obtenido la aprobación de HUD antes del 

comienzo de la Demanda. Por otra parte, establecieron que la legislación y 

reglamentación federal, además de la escritura de hipoteca revertida, 

requieren que se le conceda al deudor un término de treinta (30) días para 

subsanar cualquier violación a los términos y condiciones del préstamo, lo 

cual tampoco ocurrió en el presente caso.

Sobre el particular, el panel hermano expresó que, en la oposición a 

la moción de desestimación, RMS alegó haber enviado una carta que fue 

recogida el 30 de octubre de 2018 en San Juan, Puerto Rico. Sin embargo, 

Santiago-Cintrón alegó no recibir dicha misiva ya que la propiedad 

residencial hipotecada y donde residían ubica en el Municipio de Cabo 

Rojo. El Foro Apelativo sostuvo que, aunque se partiera de la premisa de 

que la carta, en efecto, había sido recibida, la Demanda fue presentada 

antes de que ello ocurriera. Incluso, fue presentada antes de que culminara

el término de treinta (30) días que se le debe conceder a la parte deudora 

3 El 18 de diciembre de 2020, el Tribunal de Apelaciones notificó el Mandato de la 

mencionada Sentencia. El mismo fue recibido por el Tribunal de Primera Instancia el 23 

de diciembre de 2020. Véase, Ap. de los Peticionarios, a la pág. 80.
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para subsanar las faltas, conforme dispone la legislación y reglamentación 

federal.

Por lo tanto, y a tono con dichas expresiones, el panel hermano 

determinó que el foro de instancia debió concederle a los Peticionarios la 

oportunidad de refutar las alegaciones y los documentos presentados 

tardíamente por RMS. Igualmente, establecieron que los Peticionarios 

habían sido correctamente emplazados, por lo que se había adquirido 

jurisdicción sobre su persona. Siendo ello así, ordenó: 

[...] al foro primario que acoja la solicitud de la parte 

peticionaria y permita la presentación de una solicitud de 

sentencia sumaria [...] o, en su defecto, ordene la celebración 

de una vista evidenciaria en la que Reverse Mortgage 

acredite su cumplimiento con los requisitos exigidos por la ley 

y la reglamentación federales, así como por la escritura de 

hipoteca objeto de este pleito.4

El 18 de diciembre de 2020, el Tribunal de Apelaciones notificó el 

Mandato de la mencionada Sentencia. El mismo fue recibido por el Tribunal 

de Primera Instancia el 23 de diciembre de 2020. Sin embargo, el caso no 

tuvo movimiento por espacio de diez (10) meses, cuando la entonces 

abogada de la Recurrida presentó “Moción Renunciando a la 

Representación Legal” el 29 de octubre de 2021. El 4 de noviembre de 

2021, el Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución, en la cual ordenó 

a RMS a que: (1) anunciara su nueva representación legal en o antes del 

22 de noviembre de 2021, (2) que, no más tarde del 1 de diciembre de 

2021, notificara a los Peticionarios la prueba que tuvieren en su posesión

que evidenciare el cumplimiento con la ley y reglamentación federal, y (3) 

que antes del 28 de diciembre de 2021 propusiera tres (3) fechas para la 

celebración de una vista evidenciaria. Sin embargo, estas Órdenes no 

fueron cumplidas por la Recurrida en las fechas establecidas por el TPI, 

sino que fue el 28 de diciembre de 2021, que RMS sometió moción en 

cumplimiento con lo ordenado. 

4 Véase Ap. de los Peticionarios, Ap. a las págs. 77-78.
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Así las cosas, el foro recurrido emitió Resolución el 9 de enero de 

2022, notificada el 14 de mismo mes y año, en la que les concedió un 

término de veinte (20) días a las partes para presentar el Informe para el 

Manejo del Caso. Ahora bien, en esa misma fecha, el foro primario emitió 

Orden mediante la cual sostuvo que se percataron que el Mandato del 

Tribunal de Apelaciones no había sido acatado. Por lo que, en sustitución 

de la Resolución antes indicada, autorizaron la presentación de la solicitud 

de sentencia sumaria por Santiago-Cintrón, concediendo veinte (20) días 

para su cumplimiento. Los Peticionarios solicitaron prórroga, la cual fue 

conocida hasta el 28 de febrero de 2022.

5

Pese a lo anterior, el tribunal de instancia emitió Orden el 22 de 

febrero de 2022, notificada el 25 de mismo mes y año, mediante la cual 

suspendió todo procedimiento ulterior hasta que RMS presentara 

fianza de no residente, al amparo de la Regla 69.5 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.5.

6

 Por tanto, lo anterior significó que el 

plazo concedido a los Peticionarios para presentar la moción de 

sentencia sumaria quedó igualmente suspendido. A tales efectos, y 

luego de cumplida dicha Orden, el foro recurrido emitió Resolución el 10 de 

junio de 2022, notificada el 14 de mismo mes y año, donde ordenó la 

continuación de los procedimientos y, nuevamente, concedió veinte (20) 

días a los Peticionarios para presentar la solicitud de sentencia sumaria. 

En la Resolución, se incluyó que dicho término vencía el 1 de julio de 2022.7

El 11 de julio de 2022, RMS presentó Moción Informativa mediante 

la cual solicitó la anotación de rebeldía en contra de los Peticionarios. El 

mismo día, Santiago-Cintrón presentó “Solicitud de Vista Evidenciaria y 

Oposición a Solicitud de Anotación de Rebeldía”. Amparada en el 

principio de economía procesal que dispone la Regla 1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1, solicitó al tribunal de instancia que se les 

5

 Véase, Resolución emitida el 14 de febrero de 2022, notificada el 16 de mismo mes y 

año, Ap. de los Peticionarios a la pág. 149.

6 Véase, Orden emitida el 22 de febrero de 2022, notificada el 25 de mismo mes y año, 

Ap. de los Peticionarios a la pág. 150.

7 Véase, Resolución emitida el 10 de junio de 2022, notificada el 14 de junio de 2022, Ap. 

de los Peticionarios a la pág. 154A. 
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relevara de presentar la solicitud de sentencia sumaria y que, en sustitución 

de ello, permitiera la celebración de una vista evidenciaria. Ello 

fundamentado en que, a juicio de los Peticionarios, tomaría más tiempo 

obtener una determinación final y firme bajo el mecanismo de sentencia 

sumaria. De hecho, sostuvieron que la prueba utilizada para resolver la 

sentencia sumaria de igual manera podría requerir la celebración de vista 

evidenciaria, por lo que era su intención evitar la duplicidad en el proceso.

En respuesta a ello, el foro primario emitió Resolución el 12 de julio 

de 2022, notificada el 14 de mismo mes y año, en la que declaró No Ha 

Lugar la petición de celebración de vista evidenciaria y les anotó a los 

Peticionarios la rebeldía solicitada por RMS. Concluyó que SantiagoCintrón incumplió, “nuevamente”, con las órdenes del Tribunal, ya que no 

presentó su solicitud de sentencia sumaria en el plazo concedido. 

Igualmente, añadió que los Peticionaros habían incumplido e ignorado 

Órdenes previas de dicho Foro, como la omisión de presentar la

Contestación a la Demanda. 

Por consiguiente, Santiago-Cintrón presentó moción de 

reconsideración el 29 de julio de 2022, a lo cual se opuso la Recurrida. El 

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de 

reconsideración el 5 de septiembre de 2022, notificada el 8 de septiembre 

de 2022. En síntesis, fundamentó su denegatoria en que los Peticionarios 

no cumplieron con la orden de presentar la solicitud de sentencia sumaria, 

luego de extendido el término inicial para ello. Así mismo, sostuvo que no 

habían contestado la Demanda luego de que el Tribunal de Apelaciones 

inicialmente concluyó que el emplazamiento fue diligenciado de manera 

correcta, por lo cual habían adquirido jurisdicción sobre su persona. 

Inconforme con dicha determinación, los Peticionarios recurren ante 

nos mediante recurso de Certiorari y formulan el siguiente señalamiento de 

error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, Hon. Maura Santiago Ducós, al anotarle la 

rebeldía a los codemandados aquí peticionarios a pesar de 

que los codemandados han sido muy activos defendiendo su 
KLCE202201123 8

causa, no existía orden para contestar la demanda sino que 

más bien existían órdenes paralizando los procedimientos 

hasta que se resolviera la controversia de la moción 

dispositiva cónsono con el Mandato del Tribunal de 

Apelaciones en el caso KLCE202000510, lo cual no ha 

ocurrido, por lo que en este caso no concurre los criterios para 

anotarle la rebeldía.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver. 

II.

A. Recurso de Certiorari

Es norma reiterada que el auto de certiorari es el vehículo procesal 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior. 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 

174 (2020); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999). Así 

pues, distinto a los recursos de apelación, el tribunal apelativo tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. Es decir, 

descansa en la sana discreción del foro revisor el expedir o no el auto 

solicitado.

Todo recurso de certiorari presentado ante nos debe ser examinado 

primeramente bajo el palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, y luego evaluar los criterios que guían nuestra 

discreción para expedir el auto o denegarlo, conforme se dispone en la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. 

Dentro de los asuntos que establece la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, que podremos expedir se encuentra la anotación de rebeldía. 800 

Ponce de León v. AIG, supra, pág. 175. 

B. Anotación de rebeldía

Es obligación de toda parte contra la cual se presenta una demanda 

de notificar su contestación dentro de treinta (30) días de haber sido 

emplazado conforme a derecho. Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 10. No obstante, la precitada Regla también establece 

que “[l]a notificación de una moción permitida por estas reglas o bajo la 

Regla 36, altera los términos arriba prescritos [...], a menos que por orden 
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del tribunal se fije un término distinto [...]”. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.1 

(énfasis nuestro). 

A pesar de ello, las Reglas de Procedimiento Civil establecen que 

procede la anotación de rebeldía “[c]uando una parte contra la cual se 

solicite una sentencia que concede un remedio afirmativo haya dejado de 

presentar alegaciones o de defenderse en otra forma, según se dispone 

en estas reglas”. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

45.1. Este remedio puede ser utilizado tanto en las instancias 

mencionadas, como en aquéllas en que una de las partes en el pleito no 

ha cumplido con algún mandato del tribunal, que conlleva la obligación del 

foro judicial a imponerle la rebeldía como sanción. Ocasio v. Kelly Servs., 

163 D.P.R. 653, 670 (2005). A pesar de ello, la anotación de rebeldía “como

sanción por su incumplimiento con una orden del tribunal siempre se debe 

dar dentro del marco de lo que es justo, y la ausencia de tal justicia 

equivaldría a un abuso de discreción”. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 590 (2011). 

Se ha resuelto que la consecuencia jurídica de anotar la rebeldía a 

una parte en un pleito será tener como aceptadas cada una de las 

alegaciones bien formuladas que hubieran sido incluidas en la demanda. 

Vélez v. Boy Scouts of America, 145 D.P.R. 528, 534 (1998). Ahora bien, 

en el descargue de sus funciones, el Tribunal de Primera Instancia está en 

la obligación de comprobar cualquier aseveración esgrimida mediante la 

aportación de prueba que demuestra lo alegado. Hernández v. Espinosa, 

145 D.P.R. 248, 272 (1998). “[S]i un tribunal necesita, para poder dictar 

sentencia en rebeldía, comprobar la veracidad de cualquier alegación o 

hacer una investigación sobre cualquier otro asunto, deberá celebrar las 

vistas que estime necesarias y adecuadas.” Ocasio v. Kelly Servs., supra, 

pág. 671.

En armonía con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado 

que en el ámbito de la adjudicación de un pleito en rebeldía los foros 

judiciales no pueden actuar como meros autómatas. Íd., págs. 671-672. Es 
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decir, “un trámite en rebeldía no garantiza per se, una sentencia favorable 

al demandante; el demandado no admite hechos incorrectamente alegados 

como tampoco conclusiones de derecho”. Continental Ins. Co. v. Isleta 

Marina, 106 D.P.R. 809, 817 (1978). Nótese que el objetivo de este

mecanismo procesal no es conferirle una ventaja al demandante para 

obtener una sentencia a su favor, sino que lo que se persigue es estimular 

la tramitación ágil y efectiva de los pleitos ante los tribunales. J.R.T. v. Missy 

Mfg. Corp., 99 D.P.R. 805, 811 (1971). 

Por este motivo, un tribunal, al momento de resolver una solicitud de 

anotación de rebeldía, debe interpretar la Regla 45 de Procedimiento Civil, 

supra, de forma liberal, lo que significa que debe siempre resolver 

cualquier duda a favor de la parte que se opone a la concesión de la 

rebeldía. Esto es cónsono con la política judicial que prefiere que los 

casos se vean en sus méritos. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut 

Corp., 120 D.P.R. 283, 293 (1988); Imp. Vilca, Inc v. Hogares Crea, Inc.,

118 D.P.R. 679, 686 (1987). 

La Regla 45.3 de Procedimiento Civil dispone la facultad para dejar 

sin efecto una anotación de rebeldía. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.3. La misma 

señala que “[e]l tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía 

por causa justificada, y cuando se haya dictado sentencia en rebeldía, 

podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2. Íd. Nuestro 

más Alto Foro ha reconocido que la parte que alegue causa justificada 

puede: (1) presentar evidencia de circunstancias que a juicio del tribunal 

demuestren justa causa para la dilación, o (2) probar que tiene una buena 

defensa en sus méritos y que el grado de perjuicio que se puede 

ocasionar a la otra parte con relación al proceso es razonablemente 

mínimo. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593 

(2011). 

III.
KLCE202201123 11

En el presente caso, debemos revisar la anotación de rebeldía a los 

Peticionarios por un primer y único incumplimiento con una Orden

emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

Según se desprende de los hechos del caso, la Demanda fue 

presentada el 21 de noviembre de 2018 y los Peticionarios, sin someterse 

a la jurisdicción, el 18 de junio de 2019, presentaron la moción de 

desestimación, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2. No fue hasta casi 5 meses más tarde, a saber, el 

8 de noviembre de 2019, que el foro primario le concedió un término de 

diez (10) días a RMS para que se expresara sobre la moción de 

desestimación y así lo hizo oportunamente. No obstante lo anterior, el 4 de 

diciembre de 2019, Santiago-Cintrón solicitó al foro de instancia que 

acogieran dicha moción como una de sentencia sumaria. 

El 18 de diciembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia optó 

por ordenar la primera paralización del caso, con el objetivo de resolver 

las mociones antes mencionadas. En consecuencia, emitió dos 

Resoluciones el 29 de enero de 2020, ambas notificadas el 13 de febrero 

de 2020. En ellas, denegó acoger la moción de desestimación como una 

de sentencia sumaria y declaró No Ha Lugar la moción de desestimación. 

En vista de ello, le concedió por primera y única instancia a los 

Peticionarios un término de veinte (20) días para presentar la 

Contestación a la Demanda. 

Inconforme con las determinaciones del foro de instancia, SantiagoCintrón presentó reconsideración el 28 de febrero de 2020, la cual fue 

declarada No Ha Lugar mediante Resolución emitida el 3 de marzo de 

2020, notificada el 9 de marzo de 2020. 

Antes de que venciera el término que tenían los Peticionarios para 

presentar Contestación a la Demanda, RMS solicitó la suspensión de los 

procedimientos basado en el estado de emergencia suscitado a 

consecuencia de la pandemia del COVID-19, conforme las 

regulaciones federales. El tribunal de instancia concedió la 
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paralización hasta el 18 de junio de 2020, mediante Orden emitida el 

20 de abril de 2020, notificada el 27 de mismo mes y año. El expediente 

del TPI refleja que nada ocurrió entre que se solicitara la suspensión de los 

procedimientos y el decreto de paralización del foro recurrido. Así pues, es 

evidente que dicha realidad resultó en la segunda paralización del 

caso de autos y, por consiguiente, la Contestación a la Demanda no 

podía ser presentada. 

Cabe destacar que, el 15 de julio de 2020, se presentó el primer 

recurso de Certiorari en el Tribunal de Apelaciones sobre la denegatoria de 

la solicitud de desestimación de la Demanda. De conformidad con lo 

esbozado anteriormente, un panel hermano de esta Curia revocó dicha 

determinación por lo que, en su Mandato, estableció el curso a seguir. 

Entiéndase, concederles a los Peticionarios un término para que 

presentaran la solicitud de sentencia sumaria o que se celebrara una vista 

evidenciaria para que la Recurrida pudiera evidenciar el cumplimiento de la 

notificación a Santiago-Cintrón y el haber adquirido la aprobación del HUD 

antes de presentada la Demanda. 

Ahora bien, sabido es que la Regla 35(A)(1) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 35(A)(1), establece que la 

presentación de un recurso de certiorari no suspende los procedimientos 

en primera instancia, salvo orden específica en contrario expedida por este 

Tribunal. Sin embargo, la controversia del caso obligaba a este Tribunal a 

entrar en los méritos de la moción de desestimación, toda vez que la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, no nos concede discreción para 

determinar si evaluar o no procedencia de la denegatoria de una moción 

dispositiva. Por consiguiente, hubiese sido irrazonable requerirle a los 

Peticionarios que presentaran su Contestación a Demanda cuando ello 

pudiera ser contrario al dictamen del panel hermano en el caso núm. 

KLCE2020000510, el cual, bien hubiera podido conllevar la terminación del 

caso en sus méritos. 
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Tan es así que, desde la presentación del recurso de certiorari ante 

este Tribunal, el caso no tuvo ningún movimiento ante el foro a quo. No fue 

sino hasta que el Mandato de este Tribunal fue recibido por el TPI el 23 de 

diciembre de 2020 que los autos del foro recurrido reflejan alguna entrada 

en el expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC). Así las cosas, y luego de once (11) 

meses de recibido el Mandato, el TPI emitió Resolución el 4 de noviembre 

de 2021, notificada el 9 del mismo mes y año. En ella, le requirió a RMS a

cumplir con tres asuntos. El primero requería que anunciara su nueva 

representación, para lo cual tenía hasta el 22 de noviembre de 2021. En el

segundo, se le concedió hasta el 1 de diciembre de 2021 para notificarle a 

Santiago-Cintrón la prueba que evidenciare el cumplimiento de la 

notificación a éstos. Por último, tenían hasta el 28 de diciembre de 2021 

para proponer tres (3) fechas para la celebración de una vista evidenciaria. 

La Recurrida presentó “Moción en Cumplimiento de Orden” el 28 

de diciembre de 2021. Es decir, incumplió con la primera Orden por 36 días 

y la segunda orden por 27 días, luego del vencimiento al segundo plazo 

concedido por el TPI. A pesar de ello, RMS no fue sancionada. No obstante 

lo anterior, el foro de instancia emitió otra Orden, en la que reconoció que 

el Mandato todavía no había sido acatado y por tanto, le concedió a los 

Peticionarios un término de veinte (20) días para presentar la moción de 

sentencia sumaria. Posteriormente, los Peticionarios presentaron solicitud 

de prórroga que fue concedida mediante Resolución de 14 de febrero de 

2022. La referida prórroga fue concedida hasta el 28 de febrero de 

2022. 

El 22 de febrero de 2022, notificada el 25 del mismo mes y año, 

el TPI volvió a paralizar los procedimientos, debido a que se percató 

que la Recurrida no era residente de Puerto Rico y, por tanto, requirió 

la prestación de la fianza de no residente, al amparo de la Regla 69.5 

de Procedimiento Civil, supra. Presentada la fianza, el 14 de junio de 

2022, el foro de instancia emitió Resolución, en la que dispuso lo siguiente: 
KLCE202201123 14

“[...] Tiene la parte demandada un término de 20 días para presentar la 

Moción de Sentencia Sumaria que se le autorizó presentar, cuyo término 

vence el 1 de julio de 2022”. Ahora bien, dicha Resolución fue notificada el 

14 de junio de 2022, por tal razón, el término de veinte (20) días concluía 

el 4 de julio de 2022, que al ser un día feriado, debía presentarse el próximo 

día laborable, a saber: el 5 de julio de 2022. 

Tomando en cuenta lo anterior, surge del recurso y de los autos del 

TPI que el 11 de julio de 2022, entiéndase, seis (6) días luego de vencido 

el término para presentar la solicitud de sentencia sumaria, RSM solicitó la 

anotación y sentencia en rebeldía contra los Peticionarios. En igual fecha, 

Santiago-Cintrón presentó “Solicitud de Vista Evidenciaria y Oposición 

a Solicitud de Anotación en Rebeldía”. Sostuvieron que, por economía 

procesal, el debido proceso de ley y por los intereses de la justicia, sería 

más efectiva la celebración de una vista evidenciaria que la presentación 

de la solicitud de sentencia sumaria. Entendían los Peticionarios que una 

determinación a esos efectos en los casos de ejecución de hipoteca 

revertida podría demorar más de un año. Añadieron que la prueba a ser 

utilizada para resolver la solicitud de sentencia sumaria, igualmente, podría 

requerir una vista evidenciaria, lo cual los regresaría a dicha solicitud. Por 

último, insistieron en que la anotación de rebeldía procede en casos en que 

no surja la intención clara por parte de los Peticionarios de defenderse, lo 

cual es opuesto en el presente caso. 

A pesar de lo anterior, el foro primario les anotó la rebeldía y 

mediante Resolución emitida el 12 de julio de 2022, notificada el 14 de 

mismo mes y año, erradamente hizo énfasis en que los Peticionarios 

habían incumplido e ignorado varias órdenes del tribunal en distintas

ocasiones. En desacuerdo con dicho proceder, Santiago-Cintrón presentó 

“Moción de Reconsideración de Anotación de Rebeldía” el 29 de julio 

de 2022. Enfatizaron en que, salvo la última moción que no presentaron, 

estos “nunca han incumplido ninguna orden del Tribunal”, por lo que “no 

existe indiligencia crasa ni reiterados incumplimientos como expresara este 
KLCE202201123 15

Honorable Tribunal”.8(énfasis en el original). Además, indicaron que éstos 

no están obligados a presentar la Contestación a la Demanda, toda vez 

que hay un asunto que pondría fin al pleito y ello no se había resuelto, a 

saber, la moción de desestimación. RMS presentó su oposición el 18 de 

agosto de 2022 y arguyó que a los Peticionarios no les interesaba cumplir 

con la orden del Tribunal. Consecuentemente, el TPI emitió Resolución del 

5 de septiembre de 2022, notificada el 8 de mismo mes y año, en la que 

declaró No Ha Lugar la reconsideración. 

Aunque nuestro ordenamiento jurídico establece que el tribunal 

puede anotar la rebeldía cuando una parte deja de cumplir una orden, 

nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que esta sanción debe ser justa 

y su ausencia equivaldría a un abuso de discreción. Rivera Figuera v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 590 (2011) (énfasis nuestro). Como 

se desprende del recuento de hechos, la primera y única Orden que no 

cumplieron los Peticionarios fue presentar la moción en solicitud de 

sentencia sumaria. Nótese que el trámite ante el TPI se ha visto matizado 

por varias paralizaciones de los procedimientos y la presentación de 

recurso de certiorari, bajo el alfanumérico KLCE2020000510. 

El examen del expediente de SUMAC refleja que el único 

incumplimiento material de los Peticionarios fue de tan solo seis (6) días, 

cuando solicitaron que se señalara una vista evidenciaria, pues entendían 

que ello propiciaba una adjudicación rápida en los méritos de la 

controversia relacionada con la autorización adecuada de HUD que debió 

obtener la Recurrida antes de incoar la Demanda en el presente caso. 

Notamos que dicha solicitud, si bien no se ajustaba a lo ordenado por el 

Tribunal, no era irrazonable. Los Peticionarios lo único que buscaban era 

una solución justa, rápida y económica. Ello, lejos de constituir desidia o 

dejadez, se atempera a la máxima que rige en todos los procedimientos 

que se conducen ante los tribunales del País. Si a ello se le suma el hecho 

8 Véase, “Moción de Reconsideración de Anotación de Rebeldía”, Ap. de los 

Peticionarios, Ap. pág. 173-182. 
KLCE202201123 16

de que RMS no sufrió ninguna consecuencia a raíz de sus propios 

incumplimientos, entendemos que la anotación de la rebeldía en contra de 

los Peticionarios no fue justa ni razonable. 

Conforme hemos adelantado, las Reglas de Procedimiento Civil 

proveen para dejar sin efecto una anotación de rebeldía. Regla 45.3 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.3. Para ello, se requiere 

causa justificada y que quien lo alegue debe así evidenciarlo. En el 

presente caso, los Peticionarios indicaron que, luego de evaluados los 

documentos entregados por RMS, fundamentándose en la economía 

procesal, preferían proceder con la celebración de una vista evidenciaria,

de ello ser aceptado por el foro primario. 

El foro de instancia no estaba obligado a acoger la petición de 

Santiago-Cintrón, mas no debió imponer una sanción tan severa como lo 

es la anotación de la rebeldía ante un primer y único incumplimiento a solo

seis (6) días de vencido el plazo concedido. 

Independientemente de lo anterior, el foro de instancia también 

mencionó en sus Resoluciones de 12 de julio de 2022 y de 5 de septiembre 

de 2022, el incumplimiento por los Peticionarios al no presentar su 

Contestación a la Demanda. Reconocemos que, en estricto derecho, las 

Reglas de Procedimiento Civil establecen que procede la anotación de 

rebeldía “[c]uando una parte contra la cual se solicite una sentencia que 

concede un remedio afirmativo haya dejado de presentar alegaciones o de 

defenderse en otra forma, según se dispone en estas reglas”. Regla 45.1 

de Procedimiento Civil, supra (énfasis suplido). Ahora bien, SantiagoCintrón presentó una moción de desestimación, fundamentándose en se

deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio,

la cual, al momento, no ha sido completamente adjudicada en los méritos. 

Surge del expediente que el panel hermano en su Sentencia ordenó al foro 

de instancia a permitir la presentación de la solicitud de sentencia sumaria 

o que celebrara una vista evidenciaria para que la Recurrida pudiera probar 

el cumplimiento o no con la legislación y reglamentación federal. 
KLCE202201123 17

Ciertamente, de una lectura de la Resolución recurrida, podemos 

inferir que el Tribunal de Primera Instancia pudo haberle imputado los 

incumplimientos desplegados por la parte Recurrida durante el proceso a 

los Peticionarios. Por tal razón, erró el foro de instancia al expresar en su 

última Resolución que la oposición a la anotación a la rebeldía, sin haber 

contestado la Demanda ni haber cumplido con la orden del Mandato 

constituyó “una comparecencia en abierto desafío a la orden de este 

Tribunal y al Mandato del Tribunal de Apelaciones, así como en 

menosprecio de las Reglas Procesales”. Primeramente, a los Peticionarios 

se les requirió en una sola ocasión la presentación de la Contestación a la 

Demanda, mediante la Resolución del TPI denegando la solicitud de 

desestimación que presentó como su alegación responsiva a principios del 

pleito. Sin embargo, dicho dictamen quedó suspendido por virtud de los 

trámites apelativos y del Mandato del panel hermano, cuando le requirió al 

foro recurrido a conceder un término a los Peticionarios para oponerse a lo 

alegado por la Recurrida en su moción en oposición a la desestimación o 

a celebrar una vista evidenciaria. 

Es decir, era improcedente requerirle a los Peticionarios que 

contestaran la Demanda, cuando aún existe una controversia sobre 

jurisdicción sobre la materia del foro a quo. Argumentar lo contrario, sería 

ir en contra del principio de economía procesal que permea en nuestro 

ordenamiento jurídico. Asimismo, no puede pasar desapercibido el hecho 

de que el incumplimiento que provocó que se le anotara la rebeldía a los 

Peticionarios fue por haber comparecido a seis (6) días de vencido el plazo 

concedido por el TPI; más aún si lo comparamos con los incumplimientos

desplegados por la Recurrida de más de veinticinco (25) días. Tan severa 

sanción no es procedente en el caso, sobre todo cuando existe una defensa 

invocada por los Peticionarios desde el principio del litigio.

IV.
KLCE202201123 18

Por las consideraciones que anteceden, expedimos el auto de 

Certiorari que nos ocupa y revocamos la Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, mediante la cual se le 

anotó la rebeldía a los Peticionarios. Se le ordena a estos últimos a 

presentar la moción de sentencia sumaria ordenada por el panel hermano 

de este Tribunal en el término de veinte (20) días de recibido el 

correspondiente mandato.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones