Número Identificador

SEN2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

METRO 3, LLC

Apelante

V.

JORGE URRUTIA VALLÉS

Apelado

KLAN202400298

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Bayamón

Caso Núm.:

GB2023CV00212

Sobre:

Cobro de Dinero

Regla 60

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2024.

El 26 de marzo de 2024, compareció ante este Tribunal, Metro 

3, LLC (en adelante, parte apelante o Metro 3), por medio de recurso 

de Apelación. Mediante este, nos solicita que, revisemos la Sentencia

emitida el 23 de febrero de 2024, y notificada el 26 de febrero de 

2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón. En virtud del aludido dictamen, el foro a quo declaró Ha 

Lugar la moción de desestimación presentada por el señor Jorge 

Urrutia Vallés (en adelante, señor Urrutia Vallés o parte apelada). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada, se ordena que se convierta al trámite 

ordinario y que se expidan los emplazamientos conforme a la Regla 

4.3 de Procedimiento Civil.

I

Los hechos que suscitaron la controversia de epígrafe se 

remontan a una Demanda al amparo de la Regla 60 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, infra, instada por Metro 3 en contra del señor 

Urrutia Vallés, el 15 de marzo de 2023. De acuerdo con las 
KLAN202400298 2

alegaciones de la Demanda, el 30 de junio de 2021, Metro 3 adquirió 

un edificio donde se ubicaba la oficina 521 localizada en Metro Office 

Park 3 en el municipio de Guaynabo. Atado a dicha compra, obtuvo 

el Contrato de Arrendamiento1 suscrito entre el señor Urrutia Vallés 

y Nosce Te Ipsum, Inc. (en adelante, Nosce). Dicho contrato tendría 

una duración de cinco (5) años, es decir, hasta el 30 de septiembre 

de 2023. La parte apelante sostuvo que, el 4 de agosto de 2022, el 

señor Urrutia Vallés le remitió un correo electrónico donde notificó 

su intención de desocupar la oficina alquilada previo a que expirara 

el término del contrato. Mencionó que, la razón de ello era una falla 

mecánica de uno de los dos elevadores del edificio y la remodelación 

del otro elevador. Metro 3 acotó que, a través del señor Max 

Faigenblat le respondió a la parte apelada que, uno de los dos 

elevadores funcionaba y que, la vigencia del contrato de 

arrendamiento era hasta el 30 de septiembre de 2023. La parte 

apelante aseguró que, el fallo mecánico del ascensor fue atendido de 

forma inmediata. De igual forma, alegó que, el 31 de octubre de 

2022, la parte apelada desocupó la oficina y entregó las llaves. 

Añadió que, el 22 de diciembre de 2022, la parte apelada, por 

conducto de su abogada le indicó que, los elevadores que daban 

acceso a su oficina estuvieron en múltiples ocasiones fuera de 

servicio y que ello interfirió con la operación de dicho negocio. Indicó 

que, la parte apelada había expresado que desocuparía la oficina 

antes de transcurrido el término pactado en virtud de las cláusulas 

1.05 sobre acceso y 8.01 del contrato, sobre áreas públicas. Metro 

3 alegó incumplimiento de contrato por parte del señor Urrutia 

Vallés, y por ello expresó que este último adeudaba la cantidad de 

$13,475.40 por concepto de arrendamiento y $675.00 por concepto 

de cargos por tardanza. 

1 Perfeccionado el 29 de agosto de 2018.
KLAN202400298 3

El 15 de marzo de 2023, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Orden de Celebración de Juicio en su Fondo Mediante 

Videoconferencia. Por medio de esta señaló juicio en su fondo para 

el 23 de junio de 2023 a las 9:00 am, por videoconferencia. Además, 

le ordenó a la parte apelante que, debía diligenciar copia de la Orden

con copia de la notificación-citación conforme a las disposiciones de 

la Regla 60 de Procedimiento Civil, infra. En igual fecha, fue 

expedida la Notificación y Citación Sobre Cobro de Dinero. 

Para el 1ro de junio de 2023, la parte apelante presentó la 

Moción Informativa sobre Diligenciamiento de Notificación y Citación.

A través de esta, indicó que, la notificación y citación dirigida a la 

parte apelada había sido diligenciada el 30 de mayo de 2023.

Por otro lado, el 21 de junio de 2023, el señor Urrutia Vallés 

presentó la Moción sobre Insuficiencia en el Emplazamiento y su 

Diligenciamiento; Falta de Jurisdicción sobre la Persona y; en 

Solicitud de Desestimación Bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. 

En virtud de esta, la parte apelada alegó que, la notificación-citación 

había sido diligenciada setenta y cinco (75) días después de haber 

sido expedidos los proyectos de notificación-citación. Argumentó, 

además, que, el diligenciamiento de la notificación-citación fuera del 

término provisto por ley, hacía de esta una inoficiosa y defectuosa, 

que impedía al foro primario celebrar la vista en su fondo por falta 

de jurisdicción. A tales efectos, solicitó la desestimación de la 

Demanda al amparo de la Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento 

Civil.

El 22 de junio de 2023, el foro de primera instancia emitió una 

Orden donde le concedió veinte (20) días a la parte apelante para 

replicar a la moción de desestimación. En igual fecha, emitió otra 

Orden donde dejó sin efecto la vista señalada para el 23 de junio de 

2023.
KLAN202400298 4

Así las cosas, el 12 de julio de 2023, Metro 3 presentó la 

oposición a Moción de Desestimación Sobre Insuficiencia en el 

Emplazamiento. En su moción, la parte apelante argumentó que, 

nuestra Máxima Curia, en el caso de Cooperativa v. Hernández 

Hernández, 205 DPR 624 (2020), dispuso que, antes de desestimar 

una demanda instada al amparo de la Regla 60, infra, por no 

emplazar dentro de los diez (10) días provistos por dicha regla, 

procede considerar convertir al procedimiento civil ordinario. De 

igual manera, expresó que, la dilación en diligenciar el 

emplazamiento se debió a situaciones ajenas a su voluntad, ya que 

había sido diligente en su intento de emplazar a la parte apelada. 

Arguyó que, el señor Keneth Castillo Geigel (en adelante, señor 

Castillo Geigel), fue contratado para diligenciar la notificación 

citación, y que había realizado las siguientes gestiones para ello: 

a. El 22 de marzo de 2023 se personó a la residencia 

del Sr. Urrutia en múltiples ocasiones, tocó a la 

puerta varias veces y llamó al Demandado, pero 

nadie respondió.

b. El 27, 28 y 30 de marzo de 2023 regresó a la 

residencia del Sr. Urrutia, nuevamente tocó a la 

puerta y llamó al Sr. Urrutia, pero nadie respondió.

c. El 31 de marzo de 2023, realizó una investigación 

en la página del Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales (“CRIM”) y halló dos propiedades 

adicionales bajo el nombre del Sr. Urrutia, una de 

ellas es el solar contingente a su propiedad y la otra 

en el Bo. Higuilar, Dorado, Puerto Rico. 

d. El 31 de marzo de 2023, visitó el complejo de 

Dorado Beach para intentar llegar a la propiedad 

del Sr. Urrutia en el Bo. Higuilar, Dorado, Puerto 

Rico. No obstante, los guardias de seguridad no le 

dieron acceso por no tener la dirección completa.

e. El 3 de abril de 2023, regresó a la residencia del Sr.

Urrutia en más de una ocasión en la mañana y en 

la tarde, tocó la puerta, pero nuevamente, nadie 

respondió.

f. Ese mismo día, llamó al Sr. Urrutia a su celular, 

pero no contestó. Poco después, el Sr. Urrutia le 

devolvió la llamada, pero colgó. Seguido, lo llamó 

de nuevo, pero no respondió. El Sr. Castillo intentó 

llamarlo desde otro teléfono y tampoco le contestó.
KLAN202400298 5

g. El 4 de abril de 2023, el Sr. Castillo le solicitó al 

CRIM la dirección completa de la propiedad del 

Demandado en Dorado, pero al no poseer una 

autorización del dueño para recibir información, ni 

una orden del tribunal, no le dieron la dirección 

completa de la residencia.

h. Durante los meses de abril y mayo, el Sr. Castillo 

visitó la propiedad del Demandado en no menos de 

10 ocasiones, mantuvo vigilancia en la propiedad a 

diferentes horas, llamó al Sr. Urrutia varias veces, 

sin embargo, nadie contestó la puerta ni pudo 

observar a nadie entrar o salir de la propiedad. El 

Sr. Urrutia tampoco contestó las llamadas.

i. A mediados de mayo, el Sr. [Castillo] [sic.] regresó 

a la residencia del Sr. Urrutia y una persona que 

estaba trabajando en la residencia le informó que 

éste estaba de viaje y que regresaba el 29 de mayo 

de 2023.

j. Finalmente, el 30 de mayo, el Sr. Castillo visitó 

nuevamente la propiedad del Sr. Urrutia y le 

entregó la citación personalmente.

La parte apelante arguyó, además que, debido a los múltiples 

esfuerzos de su parte para diligenciar la notificación citación dentro 

del término provisto por la Regla 60 de Procedimiento Civil, infra, no 

existía razón que justificara la desestimación de su causa. 

Asimismo, adujo que, la desestimación del pleito atentaría contra la 

naturaleza de las normas procesales y sería una violación al debido 

proceso de ley del apelante. Finalmente, solicitó al foro a quo que 

declarara sin lugar la moción de desestimación y en la alternativa, 

convirtiese el pleito al trámite ordinario. 

El Tribunal de Primera Instancia, mediante Orden emitida el 

29 de agosto de 2023, señaló vista de Regla 60 para el 26 de enero 

de 2024, y ordenó la expedición de la citación. En esa misma fecha, 

emitió una Resolución, donde declaró No Ha Lugar la moción de 

desestimación presentada por la parte apelada, y ordenó la 

continuación de los procedimientos. 

La parte apelante presentó la Urgente Solicitud de 

Reseñalamiento de Juicio el 23 de enero de 2024, en la cual solicitó
KLAN202400298 6

que se reseñalara el juicio debido a que el señor Max Faigenblat no 

estaría en Puerto Rico para esa fecha. En respuesta, la parte apelada 

presentó la Urgente Moción en Oposición a Solicitud de 

Reseñalamiento de Juicio; 2 Moción sobre Insuficiencia en el 

Emplazamiento y su Diligenciamiento; Falta de Jurisdicción sobre la 

Persona y; en Solicitud de Desestimación Bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil y la Jurisprudencia Vigente. Por medio de esta, 

arguyó que, procedía que se desestimara la demanda. Sostuvo, 

además, que, la parte apelante incumplió con el término para 

diligenciar la notificación citación, puesto que lo hizo 136 días luego 

de esta haber sido expedida. Reiteró que, lo anterior hacía de la 

notificación-citación una inoficiosa y defectuosa que impedía al foro 

a quo celebrar la vista en su fondo por falta de jurisdicción. Alegó 

que, en caso de que el caso fuese convertido al trámite ordinario, la 

parte apelante también estuviera fuera de los términos dispuestos 

por las Reglas de Procedimiento Civil. Expresó que, en la 

controversia de epígrafe no se configuraban los elementos del 

emplazamiento ni se cumplió con las exigencias establecidas en 

nuestro ordenamiento jurídico para este. 

El 23 de enero de 2024, el foro de primera instancia emitió 

una Orden donde le ordenó a la parte apelante a replicar a la moción 

de desestimación en un término de veinte (20) días. Igualmente, 

mediante Orden emitida el mismo día, dejó sin efecto el 

señalamiento de 26 de enero de 2024.

Por otra parte, el 12 de febrero de 2024, Metro 3 presentó la 

Solicitud de Prórroga, donde solicitó un término adicional para 

replicar a la moción de desestimación. La primera instancia judicial 

le concedió hasta el 26 de febrero de 2024, por medio de Orden

emitida el 12 de febrero de 2024.

En desacuerdo, la parte apelada presentó la Moción en 

Solicitud de Reconsideración de Orden del 12 de Febrero de 2024 y 
KLAN202400298 7

Reiterando Desestimación Según la Jurisprudencia Vigente y el 

Normativo Ross Valedón y otros v. Hospital Dr. Susoni Health 

Community Services, Corp. y otros, 2024 TSPR 10. La parte apelada 

en su moción reiteró que, la parte apelante había diligenciado su 

emplazamiento 136 días después de haber sido expedida la 

notificación citación. De igual manera, alegó que, no procedía que 

el Tribunal de Primera Instancia le concediera una prórroga a Metro 

3 para replicar a la moción de desestimación, y que, lo que procedía 

era la desestimación de la Demanda. Es por lo que, le solicitó al foro 

a quo que reconsiderara su Orden del 12 de febrero de 2024, 

declarara No Ha Lugar la prórroga concedida y desestimara la 

Demanda. 

Posteriormente, la parte apelante presentó la Oposición a 

Moción en Reconsideración (SUMAC 27). Primeramente, acotó que la 

moción de reconsideración fue presentada a destiempo por la parte 

apelada y que, por ello, debía ser declarada No Ha Lugar. Aseguró 

que, realmente, la parte apelada presentó una solicitud de 

reconsideración de la Orden emitida el 23 de enero de 2024, en la 

que se le concedió a la parte apelante veinte (20) días para replicar 

a la moción de desestimación. 

Subsiguientemente, la parte apelada presentó la R[é]plica a 

Oposición de Moción en Solicitud de Reconsideraci[ó]n, donde volvió a 

solicitar la desestimación de la causa de acción. 

Finalmente, el 23 de febrero de 2024, el foro primario emitió 

la Sentencia2, cuya revisión nos atiene. En virtud de esta, declaró 

Ha Lugar la moción de desestimación presentada por la parte 

apelada. La primera instancia judicial razonó que, en el caso de 

epígrafe se había expirado el término para diligenciar personalmente 

el emplazamiento a la parte apelada. Explicó que, la parte apelante 

2 Notificada el 26 de febrero de 2024.
KLAN202400298 8

no presentó junto a su solicitud de suspensión de juicio y reseñalamiento evidencia que acreditara que el diligenciamiento se 

había realizado dentro del término de 120 días de haber sido 

expedido. De igual forma, le impuso el pago de mil ($1,000) dólares 

en concepto de honorarios de abogados por temeridad. 

Inconforme, Metro 3 acudió ante este foro revisor mediante 

recurso de Apelación, y esgrimió los siguientes señalamientos de 

error:

• El Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar 

la Demanda de autos sin antes escuchar a Metro 3 y 

bajo el equivocado fundamento de que no “emplazó” 

al Apelado dentro de los 120 días que dispone la 

Regla 4.3 de Procedimiento Civil, obviando que esto 

es un caso bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, y 

que Metro 3 ya había entregado al Apelado, siete

meses antes, la notificación-citación y copia de la 

Demanda. 

• Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

imponerle $1,000 de honorarios de abogado sin 

determinación de hecho alguna demostrativa de 

conducta temeraria o frívola de parte de Metro 3.

Más preocupante aún, sin darle la oportunidad a 

Metro 3 de defenderse de una acusación infundada 

que violenta los Cánones de Ética.

El 5 de abril de 2024, la parte apelada compareció mediante 

Oposición a Apelación. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II

A. Deferencia Judicial

Según es sabido, las determinaciones de hechos y de 

credibilidad del tribunal sentenciador deben ser merecedoras de 

gran deferencia por parte de los foros apelativos. Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62 (2001); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 

111 (1987); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281 

(2011); SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 117 DPR 345, 356 (2009);

Ortiz Ortiz v. Medtronic, 209 DPR 759, 779 (2022). 
KLAN202400298 9

Sin embargo, la deferencia judicial no es absoluta, pues podrá 

ser preterida en ciertas instancias. Nuestro Máximo Foro ha 

reiterado que, los tribunales apelativos “no debemos intervenir con 

las determinaciones de los juzgadores de primera instancia, salvo 

que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto”. Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Santiago Ortiz v. 

Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021); SLG Rivera Carrasquillo 

v. AAA, supra, pág. 356; Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, pág. 778, 

Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR 850, 864 (2022)3. 

No obstante, “la tarea de determinar cuándo un tribunal ha 

abusado de su discreción no es una fácil. Empero, no tenemos duda 

de que el adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad”. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). Es 

por lo que, nuestra más Alta Curia ha definido la discreción como 

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 338 (2012). Así, la discreción se “nutr[e] de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido 

llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa 

ni limitación alguna”. Ello “no significa poder para actuar en una 

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. (Citas 

omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435. 

B. La Regla 60 de Procedimiento Civil

La Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 60, fue 

creada con el propósito de agilizar y simplificar los procedimientos 

en acciones de reclamaciones de cuantías pequeñas para así lograr 

facilitar el acceso a los tribunales y una justicia más rápida, justa y 

económica en este tipo de reclamación. J. A. Cuevas Segarra, 

3 Véase también Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 (2012); 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013).
KLAN202400298 10

Tratado de Derecho Procesal, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, 

Tomo V, pág. 1803.

La referida Regla dispone lo siguiente:

Cuando se presente un pleito en cobro de una suma que 

no exceda los quince mil (15,000) dólares, excluyendo 

los intereses, y no se solicite en la demanda tramitar el 

caso bajo el procedimiento ordinario, la parte 

demandante deberá presentar un proyecto de 

notificación-citación que será expedido inmediatamente 

por el Secretario o Secretaria. La parte demandante 

será responsable de diligenciar la notificacióncitación dentro de un plazo de diez (10) días de 

presentada la demanda, incluyendo copia de ésta, 

mediante entrega personal conforme a lo dispuesto 

en la Regla 4 o por correo certificado. (Énfasis 

nuestro).

La notificación-citación indicará la fecha señalada para 

la vista en su fondo, que se celebrará no más tarde de 

los tres (3) meses a partir de la presentación de la 

demanda, pero nunca antes de quince (15) días de la 

notificación a la parte demandada. En la notificación se 

advertirá a la parte demandada que en la vista deberá 

exponer su posición respecto a la reclamación, y que si 

no comparece podrá dictarse sentencia en rebeldía en 

su contra.

[...]

Para la tramitación de un pleito conforme al 

procedimiento establecido en esta Regla, la parte 

demandante debe conocer y proveer el nombre y la 

última dirección conocida de la parte demandada al 

momento de la presentación de la acción judicial. De lo 

contrario, el pleito se tramitará bajo el procedimiento 

ordinario.4 (citas omitidas)

Esta regla faculta a la parte demandante a seleccionar la 

forma en que diligenciará la notificación-citación, ya sea por correo 

certificado o mediante entrega personal, conforme a lo dispuesto en 

la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Cooperativa v. 

Hernández Hernández, 205 DPR 624, 635 (2020). La notificacióncitación tiene una función dual, que consiste en notificar al 

demandado la reclamación en cobro de dinero presentada en su 

contra, y en citar al promovido para la vista en su fondo. Íd. 

4 32 LPRA, Ap. V, R. 60.
KLAN202400298 11

La precitada Regla 60 establece un procedimiento sumario de 

cobro de dinero donde las reglas de procedimiento civil para trámites 

ordinarios aplicarán de manera supletoria, siempre y cuando sean 

compatibles con el mecanismo sumario establecido en la regla. 

RMCA, v. Mayol Bianchi, 208 DPR 100 (2021).

Sin embargo, la Regla 60, supra, establece múltiples 

instancias en las cuales, se puede convertir una causa presentada 

bajo la misma, en un procedimiento ordinario. Entre estas, se 

encuentran las siguientes: “(1) si la parte demandada demuestra que 

tiene una reclamación sustancial; (2) cuando, en el interés de la 

justicia, las partes ejercen su derecho de solicitar que el pleito se 

continúe ventilando por el trámite civil ordinario; (3) partiendo de 

ese mismo interés, el tribunal motu proprio tiene la discreción para 

así ordenarlo; y (4) cuando la parte demandante no conoce ni provee 

el nombre y la dirección del deudor.”. Cooperativa v. Hernández 

Hernández, supra, págs. 637-638; RMCA, v. Mayol Bianchi, supra, 

pág. 108.

Por otro lado, en Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, 

nuestro Máximo Foro señaló que, a pesar de que la Regla 60 dispone 

los supuestos por los cuales un pleito podría tramitarse bajo el 

procedimiento ordinario, esta no hace mención sobre el término 

para que una parte solicite o que el tribunal ordene la 

transformación del proceso. Asimismo, señaló que, la referida ley 

tampoco dispone qué pudiese ocurrir en caso de incumplimiento 

para diligenciar la notificación-citación. De igual manera, citó al 

Prof. Rafael Hernández Colón, ya que este reconoció que, la anterior 

norma procesal “no provee para la desestimación por 

incumplimiento con el término del diligenciamiento”5. 

5 R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal civil, 6ta 

ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2017, pág. 628.
KLAN202400298 12

A tales efectos, la última instancia judicial razonó que, si bien 

el estatuto procesal guarda silencio al respecto, su redacción se 

inclina hacia la conversión ordinaria del procedimiento, y no a la 

desestimación del litigio, puesto que esta última sería una medida 

drástica. Ello “implica que, una vez corresponda que el tribunal 

ordena la conversión del trámite judicial, aplicarán las normas 

procesales del sistema tradicional”. Cooperativa v. Hernández

Hernández, supra, págs. 638-639.

Consecuentemente, el Tribunal Supremo determinó que:

[S]i a pesar de la diligencia del promovente de 

cumplir con las exigencias de la Regla 60 para 

ventilar sumariamente el pleito, esto no ha sido 

posible, lo que procede, en primer lugar, es la 

conversión del pleito al procedimiento civil 

ordinario, y no necesariamente la desestimación de 

la causa de acción. De modo que, siguiendo los 

pronunciamientos expuestos, queda en manos del foro 

de instancia asegurarse que la causa de acción amerite 

la conversión del procedimiento.6 (Énfasis suplido)

Es decir, en las instancias en las cuales la parte promovente 

demuestre haber realizado gestiones dirigidas al cumplimiento con 

las exigencias dispuestas por la Regla 60, supra, y que a pesar de 

ello, no pudo cumplirlas, procede, en primer lugar, la conversión al 

procedimiento ordinario. 

C. Regla 44.1-Honorarios de Abogados

La concesión de honorarios de abogado está regulada por la 

Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1 (d). La misma autoriza al Tribunal a imponer honorarios de 

abogado cuando una parte o su abogado procede con temeridad o 

frivolidad. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., 210 DPR 163 

(2022); SLG González-Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 138 (2022).

De esta manera, la imposición o concesión de honorarios de 

abogado no procede en todos los casos. Depende, pues, de la 

determinación discrecional que haga el tribunal en torno a si la parte 

6 Íd. pág. 640.
KLAN202400298 13

perdidosa o su abogado, actuaron con temeridad o frivolidad, o de 

la existencia de una ley especial. Íd.; Ortiz Valle v. Panadería 

Ricomini, 210 DPR 831 (2022). Nuestro Alto Foro ha puntualizado 

que: “Sin duda, para reclamar honorarios de abogado y los intereses 

presentencia es imprescindible que se haya actuado con temeridad 

durante el trámite judicial. SLG González-Figueroa v. SLG et al., 

supra, pág. 148.

La temeridad se define como aquella conducta que hace 

necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolonga 

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en gestiones 

evitables. Íd; SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, pág. 148; 

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). Sobre 

este particular, nuestro más Alto Foro ha expresado también que 

“[l]a temeridad es una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia.” Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 

764, 779 (2001).

Por otro lado, la frivolidad se define como “aquello que no tiene 

razón de ser, sin méritos, sin peso ni lógica alguna.” Depto. Rec. v. 

Asoc. Rec. Round Hill, 149 DPR 91, 100 (1999). Sólo lo claramente 

irrazonable o inmeritorio debe dar paso a una determinación de 

frivolidad por un tribunal apelativo. Íd.

En Feliciano Polanco v. Feliciano González, 47 DPR 722, 730 

(1999), el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que “[a] modo de 

ejemplo, constituyen actos temerarios los siguientes: 

[c]uando el demandado contesta la demanda y niega su 

responsabilidad total, aunque la acepte posteriormente; 

cuando se defiende injustificadamente de la acción que 

se presenta en su contra; cuando no admite 

francamente su responsabilidad limitada o parcial, a 

pesar de creer que la única razón que tiene para 

oponerse a la demanda es que la cuantía es exagerada; 

cuando se arriesga a litigar un caso del que prima facie 

se desprende su negligencia; o cuando niega un hecho 

que le consta ser cierto.”
KLAN202400298 14

El propósito de la imposición de honorarios de abogado en 

casos de temeridad es “establecer una penalidad a un litigante 

perdidoso que por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconveniencias de un pleito.” Andamios de PR v. Newport Bonding, 

179 DPR 503, 520 (2010); Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, 

supra, pág. 193; SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, págs. 

148-149; Fernández v. San Juan Co., Inc., 118 DPR 713, 718 

(1987). 

Además, la imposición de honorarios de abogado, tiene como 

objetivo disuadir la litigación innecesaria y alentar las transacciones 

mediante la imposición de sanciones a la parte temeraria para 

compensar los perjuicios económicos y las molestias sufridas por la 

otra parte. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 

718-719 (1987). Nuestro más Alto Foro ha dispuesto que, la 

facultad de imponer honorarios de abogados es la mejor arma que 

ostentan los tribunales para gestionar de forma eficaz los 

procedimientos judiciales y el tiempo de la administración de la 

justicia, así como para proteger a los litigantes de la dilación y los 

gastos innecesarios. SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, pág. 

149.

La determinación sobre si una parte ha procedido con 

temeridad descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador 

y no será variada en apelación a menos que se demuestre que éste 

ha abusado de su discreción. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, 

supra, pág. 193; SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, pág. 

150. Tampoco será variada la partida concedida a menos que 

resulte ser excesiva, exigua o constituya un abuso de 

discreción. Feliciano Polanco v. Feliciano González, supra, a las 

págs. 728-729.
KLAN202400298 15

Ahora bien, una vez el tribunal determina que se incurrió en 

temeridad, está obligado a imponer el pago de los honorarios de 

abogado a favor de la parte que prevaleció en el pleito. PR Fast 

Ferries et al. v. AAPP, 2023 TSPR 121, 213 DPR __ (2023) citando a 

Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 779 (2016).

Esbozada la normativa jurídica, procedemos a aplicarla a la 

controversia de epígrafe. 

III

En su primer señalamiento de error, la parte apelante sostiene 

que, el foro de primera instancia incidió al desestimar la Demanda

sin darle la oportunidad de ser escuchada y bajo el fundamento 

equivocado de que no emplazó a la parte apelada dentro de los 120 

días que dispone la Regla 4.3 de Procedimiento Civil. Además, al no 

tomar en cuenta que, el caso de epígrafe fue instado al amparo de la 

Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, y que, Metro 3 ya había 

entregado siete (7) meses antes la notificación-citación y copia de la 

Demanda a la parte apelada. Adelantamos que, le asiste la razón. 

Veamos. 

Según reseñáramos, el 15 de marzo de 2023, Metro 3 instó 

una Demanda al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 

supra, en contra del señor Urrutia Vallés. En esa misma fecha, la 

primera instancia judicial emitió una Orden de Celebración de Juicio 

en su Fondo Mediante Videoconferencia, donde señaló juicio en su 

fondo para el 23 de junio de 2023, y le ordenó a la parte apelante a 

diligenciar copia de dicha orden junto a copia de la notificacióncitación a la parte apelada, conforme a las disposiciones de la Regla 

60 de Procedimiento Civil, supra. Subsiguientemente, para el 30 de 

mayo de 2023, Metro 3 presentó la Moción Informativa sobre 

Diligenciamiento de Notificación y Citación, mediante la cual expresó 

que, la notificación-citación dirigida a la parte apelada había sido 

diligenciada el 30 de mayo de 2023.
KLAN202400298 16

Posteriormente, la parte apelada presentó la Moción sobre 

Insuficiencia en el Emplazamiento y su Diligenciamiento; Falta de 

Jurisdicción sobre la Persona y; en Solicitud de Desestimación Bajo 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, en la cual, entre otras cosas, 

alegó que, la notificación-citación había sido diligenciada fuera del 

término provisto por las Reglas de Procedimiento Civil. A estos 

efectos, solicitó la desestimación de la Demanda al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil. En respuesta, la parte apelante 

presentó la Oposición a Moción de Desestimación Sobre Insuficiencia 

en el Emplazamiento. Argumentó que, antes de desestimar la 

demanda por no emplazar dentro del término de diez (10) días

provisto por la Regla 60, supra, el Tribunal de Primera Instancia 

debía considerar convertir al procedimiento ordinario, según 

dispuesto en el caso de Cooperativa v. Hernández Hernández, supra. 

Asimismo, desglosó los trámites llevados a cabo para diligenciar 

personalmente la notificación-citación. Igualmente, le solicitó al 

foro primario que declarara sin lugar la moción de desestimación y 

en la alternativa, convirtiese el pleito al trámite ordinario. 

Mediante Orden emitida el 29 de agosto de 2023, el Tribunal 

de Primera Instancia señaló vista de Regla 60 para el 26 de enero de 

2024, y ordenó la expedición de la notificación-citación. De igual 

forma, mediante Resolución emitida en igual fecha, declaró No Ha 

Lugar la moción de desestimación presentada por la parte apelada, 

y ordenó la continuación de los procedimientos.

Más adelante, la parte apelante presentó la Urgente Solicitud 

de Reseñalamiento de Juicio el 23 de enero de 2024, en la cual 

solicitó que se reseñalara el juicio. En desacuerdo con la solicitud 

de la parte apelante, el señor Urrutia Vallés presentó la Urgente 

Moción en Oposición a Solicitud de Reseñalamiento de Juicio; Moción 

sobre Insuficiencia en el Emplazamiento y su Diligenciamiento; Falta 

de Jurisdicción sobre la Persona y; en Solicitud de Desestimación Bajo 
KLAN202400298 17

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil y la Jurisprudencia Vigente. A 

través de esta, sostuvo que, procedía la desestimación de la 

Demanda, debido a que la parte apelante había incumplido con el 

término para diligenciar la notificación-citación. 

Luego de varias mociones presentadas por las partes, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia cuya revisión nos 

ocupa, donde declaró Ha Lugar la solicitud de desestimación 

presentada por la parte apelada. Lo anterior, bajo el fundamento de 

que, el término para diligenciar personalmente el emplazamiento a 

la parte apelada había expirado. Además, expresó que, Metro 3 no 

presentó evidencia de que el diligenciamiento de la notificacióncitación se hubiese llevado a cabo dentro del término de 120 días de 

haber sido expedida. 

Conforme al derecho expuesto, la Regla 60 de Procedimiento 

Civil, supra, provee un procedimiento sumario para cuando una 

parte presente una acción en cobro de dinero de una suma que no 

exceda los $15,000.00. La parte que propone la acción, deberá 

presentar un proyecto de notificación-citación para ser expedido 

inmediatamente por el Secretario o Secretaria. Le corresponde a la 

parte demandante diligenciar la notificación-citación dentro de un 

plazo de diez (10) días desde que se presente la demanda, incluir 

copia de esta mediante entrega personal conforme a lo dispuesto en 

la Regla 4 de Procedimiento Civil o por correo certificado7. La 

precitada regla, dispone, además, que, la notificación-citación 

deberá indicar la fecha señalada para la vista en su fondo que 

deberá celebrarse no más tarde de los tres (3) meses a partir de la 

presentación de la demanda8. 

Ahora bien, la Regla 60, supra, provee múltiples instancias en 

las cuales se podrá convertir una causa presentada bajo esta, en un 

7 32 LPRA, Ap. V, R. 60.

8 32 LPRA, Ap. V, R. 60.
KLAN202400298 18

procedimiento ordinario. Sin embargo, nada dispone sobre qué 

pudiese ocurrir en el caso de incumplimiento para diligenciar la 

notificación-citación. Es por lo que, nuestro Máximo Foro razonó 

que, la redacción del precitado estatuto se inclina hacia la 

conversión ordinaria del procedimiento, y no a la desestimación del 

litigio, dado a que esta última sería una medida drástica. Lo 

anterior, “implica que, una vez corresponda que el tribunal ordene

la conversión del trámite judicial, aplicarán las normas procesales 

del sistema tradicional”. Cooperativa v. Hernández Hernández, 

supra, págs. 638-639.

Nuestra Máxima Curia determinó que: 

[S]i a pesar de la diligencia del promovente de 

cumplir con las exigencias de la Regla 60 para 

ventilar sumariamente el pleito, esto no ha sido 

posible, lo que procede, en primer lugar, es la 

conversión del pleito al procedimiento civil 

ordinario, y no necesariamente la desestimación de 

la causa de acción. De modo que, siguiendo los 

pronunciamientos expuestos, queda en manos del foro 

de instancia asegurarse que la causa de acción amerite 

la conversión del procedimiento.9 (Énfasis suplido)

En aquellas instancias en las cuales la parte promovente 

demuestre haber llevado a cabo gestiones dirigidas al cumplimiento 

con las exigencias dispuestas por la Regla 60, supra, y que, a pesar 

de ello no pudo cumplirlas, procede, en primer lugar, la conversión 

del pleito al procedimiento ordinario. 

En el caso de epígrafe, la parte apelante demostró haber 

realizado las gestiones necesarias para diligenciar personalmente la 

primera notificación-citación y acreditó que, no logró hacerlo dentro 

del término dispuesto por la Regla 60, supra, por razones ajenas a 

su voluntad y acreditables a la parte apelada. En el momento en el 

que el foro de primera instancia declaró No Ha Lugar la moción de 

desestimación presentada el 21 de junio de 2023, debió, además, 

convertir el caso al trámite ordinario y no expedir otra notificación9 Íd. pág. 640.
KLAN202400298 19

citación, conforme a nuestro actual estado de derecho. Puesto que, 

al volver a expedir otra notificación-citación y señalar la vista en su 

fondo para más adelante, derrotó el propósito sumario de la Regla 

60, supra. 

Aun sin convertir el caso al procedimiento ordinario, 

posteriormente, el foro de primera instancia de forma errónea 

desestimó la Demanda a petición de la parte apelada. Lo anterior,

bajo el fundamento de que, la parte apelante diligenció el 

emplazamiento fuera del término de 120 días provisto por la Regla 

4.3 de Procedimiento Civil. Recordemos que, la acción del caso de 

epígrafe fue instada bajo el procedimiento sumario provisto por la 

Regla 60, supra, por lo tanto, no es de aplicación el término de 120 

días para emplazar. No surge de ninguna forma del expediente que, 

el Tribunal de Primera Instancia hubiese convertido al 

procedimiento ordinario como para llegar a tal conclusión. 

En el presente caso procede que, primeramente, se convierta 

al trámite ordinario y se expida el emplazamiento correspondiente 

conforme a la Regla 4 de Procedimiento Civil. 

En su segundo señalamiento de error, la parte apelante 

arguye que, el foro de primera instancia incurrió en error al 

imponerle mil dólares ($1,000.00) en concepto de honorarios de 

abogado, sin determinación de hecho demostrativa de conducta 

temeraria o frívola de su parte. 

Adelantamos que, le asiste la razón. Veamos. 

En su Sentencia, la primera Instancia Judicial condenó a la 

parte apelante al pago de una suma de mil dólares ($1,000.00) por 

concepto de honorarios de abogados por temeridad. 

Como es sabido, la concesión de honorarios de abogado está 

regulada por la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, supra. La 

precitada regla faculta al Tribunal a imponer honorarios de abogado 

cuando una parte o su abogado procede con temeridad o 
KLAN202400298 20

frivolidad10. De esta forma, la imposición de honorarios de abogado 

no procede en todos los casos. Dependerá de la determinación 

discrecional que haga el tribunal en torno a si la parte perdidosa o 

su abogado, actuaron con temeridad o frivolidad, o de la existencia 

de una ley especial11.

A pesar de que la determinación sobre si una parte ha 

procedido con temeridad descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador, en el caso de epígrafe el foro a quo no expresó una 

determinación justificada. Cabe destacar que, como bien 

discutimos en el primer señalamiento de error, en este caso procedía 

la conversión del procedimiento a ordinario. Por lo tanto, de 

ninguna forma quedó justificada la imposición de honorarios. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia

apelada, se ordena que se convierta al trámite ordinario y la 

expedición de los emplazamientos para su diligenciamiento 

conforme a la Regla 4.3 de Procedimiento Civil.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

10 Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., supra, pág. 192; SLG GonzálezFigueroa v. SLG et al., supra, pág. 145.

11 Íd.