Número Identificador

SEN2023 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

GLORIA M. CAMARA

VÁZQUEZ

Recurrido

v.

EUROJAPON 

DISTRIBUTORS, INC.

Recurrente 

KLRA202300592

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

procedente de DACO

Caso Núm.:

SAN-2023-0015019

Sobre:

Compra Venta de 

Vehículo de Motor

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Bonilla Ortiz, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 2023.

Comparece ante este foro Eurojapón Distributor’s 

Inc. (Eurojapón o “parte recurrente”) y, mediante el 

recurso de Revisión Judicial de epígrafe, solicita que 

revisemos la Resolución notificada por el Departamento 

de Asuntos del Consumidor (DACo) el 17 de octubre de 

2023. Mediante el dictamen administrativo, el DACo 

determinó que la parte recurrente le había cobrado la 

cantidad de $600.00 por concepto de pago de tablilla a 

la Sra. Gloria M. Camara Vázquez (señora Camara), y 

ordenó su devolución.

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS la Resolución recurrida.

I.

El 26 de junio de 2023, la señora Camara presentó 

la Querella número SAN-2023-0015019 ante el DACo, en 

contra de Eurojapón.1 Expuso que, el 14 de abril de 2022 

adquirió de la parte recurrente un vehículo de motor 

1 Notificación de Querella, anejo IV, págs. 5-8 del apéndice del 

recurso.
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usado marca Mercedes Benz, modelo GLE 350 del año 2017, 

por el precio de $39,900.00, más $600.00 en efectivo 

para adquirir y procesar la tablilla. Sostuvo que, es 

ilegal que le hayan cobrado los $600.00 para procesar y 

adquirir la tablilla, por tal razón, solicitó su 

devolución. 

Así las cosas, y según le autoriza el Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACo del 13 de junio de

2011 (en adelante, Reglamento Núm. 8034), el 17 de 

octubre de 2023 el DACo notificó la Resolución

recurrida.2 Mediante esta, determinó que Eurojapón cobró 

la cantidad de $600.00 por concepto de pago de tablilla, 

incumpliendo con el Reglamento de Prácticas Comerciales, 

Reglamento Núm. 9158. En consecuencia, declaró Ha Lugar

la Querella, y ordenó que dentro del término de veinte 

(20) días, le devolviera dicha cantidad a la señora 

Camara.

Inconforme con dicha determinación, el 16 de 

noviembre de 2023, Eurojapón acudió ante este foro

mediante el recurso de Revisión Judicial, y formuló los 

siguientes señalamientos de error:

PRIMER ERROR:

Erró DACO al emitir una Resolución Sumaria

cuando la querella estaba prescrita. 

SEGUNDO ERROR: 

En la alternativa, erró DACO al determinar 

que el cobro de los $600.00 era 

correspondiente al pago de tablilla.

El 22 de noviembre de 2023, emitimos una Resolución

concediéndole a la parte recurrida el término dispuesto 

en el Reglamento de este Tribunal para que presentara su 

alegato.

2 Notificación de Querella, anejo V, págs. 9-12 del apéndice del 

recurso.
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Así las cosas, la parte recurrida no presentó su 

alegato en oposición al recurso de revisión en el término 

establecido. Por consiguiente, declaramos perfeccionado 

el recurso de epígrafe y estando en posición para 

resolver, procedemos a así hacerlo.

II.

-ALa doctrina de revisión judicial nos encomienda 

“examinar si las decisiones de las agencias 

administrativas fueron hechas dentro de los poderes 

delegados y son compatibles con la política pública que 

las origina.” Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 

26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 

606, 625-626 (2016). Al efectuar tal encomienda, 

debemos “otorgar amplia deferencia a las decisiones de 

las agencias administrativas.” Graciani Rodríguez v. 

Garaje Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019). 

La normativa jurisprudencial ha reiterado que, en 

el derecho puertorriqueño, existe una presunción de 

legalidad y corrección a favor de los procedimientos y 

decisiones que emiten las agencias administrativas. 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra. Ello responde 

“a la experiencia y pericia que se presume tienen dichos 

organismos para atender y resolver los asuntos que le 

han sido delegados.” Íd. 

Así, el estado de derecho vigente nos impone 

otorgar deferencia a las agencias administrativas, 

siempre que la parte que impugne el dictamen 

administrativo no produzca evidencia suficiente que 

rebata la presunción de legalidad y corrección. 

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, LLC, supra, 

citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005) (per 
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curiam). Por tanto, al llevar a cabo nuestra función 

revisora, debemos enfocarnos en determinar: (1) si el 

remedio fue el apropiado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por el principio de evidencia 

sustancial; y (3) si las conclusiones de derecho fueron 

correctas. Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 

626-627; Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 

(2012). 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que los 

tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo 

si están sostenidas por evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo, considerado en su 

totalidad. Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9675. Véase, 

además: Otero v. Toyota, supra, págs. 727-728. 

De este modo, si al realizar nuestra función 

revisora no nos encontramos ante alguna de las 

situaciones previamente mencionadas, tenemos el deber de 

validar la determinación realizada por la agencia 

administrativa. Torres Rivera v. Policía de PR, supra, 

pág. 628. Ahora bien, es preciso recordar que las 

conclusiones de derecho, por el contrario, serán 

revisables en todos sus aspectos. Véase, sección 4.5 de 

la LPAU, supra.

-BMediante el Reglamento de Prácticas Comerciales, 

Reglamento Núm. 9158 del DACo, la agencia agrupó las 

medidas que regulan determinadas prácticas comerciales. 

Íd., Regla 2. Esto con el fin de velar por la seguridad 

y confianza de los consumidores. Íd. Dicho Reglamento 
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aplica a toda persona natural o jurídica que se dedique 

a ofrecer bienes o servicios a consumidores en la 

jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Respecto a la venta de vehículos, el Reglamento en 

la Regla 20(f) dispone lo siguiente:

En toda transacción de compraventa o 

arrendamiento de un vehículo de motor 

nuevo, los gastos de registro o gestiones 

relacionadas al mismo, no deberán exceder 

las cuantías establecidas por el 

Departamento de Transportación y Obras 

Públicas para lograr el registro de la 

unidad. Todo gasto atribuible a dicha 

transacción deberá ser claramente 

desglosado por el vendedor en el contrato 

de compraventa. No se podrá cobrar dos veces 

por la misma gestión. En el caso de los 

vehículos de motor usados, el concesionario 

no podrá cobrar cuantía alguna por concepto 

de traspaso o gestiones relacionadas al 

mismo. Reglamento Núm. 9158, Regla 20(f).

III.

En el caso de autos, Eurojapón en su recurso, señala

que incidió el DACo al emitir una resolución sumaria, 

cuando la querella estaba prescrita. A su vez, al 

determinar que los $600.00 correspondían al pago de la 

tablilla del vehículo de motor.

La parte recurrente sostiene que la señora Camara, 

transcurridos más de 14 meses desde que adquirió el 

vehículo fue que radicó la Querella. Alegan que, el 

Reglamento 7159 de Garantía de Vehículo de Motor del 

DACo, establece que le concederán una garantía a base 

del millaje recorrido y según la escala de “hasta 36,000 

millas – cuatro (4) meses o cuatro mil (4,000) millas, 

lo que ocurra primero.” Por lo tanto, sostienen que la 

señora Camara tenía hasta 4 meses o 4,000 millas para 

radicar la querella. Consecuentemente, arguyen que la 

querella estaba prescrita. No le asiste razón.
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La señora Camara, no reclama la ausencia de una 

garantía, sino, la devolución de un cobro ilegal. En la 

Querella expresó que le solicitaron la cantidad de 

$600.00 para que pudiera adquirir y fuera procesada la 

tablilla del vehículo.

De otra parte, Eurojapón alega que los $600.00 que 

cobraron corresponden al cargo de “Document Fees”. Así, 

afirmaron que en el contrato de compra dispone que los 

“Document Fees” o “Gastos de Cierre” no son 

reembolsables una vez la persona firme la factura y el 

contrato. Conforme al derecho antes expuesto, la Regla 

20 del Reglamento de Prácticas Comerciales prohíbe esta 

conducta y establece que, en el caso de los vehículos de 

motor usados, el concesionario no podrá cobrar cuantía 

alguna por concepto de traspaso o gestión relacionados 

al mismo.

En virtud de lo allí consignado, resolvemos que no 

se cometió el error señalado. En efecto, Eurojapón cobró 

indebidamente la cantidad de $600.00 en concepto de la 

tablilla, al ser el vehículo adquirido por la señora 

Camara un vehículo usado.

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Resolución recurrida.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones