Número Identificador

RES2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

BÁEZ PÉREZ, INC., 

H/N/C JOYERÍA MONTE 

PIEDAD Y/O CASHEX

y otros

Recurridos

v.

RANGER AMERICAN OF 

PUERTO RICO, INC., y 

otros

Peticionario

KLCE202400583

Certiorari

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Sobre: 

Incumplimiento 

de Contrato; 

Daños y 

Perjuicios

Caso Núm.: 

SJ2020CV03441

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

El 28 de mayo de 2024, Ranger American of Puerto Rico, Inc. 

(en adelante, “Ranger American o peticionario–demandado”) recurrió 

ante nos para que revisemos la Orden emitida y notificada el 26 de 

abril de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan (en adelante; “TPI”). En esta, el TPI declaró No Ha Lugar

la solicitud de reconsideración presentada por el peticionario–

demandado referente a la determinación de la sentencia sumaria.

Adicionalmente, Ranger American nos solicita que revisemos 

la Orden emitida el 30 de abril de 2024. En la cual, el TPI mantuvo 

la exclusión tanto del documento como de la defensa afirmativa por 

haber sido presentadas tardíamente. 

Evaluados los escritos de las partes comparecientes, 

denegamos el auto solicitado. 
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-IEl 3 de julio de 2020, Báez Pérez Inc. h/n/c Joyería Monte 

Piedad y/o Cashex y otros (en adelante, “Báez Pérez Inc., o 

recurridos–demandantes”) presentaron una demanda de 

incumplimiento contractual y daños contra Ranger American y 

otros.

1 Reclamaron los siguientes montos: pérdida de inventario y 

daños a la propiedad mueble e inmueble valorados en no menos de 

$340,000.00; quebrantamiento de reputación comercial valorada en 

no menos de $200,000.00; pérdidas de ingresos valoradas en no 

menos de $6,000.00 mensuales desde el 1 de noviembre de 2019; 

perdida de os ahorros personales de la familia Báez, por no menos 

de $100,000.00; y daños emocionales de la familia Báez valorados 

en no menos de $300,000.00. 

Por su parte, Ranger American contestó la demanda el 18 de 

agosto de 2020.

2 En síntesis, adujo haber cumplido con su 

responsabilidad contractual y negó la responsabilidad, pues sus 

oficiales actuaron de forma adecuada y razonable ante el incidente 

de hurto contra Báez Pérez Inc. 

Así, el 29 de septiembre de 2020, el TPI celebró una Vista 

Inicial, en la cual surgió que las partes habían comenzado el 

descubrimiento de prueba.3

Tras varias incidencias procesales, el 22 de septiembre de 

2023 las partes presentaron el “Informe Preliminar entre Abogados 

para la Vista Con Antelación a Juicio”.4 En dicho informe, los 

recurridos–demandantes alegaron que el 20 de septiembre de 2023, 

Ranger American les produjo por primera vez, la segunda página del 

contrato entre las partes.

5 Arguyeron que dicha página contenía una 

cláusula de limitación de responsabilidad, la cual no fue objeto de 

1 Apéndice 2 del Recurso de Certiorari, págs. 2 – 11. 

2 Apéndice 3 del Recurso de Certiorari, págs. 12 – 23. 

3 Apéndice 4 del Recurso de Certiorari, págs. 24 – 25.

4 Apéndice 51 del Recurso de Certiorari, págs. 163 – 195.

5 Íd., a la pág. 194.
KLCE202400583 3

descubrimiento de prueba. Además, señalaron que la referida

página no contenía las firmas ni marcas de identificación. 

El TPI emitió una Orden el 30 de octubre de 2023 señalando 

el Juicio en su fondo para los días 6 y 13 de mayo de 2024.6

El 10 de noviembre de 2023, Ranger American presentó una 

solicitud de sentencia sumaria.7 Alegó que habían 42 hechos que no 

estaban en controversia y sometió una serie de documentos para 

sustentarlos. Luego de una prórroga, el 22 de diciembre de 2023 

los recurridos–demandantes se opusieron.

8

Además, ese mismo día 22 de diciembre de 2023, los 

recurridos–demandantes solicitaron la exclusión de la segunda 

página del contrato entre las partes, alegaron que la misma fue 

presentada tardíamente. 9 Por lo que el 23 de enero de 2024 Ranger 

American se opuso.10 En síntesis, alegó que el contrato se discutió 

o mencionó en diferentes instancias, por lo que la contra parte no 

puede alegar su desconocimiento. 

Trabada ahí la controversia, el TPI emitió la Resolución

recurrida el 8 de abril de 2024,

11 en la cual esbozó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. Manuel Báez Vega figura como presidente de Báez Pérez, 

Inc. según el Departamento de Estado.

2. Báez Pérez Inc. se dedica a joyerías y casas de empeño, 

en dos localidades, una en la Avenida Fernández Juncos 

y una en Barrio Obrero.

3. Manuel Báez Vega fue Presidente de In Pigno, pero vendió 

la corporación entre 2018-2019.

4. Ranger American es una corporación debidamente 

autorizada para hacer negocios en Puerto Rico.

5. Para noviembre y diciembre de 2019, existía un contrato 

entre Ranger y Báez Perez, Inc. h/n/c Joyería Monte 

Piedad (en adelante “el contrato”).

6. El contrato entre las partes requería que Ranger brindara 

servicios de escolta al cierre de operaciones, monitoreo 

mientras el sistema estuviera armado y patrullaje.

7. En la madrugada del 30 de noviembre del 2019 al 1 de 

diciembre de dicho año, a alrededor de las 5:00 p.m., 

Ranger recibió una alerta de alarma proveniente del local 

6 Apéndice 55 del Recurso de Certiorari, págs. 200 – 202.

7 Apéndice 57 del Recurso de Certiorari, págs. 210 – 803.

8 Apéndice 63 del Recurso de Certiorari, págs. 832 – 1096.

9 Apéndice 62 del Recurso de Certiorari, págs. 815 – 831.

10 Apéndice 65 del Recurso de Certiorari, págs. 1099 – 1335. 

11 Apéndice 68 del Recurso de Certiorari, págs. 1341 – 1352.
KLCE202400583 4

de Báez Pérez, Inc. h/n/c Joyería Monte Piedad (en 

adelante el “local”).

8. El contrato entre las partes requería que, en caso de 

emergencia, Ranger llamara al Sr. Manuel Báez Vega. De 

este no contestar, el contrato requería que se llamara a 

Manuel Báez Pérez, José E. Pérez, Anastasio Ayala o 

Carlos Rosario.

9. La entrada del edificio donde ocurren los hechos queda en 

la esquina de la Calle Borinquen y Calle 10 y tiene un 

“rolling door”.

10.La pared lateral contigua a la calle 10 solo tiene una 

ventana que empieza a mitad de pared y el resto es pared 

en concreto.

11.Al cierre de operaciones, se cerraban todos los candados y 

los “rolling doors”.

12.Una vez cerrados los “rolling doors”, no hay visibilidad 

hacia el interior del negocio.

13.La parte posterior de la estructura es una pared completa 

hasta el segundo piso, sin ventanas.

14.Del lado opuesto a la calle 10 está la Funeraria Arocho.

15.El local tenía cámaras de seguridad en el interior las 

cuales se podían accesar de manera remota a través del 

celular.

16.El día de los hechos, el internet del local no estaba 

funcionado, por lo que Manuel Báez Pérez puso una orden 

de servicio a Aeronet, la compañía de internet, mas esta 

quedó pendiente para el lunes a primera hora.

17.La única parte demandante que tenía relación contractual 

con Ranger American era Báez Pérez Inc.

18.Manuel Báez Vega no recuerda si leyó el contrato ni si pidió 

al vendedor de Ranger American que le explicara sus 

términos y condiciones.

19.La pared por la cual los malhechores hicieron hueco y 

entraron al negocio no es visible desde la calle.

20.Los malhechores hicieron un hueco de la pared de la 

funeraria a la pared de la casa de empeño.

21.A la fecha de los hechos, Ranger llamó a Manuel Báez 

Vega en cuatro (4) ocasiones.

22.En la primera activación de la alarma, el empleado de 

Ranger American omitió seguir el “call order”, es decir, no 

cumplió con seguir llamando a los clientes.

23.Ranger tenía conocimiento que todas las activaciones de 

alarma recibidas por Ranger American el 30 de noviembre 

del 2019 al 1 de diciembre de dicho año relacionadas al 

Local provenían de sensores que ubicaban en el interior del 

local.

24.Ranger tenía conocimiento que ninguno de los avisos de 

alarma en la fecha de los hechos provino de una puerta del 

local ni las ventanas del local.

25.El personal de Ranger fue quien instaló los sensores de 

alarma que se activaron en la fecha de los hechos.

26.Ranger American no instaló detectores de calor e incendio 

en el establecimiento de las partes demandantes.

27.Para la fecha de los hechos Ranger no llamó a la Policía de 

Puerto Rico para alertarle de los avisos de alarma del local, 

pues los patrulleros encontraron el exterior del local en 

orden y sin alteración de tipo alguno.

28.Cuando los patrulleros de Ranger se personaron en el local 

el día de los hechos, no había visibilidad hacia la parte 

interior del local ya que estaba cerrado.

29.Entre las 5:24pm del 30 de noviembre de 2019 y la 1:39 

del 1 de diciembre de 2019, el sistema de Ranger refleja 

que ésta recibió cuatro señales de alarma provenientes del 

establecimiento de los demandantes (“Burglary Alarm”).
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30.Zulimar Jiménez era empleada de Ranger y era la 

operadora de turno el 30 de noviembre de 2019 durante el 

turno de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

31.Durante el turno de Zulimar Jiménez se activó el sistema 

de alarma en la Joyería Monte Piedad y Casa de Empeño 

Cashex en tres ocasiones a diferentes horas: 23:44, 4:16 

y 01:39.

32.Posterior al robo, la operadora de Ranger American, 

Zulimar Jiménez, fue entrevistada por su supervisor, Oscar 

Rodríguez, quien preparó un narrativo el 2 de diciembre de 

2019.

33.Para la fecha de los hechos, Oscar Rodríguez Delgado, era 

el Gerente de Operaciones de la División del Centro de 

Mando de Ranger.

34.Para la fecha de los hechos, Oscar Rodríguez Delgado era 

el supervisor de Zulimar Jiménez.

35.En el narrativo de Oscar Rodríguez Delgado, éste señaló 

que se activó el sistema en 3 ocasiones en diferentes 

horarios y no se le sugirió al cliente a enviar a alguien al 

lugar para revisar el interior del local con el patrullero.

36.En el narrativo de Oscar Rodríguez Delgado, se instruyó a 

investigar más al detalle las activaciones de alarma 

debido a que ese cliente nunca recibía activaciones 

recurrentes y al hecho de que no se sugirió al cliente enviar 

a alguien junto con el patrullero en respuesta a las 

múltiples activaciones.

37.En el narrativo de Oscar Rodríguez del 2 de diciembre de 

2019, este estableció que le indicó a Zulimar Jiménez que 

se estaban trabajando en automático las activaciones.

38.En el narrativo de Oscar Rodríguez del 2 de diciembre de 

2019, se le instruyó a Zulimar Jiménez a investigar más al 

detalle las activaciones.

39.En el narrativo de Oscar Rodríguez del 2 de diciembre de 

2019, se le instruyó a Zulimar Jiménez a investigar más al 

detalle las activaciones ya que (1) el establecimiento de la 

parte demandante no recibía activaciones recurrentes; (2) 

porque ese día hubo tres activaciones; (3) y porque no se le 

sugirió a la parte demandante que enviara a alguien con 

el patrullero.12

No obstante, el TPI determinó que los siguientes hechos 

estaban en controversia: 

1. Si Ranger American respondió conforme el protocolo y sus 

obligaciones contractuales, llevando a cabo las gestiones 

necesarias y razonables ante los avisos de alarma del 

Local.

2. Si Ranger American realizó un patrullaje inadecuado ante 

los avisos de alarma del Local.

3. Si Ranger American asumió voluntariamente un deber 

extracontractual con las partes demandantes al llevar a 

cabo representaciones de que tomarían medidas 

afirmativas para responder los avisos de alarma.

4. Si las partes demandantes sufrieron daños por la alegada 

falta de diligencia e incumplimiento de Ranger American.

5. Si las partes demandantes sufrieron daños por la pérdida 

de negocios o posibilidades debido al incidente en el Local.

6. Si las partes demandantes sufrieron daños emocionales 

debido al incidente en el Local.13

12 Íd., a las págs. 1345 – 1349. Citas en original omitidas.

13 Íd., a la pág.1349. Citas en original omitidas.
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Basado en lo antes expresado, el TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria y ordenó la continuidad de los 

procedimientos. 

También, y el mismo día del 8 de abril de 2024, el TPI emitió 

otra Resolución en la cual, excluyó la segunda página del contrato y 

la defensa de relevo de responsabilidad de Ranger American, por 

haber sido presentadas tardíamente.14 En lo pertinente, expresó:

[e]l tribunal concluye que un relevo de responsabilidad es una 

defensa afirmativa que al no ser levantada en la contestación 

a la demanda se da por renunciada, máxime cuando el 

documento de relevo no fue provisto en el descubrimiento de 

prueba. Las defensas afirmativas “deben plantearse de forma 

clara, expresa y específica al responder una alegación o se 

tendrán por renunciadas, a menos que surja del 

descubrimiento de prueba los hechos que sustentan la 

defensa afirmativa, lo que en tal caso deberá presentarse una 

enmienda a la alegación pertinente sin dilación alguna”, cosa 

que no ocurrió en el caso de epígrafe. De hecho, la mención al 

relevo de responsabilidad se planteó por primera vez en el 

Informe de Conferencia con Antelación a Juicio sin que la parte 

demandada proveyera justificación para no haberla provisto 

en el descubrimiento de prueba.15

Inconforme, Ranger American presentó una reconsideración 

el 23 de abril de 2024.

16

Tras varios trámites procesales, el TPI emitió y notificó una 

Orden el 26 de abril de 2024, en la cual declaró No Ha Lugar la 

reconsideración de la sentencia sumaria.17 De igual modo, el 30 de 

abril de 2024,

18 el foro de instancia mantuvo su determinación en 

cuanto a la exclusión de la segunda página del contrato.19 

Inconforme con ambas determinaciones, el 28 de mayo de 

2024 Ranger American recurrió ante nos y señaló la comisión de los

siguientes dos (2) errores: 

PRIMER ERROR: Cometió error manifiesto el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan, al eliminar la segunda página del contrato 

acogiendo el argumento de la parte demandante sobre 

supuesta notificación tardía del mismo, y en 

consecuencia, negarse a considerarla en la solicitud de 

14 Apéndice 66 del Recurso de Certiorari, págs. 1337 – 1340.

15 Íd., a la pág.1340. Citas en original omitidas.

16 Apéndice 69 & Apéndice 70 del Recurso de Certiorari, págs. 1353 – 1360, 

1361 – 1372.

17 Apéndice 76 del Recurso de Certiorari, pág. 1396.

18 Notificada el mismo día.

19 Apéndice 77 del Recurso de Certiorari, pág. 1397.
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sentencia sumaria, cuando el contrato es mencionado 

incluso antes en la demanda, se hizo referencia al 

mismo durante el descubrimiento de prueba sin reserva 

alguna de la parte demandante, y sin que esta 

notificara durante el descubrimiento de prueba que solo 

tenía la primera página, a pesar de que esa página, que 

fue estipulada, surgía expresamente que el contrato 

tenía una página adicional. 

SEGUNDO ERROR: Incidió el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, al no 

incluir en su dictamen determinaciones de hechos que 

quedaron expresamente incontrovertidos por surgir de 

admisiones de parte y de documentos estipulados; y

omitir analizar el derecho aplicable a los hechos que 

fue invocado en la solicitud de sentencia sumaria. 

Por su parte, los recurridos–demandantes comparecieron ante 

nos el 6 de junio de 2024 mediante el escrito intitulado: “Escrito en 

cumplimiento de Orden”. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, damos por 

sometido el asunto.

-II-

-ALa Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

procesal de la sentencia sumaria, cuyo propósito principal es 

facilitar la solución justa, rápida y económica de casos civiles que 

no presentan controversias genuinas o reales sobre hechos 

materiales y esenciales.20

En ese sentido, se considera un hecho material esencial 

“aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

al derecho sustantivo aplicable”.

21 Por lo tanto, procederá dictar una 

sentencia sumaria:

[S]i las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia, 

demuestran que no hay controversia real sustancial en cuanto 

a algún hecho esencial y pertinente y que [,] como cuestión de 

derecho[,] el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de 

la parte promovente.22

20 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e); Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 19 – 20 

(2017).

21 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).

22 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e).
KLCE202400583 8

Es decir, este mecanismo podrá ser utilizado en situaciones 

en las que la celebración de una vista o del juicio en su fondo 

resultare innecesaria, debido a que el tribunal tiene ante su 

consideración todos los hechos necesarios y pertinentes para 

resolver la controversia y solo le resta aplicar el derecho.23

De manera que, un asunto no debe ser resuelto por la vía 

sumaria cuando:

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) 

hayan alegaciones afirmativas en la demanda que no han 

sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que 

acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no 

procede.24

La precitada regla establece los requisitos de forma que debe 

satisfacer toda solicitud de sentencia sumaria.25 El inciso (a) de la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, dispone que la moción de la parte 

promovente deberá contener:

(1) Una exposición breve de las alegaciones de las partes;

(2) los asuntos litigiosos o en controversia;

(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual 

es solicitada la sentencia sumaria;

(4) una relación concisa y organizada en párrafos 

enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación 

de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los 

mismos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal;

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable, y

(6) el remedio que debe ser concedido.26

Asimismo, presentada una moción de sentencia sumaria, la 

parte promovida no deberá cruzarse de brazos ni descansar 

exclusivamente en meras afirmaciones o en las aseveraciones 

contenidas en sus alegaciones.27 Es preciso que la parte promovida 

formule —con prueba adecuada en derecho— una posición 

sustentada con contradeclaraciones juradas y contradocumentos 

23 Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 17 – 18 (2015); Mejías v. 

Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012).

24 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra, a la pág. 167. Énfasis 

nuestro.

25 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 431 (2013).

26 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a). Énfasis nuestro.

27 Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016).
KLCE202400583 9

que refuten los hechos presentados por el promovente.28 Por 

consiguiente, cualquier duda que plantee sobre la existencia de 

hechos materiales en controversia no será suficiente para derrotar 

la procedencia de la solicitud.29 Después de todo, “[l]a etapa procesal 

para presentar prueba que controvierta los hechos propuestos por una 

parte en su Moción de Sentencia Sumaria no es en el juicio, sino al 

momento de presentar una Oposición a la Moción de Sentencia 

Sumaria, según lo exige la Regla 36 de Procedimiento Civil”.

30

En ese sentido, la parte promovida también tiene la obligación 

de cumplir con las exigencias enunciadas en las cláusulas (1), (2) y 

(3) del inciso (a) de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil.31 Le 

corresponde citar con especificidad cada uno de los párrafos, según 

enumerados en la solicitud de sentencia sumaria, que entiende se 

encuentran en controversia, al igual aquellos que no.32 Dicha tarea, 

deberá ser realizada de forma tan detallada y específica como lo haya 

hecho la parte promovente y haciendo referencia a la prueba 

admisible en la cual se sostiene la impugnación, con cita a la página 

o sección pertinente.33

Ahora bien, la inobservancia de las partes con la normativa 

pautada tiene repercusiones diferentes para cada una. Al respecto, 

nuestro Tribunal Supremo ha señalado que:

[P]or un lado, si quien promueve la moción incumple con los 

requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a 

considerar su pedido. A contrario sensu, si la parte opositora 

no cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente, si procede en 

derecho. Incluso, si la parte opositora se aparta de las 

directrices consignadas [en la regla] el tribunal podrá no tomar 

en consideración su intento de impugnación [de los hechos 

ofrecidos por el promovente].34

28 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214 – 215 (2010).

29 Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 26 (2014).

30 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 122 (2015).

31 Regla 36.3 (b)(1) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(1).

32 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 432.

33 Íd.; Burgos López et al. v. Condado Plaza, supra, a la pág. 17.

34 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 111.
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Entretanto, es menester señalar que al ejercer nuestra 

función revisora sobre decisiones en las que se aprueba o deniega 

una solicitud de sentencia sumaria, nos encontramos en la misma 

posición que los foros de primera instancia.35 Al tratarse de una 

revisión de novo, debemos ceñirnos a los mismos criterios y reglas 

que nuestro ordenamiento les impone a los foros de primera 

instancia, y debemos constatar que los escritos de las partes 

cumplan con los requisitos codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.

36 A tenor con lo expuesto, el Tribunal 

Supremo insular ha pautado lo siguiente:

[...] el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia. De haberlos, el foro 

apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 

en controversia y cuáles están incontrovertidos. [...]

[Por el contrario], de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, el foro apelativo intermedio 

procederá entonces a revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia.37

Desde luego, el alcance de nuestra función apelativa al 

intervenir en estos casos no comprenderá la consideración de 

prueba que no fue presentada ante el foro de primera instancia ni la 

adjudicación de hechos materiales en controversia.38

-BEl recurso de certiorari es un medio procesal de carácter 

discrecional, que a su vez, permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior.39 Así, se 

entiende por discreción como el poder para decidir en una forma u 

otra; esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción.

40

35 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118; Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004).

36 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118.

37 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a las págs.,118-119.

38 Íd. Énfasis nuestro.

39 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).

40 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
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Por ello, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, delimita las 

instancias en que habremos de atender —vía certiorari— las 

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia:

[E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. [...].41

Todavía más, bajo el carácter de discrecionalidad la Regla 40 

del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones establece los 

siguientes criterios para mostrar causa o para la expedición del auto 

de certiorari:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.42

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

dispuesto que: 

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 

de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

41 Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.

42 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
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sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.43

De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de instancia a 

quien le corresponde la dirección del proceso.44

-IIIEn primer orden, Ranger American nos plantea que el TPI erró 

al excluir la segunda página del contrato y acoger el argumento de 

que esta fue presentada tardíamente. Aducen que el referido 

contrato fue mencionado en distintas etapas del proceso. Además, 

los recurridos–demandantes no notificaran durante el 

descubrimiento de prueba que solo tenían la primera página; 

máxime, cuando la primera página fue estipulada y surgía que había

una segunda página. En segundo orden, el peticionario–demandado 

aduce que el foro primario incidió al no incluir en sus 

determinaciones de hechos, aquellos que fueron expresamente 

incontrovertidos en la moción de sentencia, ya fueron admisiones de 

parte o surgieron de los documentos estipulados. 

No obstante, al examinar las resoluciones emitidas el 8 de 

abril de 2024, concluimos que el TPI actuó razonablemente. 

Primeramente, el foro primario no erró al declarar No Ha Lugar

la moción de sentencia sumaria presentada por Ranger. Adoptamos 

—tanto las determinaciones de hechos materiales en controversia 

como las incontrovertidas— que obran en la referida Resolución. Es 

decir, existen hechos materiales que están en controversia, e 

impiden disponer del caso por la vía sumaria a favor del 

peticionario–demandado. Además, la segunda página del contrato 

43 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).; 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

44 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
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fue excluida y consigo cualquier defensa de relevo de 

responsabilidad.

Por lo que referente a la exclusión del documento y la defensa 

afirmativa, somos del criterio que conforme a los hechos del caso y 

al derecho aplicable, dicha determinación constituye una decisión 

correcta y razonable dentro del claro ejercicio de discreción conferido 

a los tribunales de instancia y a su facultad para manejar los casos 

de la manera que entiendan más adecuada.

Por lo cual, resolvemos que el presente caso no presenta 

ninguna de las circunstancias contempladas en la referida Regla 

52.1 de Procedimiento Civil. Tampoco, surge prueba en el expediente 

tendente a demostrar que el TPI abusó de su discreción o actuó con 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Así, en el ejercicio de la 

sana discreción que nos permite la Regla 40 del Tribunal 

Apelaciones, no es irrazonable la continuación de los procesos para 

que se proceda a dilucidar aquellas cuestiones de credibilidad sobre 

los asuntos en controversia. 

En consecuencia, las determinaciones recurridas merecen 

nuestra deferencia, por lo que no variaremos los dictámenes. 

-IVPor lo fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones