Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

MILTON FELIPE RIVERA 

RODRÍGUEZ

Apelado

v.

YARI RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Apelante 

KLAN202300847

APELACIÓN 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez 

Caso número:

MZ2023CV00253

Sobre:

Desahucio, Cobro de 

Dinero (Procedimiento 

Sumario)

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez 

Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2024.

Comparece la parte apelante, Yari Rodríguez Benítez, y nos solicita 

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Mayagüez, el 24 de agosto de 2023, notificada el día 

siguiente. Mediante dicho dictamen, el foro primario ordenó a la parte 

apelante a satisfacer la cantidad de $1,200.00 por concepto de cánones de 

arrendamiento adeudados y $1,000.00 en concepto de honorarios de 

abogado por temeridad a favor de la parte apelada, Milton F. Rivera 

Rodríguez.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se modifica el 

dictamen apelado y, así modificado, se confirma.

I

El 15 de febrero de 2023, Milton F. Rivera Rodríguez (Rivera 

Rodríguez o apelado) incoó una Demanda sobre desahucio1 y cobro de 

1 Cabe destacar que, el 21 de abril de 2023, Milton F. Rivera Rodríguez presentó una 

Moción Informativa y en Solicitud de Desistimiento, en la cual indicó que Yari Rodríguez 

Benítez había desalojado la residencia en cuestión, por lo que desistía de la causa de 

acción de desahucio. Atendido el asunto, el 24 de abril de 2023, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió y notificó una Sentencia Parcial, mediante la cual acogió la mencionada 

solicitud y decretó el archivo, con perjuicio, de la demanda únicamente en cuanto a la 

acción de desahucio. Véase, Apéndice del recurso, págs. 29-30.
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dinero, al amparo del procedimiento sumario dispuesto en el Código de 

Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933, 32 LPRA sec. 2821 et seq.,

en contra de Yari Rodríguez Benítez (Rodríguez Benítez o apelante).

2 En 

síntesis, indicó que, durante el mes de abril de 2020, junto a su esposa, 

llegó a un acuerdo de arrendamiento con Rodríguez Benítez para arrendar 

una propiedad de este, sita en el municipio de Mayagüez, por un canon de 

$400.00 mensuales. Alegó que, aunque produjo un contrato escrito, nunca 

se firmó, por lo que las partes establecieron verbalmente las pautas de 

arrendamiento donde se acordó lo siguiente: (a) La suma de cuatrocientos 

dólares como canon mensual de arrendamiento sin el pago de una fianza;

(b) Los pagos de utilidades mensuales serían por cuenta de Rodríguez 

Benítez; (c) El mantenimiento y limpieza del patio sería por cargo de 

Rodríguez Benítez, ya que iba a utilizar el terreno para un proyecto agrícola

que tenía en proceso; (d) La residencia sería utilizada como vivienda 

principal de Rodríguez Benítez y la finca o terreno para fines agrícolas,

según manifestado por esta y aceptado por Rivera Rodríguez.

Rivera Rodríguez arguyó en su Demanda que Rodríguez Benítez 

nunca se hizo cargo del mantenimiento y limpieza del terreno de la referida 

propiedad, como acordado. Sostuvo que, en el año 2021, Rodríguez 

Benítez solicitó el reemplazo de varios bienes muebles que se encontraban 

en la residencia en cuestión, debido a que estos no servían por la presencia 

de polilla. Asimismo, señaló que Rodríguez Benítez había reclamado que 

se le estaban dañando sus cosas porque el techo del inmueble filtraba, pero 

que el hermano de ella podía hacer el trabajo de sellado del techo e indicó 

lo que necesitaba para dicha labor. Según adujo, accedió a lo anterior y 

compró el sellador de techo solicitado. Sin embargo, planteó que Rodríguez 

Benítez le proveyó unos recibos a manuscrito y reclamó el pago de 

$3,170.00 por concepto de la mano de obra de lo antes acordado y de los 

materiales de otros asuntos no acordados. Informó que había llegado a un 

acuerdo con Rodríguez Benítez, el cual consistía en que, comenzando en 

2 Apéndice del recurso, págs. 4-6.
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octubre de 2021, en vez de pagar $400.00 mensuales por cánones de 

arrendamiento, pagaría $200.00 mensuales; la diferencia en cantidad sería 

para cubrir la deuda de este con Rodríguez Benítez.

En la Demanda, Rivera Rodríguez alegó que, en el mes de agosto

de 2022, Rodríguez Benítez había reclamado la pérdida de sus

pertenencias por una filtración en el techo de la propiedad. Sobre ese 

particular, argumentó que contrató a un ente externo para revisar el techo, 

quien le indicó que Rodríguez Benítez nunca realizó el sellado acordado.

Arguyó que, a raíz del sellado de techo eventualmente realizado por el ente 

externo, Rodríguez Benítez comenzó a reclamar que se le había violado su 

privacidad y dejó de pagar los $200.00 mensuales por cánones de 

arrendamiento acordados. Planteó que, a pesar de que Rodríguez Benítez

no estaba residiendo en la propiedad, la cual se encontraba deshabitada, 

en deterioro y bajo su control, esta tenía mascotas en la residencia. En vista 

de lo anterior, reclamó las cantidades adeudadas –vencidas, líquidas y 

exigibles–, desde septiembre de 2022 hasta que se dictara sentencia, por 

la suma de $400.00 mensuales, más los intereses legales postsentencia, 

al igual que el pago de las costas y los honorarios de abogado por 

$1,000.00. Asimismo, solicitó que se declarara con lugar la demanda de 

epígrafe y se ordenara el lanzamiento de Rodríguez Benítez, así como de 

cualquier persona que, en nombre de esta, ocupara la propiedad en 

cuestión.

Por su parte, el 21 de abril de 2023, Rodríguez Benítez presentó su 

alegación responsiva.3 En esencia, negó la mayoría de las alegaciones en 

su contra. Sostuvo que, contrario a lo alegado por Rivera Rodríguez, existía 

un contrato por escrito, el cual fue suscrito el 20 de abril de 2020, que pagó 

una fianza de $400.00 adicional al primer mes de renta y que cumplió 

esencialmente con la responsabilidad del mantenimiento del patio de la 

propiedad. En cuanto al sellado del techo, arguyó que no se proveyeron la 

totalidad de los materiales y que, por razones de salud, su hermano no 

3 Apéndice del recurso, págs. 7-12.
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pudo realizar la labor, lo cual había sido informado a Rivera Rodríguez. 

Negó haber reclamado los gastos realizados por esta en la propiedad. 

Sobre ese particular, planteó que Rivera Rodríguez incumplió su promesa 

verbal de venderle la propiedad en controversia, por lo que habían llegado 

a un acuerdo de crédito por la suma de $200.00 mensuales, aplicados al 

canon de arrendamiento por un periodo de dieciocho (18) meses, hasta el 

saldo de las mejoras, para un total de $3,600.00. Admitió que había dejado 

de pagar los $200.00 acordados, ello con el propósito de consumir su 

crédito más rápido. Argumentó, además, que Rivera Rodríguez le 

adeudaba el pago de $100.00 mensuales por el mantenimiento del patio 

alrededor de la residencia, $55.76 por los tratamientos mensuales contra 

polilla y comején, y $161.67 por el tratamiento inicial.

Luego de varias incidencias procesales, el 21 de agosto de 2023, 

las partes sometieron el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio

(Informe),4 mediante el cual estipularon los siguientes hechos:

1. Don Milton F. Rivera Rodríguez, tiene como [a]poderada 

a su hija Iris Rivera Colón[,] según es acreditado mediante 

Escritura N[ú]mero Cuarenta y Seis (46) otorgada el 19 de 

octubre de 2021 ante la [n]otaria María Herminia Cotto 

Nieves.

2. Don Milton F. Rivera Rodríguez y su esposa Doña Luz 

Celenia Colón Cintrón son los dueños de la propiedad 

dada en arrendamiento a la parte demandada, Yari 

Rodríguez Benítez[.]

3. Don Milton F. Rivera Rodríguez, su esposa Doña Luz 

Celenia Colón Cintrón y la joven Yari Rodríguez Benítez 

otorgaron un contrato de arrendamiento con la joven Yari

Rodríguez Benítez[,] dando en arrendamiento la 

propiedad antes descrita por el término de un año[,]

comenzando el 20 de abril de 2020 por la cantidad de 

$400.00 mensuales. Al término de dicho año, continuó de 

mes a mes.

4. El 8 de octubre de 2021, Iris Rivera Colón y Don Milton 

Rivera acordaron en documento a manuscrito recibir el 

pago de $200.00 mensuales por año y medio y acreditar 

la diferencia de $200.00 al alegado total pagado por la 

parte demandada en gastos para la residencia. El mismo 

comenzaría el 21 de septiembre de 2021 aunque fue 

suscrito el 8 de octubre de 2021.

5. El 20 de abril de 2023 la parte demandada, Yari Rodríguez 

Benítez, entregó las llaves de la propiedad arrendada a 

los demandantes.

6. Se estipula el pago de los gabinetes de cocina que no son 

parte de lo reclamado por la demandada.5

4 Apéndice del recurso, págs. 13-28.

5

Íd., págs. 18-19.
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En lo aquí atinente, en el referido Informe, Rodríguez Benítez 

identificó la siguiente prueba documental que pretendía presentar en el 

juicio en su fondo:

1. Identificación (a) Contrato

2. Identificación (b) Nota firmada sobre acuerdo de rebaja de 

canon por gastos

3. Identificación (c) c-1 a c-2 Evidencia de gastos

4. Identificación (d) Evidencia [de] gastos en materiales

5. Identificación (e) Evidencia [de] gastos de materiales y 

mano de obra

6. Identificación (f) Evidencia de gastos de materiales y 

mano de obra

7. Identificación (g) Evidencia de pago de limpieza

8. Identificación (h) h-a a h-n Evidencia [de] pago de 

fumigación

9. Identificación (i) Recibo de compra de gabinete y espejo 

para baño principal

10.Identificación (j) Gastos de materiales de plomería

11.Identificación (k) Gastos de cablería eléctrica

12.Identificación (l) Gastos de materiales eléctricos

13.Identificación (m) Sellado de techo

14.Identificación (n) Pintura de baños

15.Identificación (o-o-a) [sic] Gastos [de] materiales [para] 

reparaciones [de] baños, electricidad y pintura

16.Identificación (p) Compra de gabinete de baño grande

17.Identificación (q) Materiales para reparaciones

18.Identificación (r) 45 fotos de la r-1 a la r-45

c. [sic] Recibos de pagos de fumigación por comején y polilla.6

Celebrado el juicio en su fondo y evaluadas las posturas de las 

partes en cuanto al cobro de dinero, el 24 de agosto de 2023, notificada al 

día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia que nos 

ocupa.7 Desglosó las siguientes determinaciones de hecho:

1. La parte demandante reconoció que le adeudaba la 

cantidad de $3,600 a la demandada por concepto de 

arreglos realizados a la propiedad hasta el 1 de 

septiembre de 2021.

2. Para pagar esa deuda, el canon de arrendamiento de la 

demandada[,] que eran $400.00 mensuales[,] sería 

reducido a $200.00 desde el mes de septiembre de 2021 

y por el término de 18 meses.

3. En septiembre de 2022, habiendo transcurrido doce (12) 

meses desde el acuerdo, la demandada determinó 

unilateralmente dejar de pagar la renta para acelerar el 

pago de lo que le debía la parte demandante.

4. Por tanto, la deuda qued[ó] saldada para el mes de 

noviembre de 2022.

5. La demandada había pagado $400 por concepto de fianza 

para arrendar la propiedad.

6 Apéndice del recurso, págs. 22-23.

7

Íd., págs. 32-36.
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6. El Tribunal determinó atribuir ese mes de fianza a la renta 

del mes de diciembre de 2021, que era pagada el 21 de 

diciembre.

7. La demandada quedó debiendo el pago de los meses de 

enero 21, febrero 21 y marzo 21. O sea, 3 meses de renta 

para un total de $1,200.00[.]

Surge del referido dictamen que, al inicio del juicio, el foro primario

advirtió que, ante el volumen de la prueba anunciada, quería que las partes 

explicaran sus teorías. Luego de escuchar la teoría de Rodríguez Benítez, 

expresó que no atendería reconvención alguna por ser un caso de carácter 

sumario el cual no lo contemplaba. Sin embargo, aclaró que nada privaba

a Rodríguez Benítez de instar un pleito separado para reclamar el cobro de 

dinero que entendiera que Rivera Rodríguez le debía por alegados arreglos 

y gastos realizados en la propiedad en cuestión. Además, ordenó que el 

caso se limitara a establecer la deuda, si alguna, relacionada a los cánones 

de arrendamiento.

El foro a quo señaló que el Artículo 627 del Código de Enjuiciamiento 

Civil de Puerto Rico de 1933, 32 LPRA sec. 2829, permitía, a modo de 

excepción y por solicitud de parte interesada, acumular una reclamación en 

cobro de dinero, fundamentada en la falta de pago del canon o precio en 

que se basaba la reclamación de desahucio, dentro del mismo

procedimiento judicial; es decir, al cobro de lo adeudado por concepto de 

cánones dejados de pagar. Abundó que, en ese contexto, la reclamación 

se tenía que limitar o restringir al cobro de lo adeudado, sin que la parte 

demandada pudiera invocar el incumplimiento del contrato como 

justificación para no haber pagado los cánones correspondientes u otras 

reclamaciones accesorias. Por tanto, concluyó que la acumulación 

permisible de causas de acción accesorias estaba limitada al cobro de 

dinero de lo estrictamente adeudado por concepto de cánones de 

arrendamiento. En virtud de ello, ordenó a Rodríguez Benítez a satisfacer 

la cantidad de $1,200.00 por concepto de cánones de arrendamiento 

adeudados a Rivera Rodríguez. Además, encontró incursa en temeridad a

Rodríguez Benítez y, por tanto, le impuso el pago de $1,000.00 en concepto 

de honorarios de abogado a favor de Rivera Rodríguez.
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Inconforme, el 22 de septiembre de 2023, la parte apelante acudió 

ante esta Curia mediante el recurso de epígrafe y señaló los siguientes 

errores:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

permitirle a la demandada presentar la prueba anunciada.

Erró el Honorable Tribunal al determinar que la demandada 

quedó debiendo tres (3) meses de renta que suman 

$1,200.00 dólares.

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que la demandada incurrió en temeridad.

Evaluado lo anterior, ordenamos a la parte apelada presentar su 

alegato en oposición conforme a la Regla 22 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 22. Asimismo, luego de dar por 

estipulada la transcripción de la prueba oral, otorgamos al apelado un 

término adicional para presentar su alegato suplementario. Ha transcurrido 

mayor término a lo concedido sin que la parte apelada haya acreditado 

escrito alguno ante esta Curia, por lo que, según advertido, procedemos a 

resolver sin el beneficio de su comparecencia.

II

A

El desahucio es un procedimiento especial de naturaleza sumaria

cuyo objetivo principal es recuperar la posesión material de una propiedad 

inmueble mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o precarista 

que la detente. 32 LPRA sec. 2822; Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 

733 (1987); C.R.U.V. v. Román, 100 DPR 318 (1971). El procedimiento 

sumario de desahucio procura de la manera más rápida posible, la 

reivindicación de determinados derechos de la persona arrendadora, tales 

como recuperar la posesión material del bien arrendado, reduciendo al 

mínimo constitucionalmente permisible las garantías procesales. Tal 

proceder sumario ha permitido limitar y acortar ciertos términos y prescindir 

de ciertos trámites comunes al proceso ordinario, sin que ello conlleve 

suprimir o menoscabar la oportunidad de la persona arrendataria de ejercer 

con efectividad sus defensas durante el litigio. Turabo Ltd. Partnership v. 
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Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 241-245 (1992); Mora Dev. Corp. v. Sandín, 

supra, págs. 749-750. El desahucio no es una de las formas de terminar el 

arrendamiento, sino un medio de recobrar judicialmente la cosa inmueble 

arrendada, cuando aquél se acaba por la concurrencia de ciertas causas 

extintivas. Esta acción tiene un carácter resolutorio del contrato. Mora Dev. 

Corp. v. Sandín, supra. 

El Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933 establece 

las normas vigentes sobre la acción de desahucio y establece el 

procedimiento a cumplir en su trámite ante los tribunales. 32 LPRA sec. 

2821 et seq. En su Artículo 620, el citado estatuto dispone que toda persona

dueña de finca, sus apoderados, los usufructuarios y cualquier otra persona 

que tenga derecho a disfrutar la propiedad y sus causahabientes tendrán a 

su haber el procedimiento de desahucio. 32 LPRA sec. 2821. Asimismo, el 

Artículo 627 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933, 

32 LPRA sec. 2829, permite, a modo de excepción y únicamente a solicitud 

de parte interesada, acumular una reclamación en cobro de dinero, 

fundamentada en la falta de pago del canon o precio en que se basa la 

reclamación de desahucio, dentro del procedimiento judicial sobre 

desahucio. La acción acumulable no se refiere a aquellas en las que se 

invoque como defensa un conflicto de título, la defensa de vicios ocultos en 

la propiedad como justificación para no proceder al pago pactado, o una 

reconvención por daños. En estas últimas circunstancias se requerirá un 

juicio plenario o, dicho de otra manera, el juicio declarativo correspondiente 

en el curso ordinario de los procedimientos judiciales. Cabe destacar que 

la acción acumulable tiene que estar íntimamente atada o relacionada a la 

acción de desahucio. Es decir, al cobro de lo adeudado por concepto de 

cánones dejados de pagar. 

Cónsono con lo anterior, la reclamación se tiene que limitar o 

restringir al cobro de lo adeudado, sin que la parte demandada pueda 

invocar el incumplimiento del contrato como justificación para no haber 

pagado los cánones correspondientes u otras reclamaciones accesorias. 
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Dada la naturaleza sumaria del procedimiento de desahucio, una vez de 

trabada una controversia sobre otras consideraciones relativas al cobro de 

dinero, el tribunal viene obligado a reivindicar la posesión del inmueble 

mediante el lanzamiento o expulsión de la persona arrendataria o precarista 

que detenta la posesión del bien sin pagar merced alguna, y ordenar el 

cobro de dinero de los cánones adeudados y otros reclamos accesorios 

mediante el cauce ordinario. En otras palabras, la acumulación permisible 

de causas de acción accesorias está limitada al cobro de dinero de lo 

estrictamente adeudado por concepto de cánones de arrendamiento. 

Véase, Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR 244 (1956).

B

En una acción de cobro de dinero, la parte demandante únicamente 

puede reclamar, por vía judicial, aquellas deudas que sean vencidas, 

líquidas y exigibles. RMCA v. Mayol Bianchi, 208 DPR 100, 108 (2021).

Respecto a ello, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que:

El vocablo “líquida” en relación con una cuenta, en lenguaje 

corriente significa el saldo “o residuo de cuantía cierta que 

resulta de la comparación del cargo con la data”. Y la voz 

“exigible” refiriéndose a una obligación, significa que puede

demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 

70 DPR 958, 966 (1950).

En ese sentido, la deuda es “líquida” cuando la cuantía de dinero 

debida es “cierta” y “determinada”. Ramos y otros v. Colón y otros, 153 

DPR 534, 546 (2001), citando a M.A. Del Arco Torres y M. Pons González, 

Diccionario de Derecho Civil, Navarra, Ed. Aranzadi, 1984, T. II, pág. 168 y 

a Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25 (1965). Por otro lado, la 

deuda es “exigible” cuando la obligación no está sujeta a una causa de 

nulidad y puede demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 

supra. Sobre ese particular, nuestro Tribunal Supremo determinó en RMCA 

v. Mayol Bianchi, supra, págs. 108-109, lo siguiente:

La deuda es líquida por ser cierta y determinada, y es exigible 

porque puede demandarse su cumplimiento. Así que, “al 

alegarse que la cuenta es ‘líquida y exigible’ se están 

exponiendo hechos, a saber: que el residuo de la cuantía ha

sido aceptado como correcto por el deudor y que está 

vencido”. (Citas omitidas).
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Por otro lado, la parte que exige el cumplimiento de una obligación 

es a quien le corresponde probar su existencia. Admor. F.S.E. v. Almacén 

Ramón Rosa, 151 DPR 711, 719 (2000); H.R. Stationery, Inc. v. E.L.A., 119 

DPR 129, 134 (1987). Lo anterior es cónsono con la Regla 110 de 

Evidencia de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 110, pues el peso 

de la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida en caso de no 

presentarse prueba alguna.

C

Las Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 2009, según 

enmendadas, 32 LPRA Ap. VI (Reglas de Evidencia), rigen la forma y el 

proceso mediante el cual se admite la prueba ante los tribunales. Previo a 

la admisión de evidencia, se requiere que la misma sea autenticada o 

identificada. En cuanto a ello, la Regla 901 de Evidencia establece que este 

requisito “se satisface con la presentación de evidencia suficiente para 

sostener una determinación de que la materia en cuestión es lo que la 

persona proponente sostiene”. 32 LPRA Ap. VI, R. 901. 

En nuestro ordenamiento jurídico, las Reglas 104, 105 y 106 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 104-106, regulan el procedimiento a seguir 

ante la admisión o exclusión errónea de evidencia y el efecto que tiene la 

comisión de tales errores sobre un dictamen. En particular, la Regla 104(a)

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 104(a), establece que “[l]a parte 

perjudicada por la admisión errónea de evidencia debe presentar una 

objeción oportuna, específica y correcta o una moción para que se elimine 

del récord evidencia erróneamente admitida cuando el fundamento para 

objetar surge con posterioridad”.

Cónsono con lo anterior, la Regla 105(a) de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 105(a), indica que, como norma general, no se dejará sin efecto 

una determinación de admisión o exclusión errónea de evidencia ni se 

revocará por ello sentencia o decisión alguna, a menos que: (1) La parte 

perjudicada con la admisión o exclusión de evidencia hubiere satisfecho los 

requisitos de objeción, fundamento u oferta de prueba establecidos en la 
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Regla; y (2) El tribunal que considera el señalamiento estime que la 

evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o sustancial en la 

sentencia emitida o decisión cuya revocación se solicita.

Así pues, para determinar si procede revocar un dictamen por la 

admisión o exclusión errónea de evidencia, debe precisarse si dicha prueba 

pudo haber tenido un efecto determinante en la mente del juzgador de los 

hechos o si, independientemente del resto de la prueba presentada en 

juicio, de no haberse admitido o excluido esa evidencia, el resultado del 

caso probablemente hubiera sido distinto. Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 

729, 745-746 (1991). Es decir, es preciso llevar a cabo un “un cálculo algo 

especulativo, en términos de cuál es la probabilidad de que, de no haberse 

cometido el error, el resultado hubiera sido distinto”. Izagas Santos v. 

Family Drug Center, 182 DPR 463, 483-484 (2011), citando a E.L. Chiesa 

Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 2009, San Juan, Pubs. 

J.T.S., 2009, pág. 88. Lo contrario se consideraría un error benigno que no 

conllevaría revocar la determinación. Íd.

No obstante, la Regla 106 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 106,

establece que un tribunal apelativo podrá considerar un señalamiento de 

error sobre admisión o exclusión errónea de evidencia, aun cuando no se 

haya cumplido con la Regla 104 de Evidencia, supra. A esos efectos, la 

precitada Regla 106 del referido cuerpo reglamentario establece que esto 

se permitirá, a modo de excepción, cuando: 

(A) El error fue craso ya que no cabe duda de que fue 

cometido;

(B) [E]l error fue perjudicial porque tuvo un efecto decisivo o 

sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se 

solicita, y

(C) [E]l no corregirlo resulte en un fracaso de la justicia.

D

Sabido es que este Tribunal Apelativo actúa, esencialmente, como 

foro revisor. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 

Es por ello que, nuestra encomienda principal es examinar cómo los 

tribunales inferiores aplican el Derecho a los hechos particulares de cada 
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caso. Íd. Cónsono con lo anterior, el desempeño de nuestra función 

revisora se fundamenta en que el Tribunal de Primera Instancia desarrolle 

un expediente completo que incluya los hechos que haya determinado 

ciertos a partir de la prueba que se le presentó. Íd. Es decir, nuestra función 

de aplicar y pautar el Derecho requiere saber cuáles son los hechos, tarea 

que corresponde, primeramente, al foro de instancia. Íd. Como foro 

apelativo, no celebramos juicios plenarios, no presenciamos el testimonio 

oral de los testigos, no dirimimos credibilidad y no hacemos 

determinaciones de hechos. Íd. Esa es la función de los tribunales de 

primera instancia. Íd. 

Por el contrario, al momento de analizar prueba documental, prueba 

pericial o testimonios de testigos ofrecidos mediante declaraciones 

escritas, estamos en la misma posición que el Tribunal de Primera 

Instancia. Ortiz et al. v. S.L.G. Meaux, 156 DPR 488, 495 (2002). Así, “el 

Tribunal Apelativo tendrá la facultad para adoptar su propio criterio en la 

apreciación y evaluación de la prueba pericial, y hasta para descartarla, 

aunque resulte técnicamente correcta”. Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 

206 DPR 194, 219 (2021), citando a González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011). Asimismo, es norma básica que las 

conclusiones de derecho son revisables en su totalidad por el foro 

apelativo. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770. Ahora bien, 

como norma general, los tribunales apelativos aceptan como correctas las 

determinaciones de hechos de los tribunales inferiores, así como su 

apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la 

prueba presentada en la sala. Íd., pág. 771.

En nuestro ordenamiento jurídico no se favorece la intervención de 

los foros apelativos para revisar la apreciación de la prueba, la adjudicación 

de credibilidad o las determinaciones de hechos formuladas por el Tribunal 

de Primera Instancia, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Sucesión José Emanuel Mena Pamias y otros v. Jiménez 

Meléndez y otros, 2023 TSPR 108, resuelto el 5 de septiembre de 2023; 
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Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR 850 (2022); Santiago Ortiz v. Real 

Legacy et al., supra. Ello, debido a que el foro de instancia está en mejor 

posición que un tribunal apelativo para llevar a cabo esta importante tarea 

judicial. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771.

En consideración a la norma de corrección que cobija a las 

determinaciones realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando 

una parte peticionaria señala errores dirigidos a cuestionar la apreciación o 

suficiencia de la prueba, la naturaleza del derecho apelativo requiere que 

esta ubique al foro revisor en tiempo y espacio de lo ocurrido en el foro 

primario. Ello se logra utilizando alguno de los mecanismos de recopilación 

de prueba oral, como lo son: (1) transcripción de la prueba, (2) exposición 

estipulada o (3) exposición narrativa. Pueblo v. Pérez Delgado, 2023 TSPR 

35, 211 DPR __ (2023). Los tribunales de mayor jerarquía no pueden 

cumplir a cabalidad su función revisora sin que se le produzca, mediante 

alguno de estos mecanismos, la prueba que tuvo ante sí el foro primario. 

Íd.

E

La concesión de honorarios de abogado o abogada está regulada 

por la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1(d). La misma autoriza al tribunal a imponer honorarios de abogado o 

abogada cuando una parte o su representación legal procede con 

temeridad o frivolidad. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., 210 DPR 

163, 192 (2022); SLG González-Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 138, 145

(2022). En específico, el referido inciso de la citada regla reza como sigue:

En caso [de] que cualquier parte o su abogado o abogada 

haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia al [o a la] responsable el pago de 

una suma por concepto de honorarios de abogado [o 

abogada] que el tribunal entienda correspondan a tal 

conducta. En caso [de] que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus municipios, agencias o instrumentalidades

haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia una suma por concepto de 

honorarios de abogado [o abogada], excepto en los casos en 

que esté expresamente exento por ley del pago de honorarios

de abogado [o abogada].
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La temeridad se define como aquella conducta que hace necesario 

un pleito que se pudo evitar, que lo prolonga innecesariamente o que obliga 

que la otra parte incurra en gestiones evitables. Pérez Rodríguez v. López 

Rodríguez et al., supra, pág. 193; SLG González-Figueroa v. SLG et al., 

supra, pág. 148; Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 

(2010). Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que “[l]a temeridad es una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la administración de 

la justicia”. Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001), citando a 

Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 329 (1990). Asimismo, dicho Foro ha 

definido el concepto temeridad como la actuación terca, obstinada, 

contumaz y sin fundamentos, de un litigante que obliga a la otra parte 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes

de un pleito. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 240 (2013).

Por otro lado, la frivolidad se define como “[a]quello que no tiene razón de 

ser, sin méritos, sin peso ni lógica alguna”. Depto. Rec. v. Asoc. Rec. Round 

Hill, 149 DPR 91, 100 (1999), citando a I. Rivera García, Diccionario de 

Términos Jurídicos, 2da ed., New Hampshire, Equity Publishing Corp., 

1985, pág. 108. Solo lo claramente irrazonable o inmeritorio debe dar paso 

a una determinación de frivolidad por un tribunal apelativo. Íd.

El propósito de la imposición de honorarios de abogado o abogada

en casos de temeridad es “establecer una penalidad a un litigante 

perdidoso que por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia 

en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito”. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 

DPR 503, 520 (2010), citando a Fernández v. San Juan Cement Co., Inc.,

118 DPR 713, 718 (1987); Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., 

supra, pág. 193; SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, págs. 148-

149.
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Además, la imposición de honorarios de abogado o abogada, tiene 

como objetivo disuadir la litigación innecesaria y alentar las transacciones 

mediante la imposición de sanciones a la parte temeraria para compensar 

los perjuicios económicos y las molestias sufridas por la otra parte. 

Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., supra, págs. 718-719. Nuestro 

Foro de última instancia ha dispuesto que, la facultad de imponer 

honorarios de abogado o abogada, es la mejor arma que ostentan los 

tribunales para gestionar de forma eficaz los procedimientos judiciales y el 

tiempo de la administración de la justicia, así como para proteger a las 

personas litigantes de la dilación y los gastos innecesarios. SLG GonzálezFigueroa v. SLG et al., supra, pág. 149.

La determinación sobre si una parte ha procedido con temeridad 

descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador y no será variada 

en apelación a menos que se demuestre que este ha abusado de su 

discreción. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., supra, pág. 193; 

SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, pág. 150. Tampoco será 

variada la partida concedida, a menos que resulte ser excesiva, exigua o 

constituya un abuso de discreción. Íd.

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a disponer de 

la controversia ante nuestra consideración.

III

Como primer señalamiento de error, la parte apelante sostiene que 

el Tribunal de Primera Instancia erró al no permitirle presentar la prueba 

anunciada. Específicamente, arguye que, al archivarse la acción de 

desahucio, la acción restante sobre cobro de dinero convirtió el caso en 

uno ordinario, por lo que tenía derecho de presentar la prueba anunciada 

en la vista. En su segundo señalamiento de error, plantea que el foro 

primario incidió al determinar que esta adeuda $1,200.00 por tres (3) meses 

de arrendamiento. En esencia, alega que había anunciado prueba 

conducente a establecer que tenía a su favor un crédito por haber 

mantenido la propiedad en cuestión en condiciones salubres. Sobre ese 
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particular, aduce que incurrió en una inversión de $1,355.43 por el 

tratamiento contra comején, reparaciones a la cisterna de agua potable y 

plomería del inmueble objeto de la acción de epígrafe. Por estar los errores 

relacionados entre sí, los discutiremos conjuntamente.

Conforme esbozáramos previamente, como norma general, los 

tribunales apelativos aceptamos como correctas las determinaciones de 

hechos de los tribunales inferiores, así como su apreciación sobre la 

credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la prueba presentada en 

la sala. Los foros apelativos no debemos intervenir con la apreciación de la 

prueba de los foros primarios, salvo que exista pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto. Es decir, el foro primario merece deferencia ante 

planteamientos de error sobre admisibilidad de la prueba presentada y la 

apreciación que le confirió. En el caso de autos, evaluamos tanto la prueba 

documental ante nos, como la transcripción de la prueba oral y entendemos 

correctas las determinaciones de hechos desglosadas por el foro a quo. En 

ese sentido, nuestra intervención se ciñe a atender cuestiones puramente 

normativas a la luz de la prueba contenida en el expediente apelativo y la 

referida transcripción que atendemos.

De una revisión de la prueba documental, así como de la 

transcripción de la prueba oral desfilada en el juicio en su fondo, colegimos 

que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Surge expresamente de la transcripción de 

la prueba oral que, desde el inicio de la vista, la Juzgadora de los hechos 

pautó los parámetros del desfile de prueba y las partes no tuvieron objeción 

al respecto.8 Específicamente, el foro de origen dejó claro que la prueba a 

dirimirse estaría limitada a lo pertinente al cobro de los cánones de 

arrendamiento, objeto de la acción de epígrafe. La Juzgadora explicó que 

ello no impediría que la parte apelante, de entenderlo necesario, incoara 

una acción independiente sobre cobro de dinero de las cantidades que, 

según alegó, el apelado le debía por unas presuntas mejoras realizadas 

8 Véase, Transcripción de la Prueba Oral (TPO), págs. 44-45.
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por esta a la propiedad en cuestión. De hecho, surge de la referida 

transcripción, que la apelante entendió lo anterior y estuvo de acuerdo.9

Asimismo, se desprende de la transcripción de la prueba oral que la 

Juzgadora, en conjunto con las partes –quienes en sala estipularon las 

cantidades adeudadas por la apelante por concepto de cánones de 

arrendamiento y una cantidad adeudada por el apelado por unos arreglos 

que esta había realizado a la propiedad–, realizó el cómputo de la cifra final 

adeudada por la parte apelante. Al establecer la suma final adeudada por

la apelante, esta, nuevamente, estuvo conforme con la determinación y así

se expresó en el juicio.

10 De la mencionada transcripción no surge objeción 

por parte de la apelante o su representación legal, ni oferta de prueba 

alguna, que nos mueva a resolver que los primeros dos errores señalados 

en el presente recurso se cometieron. Por consiguiente, el proceder del foro 

primario merece deferencia pues, según antes detallado, salvo que exista 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, los foros revisores no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba del foro de origen. En 

conclusión, los primeros dos errores no se cometieron.

Ahora bien, como tercer señalamiento de error, la parte apelante 

alega que el foro a quo erró al determinar que esta incurrió en temeridad. 

Plantea que no hay prueba alguna en el expediente que sostenga dicha

determinación. Además, sostiene que tal determinación constituye un 

abuso de discreción, toda vez que siempre actuó con responsabilidad, de 

forma prudente, con apego a la verdad y fue facilitadora de los 

procedimientos judiciales. 

Examinado con detenimiento el recurso ante nos, así como la 

totalidad del expediente y la transcripción de la prueba oral, a nuestro juicio, 

el foro primario incidió en resolver que la parte apelante incurrió en 

temeridad. Nos explicamos.

9 Véase, TPO, págs. 91-92.

10 Íd., págs. 108-109.
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Tal como reseñáramos, la imposición de honorarios de abogados y 

abogadas recae en la sana discreción del tribunal sentenciador. No 

obstante, los tribunales apelativos solo pueden intervenir cuando se 

demuestre que el foro de origen abusó de su discreción. En el caso de 

autos, no surge actuación alguna de parte de la apelante que ameritara la 

imposición de temeridad, pues el expediente no refleja actuación terca, 

obstinada, contumaz y sin fundamentos por la mencionada parte durante 

todo el procedimiento judicial. Luego de un análisis sosegado de la totalidad 

del expediente y a la luz del derecho antes expuesto, resolvemos que no 

procedía la imposición de temeridad a la parte apelante. Por consiguiente, 

el tercer error se cometió. En consecuencia, modificamos el dictamen 

apelado a los únicos efectos de eliminar la referida imposición de 

temeridad. Así modificada, al evaluar concienzuda y ponderadamente los 

eventos procesales al palio de la normativa jurídica antes esbozada, 

confirmamos la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

IV

Por los fundamentos que anteceden, modificamos el dictamen 

apelado a los únicos efectos de eliminar la imposición de temeridad a Yari 

Rodríguez Benítez. Así modificada, confirmamos la Sentencia apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

El Juez Bermúdez Torres confirmaría en su totalidad el dictamen 

recurrido, por entender que no se ha superado el estándar de abuso de 

discreción al revisar determinaciones discrecionales para revocar la 

determinación de temeridad. En tal sentido, disiente de esa parte de la 

Sentencia.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones