Número Identificador

SEN(RES)2024____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

JAVIER SIERRA RODRÍGUEZ

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202400033

REVISIÓN 

JUDICIAL

Procedente del 

Departamento 

de Corrección y 

Rehabilitación

Solicitud de 

Reconsideración 

Núm.:

PP-901-23

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2024.

Comparece ante nos, por derecho propio, el señor Javier 

Sierra Rodríguez (“Sr. Sierra Rodríguez” o “Recurrente”), mediante

recurso de Revisión Judicial, recibido el 16 de enero de 2024. Nos 

solicita que revisemos una Respuesta de Reconsideración al Miembro 

de la Población Correccional emitida el 8 de diciembre de 2023, 

notificada el 18 del mismo mes y año, por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(“DCR” o “agencia recurrida”). Por virtud de la misma, el DCR denegó 

la solicitud de reconsideración instada por el Recurrente. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe, por falta de jurisdicción.

I.

El 5 de octubre de 2023, el Recurrente presentó ante el DCR 

una Solicitud de Remedio Administrativo.

1 Mediante dicha solicitud,

el Recurrente alegó que el 8 de diciembre de 2022, se le había 

entregado su Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia,

2 en la 

1 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 4.

2 Íd, pág. 10.
KLRA202400033 2

que se computó de manera errónea el tiempo para cualificar para 

los beneficios conferidos por la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

Señaló que no se le había tomado en consideración en el cómputo, 

el periodo de un año y medio (1 1⁄2) que estuvo confinado en “doble 

status”. Por lo cual, solicitó que se corrigiera el error en su hoja de 

liquidación de sentencia. 

Evaluada tal solicitud, el 31 de octubre de 2023, notificada el 

15 de noviembre del mismo año, el DRC emitió Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional,

3 en la que determinó que el 

computó para la liquidación de sentencia del Recurrente fue 

conforme al derecho vigente. En desacuerdo, el 28 de noviembre de 

2023, el Recurrente instó Solicitud de Reconsideración,4 la cual fue 

recibida por la agencia recurrida el 5 de diciembre de 2023. En dicho 

documento, el Recurrente insistió en que el cómputo de su hoja de 

liquidación estaba erróneo. Dicha solicitud fue denegada mediante 

la Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional,

5 emitida el 8 de diciembre de 2023, notificada el 18 del 

mismo mes y año. 

Inconforme aún, el 8 de enero de 20214, recibida el 16 del 

mismo mes y año, el Recurrente acudió ante esta Curia mediante 

recurso de Revisión Judicial, en el que formuló el siguiente error:

Erró la [D]ivisión de Remedios Administrativos al no 

acoger la solicitud de este recurrente debido a que el 

Remedio PP-901-23 esto debido a que conforme a 

derecho, se esta solicitando que se evalúe el expediente 

criminal y así, se adjudique el periodo de tiempo 

solicitado ya que este recurrente ha permanecido 

confinado extinguiendo la sentencia impuesta por el 

Tribunal por lo que al aplicar las leyes y estatutos no se 

puede dejar tiempo en el limbo cuando se ha 

permanecido en confinamiento. 

El 29 de enero de 2024, esta Curia emitió Resolución en la 

que, entre otros asuntos, le concedió un término de treinta (30) días 

3 Íd, págs. 8-9.

4 Íd, págs. 11-12.

5 Íd, pág. 13.
KLRA202400033 3

para que el DCR expusiera su oposición al recurso. En cumplimiento 

con lo ordenado, el 4 de marzo de 2024, el DCR, por conducto de la 

Oficina del Procurador General de Puerto Rico, presentó un escrito 

intitulado Escrito en Cumplimiento de Resolución. En síntesis, el DCR 

alego que procedía la desestimación del caso, puesto que el 

Recurrente no adhirió a su recurso los sellos de presentación, ni 

solicitó litigar como indigente. En la alternativa, señaló que procedía 

que se devolviera el caso a la agencia, puesto que la Hoja de Control 

sobre Liquidación de Sentencia emitida al Recurrente no surge que 

se haya tomado en cuenta las Cartas Circulares del DCR que fueron 

aprobadas luego de la aprobación de la Ley Núm. 85 de 11 de 

octubre de 2022. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante 

nuestra consideración.

II.

A. Jurisdicción

En nuestro sistema de derecho, la jurisdicción consiste en el 

poder y autoridad que tienen los tribunales para adjudicar casos o 

controversias, siempre que estos sean justiciables. JMG Investment, 

Inc. v. ELA, 203 DPR 708 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 

200 DPR 254, 267 (2018). Es responsabilidad de los propios 

tribunales cerciorarse sobre su jurisdicción, así como la jurisdicción 

del foro donde procede el recurso, pues ella no puede adjudicarse ni 

ser subsanada, aun con la anuencia de las partes del pleito. JMG 

Investment, Inc. v. ELA, 203 DPR 708 (2019); Fuentes Bonilla v. ELA, 

200 DPR 364 (2018). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide la 

revisión judicial. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 

(2013). Siendo ello así, las disposiciones que rigen el 
KLRA202400033 4

perfeccionamiento de los recursos a nivel apelativo deberán 

cumplirse rigurosamente. De esta forma, el derecho a la revisión de 

una determinación administrativa por el Tribunal Apelativo queda 

sujeto al estricto cumplimiento del reglamento, las limitaciones 

legales y su perfeccionamiento. 

A tono con lo anterior, la Regla 83(c) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, permite al propio 

tribunal desestimar un recurso por carecer de jurisdicción. 

B. Litigación in forma pauperis

Una de las condiciones que dispone nuestro ordenamiento 

para el perfeccionamiento de cualquier recurso ante este Tribunal, 

lo es el pago de los aranceles de presentación. Como requisito 

umbral para invocar la jurisdicción de este foro apelativo, toda 

persona que se disponga a apelar un dictamen de un foro inferior, 

está obligado a pagar dichos aranceles y adherirlos a su recurso. 

Sección 1 de la Ley de Aranceles de Puerto Rico, Ley Núm. 17 del 11 

de marzo de 1915, según enmendada, 32 LPRA sec. 1476, (“Ley de 

Aranceles”). Véase, además, Silva Barreto v. Tejada Martel, 199 DPR 

311 (2017). “De lo contrario, conforme dispone el Código de

Enjuiciamiento Civil, el documento se reputará nulo y se tendrá 

por no presentado.” (Énfasis nuestro). Íd.; 32 LPRA sec. 1481. Así 

pues, el pago de aranceles es una de las condiciones necesarias para 

que se perfeccione cualquier recurso, siendo su propósito, cubrir los 

gastos asociados a los trámites judiciales. M-Care Compounding et 

al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 174 (2012). Véase, además, 

Santana Báez v. Depto. Corrección, 202 DPR 233 (2019) (Resolución).

A modo de excepción y en aras de fomentar el acceso a las 

personas indigentes a los tribunales, se puede eximir del pago de los 

aranceles a una persona insolvente o indigente para permitir que 

litigue in forma pauperis. A esos fines, la Sección 6 de la Ley de 

Aranceles, supra, dispone lo siguiente: 
KLRA202400033 5

Cualquier persona de Puerto Rico que desee entablar 

una acción civil o recurso y no pudiere pagar los 

derechos establecidos por el Tribunal Supremo o los 

derechos de suspensión requeridos por esta Ley, podrá 

presentar al (a la) Secretario(a) del Tribunal una 

declaración jurada exponiendo su imposibilidad de 

pagar dichos derechos, junto con una copia de la 

demanda que se propone deducir. El(la) Secretario(a) 

someterá dicha declaración jurada y la referida 

demanda o recurso al(a la) Juez(a) del tribunal, según 

sea el caso, y si dicho(a) Juez(a) juzgare suficiente en 

derecho la demanda y estimare probada la incapacidad 

para satisfacer los derechos requeridos por esta Ley, 

permitirá que se anote dicha demanda, por lo cual el 

demandante tendrá derecho a todos los servicios de 

todos(as) los(as) funcionarios(as) del tribunal y a todos 

los mandamientos y providencias del mismo, como si 

los derechos hubiesen sido satisfechos. [...]. Mas, en 

todo caso, el (la) Juez(a) podrá requerir cualquier 

información adicional que creyere necesaria cuando 

una persona solicita que se le releve del pago de costas. 

Los recursos a nivel apelativo o discrecionales que 

se presenten en el Tribunal de Apelaciones o en el 

Tribunal Supremo disfrutarán de la referida 

exención de conformidad al trámite dispuesto. [...]. 

(Énfasis nuestro). 32 LPRA sec. 1482.

De conformidad con la aludida Sección, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones establece un procedimiento para la 

litigación in forma pauperis, a los fines cumplir con su objetivo de 

“dar mayor acceso a la ciudadanía a los procesos judiciales”, 

“eliminando los obstáculos y barreras que impidan impartir justicia 

apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos”. Artículo 4.002 de 

la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de

2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, 4 

LPRA sec. 24w. A esos efectos, la Regla 78 de nuestro Reglamento, 

dispone que: 

Cualquier parte en el procedimiento que por primera vez 

solicite litigar in forma pauperis, presentará ante el 

Tribunal de Apelaciones una declaración jurada, en 

la cual expondrá los hechos que demuestren su 

incapacidad para pagar los derechos y las costas o 

para prestar garantía por éstos, su convencimiento de 

que tiene derecho a un remedio y una exposición de los 

asuntos que se propone plantear en el recurso. 

Si la solicitud se concede, la parte podrá litigar sin el 

pago de derecho y costas, o sin la prestación de fianza 

para ello.
KLRA202400033 6

El Tribunal de Apelaciones podrá preparar formularios 

para facilitar la comparecencia efectiva de apelantes o 

recurrentes in forma pauperis. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 78

En estos casos, le corresponde al solicitante acreditar, so pena

de perjurio, que carece de los medios económicos para litigar. Gran 

Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 DPR 174, 191 (2007). En ausencia 

de una petición para litigar in forma pauperis, la omisión del 

pago de aranceles acarreará la desestimación del recurso. Íd,

pág. 194. 

III.

Antes de entrar en los méritos de los reclamos presentados 

por la parte aquí Recurrente, este Foro tiene el deber ineludible de 

auscultar si ostenta jurisdicción sobre el caso ante su 

consideración. SLG Solá-Moreno et al v. Bengoa Becerra, supra. 

Efectuado tal ejercicio, notamos que esta Curia carece de 

jurisdicción para atender el presente caso, por tal razón, nos 

tenemos otra alternativa que desestimarlo.

En el caso de autos, la parte Recurrente solicitó al DCR que 

volviera a evaluar su Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia, 

puesto que había un error en el cálculo para recibir los beneficios 

conferidos por la Junta de Libertad bajo Palabra. Luego de varios 

trámites, el 8 de diciembre de 2023, notificada el 18 del mismo mes 

y año, el DCR emitió la Respuesta de Reconsideración al Miembro de 

la Población Correccional recurrida, en la que denegó la solicitud de 

reconsideración. Como consecuencia, se confirmaba la 

determinación de la agencia recurrida, en la que había concluido 

que el cómputo en la hoja de liquidación de sentencia fue conforme 

a derecho. Inconforme con el proceder de la agencia, el 16 de enero 

de 2024, recibimos el recurso de epígrafe instado por el Recurrente. 

Surge del expediente, que el Recurrente no adhirió los 

correspondientes sellos de presentación, ni solicitó el formulario 

para litigar in forma pauperis. En nuestro ordenamiento se ha 
KLRA202400033 7

permitido que cualquier persona que desee entablar un recurso y no 

pudiere pagar los derechos de suspensión requeridos por Ley, podrá 

presentar al (a la) Secretario(a) del Tribunal una declaración 

jurada exponiendo su imposibilidad de pagar dichos derechos. 

Véase Sección 6 de la Ley de Aranceles, supra. A esos fines, la Regla 

78 de nuestro Reglamento, supra, establece que cualquier parte que 

por primera vez solicite litigar in forma pauperis, deberá presentar 

ante el Tribunal de Apelaciones una declaración jurada, en el que 

exponga “los hechos que demuestren su incapacidad para pagar los 

derechos y las costas o para prestar garantía por éstos”. La 

ausencia de una petición para litigar in forma pauperis y la 

omisión del pago de aranceles, acarreará la desestimación del 

recurso. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra. 

En vista de que en nuestro ordenamiento jurídico no existe 

estatuto o jurisprudencia que exima a los confinados de pagar 

aranceles, la solicitud para litigar in forma pauperis debe estar 

juramentada o suscrita so pena de perjurio, según lo requiere 

expresamente la Ley. Sec. 6 de Ley de Aranceles, supra y Regla 78 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Ello se debe a 

que el mero confinamiento, no implica automáticamente la 

indigencia del litigante. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra; Regla 

78 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

Ante la omisión del Recurrente de solicitar el permiso de esta 

Curia para litigar in forma pauperis, el presente recurso no fue 

debidamente perfeccionado y procede su desestimación. Advertimos 

a la parte Recurrente que la presentación del formulario 

juramentado sobre litigación in forma pauperis es requisito 

indispensable para acudir ante esta Curia. Además, prevenimos al 

Recurrente que el DCR ha reconocido que su hoja de liquidación de 

sentencia no fue evaluada a la luz de las cartas circulares vigentes, 

por lo que deberá acudir ante el organismo administrativo para 
KLRA202400033 8

solicitar el remedio correspondiente, y que pueda ser evaluado 

según dispone la Ley y los reglamentos vigentes. 

Por lo anterior, procede la desestimación del recurso de 

epígrafe, puesto que esta Curia de jurisdicción para atender el 

mismo.

IV.

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones