# Diario Oficial C 128/2010

| | ISSN 1725-244X
  doi:10.3000/1725244X.C_2010.128.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 128 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 53o año18 de mayo de 2010 |

ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2010.128.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 128

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

53o año18 de mayo de 2010

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes |
| | RESOLUCIONES |
| | Comité Económico y Social Europeo |
| | 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 |
| 2010/C 128/01 | Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre El cambio climático con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático — Copenhague, 7-18 de diciembre de 2009 | 1 |
| | DICTÁMENES |
| | Comité Económico y Social Europeo |
| | 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 |
| 2010/C 128/02 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La Estrategia de Lisboa después de 2010(Dictamen exploratorio) | 3 |
| 2010/C 128/03 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Inclusión social (Dictamen exploratorio) | 10 |
| 2010/C 128/04 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Nuevas perspectivas de la Estrategia para un desarrollo sostenible (Dictamen exploratorio) | 18 |
| 2010/C 128/05 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Hacia una economía ecológicamente eficiente — Transformar la crisis económica en ocasión de preparar el camino para una nueva era energética (Dictamen exploratorio) | 23 |
| 2010/C 128/06 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema El respeto de los derechos fundamentales en las políticas y la legislación europeas en materia de inmigración (Dictamen de iniciativa) | 29 |
| 2010/C 128/07 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema La energía y el cambio climático como elemento central de la Estrategia de Lisboa renovada (Dictamen de iniciativa) | 36 |
| 2010/C 128/08 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema La dimensión exterior de la Estrategia de Lisboa renovada (Dictamen de iniciativa) | 41 |
| 2010/C 128/09 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Universidades para Europa (Dictamen de iniciativa) | 48 |
| 2010/C 128/10 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Repercusiones de los fondos de capital riesgo, fondos de cobertura y fondos soberanos sobre los cambios industriales (Dictamen de iniciativa) | 56 |
| 2010/C 128/11 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Los servicios de interés económico general: ¿qué reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros? (Dictamen de iniciativa) | 65 |
| 2010/C 128/12 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Repercusión de las redes sociales de comunicación e interacción en el ciudadano/consumidor (Dictamen de iniciativa) | 69 |

Número de información

Sumario

Página

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

RESOLUCIONES

Comité Económico y Social Europeo

457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009

o

2010/C 128/01

Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre El cambio climático con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático — Copenhague, 7-18 de diciembre de 2009

1

DICTÁMENES

Comité Económico y Social Europeo

457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009

o

2010/C 128/02

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La Estrategia de Lisboa después de 2010(Dictamen exploratorio)

3

2010/C 128/03

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Inclusión social (Dictamen exploratorio)

10

2010/C 128/04

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Nuevas perspectivas de la Estrategia para un desarrollo sostenible (Dictamen exploratorio)

18

2010/C 128/05

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Hacia una economía ecológicamente eficiente — Transformar la crisis económica en ocasión de preparar el camino para una nueva era energética (Dictamen exploratorio)

23

2010/C 128/06

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema El respeto de los derechos fundamentales en las políticas y la legislación europeas en materia de inmigración (Dictamen de iniciativa)

29

2010/C 128/07

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema La energía y el cambio climático como elemento central de la Estrategia de Lisboa renovada (Dictamen de iniciativa)

36

2010/C 128/08

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema La dimensión exterior de la Estrategia de Lisboa renovada (Dictamen de iniciativa)

41

2010/C 128/09

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Universidades para Europa (Dictamen de iniciativa)

48

2010/C 128/10

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Repercusiones de los fondos de capital riesgo, fondos de cobertura y fondos soberanos sobre los cambios industriales (Dictamen de iniciativa)

56

2010/C 128/11

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Los servicios de interés económico general: ¿qué reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros? (Dictamen de iniciativa)

65

2010/C 128/12

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Repercusión de las redes sociales de comunicación e interacción en el ciudadano/consumidor (Dictamen de iniciativa)

69

| | III   Actos preparatorios |
| --- | --- |
| | Comité Económico y Social Europeo |
| | 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 |
| 2010/C 128/13 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos — Previsión de las capacidades necesarias y su adecuación a las exigencias del mercado laboralCOM(2008) 868 final | 74 |
| 2010/C 128/14 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanosCOM(2009) 262 final | 80 |
| 2010/C 128/15 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Recomendación del Consejo sobre los entornos sin humoCOM(2009) 328 final — 2009/0088 (CNS) | 89 |
| 2010/C 128/16 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadasCOM(2009) 382 — 2009/0105 (COD) | 94 |
| 2010/C 128/17 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, con respecto a la simplificación de determinados requisitos y a determinadas disposiciones relativas a la gestión financieraCOM(2009) 384 final — 2009/0107 (AVC) | 95 |
| 2010/C 128/18 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde sobre recurso colectivo de los consumidoresCOM(2008) 794 final | 97 |
| 2010/C 128/19 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Hacer realidad las ventajas del mercado interior mediante el reforzamiento de la cooperación administrativaCOM(2008) 703 final | 103 |
| 2010/C 128/20 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia una estrategia coherente para un Programa europeo de investigación agrícolaCOM(2008) 862 final | 107 |
| 2010/C 128/21 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Los precios de los productos alimenticios en EuropaCOM(2008) 821 final | 111 |
| 2010/C 128/22 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia la consecución de un acuerdo a gran escala sobre el cambio climático en CopenhagueCOM(2009) 39 final | 116 |
| 2010/C 128/23 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Blanco Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuaciónCOM(2009) 147 final | 122 |
| 2010/C 128/24 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Aumentar la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático: un plan europeo para el pacto de CopenhagueCOM(2009) 475 final | 127 |
| 2010/C 128/25 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros de la Comunidad y por la que se deroga la Directiva 2002/6/CECOM(2009) 11 final — 2009/0005 (COD) y la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Comunicación y plan de acción para la creación de un espacio europeo de transporte marítimo sin barrerasCOM(2009) 10 final | 131 |
| 2010/C 128/26 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de avance sobre la energía procedente de fuentes renovables: Informe de la Comisión de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 2001/77/CE, el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2003/30/CE y sobre la aplicación del Plan de Acción de la UE sobre la biomasa, COM(2005) 628COM(2009) 192 final | 136 |
| 2010/C 128/27 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de protección de la aviaciónCOM(2009) 217 final — 2009/0063 (COD) | 142 |
| 2010/C 128/28 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (Refundición) COM(2009) 391 final — 2009/0110 (COD) | 147 |
| 2010/C 128/29 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva .../.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo de [...] relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera (versión codificada) COM(2009) 446 final — 2009/0123 (COD) | 148 |
| 2010/C 128/30 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Consejo sobre el Año Europeo del Voluntariado (2011)COM(2009) 254 final — 2009/0072 (CNS)(Dictamen adicional) | 149 |

III   Actos preparatorios

Comité Económico y Social Europeo

457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009

o

2010/C 128/13

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos — Previsión de las capacidades necesarias y su adecuación a las exigencias del mercado laboralCOM(2008) 868 final

COM(2008) 868 final

74

2010/C 128/14

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanosCOM(2009) 262 final

COM(2009) 262 final

80

2010/C 128/15

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Recomendación del Consejo sobre los entornos sin humoCOM(2009) 328 final — 2009/0088 (CNS)

COM(2009) 328 final — 2009/0088 (CNS)

89

2010/C 128/16

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadasCOM(2009) 382 — 2009/0105 (COD)

o

COM(2009) 382 — 2009/0105 (COD)

94

2010/C 128/17

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, con respecto a la simplificación de determinados requisitos y a determinadas disposiciones relativas a la gestión financieraCOM(2009) 384 final — 2009/0107 (AVC)

o

COM(2009) 384 final — 2009/0107 (AVC)

95

2010/C 128/18

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde sobre recurso colectivo de los consumidoresCOM(2008) 794 final

COM(2008) 794 final

97

2010/C 128/19

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Hacer realidad las ventajas del mercado interior mediante el reforzamiento de la cooperación administrativaCOM(2008) 703 final

COM(2008) 703 final

103

2010/C 128/20

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia una estrategia coherente para un Programa europeo de investigación agrícolaCOM(2008) 862 final

COM(2008) 862 final

107

2010/C 128/21

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Los precios de los productos alimenticios en EuropaCOM(2008) 821 final

COM(2008) 821 final

111

2010/C 128/22

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia la consecución de un acuerdo a gran escala sobre el cambio climático en CopenhagueCOM(2009) 39 final

COM(2009) 39 final

116

2010/C 128/23

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Blanco Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuaciónCOM(2009) 147 final

COM(2009) 147 final

122

2010/C 128/24

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Aumentar la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático: un plan europeo para el pacto de CopenhagueCOM(2009) 475 final

COM(2009) 475 final

127

2010/C 128/25

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros de la Comunidad y por la que se deroga la Directiva 2002/6/CECOM(2009) 11 final — 2009/0005 (COD) y la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Comunicación y plan de acción para la creación de un espacio europeo de transporte marítimo sin barrerasCOM(2009) 10 final

COM(2009) 11 final — 2009/0005 (COD)

COM(2009) 10 final

131

2010/C 128/26

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de avance sobre la energía procedente de fuentes renovables: Informe de la Comisión de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 2001/77/CE, el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2003/30/CE y sobre la aplicación del Plan de Acción de la UE sobre la biomasa, COM(2005) 628COM(2009) 192 final

COM(2009) 192 final

136

2010/C 128/27

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de protección de la aviaciónCOM(2009) 217 final — 2009/0063 (COD)

COM(2009) 217 final — 2009/0063 (COD)

142

2010/C 128/28

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (Refundición) COM(2009) 391 final — 2009/0110 (COD)

COM(2009) 391 final — 2009/0110 (COD)

147

2010/C 128/29

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva .../.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo de [...] relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera (versión codificada) COM(2009) 446 final — 2009/0123 (COD)

COM(2009) 446 final — 2009/0123 (COD)

148

2010/C 128/30

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Consejo sobre el Año Europeo del Voluntariado (2011)COM(2009) 254 final — 2009/0072 (CNS)(Dictamen adicional)

COM(2009) 254 final — 2009/0072 (CNS)

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| ES | |
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ES

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I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

RESOLUCIONES

Comité Económico y Social Europeo

457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009

| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/1 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/1

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457O PLENO DE LOS DÍAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2009

Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre «El cambio climático» con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático — Copenhague, 7-18 de diciembre de 2009

(2010/C 128/01)

En su Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 156 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones la presente Resolución.

El Comité Económico y Social Europeo, como representante institucional de la sociedad civil organizada de la Unión Europea, aprueba el siguiente mensaje para los gobiernos, dirigentes, negociadores y demás partes que participan en Copenhague en las negociaciones sobre el cambio climático y que son responsables del desarrollo y la aplicación de políticas contra el cambio climático:

«El cambio climático ya está produciendo efectos adversos y posiblemente irreversibles en muchas partes del mundo. Son problemas que no pueden sino agravarse en los próximos años si los gases de efecto invernadero continúan acumulándose en la atmósfera al ritmo actual. El análisis científico del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y otras fuentes autorizadas demuestra con gran claridad que los países desarrollados tendrán que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero más de un 80 % antes de 2050 para mantener el aumento de las temperaturas en un nivel seguro. Encaminar al mundo hacia una actuación realista para lograrlo exigirá reducciones del 25-40 % antes de 2020 y un esfuerzo notable a los países emergentes y en desarrollo.

La próxima conferencia de Copenhague es decisiva. Su conclusión positiva pondría al mundo en el camino de reducir las emisiones en los próximos años y de estabilizar el aumento de las temperaturas en valores controlables. Un fracaso supondría que el mundo emprendiera el peligroso camino de acelerar el aumento de las temperaturas y de los consiguientes desastres humanos y ecológicos.

1.   En este momento crucial, el Comité Económico y Social Europeo pide a los gobiernos, dirigentes y negociadores que redoblen sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo universal y vinculante que una a todos los países y a sus ciudadanos en el trabajo común de reducir el grado de emisiones los años venideros y de salvaguardar el medio ambiente mundial, hogar de la generación actual y de las generaciones futuras.

2.   La Unión Europea ha prometido comprometerse a una reducción del 30 % antes de 2020 si otros países toman medidas similares. Europa ha pedido repetidamente que otros países desarrollados ofrezcan un compromiso igual, y un gran esfuerzo a las economías emergentes, que están acercándose al nivel de emisiones del mundo desarrollado o superándolo como principales emisores de gases de efecto invernadero. Instamos a que esta postura se mantenga con decisión.

3.   Nos preocupa profundamente el fracaso de unas negociaciones que hasta ahora no han conseguido los vitales avances necesarios. Sean cuales sean las fases finales de las negociaciones, instamos a la Unión Europea a no caer en la tentación de utilizar la incapacidad de conseguir respaldo de otros como excusa para recortar sus propias ambiciones o para rebajar su propio compromiso y conformarse con cualquier mínimo que pudiera conseguirse en Copenhague. Sería malo para Europa y para el mundo. Aunque todavía no exista un consenso general sobre las ambiciones europeas en Copenhague, instamos a la Unión a mantener su propio compromiso y a tratar de crear una coalición sólida con otras naciones desarrolladas y en desarrollo que quieran aceptar ambiciones comparables y tomar las medidas necesarias para conseguirlo.

4.   Deberíamos seguir alentando las transformaciones industriales y sociales que se precisan para conseguir el objetivo de una reducción del 30 % antes de 2020 como eje de la transformación de la economía europea en un nuevo modelo sostenible, ecoeficiente y de bajas emisiones de carbono. Necesitamos un esfuerzo de investigación y desarrollo sin precedentes en el sector energético para ofrecer alternativas técnicas creíbles a los ciudadanos, a las empresas y a las autoridades públicas. En la acción política, la crisis ecológica ya no puede separarse de la crisis social, y ello debería conducir al diseño de un nuevo modelo de producción y consumo. Deberíamos ver en esa transformación no una carga, sino un reto para conseguir una nueva oleada de innovación tecnológica y social que sea la mejor garantía de unos empleos sostenibles, una ventaja competitiva y el bienestar social en el futuro. Instamos a que este objetivo sea el núcleo de la nueva Estrategia 2020 de la Unión Europea, en la que se integren los principales objetivos de las estrategias actuales para el desarrollo sostenible, el crecimiento sostenible, el clima y la energía.

5.   El avance del cambio climático está poniendo en una situación delicadísima a otros países en desarrollo, sobre todo los menos desarrollados. Los países en desarrollo más pobres, los que menos han contribuido al cambio climático, se encuentran, en muchos casos, entre los más gravemente afectados. El éxito en Copenhague exige que el mundo desarrollado prometa inequívocamente fuentes de financiación, nuevas y adicionales, para ayudar a los países en desarrollo en sus graves problemas de adaptación y en la aplicación oportuna de sus propias medidas de mitigación.

La Comisión Europea ha presentado recientemente unas importantes propuestas sobre la cuantía de la ayuda que Europa debería ofrecer y cómo debería administrarse. El Comité insta a la Unión a avanzar rápidamente hasta la fase en que esas propuestas puedan ser una oferta firme en las negociaciones y puedan utilizarse para estimular ofertas similares de otros países desarrollados.

6.   Toda la sociedad civil está afectada por el cambio climático. Empresas, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil tendrán que estar presentes en todos los esfuerzos para mitigar el cambio climático y adaptarse a él. Como representantes de la sociedad civil organizada, sabemos que cada vez hay en toda Europa más conciencia de la magnitud del reto y más voluntad de emprender todos los cambios necesarios en nuestras pautas de producción y consumo y en nuestra forma de vivir. Instamos a nuestros dirigentes y negociadores a que nos guíen con decisión por ese camino: no puede haber vuelta atrás.»

Bruselas, 5 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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DICTÁMENES

Comité Económico y Social Europeo

457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009

| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/3 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/3

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457O PLENO DE LOS DÍAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2009

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La Estrategia de Lisboa después de 2010»

(Dictamen exploratorio)

(2010/C 128/02)

Ponente general: Wolfgang GREIF

Mediante carta de fecha 23 de julio de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Diego López Garrido, Secretario de Estado para la Unión Europea del Gobierno de España, pidió al Comité Económico y Social Europeo un dictamen exploratorio sobre el tema:

«La Estrategia de Lisboa después de 2010».

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social (Observatorio de la Estrategia de Lisboa) fue la encargada de preparar los trabajos en este asunto.

Dada la naturaleza de los trabajos, en su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 4 de noviembre de 2009) el Comité ha nombrado ponente general a Wolfgang GREIF y ha aprobado por 178 votos a favor, 6 en contra y 15 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1.   En el presente Dictamen se exponen recomendaciones políticas que desde el punto de vista del CESE deben considerarse prioritarias en el diseño de una nueva estrategia europea para el periodo posterior a 2010. En este contexto, es necesario tener en cuenta las profundas implicaciones económicas, sociales y políticas de la actual crisis económica y de los mercados financieros. Se determinarán aspectos clave del cambio político, que parece necesario con vistas a garantizar una dinámica de crecimiento sostenible, empleo y cohesión social que permita superar la crisis, así como asegurar que una crisis como la actual no vuelva a repetirse.

1.2.   El presente Dictamen ha sido elaborado por el Observatorio de la Estrategia de Lisboa, creado en el seno del CESE, con la participación activa de los Consejos Económicos y Sociales (CES) nacionales. La variedad de las aportaciones realizadas durante los debates en las reuniones conjuntas – que también tenían a menudo un carácter controvertido – subraya la calidad política y la relevancia para la sociedad civil de las recomendaciones que aquí se presentan.

1.3.   El análisis expuesto en el presente Dictamen, que abarca el conjunto de Europa, se completa con los capítulos nacionales elaborados bajo la dirección de las delegaciones nacionales (1) sobre la base de las respuestas a un cuestionario relacionado con a) un análisis del actual ciclo de Lisboa (2008-2010) y b) el futuro de la Estrategia de Lisboa después de 2010. La red interactiva creada por el CESE junto con los CES de los Estados miembros, y junto con otras organizaciones asociadas similares, vuelve (2) a presentar, por tanto, un informe de síntesis que debe contribuir al proceso de decisión política de las instituciones europeas con vistas al Consejo Europeo de primavera de 2010.

2.   Evaluación de la Estrategia de Lisboa

2.1.   Lisboa 2000: Un enfoque global que ha gozado de amplio apoyo

2.1.1.   En marzo de 2000, el Consejo Europeo presentó un ambicioso programa de reformas para Europa. El objetivo de este programa era convertir la Unión Europea antes de 2010 en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social.

2.1.2.   Completada con la dimensión del desarrollo sostenible (Estrategia de Gotemburgo), se desarrolló así una estrategia de gran amplitud. En numerosos ámbitos políticos se formularon objetivos cuantificables que debían imponerse en los Estados miembros mediante el método abierto de coordinación (MAC).

2.1.3.   El CESE siempre ha considerado este enfoque político global como la ventaja más destacada de la Estrategia de Lisboa y ha advertido de una interpretación demasiado limitada, a la vez que insistía en la necesidad de establecer una relación de equilibrio entre los tres pilares.

2.2.   Reactivación de 2005 – Concentración en el contenido y la aplicación a escala nacional

2.2.1.   Varios Estados miembros de la UE fueron capaces de mejorar su rendimiento en determinados ámbitos. Por ejemplo, las tasas de empleo aumentaron en términos generales. Asimismo se registraron avances en el despliegue de servicios de banda ancha, en la participación en la formación continua, en el nivel educativo de la juventud, así como en otros ámbitos (3). Pese a ello, «en la revisión intermedia» muchos países se encontraban aún bastante lejos de alcanzar los objetivos marcados, y ello en un número elevado de sectores.

2.2.2.   Con este telón de fondo, en 2005 se realizó un análisis crítico que ponía de relieve el enfoque de la cooperación entre actores europeos y nacionales. Se hizo hincapié en las medidas de aplicación a escala nacional, en combinación con un plan centrado en «el crecimiento y el empleo». Algunas partes de este amplio abanico de objetivos – como, por ejemplo, el pilar social – se relegaron parcialmente a un segundo plano en favor de una mejora de la empleabilidad y de un enfoque económico más contundente. Sin embargo, el hecho de conceder más responsabilidad a los Estados miembros en la formulación de planes y objetivos nacionales, desplazando así el centro de gravedad a las reformas nacionales, no se vio acompañado por medidas para promover un marco económico y social adecuado a escala europea.

2.2.3.   A pesar de los progresos más recientes (4), muchos Estados miembros siguen sin satisfacer las exigencias fijadas. En el mejor de los casos, en muchos ámbitos los objetivos marcados hasta 2010 se alcanzarán como media europea, pero no en todos los Estados miembros. Es el caso, por ejemplo, del objetivo del 3 % en materia de investigación y desarrollo, en el que la mayoría de los Estados miembros (y tampoco la UE en su conjunto) no ha podido registrar prácticamente avances, así como el caso de la reducción de gases de efecto invernadero. Por lo que se refiere a los objetivos en materia de empleo, sólo se han podido realizar avances de forma parcial, como en el caso del empleo femenino, con motivo simultáneamente del fuerte aumento de puestos de trabajo a tiempo parcial (en parte por cuestiones estructurales) (5), así como de trabajo temporal y puestos de trabajo mal remunerados, a menudo con contratos de trabajo no regulados.

2.3.   ¿Seguir como hasta ahora o necesita Europa una nueva agenda?

2.3.1.   Cuando se pregunta sobre los motivos por los que no han podido alcanzarse los objetivos de Lisboa, la opinión que prevalece por lo general es que los Estados miembros no han llevado a cabo una política más consecuente para lograrlos, y que el MAC no ofrece incentivos suficientes para el compromiso nacional y comunitario. Puede señalarse también como causa la falta de un marco europeo para la política macroeconómica y la política social que permita a los Estados miembros de la UE aplicar las reformas convenientes de manera coordinada y lograr los objetivos marcados, así como evitar que las reformas nacionales compitan entre sí. Además, el CESE ha diagnosticado en múltiples ocasiones un déficit de responsabilidad común, uno de cuyos orígenes, a su juicio, es atribuible a una participación insuficiente de los interlocutores sociales y de la sociedad civil.

2.3.2.   El CESE aboga por la continuación de una estrategia global e integrada después de 2010. No obstante, también opina que ni un «regreso a Lisboa 2000» ni «un más de lo mismo, pero un poco más ecológico» son la respuesta adecuada a los desafíos actuales. Es imperativo actualmente abrir nuevas vías sostenibles que combinen competitividad, I+D e innovación con el innovador potencial de una Europa social y de desarrollo sostenible, así como con el concepto de «empleo de calidad» (6). Aparte de esto, la crisis actual representa en muchos sentidos una ruptura y exige nuevas opciones, como, por ejemplo, una regulación eficaz de los mercados financieros, una reorientación radical hacia una producción y un consumo responsables por lo que respecta a la escasez de recursos y encaminados a reducir las emisiones de CO2, e inversión en la innovación de los servicios públicos, con el objetivo de brindar seguridad a la ciudadanía y restaurar su confianza en la UE.

2.3.3.   Los desafíos actuales, ya se trate de la crisis económica y financiera y problemas sociales resultantes, o bien la globalización de la economía, la mejora del funcionamiento del mercado interior, la política energética y el cambio climático, las tendencias demográficas y las migraciones requieren a escala europea una nueva estrategia global para después de 2010 que a) tenga en cuenta estos desafíos, b) elimine los déficit en su proceso de aplicación, c) se lleve a cabo con una responsabilidad europea compartida, y d) sea capaz de combinar de forma coherente todas las estrategias de la UE (estrategia de recuperación, Estrategia de Lisboa, desarrollo sostenible, cambio climático). El CESE propone que, con el fin de hacer visible esta reorientación estratégica, se designe con otro nombre a la nueva estrategia europea.

3.   Recomendaciones políticas: pensar y actuar en Europa mediante proyectos europeos

3.1.   Establecer un marco europeo para programas de reformas prometedores: Aunque la aplicación de los programas sea responsabilidad principal de los Estados miembros de la UE, es necesario disponer de un marco europeo adecuado que permita ejecutar de forma coordinada y coherente las reformas estructurales previstas. Es indispensable evaluar las reformas nacionales a escala europea, así como analizar sus repercusiones sobre el desarrollo económico, el reparto de bienes e ingresos y la cohesión social. En este contexto deben examinarse también con detenimiento algunas sentencias específicas del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asuntos Vaxholm, Viking, Rüffert y Luxemburgo) y, en su caso, adoptar medidas adecuadas y concretas en materia de protección de los trabajadores, con el fin de dejar claro que ni las libertades económicas ni las normas sobre competencia tienen prioridad sobre los derechos sociales fundamentales.

Hacer hincapié, en la política comunitaria, en el crecimiento mediante la creación de un marco de política económica adecuado: el objetivo de crecimiento del 3 % anual previsto y que se encuentra en la base de la Estrategia de Lisboa sólo se ha logrado en dos ocasiones. La crisis financiera y la débil resistencia a las sacudidas que caracteriza la economía de la UE ponen de manifiesto la necesidad de una reorientación de la política económica. A juicio del CESE, una combinación armoniosa de medidas macroeconómicas, que aúne de forma equilibrada una política económica orientada a la oferta con una orientada a la demanda, debe ser parte integrante de la estrategia posterior a 2010. Asimismo, es importante la calidad del crecimiento al que debemos aspirar. El objetivo fundamental es el aumento del bienestar. El PIB no constituye por sí solo una medida suficiente del bienestar, por lo que necesitamos utilizar un mejor indicador (o conjunto de indicadores) del bienestar, a fin de definir y calibrar un objetivo de crecimiento más satisfactorio y coherente para la nueva estrategia.

3.2.1.   Solucionar la crisis de los mercados financieros y desafíos sociales: por lo que respecta a la solución de la crisis actual y, en particular, la reorganización del sistema financiero, la Unión Europea debe actuar de forma coordinada, unánime y asumiendo un papel de fuerza motriz. Un sistema financiero mundial remodelado (sobre todo mediante una regulación del sistema bancario, así como de los fondos especulativos y de los fondos de inversión) debe permitir el desarrollo y la difusión de instrumentos financieros sólidos que a la vez apoyen la economía real y beneficien a los ciudadanos. No obstante, la crisis actual no se debe únicamente a los problemas del mercado financiero. También fue causada, en particular en los Estados Unidos, por una serie de desequilibrios macroeconómicos y microeconómicos cada vez más importantes, como sobre todo la desigualdad de ingresos. Por ello, para salir de la crisis debe tomarse una vía guiada por los siguientes principios: abandono de un crecimiento basado parcialmente en una «burbuja especulativa», retorno a un crecimiento basado en inversiones, sobre todo en los sectores innovadores de la economía real, en un reparto justo, en la creación de empleos productivos y de valor, así como en la viabilidad ecológica.

3.3.   Mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante un mejor equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y medioambientales: para cumplir este objetivo se precisa una correcta aplicación y – en su caso – la mejora del acervo social del mercado interior y «legislar mejor», así como la creación de un entorno microeconómico próspero y un margen de maniobra suficiente para la inversión privada. Además, se deben tomar las precauciones necesarias para que la competencia en el seno del mercado interior progrese de forma favorable para la innovación y no se transforme en una competición contraproducente entre los Estados miembros de la UE a costa de la cohesión social y la viabilidad ecológica.

Promover la cohesión social como factor de una economía estable y dinámica: el CESE considera que una política social bien desarrollada, incluida una política global para la creación de empleo de calidad, así como objetivos ambiciosos en materia de formación inicial y formación continua, tanto general como profesional, contribuye considerablemente al crecimiento y al aumento de la productividad. La salida de la crisis debe apoyarse con las inversiones correspondientes.

3.4.1.   
  Combatir las desigualdades y la pobreza crecientes en toda Europa
  : se ha fijado el objetivo de reducir considerablemente hasta 2010 el número de personas amenazadas por la pobreza y la exclusión social; no obstante, el informe de la Comisión sobre la realidad social (2007) muestra que en muchos países y regiones de Europa siguen existiendo graves problemas sociales. Por ello, la estrategia posterior a 2010 debe orientarse a favorecer el progreso social, preservar y reforzar los sistemas de seguridad social y luchar contra la pobreza, y evitar en particular el reparto desigual de los ingresos. El Año Europeo de Lucha contra la Pobreza (2010) constituye la ocasión ideal para definir objetivos eficaces, incluido un calendario, en materia de lucha contra la pobreza (por ejemplo en lo relativo a regímenes de ingresos mínimos y de ingresos de sustitución (7)). Mediante una iniciativa de este tipo destinada a salvaguardar la cohesión social se contribuiría en gran medida a restablecer la confianza de la ciudadanía en la integración europea.

Crear un mercado de trabajo inclusivo
  : a pesar de los progresos, en la media europea no se lograrán los objetivos de empleo marcados para 2010. Esta situación es preocupante a la vista de la actual crisis – que, aunque ya ha alcanzado su punto álgido, aún no se ha superado –, que ahonda las desigualdades y ha llevado a cada vez más personas a sufrir dificultades materiales. La restauración lo más rápidamente posible del crecimiento para la estabilización del mercado laboral requiere, según el

  Plan Europeo de Recuperación Económica

   (8)
  , un refuerzo de la demanda interior que conviene apoyar con medidas de mejora estructural. Son importantes planteamientos eficaces para la formación inicial y la formación continua, la creación de empleo, sobre todo para aquellos que, a causa de déficits formativos, quedan excluidos del mercado de trabajo, así como la realización de esfuerzos reales para eliminar las discriminaciones en el acceso al mercado laboral y la permanencia en él. Precisamente las distintas formas de economía social pueden desempeñar en los Estados miembros una función modelo en la gestión de la crisis, sobre todo cuando se trata de crear empleo, entre otros ámbitos en el de los servicios sociales. El CESE considera que el empleo y la productividad del trabajo deben crecer paralelamente. Para ello, la UE debe fijarse el objetivo, incluyendo a los interlocutores sociales nacionales y europeos y tomando en consideración su autonomía, de elaborar normas adecuadas aplicables a los empleos atípicos y con cobertura social escasa
   (9).

3.4.2.1.   Las empresas de la economía social, que se hallan presentes en todos los sectores de actividad y combinan la rentabilidad económica con consideraciones sociales y de interés general, constituyen un buen ejemplo de formas concretas de actividad y gobernanza empresarial que contribuirán a conseguir los objetivos de la Estrategia de Lisboa revisada. El Comité Económico y Social Europeo pide al Consejo Europeo, a la Comisión y a los Estados miembros que examinen propuestas destinadas a aplicar las recomendaciones políticas formuladas por el Parlamento Europeo (10), con el fin de asegurar, mediante las políticas pertinentes, que las empresas de la economía social puedan competir en igualdad de condiciones con otras empresas

3.4.3.   
  La flexiguridad debe ofrecer una seguridad auténtica en el contexto del cambio
  : la evolución del contexto económico necesita una fuerte dosis de capacidad innovadora de adaptación, también en los mercados de trabajo. Es conveniente reaccionar con inteligencia a la rápida mutación de las estructuras. Según la lógica del concepto de flexiguridad, debe garantizarse que los trabajadores estén bien preparados para responder a los nuevos desafíos del mundo laboral. El concepto de flexiguridad debe garantizar de forma efectiva«seguridad en momentos de cambio», dando por supuesto que en la práctica debe concederse la misma prioridad a la seguridad en el mercado de trabajo, condiciones de empleo y puestos de trabajo estables, el mantenimiento de la empleabilidad, la seguridad social y la movilidad profesional para crear empleos de mejor calidad y más productivos («hacer la transición atractiva desde el punto de vista financiero»). En este contexto, también es particularmente necesario garantizar y desarrollar una transposición y aplicación generales del acervo comunitario en materia social para evitar, en su caso, toda competencia perjudicial en el ámbito de las normas laborales.

3.4.4.   
  Coordinar mejor las políticas fiscales
  : de conformidad con los Tratados europeos, es necesario reforzar la coordinación a escala comunitaria de las políticas fiscales de los Estados miembros (por ejemplo: armonización de la base imponible y de los tipos mínimos), sobre todo en aquellos ámbitos en los que la fijación de la cuota impositiva es móvil desde el punto de vista internacional y en que existe el mayor riesgo de evasión de impuestos, así como de competencia fiscal entre los Estados miembros. El objetivo de esta coordinación europea debe ser la protección de las finanzas públicas, así como el fomento de un sistema fiscal más justo, sobre todo a través de la ampliación de la base fiscal, la supresión de los paraísos fiscales y la aplicación de medidas contra el fraude fiscal.

3.4.5.   
  El BCE debe estar a la altura de su mandato macroeconómico
  : Con vistas a la estrategia posterior a 2010, los objetivos de crecimiento y estabilidad deben equilibrarse de forma sostenible y apropiada para las generaciones futuras. De conformidad con los Tratados, el BCE debe asumir plenamente su responsabilidad y, además de la prioridad de la estabilidad de los precios, debe prestar atención también a los objetivos de un alto nivel de empleo, protección social y crecimiento sostenible.

3.4.6.   
  Conservar un margen de maniobra para las inversiones en materia de política presupuestaria
  : haciendo uso de los elementos de flexibilidad previstos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para las situaciones de crisis, deberá aumentarse el margen de maniobra de la política coyuntural mediante redistribuciones presupuestarias, con el fin de poder reforzar las inversiones relevantes para la Estrategia de Lisboa de los operadores públicos (por ejemplo, en forma de servicios públicos eficaces, así como de investigación, formación, innovación) y las inversiones productivas del sector privado, sobre todo en lo relativo a la producción con emisiones reducidas de CO2. En este contexto también se debería seguir desarrollando la idea de un préstamo europeo en el marco de un fondo soberano europeo de inversión
   (11).

3.5.   Fomentar la política industrial y el espíritu empresarial, así como crear un entorno adecuado para las PYME: el crecimiento económico y un clima propicio para las inversiones son requisitos esenciales para la creación de nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de los puestos ya existentes, a lo cual contribuyen no sólo las grandes empresas, sino también en gran medida las PYME. Precisamente las PYME están enraizadas en la economía local y, en especial, pueden sacar provecho de una demanda interna estable y en crecimiento. El CESE ha insistido en múltiples ocasiones en la necesidad de velar por el desarrollo continuo de la política industrial europea (entre otros aspectos, hacia las«tecnologías verdes», la nanotecnología y las TIC), así como por el refuerzo de un espíritu empresarial socialmente responsable, además de promover la creación y transmisión de empresas. La reducción de las cargas burocráticas desproporcionadas y de los obstáculos administrativos, así como la mejora del marco de financiación de las empresas son aspectos prioritarios fundamentales para la economía y decisivos, tanto para la competitividad europea como para el establecimiento de un entorno favorable para las inversiones productivas. Todo esto no puede poner en peligro los intereses legítimos de trabajadores ni consumidores. Dado que la dependencia de la producción económica, la innovación y el empleo de las PYME es cada vez mayor, el desarrollo del espíritu empresarial entre la juventud debería ser una prioridad.

3.6.   Enfrentarse al cambio demográfico y proponer soluciones al problema de la inmigración: el crecimiento y el empleo son y siguen siendo los puntos de partida esenciales para hacer frente a los desafíos de una sociedad en proceso de envejecimiento. Esto es válido tanto para las nuevas generaciones como para las antiguas. Además de la lucha contra el desempleo y la creación de más puestos de trabajo y de mayor calidad, también deben realizarse mayores esfuerzos por conciliar la vida profesional y la familiar, sobre todo teniendo presentes las tasas de natalidad. Entre los principales retos para el periodo posterior a 2010 está también el de encontrar soluciones satisfactorias en materia de inmigración e integración, que sirvan para fomentar el potencial de Europa para el crecimiento y a la vez no pongan en riesgo la cohesión social
   (12).

Revalorizar el triángulo del conocimiento (educación, investigación, innovación): Europa debe seguir reforzando su potencial en materia de trabajadores cualificados, ciencia, investigación y tecnología, y, por ende, su capacidad de innovación como factores esenciales para la competitividad. En cualquier caso, el triángulo del conocimiento debe seguir estando en el centro de la estrategia posterior a 2010. En este contexto, el concepto de innovación también debe hacerse extensivo a la «innovación social», a fin de aumentar el capital social, que es importante tanto para la competitividad como para la cohesión social.

3.7.1.   Con el fin de garantizar la base necesaria para las innovaciones futuras, conviene otorgar una gran importancia a la ciencia y la investigación, así como a sus aplicaciones en la realidad económica. Entre los objetivos de Bolonia figura la creación de un espacio europeo de enseñanza superior, que necesita medidas de aplicación concretas, así como una mayor voluntad política para la coordinación de los ámbitos políticos. La falta de inversiones en innovación y formación continua agrava los problemas económicos y también se deja sentir en la productividad laboral. Las universidades y los centros de enseñanza superior deben asumir su responsabilidad y desarrollar una dimensión europea más amplia que hasta la fecha, dada su función clave en el triángulo del conocimiento compuesto por la formación, la investigación y la innovación. Desde del punto de vista transfronterizo deberá fomentarse la cooperación multilateral en materia de investigación. Asimismo, Europa carece de empresas de alta tecnología que inviertan en investigación y desarrollo. Las empresas deben beneficiarse de incentivos para invertir todavía más en investigación y desarrollo y crear puestos de trabajo productivos.

3.7.2.   Los empleados con una buena formación, sobre todo en los ámbitos científico y técnico, así como la capacidad de innovación son factores esenciales para la competitividad y un requisito para la prosperidad. Estos aspectos deben acompañarse de la creación de puestos de trabajo productivos, muy cualificados y bien remunerados. También en período de crisis conviene facilitar a los jóvenes titulados la posibilidad de acceder a un empleo acorde con sus cualificaciones y a un futuro profesional prometedor.

La gestión del cambio climático como elemento fundamental de la estrategia posterior a 2010 requiere un cambio de orientación en muchos ámbitos: la promoción de la eficiencia energética y de las energías renovables, al igual que la explotación del sector medioambiental, serán elementos fundamentales de la estrategia posterior a 2010. La nueva estrategia debe contener un plan de acción para una economía con bajas emisiones de CO2
  . Después de lograr la entrada en vigor de un marco legislativo global para el cambio climático y la energía, la UE debe concentrarse ahora en su aplicación práctica. Deben introducirse medidas políticas eficaces en las directrices integradas, las recomendaciones específicas de cada país y los programas nacionales de reforma.

3.8.1.   
  La UE debe convertirse en el espacio económico más eficaz desde el punto de vista de la energía y de la explotación de recursos
  : con el fin de preservar el desarrollo sostenible, debe elaborarse una política relativa al clima que reduzca de forma duradera las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la dependencia de las fuentes energéticas fósiles y de las importaciones de energía, es decir, que tenga en cuenta como es debido los objetivos económicos, medioambientales y sociales. Además, deben explotarse también, en especial, todos los potenciales de ahorro de energía, apostando por estructuras locales, renovables y regionales. La mejora de la eficiencia energética y de la explotación de los recursos será uno de los elementos centrales de la nueva estrategia. En consecuencia, la UE deberá tener como objetivo estratégico adicional, a medio o largo plazo, «convertirse, en tanto que comunidad, en uno de los espacios económicos más eficientes desde el punto de vista energético y de la explotación de recursos». Para conseguir este cambio, Europa debe asumir una gran responsabilidad en lo que respecta a la reducción de CO2
  . Habrán de definirse objetivos y calendarios concretos para cada sector en cooperación con las distintas ramas.

3.8.2.   
  Programa «verde» de reformas
  : en el marco de un programa «verde» de reformas deberá explotarse el potencial del sector medioambiental como motor para el crecimiento, nuevos empleos e innovación, esforzarse por lograr una posición líder en el ámbito de las tecnologías verdes y ahorrar costes, sin renunciar al bienestar, la calidad de vida y la competitividad global. En el marco de este necesario proceso de innovación revisten una importancia fundamental el desarrollo de la investigación y de la tecnología, la concreción de sus actividades en forma de nuevos productos y servicios comercializables y, en consecuencia, la creación de empleo.

Mejorar la base financiera de la Estrategia de Lisboa: para poder responder a los desafíos futuros se hacen también necesarias nuevas reflexiones estratégicas sobre el futuro presupuesto comunitario.

3.9.1.   
  Reformar el presupuesto comunitario de conformidad con la Estrategia de Lisboa
  : en líneas generales, debe llevarse a cabo una nueva ponderación de la asignación de fondos a cada una de las políticas, según lo expuesto en la Estrategia de Lisboa, priorizando la investigación y la competitividad, el medio ambiente y el clima, las inversiones en la explotación sostenible de la energía, la contratación pública productiva en favor de la economía, una política activa del mercado de trabajo, la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la creación de nuevos empleos de calidad. Cualquier debate sobre una reforma del presupuesto comunitario en el sentido de la Estrategia de Lisboa también debería tener en consideración el próximo marco financiero 2014-2020
   (13). Una aplicación eficaz de los objetivos europeos previstos exige también que el refuerzo de la dimensión regional sea un punto a tratar en el debate sobre la financiación de la política estructural y de cohesión después de 2013.

3.9.2.   
  Examinar las alternativas para la financiación comunitaria
  : existen numerosos desafíos transfronterizos que requieren reforzar la dimensión europea de la acción política. Para los proyectos europeos conviene debatir posibilidades alternativas de financiación y, además de redistribuciones estructurales de partidas y ahorros potenciales, las perspectivas que brindaría un presupuesto comunitario ampliado. En este contexto, el CESE sugiere que también se prevea la introducción de otros mecanismos de financiación a escala europea (incluidos los medios fiscales). De esta forma podrían limitarse los negocios especulativos mediante la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras. También debería someterse a examen la posible introducción de un impuesto sobre las emisiones de CO2.

3.10.   Reforzar la dimensión exterior: La prosperidad de Europa está basada, entre otros factores, en su apertura al mundo. En su calidad de primera potencia económica mundial, primera exportadora e importadora de bienes y servicios, y segunda fuente y beneficiaria de inversiones directas extranjeras, así como principal donante mundial de ayuda al desarrollo, el refuerzo de su agenda internacional mediante objetivos claros y a largo plazo reviste para Europa una importancia decisiva. Ante el surgimiento de nuevas potencias económicas mundiales y las consecuencias de la crisis económica internacional, es más importante que nunca que la UE se dote de un nuevo marco para su política exterior más uniforme e incisivo, de forma que se garantice una apertura del mercado adecuada, justa y sostenible, se refuercen los reglamentos con valor normativo sobre la base de los derechos, se favorezca el multilateralismo así como el diálogo estructurado con socios privilegiados y se construya un espacio de progreso privilegiado y recíproco que abarque el Mediterráneo y África. En estas condiciones, Europa podrá seguir siendo un modelo para el resto del mundo con su economía social de mercado, y afirmarse en la escena internacional, sobre todo en lo relativo al acceso a los mercados y a las materias primas, velando por que las condiciones de competencia internacionales sean justas, que se den las condiciones para un desarrollo sostenible y que todos puedan beneficiarse de las ventajas de la globalización.

4.   Recomendaciones sobre los objetivos de Lisboa

4.1.   Conservar los objetivos y revisarlos al alza a medio plazo: a pesar de la aparición de nuevos desafíos y retrocesos vinculados a la crisis actual, la agenda para el periodo posterior a 2010 no puede dejar de lado los objetivos vigentes hasta la fecha. El CESE propone que no se abandonen los objetivos comunes de la estrategia actual, pero que a la vez se formulen objetivos más ambiciosos que deberían lograrse de aquí al año 2015. Así, por ejemplo, el porcentaje dedicado a investigación debería aumentarse al 3,5 % (completado en caso necesario para abarcar un objetivo más amplio que incluya inversiones en el ámbito de la innovación); también deberían revisarse al alza los objetivos de creación de puestos de trabajo en mayor cantidad y calidad, así como para la formación inicial y continua.

4.2.   Tener en cuenta la situación de partida de cada uno de los Estados miembros de la UE en el cálculo de las contribuciones nacionales: las capacidades económicas de cada uno de los Estados miembros de la UE son sumamente diversas. El CESE propone que, como en el caso de la definición inicial de los objetivos cuantitativos de Lisboa, se tenga en cuenta la respectiva situación de partida de cada uno de los Estados miembros de la Unión y se tome como base la UE de los 27 en el cálculo y la negociación de las contribuciones nacionales, cuyo volumen debe ser apropiado a los objetivos de la estrategia.

4.3.   Reintroducir también objetivos cualitativos: además, la futura agenda también debería incluir el cumplimiento de aquellos objetivos cualitativos que en gran parte se han ido perdiendo en los últimos años con motivo de la reactivación de la Estrategia de Lisboa (por ejemplo, los denominados «indicadores de Laeken» destinados a evaluar la creación de puestos de trabajo de calidad (14)).

4.4.   Definir nuevos objetivos, sobre todo allí donde se comprueben lagunas: en el marco de las líneas directrices integradas, convendría además fijar objetivos nuevos u objetivos más concretos, en particular cuando los progresos registrados hayan sido mínimos o la política de reforma precedente haya dado resultados no deseados. En consecuencia, el CESE propone que se elaboren líneas directrices con objetivos mensurables destinadas a lograr la igualdad entre sexos, la lucha contra condiciones de trabajo con insuficiente protección social, la conversión a una economía con bajas emisiones de CO2, la lucha contra la pobreza (también de los «trabajadores pobres»), así como la prevención de la exclusión social, con, por ejemplo, ayudas apropiadas en caso de desempleo o incapacidad laboral y para el acceso a los servicios públicos.

5.   Recomendaciones sobre la gobernanza

5.1.   Reforzar el papel de las instituciones europeas: la nueva estrategia debe ser más incisiva. El refuerzo de la función de las instituciones europeas reviste una importancia especial en el actual contexto de crisis. Desde el reajuste de la Estrategia de Lisboa en 2005, las acciones de la Comisión son mucho más visibles, sobre todo en el ámbito de la publicación y la difusión de líneas directrices específicas de cada país, así como en el caso de ejemplos de mejores prácticas. Se ha pedido que los debates del Consejo sean públicos, con el fin de preservar el dinamismo del proceso. La estrategia renovada debería profundizar y ampliar estos aspectos. La Comisión y los Estados miembros, mediante el uso de medios de comunicación electrónicos, deberían dar nuevos pasos para mejorar la aplicación y promover el intercambio transfronterizo de buenas prácticas. No obstante, estos métodos dependen de que se proporcione a los Estados miembros un marco europeo adecuado en el que puedan cumplir los objetivos comunes. En su caso, deberían examinarse nuevos e innovadores instrumentos.

5.2.   Aumentar la eficacia del método abierto de coordinación en los Estados miembros: mediante el Tratado de Reforma de la UE, el MAC, en su calidad de «espina dorsal metodológica» de la Estrategia de Lisboa, se impondrá en otros ámbitos. El CESE considera que el talón de Aquiles del MAC es sobre todo, además de su falta de visibilidad para la ciudadanía, su ineficacia a escala nacional. Por lo tanto, es esencial tomar en consideración las fechas objetivo como obligaciones políticas concretas y no, como ha sido a menudo el caso hasta ahora, como «puntos de referencia en el ámbito de lo deseable». Convendría encontrar las vías y los instrumentos para aumentar el compromiso y estimular a los Estados miembros a respetar de forma eficaz las obligaciones contraídas. Con el fin de garantizar un mejor equilibrio, en la aplicación de la nueva estrategia deberían asumir responsabilidades reforzadas, además de los ministros de Economía y Finanzas, otros ministros, en particular los de Trabajo y Asuntos Sociales. El CESE recomienda que, además, se amplíen las funciones y la visibilidad de los interlocutores sociales europeos, por ejemplo adjuntando sistemáticamente a las conclusiones de los Consejos Europeos los resultados del diálogo macroeconómico tripartito.

5.3.   Seguimiento de los objetivos de Lisboa por parte de los CES de los Estados miembros: en el marco de los respectivos procesos de consulta y de las competencias de los interlocutores sociales en cada uno de los Estados miembros deberá reforzarse la función específica de los CES nacionales o de organizaciones similares de la sociedad civil (15). Los CES serán responsables de redactar informes que contengan análisis sobre la aplicación de la Estrategia de Lisboa, que deberán presentar a los gobiernos y a las instituciones europeas para que estos puedan extraer las conclusiones pertinentes. Los CES y las organizaciones de la sociedad civil podrían invitar en este contexto a representantes de la Comisión para debatir la situación nacional. Por lo demás, los CES nacionales deberían participar en las consultas nacionales de la Comisión. Es especialmente importante al respecto mantener el intercambio de opiniones y experiencias entre el CESE y los CES nacionales en lo relativo a los planes nacionales de reforma y la agenda de Lisboa.

5.4.   Aumentar la legitimación mediante una mayor participación de la sociedad civil y un refuerzo de la dimensión regional: el CESE siempre ha puesto de manifiesto que una mejor aplicación de la Estrategia de Lisboa sólo es posible si, además de la plena asunción de responsabilidad por parte de las instituciones europeas, también existe un compromiso amplio de todas las partes interesadas de la sociedad, así como una estrecha cooperación entre gobiernos e interlocutores sociales y sociedad civil, a escala tanto nacional y europea como local y regional en los Estados miembros (16).

| — | Los coordinadores nacionales de la Estrategia de Lisboa deberían cooperar de forma sistemática con todas las partes interesadas en la elaboración, la aplicación y la evaluación de los programas nacionales de reformas. |
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Los coordinadores nacionales de la Estrategia de Lisboa deberían cooperar de forma sistemática con todas las partes interesadas en la elaboración, la aplicación y la evaluación de los programas nacionales de reformas.

| — | Son necesarias medidas adicionales para promover en los Estados miembros, en el marco de los correspondientes procesos de consultas y de las competencias de los interlocutores sociales, la continuación del diálogo actual, en el cual también participen los CES nacionales añadiendo, en su caso, otros actores de la sociedad civil (ONG, organizaciones de la economía social, etc.), así como representantes de las universidades o de los llamados «laboratorios de ideas». |
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Son necesarias medidas adicionales para promover en los Estados miembros, en el marco de los correspondientes procesos de consultas y de las competencias de los interlocutores sociales, la continuación del diálogo actual, en el cual también participen los CES nacionales añadiendo, en su caso, otros actores de la sociedad civil (ONG, organizaciones de la economía social, etc.), así como representantes de las universidades o de los llamados «laboratorios de ideas».

| — | Cada ciclo de Lisboa podría clausurarse con una conferencia en la que participaran las principales partes interesadas y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de realizar un inventario de los éxitos y las carencias. |
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Cada ciclo de Lisboa podría clausurarse con una conferencia en la que participaran las principales partes interesadas y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de realizar un inventario de los éxitos y las carencias.

| — | Deben eliminarse los obstáculos estructurales que se oponen a una participación eficaz de los Parlamentos nacionales y a un auténtico diálogo con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Convendría, por ejemplo, evitar la fijación de plazos muy cortos, algo que ya se ha convertido en norma, para la elaboración de los programas nacionales de reformas en los meses de verano, así como la designación de responsables de la Estrategia de Lisboa que en muchos Estados miembros de la UE poco pueden hacer en materia de diálogo social. |
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Deben eliminarse los obstáculos estructurales que se oponen a una participación eficaz de los Parlamentos nacionales y a un auténtico diálogo con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Convendría, por ejemplo, evitar la fijación de plazos muy cortos, algo que ya se ha convertido en norma, para la elaboración de los programas nacionales de reformas en los meses de verano, así como la designación de responsables de la Estrategia de Lisboa que en muchos Estados miembros de la UE poco pueden hacer en materia de diálogo social.

| — | Los gobiernos de los Estados miembros deberían informar con mayor amplitud sobre los resultados del diálogo civil y social en relación con los objetivos de Lisboa. |
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—

Los gobiernos de los Estados miembros deberían informar con mayor amplitud sobre los resultados del diálogo civil y social en relación con los objetivos de Lisboa.

| — | Con el fin de garantizar un planteamiento integrado para la cohesión territorial, social y económica, convendrá aplicar plenamente los principios de cooperación de los Fondos Estructurales en los Estados miembros de la UE, así como también aprovechar mejor el MAC en este ámbito. |
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Con el fin de garantizar un planteamiento integrado para la cohesión territorial, social y económica, convendrá aplicar plenamente los principios de cooperación de los Fondos Estructurales en los Estados miembros de la UE, así como también aprovechar mejor el MAC en este ámbito.

Bruselas, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  En el seno de la UE existen diferencias considerables por lo que se refiere al marco institucional de la participación de la sociedad civil en la elaboración de la política nacional: aunque en muchos países ya existe un CES, la mayoría de los nuevos Estados miembros cuenta con las denominadas comisiones tripartitas (interlocutores sociales y representantes del Gobierno); otros países no disponen de CES, pero algunos disponen de formas alternativas que tienen en cuenta los intereses de la sociedad civil. El CESE se esfuerza por reunir aportaciones del mayor número posible de estos órganos representativos.

1

(2)  Véase CESE 1468/2005 «Aplicación de la Estrategia de Lisboa – Informe de síntesis al Consejo Europeo», 23-24 de marzo de 2006, CESE 40/2008 «Estrategia de Lisboa renovada 2008-2010: El papel de la sociedad civil organizada» - Informe de Síntesis al Consejo Europeo, 13-14 de marzo de 2008.

2

(3)  En relación con los éxitos y los fracasos relativos en la consecución de los objetivos de Lisboa, véase la visión de conjunto ofrecida por M.J. Rodrigues: Europe, Globalisation and the Lisbon Agenda (Europa, la globalización y la Agenda de Lisboa) (2009), p. 16.

3

Europe, Globalisation and the Lisbon Agenda

Europa, la globalización y la Agenda de Lisboa

(4)  Véase la nota 2 y el Dictamen del CESE «Gobernanza eficaz de la Estrategia de Lisboa renovada», DO C 175 de 28.7.2009, p. 13.

4

(5)  Véase http://www.eurofound.europa.eu/ewco/reports/TN0403TR01/TN0403TR01_3.htm, Part-time work in Europe, Dublin-Foundation, 2004.

5

(6)  Véase el conjunto de indicadores sobre la calidad del empleo aprobado en el Consejo de Laeken de 2001: COM(2001) 313 final «Políticas sociales y de empleo - Un marco para invertir en la calidad».

6

(7)  Véase también la resolución del Parlamento Europeo PT_TA(2008)0467 de 9 de octubre de 2008.

7

(8)  «Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo – Un Plan Europeo de Recuperación Económica», COM(2008) 800 final, 16.11.2008.

8

(9)  Para una visión de conjunto de los convenios correspondientes concluidos entre los interlocutores sociales europeos, véase: http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_dialogue/c10132_es.htm.

9

(10)  Resolución del Parlamento Europeo de 19 de febrero de 2009 sobre economía social (2008/2250(INI)).

10

(11)  Véase el Dictamen del CESE sobre «Un Plan Europeo de Recuperación Económica», DO C 182 de 4.8.2009, p. 71, punto 5.4.

11

(12)  En este sentido, hay que saludar el establecimiento del Foro de Integración Europeo que, bajo los auspicios del CESE, aúna a las instituciones de la UE, a las partes implicadas y a ONG.

12

(13)  Véase el Dictamen del CESE sobre «Reforma presupuestaria y futura financiación de la UE», DO C 204 de 9.8.2008, p. 113.

13

(14)  Véase COM(2001) 313 final «Políticas sociales y de empleo: Un marco para invertir en la calidad».

14

(15)  El CESE manifiesta no interferir de manera alguna en los procesos de consulta de los interlocutores sociales, sus competencias y su legitimidad en cada Estado miembro.

15

(16)  Véase el Dictamen del CESE «Gobernanza eficaz de la Estrategia de Lisboa renovada», DO C 175 de 28.7.2009, p. 13.

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/10 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/10

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Inclusión social»

(Dictamen exploratorio)

(2010/C 128/03)

Ponente: Brenda KING

Mediante carta de 18 de diciembre de 2008, la Sra. Malmström, Ministra de Asuntos Europeos de Suecia, solicitó al Comité Económico y Social Europeo, conforme al artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que elaborase un dictamen exploratorio sobre el tema:

«Inclusión social».

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 15 de octubre de 2009.

En su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 4 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 130 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   En el futuro la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y el empleo deberá prestar más atención a los objetivos de la cohesión social: en este sentido van las reclamaciones del nuevo informe sobre este tema presentado por la Comisión Europea el 29 de septiembre de 2009. El informe del Comité de Protección Social corrobora que la protección social no basta por sí sola para prevenir la pobreza y la exclusión, e insta a que se haga más hincapié en objetivos como la lucha contra la pobreza de los niños y la promoción de medidas de inclusión activa.

Son las personas pobres o poco cualificadas, los migrantes o las minorías etnoculturales, las personas discapacitadas, las personas aisladas, las que viven en alojamientos de mala calidad o no tienen hogar quienes suelen ser en general las primeras víctimas de la exclusión.

Aunque el trabajo no permita evitar la exclusión y el riesgo de pobreza de forma automática, el empleo sigue siendo el mejor medio de inclusión social.

1.2.   La Presidencia sueca tiene la ambición de luchar contra el impacto negativo de la crisis económica sobre el crecimiento y el empleo tanto en el nivel de la UE como en el nivel de los Estados miembros. Desea dar prioridad a las medidas en materia de mercado laboral que reduzcan al mínimo el desempleo, así como el número de personas excluidas, y que devuelvan al mercado laboral a las personas que han perdido recientemente su empleo. Al mismo tiempo, la Presidencia sueca desea sentar las bases de una creación de puestos de trabajo sostenibles a largo plazo.

1.3.   En la reciente cumbre del G20 se ha señalado que los Estados miembros, incluida la UE, han conseguido crear y preservar empleos a lo largo de este año, lo que ha significado para un gran número de ciudadanos reducir al mínimo el impacto de la crisis. Los esfuerzos llevados a cabo por los Estados miembros se han centrado sobre todo en apoyar el mantenimiento del empleo y proteger las rentas familiares.

1.4.   Sin embargo, el reto que afronta la UE es que numerosos ciudadanos en edad de trabajar no tuvieron acceso a un empleo ni siquiera durante el reciente período de crecimiento económico. Además, algunos ciudadanos no tienen ingresos suficientes para sacarlos de la pobreza. Cabe concluir que, pese a las decididas acciones destinadas a apoyar la reactivación, este grupo de personas ha crecido durante los últimos dieciocho meses y que las repercusiones sociales de la recesión no son todavía plenamente visibles.

1.5.   El CESE considera que conviene centrarse en mayor medida en las personas que se hallan más alejadas del mercado laboral, en particular, intensificando los esfuerzos destinados a aplicar los principios comunes sobre inclusión activa adoptados por el Consejo en diciembre de 2008. Se trata de trabajadores escasamente cualificados que tienen un acceso limitado a las posibilidades de formación y aprendizaje permanente, personas (en su mayoría, mujeres) que asumen responsabilidades familiares, trabajadores acogidos a una jubilación anticipada, personas con discapacidad, miembros de minorías, inmigrantes y jóvenes.

1.6.   El CESE recomienda que se recurra al método abierto de coordinación para definir las mejores prácticas en lo que respecta a las transiciones desde la educación o formación hacia el empleo y a las transiciones desde las actividades domésticas o civiles hacia el empleo, así como para combatir los obstáculos estructurales al mercado laboral y a la participación social en general.

1.7.   El CESE es consciente de que la protección social y los servicios sociales dependen en gran medida de la financiación pública, que una serie de Estados miembros se propone reducir debido a la actual crisis. Se opone, por lo tanto, a toda iniciativa que pueda comprometer la solidaridad en la que se basa la protección social, que es tan beneficiosa para Europa; conviene optar por medidas que preserven la protección al tiempo que favorezcan la transición al empleo y su conservación.

1.8.   El CESE reconoce la importancia de la formación y el aprendizaje permanentes (FAP) a la hora de aumentar la empleabilidad de los ciudadanos, y señala la paradoja de que sean los menos formados quienes tienen menos acceso a la FAP. Por ello, el CESE recomienda encarecidamente que todos los ciudadanos tengan un derecho y un acceso efectivos a esa formación.

1.9.   El CESE coincide con la Comisión en que son importantes la coordinación y la cooperación a nivel nacional y local, lo que incluye a las autoridades públicas, los interlocutores sociales y la sociedad civil, y no sólo en el ámbito del empleo sino también en los ámbitos de la vivienda, la sanidad y la inclusión a nivel territorial.

2.   Antecedentes y contexto

2.1.   Las economías y las sociedades europeas afrontan una serie de retos, como son el cambio climático, los avances tecnológicos, la mundialización y el envejecimiento de la población. La mayor participación en el mercado laboral que se ha producido en los últimos decenios, aunque positiva, ha coexistido con niveles persistentes de pobreza en general y en el trabajo, una segmentación considerable del mercado laboral, y una reducción solo marginal de la proporción de hogares con personas desempleadas. Sin embargo, dado que un empleo de calidad constituye la mejor protección contra la pobreza y la exclusión, el presente dictamen se centra sobre todo en los vínculos entre empleo e inclusión.

2.2.   La crisis financiera mundial es el último reto que se ha extendido a la economía real, con un deterioro significativo de la situación del mercado laboral como resultado de la reducción de la demanda y del endurecimiento de las condiciones de financiación (1). La tasa de desempleo de la UE-27 en marzo de 2009, teniendo en cuenta las variaciones estacionales, ascendía al 8,3 % frente a un 6,7 % en marzo de 2008. Esto representa una inversión de la tendencia en materia de desempleo, dado que la tasa de la UE- 25 había ido disminuyendo durante los años anteriores, pasando del 8,9 % en marzo de 2005 al 8,4 % en marzo de 2006, y posteriormente al 7,3 % en marzo de 2007. Aunque el panorama varía de un país a otro, todos los Estados miembros y la mayoría de los sectores se ven afectados por el profundo declive económico internacional. Los países más afectados son España, Irlanda y los países bálticos, con tasas de desempleo que duplican y casi triplican –caso de los países bálticos– las demás. Se prevé que esta tendencia ascendente continúe.

2.3.   Las actuales medidas de flexibilización de las condiciones monetarias y los paquetes de incentivos fiscales que se han adoptado en la mayoría de los Estados miembros a fin de luchar contra la crisis tienen por objeto, en primer lugar, estabilizar los sistemas financieros y amortiguar las repercusiones sociales negativas y, luego, contribuir a que se recupere el crecimiento. El margen de maniobra de los Estados miembros es sumamente variado, pero en general se presta una atención considerable a las políticas destinadas a mantener a las personas en el trabajo, promover la reintegración en el mercado laboral, apoyar las rentas de la población, proteger a quienes han suscrito un crédito hipotecario del embargo de su propiedad, promover el acceso al crédito e invertir en las infraestructuras sociales y sanitarias, a fin de estimular el empleo y a la vez mejorar el acceso a los servicios (2). Sin embargo, la Presidencia sueca considera que las medidas que se necesitan para luchar contra esta crisis deben ir acompañadas de las necesarias reformas estructurales destinadas a hacer frente a los demás retos que afronta la UE (por ejemplo, los cambios demográficos, la mundialización), dado que incluso antes de la crisis, pese a la situación económica relativamente favorable, existía ya un número demasiado elevado de ciudadanos de la UE que no podían acceder al mercado laboral.

2.4.   La Presidencia sueca se propone centrarse en los siguientes aspectos:

2.4.1.   de qué modo los Estados miembros de la UE deben abordar conjuntamente los efectos del rápido aumento del desempleo provocado por la crisis económica;

2.4.2.   qué reformas efectivas pueden incrementar la movilidad en el mercado laboral, incluidas las medidas que puedan tomarse para facilitar el retorno de los ciudadanos al mercado laboral.

El objetivo sería el de contrarrestar los efectos a corto plazo de la crisis y actuar para garantizar que los Estados miembros alcanzan el objetivo a largo plazo de un alto nivel de empleo en el marco de una nueva estrategia comunitaria para el crecimiento y el empleo.

3.   El empleo y la inclusión social

3.1.   Promover transiciones seguras

3.1.1.   La transición de un empleo a otro y la movilidad siempre han formado parte de la vida en Europa. Los cambios que ha desencadenado la globalización subrayan la necesidad de contar con sistemas de gobernanza económica y social que estén activamente orientados simultáneamente a las transiciones y a la movilidad social. Enlazar la activación, la rehabilitación y las estrategias laborales de reintegración con la protección social es una cuestión que debería tratarse como objetivo político. La bibliografía especializada en estos temas enumera al menos cinco tipos de transiciones laborales (3): desde la educación o formación al empleo; la transición entre diferentes formas de empleo, incluido el trabajo por cuenta propia; las transiciones entre el empleo y las actividades del hogar o cívicas; entre el empleo y la situación de incapacidad laboral; la transición del empleo a la jubilación. El objetivo debe ser el de convencer a las personas de que las transiciones merecen la pena y animarles a que busquen activamente empleo al tiempo que se les proporcionan las ayudas necesarias y se les ofrece una protección en cuanto a las necesidades materiales.

3.1.2.   La transición del periodo de formación o educación al primer trabajo tiene especial importancia, dado que muchos jóvenes se han visto excluidos en una proporción excesiva del mercado laboral durante el periodo de bonanza económica y ahora se ven afectados, en una proporción excesiva también, por la crisis financiera y económica (4). Aunque los niveles de cualificación de los jóvenes son hoy más elevados si se comparan con los de generaciones precedentes, los jóvenes se incorporan más tarde al mercado laboral, tienen menos estabilidad laboral y se ven más expuestos a la segmentación del mercado de trabajo y al desempleo. El CESE señala y acoge favorablemente la importancia que la Comisión concede a ayudar a los jóvenes ahora
   (5), pero se interroga sobre el modo en que se valorará y examinará la formación y el aprendizaje de calidad a fin de que posea una pertinencia a lo largo del tiempo. Las recomendaciones del CESE respecto a la lucha contra el desempleo juvenil se recogen en su dictamen sobre el empleo de categorías prioritarias (6). El CESE recuerda que, en particular, los migrantes, las personas pertenecientes a minorías étnicas, las familias monoparentales y las personas escasamente cualificadas corren el riesgo de sufrir exclusión laboral y social.

3.1.3.   Las transiciones entre el empleo y las actividades domésticas o cívicas afectan en gran medida a las mujeres y a las opciones de que disponen en lo que respecta al tipo de contratos laborales o al período de tiempo que se hallan fuera del mercado laboral. Por tanto, el CESE recomienda que se refuercen las medidas destinadas a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

3.2.   Concepción y ejecución de una política integrada, acciones adaptadas y mejora de la gobernanza

3.2.1.   A medida que se adquiere más experiencia con las políticas de transición, va poniéndose de manifiesto cuáles son las características de una «política de transición correcta». Cada vez es más evidente que los incentivos y los apoyos son fundamentales. Las políticas de activación del mercado laboral deben considerarse de manera conjunta con las estrategias de inclusión, especialmente, al hacer referencia a quienes se hallan más alejados del mercado laboral, para quienes es necesario seguir realizando esfuerzos de manera sistemática. El Comité comparte la opinión (7) de que la crisis hace todavía más urgente y apremiante la aplicación de estrategias globales de inclusión activa que combinen y equilibren medidas destinadas a lograr mercados de trabajo inclusivos, el acceso a servicios de calidad y un apoyo adecuado a las rentas.

3.2.2.   Por tanto, por lo que respecta al importante porcentaje de población en edad laboral que debe hacer la transición al empleo, el CESE acoge favorablemente la recomendación de la Comisión (8) en el sentido de una participación más estrecha y una mejor coordinación a nivel nacional. No obstante, el CESE recomienda además personalizar las intervenciones. Esto es importante porque para la reforma es fundamental contar con unos servicios consultivos «cercanos» a la gente y de carácter local, que proporcionen itinerarios adaptados, si no para los individuos, al menos para los grupos. Los proyectos y organizaciones de la economía social suelen estar en la vanguardia de los planteamientos que promueven vías de apoyo para obtener trabajo y crean nuevos puestos de trabajo para las personas que se hallan más alejadas del mercado laboral.

3.2.3.   El CESE recomienda asimismo que, en este contexto, el diálogo social se complemente con el diálogo cívico. Algunos Estados miembros han instituido ya diversas variantes de diálogo de este tipo. Esto brindará la oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil que poseen la experiencia y el conocimiento necesarios, así como contactos a menudo muy estrechos, con los colectivos más vulnerables –personas que viven en condiciones de pobreza, niños, jóvenes, familias en situaciones vitales precarias, migrantes y minorías étnicas, personas con discapacidad, ancianos– de asumir el papel de protagonistas en el diseño de políticas destinadas a incrementar la inclusión social en Europa. Las investigaciones muestran que estas cualidades y pericia –que incluyen los conocimientos y la capacidad de tratar con colectivos desfavorecidos– de los profesionales que prestan sus servicios y de sus instituciones, constituyen un elemento importante de las buenas prácticas.

3.2.4.   El CESE está de acuerdo con la recomendación contenida en la Comunicación de la Comisión de que para mejorar las oportunidades de éxito de las personas desfavorecidas en el mercado laboral se necesita una mejor cooperación entre las autoridades públicas, los servicios de empleo públicos y privados, los servicios sociales, los servicios de educación de adultos, los interlocutores sociales y la sociedad civil (9). El CESE señala asimismo la necesidad de coordinación entre los diversos tipos de intervenciones de servicios tales como sanidad, educación y vivienda, dado que se ha demostrado que es un elemento clave de las buenas prácticas.

3.3.   La Estrategia de Lisboa

3.3.1.   La Estrategia de Lisboa de la UE concede una importancia creciente a la inclusión social en la UE. Dicha estrategia fija como objetivo general la necesaria evolución hacia una economía más integral y capaz de combinar la eficiencia y la creación de puestos de trabajo más numerosos y mejores, con elevados niveles de protección social y una mayor cohesión social y económica. Es éste el fundamento en que se basan los modelos económicos y sociales europeos. La estrategia de la UE para después de 2010 deberá tener una visión clara de los principales desafíos que afronta la sociedad revisando los instrumentos necesarios para los ámbitos del empleo y de la inclusión social. El CESE está elaborando un dictamen sobre la continuación de la Estrategia de Lisboa.

3.3.2.   La Estrategia de Lisboa ha querido destacar hasta qué punto la creación de empleo se basa en gran medida en políticas activas de empleo, en un marco macroeconómico sano, en invertir en formación, investigación e infraestructuras, una mejor reglamentación y la promoción del espíritu empresarial y la innovación. A medida que los mercados laborales siguen deteriorándose como consecuencia de la ralentización económica, se hace necesario tomar nuevas medidas dado que el principal impacto de la recesión se deja sentir sobre las personas. Los mercados laborales de Europa se verán profundamente alterados por la crisis. Deberá facilitarse a los trabajadores y a las empresas los medios necesarios para adaptarse con éxito a esta realidad cambiante: mantener los puestos de trabajo, mejorar las cualificaciones a todos niveles, especialmente las de las personas poco cualificadas, conseguir que la gente vuelva a trabajar y generar las condiciones para crear nuevos empleos.

3.4.   El concepto de aplicar la flexiguridad en tiempos de crisis (10)

El CESE considera que, como estrategia integrada para aumentar a la vez la flexibilidad y la seguridad del mercado laboral y para apoyar a quienes se encuentran temporalmente excluidos de él:

3.4.1.   la flexiguridad es aún más importante y adecuada en el difícil contexto económico que vivimos y que se caracteriza por el aumento del paro, la pobreza y la segmentación, y la necesidad urgente de estimular el crecimiento, crear nuevos y mejores empleos, y reforzar la cohesión social;

3.4.2.   La aplicación de la flexiguridad exige, no sólo componentes que favorezcan la protección social, sino también verdaderos incentivos al empleo con un mercado de trabajo abierto que apoye la cualificación y sostenga a los demás componentes; todo ello combinado con políticas destinadas a combatir los obstáculos estructurales a la participación y a promover la conservación y la creación de puestos de trabajo, incluidos los empleos de calidad. Esto contribuirá a reducir la exclusión social y el riesgo de pobreza abriendo el mercado laboral a todos los ciudadanos y, en especial, a los grupos vulnerables.

3.4.3.   Los principios comunes de flexiguridad, como medio para llevar a cabo la Estrategia Europea de Empleo, unidos a estrategias de inclusión globales para las personas más alejadas del mercado laboral, proporcionan una estrategia política completa para coordinar esfuerzos a fin de gestionar los efectos de empleo y los impactos sociales de la crisis, y para prepararse para la recuperación económica.

3.4.4.   El CESE acoge favorablemente el acuerdo de los agentes sociales para supervisar la aplicación de los principios comunes de la flexiguridad y extraer las enseñanzas. El CESE, como aportación a este proceso, está elaborando un dictamen sobre la flexiguridad. (11) El CESE invita también a los Estados miembros a que intensifiquen los esfuerzos destinados a aplicar los principios comunes sobre inclusión activa, e insta a la Comisión a que efectúe un seguimiento regular de los progresos.

4.   Política de protección social y de inclusión social

4.1.   Los sistemas de protección social pueden ser un activo importante para la inclusión social habida cuenta de que reconocen un estatuto al margen del mercado, implican acciones positivas por parte del Estado y dentro de un marco de responsabilidad social colectiva luchan contra las condiciones que limitan la capacidad de los individuos y los grupos desfavorecidos para vivir con dignidad. El éxito del Estado del bienestar europeo, especialmente en la lucha contra las desigualdades, se halla bien documentado y refleja los valores europeos básicos de solidaridad consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales. En opinión del Comité, los desafíos más acuciantes en materia de protección social son en la actualidad procurar que las necesidades básicas de las personas, incluso si varían en su aplicación de un país a otro, estén garantizadas y al alcance de todos, y facilitar asimismo transiciones correctas, como se ha expuesto anteriormente. Es preciso adoptar medidas para que las transiciones resulten rentables y para mejorar el acceso al empleo para grupos específicos con problemas en el mercado laboral, al tiempo que se preserva el nivel de ingresos presupuestarios de los Estados miembros, reduciendo los costes no salariales de contratación para los empresarios mediante una reducción de las cargas administrativas; examinar el potencial de creación de empleos, en particular, para los escasamente cualificados; reducir las medidas que desincentivan el trabajo; mejorar la estructura de los sistemas fiscales y de prestaciones para conseguir que sea rentable trabajar, lo que incluye la reducción de la presión fiscal que recae en la segunda persona que contribuye a los ingresos familiares; y proporcionar incentivos a los desempleados para que creen sus propias empresas (por ejemplo, facilitando cursos de formación empresarial y microcréditos) garantizando el acceso a los servicios, lo que es necesario para permitir la participación.

4.2.   El Comité desea subrayar que la dura competencia resultante de la mundialización y las repercusiones de la crisis económica hacen aún más imprescindible contar con la suficiente protección social contra riesgos sociales –incluido el desempleo– y reforzar la función de la protección social como inversión social en beneficio de la competitividad económica y de la inclusión social. No debería permitirse que las reformas comprometan los principios de solidaridad que son la base de la protección social y que han sido beneficiosos para Europa. Por otra parte, siendo esencial el cambio, los sistemas de protección social no deberían oponerse a él sino que deberían estar guiados por una política de reforma social coherente, a largo plazo y coordinada, capaz de proporcionar protección y apoyar las transiciones a corto y largo plazo.

Por tanto, es importante examinar de qué modo los diversos componentes de la protección social pueden contribuir más eficazmente a la inclusión social y económica. En este contexto, el CESE llama la atención sobre los siguientes aspectos:

4.3.1.   Tener en cuenta el desequilibrio demográfico y los cambios que se han producido en la familia

4.3.1.1.   En la mayoría de los países europeos la perspectiva del envejecimiento de la población suscita diversas controversias relacionadas con la inclusión social. En muchos países se ha comenzado ya a actuar. El problema que se percibe más claramente, y que no siempre se aborda de manera eficaz, es el aumento en la proporción de personas con derecho a pensión y que al mismo tiempo necesitan servicios sociales y de atención sanitaria. El CESE acoge favorablemente la recomendación de la Comisión (9) de promover el empleo de trabajadores de edad avanzada y estimular la demanda y los puestos de trabajo en el sector de la atención a las personas dependientes mediante la introducción de reducciones fiscales y otros incentivos. El CESE considera que la propuesta de la Comisión de desincentivar los planes de jubilación anticipada necesita un detenido debate sobre condiciones marco, ámbito de aplicación, medidas de acompañamiento, etc., al objeto de no crear de nuevo problemas sociales precisamente entre las personas de edad avanzada. El CESE ha aportado ya importantes contribuciones al respecto.

4.3.1.2.   Otro aspecto que contribuye a la situación demográfica es que muchas políticas, en especial, las políticas familiares, no hacen lo suficiente para permitir que la gente pueda satisfacer su deseo de tener hijos (12). El CESE desea llamar la atención de los responsables políticos sobre su dictamen titulado «La familia y la evolución demográfica» (13). Cada país necesita una política familiar que respete la voluntad de cada ciudadano (incluidos los niños), que valorice la vida familiar, que haga frente a las importantes consecuencias que ocasionan –especialmente en los niños– las rupturas familiares, la violencia y la pobreza y la exclusión social; una política que esté próxima de las vidas y aspiraciones de los ciudadanos. Por tanto, llevar a cabo una política integral de la familia, que englobe salarios, guarderías, acceso de los padres a empleos de calidad de tiempo completo, igualdad de hombres y mujeres, educación, servicios sociales y culturales, empleo e infraestructuras y planificación, debería ser una prioridad central en todos los países europeos.

4.3.2.   Optimizar el seguro de desempleo y promover la integración

4.3.2.1.   El seguro de desempleo es –especialmente, con el telón de fondo de la crisis económica y de una competencia que llevan aparejadas continuas reestructuraciones– una importante ventaja social que proporciona seguridad a los trabajadores que han sido despedidos o se encuentran desempleados. Si el importe que se percibe es considerable, el seguro de desempleo puede ser incluso un factor para dar fluidez económica y facilitar la movilidad laboral. Sin embargo, en algunos países el seguro de desempleo se limita a un mero reparto de subsidios, sin que exista un sistema adecuado de reintegración del desempleado al mercado laboral (es decir, de transición del desempleo al empleo) ni de formación destinada a que el desempleado obtenga un puesto de trabajo duradero. Como principio general, los gastos dedicados al seguro de desempleo deberían invitar en mayor medida a la actividad. Así, el subsidio podría basarse, como ya sucede en varios países, en acuerdos individuales de reintegración al trabajo como condición previa para poder optar a él. La responsabilidad de las autoridades en este supuesto consiste en proporcionar un apoyo adecuado, así como sistemas de integración y de formación, y acceso a otros servicios que permitan la participación. El aspecto preventivo es también importante. Para ello, es preciso actuar tempranamente y luchar contra la pobreza infantil, y también se debe llevar a cabo una política eficaz de formación complementaria permanente que puede implicar reorientaciones en materia educativa a lo largo de la vida.

4.3.2.2.   La transición y la integración son importantes también para otros grupos como, por ejemplo, las víctimas de accidentes, las personas con discapacidad como consecuencia de enfermedades (la transición del empleo al desempleo debido a una discapacidad). Esto plantea, en primer término, la cuestión de una renta de sustitución y, en segundo lugar, la del retorno o acceso al empleo. Aunque disponer de una renta es condición necesaria para una vida independiente, no es necesariamente una condición suficiente. En muchos casos, pese a las disposiciones jurídicas existentes a tal efecto, sigue sin concederse la suficiente prioridad a la integración de estas personas en la vida laboral. Las disposiciones prácticas en materia de orientación y apoyo para encontrar un trabajo o volver a ejercerlo son a menudo complicadas e inadecuadas. Ni los requisitos que permiten optar ni los importes de la compensación deben disuadir a las personas afectadas de emprender una readaptación funcional o profesional o de reanudar su trabajo. Antes al contrario: deben animarles a hacerlo. Sin embargo, las reformas que conceden más peso a las medidas activas y menos a las pasivas no deberían perder de vista los objetivos establecidos en el Código Europeo de la Seguridad Social y sus protocolos. El concepto de empleo adecuado debería tener como objetivo garantizar que a los desempleados se les orienta hacia puestos de trabajo en los que se valora su formación y sus cualificaciones de la manera más productiva y eficaz en beneficio de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, para aquellos para quienes el trabajo no es una opción debe garantizarse un apoyo a la renta suficiente para vivir dignamente.

5.   Promover el aprendizaje y la formación permanentes

5.1.   Los Estados miembros gestionan muy diversos sistemas y niveles de aprendizaje y formación profesional de la mano de obra. El hecho de que en todos los países la educación y la formación complementarias se hallen distribuidas de manera muy desigual entre los ciudadanos de la UE –las personas más cualificadas reciben mucha más formación complementaria y enseñanza a lo largo de su carrera laboral que las personas menos cualificadas– plantea un importante desafío político en estos tiempos caracterizados por la mundialización y la desaceleración económica. Dado que las personas menos cualificadas son las que corren mayor riesgo de sufrir una deslocalización y de quedar desempleadas, uno de los imperativos políticos más importantes es el de garantizarles un mejor acceso a la formación y la educación, así como una participación más amplia. Por consiguiente, el CESE aboga por que todos los ciudadanos que deseen mejorar sus oportunidades en el mercado laboral, y en particular quienes pertenecen a los grupos más excluidos, gocen efectivamente de un derecho a la formación.

5.2.   El hecho de que los cambios en el contexto social, económico, político y tecnológico den lugar a ajustes sucesivos en el dominio de determinadas cualificaciones implica también que debe reflexionarse detenidamente sobre el contenido de la formación en general, sobre todo, si se pretende que la enseñanza y la formación se adecuen en mayor medida a las necesidades del mercado laboral. Es esencial por tanto (1) dar a todos los jóvenes una formación básica sólida y (2) definir las necesidades actuales y futuras en materia de competencias que convendrá analizar a nivel local o nacional, o a ambos niveles, con el fin de reflejar la diversidad que existe dentro los Estados miembros y entre unos y otros. El CESE toma nota de la nueva iniciativa de la Comisión «Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos» (14) y se pronunciará al respecto de manera pormenorizada.

5.3.   El CESE está de acuerdo con la recomendación de la Comisión de que no se debe permitir que las carreras laborales comiencen con la experiencia del desempleo. Es pues esencial que a todos cuantos abandonan la escuela, si lo desean y poseen capacidad para ello, se les ofrezca la posibilidad de seguir estudiando o de participar en un programa de formación profesional y se les anime vivamente a hacerlo. Para más detalles, nos remitimos al dictamen del CESE titulado «Empleo para las categorías prioritarias» (15).

6.   La vivienda como factor de integración social

6.1.   Carecer de vivienda es una de las formas más graves de exclusión. Muchos países de la UE han ratificado los tratados y convenios internacionales que reconocen y protegen el derecho a la vivienda: la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 27), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículos 14 y 15), el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (artículo 8), la Carta Social Europea (artículos 15, 16, 19, 23, 30, 31) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 34, apartado 3).

6.2.   En Europa la crisis de la vivienda afecta a unos 70 millones de personas que viven en condiciones de vivienda inadecuadas; de ellas, aproximadamente 18 millones viven bajo la amenaza de desahucio y tres millones carecen de hogar. Esta cifra se ha visto incrementada aun más como resultado de la crisis financiera mundial, que está provocando que unos dos millones de familias de Europa pierdan sus hogares al verse abocadas al impago de sus créditos hipotecarios (16). Es preciso que los Estados miembros conviertan este asunto en prioritario a fin de reducir al mínimo sus repercusiones sobre los ciudadanos y, especialmente, sobre los más vulnerables.

6.3.   Esta pérdida de la vivienda conduce a lo contrario de la inclusión social, con un aumento previsto de la demanda de viviendas dignas y asequibles, pérdida de seguridad en los contratos de arrendamiento, mayor riesgo de embargo por incumplimiento de los acuerdos hipotecarios y mayor amenaza de desahucio. Las personas que se verán afectadas serán los jóvenes, los ancianos, los desempleados, las personas sin recursos y los migrantes, así como las familias de renta media. El CESE recomienda enérgicamente que se garantice la igualdad de trato en materia de vivienda y que se establezcan mecanismos para evitar los desahucios, en especial, para los diversos grupos de personas vulnerables.

El CESE acoge con satisfacción que se recurra al método abierto de coordinación como marco para el intercambio de buenas prácticas y la elección de la carencia de vivienda y la exclusión en la vivienda como núcleo temático del método abierto de coordinación social de 2009. Recomienda seguir consolidando su utilización mediante el refuerzo de los instrumentos financieros existentes en la UE en lo que respecta a:

6.4.1.   los programas para proporcionar una vivienda asequible y digna;

6.4.2.   los programas que promuevan la búsqueda de soluciones de viviendas alternativas y proyectos experimentales para nuevos tipos de viviendas sociales, que sean sensibles al multiculturalismo y al problema de la exclusión social, en asociación con los entes locales, la sociedad civil y los inversores sociales;

6.5.   El CESE está de acuerdo con la declaración del Consejo y de la Comisión (17) en cuanto a que la inclusión económica es una condición previa para un acceso sostenible al mercado de la vivienda y que debe garantizarse un apoyo y un asesoramiento adecuados para aquellos que se enfrentan al desahucio o al embargo.

7.   La política territorial como factor de inclusión social

7.1.   Las políticas que se centran en proporcionar viviendas deben tener en cuenta y verse complementadas por las que se ocupan de las zonas territoriales o geográficas. Todas las obras que abordan el tema de la inclusión social señalan la existencia de regiones y localidades desfavorecidas. En muchos casos, los factores que provocan la situación de desventaja se relacionan con las infraestructuras –por ejemplo, deficiencias en la prestación de servicios, estructuras y otros equipamientos, así como escasez de puestos de trabajo– y pueden conducir a la degradación medioambiental y social. Los estudios recientes conceden gran importancia al nivel local y muestran cómo los problemas y las carencias pueden acumularse formando espacios que no sólo están integrados por personas vulnerables sino que, por esta y otras razones, se convierten en sí mismos en zonas vulnerables. La ausencia de inversión de capitales, ya sea local, nacional o extranjera, en estas zonas agudiza las condiciones de desventaja.

7.2.   Un objetivo de las políticas, por tanto, debería ser el de evitar desequilibrios entre zonas o regiones y garantizar que a las zonas especialmente desfavorecidas no les falte lo necesario. A este respecto, las iniciativas locales han de desempeñar un papel importante, al igual que aquellas que estén dirigidas a la regeneración social de localidades o barrios deprimidos y empobrecidos. No sólo se trata de invertir en infraestructuras físicas sino también de dar importancia a la reconstrucción de las infraestructuras sociales y comunitarias y al capital social de esas zonas.

7.3.   El empleo es especialmente importante para superar las desventajas relacionadas con la zona. El empleo disponible a nivel local sirve para paliar la pobreza, promover la inclusión social e incrementar la autoestima, la confianza en uno mismo y proporcionar recursos a quienes sufren exclusión de la sociedad. También contribuye a aumentar los recursos financieros y de otro tipo disponibles a nivel local. A su vez, el acceso a los servicios es una condición previa para crear empleo en el nivel local. La participación de las comunidades locales en este y otro tipo de iniciativas –tales como el desarrollo de microempresas gestionadas a nivel local– es muy importante.

7.4.   El CESE está convencido de que, además de los ámbitos clásicos de la política de inclusión social, es preciso crear un nuevo ámbito político o de preocupación. El objetivo de ello sería el de crear una sociedad activa e integrada. En cierta medida, se producen solapamientos con estructuras de ciertas políticas (por ejemplo, afrontar el problema de la vivienda, de la escasa cualificación). No obstante, se trata también de preocupaciones que han de ser abordadas de manera específica mediante intervenciones políticas propias.

7.5.   El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión (18) destinada a movilizar y acelerar la financiación recurriendo a un nuevo instrumento comunitario de microfinanciación en favor del empleo destinado a desarrollar microempresas y la economía social. El CESE considera que la política territorial debería ser una prioridad en la que participen los Estados miembros, los interlocutores sociales, las autoridades y las comunidades locales interesadas, así como la economía social.

8.   Gestionar la diversidad y la integración de los migrantes

8.1.   Es un hecho aceptado ampliamente que la diversidad cultural es una característica descriptiva de Europa, si bien en las sociedades europeas la gobernanza no es siempre multicultural. En opinión del CESE, la inclusión social debe abordar la cuestión de cómo tratan las sociedades europeas a las minorías (especialmente, la población romaní (19)) y a las personas migrantes. Esta cuestión puede abordarse –o corregirse– de diversas maneras.

8.2.   El Comité considera que es preciso explorar la posibilidad de combinar el «pluralismo» y la «igualdad» como condiciones de inclusión social. Para la sociedad de acogida, para las minorías y para los migrantes una valoración recíproca de la cultura y los valores respectivos puede constituir un reto. El CESE recomienda una serie de iniciativas: por parte del país de acogida, adoptar medidas para determinar cuáles son las aportaciones de los migrantes, así como los factores que contribuyen a la discriminación, a la situación de desventaja y a la exclusión. Por lo que respecta a las minorías e inmigrantes, es necesario que muestren una voluntad de adaptación a las normas y tradiciones del país de acogida, sin por ello renunciar a la propia identidad y las raíces culturales. Para más detalles, nos remitimos al dictamen del CESE titulado «Empleo para las categorías prioritarias» (15).

8.3.   Es preciso también subrayar la importancia del papel del diálogo intercultural, ya sea como parte del diálogo cívico o por derecho propio. Entre los posibles objetivos políticos de este tipo de actividad se hallan los siguientes:

| — | instituir procedimientos que sirvan para construir la confianza en un futuro común y en valores cívicos tales como la justicia, la tolerancia, el respeto a la libertad y a la democracia, la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad y la responsabilidad social, y generar un sentido de pertenencia y de reconocimiento mutuo; |
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instituir procedimientos que sirvan para construir la confianza en un futuro común y en valores cívicos tales como la justicia, la tolerancia, el respeto a la libertad y a la democracia, la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad y la responsabilidad social, y generar un sentido de pertenencia y de reconocimiento mutuo;

| — | reforzar la inclusión social mediante la integración económica, social y cultural de emigrantes; |
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reforzar la inclusión social mediante la integración económica, social y cultural de emigrantes;

| — | reconsiderar todas las políticas en función de su «equidad respecto a una dimensión cultural», sin excluir la estigmatización y la discriminación. |
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reconsiderar todas las políticas en función de su «equidad respecto a una dimensión cultural», sin excluir la estigmatización y la discriminación.

Bruselas, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  Véase el punto 2.1 del dictamen del CESE de 11 de junio de 2009, titulado «Resultados de la Cumbre sobre el Empleo», ponente: Sr. Greif (DO C 306 de 16.12.2009, p. 70).

1

(2)  http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp? type =3 & policyArea =750 & subCategory =758 & country =0 & year =0 & advSearchKey = & mode = advancedSubmit&langId = en. La próxima actualización completa está prevista para noviembre de 2009.

2

(3)  Schmid, G. (2002) Wege in eine neue Vollbeschäftigung, Übergangsarbeitsmärkte und aktivierende Arbeitsmarktpolitik, Francfort, Campus Verlag.

3

Wege in eine neue Vollbeschäftigung, Übergangsarbeitsmärkte und aktivierende Arbeitsmarktpolitik

(4)  http://ec.europa.eu/youth/news/news1389_en.htm.

4

(5)  En «Un compromiso compartido en favor del empleo» (COM(2009) 257 final), p. 8.

5

(6)  Véase el punto 5 del dictamen del CESE de 12 de julio de 2007 sobre el «Empleo para las categorías prioritarias (Estrategia de Lisboa)», ponente: Sr. Greif (DO C 256 de 27.10.2007).

6

(7)  Véase http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:014:0006:0008:ES:PDF.

7

(8)  Véase «Un compromiso compartido en favor del empleo» (COM(2009) 257 final), p. 13.

8

(9)  Véase «Un compromiso compartido en favor del empleo» (COM(2009) 257 final), p. 9.

9

(10)  Proyecto de Conclusiones del Consejo «Flexiguridad en tiempos de crisis» SOC/374 ECOFIN 407, 10388/09.

10

(11)  Véase el dictamen del CESE de 1.10.2009 sobre «Cómo utilizar la flexiguridad en materia de reestructuración, en el contexto del desarrollo mundial», ponente: Sr. Salvatore; coponente: Sr. Calvet Chambon (DO C 318 de 23.12.2009, p. 1).

11

(12)  Véase el dictamen del CESE de 30.9.2009 sobre «Trabajo y pobreza: hacia un enfoque global indispensable», ponente: Sra. Prud'homme (DO C 318 de 23.12.2009, p. 52.)

12

(13)  Véase el Dictamen del CESE de 14 de marzo de 2007 titulado «La familia y la evolución demográfica»; ponente: Sr. Buffetaut (DO C 161 de 13.7.2007, p. 66).

13

(14)  Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos - Previsión de las capacidades necesarias y su adecuación a las exigencias del mercado laboral, COM(2008) 868 final.

14

(15)  Véase nota 6.

15

(16)  Ref: http://www.habitants.org/noticias/inhabitants_of_europe/european_platform_on_the_right_to_housing_2009.

16

(17)  Véase el informe conjunto del Consejo y la Comisión sobre protección social e inclusión social 2009, 7309/09, apartado 2.8.

17

(18)  Véase «Un compromiso compartido en favor del empleo» (COM(2009) 257 final), p. 11.

18

(19)  Dictamen del CESE «Integración de las minorías – Los roma», ponente: Sra. Sigmund, coponente: Sra. Sharma. (DO C 27, 3.2.2009, p. 88).

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/18 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/18

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Nuevas perspectivas de la Estrategia para un desarrollo sostenible»

(Dictamen exploratorio)

(2010/C 128/04)

Ponente: Ernst Erik EHNMARK

El 18 de marzo de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el tema:

«Nuevas perspectivas de la Estrategia para un desarrollo sostenible»

(Dictamen exploratorio).

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de octubre de 2009.

En su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 noviembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 178 votos a favor, 21 votos en contra y 18 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge positivamente el informe bienal de la Comisión sobre la Estrategia de la UE para el desarrollo sostenible (1). El informe de la Comisión proporciona una base para seguir debatiendo de qué manera la UE debe poner en práctica su Estrategia para un desarrollo sostenible.

1.2.   El CESE respalda la sugerencia de la Comisión de que en el próximo período la estrategia dé prioridad a la acción en cuatro ámbitos principales: la economía de bajas emisiones de carbono, la protección de la biodiversidad, del agua y de otros recursos naturales, la promoción de la inclusión social y el reforzamiento de la dimensión internacional del desarrollo sostenible. El Comité lamenta, no obstante, que la Comisión no haya desarrollado en mayor medida análisis y que no haya presentado propuestas concretas para los objetivos, plazos y acciones en estos ámbitos.

1.3.   Pese a algunas (pocas) tendencias positivas, es evidente que, en su forma actual, la Estrategia de la UE para un desarrollo sostenible (EDS) no cumple sus objetivos.

1.4.   Para ser eficaz, la EDS necesita una estructura de gobernanza completamente nueva, para lo cual se requiere una adecuada dotación en términos de personal y presupuesto, así como mecanismos con los que se pueda controlar la aplicación de la estrategia.

1.5.   El CESE solicita que se mejore también la coordinación entre los propios servicios de la Comisión, algo a lo que podría contribuir un comisario encargado de esta coordinación. El Comité recomienda igualmente la creación de un comité independiente de alto nivel, que se encargaría de supervisar periódicamente el progreso del desarrollo sostenible y de hacer recomendaciones a las instituciones.

1.6.   El CESE exhorta al Consejo y a la Comisión a convertir la EDS en metaestrategia para todas las políticas de la UE. Todas las demás estrategias de la UE con una perspectiva temporal más corta deben contribuir al logro de los objetivos de una futura EDS. Muchas políticas actualmente decididas tendrán repercusiones en los próximos decenios. Las medidas con efectos a corto plazo no deben empeorar las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones.

1.7.   En su dictamen, el CESE señala que es necesario mejorar la coordinación entre el papel de la Estrategia de Lisboa y la Estrategia para un desarrollo sostenible. Al elaborar la nueva Estrategia de Lisboa o Estrategia 2020, la Comisión debería demostrar de forma explícita cómo las acciones que proponga contribuirán a la transición a largo plazo hacia una forma más sostenible de desarrollo. También las futuras perspectivas financieras, los Fondos Estructurales, la PAC, los programas marco de I+D y todas las demás estrategias y programas de ámbito europeo deberían demostrar que son beneficiosas para los objetivos y propósitos de la Estrategia para un desarrollo sostenible.

1.8.   En su forma actual, el PIB no debe seguir siendo un parámetro determinante para la adopción de políticas. El progreso y el bienestar humano deberían medirse de modo diferente de como se hace actualmente. El CESE expresa su decidido apoyo al perfeccionamiento y aplicación de indicadores de progreso que vayan más allá del PIB. En este contexto igualmente se debe celebrar un debate sobre los valores que la UE desearía promover.

1.9.   El desarrollo sostenible necesita un compromiso y un trabajo desde la base. Para fraguar este compromiso se necesita la colaboración activa de los interlocutores sociales y de todas las organizaciones de la sociedad civil.

1.10.   Asimismo, es esencial que a nivel político se asuman claramente las responsabilidades que permitan aplicar la Estrategia para un desarrollo sostenible, y ello tanto a nivel europeo como a nivel nacional, regional y local. En todo ello, el Parlamento Europeo tiene también innegablemente su papel. El Comité recomienda que se establezcan los dispositivos necesarios para que la Comisión presente un balance de los progresos nacionales respecto de los indicadores establecidos, así como orientaciones específicas para cada país en aspectos clave que reclamen su atención. En todo ello podría seguirse el modelo del mecanismo ya establecido para el seguimiento de los progresos en la Estrategia de Lisboa.

1.11.   El CESE lamenta que, antes de formular sus propuestas, la Comisión no solicitase la contribución del CESE y otras organizaciones al informe, como recomiendan las Conclusiones del Consejo de 2006. Habría sido importante, en particular, tener en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil. El Comité reforzó su propia capacidad integradora en cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible con la creación, hace tres años, de su Observatorio del Desarrollo Sostenible. Este órgano ha mantenido contactos regulares con los Consejos para el Desarrollo Sostenible. El Comité recomienda que se recurra más frecuentemente al Observatorio para garantizar una aportación creativa de la sociedad civil a la actualización y el seguimiento de los progresos en desarrollo sostenible en Europa.

1.12.   Resulta especialmente importante contar con una estrategia de desarrollo sostenible en funcionamiento cuando dé comienzo la próxima Cumbre Mundial sobre el desarrollo sostenible, que se celebrará en Río en 2012.

2.   La Comunicación de la Comisión

La Comunicación de la Comisión (COM (2009)400 final, de 24 de julio de 2009) sobre el futuro de la Estrategia para el desarrollo sostenible sólo supone, lamentablemente, un modesto paso adelante. Aunque destaca las carencias en la aplicación de los objetivos de la EDS, no propone medidas contundentes para eliminarlas.

2.1.1.   En relación con esto, el CESE quiere recordar que precisamente la cuestión de las señales políticas claras ha sido un leitmotiv en los diálogos con la Comisión, el Consejo y el Parlamento.

2.1.2.   La decisión acerca de las señales políticas exige una buena labor preparatoria. El CESE lamenta que la Comisión no haya tenido la posibilidad de asignar más que fondos marginales a los trabajos de preparación de la política anual sobre desarrollo sostenible.

2.2.   El documento de la Comisión aporta una serie de instantáneas de la evolución de la situación en las siete áreas prioritarias y los temas transversales. Se trata de una valiosa revisión que muestra tanto lo que se necesita priorizar más como aquello que requiere un análisis más profundo.

2.3.   El documento muestra que la evolución registrada es, prácticamente sin excepciones, negativa. En los últimos años se ha apostado mucho por las cuestiones relacionadas con el cambio climático y la energía, pero en general los efectos siguen siendo negativos. El transporte es otro ámbito en el que la acción política no ha conseguido invertir la tendencia del aumento de las emisiones. Los únicos ejemplos positivos que pueden mencionarse son acciones concretas –una propuesta legislativa prometedora o una iniciativa innovadora–, pero no se ve ninguna tendencia general que vaya a invertir una línea de desarrollo negativa.

2.4.   El CESE no tiene intención de comentar la esquemática evaluación que hace la Comisión de cada ámbito de acción, sino que se limita a constatar que la lectura de este repaso de los diferentes puntos es poco alentadora, y recalca la necesidad de que se apueste más seriamente por el desarrollo sostenible a nivel político.

2.5.   Durante algunos años, la producción y el consumo sostenibles han gozado de una gran prioridad. Otro ejemplo es el consumo de materias primas en la producción. Las estadísticas muestran que la Unión Europea y los Estados Unidos de América utilizan el doble de materias primas por unidad de producción que, por ejemplo, Japón. Se puede ganar mucho racionalizando este aspecto.

2.6.   La Comisión ha concedido una prioridad especial a las actividades que integran la dimensión social y las cuestiones sociales, tanto en el marco de la Estrategia para un desarrollo sostenible como de otras estrategias actuales para el desarrollo de la Unión Europea (la Estrategia de Lisboa, etc.). La trascendencia de esta labor viene ilustrada por el hecho de que más de setenta millones de europeos viven en la pobreza (según la definición que utiliza, entre otras instancias, la Oficina Estadística de la Unión Europea). La conexión entre las cuestiones relativas a la migración y la evolución del número de personas que viven en la pobreza es un tema importante.

3.   ¿Una estrategia en crisis?

3.1.   El concepto de desarrollo sostenible conoció su lanzamiento en la Cumbre de Río de Janeiro hace casi veinte años. El mensaje de la Cumbre era claro y convincente: nuestro modo de vida no debe alterar las condiciones de vida de las generaciones futuras. Las conclusiones de Johannesburgo (Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2002) tuvieron diez años después un amplio eco: al fin se presentaba un paquete completo de propuestas para un desarrollo social justo a nivel mundial.

3.2.   En el marco de los preparativos de la Cumbre de Johannesburgo, la UE aprobó su primera Estrategia europea para el desarrollo sostenible (COM(2001)264 final, «Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible»).

3.3.   En la primavera de 2001 se aprobó la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible en un ambiente de euforia. Sin embargo, unos años más tarde la cuestión empezó a complicarse.

3.4.   La estrategia en sí no presentaba problemas. Tampoco faltaban apoyos entusiastas en la sociedad civil y entre los políticos y los líderes de opinión.

3.5.   El problema radicaba más bien en la falta de una auténtica voluntad (o capacidad) para empezar a traducir los objetivos en programas de acción concretos.

3.6.   En 2006 se revisó la Estrategia para un desarrollo sostenible por medio de la decisión sobre la «Revisión de la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible − Estrategia revisada». La revisión no aclaró cuestiones como la de las prioridades o los métodos de aplicación. Al mismo tiempo, la UE desarrolló nuevos programas orientados, entre otras cosas, al crecimiento económico y la creación de empleo.

3.7.   En el curso de los últimos años, las divergencias entre los objetivos sobre el desarrollo sostenible y los programas de crecimiento y competitividad se han hecho evidentes. Lo que las diferencia es, por ejemplo, la perspectiva temporal: mientras que la Estrategia de Lisboa opera a medio plazo, el desarrollo sostenible se plantea con una perspectiva a más largo plazo. Esto puede tener por efecto que, en el marco de la Estrategia de Lisboa, se dé preferencia a medidas con efectos a corto plazo en contradicción con los objetivos a largo plazo del desarrollo sostenible.

3.8.   Cada vez son más las voces que se alzan a favor de una revisión del reparto de tareas entre las dos estrategias. Su fusión podría ser una manera de conseguir una utilización más eficaz de los recursos asignados.

3.9.   Sin embargo, el objetivo de este informe es dejar clara la necesidad de reavivar la Estrategia para un desarrollo sostenible de forma que pueda servir de guía tanto para la agenda europea como para la agenda mundial.

4.   ¿Qué hemos aprendido?

4.1.   En los últimos años, el CESE ha aprobado algo más de una decena de dictámenes sobre diferentes aspectos de la estrategia, como complemento de los objetivos de conjunto sobre la manera de seguir impulsando la misma. El tema común ha sido que el desarrollo sostenible y la Estrategia de Lisboa deben desarrollarse conjuntamente, a pesar de que se inscriban en ámbitos diferentes (2).

4.2.   El CESE ha observado tres factores que combinados pueden explicar por qué ambas estrategias se han aplicado de forma desigual.

| — | Una explicación estriba en el de ambas estrategias: la Estrategia de Lisboa aborda cuestiones políticas inmediatas, mientras que el desarrollo sostenible plantea prioridades a largo plazo. La diferencia también puede expresarse en un plano más personal: Lisboa está respaldada por los presidentes de gobierno, mientras que son los ministros de Medio Ambiente quienes a menudo se ocupan del desarrollo sostenible. Este distinto peso se refleja también en el reparto de recursos: tanto en la Comisión como en los Estados miembros trabaja mucho menos personal en la EDS que en la Estrategia de Lisboa. |
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Una explicación estriba en el de ambas estrategias: la Estrategia de Lisboa aborda cuestiones políticas inmediatas, mientras que el desarrollo sostenible plantea prioridades a largo plazo. La diferencia también puede expresarse en un plano más personal: Lisboa está respaldada por los presidentes de gobierno, mientras que son los ministros de Medio Ambiente quienes a menudo se ocupan del desarrollo sostenible. Este distinto peso se refleja también en el reparto de recursos: tanto en la Comisión como en los Estados miembros trabaja mucho menos personal en la EDS que en la Estrategia de Lisboa.

| — | Estas dos estrategias han sido recibidas de manera muy diferente por la : la Estrategia de Lisboa, aunque no sea muy conocida, empieza a tener cierto eco en círculos más amplios. El desarrollo sostenible se percibe como algo teórico y difícil de poner en práctica en la acción política. |
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Estas dos estrategias han sido recibidas de manera muy diferente por la : la Estrategia de Lisboa, aunque no sea muy conocida, empieza a tener cierto eco en círculos más amplios. El desarrollo sostenible se percibe como algo teórico y difícil de poner en práctica en la acción política.

| — | : para la Estrategia de Lisboa existe un minucioso sistema de planificación y seguimiento sometido a normas y calendarios comunes. El desarrollo sostenible tiene un mecanismo más difuso de aprobación de las prioridades y evaluaciones comunes. La consecuencia es que la Estrategia de Lisboa puede plantear mayores exigencias a los Estados miembros, mientras que el desarrollo sostenible refleja intenciones más generales. |
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: para la Estrategia de Lisboa existe un minucioso sistema de planificación y seguimiento sometido a normas y calendarios comunes. El desarrollo sostenible tiene un mecanismo más difuso de aprobación de las prioridades y evaluaciones comunes. La consecuencia es que la Estrategia de Lisboa puede plantear mayores exigencias a los Estados miembros, mientras que el desarrollo sostenible refleja intenciones más generales.

4.3.   Las últimas evaluaciones globales se realizaron antes de la revisión de la estrategia en 2006. El Consejo de Ministros recalcó, en las directrices revisadas de la estrategia, que era fundamental fortalecer la cooperación y la coordinación entre las actividades en pro del desarrollo sostenible a escala nacional y europea. Se consideró especialmente importante establecer prioridades claras para las tareas relacionadas con el desarrollo sostenible. En una evaluación con vistas al informe bianual de 2008 de la Comisión, se observó también que se habían realizado progresos en «areas of product lifecycle thinking and minimising waste» (en el ámbito de la consideración del ciclo de vida de los productos y de la reducción de residuos), así como en un gran número de iniciativas de protección del medio ambiente (Progress on EU Sustainable Development Strategy, informe final, ECORYS).

4.4.   Una indicación importante es que la cooperación entre los Fondos Estructurales y la Estrategia para un desarrollo sostenible apenas ha progresado. Precisamente en los ámbitos en que la UE aporta importantes contribuciones financieras, la sostenibilidad de las inversiones debe tener la máxima prioridad.

5.   Revitalización de la Estrategia para un desarrollo sostenible: algunos puntos de partida

5.1.   La Unión Europea ha impulsado el avance de las tentativas globales a favor del desarrollo sostenible. Muchos países y grupos de países ven a la Unión Europea como un guía en el ámbito de la sostenibilidad. Si la Unión Europea fuera capaz de liderar también la revitalización de la Estrategia para un desarrollo sostenible, se ganaría mucho.

5.2.   Una de las muchas dificultades de la actual formulación de la estrategia es que se trabaja con demasiadas prioridades: siete áreas principales y cuatro temas transversales. Es probable que una estrategia con prioridades más claras tuviera un mayor impacto. Para un impacto aún mayor es determinante también que la EDS tenga objetivos claros y cuantificables.

5.3.   Por otra parte, no debe pasarse por alto que, aunque el desarrollo sostenible se apoya en tres pilares, no todas las medidas pueden ser beneficiosas al mismo tiempo para el medio ambiente, la vertiente social y la economía. No pueden existir sólo situaciones beneficiosas para todas las partes. Por el contrario: es necesario fijar prioridades, a menudo dolorosas. En el pasado, las prioridades se fijaron con excesiva frecuencia en favor de intereses económicos a corto plazo. Lamentablemente, ahora, en la actual crisis económica, parece que esto se repite también con los programas de reestructuración.

5.4.   El sector público debe asumir una importante función de liderazgo en el fomento del desarrollo sostenible. Los responsables de la toma de decisiones pueden dar un impulso importante en dirección hacia un mejor desarrollo sostenible valiéndose de la legislación, la incentivación fiscal y las subvenciones (y la supresión de subvenciones perjudiciales), así como la contratación pública.

5.5.   Las próximas previsiones financieras a partir de 2014 deberán ajustarse a los objetivos de la futura EDS.

5.6.   La EDS debe abordar el problema de las subvenciones perjudiciales. El CESE pide a la Comisión que presente por fin el programa de acción para la reforma de las subvenciones perjudiciales, que se espera desde 2008.

5.7.   La revitalización de la Estrategia para un desarrollo sostenible no debe implicar un mayor control central. El desarrollo sostenible debe ir unido a nuevas medidas para delegar y desplazar la toma de decisiones hacia niveles inferiores.

5.8.   El desarrollo sostenible se construye con impulsos comprometidos y desde la base. Durante toda la década de los años noventa, las ONG y los interlocutores sociales han sido un estímulo para el dinamismo en las tareas de desarrollo sostenible de la Unión Europea. En la revitalización del desarrollo sostenible hay que asignar a las ONG un papel muy importante.

5.9.   Otro agente de peso en las futuras acciones son las entidades territoriales, sobre todo los ayuntamientos.

5.10.   Muchos hacen referencia a la necesidad de un mayor compromiso por parte de las empresas. Dentro de la revitalización de la Estrategia para un desarrollo sostenible, las empresas desempeñan un papel claro e innegable. Es obvio que las empresas manifiestan un interés cada vez mayor por las cuestiones relacionadas con el clima y el desarrollo sostenible.

6.   Argumentos para reavivar la Estrategia para un desarrollo sostenible

6.1.   ¿Es importante revitalizar la Estrategia para un desarrollo sostenible? La pregunta puede parecer extraña. Con la oferta diaria de información sobre cuestiones climáticas y energéticas, sobre la agricultura y la diversidad biológica, etc., existe base más que suficiente para las actividades concretas relacionadas con las cuestiones de sostenibilidad.

6.2.   El calentamiento del planeta ha sido una cuestión concreta, con notable publicidad y un gran número de informes alarmantes, por ejemplo, el informe Stern. Además, el proyecto TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) ha puesto de relieve los peligros de merma de biodiversidad y presión excesiva a que están expuestos los ecosistemas si continuamos como hasta ahora.

6.3.   La agricultura en sentido amplio va a encontrar problemas nuevos debido al ascenso de las temperaturas. La cuestión de cómo la agricultura va a adaptar su producción a las nuevas condiciones será central en los trabajos futuros en el ámbito de la política agrícola.

6.4.   Podrían fácilmente citarse muchos otros ejemplos, la gran mayoría de conocidos a través de los debates públicos. A lo que se presta menos atención es a que, al parecer, los efectos sobre nuestra vida cotidiana empezarán a llegar antes de lo que se había previsto.

6.5.   CESE pide a la Comisión que convierta la EDS en metaestrategia para todas las demás políticas de la UE. Para el cumplimiento de los objetivos, todas las demás estrategias de la UE deberán contribuir a una futura EDS y reforzar el desarrollo sostenible.

6.6.   El CESE expresa su decidido apoyo al perfeccionamiento y aplicación de indicadores de progreso que vayan más allá del PIB. El informe publicado recientemente por la Comisión Stiglitz ha vuelto a poner claramente de manifiesto que el PIB no es adecuado para formular directrices con vistas a las decisiones trascendentes que hemos de tomar en la actualidad. Por el contrario: nos induce a error no mostrándonos los verdaderos problemas y, por consiguiente, aplazándolos. Recientemente, el CESE aprobó un dictamen que examinaba las consecuencias de la aplicación de una nueva perspectiva a las cuestiones relativas al PIB (3). El debate, no obstante, debe trascender el relativo a los indicadores de medida. El objetivo principal debe ser cómo lograr de modo sostenible el bienestar y la prosperidad en nuestra sociedad y pasar a una economía de baja utilización de recursos y alta producción de insumos.

6.7.   También sobre esta cuestión, la UE debe comunicar mejor con sus ciudadanos.

7.   La responsabilidad política y la necesidad de liderazgo

7.1.   En una serie de informes sobre el desarrollo sostenible, el CESE ha subrayado que dicho desarrollo exige liderazgo político y voluntad impulsora para las labores de desarrollo. Eso no es lo mismo que la exigencia de centralismo. Se trata más bien de la voluntad de tomar la iniciativa, crear redes, asumir responsabilidades.

7.2.   El CESE reitera su exigencia, recogida en varios dictámenes anteriores, en el sentido de que apostar efectivamente por el desarrollo sostenible exige una responsabilidad política activa y también esfuerzos activos a escala regional y local. El CESE subraya también que los interlocutores sociales y la sociedad civil en sentido amplio deben tener la posibilidad de participar activamente en la planificación y la puesta en práctica.

7.3.   En esta perspectiva, conviene mencionar la necesidad de cooperación entre las dos estrategias centrales de desarrollo, es decir, la Estrategia de Lisboa y la Estrategia para un desarrollo sostenible. No importa tanto el momento en que ambas estrategias puedan fusionarse como que operen en estrecho contacto. Debe quedar claro, no obstante, que las medidas que se tomen en el marco de la Estrategia de Lisboa han de contribuir a los objetivos de mayor alcance de la EDS.

7.4.   Para aplicar con éxito la EDS es indispensable una estructura de gobernanza más sólida. El CESE pide al Consejo que organice un ciclo de gobernanza para la EDS similar al de Lisboa, con informes anuales, evaluación y método abierto de coordinación, para poder establecer una mejor comparación entre los Estados miembros y lograr una competitividad orientada hacia un mejor desarrollo sostenible. Además, en los Estados miembros y en la Comisión deben destinarse más recursos a la aplicación de la EDS.

8.   Conocimientos y actitudes

8.1.   La Comisión dedica un espacio importante a la formación y resume los diferentes programas de la Unión Europea. Lo que la Comisión no hace es plantear cuestiones acerca del conocimiento y la formación dentro de una perspectiva democrática más amplia. El desarrollo sostenible, como la política climática, va a exigir decisiones que no siempre van a tener buena acogida. Tanto el desarrollo sostenible como la política climática y energética deben arraigar entre la población.

8.2.   ¿Cómo se puede generar apoyo y arraigo? Una de las claves es la formación, pero más en la línea, por ejemplo, de las universidades populares nórdicas, que dan mucha importancia a la dimensión democrática en las tareas de formación. La formación dentro de una perspectiva social también contribuye poderosamente a la construcción de estructuras democráticas. En los países nórdicos, las universidades populares han desempeñado un papel fundamental para alimentar las bases de las diferentes organizaciones de la sociedad civil.

8.3.   Esto no significa que el papel de la escuela y la formación de los jóvenes sea menos importante. De lo que se trata es de reforzar la formación tanto de los jóvenes como de los adultos y encontrar nuevos métodos pedagógicos.

8.4.   El CESE quiere recomendar que se amplíe la perspectiva de la Estrategia para un desarrollo sostenible en lo referente a las cuestiones de formación.

9.   Investigación y desarrollo a largo plazo

9.1.   Desde las primeras decisiones adoptadas en materia de sostenibilidad, la importancia de la investigación se ha ido destacando cada vez más. Se han tomado muchas decisiones políticas específicas sobre el desarrollo a largo plazo de la investigación y la formación de los investigadores. Una de las decisiones más importantes es la que se tomó en Barcelona y que estableció el objetivo de que la inversión en investigación por parte de los países de la Unión Europea debería aumentarse hasta un 3 % dentro de un futuro previsible o para el año 2010.

9.2.   El CESE destaca la importancia de que todos los Estados miembros velen por el cumplimento del compromiso adoptado en Barcelona, para lo que deberán aumentar de manera significativa las ayudas a la investigación.

9.3.   También es necesario vincular de manera más clara la política de investigación a la Estrategia de Lisboa, y con ello generar sinergias entre el desarrollo sostenible y la Estrategia de Lisboa.

9.4.   La colaboración entre las instituciones de investigación respecto a cuestiones climáticas está muy desarrollada. Sin embargo, la buena investigación a largo plazo puede encontrar dificultades para hacerse valer en la carrera para obtener recursos. Por este motivo, el CESE propone que la Comisión realice, en el marco del programa de investigación de la UE, un estudio de las necesidades actuales en investigación en cuestiones relacionadas con el clima, la energía y el desarrollo sostenible.

10.   Mejorar la organización de la fase preparatoria

10.1.   En distintos contextos, el CESE ha subrayado la necesidad de liderazgo político a la hora de preparar las medidas relativas al desarrollo sostenible o a la política climática y energética. En varias ocasiones, el CESE ha citado al ex Primer Ministro francés Michel Rocard, que en un congreso organizado por el CESE declaró que el desarrollo sostenible sin duda pondrá sobre el tapete decisiones que no siempre serán fáciles o populares. El Primer Ministro de Luxemburgo incidió en este tema cuando hace uno o dos años declaró que «en el Consejo de Ministros sabemos exactamente cuáles son las medidas necesarias. El problema es que no sabemos cómo, tras su aplicación, podremos volver a ser elegidos a nuestros parlamentos respectivos».

10.2.   La solución está en generar acuerdos comunes y diálogo de manera sistemática y en una fase temprana. Ante todo debe tratarse de construir desde abajo hacia arriba. La participación es un concepto clave, pero se debe complementar con la solidaridad.

10.3.   En muchas ocasiones, el CESE ha subrayado la necesidad de crear una estructura de cooperación más fuerte dentro de la Comisión. Traduciéndolo a la situación actual, ello podría implicar el nombramiento de un comisario específico, con rango de vicepresidente, para impulsar la colaboración y la coordinación entre las grandes estrategias actuales: sostenibilidad, cuestiones climáticas y energéticas y Estrategia de Lisboa.

Bruselas, 5 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  COM(2009) 400 final.

1

(2)  Véanse, por ejemplo, DO C 195 de 18.8.2006, p. 29, y DO C 256 de 27.10.2007, p. 76.

2

(3)  DO C 100 de 30.4.2009, p. 53.

3

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/23 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/23

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Hacia una economía ecológicamente eficiente — Transformar la crisis económica en ocasión de preparar el camino para una nueva era energética»

(Dictamen exploratorio)

(2010/C 128/05)

Ponente: Frederic Adrian OSBORN

Mediante carta de 3 de junio de 2009 el Gobierno sueco, en el marco de su próxima Presidencia del Consejo de la Unión Europea, pidió al Comité Económico y Social Europeo que elaborara un dictamen exploratorio sobre el tema:

«Hacia una economía ecológicamente eficiente – Transformar la crisis económica en ocasión de preparar el camino para una nueva era energética».

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 12 de octubre de 2009 (ponente: Frederic Adrian Osborn).

En su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 de noviembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 164 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   Las principales economías desarrolladas del mundo convienen en que es necesario lograr una reducción de al menos el 80 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050, como parte de la actuación mundial que se requiere para mantener los riesgos planteados por el cambio climático a un nivel aceptable. Por tanto, es preciso proceder de inmediato a importantes transformaciones de la base de aprovisionamiento energético de las economías avanzadas.

1.2.   La UE ha puesto en marcha este proceso con el importante programa sobre cambio climático y energía acordado este año por el Consejo y el Parlamento Europeo al objeto de reducir las emisiones en un 20-30 % de aquí a 2020. No obstante, este programa sigue pendiente de ejecución y se requieren nuevas medidas en breve plazo si se quiere alcanzar el objetivo fijado para 2050.

1.3.   La crisis económica actual constituye a la vez una amenaza y una oportunidad. La amenaza radica en que la necesidad de afrontar los continuos problemas económicos acapare toda la atención política y todos los recursos disponibles, y que las medidas se centren en restablecer el modelo anterior y su dinámica de aumento de las emisiones. La oportunidad es que existe un margen considerable para superar este modelo y adoptar una estrategia de ecoeficiencia que beneficie a todas las partes interesadas, contribuya a la recuperación económica, mejore el nivel de competitividad y cree nuevos puestos de trabajo, transformando la base de aprovisionamiento energético y reduciendo al mismo tiempo las emisiones de modo sustancial.

1.4.   El CESE suscribe plenamente todas las actuaciones emprendidas en Europa para promover la ecoeficiencia y anima a que se emprendan otras en el futuro, incluidas las nuevas medidas destinadas a:

| — | reforzar la actuación en el campo de la eficiencia energética mediante un nuevo Plan de acción para la eficiencia energética; |
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reforzar la actuación en el campo de la eficiencia energética mediante un nuevo Plan de acción para la eficiencia energética;

| — | tomar medidas adicionales en materia de energías renovables mediante un nuevo Plan de acción para las energías renovables; |
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tomar medidas adicionales en materia de energías renovables mediante un nuevo Plan de acción para las energías renovables;

| — | integrar requisitos de ecoeficiencia en todos los programas de gasto público; |
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integrar requisitos de ecoeficiencia en todos los programas de gasto público;

| — | fomentar y alentar una reforma fiscal ecológica; |
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fomentar y alentar una reforma fiscal ecológica;

| — | promover una contratación pública ecológica en todos los entes públicos. |
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promover una contratación pública ecológica en todos los entes públicos.

1.5.   A fin de hacer converger los esfuerzos y las posiciones favorables en un contexto más amplio y mantener el liderazgo competitivo de Europa en el mundo, el CESE propone que la Comisión y las instituciones también centren nuevos esfuerzos en un número limitado de posibles transformaciones. El Comité destaca tres transformaciones concretas que podrían granjear interés y aceptación pública como importantes iniciativas y programas de ámbito europeo:

| — | hacia la energía solar y otras energías renovables; |
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hacia la energía solar y otras energías renovables;

| — | hacia el automóvil completamente eléctrico; |
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hacia el automóvil completamente eléctrico;

| — | hacia la vivienda con cero emisiones de carbono, |
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hacia la vivienda con cero emisiones de carbono,

Es evidente que la generalización del automóvil eléctrico deberá ir acompañada de un mayor impulso a la producción de electricidad en mayor proporción a partir de fuentes de energía que no generen, por sí mismas, importantes emisiones netas de carbono, a fin de evitar una mera sustitución de las emisiones de los automóviles por las emisiones de las centrales eléctricas.

1.6.   El CESE propone una muy estrecha colaboración entre el sector público y el privado al objeto de configurar y orientar estas transformaciones, procurando lograr el apoyo más amplio posible de las empresas, otras instituciones pertinentes y la ciudadanía. Preconiza, asimismo, la introducción de un nuevo tipo de eurobono ecológico a fin de prestar asistencia financiera adicional a algunos de estos cambios.

1.7.   El CESE insta a que una nueva iniciativa de ecoeficiencia, basada en lo expuesto en el presente dictamen, constituya el núcleo de la nueva Estrategia de Lisboa, a fin de orientar la transición hacia un futuro más sostenible.

2.   Contexto

2.1.   Los motivos generales por los que se intenta avanzar rápidamente hacia una economía más ecoeficiente son de sobra conocidos. El cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero ya está causando en numerosas regiones del mundo graves problemas, que casi con toda seguridad se agravarán durante los próximos años.

2.2.   A medida que se va agravando el cambio climático, aumenta el riesgo de agotamiento de los recursos mundiales de gas y petróleo, lo que conducirá en el futuro a una escasez de la oferta con precios más elevados y volátiles. Las regiones, como Europa, que dependen de las importaciones para la mayor parte de sus suministros, deben reducir su vulnerabilidad y aumentar su seguridad reduciendo su demanda total de energía y recurriendo en mayor medida a fuentes de energía renovables de origen autóctono.

2.3.   Estos dos retos estratégicos a largo plazo, tomados conjuntamente, dan a entender que el mundo necesita una reducción masiva de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como un cambio importante hacia la ecoeficiencia. Los líderes del G-8 reconocen, en principio, que las economías avanzadas deberán lograr una reducción del 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. Ya se están llevando a cabo algunos cambios de la base de aprovisionamiento energético de la economía, si bien debe acelerarse considerablemente el ritmo si se quiere alcanzar este objetivo.

2.4.   La mayoría de los objetivos ya han quedado claros y podrían alcanzarse a través de tecnologías comprobadas. Según las Perspectivas energéticas mundiales para 2008 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la introducción de las actuales tecnologías energéticamente eficientes permitiría realizar más del 50 % de las medidas de reducción destinadas a mantener en 2030 la concentración mundial de CO2 por debajo de las 450 partes por millón. Además, existen medidas rentables que se pueden aplicar ya, tanto del lado de la demanda (edificios, industria, transportes) como del lado de la oferta (por ejemplo, la producción combinada de electricidad y de calefacción industrial o urbana). No obstante, se necesitan iniciativas complementarias para ayudar a los agentes del mercado a aplicar las citadas medidas con mayor rapidez.

2.5.   Más allá de la cuestión de las tecnologías existentes, las nuevas tecnologías energéticamente eficientes y de energía con baja emisiones de carbono deberán estar listas para su despliegue generalizado en el mercado durante las próximas décadas para que puedan llevarse a cabo las correspondientes reducciones adicionales. Los análisis contenidos en las Perspectivas sobre Tecnología Energética 2008 (PTE 2008) de la AIE hacen hincapié en medidas tempranas para movilizar la I+D privada y fomentar el aprendizaje en toda la cadena, desde los proveedores hasta los operadores y usuarios de las tecnologías, a fin de introducir nuevas tecnologías en todo el proceso de aprendizaje, impulsando así su transición de la fase de proyecto de demostración prometedor pero demasiado costoso a la fase de producción a gran escala fiable y rentable. Las nuevas tecnologías no sólo son necesarias para seguir mejorando la eficiencia energética (por ejemplo, edificios, alumbrado y procesos industriales con cero emisiones), sino también para reducir las emisiones de CO2 del suministro energético (por ejemplo, electricidad solar, captura y almacenamiento de carbono, combustibles no fósiles para los transportes).

2.6.   Todos estos cambios se pueden alcanzar, pero su ritmo debe acelerarse considerablemente. La Unión Europea y sus Estados miembros deben, junto con otras economías importantes, realizar un esfuerzo aun mayor que en el pasado, para desarrollar estrategias de innovación y poner en marcha programas de transformación de envergadura en los correspondientes sectores clave.

2.7.   Los programas de despliegue son decisivos, puesto que pueden incentivar el aprovechamiento del potencial de las medidas de eficiencia energética disponibles o la absorción del mercado necesaria para estimular la I+D privada e introducir nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje. Además, son los que tienen mayor potencial para proporcionar un doble dividendo, es decir, crear puestos de trabajo y contribuir a la transición hacia sistemas de energía ecológicamente eficientes en el presente, invirtiendo al mismo tiempo en el aprendizaje para poder disponer de tecnologías más eficientes y económicas en el futuro. La tarea consiste en concebir programas de despliegue que impulsen la competencia, estimulen las inversiones en la I+D privada y fomenten el aprendizaje en la cadena productor-usuario.

2.8.   Ya existen varios ejemplos de iniciativas europeas que han logrado mejorar la eficacia e introducir en el mercado tecnologías con bajas emisiones de carbono. El sistema de etiquetado energético de la UE hizo que el mercado de aparatos frigoríficos elevara considerablemente su nivel de eficiencia energética. Los programas nacionales de retroadaptación de edificios existentes han mejorado la eficiencia energética de los sistemas de calefacción. Los programas de despliegue nacionales de energía eólica han contribuido de modo decisivo a la implantación de esta tecnología y la reducción de los costes, creando al mismo tiempo industrias multimillonarias en los países beneficiarios.

2.9.   Sin embargo, las exigencias futuras en materia de eficiencia y tecnologías con bajas emisiones de carbono siguen siendo inmensas. Es necesario recopilar y transmitir lo aprendido de estas iniciativas y utilizarlo en el marco de un nuevo esfuerzo concertado y armonizado destinado a desplegar e introducir cuanto antes, en toda Europa, la próxima generación de tecnologías con bajas emisiones de carbono.

2.10.   Entre los cambios necesarios, puede que algunos exijan modificaciones fundamentales del planteamiento adoptado, en cuyo caso se les deberá prestar especial atención. Tres ejemplos parecen brindar oportunidades concretas que podrían tener una acogida positiva entre el público europeo y aportar mejoras progresivas a la ecoeficiencia:

| — | en el campo de la generación de electricidad, sigue siendo necesario acelerar la transición hacia las energías renovables. La energía solar aún es costosa y de carácter marginal, aunque los costes no dejan de disminuir y se requiere ahora un nuevo esfuerzo sustancial para fomentar un uso mucho más generalizado de esta tecnología, tanto en aplicaciones locales a pequeña escala como en instalaciones de generación de electricidad de mayor envergadura. La energía eólica por fin se está utilizando de forma relativamente generalizada, aunque aún es necesario reducir los costes. Las bombas de calor geotérmicas ya están dando muy buen resultado y deberían desarrollarse rápidamente hasta convertirse en norma común en todas las nuevas viviendas y en otros edificios. Es preciso considerar y configurar nuevamente los sistemas de apoyo a la red y las infraestructuras, al igual que los sistemas de almacenamiento de energía, a fin de aumentar la confianza en las energías renovables mediante el recurso a un diseño y unos principios de gestión inteligentes; |
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en el campo de la generación de electricidad, sigue siendo necesario acelerar la transición hacia las energías renovables. La energía solar aún es costosa y de carácter marginal, aunque los costes no dejan de disminuir y se requiere ahora un nuevo esfuerzo sustancial para fomentar un uso mucho más generalizado de esta tecnología, tanto en aplicaciones locales a pequeña escala como en instalaciones de generación de electricidad de mayor envergadura. La energía eólica por fin se está utilizando de forma relativamente generalizada, aunque aún es necesario reducir los costes. Las bombas de calor geotérmicas ya están dando muy buen resultado y deberían desarrollarse rápidamente hasta convertirse en norma común en todas las nuevas viviendas y en otros edificios. Es preciso considerar y configurar nuevamente los sistemas de apoyo a la red y las infraestructuras, al igual que los sistemas de almacenamiento de energía, a fin de aumentar la confianza en las energías renovables mediante el recurso a un diseño y unos principios de gestión inteligentes;

| — | el automóvil con cero emisiones de carbono. Existen límites físicos fundamentales en relación con la medida en que puede mejorarse el rendimiento en materia de emisiones de carbono del motor de combustión interna. En un momento determinado, se pasará al automóvil completamente eléctrico o al de baterías de combustible con sistemas de recarga o alimentación basados en fuentes de energía con cero o bajas emisiones netas de gases de efecto invernadero. El comité estima que ha llegado el momento de fijar objetivos y calendarios precisos para este cambio y de crear la infraestructura y los sistemas de apoyo necesarios; |
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el automóvil con cero emisiones de carbono. Existen límites físicos fundamentales en relación con la medida en que puede mejorarse el rendimiento en materia de emisiones de carbono del motor de combustión interna. En un momento determinado, se pasará al automóvil completamente eléctrico o al de baterías de combustible con sistemas de recarga o alimentación basados en fuentes de energía con cero o bajas emisiones netas de gases de efecto invernadero. El comité estima que ha llegado el momento de fijar objetivos y calendarios precisos para este cambio y de crear la infraestructura y los sistemas de apoyo necesarios;

| — | en el ámbito de la construcción, el edificio de cero emisiones está empezando a convertirse en una posibilidad real. Ahora se requiere un esfuerzo importante para pasar de la fase conceptual consistente en algunos prototipos interesantes a un despliegue a gran escala en las viviendas nuevas y existentes, así como en otros edificios. Con tal fin, en todas las regiones de la UE deberían construirse edificios ejemplares desde el punto de vista de la eficiencia energética, teniendo en cuenta en su concepción las condiciones climáticas y geográficas de cada región. Estos edificios servirían como ejemplo de buenas prácticas. |
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en el ámbito de la construcción, el edificio de cero emisiones está empezando a convertirse en una posibilidad real. Ahora se requiere un esfuerzo importante para pasar de la fase conceptual consistente en algunos prototipos interesantes a un despliegue a gran escala en las viviendas nuevas y existentes, así como en otros edificios. Con tal fin, en todas las regiones de la UE deberían construirse edificios ejemplares desde el punto de vista de la eficiencia energética, teniendo en cuenta en su concepción las condiciones climáticas y geográficas de cada región. Estos edificios servirían como ejemplo de buenas prácticas.

2.11.   Puede que resulte conveniente emprender otras acciones similares para fomentar en mayor medida el desarrollo y el despliegue de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, y ampliar la capacidad de la tecnología de la información y los sistemas inteligentes a fin de contribuir a una mayor ecoeficiencia.

3.   El papel de los gobiernos y de la UE

3.1.   La UE está llamada a desempeñar un papel especialmente importante habida cuenta de la magnitud y el amplio alcance de algunas de las acciones que deberán emprenderse. La transformación sólo podrá llevarse a cabo con arreglo a la envergadura y el ritmo necesarios mediante un esfuerzo concertado en el que participen actores de los sectores público y privado de toda Europa y, en algunos, casos del mundo entero. La UE ya ha emprendido una serie completa de programas y paquetes de medidas destinados a promover la eficiencia energética, las energías renovables y la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Sin embargo, sigue siendo necesario reforzar y acelerar estas iniciativas. En los puntos siguientes se examinan algunos de los ámbitos clave que requieren nuevas medidas a nivel europeo.

3.2.   Investigación y desarrollo. En Europa, la I+D se ha estancado en torno al 1,8 % del PIB durante varios años, lo que representa un porcentaje muy inferior al objetivo acordado del 3 %. Es necesario realizar un esfuerzo considerable para aproximarse al objetivo del 3 % y consagrar una proporción más importante del programa al acompañamiento de la transición hacia una economía con escasas emisiones de carbono. Algunas de las tecnologías con bajas emisiones de carbono radicalmente nuevas figuran entre las que requieren mayor financiación pública de I+D, por ejemplo, la captura y almacenamiento de carbono, la energía fotovoltaica de lámina fina, la energía eólica de alta mar y los biocombustibles de segunda generación.

3.3.   Los programas de despliegue deberían estar concebidos para aprovechar al máximo los mercados especializados en beneficio de las nuevas tecnologías y animar a los actores de mercado a invertir en el aprendizaje. Asimismo, deberían explotarse las sinergias con las políticas fiscales e industriales. La UE debería centrarse sobre todo en las transformaciones de mayor calado, tales como la transición hacia el automóvil eléctrico o la vivienda con cero emisiones de carbono, que necesitarán un amplio desarrollo tecnológico, inversiones masivas, un amplio apoyo a las infraestructuras y una gran campaña para despertar el interés del público y los consumidores, así como ayudas e incentivos. La experiencia adquirida en relación con las plataformas de tecnología energética debe ampliarse y desarrollarse para obtener programas de despliegue dinámicos que contribuyan a las transformaciones fundamentales necesarias.

3.4.   Establecimiento de normas. Las normas reguladoras por las que se fijan requisitos mínimos en materia de eficiencia energética para productos y servicios desempeñarán un papel fundamental en el fomento de los avances. La UE ya ha establecido normas de eficiencia energética mínima para determinados productos clave, así como calendarios para las mejoras adicionales que deberán aportarse de modo obligatorio en el futuro. Sin embargo, sigue siendo necesario dotar a estos programas de un carácter más integral y de objetivos más ambiciosos a corto y más a largo plazo.

3.5.   Evidentemente, existen limitaciones prácticas del ritmo de los cambios que deben respetarse, aunque también resulta fundamental seguir presionando a las empresas europeas para que se sitúen entre las primeras del mundo en lo relativo a normas de eficiencia, lo que les permitirá mantener su fuerte posición competitiva cuando el mercado mundial en su conjunto se dirija hacia una mayor ecoeficiencia.

3.6.   Contratación pública. Los programas de contratación pública pueden representar una herramienta sumamente poderosa a la hora de impulsar la mejora de las normas en sectores clave de la industria, siempre que se establezcan requisitos apropiados en los pliegos de condiciones y los documentos contractuales. El Comité considera que la UE debería seguir asumiendo el liderazgo exigiendo la imposición de normas de eficiencia energética mucho más estrictas en todas las adquisiciones de productos, servicios y edificios efectuadas por el sector público. Además, sería conveniente integrar criterios de ecoeficiencia en todos los procesos de evaluación de proyectos.

3.7.   En Europa, algunos entes locales y regionales, a diferencia de muchos otros, han decidido ser los primeros en integrar el requisito de ecoeficiencia en todas sus actividades. Podría haber margen para una doble iniciativa europea, por una parte, para poner de relieve las mejores prácticas y animar a otros a hacer lo propio y, por otra, para fomentar la sistematización y la armonización de los requisitos impuestos a estos organismos para cumplir las normas de ecoeficiencia.

3.8.   Incentivos para el sector privado. El establecimiento de un precio adecuado para las emisiones de carbono es una cuestión fundamental y el Comité espera que la Comisión siga desarrollando el sistema de comercio de los derechos de emisión para sectores apropiados y que fomente la ampliación de la imposición relacionada con las emisiones de carbono a otros ámbitos. Debería fomentar, asimismo, medidas adicionales en relación con incentivos más específicos como, por ejemplo, el recurso a tarifas reguladas para estimular las inversiones en energías renovables. En algunos casos, el sector público también podría verse ante la necesidad de colaborar con el sector privado para desarrollar un apoyo apropiado en materia de infraestructuras para nuevas tecnologías esenciales, por ejemplo el apoyo a formas descentralizadas de generación de electricidad y una red inteligente.

3.9.   Hábitos de consumo. Entre los consumidores aún existe una escasa concienciación o una falta de interés por una mayor eficiencia energética, lo cual se ve reflejado tanto en sus compras como sus decisiones de estilo de vida. Por otra parte, los reguladores siguen siendo muy poco conscientes de los aspectos que determinan el comportamiento de los consumidores y de la mejor forma de impulsar la demanda de productos y servicios ecoeficientes. Debe ampliarse el apoyo a la educación, la sensibilización y la acción común. Asimismo, es preciso ampliar y mejorar el etiquetado de los productos a fin de facilitar información sobre las necesidades de rendimiento energético.

3.10.   Desarrollo y formación profesionales. Se requiere un esfuerzo mucho mayor para integrar en la formación y el reciclaje técnico profesional una mejor comprensión de la necesidad y del alcance de una producción eficiente desde el punto de vista energético y de la sostenibilidad.

4.   Oportunidades y amenazas en el contexto de la crisis económica actual

4.1.   Existe el riesgo de que las actuales dificultades económicas a nivel mundial dificulten una rápida transición hacia la ecoeficiencia. Los fondos destinados a nuevas inversiones en el sector público o el privado no sólo son escasos, sino que tienden a verse relegados por prioridades a corto plazo.

4.2.   A medida que empieza a recuperarse la economía mundial, podrían surgir nuevas oportunidades para dar un rumbo más sostenible a la economía europea (y otras economías importantes). Es de vital importancia para Europa afrontar estos retos y abordarlos de manera positiva si desea tener éxito en la futura competencia mundial en pos de la ecoeficiencia y la sostenibilidad.

Dada la situación económica actual, merece especialmente la pena estudiar detenidamente algunos aspectos específicos que competen principalmente a departamentos de finanzas, economía o industria.

4.3.1.   Ecologización del PIB. La crisis económica ha suscitado un interés renovado por las insuficiencias del PIB como indicador de los avances generales, poniendo de relieve la necesidad de sustituirlo por un concepto más amplio de bienestar, que pueda tener en cuenta factores sociales y medioambientales, así como el rendimiento de la economía monetaria. Habida cuenta del reciente informe Stiglitz elaborado para el Gobierno francés, convendría proseguir con el trabajo realizado por la Comisión en este ámbito.

4.3.2.   Ecologización del gasto público. Varios gobiernos han emprendido, junto con la Comisión, importantes programas de gasto público al objeto de estimular sus economías e impedir que la crisis se convierta en una recesión. El Plan Europeo de Recuperación presentado por la Comisión representó un buen ejemplo de cómo conciliar el estímulo económico y el fomento de un cambio hacia una economía más ecológica, aunque se vio inevitablemente limitado por una dotación financiera comparativamente exigua. Si bien es posible que ya haya pasado el momento de aplicar nuevos programas de estímulo, sigue siendo necesario estudiar todos los programas de gasto público desde el punto de vista de la ecoeficiencia, a fin de garantizar un doble beneficio. La evaluación sistemática de la sostenibilidad de los programas de gasto público debería convertirse en una práctica habitual en los procesos presupuestarios de la UE y sus Estados miembros.

4.3.3.   Ecologización de las reducciones del gasto público. Todos los programas de gasto público se someterán a un control minucioso durante los próximos años, puesto que las autoridades públicas intentarán hacer recortes para sanear sus finanzas. Al examinar los posibles recortes, deberá prestarse especial atención a los programas de gasto que presentan un elevado consumo energético o que obran en detrimento de la ecoeficiencia. En este contexto, deberían controlarse de modo especialmente minucioso las subvenciones nocivas que contribuyen a la producción o el consumo de combustibles fósiles (por ejemplo, las subvenciones a la producción del carbón o la concesión de precios de carburante subvencionados a sectores específicos) generando así un doble perjuicio (excluyendo otras inversiones públicas de mayor utilidad y poniendo en desventaja tecnologías de energías renovables y otras que deberían fomentarse). La Comunicación de la Comisión relativa a la reforma de las subvenciones, esperada desde hace tiempo, podría contribuir a una actuación europea en este ámbito.

4.3.4.   Ecologización del reequilibrio fiscal. Es probable que los desequilibrios fiscales que padecen actualmente numerosos países europeos requieran ajustes del nivel de imposición y del equilibrio entre los diferentes impuestos. No debería perderse de vista la dimensión ecológica a la hora de llevar a cabo estos ajustes. En el contexto actual, sería conveniente optar por un aumento de los impuestos sobre la energía (combustibles fósiles) en lugar de los impuestos sobre el trabajo, llegado el caso adoptando medidas de salvaguardia adecuadas para proteger a los más pobres y vulnerables. La Comisión podría emprender un nuevo estudio con los Estados miembros a fin de fomentar una acción concertada para orientar las estrategias fiscales en esta dirección.

4.3.5.   Ecologización del apoyo a la industria y su reestructuración. La crisis económica actual ya ha dado lugar a algunas intervenciones gubernamentales significativas de apoyo o reestructuración de industrias clave. La promoción de la eficiencia de los recursos siempre debería constituir un objetivo primordial al realizar estas intervenciones. Algunos de los retos específicos de transformación mencionados en el presente dictamen (el automóvil eléctrico, la vivienda con cero emisiones y la energía solar) podrían necesitar intervenciones o ayudas específicas para convertirse en un elemento central de la nueva economía en torno a la cual se generarán nuevas inversiones, nuevas actividades empresariales y nuevos puestos de trabajo.

4.3.6.   Una nueva estrategia de innovación. Se prevé que en el contexto de una nueva estrategia europea de innovación, la UE podría asumir un nuevo papel contribuyendo a la emergencia de «campeones europeos» de nivel mundial en los sectores clave de la tecnología de bajas emisiones de carbono. El Comité sugiere, en particular, que podrían crearse equipos operativos, con la participación de actores del sector público y el privado, para orientar los avances realizados a nivel de la UE en relación con el automóvil eléctrico, la vivienda con cero emisiones y la energía solar. En cada caso, las acciones deberían basarse en los trabajos de las actuales plataformas de I+D de tecnologías energéticas y adentrarse en el ámbito de la introducción y el despliegue a gran escala.

4.3.7.   Los equipos operativos deberán intentar determinar la orientación del cambio y los diferentes papeles que deberán desempeñar la I+D y las inversiones del sector público y el privado. Deberían explorar el tipo de apoyo a las infraestructuras que se necesita (por ejemplo, una red de puntos de recarga para respaldar la introducción generalizada de automóviles eléctricos, o un programa de apoyo municipal a los hogares para mejorar su eficiencia energética). También podrían estudiar la forma en que estas transformaciones puedan realizarse en los países en desarrollo (por ejemplo, energía solar para África), para ayudarlos a llevar a cabo su propia transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono.

4.3.8.   Nuevas formas de financiación - ¿Un eurobono ecológico? Dada la actual coyuntura económica, es probable que se acaben imponiendo restricciones muy estrictas sobre el gasto público (y, posiblemente, sobre los niveles de inversiones privadas) en toda la UE durante los próximos años. El Comité considera que se requieren modos de financiación innovadores a fin de impulsar las inversiones necesarias para introducir nuevas tecnologías ecoeficientes y sugiere que se podría estudiar la posibilidad de crear un eurobono ecológico, que podría comercializarse como una forma de obtener un rendimiento modesto pero seguro y utilizarse para financiar el desarrollo y despliegue de algunas de las nuevas tecnologías esenciales como el automóvil y la vivienda con cero emisiones de carbono. El eurobono estaría, por lo tanto, en consonancia con el deseo generalizado de disponer de una forma de ahorro segura y contribuir al mismo tiempo a un futuro mejor.

5.   Un nuevo impulso a nivel Europeo

5.1.   La UE ya ha dado un paso positivo al iniciar el cambio hacia una economía ecoeficiente fijándose objetivos y emprendiendo iniciativas. No obstante, es evidente que se trata únicamente del principio. Los problemas persistentes de la economía mundial ponen de relieve la constante necesidad de una gestión activa para evitar una vuelta a las antiguas pautas ineficaces y perjudiciales de crecimiento y desarrollo. La llegada de un nuevo Parlamento Europeo y una nueva Comisión brinda a la UE una buena oportunidad para acelerar el ritmo y dar un nuevo impulso a la ecoeficiencia y el desarrollo sostenible en Europa.

5.2.   A corto plazo, el CESE insta a la Comisión, la Presidencia sueca y las presidencias siguientes a que aprovechen las primeras oportunidades mediante:

| — | la revisión y renovación de la estrategia de Lisboa y la estrategia de desarrollo sostenible; |
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la revisión y renovación de la estrategia de Lisboa y la estrategia de desarrollo sostenible;

| — | la formulación de las nuevas perspectivas financieras; |
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la formulación de las nuevas perspectivas financieras;

| — | la refundición de la Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios; |
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la refundición de la Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios;

| — | el seguimiento de la Comunicación de la Comisión sobre la supresión de obstáculos a las energías renovables en la UE; |
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el seguimiento de la Comunicación de la Comisión sobre la supresión de obstáculos a las energías renovables en la UE;

| — | el fomento de una iniciativa de financiación de la energía sostenible en forma de proyecto común de la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones; |
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el fomento de una iniciativa de financiación de la energía sostenible en forma de proyecto común de la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones;

| — | la adopción de una nueva política energética europea en 2010, con agendas para 2030 y una visión para 2050. |
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la adopción de una nueva política energética europea en 2010, con agendas para 2030 y una visión para 2050.

5.3.   El CESE reconoce el potencial de los planes nacionales de acción para la eficiencia energética y los planes nacionales de acción para las fuentes de energía renovables. Se requiere una rápida difusión de información y respuestas a los Estados miembros de la UE tras el análisis de la primera serie de planes, así como un seguimiento riguroso por parte de la Comisión y las instituciones.

5.4.   Mirando hacia el futuro, el CESE considera que persistirá la necesidad de integrar profundamente o ampliar la promoción de la ecoeficiencia en todos los ámbitos de acción efectiva o potencial de la UE examinados en el presente dictamen, a saber:

| — | el apoyo a la I+D; |
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el apoyo a la I+D;

| — | el apoyo a programas de desarrollo profesional en la ingeniería, la construcción y otros ámbitos clave a fin de integrar elementos obligatorios en materia de diseño ecoeficiente; |
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el apoyo a programas de desarrollo profesional en la ingeniería, la construcción y otros ámbitos clave a fin de integrar elementos obligatorios en materia de diseño ecoeficiente;

| — | la incorporación de los requisitos de ecoeficiencia en todas las normas de contabilidad, la práctica reguladora y las normas de evaluación de los departamentos financieros correspondientes; |
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la incorporación de los requisitos de ecoeficiencia en todas las normas de contabilidad, la práctica reguladora y las normas de evaluación de los departamentos financieros correspondientes;

| — | dar carácter prioritario a la ecoeficiencia en todos los programas de gasto público y en la contratación pública de la Unión Europea y los Estados miembros; |
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dar carácter prioritario a la ecoeficiencia en todos los programas de gasto público y en la contratación pública de la Unión Europea y los Estados miembros;

| — | el fomento de la ecologización de todos los programas de gasto público a escala europea y nacional recurriendo a la herramienta fundamental que representan las evaluaciones sistemáticas de la sostenibilidad; |
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el fomento de la ecologización de todos los programas de gasto público a escala europea y nacional recurriendo a la herramienta fundamental que representan las evaluaciones sistemáticas de la sostenibilidad;

| — | el establecimiento de nuevas formas de financiación para programas de transformación de envergadura; |
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el establecimiento de nuevas formas de financiación para programas de transformación de envergadura;

| — | el fomento de una reforma fiscal ecoeficiente; |
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el fomento de una reforma fiscal ecoeficiente;

| — | la supresión de las subvenciones nocivas; |
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la supresión de las subvenciones nocivas;

| — | la promoción de una nueva estrategia de innovación con equipos operativos para transformaciones fundamentales concretas; |
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la promoción de una nueva estrategia de innovación con equipos operativos para transformaciones fundamentales concretas;

| — | el fomento de buenas prácticas en la educación de los consumidores y la acción comunitaria. |
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el fomento de buenas prácticas en la educación de los consumidores y la acción comunitaria.

5.5.   En opinión del Comité, las economías que logren integrar la ecoeficiencia con mayor rapidez dispondrán de una considerable ventaja competitiva, mientras que las rezagadas deberán afrontar desventajas competitivas graves. Por lo tanto, se hace un llamamiento para que el objetivo de crear una de las economías más ecoeficientes del mundo constituya un aspecto central de la Estrategia de Lisboa renovada para el futuro de la economía europea y quede integrado en las políticas y los programas europeos conforme a lo recomendado en el presente dictamen.

Bruselas, 5 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/29 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/29

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El respeto de los derechos fundamentales en las políticas y la legislación europeas en materia de inmigración»

(Dictamen de iniciativa)

(2010/C 128/06)

Ponente: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS

El 26 de febrero de 2009, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema:

«El respeto de los derechos fundamentales en las políticas y la legislación europeas en materia de inmigración».

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 15 de octubre de 2009.

En su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 4 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1.   Presentación y contexto

1.1.   El CESE ha decidido elaborar un Dictamen de iniciativa para proponer que las políticas y las legislaciones de la UE sobre inmigración y fronteras respeten adecuadamente los derechos humanos y sitúen la libertad y seguridad de todas las personas en el centro principal de su atención.

1.2.   Con muchas dificultades políticas en el Consejo, la UE se está dotando de un marco legislativo común en materia de inmigración que ofrece derechos y garantías supranacionales y que va más allá de las legislaciones cambiantes (y a veces restrictivas) de los Estados Miembros. El CESE valora de manera positiva los avances realizados, porque elaborar una legislación común entre veintisiete Estados miembros no es una tarea fácil en un tema tan sensible como la inmigración.

1.3.   Sin embargo, el carácter de armonización minimalista de muchas de estas normas dificulta y limita la existencia de garantías plenas y adecuadas para la protección de los derechos humanos. Por otro lado, en algunos Estados miembros la transposición a la legislación nacional de las Directivas europeas no se está realizando correctamente desde la protección de los derechos fundamentales.

1.4.   Durante estos años, el CESE ha elaborado varios dictámenes para que la política común de inmigración esté basada en un enfoque integral que tenga en cuenta no solo las necesidades de los Estados miembros de la UE y la colaboración con los países de origen; sino también el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes.

1.5.   El Consejo Europeo acordó el 16 de octubre de 2008 el Pacto Europeo sobre inmigración y asilo, que expresa un fuerte compromiso político de la UE para avanzar en la política común de inmigración. Durante la Presidencia de Suecia, la UE adoptará el Programa de Estocolmo (1).

1.6.   También está previsto que entre en vigor el Tratado de Lisboa, que puede suponer un nuevo impulso para el desarrollo de las políticas de inmigración que se adoptarán a través del procedimiento legislativo ordinario y que conferirá un carácter jurídico vinculante a la Carta de los Derechos Fundamentales.

1.7.   Durante estos años el CESE ha reforzado la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y ha establecido un vínculo estable de participación a través del Foro Europeo de la Integración (2). El Comité ha asumido un compromiso muy importante para que las políticas de integración se desarrollen con la participación de la sociedad civil.

1.8.   El Comité observa con preocupación que en Europa crece la intolerancia, el racismo y la xenofobia contra los inmigrantes, contra «los diferentes», y expresa su temor de que los efectos sociales de la crisis financiera potencien estos fenómenos. Es preciso que los responsables políticos, los dirigentes sociales y los medios de comunicación actúen con una alta responsabilidad y con una gran pedagogía política y social, para prevenir estas conductas. La educación en los valores humanos, en los derechos fundamentales, en la igualdad y la no discriminación, se debe reforzar en los programas de estudios de la enseñanza primaria y secundaria

2.   Los Derechos Humanos Fundamentales y las Políticas de Inmigración

2.1.   Entre los distintos instrumentos internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama la universalidad de un sistema común de principios y valores.

2.2.   El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) que está suscrito por todos los Estados miembros, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) constituyen la base y la garantía para que se respeten a lo largo y ancho del territorio de la UE.

2.3.   El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha reconocido que el CEDH y la jurisprudencia desarrollada del TEDH forman parte del ordenamiento jurídico comunitario y constituyen principios generales dentro del mismo.

2.4.   Ello ha sido confirmado por el articulo 6 del Tratado de la UE (TUE), el cual reforzó la garantía de los derechos fundamentales en el sistema legal Europeo y la competencia del TJCE para garantizar su respeto en lo que se refiere a la acción de las instituciones europeas y de los Estados miembros dentro del ámbito del Derecho comunitario.

2.5.   A pesar de que los Estados tienen el derecho soberano para controlar las entradas y otorgar los permisos de residencia de los nacionales de terceros países, el CESE recuerda que los Estados deben respetar las obligaciones contraídas en los instrumentos y convenciones internacionales y europeas sobre derechos humanos fundamentales y su interpretación (y desarrollo) por parte de los órganos jurisdiccionales competentes.

2.6.   La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE incorpora nuevos derechos que no estaban incluidos en el CEDH (3). Además, un gran número de estos derechos son independientes de la nacionalidad de las personas. La Carta tendrá un carácter vinculante cuando se ratifique el Tratado de Lisboa, y reforzará la seguridad jurídica de la protección de los derechos fundamentales de las personas. La Carta será aplicable a las instituciones europeas y a los Estados miembros, en especial cuando aplican la legislación comunitaria, y reforzará el respeto de los derechos fundamentales en cuestiones relativas a la inmigración.

2.7.   Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión tendrá la posibilidad de adherirse al CEDH, lo cual reforzará el compromiso con los derechos humanos por parte de la UE.

2.8.   El Comité también respaldó (4) la creación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE. El Consejo Europeo adoptó en 2008 el marco plurianual de la Agencia, que contempla nueve ámbitos temáticos, entre los que se incluyen el racismo y la xenofobia; la discriminación; el asilo; la inmigración y la integración; los visados y los controles fronterizos. El CESE desea participar en la Agencia para reforzar el papel de la sociedad civil organizada en sus actividades.

2.9.   Pero a pesar de estos instrumentos y estructuras comunitarias, son numerosas las organizaciones de la sociedad civil y los informes de investigadores independientes y académicos que han demostrado que algunas políticas y legislaciones nacionales y europeas no respetan adecuadamente los derechos fundamentales.

2.10.   En el ámbito de las políticas comunitarias, son muchos también los informes que denuncian violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes en diversos Estados miembros; y en otras ocasiones las políticas europeas legitiman algunas prácticas nacionales que no son compatibles con los derechos humanos y el Estado de Derecho.

2.11.   El CESE ha propuesto en un reciente Dictamen (5)«que la política y la legislación de inmigración deben respetar plenamente los derechos humanos de todas las personas, la igualdad de trato y la no discriminación. Para reforzar este objetivo, el CESE propone que se incluyan dos nuevos principios comunes» para la futura política de inmigración europea tal y como se va a recoger en el Programa de Estocolmo: «Derechos fundamentales, y Estado de Derecho y libertades fundamentales».

2.12.   Los derechos fundamentales deberían ser atribuidos a todas las personas, no sólo a los ciudadanos de la Unión. Los solicitantes de asilo, y los inmigrantes, están protegidos por el CEDH y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El Derecho europeo de inmigración y de fronteras, y la jurisprudencia del TJCE, ofrecen además un conjunto de garantías y derechos que van más allá de la discrecionalidad de los Estados Miembros.

2.13.   También el CESE ha propuesto (6) que, en el ámbito de la política exterior, la UE debe promover un marco normativo internacional para las migraciones, sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este marco normativo internacional debe incluir los principales convenios de la OIT y la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares, que aún no ha sido ratificada por los Estados miembros de la UE, a pesar de que el CESE aprobó un Dictamen de iniciativa (7) proponiendo su ratificación.

2.14.   En el Programa para Europa (8) el Comité, propone también que se respeten los derechos fundamentales y los derechos humanos en las políticas de la UE, y de manera específica en las políticas de inmigración y asilo.

2.15.   El CESE considera que los valores y principios de la UE, la protección de los Derechos Humanos y de las libertades se deben reforzar a través de una autoridad política visible y fuerte a nivel europeo, por lo que apoya la propuesta del Presidente Barroso para crear un Comisario europeo encargado de Justicia, Derechos Fundamentales y Libertades Civiles. El Comité espera que a este departamento se le dote de los instrumentos políticos, así como de los recursos organizativos y financieros necesarios para el desempeño de tan importante responsabilidad.

2.16.   Sin embargo, el Comité deplora que la inmigración y el asilo no formen parte de esta cartera y se incluyan con los asuntos de la seguridad interior bajo la responsabilidad de otro Comisario. Es un mensaje político equivocado vincular la inmigración con la seguridad y separarla de la protección de los derechos fundamentales.

3.   La Universalidad de los Derechos Humanos

3.1.   Europa se enfrenta hoy a un gran desafío: asegurar a cada persona los derechos humanos en el marco de los ordenamientos jurídicos de la UE y de los Estados miembros, que están basados en la noción tradicional de ciudadanía, que niega algunos de estos derechos a los «no ciudadanos», y en la distinción legal entre ciudadano y extranjero, entre inmigrante legal o irregular.

3.2.   Las legislaciones europeas de inmigración no garantizan adecuadamente que el inmigrante sea un sujeto de derecho y protección. La estricta vinculación jurídica entre el permiso de trabajo y el permiso de residencia pone de manifiesto que el inmigrante no es visto como persona, sino como mano de obra, es decir, como un instrumento al servicio del mercado de trabajo, que cuando deja de ser necesario, pierde la posibilidad de permanecer legalmente; y por lo tanto pierde muchos de los derechos debido a un cambio de su situación administrativa: pasa a ser un «sin papeles».

3.3.   Los derechos humanos son universales, irrevocables y protegen a todas las personas, independientemente de su condición y estatuto jurídico.

4.   Derechos Humanos y la Política de Inmigración: Diez Prioridades Operativas para que Europa sea un espacio de libertad, seguridad y justicia

4.1.   La Europa de los Derechos

4.1.1.   Durante los últimos años, la defensa y promoción de los Derechos Humanos ha retrocedido en la agenda de la UE. La prioridad política ha sido la seguridad de los Estados, entendiendo ésta como si fuera incompatible con el desarrollo de la libertad y la protección de los derechos fundamentales.

4.1.2.   Las políticas que se adopten en materia de seguridad deben proteger los valores de la libertad y de la justicia. El CESE considera que el punto de partida para estas políticas debe ser la protección de los derechos fundamentales garantizados por el CEDH y la Carta de los Derechos Fundamentales.

4.1.3.   Un refuerzo de la seguridad no debe dañar los valores fundamentales (derechos humanos y libertades públicas) y principios democráticos (Estado de Derecho) compartidos en toda la Unión. La libertad de la persona no se debe reducir tras el objetivo de la seguridad colectiva y del Estado. Algunas propuestas políticas repiten un error que se ha cometido en épocas anteriores: sacrificar la libertad para mejorar la seguridad.

4.1.4.   En este sentido, el CESE saluda la Comunicación de la Comisión sobre «Un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia al Servicio del Ciudadano», de junio 2009, que tiene como prioridad la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.

4.1.5.   El CESE apoya la iniciativa de la Comisión de promover una «cultura de derechos fundamentales» desde las primeras fases del procedimiento legislativo, que incluya la política de inmigración. El respeto de los derechos fundamentales debe constituir un objetivo común por parte de todas las instituciones comunitarias (9). Ello debería ir acompañado de un sistema común europeo de evaluación (ex post) periódica sobre la aplicación de las políticas europeas adoptadas a nivel nacional, regional y local en lo que se refiere a su compatibilidad con los derechos fundamentales y su eficacia (10). El CESE y la sociedad civil organizada deberían desempeñar igualmente un papel clave en dicha evaluación.

4.2.   Legislación de Admisión

4.2.1.   El CESE ya ha reclamado que la UE debe dotarse de una política común de inmigración y de una legislación armonizada. La UE y los Estados miembros necesitan disponer de una legislación abierta que permita la inmigración laboral a través de canales legales y transparentes, tanto para trabajadores de alta cualificación como en las actividades menos cualificadas. De esta manera se protegerán adecuadamente los derechos de los inmigrantes.

4.2.2.   El Comité ha propuesto una legislación horizontal, pero los Estados miembros, la Comisión y el Consejo han decidido elaborar Directivas específicas para algunos grupos de inmigrantes, lo que puede provocar situaciones de discriminación.

4.2.3.   El CESE en los dictámenes que elabora sobre las diferentes iniciativas legislativas de la Comisión, pretende garantizar una coherencia global y asegurar la protección de los derechos fundamentales, así como la igualdad de trato y la no discriminación, sea cual fuere la categoría profesional de los trabajadores inmigrantes.

4.3.   Los derechos de los trabajadores inmigrantes y de sus
  familias

4.3.1.   La base debe ser el principio de no discriminación (Artículo 21 de la Carta). El trabajador inmigrante, sea cual sea el período por el que está autorizado a residir y trabajar, ha de tener los mismos derechos económicos, laborales y sociales que los demás trabajadores. Ello es también conforme con el Artículo 15.3 de la Carta según la cual «los nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas de que disfrutan los ciudadanos de la Unión».

4.3.2.   La igualdad de trato en el trabajo se refiera a condiciones de trabajo, salarios, despidos, salud y seguridad laboral y derechos de sindicación y huelga.

4.3.3.   El CESE considera que también se debe promover la igualdad de trato en otros derechos sociales y fundamentales, tal como propuso en un Dictamen precedente: «De manera específica el CESE propone un conjunto de derechos que deben concederse a los nacionales de terceros países que trabajen y residan temporalmente de manera legal» (11), tales como:

| — | Derecho a la protección social, incluida la atención sanitaria. |
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Derecho a la protección social, incluida la atención sanitaria.

| — | Acceso a bienes y servicios, incluida la vivienda (Artículos 34 y 35 de la Carta). |
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Acceso a bienes y servicios, incluida la vivienda (Artículos 34 y 35 de la Carta).

| — | Acceso a la educación y a la formación profesional (Articulo 14 de la Carta). |
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Acceso a la educación y a la formación profesional (Articulo 14 de la Carta).

| — | Reconocimiento de diplomas, certificados y titulaciones en el marco de la legislación comunitaria. |
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—

Reconocimiento de diplomas, certificados y titulaciones en el marco de la legislación comunitaria.

| — | Reconocimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores migrantes desplazados en la UE (12); |
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Reconocimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores migrantes desplazados en la UE (12);

| — | Derecho a la educación de los menores, incluidas las ayudas y becas de estudio. |
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Derecho a la educación de los menores, incluidas las ayudas y becas de estudio.

| — | Derecho a la asistencia jurídica gratuita en casos de necesidad (Artículo 47 de la Carta). |
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Derecho a la asistencia jurídica gratuita en casos de necesidad (Artículo 47 de la Carta).

| — | Derecho a acceder a un servicio gratuito de colocación (servicio público). |
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Derecho a acceder a un servicio gratuito de colocación (servicio público).

| — | Derecho a recibir enseñanza de la lengua de la sociedad de acogida. |
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Derecho a recibir enseñanza de la lengua de la sociedad de acogida.

| — | Respeto a la diversidad cultural, religiosa y lingüística (Articulo 22 de la Carta). |
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Respeto a la diversidad cultural, religiosa y lingüística (Articulo 22 de la Carta).

| — | Derecho a la libre circulación y residencia dentro del Estado miembro. |
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—

Derecho a la libre circulación y residencia dentro del Estado miembro.

4.3.4.   Poder ejercer los derechos fundamentales requiere la existencia de servicios públicos que estén en condiciones de respetarlos (medios, formación del personal) y cuyos representantes estén obligados por la ley a comportarse con independencia y neutralidad respecto a las personas. Por otra parte, en el actual período de crisis el CESE tiene dudas sobre los recursos presupuestarios de que disponen los Estados miembros de la Unión y sobre el nivel que de dichos recursos están dispuestos a movilizar, tanto al nivel nacional como europeo, para hacer eficaz la protección de los derechos humanos y, particularmente, para los inmigrantes.

4.3.5.   El Comité no comparte la propuesta de Directiva marco que otorga a los Estados miembros la facultad para limitar el derecho a la igualdad de trato en ciertas condiciones laborales (salario y despido, salud y seguridad en el trabajo, protección social) y en la libertad de reunión y asociación y huelga (13) a sólo aquellos que ocupen efectivamente un empleo. Estas limitaciones pueden vulnerar también el principio de no discriminación, y el Artículo 12 de la Carta.

4.3.6.   El CESE saluda la iniciativa de la Comisión de presentar un Código Europeo de la Inmigración, que debería contemplar los derechos fundamentales y garantías de todos los inmigrantes en la UE.

4.4.   Reagrupación familiar

4.4.1.   El derecho a la vida en familia es uno de los derechos humanos que la UE y los Estados miembros deben proteger y garantizar en sus políticas y legislaciones de inmigración (14).

4.4.2.   El carácter de mínimos de la Directiva 2003/86 sobre el derecho a la reagrupación familiar está permitiendo que en algunas legislaciones nacionales no se garantice plenamente el derecho a la reagrupación familiar a los nacionales de terceros países. Ello ha sido confirmado por el Informe de la Comisión sobre la transposición de la Directiva (15), que plantea dudas sobre la compatibilidad de la aplicación de medidas de integración como condición previa a la admisión al territorio con el derecho al respeto de la vida familiar (Articulo 7 de la Carta) y el principio de proporcionalidad.

4.4.3.   El Comité considera que la Directiva de la «Tarjeta Azul» tiene un enfoque de la reagrupación familiar menos restrictiva que la contemplada en la Directiva 2003/86. Este enfoque se debe extender a todas las categorías de inmigrantes, independientemente de su «alta o baja» cualificación.

4.4.4.   En consecuencia, el Comité propone a la Comisión que elabore durante el año 2010 una propuesta para modificar le Directiva 2003/86.

4.5.   Fronteras y la Inmigración
  Irregular

4.5.1.   El CESE desea que la eficacia en el control de las fronteras sea respetuosa con el derecho fundamental de asilo (Articulo 18 de la Carta) y el principio de non-refoulement que impide devolver a un individuo a un territorio en el que su vida o libertad corran peligro (Articulo 19 de la Carta).. Muchas personas que necesitan de protección internacional llegan a las fronteras exteriores a través de vías clandestinas. Las autoridades deben garantizar que esas personas puedan presentar su solicitud de protección y que sea analizada sin excepciones conforme a los convenios internacionales y europeos, a las legislaciones comunitarias y nacionales.

4.5.2.   El CESE propone que antes de reforzar las competencias operativas de la Agencia Frontex se realice una evaluación independiente sobre el respeto de los derechos humanos en las operaciones conjuntas de control fronterizo y se refuerce el control parlamentario nacional y europeo. Se debe evaluar igualmente la compatibilidad con las garantías incluidas en el «Código de Fronteras Schengen», en particular en sus artículos 6 y 13.

4.5.3.   Las medidas de control y vigilancia de la UE sobre la inmigración irregular también se están extendiendo geográficamente, más allá de la frontera exterior de la UE, a través de operaciones conjuntas en África. El ACNUR y diversas ONG han alertado sobre la falta de garantías para el respeto a los derechos humanos cuando el control de fronteras se produce fuera del territorio de la UE.

4.5.4.   La estrategia Europa sobre control de fronteras utiliza intensamente la tecnología en la seguridad; sin embargo, la creación de bases de datos que manipulan grandes cantidades de datos personales (Sistema de Información Schengen (SIS II), el Sistema de Información de Visados (VIS), etc.) se utilizan para determinar perfiles étnicos y culturales-religiosos, lo cual plantea desafíos a la hora de velar por el derecho a la no discriminación previsto en el Artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

4.5.5.   De manera similar, el sistema propuesto en el Paquete de Fronteras de la Comisión de 2008 (16), crea dudas en relación con la proporcionalidad y razonabilidad, que son esenciales para cualquier nueva legislación de la UE, y suscitan las mismas graves preocupaciones sobre la manera en que el derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 8 de la Carta) y el principio de no discriminación recogido en el Artículo 13 del Tratado CE van a ser garantizados plenamente con el uso de algunas iniciativas tecnológicas (e.g. sistema de procedimientos automatizados de control de fronteras).

4.5.6.   Para asegurar el respeto a los derechos fundamentales, el CESE considera que se debe mejorar la solidaridad de la UE con los Estados miembros, que, debido a su posición geográfica, tienen que atender a numerosas personas que llegan a través de procedimientos irregulares y que son víctimas de las redes de la delincuencia del tráfico ilegal. El CESE propone que se ponga en marcha la Oficina Europea de Ayuda al Asilo.

4.5.7.   La UE debe promover también la cooperación con los países de origen para mejorar el respeto a los derechos humanos, prevenir la inmigración irregular, fomentar la inmigración legal y combatir las redes criminales del tráfico de seres humanos.

4.6.   Retorno y Readmisión

4.6.1.   La Directiva de Retorno (17) ofrecerá un marco Europeo de garantías jurídicas y procedimentales de protección (18), que el CESE valora, como por ejemplo el derecho efectivo a interponer un recurso contra decisiones de retorno ante un órgano jurisdiccional, una autoridad administrativa u otro órgano competente independiente; así como la asistencia jurídica y la representación legal gratuita, ciertas garantías a la espera de retorno, las condiciones de internamiento, etc.

4.6.2.   Sin embargo, el CESE comparte la opinión de numerosas organizaciones de la sociedad civil y de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (19) que señalan algunas tensiones entre el régimen común instaurado por la Directiva y los derechos fundamentales de las personas inmigradas. Será necesario un seguimiento pormenorizado en la fase de transposición y ejecución efectiva a nivel nacional de las medidas de expulsión, la detención, las vías de recurso y el tratamiento de las personas vulnerables.

4.6.3.   El Comité propone que la política europea de retorno fomente el carácter voluntario y la más alta consideración hacia los valores humanitarios. De ello depende la legitimidad y credibilidad de la política de inmigración europea en el exterior. Las excepciones incluidas por ejemplo en el Artículo 7.4 de la Directiva (concepto de «riesgo de fuga») pueden eliminar la voluntariedad del retorno debido a la discrecionalidad concedida a los Estados Miembros a la hora de su transposición e interpretación. Por otra parte, la Directiva no garantiza una protección adecuada a aquellas personas que se encuentren un limbo jurídico pendientes de expulsión ni en lo que se refiere a las condiciones que justifiquen el internamiento (20) que puede llegar hasta un período de seis meses (con posibilidad de extensión de otros 12 meses). (21)

4.6.4.   El artículo 19 de la Carta prohíbe expresamente las expulsiones colectivas y garantiza que nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes – el principio de non-refoulement (Artículos 4 y 19 de la Carta). La Directiva refuerza el respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, el ACNUR y diversas ONG han denunciado prácticas de expulsiones colectivas y de expulsiones de inmigrantes irregulares y de solicitantes de asilo a países en los que se violan los derechos humanos.

4.6.5.   El CESE recuerda que los artículos 3, 5, 6, 8 y 13 del CEDH y los artículos 3, 4, 19, 24 y 47 de la Carta contienen disposiciones que son aplicables a una política Europea en materia de inmigración irregular – con especial atención a la protección en caso de devolución, expulsión y extradición. Muchos inmigrantes irregulares se encuentran en una difícil situación humanitaria, por lo que las normas y las prácticas que se realicen deben ser elaboradas y aplicadas siguiendo estrictos criterios de derecho humanitario y conforme a los principios morales de la solidaridad.

4.6.6.   El Estado de derecho protege el derecho fundamental de todas las personas a la tutela judicial efectiva tal y como se reconoce en los artículos 47 y 48 de la Carta. Por otro lado, según el Artículo 6.2 del Código de Fronteras Schengen, la guardia de fronteras no discriminará a las personas por motivos de sexo, origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. De manera similar, y según el Artículo 13, los nacionales de terceros países a los que se deniegue la entrada, tendrán el derecho a recurrir dicha resolución y se les entregará una resolución indicando los motivos de la denegación (22).

4.6.7.   Aquellas personas con graves enfermedades físicas o mentales no podrán ser detenidas ni expulsadas tal y como ha sido interpretado por el TEDH en relación con el Articulo 3 del CEDH (23), pues necesitan atenciones sanitarias. La situación de los menores de edad requiere igualmente una atención y protección especifica. El CESE apoya la iniciativa de la Comisión dirigida a la situación de los menores no acompañados.

4.6.8.   El CESE considera que el respeto a los derechos humanos es una condición imprescindible para la firma de convenios de readmisión con terceros países, y se opone a que la UE o los Estados miembros establezcan acuerdos de repatriación o de control de fronteras con países que no han firmado los principales instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos, o de los que hay pruebas de violaciones de los mismos. Se debe prestar especial atención a la protección al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de solicitantes de asilo (24).

4.7.   Centros de Internamiento

4.7.1.   El CESE reafirma su posición contraria al mantenimiento en condiciones de detención de los solicitantes de asilo y de los inmigrantes irregulares, ya que su internamiento en centros de detención debe ser una medida en todo caso excepcional (25).

4.7.2.   Las situaciones y condiciones de internamiento prolongado como las que se producen en la actualidad en algunos Estados miembros son inaceptables y debería ser objeto de un análisis pormenorizado desde la perspectiva de los derechos fundamentales, incluido el de buena administración previsto en el Artículo 41 de la Carta.

4.7.3.   El Comité reclama mayor transparencia sobre los centros de internamiento dentro y fuera de la UE, que el ACNUR sea informado de la situación de las personas internadas, y que éstas puedan ser asistidas adecuadamente por las ONG.

4.7.4.   El CESE considera que las mujeres embarazadas y los menores deben ser objeto de una protección especial, y no deben estar recluidas en estos centros.

4.8.   «Sin papeles»

4.8.1.   El Comité considera que una persona «sin papeles» no es una persona sin derechos, por lo que la UE y los Estados Miembros deben proteger sus derechos fundamentales.

4.8.2.   El término «inmigración ilegal», cuando se refiere a las personas que emigran requiere de alguna precisión. Aunque no es legal entrar en un Estado sin la documentación y las autorizaciones establecidas, estas personas no son delincuentes. El vínculo entre inmigración irregular y delincuencia que se realiza en numerosos medios de comunicación en algunos y discursos políticos no se corresponde con la realidad y fomenta actitudes temerosas y xenófobas en la población del Estado receptor.

4.8.3.   El Comité considera que algunos Estados miembros deben mejorar la protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes no documentados y que la UE debería considerarlos como uno de los grupos más vulnerables, impidiendo la explotación laboral, y garantizando el acceso a los servicios sanitarios, a otros servicios sociales, y a la enseñanza de los menores.

4.8.4.   Se debe reforzar la lucha contra la trata de seres humanos (menores, mujeres y hombres) para la explotación sexual y laboral, en cumplimiento del articulo 5.3 de la Carta, Los Estados miembros deben proteger eficazmente a las víctimas, facilitando la colaboración con las justicia y su regularización.

4.9.   Regularizaciones

4.9.1.   El Comité considera que los Gobiernos actúan desde hipocresía. La política de retorno no constituye la única respuesta a las situaciones de irregularidad. Numerosos Estados miembros han desarrollado procedimientos para legalizar a inmigrantes irregulares, considerando que, para garantizar los derechos fundamentales, y teniendo en cuenta las necesidades económicas y sociales, es conveniente la regularización bajo condiciones precisas.

4.9.2.   El CESE está de acuerdo en que debe mejorarse el intercambio de información entre los Estados miembros sobre las regularizaciones, y que se deben elaborar algunas orientaciones Europeas para su aplicación, sobre la base del compromiso del Consejo en el marco del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo (26), en el que se acordó realizar las regularizaciones personales, en el marco de las legislaciones nacionales, por motivos humanitarios o económicos.

4.9.3.   El retorno, a través de una orden de expulsión, de personas cuyo permiso de residencia legal ha caducado debe ser considerado como la medida más extrema. Previamente hay que considerar si esas personas han manifestado intención de renovar su residencia.

4.9.4.   El CESE considera que se debe evaluar la necesidad de la expulsión en una sociedad democrática (principio de proporcionalidad) tal y como se ha interpretado por la jurisprudencia del TEDH (27). El Comité propone a los Estados miembros que utilicen la posibilidad de regularizar la situación de esas personas tal como contempla el Articulo 6.4 de la Directiva de Retorno.

4.9.5.   Se tendrán que tener igualmente en cuenta los efectos (y viabilidad) de la expulsión sobre el derecho fundamental a la vida privada y familiar recogido en el Artículo 7 de la Carta.

4.10.   Las Políticas de
  Integración

4.10.1.   El CESE ha elaborado diversos dictámenes de iniciativa impulsando en la UE políticas de integración de carácter proactivas, con un enfoque bidireccional, dirigido hacia la sociedad de acogida y hacia los inmigrantes. La integración es un proceso social que se desarrolla dentro de la propia sociedad, entre los inmigrantes y la sociedad de acogida, y entre la sociedad de acogida y los inmigrantes.

4.10.2.   El CESE está promoviendo un enfoque europeo de la integración, teniendo en cuenta que cada Estado miembro tiene sus propios sistemas jurídicos, instituciones sociales; y diferentes sistemas y modelos culturales.

4.10.3.   Un enfoque común europeo supone un valor añadido muy importante para las políticas y los procesos de integración: la relación transversal con las demás políticas de la UE: (entre otras), con la Estrategia de Lisboa, la política de empleo, la agenda social y la política de cohesión. Y también para reforzar los vínculos entre la integración y los valores y principios de la UE, que se desarrollan en la Carta y en el CEDH.

4.10.4.   El Comité ha participado durante 2008 en las actividades del año europeo del diálogo intercultural, para que el diálogo dentro de la diversidad de las sociedades europeas favorezca la integración y promueva una ciudadanía europea más inclusiva. El CESE ha propuesto (28) la elaboración de manuales.

4.10.5.   El CESE propone un enfoque positivo de la integración. Sin embargo, algunos gobernantes entienden la integración con un enfoque negativo, como un nuevo instrumento de discriminación, como un nuevo obstáculo para la igualdad y el acceso a los derechos fundamentales. El CESE considera que este enfoque contradice lo estipulado en los Artículos 21 (derecho a la no discriminación) y 22 (derecho a la diversidad cultural, religiosa y lingüística) de la Carta.

4.10.6.   Son ejemplos de buenas prácticas la creación de foros y plataformas consultivas en las que la sociedad civil participa a nivel nacional, regional y local y por eso anima todos los Estados miembros a crearlos. El Foro Europeo de la Integración que se ha constituido recientemente con la colaboración de la Comisión y del CESE, es un instrumento muy importante para reforzar la integración con un enfoque europeo.

5.   Una ciudadanía europea más inclusiva

5.1.   Algunos gobernantes, desde un nacionalismo excluyente, definen la identidad nacional y la identidad europea de tal manera que excluyen a la diversidad actual que tienen las sociedades europeas, y a las diversidades de muchas personas a causa de su origen étnico, nacional, religioso o cultural.

5.2.   Nuestras sociedades democráticas son plurales y muy ricas en diversidad. Cada uno de los ciudadanos europeos es un crisol de identidades diversas. Las democracias europeas, son sociedades libres y abiertas, y deben estar basadas en la inclusión de todos los ciudadanos, sean cuales fueran sus referencias identitarias.

5.3.   La calidad de la democracia se puede reducir si se limitan los derechos de ciudadanía con una visión estrecha y excluyente de la identidad. Las políticas de integración y la legislación de inmigración no deben ser utilizadas nunca como coartadas políticas para excluir a los inmigrantes y a las minorías del derecho de ciudadanía.

5.4.   El CESE considera que se debe ampliar la base de nuestras democracias, incluyendo a nuevos ciudadanos que sean iguales en derechos y en obligaciones. Los derechos de ciudadanía nacional y europea deben incluir a todas las diversidades, sin discriminación (29).

5.5.   El CESE elaboró un Dictamen (30) de iniciativa dirigido a la Convención que elaboró el malogrado Tratado Constitucional, para que se concediera la ciudadanía europea a los nacionales de terceros países que tengan el estatuto de residentes de larga duración. El Comité propone a la Comisión y al Parlamento Europeo que incluya esta propuesta entre los objetivos de la nueva legislatura.

Bruselas, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  COM(2009) 262 final, 10.6.2009.

1

(2)  Foro europeo de la integración y el sitio Web de la UE sobre la integración.

2

(3)  DO C 303/1 de 14.12.2007.

3

(4)  Dictamen del CESE, DO C 88 de 11.4.2006, p. 37.

4

(5)  Dictamen del CESE; DO C 218 de 11.9.2009, p. 78.

5

(6)  Dictamen del CESE, DO C 44 de 16.2.2008, p. 91.

6

(7)  Dictamen del CESE; DO C 302 de 7.12.2004, p. 49.

7

(8)  Un programa para Europa: http://www.eesc.europa.eu/documents/publications/pdf/booklets/EESC-2009-10-ES.pdf.

8

(9)  Informe de la Comisión Europea: respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales, COM(2009) 205 final, 29.4.2009.

9

(10)  Ello iría acorde con el Artículo 60 del Tratado de Lisboa.

10

(11)  Dictamen del CESE, DO C 286 de 17.11.2005, p. 20.

11

(12)  En el marco de la propuesta de Directiva que la Comisión aprobará próximamente.

12

(13)  COM(2007) 638, Artículo 12.2, letras e) y d). Acorde con lo estipulado en la propuesta los Estados Miembros también pueden aplicar restricciones en lo relativo a la concesión de becas para acceso a estudios y formación profesional, y al acceso a la vivienda pública para aquellos con derecho a residir por un período de mínimo tres años.

13

(14)  Ello ha sido confirmado por el TJCE en el caso Parlamento Europeo v. Consejo C-540/03.

14

(15)  COM(2008) 610, 8.10.2008.

15

(16)  COM (2008) 69 final, 13.2.2008.

16

(17)  Directiva 2008/115/CE.

17

(18)  E.g. artículos 12.1 y 12.2, 13.1 y 13.2, 13.3 y 13.4, 14.1 y 14.2 de la Directiva.

18

(19)  UN Nota de Prensa, United Nations Experts express concern about the proposed European Union Return Directive, 18 de July 2008.

19

(20)  Artículo 15.1.

20

(21)  Artículos 15.5 y 15.6.

21

(22)  Reglamento 562/2006 (Código de Fronteras Schengen), DOUE L105/1 de 13.4.2006.

22

(23)  El Artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales incorpora la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, y en particular la sentencia de 17 de diciembre de 1996, Ahmed c. Austria, Rec. 1996, VI-2006, y la sentencia Soering de 7 de julio de 1989.

23

(24)  Tal y como ha señalado el TJCE en el asunto Parlamento Europeo v. Consejo C-133/06.

24

(25)  Véase el Dictamen del CESE de 16 de julio de 2009 sobre el tema «Acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros: normas mínimas», ponente: An LE NOUAIL-MARLIERE, aprobado en el Pleno de los días 15 y 16 de julio de 2009 (DO C 317 de 23.12.2009, p. 110).

25

(26)  Consejo de la UE, 1344/08, 24 de septiembre de 2008.

26

(27)  Por ejemplo, Boultif v Switzerland, no. 54273/00, §§ 39, 41 and 46, 2 November 2001, ECHR 2001-IX. Üner v. the Netherlands [GC], no. 46419/99, 18 October 2006, § 58.

27

(28)  Dictamen del CESE, DO C 185 de 8.8.2006, p. 42.

28

(29)  Art. 13 del Tratado CE.

29

(30)  Dictamen de iniciativa, DO C 208 de 3.9.2003, p. 76.

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/36 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/36

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La energía y el cambio climático como elemento central de la Estrategia de Lisboa renovada»

(Dictamen de iniciativa)

(2010/C 128/07)

Ponente general: Ulla SIRKEINEN

El 17 de junio de 2008, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema:

«La energía y el cambio climático como elemento central de la Estrategia de Lisboa renovada».

La Mesa del Comité Económico y Social Europeo encargó a la Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social la preparación de los trabajos en este asunto.

Dada la naturaleza de los trabajos, en su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 4 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado ponente general a la Sra. Sirkeinen y ha aprobado por 164 votos a favor, 6 en contra y 12 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   El cambio climático y la seguridad del abastecimiento energético son dos de los mayores retos de este siglo. Las estructuras de producción y consumo tienen que cambiar hacia un uso de la energía y una emisión de gases de efecto invernadero decrecientes. Parte de la producción se quedará fuera, mientras que otra se desarrollará y crecerá. Se perderán puestos de trabajo y se crearán otros nuevos; se necesitarán medidas de apoyo. Cambiarán las necesidades de cualificaciones y de conocimientos. Será preciso desarrollar la investigación y las inversiones masivas.

1.2.   En definitiva, es necesario y urgente pasar de las declaraciones políticas a las medidas prácticas, pero no es tarea fácil. Nuestros dirigentes políticos tienen que hacer ver claramente a los ciudadanos estos retos, así como sus consecuencias, y planificar cuidadosamente las medidas que sea necesario adoptar. Sin el apoyo de los ciudadanos y de la sociedad civil, estos cambios no podrán tener lugar. Muchas cuestiones sobre las consecuencias de las decisiones políticas de la UE siguen abiertas y requieren análisis e información por parte de la Comisión.

1.3.   Las medidas concretas hacia una sociedad con baja emisión de carbono no pueden posponerse alegando la actual recesión económica, por seria que ésta sea. La crisis puede, y debe, verse también como una oportunidad para empezar de nuevo adoptando un enfoque diferente para lograr el crecimiento. El CESE subraya en particular la importancia de alcanzar un acuerdo internacional en Copenhague.

1.4.   La Estrategia de Lisboa renovada debe incluir un plan de acción para lograr una economía con baja emisión de carbono. Ello debe lograrse mediante el respeto de los tres pilares del desarrollo sostenible –económico, medioambiental y social– y sin perder de vista el objetivo global de competitividad, crecimiento y empleo. Un marco económico competitivo es una condición previa para alcanzar los objetivos climáticos y energéticos, y las políticas en materia de clima y energía pueden, con el enfoque correcto, apoyar la creación de empleo y el crecimiento.

1.5.   Los principales ámbitos de actuación son el desarrollo y las inversiones en tecnología, la toma de conciencia y los comportamientos, los aspectos sociales y educativos y la dimensión internacional. Para lograr resultados reales y sostenibles hará falta tiempo y recursos.

1.6.   El CESE recomienda lo siguiente:

| — | tras haber adoptado un amplio marco normativo respecto de la energía y el cambio climático, la UE debe concentrarse ahora en su aplicación práctica, |
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tras haber adoptado un amplio marco normativo respecto de la energía y el cambio climático, la UE debe concentrarse ahora en su aplicación práctica,

| — | Las políticas destinadas a mejorar la eficiencia y el ahorro energéticos, las inversiones en una producción suficiente de energía y un transporte eficiente, incluidas las redes inteligentes, un mercado interior abierto de la energía, así como una posición firme de la UE en la escena internacional son elementos necesarios para garantizar el abastecimiento energético y, a la vez, apoyar los objetivos climáticos, |
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Las políticas destinadas a mejorar la eficiencia y el ahorro energéticos, las inversiones en una producción suficiente de energía y un transporte eficiente, incluidas las redes inteligentes, un mercado interior abierto de la energía, así como una posición firme de la UE en la escena internacional son elementos necesarios para garantizar el abastecimiento energético y, a la vez, apoyar los objetivos climáticos,

| — | las políticas estructurales deben integrarse en las directrices integradas, las recomendaciones específicas por países y los programas nacionales de reforma de la futura Estrategia de Lisboa, |
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las políticas estructurales deben integrarse en las directrices integradas, las recomendaciones específicas por países y los programas nacionales de reforma de la futura Estrategia de Lisboa,

| — | la UE y los Estados miembros han de centrarse en el desarrollo tecnológico y, en una dura competencia internacional, tendrán que invertir más en I+D+i de tecnologías limpias previendo incluso una reasignación de fondos del presupuesto comunitario, |
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la UE y los Estados miembros han de centrarse en el desarrollo tecnológico y, en una dura competencia internacional, tendrán que invertir más en I+D+i de tecnologías limpias previendo incluso una reasignación de fondos del presupuesto comunitario,

| — | es preciso crear unas condiciones generales favorables a facilitar las inversiones en mejores tecnologías, |
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es preciso crear unas condiciones generales favorables a facilitar las inversiones en mejores tecnologías,

| — | es necesario difundir la información adecuada, elaborar una lista de las mejores prácticas, ofrecer asesoramiento concreto y adoptar las medidas de apoyo pertinentes por parte de la Comisión y otros interlocutores competentes para que los consumidores adapten sus comportamientos, |
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es necesario difundir la información adecuada, elaborar una lista de las mejores prácticas, ofrecer asesoramiento concreto y adoptar las medidas de apoyo pertinentes por parte de la Comisión y otros interlocutores competentes para que los consumidores adapten sus comportamientos,

| — | es preciso que todos los ciudadanos tengan acceso a la educación y a la formación, especialmente en forma de aprendizaje permanente, para poder adaptarse a los cambios de las pautas de producción y de consumo, |
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es preciso que todos los ciudadanos tengan acceso a la educación y a la formación, especialmente en forma de aprendizaje permanente, para poder adaptarse a los cambios de las pautas de producción y de consumo,

| — | deberá prestarse gran atención a los efectos de las políticas en los precios de la energía para evitar los riesgos de «indigencia energética» y pérdida de competitividad, así como para evitar los efectos perjudiciales de los planes de apoyo a las energías renovables, |
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deberá prestarse gran atención a los efectos de las políticas en los precios de la energía para evitar los riesgos de «indigencia energética» y pérdida de competitividad, así como para evitar los efectos perjudiciales de los planes de apoyo a las energías renovables,

| — | la UE deberá hacer todo lo posible para concluir un acuerdo internacional sobre el cambio climático en el que se establezcan unas condiciones equitativas a escala mundial, incluido un régimen de comercio de derechos de emisión internacional o regímenes compatibles, |
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la UE deberá hacer todo lo posible para concluir un acuerdo internacional sobre el cambio climático en el que se establezcan unas condiciones equitativas a escala mundial, incluido un régimen de comercio de derechos de emisión internacional o regímenes compatibles,

| — | la sociedad civil y los interlocutores sociales deben participar activamente en el enorme esfuerzo que implica la reestructuración de nuestras economías. El CESE está preparado y dispuesto a desempeñar el papel que le corresponde. |
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la sociedad civil y los interlocutores sociales deben participar activamente en el enorme esfuerzo que implica la reestructuración de nuestras economías. El CESE está preparado y dispuesto a desempeñar el papel que le corresponde.

Motivación

2.   Introducción: lo más avanzado

Política energética

2.1.   La política energética de la UE tiene tres objetivos paralelos: la seguridad del suministro, la competitividad y la protección medioambiental, que incluye mitigar el cambio climático. Si es necesario, debe concederse prioridad a la seguridad del suministro. La escasez de energía, incluida la generación de electricidad, es un riesgo cada vez más real, particularmente en un momento en el que la economía empieza a recuperarse.

2.2.   Es preciso hacer frente a los efectos climáticos y medioambientales de la producción y del uso a gran escala de la energía mediante reglamentación. La UE ha aprobado unos nuevos límites máximos para el régimen de comercio de derechos de emisión, que cubren la producción de energía, las industrias de alto consumo energético y el transporte aéreo. Pese a las evaluaciones de impacto a nivel agregado, aún se desconocen los efectos prácticos de estas propuestas.

2.3.   La eficiencia energética y el ahorro en todos los sectores de consumo energético, así como en la producción de energía, constituyen el elemento clave y con un alto potencial de seguridad energética y emisiones bajas. La UE ha puesto en marcha diversas políticas para ello y hay otras medidas políticas en fase de preparación. Las medidas prácticas adoptadas en los Estados miembros, no obstante, son aún escasas.

2.4.   Es preciso diversificar las fuentes y vías de abastecimiento, y la combinación energética debe dirigirse hacia las alternativas bajas en carbono y en emisiones, como las energías renovables y la energía nuclear. La optimización y las resoluciones sobre combinación energética son competencia de los Estados miembros, pero las políticas de la UE en materia de energías renovables, así como la legislación sobre el medio ambiente y el clima, dirigen las decisiones que se vayan a adoptar.

2.5.   Europa necesita desempeñar un papel más importante en las relaciones y los mercados internacionales de energía. Los problemas de suministro de gas que tuvieron lugar nuevamente en 2009 pueden finalmente llevar a la tan largamente esperada determinación de actuar en común.

Políticas sobre el cambio climático

2.6.   El paquete de medidas sobre energía y cambio climático de 2008 incluye medidas que cabrá adoptar en todos los sectores para alcanzar los conocidos objetivos del 20-20-20 % en 2020. El objetivo principal de las emisiones de gases de efecto invernadero se incrementará hasta el 30 % en el contexto de un acuerdo internacional suficientemente ambicioso y a gran escala.

2.7.   Una gran parte de las medidas para reducir las emisiones tiene que ser adoptada por los Estados miembros. Muchos detalles de la normativa, en particular respecto del régimen de comercio de derechos de emisión y el problema de la «fuga de carbono», deben decidirse a nivel comunitario.

2.8.   No es posible saber aún cómo funcionará en la práctica el régimen en su conjunto. Entre las cuestiones de gran importancia cabe resaltar, por ejemplo, el precio del dióxido de carbono, el aumento del precio de la energía como consecuencia de las políticas en materia de energías renovables y el precio que entrañan para los presupuestos domésticos las medidas en los sectores no sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión. Se requieren más estudios e información por parte de la Comisión.

2.9.   Las negociaciones relativas al acuerdo internacional sobre cambio climático culminarán en diciembre de 2009 en Copenhague. El CESE ha expuesto su posición al respecto en un dictamen separado. El Consejo Europeo ha acordado las líneas principales para preparar la reunión de Copenhague, incluida la preparación de un sistema de reparto de las cargas para apoyar a los países más pobres.

3.   Cuestiones que deben incorporarse a la Estrategia de Lisboa renovada en relación con las políticas energéticas y climáticas

3.1.   Una economía basada en un bajo nivel de emisiones de carbono implica una serie de grandes cambios industriales. Las emisiones deben reducirse, y el uso de la energía y los recursos naturales debe desvincularse del crecimiento económico. Las estructuras de producción y consumo deben cambiar. Parte de la producción se quedará fuera, mientras que otra se desarrollará y crecerá; se perderán puestos de trabajo y se crearán otros nuevos. Cambiarán las necesidades de cualificaciones y de conocimientos. Se requieren inversiones masivas, así como las necesarias medidas de apoyo social.

3.2.   Nuestros dirigentes políticos tienen que explicar claramente la situación, así como las consecuencias que tendrá en nuestra vida diaria. Los gobiernos tienen que aclarar qué es lo que se necesita como, por ejemplo, cuánta energía de combustibles fósiles es necesario sustituir, y con qué, o cuánta energía debemos ahorrar cada uno de nosotros. Sin el apoyo y la actuación de los ciudadanos estos cambios no podrán tener lugar. El papel de la sociedad civil es fundamental.

3.3.   Las medidas para luchar contra el cambio climático y para asegurar el abastecimiento energético de Europa no pueden posponerse alegando la actual recesión económica. Las políticas para superar las crisis económicas deben apoyar los objetivos de una economía con baja emisión de carbono, y viceversa. La crisis puede, y debe, verse también como una oportunidad para empezar de nuevo adoptando un enfoque diferente para lograr el crecimiento.

3.4.   La mayor parte de las políticas y de la legislación sobre las cuestiones climáticas y energéticas de los próximos años están ya adoptadas, con la importante salvedad de un acuerdo internacional. Ahora queda mucho por hacer a escala nacional, y no sabemos aún cómo funcionará todo ello. Por el momento es preciso evitar cambios de objetivos o de normativa de forma que se permita a todos los interesados prepararse y aplicar sus medidas con la mayor previsión y certidumbre posible. Los esfuerzos deben concentrarse ahora en la aplicación práctica.

3.5.   Es preciso incorporar un plan de acción para una economía basada en la baja emisión de carbono en la Estrategia de Lisboa renovada. Ello debe lograrse mediante el respeto de los tres pilares del desarrollo sostenible –económico, medioambiental y social– y sin perder de vista el objetivo global de competitividad, crecimiento y empleo.

3.6.   Deben adoptarse medidas apropiadas –planificadas y evaluadas cuidadosamente para lograr resultados efectivos al menor coste– e integrarse en las políticas estructurales cubiertas por las directrices integradas, las recomendaciones específicas por países y los planes nacionales de reforma. La Comisión debería reforzar el control de su aplicación. Es necesario utilizar otros indicadores, además del PIB, para seguir el desarrollo hacia la sostenibilidad.

3.7.   El cambio viene impulsado por el desarrollo tecnológico, de un lado, y por un cambio en las actitudes y los comportamientos, de otro. Ambos necesitan tiempo para poder producir unos resultados reales y duraderos. Otros aspectos importantes son las inversiones, las cuestiones sociales y educativas y la dimensión internacional.

Tecnología

3.8.   La competencia tecnológica es muy fuerte a escala mundial. Los Estados Unidos han destinado importantes recursos a I+D de tecnologías que mitiguen el cambio climático. Esta misma tendencia se observa en otras economías desarrolladas y cada vez más en las economías grandes y de rápido desarrollo.

3.9.   Europa debe ser capaz de aprovechar las ventajas de ser pionera en las tecnologías «limpias» de energía renovable y de cambio climático. Ésta es una tarea muy exigente y urgente: por ejemplo, Japón está a la cabeza de la producción de coches híbridos y eléctricos, mientras que China pronto superará a la UE en tecnología eólica y a los Estados Unidos en energía fotovoltaica. No se puede esperar que poner precio al dióxido de carbono pueda proporcionar, por sí sólo, los incentivos suficientes para producir un cambio tecnológico.

3.10.   La Comisión ha presentado una serie de iniciativas para potenciar las tecnologías climáticas limpias y renovables. Es preciso asignar más recursos del presupuesto comunitario a estos fines.

3.11.   Sólo de la diversidad y de la sana competencia de los distintos enfoques, innovaciones y métodos surgen las tecnologías más eficaces. Ello significa que no debe abandonarse de forma prematura ninguna tecnología que pueda ser útil, como la fisión de cuarta generación o la fusión nuclear, sino que debe seguir desarrollándose con persistencia.

3.12.   Hay que aprovechar las enormes posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

3.13.   Las nuevas tecnologías para la utilización de energías renovables, que se hallan aún lejos de ser rentables, no deben imponerse prematuramente al mercado por medio de ayudas elevadas (o de precios de compra artificiales). En su lugar, estos costes deberían emplearse en la investigación y el desarrollo de tecnologías energéticas sostenibles para la reducción de CO2 hasta que éstas estén preparadas para ser viables.

3.14.   La tasa de financiación de I+D y de innovación en la UE es pequeña en comparación con los recursos de los Estados miembros. En la actualidad el nivel de esfuerzos de los Estados miembros varía considerablemente. Resulta de una importancia capital que se aporten más recursos, incluyendo los ingresos procedentes de subastas desarrolladas en el marco del Régimen de comercio de derechos de emisión, a la I+D en tecnologías limpias en particular, y que se busque alcanzar masa crítica y un grado de excelencia de primer orden mediante una cooperación eficaz. Estas medidas deben incorporarse de forma tangible a las directrices y planes de acción nacionales de la Estrategia de Lisboa renovada.

Inversiones

3.15.   Las nuevas tecnologías e innovaciones sólo empiezan a usarse cuando hay inversión, la cual tiene lugar en los hogares, en las empresas y en el sector público. Las inversiones son necesarias para el desarrollo económico y el empleo, así como para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos.

3.16.   Es necesario invertir de manera urgente y masiva en producción de energía y en infraestructura de transportes. Por ejemplo, sería necesario invertir aproximadamente un billón de euros en la próxima década para reemplazar la capacidad de electricidad de salida, y ello aunque no se incremente la demanda. Las redes de transporte, en particular las transfronterizas, y la conexión de la energía renovable a la red eléctrica, requieren una importante renovación. La suspensión de inversiones durante la recesión y sus potenciales efectos a largo plazo suscitan serias preocupaciones.

3.17.   La inversión exige unas determinadas condiciones generales, como un marco económico sano, la existencia de demanda y la posibilidad de acceso a los mercados. El marco reglamentario debe ser estable y previsible y debe evitar excesivas cargas administrativas y financieras sobre las empresas. Sólo las empresas rentables pueden invertir en el desarrollo de tecnologías y en la implantación de nuevas tecnologías.

3.18.   Por lo tanto, un marco económico competitivo es un requisito indispensable para el logro de los objetivos energéticos y climáticos. Y, con el enfoque político adecuado, las políticas energéticas y climáticas pueden producir crecimiento y generar empleo.

3.19.   Los recursos financieros se verán sometidos a presión cuando la I+D y las necesidades de inversión dentro de la UE compitan con la necesidad de financiar las medidas para mitigar el cambio climático y para la adaptación en los países en desarrollo. Los Estados miembros dispondrán de ingresos procedentes de la subasta de los derechos de emisión, pero no pueden cubrir todas las necesidades. Los responsables de la toma de decisiones deben ser prudentes a la hora de aumentar las cargas para las empresas debido al riesgo que ello entraña para sus inversiones en nuevas tecnologías.

Toma de conciencia y comportamiento

3.20.   Para poder reaccionar y cambiar el comportamiento, los ciudadanos deben saber qué es lo que está en juego y qué es necesario cambiar. Es preciso reforzar la sensibilización sobre lo que cada persona puede hacer y proporcionar la educación adecuada para ello. Esto es tarea tanto de las administraciones públicas como de las organizaciones de la sociedad civil. Un instrumento muy útil sería una lista de buenas prácticas, que debería elaborar la Comisión.

3.21.   Aunque es muy positivo que el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero estén hoy día en primera línea respecto de las técnicas de mercado y del asesoramiento a los consumidores, es de lamentar que también se produzcan casos de publicidad engañosa. Esto tiene que ser contrarrestado por los principales interesados.

3.22.   La UE, acertadamente, se apoya en gran medida sobre instrumentos de mercado para sus políticas climáticas. El indicador de los precios debería modificar el comportamiento tanto de los ciudadanos como de las empresas. Sin embargo, éstos, por sí mismos, no pueden producir todos los posibles cambios de comportamiento. En algunos casos, como en el sector de la construcción, se necesita regulación, mientras que para otros fines se requiere un apoyo positivo.

3.23.   Una mayor eficiencia energética produce normalmente ahorro económico. Se necesitan incentivos, especialmente en aquellos casos en los que los plazos de recuperación de la inversión sean relativamente largos, o cuando los que asumen los costes no obtengan beneficios. El Comité ya propuso anteriormente a la Comisión el estudio de la viabilidad de definir objetivos sectoriales respecto de la eficiencia energética, en concreto en sectores con repercusiones en el mercado interior.

3.24.   Al objeto de no falsear la competencia en el mercado interior, la UE aplica unas normas comunes obligatorias sobre las ayudas públicas.

Aspectos sociales y educativos

3.25.   Las pautas de consumo cambiarán con el tiempo, y con ellas cambiará la producción. Según un estudio elaborado por la CES y la SDA (1), el impacto neto en el empleo de las medidas adoptadas para reducir en un 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 es ligeramente positivo; otras personas, no obstante, consideran este resultado y enfoque demasiado optimista (2). Según las conclusiones del estudio, se producirán, sin embargo, cambios considerables en las estructuras laborales y en las necesidades en materia de cualificaciones. Los cambios serán mayores en el interior de los sectores que entre ellos. Por ejemplo, se espera que se produzcan transferencias de empleo desde la generación de electricidad a las actividades relacionadas con la eficiencia energética, o desde el transporte por carretera a los ferrocarriles y las vías navegables.

3.26.   Para que las empresas, los servicios públicos y la mano de obra puedan hacer frente a los cambios existirá una gran demanda en materia de educación y de formación. La educación y la formación, incluido el aprendizaje permanente, ha sido el tema principal de un dictamen anterior del CESE sobre el cambio climático y la Estrategia de Lisboa.

3.27.   La Comisión ha presentado recientemente una serie de propuestas para mejorar la previsión de las cualificaciones que se necesitarán, lo cual es esencial para permitir reacciones oportunas mediante la educación y la formación. Unas mejores previsiones, una mayor adecuación de la oferta y la demanda de cualificaciones y unas medidas de aprendizaje permanente perfeccionadas forman parte natural de la Estrategia de Lisboa renovada.

3.28.   Puesto que prácticamente todos los integrantes del mercado laboral se verán afectados por los cambios, todos deben tener acceso a la educación, de forma que puedan adaptarse a las nuevas exigencias. Para los que aún sigan encontrando problemas, los Estados miembros tendrán que seguir manteniendo unos sistemas de seguridad social completos.

3.29.   La gente también se ve afectada por los cambios en las estructuras de costes como resultado de las políticas energéticas y climáticas. En particular, se necesita una supervisión constante de los efectos de los cambios en los precios de la energía. Los precios de la energía fluctúan fuertemente por distintos motivos, y uno de los objetivos de la política energética de la UE es limitar esas fluctuaciones en la medida de lo posible.

3.30.   Las políticas medioambientales, especialmente las climáticas, empujan al alza los precios de la energía con el fin de reducir el uso de la misma. La desventaja de este enfoque político es que supone un freno a la competitividad de la industria europea y constituye un riesgo de «indigencia energética» para los ciudadanos. Reaccionar ante los aumentos de precio mediante una disminución del uso de la energía requiere normalmente inversiones en nuevos equipamientos, lo que puede llevar tiempo. Es preciso un enfoque muy equilibrado de los precios de la energía, que tenga en cuenta esos plazos, si se quieren obtener unos resultados positivos y sostenibles en lugar de plantear problemas económicos y sociales.

La dimensión internacional

3.31.   Las medidas para mitigar el cambio climático sólo en Europa tendrán escaso impacto, ya que las emisiones europeas de gases de efecto invernadero representan el 14 % del total de emisiones mundiales, y este porcentaje está disminuyendo. Sin una actuación por parte de todas las grandes economías, las emisiones no se restringirán de una forma ajustada al límite de 2o C de calentamiento, y Europa perderá competitividad y de ese modo pondrá en peligro el bienestar de sus ciudadanos. Por lo tanto, resulta vital alcanzar un acuerdo en Copenhague, y la UE debe seguir liderando el proyecto.

3.32.   El objetivo en Copenhague debe ser, como dice la Comisión, «un acuerdo internacional suficientemente ambicioso y a gran escala que establezca reducciones comparables en otros países desarrollados y medidas apropiadas para los países en vías de desarrollo». Un elemento importante es un régimen de comercio de derechos de emisión internacional, o al menos regímenes compatibles, para garantizar tanto la reducción efectiva de las emisiones como una competencia en condiciones de igualdad.

3.33.   Es evidente que los países en desarrollo pobres necesitarán asistencia económica para afrontar tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático. El desarrollo de la transferencia de tecnología, y la fijación de normas claras al respecto, incluida la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como el Mecanismo de Desarrollo Limpio, son elementos importantes.

3.34.   El acuerdo internacional es también necesario para que Europa llegue a ser verdaderamente pionera en las mejores tecnologías climáticas y energéticas. En caso contrario, la demanda de estas tecnologías resultará mucho más débil.

3.35.   La UE debe fortalecer su posición y su actividad en el plano internacional para poder asegurar el abastecimiento energético europeo. Operar en un contexto más amplio de política exterior, como plantea la Unión Europea, constituiría un gran apoyo. Tal como el CESE ha declarado ya en dictámenes anteriores, la UE debe también liderar un enfoque en materia de energía que sea responsable y sostenible.

Bruselas, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  El estudio sobre cambio climático y empleo, encargado por la DG Medio Ambiente de la Comisión Europea, ha sido elaborado por un consorcio dirigido por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Social Development Agency / Agence pour le développement social (SDA), con inclusión de la consultora Syndex, el Instituto de Wuppertal y el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). Este estudio puede encontrarse en http://www.etuc.org/a/3676.

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(2)  Hans Werner Sinn, «Das Grüne Paradoxon», Econ-Verlag, ISBN 978-3-430-20062-2.

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/41 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/41

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La dimensión exterior de la Estrategia de Lisboa renovada»

(Dictamen de iniciativa)

(2010/C 128/08)

Ponente General: Luca JAHIER

El 26 de febrero de 2009, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema:

«La dimensión exterior de la Estrategia de Lisboa renovada».

El Comité Económico y Social Europeo encargó a la Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social (Observatorio de la Estrategia de Lisboa) la preparación de los trabajos del Comité en este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos, en su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 4 de noviembre), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado Ponente General a Luca JAHIER y ha aprobado por 177 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   La Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo está siendo objeto de una revisión determinante para los próximos diez años, que incluye también una reflexión sobre su dimensión exterior.

1.2.   Europa prospera sobre todo gracias a su apertura al resto del mundo. Se trata de ventajas económicas, pero también de beneficios derivados del intercambio de cultura y conocimientos y del reconocimiento mundial de los valores europeos. Es el primer exportador e importador de bienes y servicios, la segunda fuente y el segundo destinatario en el mundo de inversiones directas extranjeras y el primer donante mundial de ayuda; posee la segunda moneda internacional en orden de importancia. Por consiguiente, redunda en su propio interés geoestratégico que la UE desarrolle un programa propio de política exterior, capaz de promover y proteger los intereses de sus 500 millones de habitantes, pero también de asumir sus propias responsabilidades a la hora de hacer frente a los problemas mundiales y contribuir a la definición de normas elevadas para el gobierno de la globalización.

1.3.   Alcanzar un acuerdo multilateral ambicioso, equilibrado y equitativo, encaminado a obtener una liberalización más amplia del comercio y la apertura progresiva de los mercados dentro de un marco regulado han sido prioridades importantes de la última década. En particular, la iniciativa «Una Europa global» de 2007 se vinculó explícitamente a la Estrategia de Lisboa.

1.4.   Los retos que plantean la aparición de nuevas potencias mundiales y la crisis financiera y económica internacional ponen de manifiesto de manera más clara el nuevo carácter geopolítico de la globalización y, por ende, la necesidad de que Europa se dote de una estrategia exterior renovada y general, más coherente y eficaz. Europa necesita una nueva visión de su papel en la escena mundial, en la que asuma, por un lado, los aspectos geoestratégicos de su propia posición histórica y geográfica, de la seguridad del suministro de materias primas y energía y del desarrollo de nuevos mercados que en la actualidad disponen todavía de poco poder adquisitivo y, por otro, su propia capacidad para contribuir a hacer frente a problemas mundiales como la seguridad, el cambio climático, la pobreza y las migraciones internacionales, al tiempo que desarrolla los valores contrastados de su economía social de mercado, que, por otra parte, se examinan con gran interés en todo el mundo.

1.5.   Para que sea el adecuado, un plan de acción comunitario debería incluir entre sus objetivos la creación y el desarrollo del espacio y el papel de Europa en el nuevo escenario de la globalización mediante:

| — | el desarrollo de las políticas exteriores de la UE y los aspectos exteriores de las demás políticas comunitarias, de acuerdo con una lógica estructural, el refuerzo de su coherencia global y una mayor unidad de acción entre los Estados miembros, |
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el desarrollo de las políticas exteriores de la UE y los aspectos exteriores de las demás políticas comunitarias, de acuerdo con una lógica estructural, el refuerzo de su coherencia global y una mayor unidad de acción entre los Estados miembros,

| — | la garantía de una apertura equilibrada de los mercados, mediante la conclusión de la Ronda de Doha y un diálogo estructurado con sus socios privilegiados, |
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la garantía de una apertura equilibrada de los mercados, mediante la conclusión de la Ronda de Doha y un diálogo estructurado con sus socios privilegiados,

| — | la consolidación de su papel como potencia normativa internacional y la aplicación de una política internacional basada en la promoción de los derechos, |
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la consolidación de su papel como potencia normativa internacional y la aplicación de una política internacional basada en la promoción de los derechos,

| — | el refuerzo de la dimensión internacional del euro, |
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el refuerzo de la dimensión internacional del euro,

| — | la fijación del objetivo de construir una zona amplia de desarrollo y crecimiento económico privilegiado, que podría denominarse «EurÁfrica: una alianza para el progreso mutuo», en el que se incluya una terminación rápida de la ampliación de la Unión, la política de vecindad, la Unión para el Mediterráneo y una asociación reforzada con África. |
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la fijación del objetivo de construir una zona amplia de desarrollo y crecimiento económico privilegiado, que podría denominarse «EurÁfrica: una alianza para el progreso mutuo», en el que se incluya una terminación rápida de la ampliación de la Unión, la política de vecindad, la Unión para el Mediterráneo y una asociación reforzada con África.

1.6.   El perfil y la coherencia de este plan de acción de la UE se reforzarían si se desarrollara progresivamente en un contexto de política exterior más amplio, tal como tiene previsto la Unión.

1.7.   Con objeto de poder desarrollar mejor y lograr un amplio consenso político en torno a esta perspectiva tan ambiciosa y resuelta de su propia estrategia exterior, la UE necesita reforzar sin ambages el papel de los interlocutores sociales y de la sociedad civil organizada, tanto en las sociedades europeas como en los terceros países.

1.8.   El CESE dispone de todos los instrumentos para desempeñar un papel cada vez más importante en la consolidación y el desarrollo de sistemas participativos de seguimiento y participación activa de las sociedades civiles de prácticamente todas las regiones del mundo. Este aspecto es, por otra parte, un rasgo distintivo del modelo social europeo, que goza de gran estimación en todo el mundo.

2.   Introducción

2.1.   Europa constituye en la actualidad la primera potencia económica internacional, un mercado integrado de 500 millones de habitantes, una potencia comercial sin parangón y que posee con el euro la segunda moneda internacional. Para la UE, la creación de una perspectiva futura de beneficio mutuo para todos los protagonistas en el sistema de relaciones internacionales no implica únicamente asumir las responsabilidades que se derivan de su peso específico, sino también garantizar la salvaguarda de sus intereses exteriores –económicos y geoestratégicos– vitales para el éxito de su propio modelo, que es el más abierto del mundo y con las normas sociales y medioambientales más elevadas.

2.2.   Por consiguiente, para garantizar un crecimiento duradero, un empleo de calidad y un desarrollo sostenible −objetivos de la Estrategia de Lisboa−, es cada vez más necesario que la UE refuerce su propio programa de política exterior.

2.3.   Tras la Agenda de Lisboa de 2000 y su revisión en 2005, fue necesario esperar hasta 2007 para que se introdujera la cuestión de la dimensión exterior. En las conclusiones del Consejo Europeo de primavera de 2008, se puede leer la siguiente declaración: «Por consiguiente, la UE debería proseguir su empeño por modelar la globalización reforzando la dimensión exterior de la Estrategia de Lisboa renovada» (1).

2.4.   En estas conclusiones se destacaban los siguientes ámbitos prioritarios:

| — | promover el libre comercio y la transparencia [...], y seguir tomando la iniciativa en este ámbito; |
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promover el libre comercio y la transparencia [...], y seguir tomando la iniciativa en este ámbito;

| — | mejorar el sistema de comercio multilateral, en particular manteniendo los esfuerzos para lograr un acuerdo ambicioso, equilibrado y global en la Ronda Doha para el Desarrollo; |
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mejorar el sistema de comercio multilateral, en particular manteniendo los esfuerzos para lograr un acuerdo ambicioso, equilibrado y global en la Ronda Doha para el Desarrollo;

| — | celebrar acuerdos bilaterales ambiciosos con socios comerciales importantes e intensificar aún más los esfuerzos de integración con países candidatos y países vecinos mediante el desarrollo de un espacio económico común; |
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celebrar acuerdos bilaterales ambiciosos con socios comerciales importantes e intensificar aún más los esfuerzos de integración con países candidatos y países vecinos mediante el desarrollo de un espacio económico común;

| — | garantizar el acceso fiable a la energía y a las materias primas estratégicas; |
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garantizar el acceso fiable a la energía y a las materias primas estratégicas;

| — | reforzar las relaciones económicas existentes y desarrollar asociaciones estratégicas mutuamente beneficiosas con las nuevas potencias económicas mundiales en un contexto de competencia leal; |
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reforzar las relaciones económicas existentes y desarrollar asociaciones estratégicas mutuamente beneficiosas con las nuevas potencias económicas mundiales en un contexto de competencia leal;

| — | propiciar la cooperación reguladora, la convergencia de normas y la equivalencia de reglas, [...], y mejorar la eficacia del sistema de aplicación de los derechos de propiedad intelectual e industrial contra la falsificación. |
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propiciar la cooperación reguladora, la convergencia de normas y la equivalencia de reglas, [...], y mejorar la eficacia del sistema de aplicación de los derechos de propiedad intelectual e industrial contra la falsificación.

2.5.   Para terminar, el reciente debate sobre los instrumentos de la acción exterior de la UE prevé lo siguiente (2):

| — | un enfoque más amplio de la acción exterior de la UE, que combine la PESC, el comercio y las políticas de cooperación con la proyección externa de las políticas internas de la UE (3), |
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un enfoque más amplio de la acción exterior de la UE, que combine la PESC, el comercio y las políticas de cooperación con la proyección externa de las políticas internas de la UE (3),

| — | una nueva generación de programas europeos de cooperación y desarrollo, basados en el «consenso europeo» (4) y en la Asociación UE-África de noviembre de 2007 (5), |
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una nueva generación de programas europeos de cooperación y desarrollo, basados en el «consenso europeo» (4) y en la Asociación UE-África de noviembre de 2007 (5),

| — | un nuevo enfoque en materia de políticas comerciales, que haga hincapié también en el valor de las negociaciones bilaterales y regionales. |
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un nuevo enfoque en materia de políticas comerciales, que haga hincapié también en el valor de las negociaciones bilaterales y regionales.

3.   Una dimensión exterior que ya existe ...

3.1.   Una de las grandes prioridades del último decenio consistió en alcanzar un acuerdo multilateral ambicioso, equilibrado y equitativo, encaminado a obtener una liberalización más amplia del comercio y la apertura progresiva de los mercados a fin de ampliar el ámbito de competencia de las empresas europeas y crear de este modo nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

3.2.   Se admite que la Organización Mundial del Comercio (OMC) es la piedra angular de la expansión de los intercambios en un sistema regulado y en un marco multilateral. El Programa de Doha para el Desarrollo ha sido una prioridad importante de la Comisión.

3.3.   Las dificultades encontradas en el marco de las negociaciones de la Ronda de Doha y, en particular, su paralización en julio de 2006 han llevado a la UE a revisar a fondo, con el acuerdo del Consejo en abril de 2007, la Comunicación de la Comisión «Una Europa global: competir en el mundo. Una contribución a la Estrategia de crecimiento y empleo de la UE» (6).

3.4.   El planteamiento propuesto, vinculado a la Estrategia de Lisboa renovada de 2005, reitera y refuerza el objetivo general de una política comercial exterior cada vez más global e integrada, destinada tanto a atraer nuevas inversiones y asociaciones como a garantizar una mayor apertura de los mercados en todo el mundo. Además del instrumento clásico y prioritario de las negociaciones multilaterales, se prevé una nueva generación de acuerdos bilaterales y regionales (7), y se sigue aspirando a la supresión de los obstáculos no arancelarios y reglamentarios, así como a una convergencia progresiva y sustancial de la normativa.

3.5.   En una Comunicación de diciembre de 2008 sobre los aspectos exteriores de la Estrategia de Lisboa (8), la Comisión ha reiterado finalmente el objetivo de concluir las negociaciones comerciales multilaterales, favorecer la cooperación en materia de normativa y la asociación mediante el acceso a los mercados.

3.6.   El CESE expresó su opinión a este respecto en dos dictámenes (9), destacando en particular los siguientes elementos:

| — | la conclusión de la Ronda de Doha sigue siendo la prioridad estratégica en cuyo marco los acuerdos bilaterales pueden aportar un valor añadido; |
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la conclusión de la Ronda de Doha sigue siendo la prioridad estratégica en cuyo marco los acuerdos bilaterales pueden aportar un valor añadido;

| — | es necesario prestar más atención a las repercusiones de la apertura de los mercados para las distintas regiones y poblaciones y, por lo tanto, conceder una mayor importancia a la justicia social y a la promoción del trabajo digno; |
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es necesario prestar más atención a las repercusiones de la apertura de los mercados para las distintas regiones y poblaciones y, por lo tanto, conceder una mayor importancia a la justicia social y a la promoción del trabajo digno;

| — | la inclusión, también en el marco bilateral, de otros aspectos cada vez más pertinentes en el escenario internacional, como el medio ambiente, la energía, la cultura, la emigración y la gobernanza mundial. |
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la inclusión, también en el marco bilateral, de otros aspectos cada vez más pertinentes en el escenario internacional, como el medio ambiente, la energía, la cultura, la emigración y la gobernanza mundial.

4.   ... pero que, no obstante, sigue siendo en gran medida insuficiente

4.1.   Nuevos retos

4.1.1.   La UE debe hacer frente a nuevos retos:

| — | la competencia creciente de los países emergentes y el crecimiento de las potencias mundiales asiáticas, |
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la competencia creciente de los países emergentes y el crecimiento de las potencias mundiales asiáticas,

| — | el cambio climático y la energía, |
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el cambio climático y la energía,

| — | los efectos para la UE y sus vecinos de la ampliación de la Unión a 27 Estados miembros, |
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los efectos para la UE y sus vecinos de la ampliación de la Unión a 27 Estados miembros,

| — | la vuelta de la crisis alimentaria, |
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la vuelta de la crisis alimentaria,

| — | la percepción del creciente carácter geopolítico de la globalización, que en la actualidad supera claramente la dimensión económica, |
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la percepción del creciente carácter geopolítico de la globalización, que en la actualidad supera claramente la dimensión económica,

| — | el estallido de la crisis financiera y económica internacional. |
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el estallido de la crisis financiera y económica internacional.

4.1.2.   Estos retos ponen de manifiesto la necesidad de que la UE se dote de una estrategia exterior más coherente y eficaz, a fin de salvar la brecha cada vez más amplia entre su peso económico y su influencia –que sigue siendo demasiado reducida– sobre las dinámicas complejas y universales de la globalización, al tiempo que debe defender sus propios intereses y el espacio de afirmación de sus propios valores.

4.1.3.   Las consecuencias de la crisis financiera y económica mundial se dejarán, sin duda alguna, sentir mucho después de 2010. El peso de la cuestión internacional y la manera de contribuir a su reorientación serán parámetros decisivos en cualquier estrategia futura de crecimiento y empleo para cualquier región del mundo. La posición en que las distintas regiones se situarán en este proceso será determinante para el futuro de cada una y del conjunto. Esta observación concierne de forma muy especial a Europa, ya que es la zona económica más abierta del mundo y, por consiguiente, más dependiente que las otras de las importaciones y exportaciones.

4.1.4.   La propia crisis actual hace que haya quedado definitivamente caduco el postulado de una división internacional de trabajo, cuyo objetivo era reservar a los principales países emergentes las producciones básicas o manufacturadas y una competencia basada en los costes, dejando exclusivamente en manos de los países europeos y los demás principales países desarrollados las actividades de alto valor añadido, basadas sobre todo en la investigación, la innovación, los servicios y la mano de obra cualificada.

4.1.5.   Los recientes cambios económicos que están produciéndose en los países BRIC (Brasil, Rusia, la India y China) –el aumento del número de patentes, la importancia de la inversión extranjera directa (IDE) de origen europeo y el crecimiento de la IDE hacia la UE procedente de países emergentes y el afianzamiento de los fondos soberanos, provenientes todos ellos de países que no pertenecen a la OCDE–, son indicios de transformaciones profundas en la estructura de la economía mundial a los que Europa deberá reaccionar adecuadamente.

4.1.6.   Por último, el reciente desarrollo en otras zonas del mundo de plataformas centradas también en la estrategia de innovación y conocimiento indica que las vías de salida de la crisis económica podrían dar lugar a un escenario futuro mucho mejor articulado y basado en bloques regionales caracterizados por un elevado grado de integración y una mayor competitividad entre ellos, en cuyo interior podrían aparecer nuevas formas de división del trabajo y desequilibrios económicos y sociales.

4.2.   Un reto innovador y ambicioso

4.2.1.   La UE ha demostrado en reiteradas ocasiones que estaba en condiciones, con medios pacíficos y recurriendo al consenso negociado, de ejercer su influencia en un contexto internacional en el que operan protagonistas cada vez más diversificados, consiguiendo algunas veces contribuir de manera decisiva al bienestar de amplias partes del mundo (véase, por ejemplo, la cooperación que desde hace tres décadas desarrolla con los países ACP y su propia política de ampliación).

4.2.2.   Además, la UE ha contribuido a construir un marco muy estructurado de acuerdos regionales, sectoriales y de cooperación global. Tal ha sido el caso, en el pasado, del marco de negociación en la OMC y lo mismo sucede hoy en día en el contexto del nuevo proceso en curso en el G8/14 y en el G-20, encaminado a redefinir un marco más estricto de normas e instrumentos en el ámbito de las finanzas internacionales, incluido el papel del FMI y del Banco Mundial.

4.2.3.   El marco de reflexión sobre la dimensión exterior, que tuvo en primer lugar como referencia la política comercial y más tarde los retos energéticos y climáticos, se amplía a ámbitos cada vez más extensos, como las políticas migratorias y las dimensiones de la globalización en materia social (Fondo de Ajuste y normas fundamentales del trabajo), medioambiental (protocolo de Kioto, pero también la economía sostenible), industrial (propiedad intelectual, pero también los fondos soberanos), política (ampliación de la UE y políticas de vecindad) y diplomática. Baste pensar también en el papel del euro, en la repercusión de la PESC y la PESD en el refuerzo del papel internacional de la UE, o en la posible integración en la estrategia europea de seguridad de la cuestión de los bienes e intereses estratégicos para Europa, como hacen ya otras potencias económicas mundiales.

4.2.4.   Las observaciones que preceden indican muy claramente que es cada vez menos posible incluir todas estas dimensiones en la Estrategia de Lisboa, so pena de desvirtuarla.

4.2.5.   No obstante, estos elementos resultan cada vez más determinantes para garantizar que se alcanza plenamente el objetivo para el que la propia Estrategia nació, es decir, elaborar la respuesta europea a las dinámicas de la globalización.

4.2.6.   Por otro lado, una gran parte de estas políticas exteriores de la UE se basa esencialmente en prácticas consolidadas y caracterizadas por un elevado grado de integración, ya se trate de políticas comunitarias o de políticas compartidas por la Unión y los Estados miembros. Quizá éstas no estén aún lo suficientemente coordinadas entre sí o siguen careciendo de una visión estratégica general de conjunto, pero siempre pueden evolucionar y ejercer una influencia nada desdeñable y, en cualquier caso, superior en toda regla al de cada uno de los Estados miembros y al de muchas otras políticas internas de la propia Unión.

4.3.   Hacia una estrategia exterior renovada de la Unión Europea

4.3.1.   Por lo tanto, sería más apropiado hablar de una «componente externa de una estrategia europea para la globalización después de 2010», que debería coordinarse estrechamente e integrarse en la componente interna que constituye la evolución de la actual Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, pero reforzada en su autonomía y dotada de una nueva finalidad estratégica más vinculante
   (10).

4.3.2.   Europa necesita una nueva visión de su papel en el escenario mundial y un plan de acción adecuado, que esté a la altura de los retos del siglo XXI y se base en el sistema de valores propio de la UE, a fin de que pueda comunicarse y ser comprendido por los ciudadanos y las partes interesadas europeas, debatido con los principales interlocutores mundiales y presentado en los foros internacionales.

4.3.3.   Esta visión, centrada en una perspectiva de progreso y de empleo de calidad, que responda a una lógica de desarrollo sostenible y que esté en condiciones de promover sociedades inclusivas, economías abiertas y relaciones pacíficas, debe también incluir una estrategia global y a largo plazo. La UE debe tener aún más en cuenta los aspectos geoestratégicos de su propia posición histórica y geográfica, la indispensable seguridad del suministro de materias primas y energía
   (11)
  y el desarrollo ineludible de nuevos mercados, que en la actualidad disponen todavía de poco poder adquisitivo.

4.3.4.   Por otra parte, una contribución pertinente al desarrollo de esta visión procede del documento –breve pero eficaz– que la Comisión elaboró para la cumbre de Hampton Court de octubre de 2007 titulado «El interés europeo: Triunfar en la era de la mundialización» (12). Ese mismo año, el CESE también se había manifestado en el mismo sentido (13).

4.3.5.   La Estrategia de Lisboa renovada para después de 2010 debería apoyarse con una nueva organización más estratégica de la acción exterior de la Unión, encaminada a crear y desarrollar el espacio y el papel de Europa en el nuevo escenario de la globalización.

4.3.6.   Para lograrlo, a la vez que se refuerza y amplía la línea de conducta que se apuntó en las Conclusiones del Consejo de marzo de 2008, es necesario elaborar un plan de acción preciso y estructurado en torno a cuatro niveles de sinergia, coherentes entre ellos, con el objetivo de:

| — | garantizar una apertura equilibrada de los mercados y el desarrollo de los intercambios internacionales de bienes y servicios, velando al mismo tiempo por hacer seguro y sostenible
  el acceso de Europa a los recursos que le resultan de importancia estratégica, |
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garantizar una apertura equilibrada de los mercados y el desarrollo de los intercambios internacionales de bienes y servicios, velando al mismo tiempo por hacer seguro y sostenible
  el acceso de Europa a los recursos que le resultan de importancia estratégica,

| — | reforzar el diálogo económico con todos los socios principales, en el marco de un enfoque multilateral, y consolidar el papel del euro en el ámbito internacional, |
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reforzar el diálogo económico con todos los socios principales, en el marco de un enfoque multilateral, y consolidar el papel del euro en el ámbito internacional,

| — | proponer a la UE como «potencia normativa internacional“, promotora de una mejora de las normas en los ámbitos de la industria y el medio ambiente, en materia social y también en lo que respecta a las condiciones del trabajo” digno», los contratos públicos y la propiedad intelectual, contribuyendo a la definición de nuevas normas para los mercados financieros y la gobernanza de la economía internacional tanto a nivel multilateral como regional, |
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proponer a la UE como «potencia normativa internacional“, promotora de una mejora de las normas en los ámbitos de la industria y el medio ambiente, en materia social y también en lo que respecta a las condiciones del trabajo” digno», los contratos públicos y la propiedad intelectual, contribuyendo a la definición de nuevas normas para los mercados financieros y la gobernanza de la economía internacional tanto a nivel multilateral como regional,

| — | reactivar las tres principales políticas de desarrollo exterior de la UE, lo que equivale a concluir el proceso de ampliación, la política de vecindad y la Unión para el Mediterráneo, así como la nueva asociación con África en el marco de los acuerdos ACP, comprometiéndose en la construcción de un extenso espacio de desarrollo privilegiado que fomente un crecimiento económico de ambas partes, al que se ha denominado ya EurÁfrica
   (14)
  y en el que la Unión Europea debería fijarse el objetivo de desempeñar un papel geoestratégico principal. |
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reactivar las tres principales políticas de desarrollo exterior de la UE, lo que equivale a concluir el proceso de ampliación, la política de vecindad y la Unión para el Mediterráneo, así como la nueva asociación con África en el marco de los acuerdos ACP, comprometiéndose en la construcción de un extenso espacio de desarrollo privilegiado que fomente un crecimiento económico de ambas partes, al que se ha denominado ya EurÁfrica
   (14)
  y en el que la Unión Europea debería fijarse el objetivo de desempeñar un papel geoestratégico principal.

4.3.7.   La importancia que se propone dar a la dimensión exterior es la señal de que la UE quiere entrar en una nueva fase política en su propio proceso de unificación, centrada en el desarrollo de su sistema de relaciones con el resto del mundo, del que extraerá una energía renovada y recursos que garanticen una realización más acabada del modelo europeo de economía social de mercado, asegurando así a su población un futuro de progreso en paz. Se trata, de alguna manera, de hacer realidad las premisas inherentes a la intuición que constituye la base del proceso de fundación de la Unión Europea, en el que, desde la declaración Schuman hasta el preámbulo del Tratado de Roma, los dos aspectos del proyecto europeo –interno y externo– estaban intrínsecamente vinculados y se enriquecían mutuamente.

5.   Algunas propuestas más específicas

5.1.   Políticas generales más coherentes y proactivas

| — | La acción de la UE encaminada a reformar el sistema multilateral y mejorar las normas de base de la globalización requiere un proceso doble de coherencia entre las políticas internas y externas de la UE y de coordinación claramente reforzada con los Estados miembros. |
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La acción de la UE encaminada a reformar el sistema multilateral y mejorar las normas de base de la globalización requiere un proceso doble de coherencia entre las políticas internas y externas de la UE y de coordinación claramente reforzada con los Estados miembros.

| — | La promoción de la regulación social, la negociación entre los interlocutores sociales y los sistemas universales de protección social deben constituir un eje central de las políticas de desarrollo y los mandatos de negociación de la Unión Europea. |
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La promoción de la regulación social, la negociación entre los interlocutores sociales y los sistemas universales de protección social deben constituir un eje central de las políticas de desarrollo y los mandatos de negociación de la Unión Europea.

| — | Convendría integrar en las prioridades de la acción exterior de la Unión Europea el fomento de la educación y la formación, las normas fundamentales del trabajo, el desarrollo de la protección social, la igualdad entre los hombres y las mujeres y la integración de los grupos más desfavorecidos (minusválidos, minorías étnicas, etc.). |
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Convendría integrar en las prioridades de la acción exterior de la Unión Europea el fomento de la educación y la formación, las normas fundamentales del trabajo, el desarrollo de la protección social, la igualdad entre los hombres y las mujeres y la integración de los grupos más desfavorecidos (minusválidos, minorías étnicas, etc.).

| — | La UE debe distinguirse por el respeto de los compromisos suscritos. Este imperativo vale, en particular, para el objetivo del 0,7 % del PIB que debe destinarse a la ayuda al desarrollo y para su vocación –que reitera incesantemente– de poner al servicio de otras naciones y regiones los resultados e instrumentos de su progreso. Es decisivo alcanzar un compromiso específico para revitalizar la asociación África-Unión Europea. |
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La UE debe distinguirse por el respeto de los compromisos suscritos. Este imperativo vale, en particular, para el objetivo del 0,7 % del PIB que debe destinarse a la ayuda al desarrollo y para su vocación –que reitera incesantemente– de poner al servicio de otras naciones y regiones los resultados e instrumentos de su progreso. Es decisivo alcanzar un compromiso específico para revitalizar la asociación África-Unión Europea.

| — | Un aumento sensible de los recursos e inversiones con destino a los países en desarrollo, en el contexto del futuro acuerdo de Copenhague de diciembre de 2009, puede representar una ocasión extraordinaria de desarrollo y progreso de todas las partes. La nueva Estrategia de Lisboa podrá así ofrecer las condiciones de investigación, innovación, inversión y conocimiento adecuadas para permitir impulsar un nuevo«crecimiento verde»a escala mundial. |
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Un aumento sensible de los recursos e inversiones con destino a los países en desarrollo, en el contexto del futuro acuerdo de Copenhague de diciembre de 2009, puede representar una ocasión extraordinaria de desarrollo y progreso de todas las partes. La nueva Estrategia de Lisboa podrá así ofrecer las condiciones de investigación, innovación, inversión y conocimiento adecuadas para permitir impulsar un nuevo«crecimiento verde»a escala mundial.

| — | Es necesario un nivel más elevado de seguimiento y transparencia en las negociaciones comerciales, así como un refuerzo de la participación de la sociedad civil en este sistema de relaciones y negociaciones externas. |
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Es necesario un nivel más elevado de seguimiento y transparencia en las negociaciones comerciales, así como un refuerzo de la participación de la sociedad civil en este sistema de relaciones y negociaciones externas.

| — | La UE debe promover la integración regional y seguir siendo un ejemplo atractivo para otras partes. Las macrorregiones son una realidad que no deja de extenderse y profundizarse, y Europa puede y debe también desempeñar un papel importante en el desarrollo de la cooperación intrarregional, que, además de la liberalización del comercio, debe incluir la cooperación al desarrollo, el diálogo político y la cooperación cultural. |
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La UE debe promover la integración regional y seguir siendo un ejemplo atractivo para otras partes. Las macrorregiones son una realidad que no deja de extenderse y profundizarse, y Europa puede y debe también desempeñar un papel importante en el desarrollo de la cooperación intrarregional, que, además de la liberalización del comercio, debe incluir la cooperación al desarrollo, el diálogo político y la cooperación cultural.

| — | Habida cuenta del reto que plantea la seguridad alimentaria, desde la perspectiva de la plena realización del derecho humano fundamental a una alimentación sana, segura, adecuada y sostenible (15), es conveniente revisar los mandatos de negociación actuales, reconociendo la especificidad de los productos agrícolas y previendo medidas de salvaguardia que tengan en cuenta las asimetrías de las condiciones de producción y de los mercados respectivos, a fin de imprimir un nuevo impulso a la conclusión de los principales acuerdos comerciales sobre otras materias, empezando por los acuerdos de asociación económica. |
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Habida cuenta del reto que plantea la seguridad alimentaria, desde la perspectiva de la plena realización del derecho humano fundamental a una alimentación sana, segura, adecuada y sostenible (15), es conveniente revisar los mandatos de negociación actuales, reconociendo la especificidad de los productos agrícolas y previendo medidas de salvaguardia que tengan en cuenta las asimetrías de las condiciones de producción y de los mercados respectivos, a fin de imprimir un nuevo impulso a la conclusión de los principales acuerdos comerciales sobre otras materias, empezando por los acuerdos de asociación económica.

| — | Habida cuenta del criterio de«potencial comercial», que vincula el índice de crecimiento de cada región con la dimensión de sus mercados respectivos, es conveniente, junto con los acuerdos regionales con los países ACP, proseguir y reanudar la celebración de acuerdos bilaterales y regionales con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Corea, India, Rusia, Mercosur y los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG). |
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Habida cuenta del criterio de«potencial comercial», que vincula el índice de crecimiento de cada región con la dimensión de sus mercados respectivos, es conveniente, junto con los acuerdos regionales con los países ACP, proseguir y reanudar la celebración de acuerdos bilaterales y regionales con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Corea, India, Rusia, Mercosur y los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG).

| — | Debe definirse una prioridad específica para China en razón de los importantes intereses ofensivos y defensivos de la UE, que ofrecen márgenes de negociación significativos, el aumento constante de las interacciones recíprocas o en nombre de una lógica geopolítica global. |
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Debe definirse una prioridad específica para China en razón de los importantes intereses ofensivos y defensivos de la UE, que ofrecen márgenes de negociación significativos, el aumento constante de las interacciones recíprocas o en nombre de una lógica geopolítica global.

| — | Es importante también prestar más atención
  a las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, Japón y Canadá, que ocupan, respectivamente, el primer, tercer y octavo lugar en la lista de potencias comerciales. Es necesario reactivar el marco de las relaciones transatlánticas, a fin de reducir los elementos de fricción y optimizar los efectos de sinergia mediante una convergencia creciente de las instituciones y las políticas (16). |
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Es importante también prestar más atención
  a las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, Japón y Canadá, que ocupan, respectivamente, el primer, tercer y octavo lugar en la lista de potencias comerciales. Es necesario reactivar el marco de las relaciones transatlánticas, a fin de reducir los elementos de fricción y optimizar los efectos de sinergia mediante una convergencia creciente de las instituciones y las políticas (16).

| — | Habida cuenta de la posible extensión de la zona cubierta por la Unión Económica y Monetaria en los próximos años, el euro podría tener que desempeñar un papel más importante como divisa fuerte y moneda de referencia mundial, evolución que requerirá inevitablemente un refuerzo de las modalidades de representación unitaria en las organizaciones económicas y financieras internacionales. |
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Habida cuenta de la posible extensión de la zona cubierta por la Unión Económica y Monetaria en los próximos años, el euro podría tener que desempeñar un papel más importante como divisa fuerte y moneda de referencia mundial, evolución que requerirá inevitablemente un refuerzo de las modalidades de representación unitaria en las organizaciones económicas y financieras internacionales.

5.2.   Más instrumentos de gobernanza y para las políticas sectoriales

| — | Es importante también integrar
  la dimensión exterior de políticas como la investigación, el medio ambiente, la educación y el empleo en el marco de un enfoque más extenso de la acción exterior de la UE. |
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Es importante también integrar
  la dimensión exterior de políticas como la investigación, el medio ambiente, la educación y el empleo en el marco de un enfoque más extenso de la acción exterior de la UE.

| — | En el contexto actual, sería necesario poder definir más claramente un grupo limitado de comisarios europeos que estaría encargado claramente de dirigir el conjunto de las políticas exteriores de la UE (comercio, desarrollo, migración, aspectos externos de las políticas de competencia y del mercado interior, diplomacia energética, etc.) y que podría dar a la UE un rostro mucho más unitario y colectivo en el exterior y en los principales foros internacionales. Una rápida entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el nuevo papel del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común podrán garantizar una evolución favorable para el futuro. |
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En el contexto actual, sería necesario poder definir más claramente un grupo limitado de comisarios europeos que estaría encargado claramente de dirigir el conjunto de las políticas exteriores de la UE (comercio, desarrollo, migración, aspectos externos de las políticas de competencia y del mercado interior, diplomacia energética, etc.) y que podría dar a la UE un rostro mucho más unitario y colectivo en el exterior y en los principales foros internacionales. Una rápida entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el nuevo papel del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común podrán garantizar una evolución favorable para el futuro.

| — | En espera de que se concrete la perspectiva de una representación única de la UE en las principales instituciones internacionales (Bretton Woods, G8/14 y G-20), los Estados miembros de la UE deberían constituir grupos más coherentes dentro de las distintas instituciones o en las cumbres de alto nivel, a fin de coordinar sistemáticamente las posiciones respectivas y hablar con un sola voz lo más frecuentemente posible. |
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En espera de que se concrete la perspectiva de una representación única de la UE en las principales instituciones internacionales (Bretton Woods, G8/14 y G-20), los Estados miembros de la UE deberían constituir grupos más coherentes dentro de las distintas instituciones o en las cumbres de alto nivel, a fin de coordinar sistemáticamente las posiciones respectivas y hablar con un sola voz lo más frecuentemente posible.

| — | Es urgente que la UE se presente en el exterior con misiones comerciales comunes, de manera que se refuerce la presencia estratégica europea en su conjunto, en particular en las relaciones con sus principales socios comerciales. |
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Es urgente que la UE se presente en el exterior con misiones comerciales comunes, de manera que se refuerce la presencia estratégica europea en su conjunto, en particular en las relaciones con sus principales socios comerciales.

| — | La UE debe reforzar su apoyo al proceso de internacionalización de sus empresas, en particular en lo que se refiere a su capacidad para establecerse en los distintos mercados y adaptarse a los contextos y las dinámicas de los distintos mercados. |
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La UE debe reforzar su apoyo al proceso de internacionalización de sus empresas, en particular en lo que se refiere a su capacidad para establecerse en los distintos mercados y adaptarse a los contextos y las dinámicas de los distintos mercados.

| — | La UE debe esforzarse al máximo para que la OMC incluya entre sus propios objetivos los derechos de los trabajadores, el desarrollo industrial, la creación de empleos dignos y la dimensión medioambiental. Del mismo modo, es necesario que las instituciones financieras internacionales concedan prioridad a la promoción del trabajo digno y al desarrollo sostenible. |
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La UE debe esforzarse al máximo para que la OMC incluya entre sus propios objetivos los derechos de los trabajadores, el desarrollo industrial, la creación de empleos dignos y la dimensión medioambiental. Del mismo modo, es necesario que las instituciones financieras internacionales concedan prioridad a la promoción del trabajo digno y al desarrollo sostenible.

| — | De acuerdo con el concepto europeo de la responsabilidad social de las empresas, debe instarse a las empresas multinacionales europeas para que promuevan el diálogo social en las empresas y los sectores de los diferentes países extranjeros en los que operan. Hay que dar más valor a las buenas prácticas ya aplicadas por numerosas empresas europeas sobre la base de los «principios rectores» adoptados en la OCDE y basados en las normas sociales de la OIT, así como a las demás iniciativas lanzadas por un conjunto más extenso de protagonistas no estatales y de la economía social en el ámbito de la formación, la salud y la promoción de mejores condiciones de vida y trabajo. |
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De acuerdo con el concepto europeo de la responsabilidad social de las empresas, debe instarse a las empresas multinacionales europeas para que promuevan el diálogo social en las empresas y los sectores de los diferentes países extranjeros en los que operan. Hay que dar más valor a las buenas prácticas ya aplicadas por numerosas empresas europeas sobre la base de los «principios rectores» adoptados en la OCDE y basados en las normas sociales de la OIT, así como a las demás iniciativas lanzadas por un conjunto más extenso de protagonistas no estatales y de la economía social en el ámbito de la formación, la salud y la promoción de mejores condiciones de vida y trabajo.

| — | La UE debe elaborar políticas migratorias proactivas y globales que faciliten el codesarrollo entre los países de origen y los países de acogida de los emigrantes, centrándose en particular en la lucha contra la trata de seres humanos, la fuga de cerebros y las remesas de los inmigrantes, que constituyen hoy un flujo financiero de importancia indiscutible (17). |
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La UE debe elaborar políticas migratorias proactivas y globales que faciliten el codesarrollo entre los países de origen y los países de acogida de los emigrantes, centrándose en particular en la lucha contra la trata de seres humanos, la fuga de cerebros y las remesas de los inmigrantes, que constituyen hoy un flujo financiero de importancia indiscutible (17).

| — | El papel creciente de los fondos soberanos en la economía mundial y la importancia determinante del Estado en las economías emergentes de las que proceden estos fondos constituyen, sin duda, una gran oportunidad para las principales economías desarrolladas, así como para la recuperación de la economía internacional, pero entrañan también un riesgo geopolítico de pérdida de soberanía en sectores y tecnologías estratégicos para la UE. Es importante que la UE defina sobre este tema una posición propia y coordinada, que tenga en cuenta los compromisos y las disposiciones de los Tratados en vigor, pero también postulados más precisos y consensuados en materia de defensa del interés nacional, que debe, cada vez más, concebirse como «interés europeo». |
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El papel creciente de los fondos soberanos en la economía mundial y la importancia determinante del Estado en las economías emergentes de las que proceden estos fondos constituyen, sin duda, una gran oportunidad para las principales economías desarrolladas, así como para la recuperación de la economía internacional, pero entrañan también un riesgo geopolítico de pérdida de soberanía en sectores y tecnologías estratégicos para la UE. Es importante que la UE defina sobre este tema una posición propia y coordinada, que tenga en cuenta los compromisos y las disposiciones de los Tratados en vigor, pero también postulados más precisos y consensuados en materia de defensa del interés nacional, que debe, cada vez más, concebirse como «interés europeo».

| — | Es necesario dar relieve a las competencias específicas del Instituto Europeo de Tecnología en el marco de las distintas asociaciones, en particular en lo que se refiere a la posible extensión a países extracomunitarios de las colaboraciones llevadas a cabo en las «comunidades del conocimiento y la innovación» (redes de excelencia entre institutos de enseñanza superior, institutos de investigación, empresas y otras partes interesadas). |
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Es necesario dar relieve a las competencias específicas del Instituto Europeo de Tecnología en el marco de las distintas asociaciones, en particular en lo que se refiere a la posible extensión a países extracomunitarios de las colaboraciones llevadas a cabo en las «comunidades del conocimiento y la innovación» (redes de excelencia entre institutos de enseñanza superior, institutos de investigación, empresas y otras partes interesadas).

5.3.   Mayor participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil

| — | Es necesario favorecer por todos los medios la búsqueda y elaboración de estrategias comunes de la sociedad civil europea para afrontar los retos y las oportunidades que se derivan de la globalización, en concertación con los principales socios económicos y sociales de la UE. Una mayor valorización de los consejos económicos y sociales nacionales y organizaciones similares, así como de las principales redes y organizaciones europeas de interlocutores sociales, de la sociedad civil organizada y de la economía social, puede favorecer un proceso más general de responsabilización y el desarrollo de buenas prácticas. |
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Es necesario favorecer por todos los medios la búsqueda y elaboración de estrategias comunes de la sociedad civil europea para afrontar los retos y las oportunidades que se derivan de la globalización, en concertación con los principales socios económicos y sociales de la UE. Una mayor valorización de los consejos económicos y sociales nacionales y organizaciones similares, así como de las principales redes y organizaciones europeas de interlocutores sociales, de la sociedad civil organizada y de la economía social, puede favorecer un proceso más general de responsabilización y el desarrollo de buenas prácticas.

| — | La UE debe favorecer el mayor grado posible de participación y diálogo con los interlocutores sociales y la sociedad civil de los terceros países, a fin de reforzar la visibilidad y la coherencia de las políticas de la UE en materia de comercio, desarrollo y relaciones exteriores en general. Se trata, en particular, de establecer sistemas de diálogo estructurado y permanente con las organizaciones activas en el ámbito de la integración regional y mundial, favoreciendo, además, el reconocimiento de las instancias consultivas representativas de la sociedad civil organizada en el marco de los acuerdos comerciales y de asociación. |
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La UE debe favorecer el mayor grado posible de participación y diálogo con los interlocutores sociales y la sociedad civil de los terceros países, a fin de reforzar la visibilidad y la coherencia de las políticas de la UE en materia de comercio, desarrollo y relaciones exteriores en general. Se trata, en particular, de establecer sistemas de diálogo estructurado y permanente con las organizaciones activas en el ámbito de la integración regional y mundial, favoreciendo, además, el reconocimiento de las instancias consultivas representativas de la sociedad civil organizada en el marco de los acuerdos comerciales y de asociación.

| — | El grupo de contacto de la sociedad civil creado hace varios años por la DG Comercio ha resultado muy provechoso y constituye una buena práctica que debe fomentarse. |
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El grupo de contacto de la sociedad civil creado hace varios años por la DG Comercio ha resultado muy provechoso y constituye una buena práctica que debe fomentarse.

| — | El CESE ha ido construyendo progresivamente un sistema estructurado de relaciones
   (18)
  , que constituye una base importante en el diálogo interinstitucional para desarrollar de manera constante la participación activa de la sociedad civil de casi todas las regiones del mundo. En materia de seguimiento, el CESE considera que puede desempeñar un papel activo que, por otra parte, ya se le ha atribuido en algunos casos específicos como las tareas institucionales previstas en el Acuerdo de Cotonú con los países ACP, los comités consultivos mixtos instituidos con varios países candidatos a la adhesión a la UE o también el trabajo desarrollado en el Euromed y el Mercosur. La documentación, los dictámenes y las declaraciones finales que se elaboran cada año en los numerosos encuentros organizados por el CESE en el marco de este sistema constituyen una fuente importante de análisis y propuestas de democracia participativa para el conjunto de las relaciones exteriores de la Unión. |
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El CESE ha ido construyendo progresivamente un sistema estructurado de relaciones
   (18)
  , que constituye una base importante en el diálogo interinstitucional para desarrollar de manera constante la participación activa de la sociedad civil de casi todas las regiones del mundo. En materia de seguimiento, el CESE considera que puede desempeñar un papel activo que, por otra parte, ya se le ha atribuido en algunos casos específicos como las tareas institucionales previstas en el Acuerdo de Cotonú con los países ACP, los comités consultivos mixtos instituidos con varios países candidatos a la adhesión a la UE o también el trabajo desarrollado en el Euromed y el Mercosur. La documentación, los dictámenes y las declaraciones finales que se elaboran cada año en los numerosos encuentros organizados por el CESE en el marco de este sistema constituyen una fuente importante de análisis y propuestas de democracia participativa para el conjunto de las relaciones exteriores de la Unión.

| — | El CESE podría, además, organizar seminarios específicos u otras reuniones periódicas para consultar a los medios económicos y sociales de los países y las regiones pertinentes, en este caso en el marco de las mesas redondas y los distintos encuentros existentes, con el objetivo de comparar las distintas estrategias adoptadas en cada una de las zonas y regiones del mundo e intercambiar buenas prácticas, contribuyendo así al mismo tiempo a mejorar la definición de la acción exterior de la Unión Europea, al desarrollo futuro de la Estrategia de Lisboa para después de 2010 y al desarrollo de las estrategias de los socios respectivos. |
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El CESE podría, además, organizar seminarios específicos u otras reuniones periódicas para consultar a los medios económicos y sociales de los países y las regiones pertinentes, en este caso en el marco de las mesas redondas y los distintos encuentros existentes, con el objetivo de comparar las distintas estrategias adoptadas en cada una de las zonas y regiones del mundo e intercambiar buenas prácticas, contribuyendo así al mismo tiempo a mejorar la definición de la acción exterior de la Unión Europea, al desarrollo futuro de la Estrategia de Lisboa para después de 2010 y al desarrollo de las estrategias de los socios respectivos.

Bruselas, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  Punto 12 de las Conclusiones de la Presidencia (13-14 de marzo de 2008).

1

(2)  Maria João Rodrigues: Europe, Globalisation and the Lisbon Agenda. Institute for Strategic and International Studies, 2009.

2

(3)  COM(2006) 278 final y COM(2007) 581 final.

3

(4)  COM(2005) 311 final.

4

(5)  DO C 77 de 31.3.2009, p. 148.

5

(6)  COM(2006) 567 final.

6

(7)  Estos últimos estaban ya previstos en el marco del Acuerdo de Cotonú con los países ACP, a fin de llevar a cabo seis acuerdos de asociación económica (AAE) de nivel regional.

7

(8)  COM(2008) 874 final.

8

(9)  DO C 175, 27.7.2007, p. 57 y DO C 211 de 19.8.2008, p. 82.

9

(10)  Véanse las conclusiones del grupo coordinado por Laurent Cohen Tanugi, que elaboró el informe preparatorio para la Presidencia francesa de la UE en el segundo semestre de 2008 (www.euromonde2015.eu).

10

(11)  DO C 27 de 3.2.2009, p. 82, DO C 277 de 17.11.2009, p. 92; y Dictamen del CESE sobre el tema «La energía y el cambio climático como elemento central de la Estrategia de Lisboa renovada» (veáse página 36 del presente Diario Oficial).

11

La energía y el cambio climático como elemento central de la Estrategia de Lisboa renovada

(12)  COM(2007) 581 final.

12

(13)  DO C 175 de 27.7.2007, p. 57.

13

(14)  Últimamente por A. Riccardi, Premio Carlo Magno, en Aquisgrán, el 21 de mayo de 2009.

14

(15)  Véase el informe del Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, titulado «La ronda de Doha no impedirá otra crisis alimentaria» (9 de marzo de 2009).

15

La ronda de Doha no impedirá otra crisis alimentaria

(16)  DO C 228 de 22.9.2009, p. 32.

16

(17)  DO C 120, 6.5.2008, p. 82 y DO C 44 de 16.2.2008, p. 91.

17

(18)  Véase el programa de trabajo de la Sección Especializada de Relaciones Exteriores del CESE, http://eesc.europa.eu/sections/rex/index_fr.asp.

18

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/48 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/48

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Universidades para Europa»

(Dictamen de iniciativa)

(2010/C 128/09)

Ponente General: Joost VAN IERSEL

El 5 de marzo de 2009, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema:

«Universidades para Europa»

La preparación de los trabajos sobre este asunto se encomendó a la Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social (Observatorio de la Estrategia de Lisboa).

Dada la naturaleza de los trabajos, en su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 4 de noviembre), el Comité Económico y Social Europeo nombró ponente general a Joost van Iersel y aprobó por 158 votos a favor, 8 en contra y 12 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   El CESE considera que las universidades desempeñan un papel fundamental en el triángulo del conocimiento: educación, investigación e innovación. Es preciso que se perciba que revisten una importancia clave para el desarrollo socioeconómico sostenible de Europa. En el actual sistema universitario, que no es el óptimo, el gran potencial de las universidades está insuficientemente desarrollado. En la Estrategia de Lisboa para después de 2010 debería contemplarse una mejora en ese sentido.

1.2.   Desde la celebración de la Conferencia de Bolonia en 1999 y, posteriormente, la adopción de la Estrategia de Lisboa, a nivel de la UE se viene otorgando una prioridad cada vez mayor a las universidades. Pese a que los Estados miembros y las universidades han fijado nuevos objetivos, existe un creciente sentimiento de preocupación entre los universitarios y en la sociedad ante la fragmentación de la educación superior europea y la lentitud con que se adoptan las necesarias reformas.

1.3.   El CESE destaca la necesidad de reformar las universidades europeas dado que la evolución económica, tecnológica y educativa mundial, y la actual crisis financiera, exigen una mayor rentabilidad, un entorno mejorado y mayores oportunidades para estudiantes, catedráticos e investigadores.

1.4.   Los ajustes necesarios incluyen una mayor autonomía y que las universidades respondan ante la sociedad del modo en que cumplen la tarea pública que les ha sido encomendada, la ampliación de los métodos de financiación (suficiente), una mayor transparencia y apertura, el partenariado con la comunidad empresarial, el fomento de la excelencia (que debe situarse a un nivel de prestigio mundial) en la docencia y la investigación, y unas prácticas adecuadas de gestión de los recursos humanos.

1.5.   El CESE destaca la necesidad de una metodología europea para valorar el rendimiento y recabar datos comparables. Una valoración europea debería ser el resultado de un estudio en profundidad realizado por expertos independientes y debería ir mucho más allá del número de veces que aparecen citados autores u obras y de la «Lista de Shanghai», que es excesivamente unidimensional, para abarcar una amplia gama de indicadores multidimensionales. (1)

1.6.   Mediante estándares actualizados y comparables para la educación y la investigación, así como una amplia base que facilite el desarrollo multidisciplinar y nuevas combinaciones, se debería fomentar la diversidad y la especialización de las universidades, evitando así la homogeneidad y la similitud.

1.7.   El CESE defiende una integración coherente de las universidades en la Estrategia de Lisboa renovada, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EHEA) y del Espacio Europeo de Investigación (ERA) (2).

1.8.   Debería ofrecerse a los estudiantes y especialistas más oportunidades de realizar carreras interdisciplinares en Europa. Ello implica, entre otras cosas, que se practique la contratación abierta y se apruebe una Carta del investigador, lo cual se relaciona con la instauración de la «quinta libertad», es decir, la libre circulación del conocimiento, manteniendo la diversidad de enfoques y la competencia para lograr los mejores resultados.

1.9.   En toda Europa debería utilizarse un enfoque abierto con respecto a terceros países, tanto en lo que respecta a los profesores universitarios, investigadores y estudiantes como a las universidades de vanguardia desde el punto de vista científico.

1.10.   El CESE es partidario de la existencia de plataformas educativas de asesoramiento a nivel de la UE y nacional, que incluyan a representantes de la sociedad civil. Tanto los centros de excelencia de nivel mundial como los regionales deberían asumir un compromiso con la sociedad y las regiones en que se hayan inscritos. Esto puede también fomentar un espíritu empresarial en las universidades y servir para apoyar los clusters económicos y del conocimiento.

1.11.   Gozar de un papel y una posición independiente, tal y como el que desempeñaban las universidades hace mucho tiempo, les alentará y fortalecerá como motores intelectuales de Europa. Los enfoques europeos con respecto a la educación y la docencia, la ciencia y la investigación de alto nivel no deberían limitarse a ampliar y profundizar la I+D, la innovación y la docencia europeas. Deberían hacerse extensivos también a otras competencias y disciplinas, como la investigación y la práctica médicas, las ciencias socieconómicas y las humanidades.

1.12.   La Comisión debería apoyar este proceso y desempeñar en él un papel activo y visible.

1.13.   El CESE no considera que intensificar la interrelación entre las universidades y la UE sea una cuestión técnica. Tampoco debería limitarse al sector económico, por muy vital que este sea. Lo que está en juego es un horizonte más amplio, el significado global de las universidades para el aprendizaje permanente y la vida intelectual, para la sociedad, para la civilización.

1.14.   Los padres fundadores y sus sucesores tenían sus motivos para mantener la Educación fuera del Tratado de Roma, pero hoy en día vivimos en una época diferente. La soberanía nacional y la diversidad han de ir paralelas al reconocimiento de que la UE como tal ha de ser un socio y competidor en pie de igualdad a escala mundial. Las universidades son unos socios vitales para lograr este fin.

1.15.   Dicho de otro modo, debería alentarse a las universidades como instituciones a pasar de ser un elemento externo a un componente interno de la integración europea. El Consejo debería expresar a este respecto una opinión clara y con visión de futuro.

2.   Introducción

2.1.   A lo largo de la historia las universidades han desempeñado un papel destacado en el desarrollo de la sociedad europea. Solían ser el propio centro de la vida intelectual y, en muchos aspectos, han sido los motores del progreso.

2.2.   Estudiosos y universitarios, desplazándose libremente por todo el continente entre universidades que gozaban de autonomía, ejercieron una gran influencia sobre las opiniones relativas a toda clase de fenómenos sociales y sobre la ciencia. Pudieron moldear a generaciones de círculos y personalidades que fueron decisivas para la configuración de la sociedad europea desde el punto de vista político, social y económico.

2.3.   Cuando a partir del siglo XVIII empezaron a surgir gradualmente los Estados-nación, las universidades se convirtieron en gran medida en instituciones que proporcionaban una educación nacional y servían a los intereses nacionales en materia de ciencia e investigación. Esta tendencia arraigó profundamente. A pesar de la creciente internacionalización, que también se produjo en la ciencia, la educación superior e incluso la ciencia y la tecnología en las universidades siguen estando hasta cierto punto orientadas al ámbito nacional.

2.4.   La interferencia política se fue convirtiendo progresivamente en algo habitual. Los sistemas educativos en todos los niveles se basan actualmente y están organizados por el nivel decisorio político nacional. La educación superior recibió en todos los lugares un indudable sello nacional. Se caracteriza por numerosas y complicadas diversidades institucionales nacionales, y a menudo por una similitud educativa.

2.5.   En este panorama europeo diversificado son elementos importantes los marcos institucionales, los sistemas de financiación, la gobernanza, el grado de autonomía y la designación y desarrollo de la carrera profesional de profesores e investigadores.

2.6.   Puesto que la ciencia no tiene fronteras, los propios profesores universitarios e investigadores se han venido integrando cada vez más en redes europeas y mundiales. Por tanto, los programas de investigación tienden también a internacionalizarse, aunque a una escala limitada. No obstante, y como excepción destacada, cabe señalar que la educación superior privada, sobre todo las escuelas de empresariales, parece ser por definición más internacional, tanto en su alcance como en sus planteamientos.

2.7.   El Tratado de Roma y los Tratados posteriores carecen de un capítulo titulado «Educación». En aquel momento no se consideraba que existiese correlación entre la integración económica y la educación. La educación siguió estando basada en el nivel nacional y plenamente sujeta a la «subsidiariedad». Cualquier decisión relativa a la educación a nivel europeo se adopta en un marco intergubernamental.

2.8.   No obstante, hay segmentos del sector educativo que paulatinamente no pueden verse ya al margen del proceso de integración. Con un fuerte apoyo de los interlocutores sociales, esta tendencia se inició con aquellos aspectos educativos más directamente vinculados a la economía y al mercado laboral, esto es, la mejora de las cualificaciones y la formación profesional.

2.9.   Desde 1986 el programa de intercambio de estudiantes Erasmus contribuye a internacionalizar los programas de estudios de los estudiantes. En 2009 el programa se amplió con Erasmus Mundus. Otros programas especiales que deben mencionarse son Comett, programa de intercambios entre universidades y empresas en el ámbito de la tecnología, Marie Curie, programa de intercambio para investigadores, y Sócrates, centrado en el aprendizaje permanente.

2.10.   En 1999 se produjo un gran salto adelante para las universidades cuando los ministros de Educación de 29 países aprobaron la Declaración de Bolonia.

2.11.   En el Proceso del Bolonia participan actualmente 46 países del continente europeo. El objetivo global es la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior. En los últimos diez años los asuntos objeto de debate han aumentado considerablemente (3). Las prioridades del Proceso de Bolonia son: la introducción del sistema de tres ciclos –grado, máster y doctorado–, en el que se concede más importancia a los estudios de doctorado y a la investigación, la garantía de calidad, el reconocimiento de cualificaciones y títulos, los períodos de estudios, el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), el aprendizaje permanente, la dimensión social de la educación superior, la movilidad de los estudiantes y del personal y la exploración de la dimensión exterior del Espacio Europeo de Educación Superior (EHEA).

2.12.   La Estrategia de Lisboa hace especial hincapié en la relación existente entre el conocimiento y la competitividad. Ha funcionado como catalizador. Ha contribuido a conducir a las universidades desde la periferia hasta el centro del pensamiento comunitario. Un número cada vez mayor de proyectos de investigación e innovación, iniciados por la Comisión, ha generado una cooperación internacional más amplia dentro de Europa.

2.13.   Por las mismas razones la Comisión establece en varias Comunicaciones la agenda para los debates sobre la reforma y la modernización de las universidades (4).

2.14.   El avance de las reformas universitarias se produce en Europa de manera desigual.

2.15.   La Estrategia de Lisboa renovada en 2005 también dio lugar a nuevas iniciativas destinadas a movilizar a las universidades. Son sumamente importantes las decisiones del Consejo de crear el Consejo Europeo de Investigación (CEI, 2007), y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT, 2008). En la misma línea cabe mencionar el Libro Verde «El Espacio Europeo de Investigación» (5):

2.16.   Un caso especial es el de la Carta Europea del Investigador y el Código de conducta para la contratación de investigadores, de 2005 (6). La Carta y el código de conducta fueron firmados por 800 instituciones de educación superior. No obstante, la práctica muestra que numerosas instituciones no aplican el acuerdo. A veces prevalecen tradiciones específicas que han demostrado su eficacia.

2.17.   La Comisión está confeccionando una etiqueta europea para fomentar la aplicación de la Carta y el código, los cuales respetarían una cierta diversidad de planteamientos.

2.18.   El compromiso efectivo de las universidades europeas en la integración europea es un proceso de largo alcance. Los profesores de universidad, científicos y estudiantes participan cada vez en mayor medida en la dinámica internacional, pero las universidades como instituciones se suelen ver entorpecidas aún por tradiciones y normativas nacionales. Los avances se ven también frenados por el hecho de que la Educación como tal no está incluida aún en el Tratado europeo.

2.19.   Las redes mundiales entre profesores universitarios e investigadores se están ampliando debido a la interacción de universidades, institutos de investigación y empresas multinacionales. Esta tendencia también se ve reflejada en los programas comunitarios.

2.20.   El presente dictamen se centra en las nuevas tendencias y condiciones marco para hacer que las universidades participen de manera más eficaz y visible en la integración europea. Las universidades, de acuerdo con su vocación histórica tradicional, no sólo deberían esperar a recibir el impulso de la Agenda de Lisboa, sino que ellas mismas deberían pasar a ser catalizadores importantes de este proceso.

3.   Observaciones generales

3.1.   Durante los últimos decenios se han intensificado las iniciativas y programas destinados a fomentar la internacionalización de la educación superior en Europa.

3.2.   En opinión del CESE, teniendo en cuenta los nuevos impulsos, las universidades deberían participar de manera visible en el nuevo ciclo de la Estrategia de Lisboa.

3.3.   Los análisis internacionales coinciden de manera unánime en que, dada la celeridad de progreso tecnológico y de la innovación, así como la mayor competencia, el mundo académico europeo en su conjunto está insuficientemente preparado para desempeñar el papel que le corresponde, y tiende, en términos relativos, incluso a perder terreno (7).

3.4.   El objetivo debe ser el de optimizar el desarrollo del talento y la igualdad de acceso –incluida la transición entre distintos niveles de estudios (superiores) y la formación permanente– en toda Europa, evitando cualquier discriminación. Un problema especial es el número de estudiantes que abandonan los estudios. Deberían desarrollarse sistemas de tutorías más eficaces. Los fines públicos que persiguen las universidades en Europa deben mantenerse y no constituyen en sí mismos un impedimento para garantizar la calidad y la excelencia. (8)

Pese a todas las diferencias, que también pueden implicar discrepancias sustanciales en cuanto a la calidad de los resultados académicos, deberían estudiarse en profundidad las características que son comunes a toda Europa. En el marco del presente dictamen, merece la pena destacar lo siguiente:

3.5.1.   El grado de autonomía. El panorama es sumamente complejo. Aunque existe una tendencia a conceder mayor autonomía a las universidades, en general sigue predominando la interferencia de las autoridades públicas (9). La ausencia de suficiente autonomía y rendición de cuentas tienden a confirmar la existencia de perspectivas tradicionales y un exceso de regulación. Una estructura pública, apoyada por la implicación de los poderes públicos, no tiene por qué retardar la autonomía (10) Los objetivos deberían ser: una mejor preparación de los estudiantes para su acceso al mercado laboral y una actitud más práctica respecto a la investigación y la innovación.

3.5.2.   La forma de financiación. Aquí, una vez más, el panorama es muy diverso, pero en general la financiación pública resulta decisiva (11). Esto hace que la educación superior y la investigación dependan por lo general en gran medida de prioridades políticas –entre otras muchas prioridades–, lo que a menudo tiene como resultado una financiación insuficiente. Además, existen escasísimos incentivos para diversificar las fuentes de financiación, mediante por ejemplo aportaciones de fundaciones y empresas o la introducción de tasas de matriculación (pero acompañadas de becas y préstamos) (12).

3.5.3.   La falta de transparencia. Debido a la inexistencia de datos fidedignos comparables sobre las universidades, ni los estudiantes ni los investigadores están en condiciones de conocer los cursos o competencias que les pueden interesar en Europa. Como instrumento de transparencia, resulta esencial establecer una metodología europea de clasificación. Ello favorecería el conocimiento compartido y la colaboración sobre los programas educativos y de investigación existentes en toda Europa, y una información y una calidad adecuadas. Esto podría fomentar la movilidad general de estudiantes e investigadores.

3.6.   Es evidente que el hecho de que la educación y la enseñanza superior sean responsabilidad exclusivamente nacional no provoca en las universidades una actitud de mirar más allá de los propios horizontes y fronteras nacionales. El resultado es un modelo fragmentado de instituciones de educación superior que, en algunos casos, está más o menos cerrado a la dinámica del mundo exterior.

3.7.   Además, la fragmentación persiste debido a los distintos requisitos de calidad –también en la aplicación de modelo «grado-máster»–, a unas condiciones laborales no demasiado atractivas, y a unos modelos de financiación a menudo mediocres, que bloquean la apertura, los valores académicos compartidos y la movilidad transfonteriza salvo para una élite.

3.8.   La escasa autonomía tiende a fomentar la similitud y la homogeneidad entre universidades. Esto da lugar a que en una serie de países existan cursos universitarios e instalaciones de investigación «generales», en lugar de heterogeneidad y especialización cualificada.

3.9.   Los programas de investigación e innovación, definidos a menudo por plataformas nacionales de innovación, tienen sobre todo una base nacional, y, por lo general, no están integrados en perspectivas más amplias. Los solapamientos y las diferencias de calendario y agenda confirman la fragmentación y, por consiguiente, obstaculizan la especialización.

3.10.   No es éste terreno fértil para atraer a investigadores y profesores de prestigio del extranjero, ni de otros Estados miembros ni del resto del mundo. Además, la fuga de cerebros a Estados Unidos constituye una preocupación constante. Mientras tanto, China está fomentando sus propias universidades de élite altamente especializadas, y la India seguirá sus pasos.

3.11.   Varias agrupaciones europeas de universidades coinciden cada vez más en la necesidad de establecer mejores condiciones para la I+D y las capacidades potenciales de conocimiento e innovación (13). Los programas conjuntos de investigación constituyen un instrumento prometedor para la cooperación y para luchar contra la fragmentación (14).

3.12.   La declaración de Bolonia de 1999, que tenía por objeto crear un Espacio Europeo de Educación Superior para 2010, haciéndolo más competitivo mediante la introducción de reformas, fue seguida en 2006 por un nuevo llamamiento de la Comisión (15). En ese documento la Comisión concluye con razón que «este sector crucial de la economía y la sociedad está necesitado de una reestructuración y una modernización en profundidad, si Europa no quiere salir perdiendo en la competencia mundial de la educación, la investigación y la innovación» (16).

3.13.   Se producen ajustes, pero a un ritmo demasiado lento. Además, las políticas nacionales que regulan las universidades difieren considerablemente de un Estado miembro a otro.

3.14.   En los debates celebrados actualmente en círculos académicos se demuestra, y ello es decepcionante, que también el ritmo de progreso hacia ese Espacio Europeo es demasiado vacilante.

3.15.   El coste de la no-Europa puede ser enorme. Como conclusión de estas observaciones, el CESE aboga por que el nuevo ciclo de la Estrategia de Lisboa 2010 incluya una modernización específica de las universidades y la cooperación entre ellas, una mejor coordinación europea y una verdadera transparencia mediante clasificaciones.

4.   La necesidad de nuevas perspectivas

4.1.   Con la Estrategia de Lisboa se intenta lograr un equilibrio entre la convergencia y la coordinación a nivel de la UE y la preservación de las competencias nacionales definiendo objetivos comunes y fomentando programas y políticas comparables en toda Europa. En opinión del CESE, las universidades, como instancias clave en materia de educación, investigación e innovación, deben ocupar un lugar bien definido en la Agenda de Lisboa.

4.2.   Precisamente ahora, en la actual crisis, es preciso conceder una mayor importancia a la educación y a la innovación en su sentido más amplio, lo que debería abrir nuevas vías y oportunidades. Debería garantizarse en toda Europa la continuidad de los programas existentes de I+D y tecnologías aplicadas, así como una mayor movilidad (17) de estudiantes y profesores universitarios.

4.3.   En este contexto el CESE subraya que, a fin de aumentar la transparencia, urge desarrollar datos europeos comparables (18) y una metodología europea fiable para evaluar y comparar el rendimiento de las universidades en distintas dimensiones, como, por ejemplo, la docencia, la investigación y la innovación. Debe tenerse en cuenta que, puesto que se busca heterogeneidad, especialización y diversidad, tales datos no pueden compilarse con facilidad. La aplicación de diferentes métodos podrá mejorar la metodología y el desarrollo de criterios. Es deseable la cooperación con la OCDE.

4.4.   Los programas, mencionados en el punto 2, constituyen un apoyo importante para los intercambios transfronterizos. La creación del Consejo Europeo de Investigación (CEI) constituye un gran salto adelante. El CEI, como motor específico de proyectos de investigación, debe apoyar la internacionalización de las universidades. La financiación y la ejecución de la investigación deben seguir siendo actividades estrictamente separadas.

4.5.   El CEI implica una mayor movilidad transfronteriza de los investigadores mediante la introducción de la denominada «quinta libertad», estrechamente vinculada a la Carta del investigador y al Código para su contratación (19). A la vista del resultado apetecido, son absolutamente necesarias instalaciones adaptadas en las universidades y unas mejores condiciones marco fiscales.

4.6.   La creación del Instituto Europeo de Tecnología (IET) constituye otro paso importante. El IET debería apoyar establecimiento de vínculos y las alianzas. Paralelamente, debería buscarse una mejor coordinación europea entre los programas universitarios. La nueva propuesta de la Comisión relativa a la creación de un Foro Universidad-Empresa es el siguiente paso importante.

4.7.   Hasta ahora, las universidades y los institutos de investigación no se abordan como tales en las cinco iniciativas de colaboración esbozadas por el Consejo para desarrollar el Espacio Europeo de Investigación (EEI). De hecho, entre los seis ejes propuestos en el Libro Verde para desarrollar el EEI (20), se preveía que todos excepto las universidades (y, en general, las instituciones de investigación) profundizasen en materia de cooperación. Esto no se corresponde con la opinión del CESE sobre la necesidad de que las universidades participen en la Estrategia de Lisboa (21).

4.8.   De igual manera, deberían mejorarse las condiciones de las instalaciones de investigación de gran escala (CERN) en toda Europa y los centros de investigación comunes que reúnen a grupos de universidades. Con grandes infraestructuras se logra masa crítica y muchos investigadores comprometidos, lo cual puede atraer recursos financieros adicionales.

4.9.   El CESE considera que la actual crisis debería constituir un nuevo punto de partida con perspectivas coherentes y sostenibles para mantener a Europa como competidor y socio válido en la ciencia y la tecnología.

5.   En respuesta a un contexto dinámico

5.1.   Compromiso de los Estados miembros y de las universidades

5.1.1.   Los tres pilares, educación, ciencia e innovación, exigen un compromiso claro por parte de los Estados miembros. En segundo lugar, también exigen la plena participación de las universidades por derecho propio. Por último, deberían implicar la participación del sector privado. Los mejores resultados se obtendrán mediante un proceso flexible de arriba abajo y de abajo arriba con la participación de numerosas partes interesadas.

5.1.2.   Debe tenerse en cuenta que la creación de redes globales, la dinámica de la tecnología y la investigación, la especialización selectiva y el talento libre crean un nuevo terreno de juego para las universidades (nacionales) que les permite buscar nuevos horizontes (22).

5.1.3.   Esto no supone menoscabar la diversidad cultural, sino lo contrario. Las diversidades nacionales y regionales son el valioso activo de Europa. Pero no cabe duda de que la diversidad del panorama y sus ramificaciones se verán mejor favorecidas por una estrategia global de análisis comunes y objetivos consensuados para abrir las barreras que siguen existiendo, y para fomentar la calidad y la especialización.

5.1.4.   Ante todo, las instituciones de enseñanza superior necesitan una orientación común y un modo de pensar común, que incluya valores académicos comunes, una apertura cultural y académica, menos burocracia, canales transfronterizos, transparencia sobre las cualificaciones profesionales y sus resultados, proyectos tecnológicos transfronterizos y una movilidad transfronteriza. Todo esto puede lograrse manteniendo la diversidad cultural.

5.1.5.   Una mayor autonomía y autogobierno, una mayor flexibilidad y fiabilidad en la financiación y la transparencia potenciarán las iniciativas de modernización por parte de las propias universidades. Estas iniciativas desencadenarán un proceso ascendente en busca de estándares más altos y mayor calidad y especialización.

5.1.6.   La demografía europea debería constituir un fuerte incentivo para adaptar el sistema de educación superior tanto a los estudiantes europeos como a las personas con talento procedentes de terceros países. Si no se producen ajustes, habrá déficits importantes en el futuro. Europa necesita un mayor porcentaje de personas altamente cualificadas para impulsar la productividad mediante la investigación, la difusión del conocimiento y la capacidad innovadora.

5.1.7.   Hay que tener en cuenta que si Estados Unidos es capaz de mantener su posición de liderazgo en una serie de campos se debe solamente a que sus universidades resultan atractivas para las personas procedentes del extranjero.

5.2.   Condiciones de competencia transparentes y evaluación de la calidad

5.2.1.   La sociedad basada en el conocimiento esbozada en la Estrategia de Lisboa exige un mayor grado de educación e investigación interdisciplinar e intersectorial para sustituir la unidisciplinariedad.

5.2.2.   Impulsar unas condiciones de competencia transparentes entre universidades, en lugar de fomentar la uniformidad, responderá a la necesidad de diferenciación y especialización. Esta última también atraerá, cuando resulte deseable, la cofinanciación por parte del sector privado (23).

5.2.3.   Con este telón de fondo, el CESE acoge muy favorablemente la reciente iniciativa de la Comisión de establecer una metodología europea para evaluar el rendimiento de las universidades.

5.2.4.   El ranking europeo debería ser el resultado de un procedimiento de evaluación en profundidad realizado por expertos seleccionados y debería incluir, además del número de veces que aparecen citados autores u obras, la calidad de la docencia y la enseñanza, la investigación, la innovación, los contactos, el «mapa» de especializaciones, las competencias interdisciplinares, los vínculos institucionales entre universidades e institutos de investigación (24) y también los servicios de logística prestados a los estudiantes. Hacen falta métodos europeos de evaluación pluridimensionales para evaluar las prestaciones de las universidades.

5.2.5.   Esta «cartografía» probablemente potenciará la movilidad transfronteriza de estudiantes, profesores, catedráticos e investigadores. Responderá así a la tendencia de los estudiantes por buscar los mejores cursos de su especialidad y, por tanto, alentará los talentos potenciales.

5.2.6.   Esta «cartografía» contribuirá también a mejorar la investigación mediocre mediante la creación de nuevas redes y de una actitud de colaboración y competencia en toda Europa. Estas redes y las nuevas alianzas entre polos de excelencia generarán una serie de interconexiones de alto nivel, incluida la investigación interdisciplinaria transfronteriza, y abrirán caminos para nuevas soluciones.

5.3.   Influencias del exterior e interconexiones

5.3.1.   En las circunstancias actuales el gasto público se encuentra amenazado en todas partes. El CESE insiste en la necesidad de mantener el nivel de los presupuestos relacionados con la educación y la universidad a fin de sostener las infraestructuras del conocimiento y los programas de reforma que se están llevando a cabo.

5.3.2.   La actual dinámica de la investigación y la tecnología pone de relieve la necesidad de una modernización y de buscar nuevas soluciones. Además de los ajustes necesarios de las propias universidades, deben fomentarse las asociaciones entre sectores públicos y entre el sector público y privado. La financiación privada puede acelerar la tendencia en favor de una investigación orientada hacia la resolución de problemas, que como método está teniendo un éxito creciente en los EE. UU.

5.3.3.   Una coordinación europea de los programas nacionales de innovación en los que participen las universidades puede ser beneficiosa y productiva. Hasta ahora estos programas, con frecuencia definidos por plataformas nacionales de innovación, se han basado sobre todo en especialidades nacionales y se han centrado en prioridades nacionales. Por lo tanto, suelen tener escasamente en cuenta la agenda o el calendario europeo más amplio, y no toman en consideración los solapamientos o los efectos indirectos deseables en un contexto europeo.

Además, en casos específicos son sumamente deseables los enfoques y proyectos transfronterizos y de dimensión europea.

5.3.4.   Es evidente que las iniciativas tecnológicas conjuntas y los proyectos público-privados definidos y cofinanciados a nivel europeo también pueden ayudar en este contexto.

5.3.5.   Un programa nacional exitoso en este ámbito, que puede ser un ejemplo útil para las aplicaciones europeas y la mejora de los logros científicos a nivel europeo, es la Iniciativa de Excelencia alemana de 2005 (25).

5.3.6.   Una Agenda de Lisboa para las universidades, además de los programas europeos ya existentes con sus propios incentivos, fomentará la competitividad en la educación superior en una escala más amplia, y suscitará la excelencia.

5.3.7.   El CESE considera que la introducción de plataformas educativas a nivel europeo (26) –por analogía con las plataformas tecnológicas– puede ser útil para debatir la programación educativa y la agenda de educación para Europa, como las necesidades del mercado laboral europeo, las competencias deseables, la acreditación, los aspectos prácticos del aprendizaje permanente, las cualificaciones y los perfiles profesionales, los métodos educativos modernos, etc.

5.3.8.   Estas plataformas de asesoramiento deberían extenderse más allá de los círculos académicos, a los agentes no estatales: los interlocutores sociales y la sociedad civil.

5.4.   Facilitar la movilidad

5.4.1.   Para las generaciones más jóvenes, Europa como entidad constituye una realidad. Una información fiable y transparente a escala europea sobre los mejores cursos en cada campo, así como sobre la especialización de universidades y facultades, satisfará las expectativas de muchos jóvenes e impulsará intercambios transfronterizos. Deben ofrecerse más oportunidades a estudiantes y especialistas para llevar a cabo una carrera interdisciplinar en Europa. Una mayor circulación de investigadores –incluso entre las instituciones públicas y el sector privado– será beneficiosa.

5.4.2.   Los obstáculos a la especialización, que es un terreno fértil para los intercambios de jóvenes investigadores de talento, deben analizarse detalladamente a nivel europeo. Aumentando la concienciación y creando polos europeos de investigación y de excelencia educativa, se fomentan unas condiciones de competencia constructivas entre las universidades europeas.

5.4.3.   En este mismo sentido, sería muy deseable un planteamiento europeo orientado hacia el futuro y dirigido a los investigadores y estudiantes de terceros países. Algunos países ya están en el camino adecuado (27).

5.4.4.   Las diferencias en los contratos de trabajo no plantean por sí mismas problemas especiales. No obstante, las diferencias en las condiciones de trabajo secundarias pueden ser un impedimento, por ejemplo, las disposiciones nacionales específicas relativas a la seguridad social. Sería muy interesante estudiar realmente las posibilidades de un fondo de pensiones paneuropeo para los investigadores. Deben fomentarse los principios que destaca la Comunicación de la Comisión acerca de la Asociación Europea para los Investigadores (28).

5.4.5.   Caso especial es el sistema para presupuestar programas y proyectos. Dado que las condiciones y los procedimientos administrativos difieren de un país a otro, deberían analizarse con detalle a fin de facilitar su internacionalización.

5.4.6.   Facilitar la movilidad aumentará a su vez el atractivo de los centros y clusters de conocimiento ya existentes en Europa y favorecerá el surgimiento de otros nuevos. De esta manera se fomentarán las actividades interdisciplinares y se reforzarán las interconexiones muy necesarias entre la ciencia y el sector privado, como señala la Comisión.

5.5.   La dimensión regional

5.5.1.   Los clusters económicos, la interconexión de universidades, centros de investigación y empresas del sector privado, son por regla general motores de base regional. Los clusters también pueden resultar muy útiles para impulsar un mayor desarrollo regional. Debería animarse a las regiones y a las universidades a que cooperen de manera más eficaz.

5.5.2.   La experiencia práctica demuestra que la ampliación de los polos de excelencia de alto nivel de investigación y docencia favorece la cooperación con las empresas en las regiones y áreas metropolitanas (29). El proceso de integración de las universidades y sus especialidades de manera más visible en su entorno natural resultará beneficioso para el crecimiento y el empleo en las grandes zonas urbanizadas.

5.5.3.   La especialización y la diversidad abren distintas vías para la excelencia. Algunas universidades rivalizan y cooperan a escala mundial; otras son centros de excelencia regionales.

5.5.4.   Es preciso animar a todas las universidades a que se comprometan con la sociedad que les rodea. Además de sus cometidos principales de enseñanza y docencia, es necesario desarrollar actividades de un tercer tipo, como compartir el conocimiento y la innovación con la sociedad, comprometerse con la comunidad, fomentar el aprendizaje permanente y ser pertinente para el desarrollo regional y local.

Bruselas, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  Véase más abajo, en el punto 5.2.4, una extensa lista de los indicadores deseables.

1

(2)  Véase asimismo el dictamen del CESE titulado «El camino hacia la sociedad europea del conocimiento», en el que se hace un llamamiento en favor de «un Espacio Europeo Común del Conocimiento, basado en una cooperación intensificada en las políticas de aprendizaje, investigación e innovación» (DO C 65 de 17.3.2006, p. 94).

2

(3)  La divergencia entre estructuras y tradiciones universitarias ha dado lugar a un amplio debate sobre el proceso de Bolonia y su aplicación. Véanse, por ejemplo, para lo que respecta a Alemania, las publicaciones de la Deutscher Hochschulenverband.

3

(4)  Movilizar el capital intelectual de Europa: crear las condiciones necesarias para que las universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia de Lisboa, COM(2005) 152 final. Cumplir la agenda de modernización para las universidades: educación, investigación e innovación, COM(2006) 208 final. Una nueva asociación para la modernización de las universidades: el Foro de la UE para el diálogo entre las universidades y las empresas, COM(2009) 158 final.

4

(5)  El Libro Verde de abril de 2007 se centra en seis ámbitos para desarrollar el ERA: investigadores, cooperación internacional, programas conjuntos de investigación, infraestructuras de investigación, transferencia de conocimientos y propiedad intelectual. Véanse asimismo los comentarios del CESE en DO C 44 de 16.2.2008, p. 1.

5

(6)  Recomendación de la Comisión de 11 de marzo de 2005, aprobada por el Consejo ...

6

(7)  Véanse, entre otros: «The Future of European Universities, Renaissance or Decay» (El futuro de las universidades europeas, renacimiento o declive), de Richard Lambert y Nick Butler, Centre for European Reform, junio de 2006, y «High Aspirations, Agenda for reforming Universities» (Grandes aspiraciones: Agenda para la reforma de las universidades), Breugel, agosto de 2008. En la página VII se señala que los autores «abordan la educación superior y establecen una agenda ambiciosa para la misma, convencidos de que la mejora de las universidades es una de las palancas indispensables para el crecimiento en Europa». En este contexto, el CESE acoge con satisfacción la reciente Declaración de Praga de 2009 de la Asociación Europea de Universidades, que, además de enviar un firme mensaje a los dirigentes políticos, señala diez factores muy relevantes para el éxito de las universidades europeas en la próxima década.

7

(8)  A este respecto, cabe señalar que la Universidad de Berkeley, tercera en el ranking de universidades de EE. UU, es una institución pública.

8

(9)  En algunos casos incluso se produce una regresión. Un claro ejemplo lo constituye la Ley de Universidades danesa de 2003, que ha incrementado la influencia política reduciendo de manera importante la autonomía de los investigadores y las universidades.

9

(10)  Aparte de la autonomía, es preciso prestar atención al autogobierno de las universidades.

10

autonomía

autogobierno

(11)  Un efecto secundario no deseado es que sólo un número limitado de universidades dispone de una estimación precisa de sus costes globales.

11

(12)  El CESE se remite a lo que señala la Comisión: pueden exigirse tasas de matriculación siempre que ello vaya acompañado de becas y préstamos que garanticen la igualdad de acceso.

12

(13)  Liga de Universidades Europeas de Investigación, Grupo de Coimbra, Liga IDEA, RISE.

13

(14)  Esta cooperación transfronteriza también rendirá frutos en la investigación básica, llevada a cabo en el marco de los (grandes) proyectos de la UE.

14

(15)  Comunicación «Cumplir la agenda de modernización para las universidades: educación, investigación e innovación», mayo de 2006, COM(2006) 208 final. Véase también la Comunicación «Movilizar el capital intelectual de Europa: crear las condiciones necesarias para que las universidades puedan contribuir plenamente a la estrategia de Lisboa», abril de 2005, COM(2005) 152 final.

15

(16)  COM(2006) 208 final, p. 11.

16

(17)  Para la importancia que reviste la movilidad de los estudiantes, véase el Comunicado del Consejo de abril 2009 sobre el proceso de Bolonia: para 2020, al menos un 20 % de los estudiantes deberán haber realizado un periodo de estudio o de prácticas fuera de su país de origen.

17

(18)  En estos datos deben incluirse diversos regímenes y agencias de financiación y de patrocinio de I+D así como el papel de la cooperación; debe tenerse en cuenta el compromiso con organizaciones de investigación y empresas industriales fuera de la universidad.

18

(19)  Véase nota 4.

19

(20)  Véase nota 2.

20

(21)  Los puntos de vista de los Estados miembros y el enfoque del CESE pueden consultarse en los Resultados de la consulta pública sobre el Libro Verde, abril de 2008, pp. 20 y siguientes.

21

(22)  Véase, entre otros, «The Third Generation Universities» (Las universidades de tercera generación), del Prof. H. Wissema, donde se describen los retos y oportunidades modernos para las universidades. Se incluyen ejemplos concretos, como la Universidad de Cambridge y la Universidad de Lovaina.

22

(23)  El ejemplo de Estados Unidos demuestra que la transparencia, la diferenciación y la especialización hacen que todos los investigadores y científicos del mundo sepan qué universidad de los EE. UU está mejor equipada en cada ámbito concreto. Estas condiciones básicas también fomentan la cofinanciación por parte del sector privado y de las fundaciones.

23

(24)  En algunos países europeos, como Francia y Alemania, la mayor parte de la investigación se lleva a cabo en centros de investigación que tienen una estrecha relación con la universidad; este modelo debe seguir fomentándose.

24

(25)  La Iniciativa de Excelencia de 2005 tiene como finalidad promover a Alemania como un emplazamiento de investigación más atractivo, haciéndola más competitiva y centrando la atención en los logros destacados de las universidades y de la comunidad científica alemanas. Apoya la investigación de alto nivel. El programa cuenta con una financiación de 1 900 millones de euros para el período 2006-2011.

25

(26)  Las «plataformas educativas» fueron propuestas en el Foro Universidad-Empresa celebrado el 6 de febrero de 2009 por el Sr. Van Vught, antiguo presidente del Consejo Rector de la Universidad de Twente. Resulta interesante observar que en Finlandia la legislación sobre universidades es limitada, mientras que la supervisión tripartita tiene un impacto sustancial.

26

(27)  Un ejemplo de ello son los Países Bajos. En sus universidades están matriculados unos 10 000 estudiantes de doctorado, de los cuales un 30 % no son neerlandeses.

27

(28)  Mejores carreras y más movilidad: «una asociación europea para los investigadores» COM(2008) 317 final.

28

(29)  Entre los muchos ejemplos, cabe mencionar Cambridge, Eindhoven, Stuttgart y la región de Öresund. Véanse también los proyectos de la OCDE y sus publicaciones «L'enseignement supérieur dans le développemnt de la région et de la ville.» (http://www.oecd.org/document/16/0,3343,en_2649_35961291_34406608_1_1_1_1,00.htm).

29

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/56 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/56

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Repercusiones de los fondos de capital riesgo, fondos de cobertura y fondos soberanos sobre los cambios industriales»

(Dictamen de iniciativa)

(2010/C 128/10)

Ponente: Peter MORGAN

Coponente: Ion POP

El 26 de febrero de 2009, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema

«Repercusiones de los fondos de capital riesgo, fondos de cobertura y fondos soberanos sobre los cambios industriales».

La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de septiembre de 2009.

En su 457° Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 de noviembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 167 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   El presente dictamen tiene por objeto analizar las repercusiones de los fondos soberanos (FS) y los fondos de inversión alternativos (FIA) sobre las transformaciones industriales. Dentro de los FIA se incluyen los fondos de capital riesgo (FCR) y los fondos de cobertura (FC). El CESE encargó un estudio a la empresa de consultores «Wilke Maack und Partner» (WMP), que ha presentado un informe de 87 páginas, al cual se remite al lector del presente dictamen para un análisis más detallado de las cuestiones planteadas. En la página web del Mckinsey Global Institute, el artículo «The New Power Brokers» (Los nuevos hombres influyentes) ofrece una perspectiva muy diferente sobre los FIA y los FS.

1.2.   Los fondos examinados en el presente dictamen influyen de diferentes maneras en las transformaciones industriales. Los FS son inversores convencionales que compran y venden en el mercado. Los FC compran y venden acciones, sobre todo como operadores del mercado, aunque algunos actúan como «inversores activistas». La estrategia de los FCR es directa. No se puede generalizar sobre estos tres métodos de inversión. Son muy distintos. Al final de los puntos 3, 4 y 5 hemos añadido un análisis SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities and threats; es decir, un análisis de los puntos fuertes y débiles, de las oportunidades y amenazas) del estudio de WMP para cada fondo.

1.3.   Un solo aspecto común se desprende claramente de la experiencia y de los estudios: todas las consecuencias sociales, incluidos los cambios industriales, se verán favorecidas en gran medida si se refuerzan la información, su difusión y, sobre todo, la transparencia. El CESE apoya firmemente la mejora de estos tres aspectos en todos los casos.

1.4.   Los FCR presentan tres aspectos importantes. Tienen repercusiones positivas sobre el capital riesgo, la financiación de transformaciones y reorganizaciones y el crecimiento de empresas familiares. Sin embargo, la reciente ingeniería financiera agresiva asociada a importantes adquisiciones de empresas mediante emisión de deuda (LBO; leveraged buy-outs), podría conducir al fracaso o al práctico fracaso de numerosas empresas, lo que tendría graves consecuencias para todas las partes interesadas, incluidos los trabajadores. Existe, además, una importante dimensión social, en la que inciden tanto la mejora como el deterioro de las tasas de empleo, los niveles de ingresos y los derechos sociales. Dadas las dificultades que plantean los datos, WMP recomienda extremar la cautela para no caer en la tentación de afirmar que las empresas financiadas por FCR se han visto peor tratadas o sometidas a más presión en el contexto de la aceleración general de las transformaciones industriales y las reestructuraciones durante las dos últimas décadas. Ciertamente, son numerosos los ejemplos de degradación de las condiciones de trabajo y de las relaciones laborales en toda Europa a los que estos fondos no han contribuido en modo alguno.

1.5.   Por lo general, las actividades de los FC no inciden en las transformaciones industriales, aunque existen importantes excepciones. Los FC son grandes compradores de deudas en dificultades. Además, son compradores de último recurso y pueden desempeñar un importante papel en el rescate y la reorganización de empresas en dificultades. También suelen encontrarse a ambos lados de las situaciones de fusión y adquisición. Aunque esto cree valor, el impacto de las transformaciones industriales no siempre es positivo. La orientación a corto plazo se considera un aspecto potencialmente negativo. Otros aspectos preocupantes son la falta transparencia y el potencial de riesgo sistémico, agravado por el efecto multiplicador.

1.6.   Las actividades de los FS presentan dos vertientes significativas. Entre los aspectos positivos de los FS, cabe mencionar su modelo de participación accionarial más a largo plazo y su disposición a asumir el papel de comprador de último recurso. Las características negativas son, entre otras cosas, la falta de transparencia y el potencial para utilizar sus participaciones para fines estratégicos de carácter político.

1.7.   La internacionalización de los mercados de capitales ha sido muy significativa. Las instituciones inversoras han articulado carteras de inversión del mundo entero y fomentado fusiones y adquisiciones a escala internacional. Se ha presionado a las empresas y los reguladores para que transfieran derechos de voto de la dirección a los accionistas. El riesgo de fusión y adquisición y la amenaza de activismo accionarial han inducido a equipos de dirección en la UE a emprender grandes cambios industriales, lo que ha minado hasta cierto punto las relaciones entre las direcciones y los accionistas y ha acortado los horizontes temporales de los equipos de dirección en general. Por lo tanto, este es el contexto en el que operan los FIA y los FS.

1.8.   Los inversores institucionales convencionales (IIC), que gestionan fondos de pensiones, de seguros y de inversión, colaboran sistemáticamente con los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA). Además, figuran entre los principales inversores en FIA, venden sus inversiones a los FCR para proceder a LBO, compran sociedades en cartera cuando se retiran los FCR, sus inversiones en empresas entran en juego cuando FC activistas intervienen en fusiones y adquisiciones, y son accionistas que prestan acciones a FC para que estos últimos puedan vender al descubierto. En definitiva, están detrás de todas las políticas medioambientales, sociales y de gobernanza que deciden poner en práctica los FIA. Los IIC son equivalentes a los GFIA

1.9.   Tras haber analizado el estudio de WMP, y teniendo en cuenta las otras perspectivas incluidas en el presente dictamen, el CESE expone sus recomendaciones, que corresponden a tres categorías: regulación y transparencia, modificación de la legislación social existente y responsabilidades de los IIC.

1.10.   La regulación de los GFIA es objeto de una propuesta de directiva sobre la cual el CESE elaborará un dictamen específico. En opinión del CESE, es importante señalar que los FIA no provocaron la crisis, sino que se han visto fuertemente afectados por ella. Subsiste una gran incertidumbre en torno al papel desempeñado por estos fondos y es evidente que se impone una mayor transparencia mediante la regulación adecuada.

1.11.   El CESE suscribe los seis principios de alto nivel en materia de regulación de los FC propuestos en junio de 2009 por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) y que se resumen en el punto 4. El CESE recomienda a la Comisión que se inspire en estos principios reforzándolos para la regulación de los GFIA en la directiva propuesta. Pese a que la OICV ha completado una evaluación de los riesgos que plantean los FCR para el sistema financiero, aún no se ha presentado ninguna propuesta de regulación. El CESE recomienda a la Comisión que adopte los principios en materia de regulación de los FC de la OICV al perfil de los FCR.

1.12.   Tal como se señala en el punto 5, los principios de Santiago acordados por los FS constituyen una base para mejorar la transparencia y gobernanza de los mismos. No obstante, es mucho más lo que queda por hacer. El CESE insta a la Comisión a que siga presionando al Grupo de trabajo internacional sobre los FS (GTI) para que haga lo necesario.

1.13.   En algunos ordenamientos jurídicos los FC y los FCR que poseen y controlan empresas no se consideran empleadores y, por consiguiente, están exentos de las obligaciones legales que incumben a los empleadores. La Directiva europea sobre derechos adquiridos, que vela por las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores en casos de traspasos de empresas, no se aplica de manera general a las adquisiciones por FIA puesto que estos últimos se limitan a comprar las acciones, por lo que no se ve modificada la identidad del empleador. El CESE recomienda reforzar la Directiva sobre los derechos adquiridos 2001/23/EC (1) en lo que respecta a adquisiciones de empresas por FC y FCR al objeto de:

| — | salvaguardar los derechos de los trabajadores afectados, incluido el derecho de información y consulta; |
| --- | --- |

—

salvaguardar los derechos de los trabajadores afectados, incluido el derecho de información y consulta;

| — | garantizar que los traspasos de empresas mediante la venta de acciones no se vean excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva; |
| --- | --- |

—

garantizar que los traspasos de empresas mediante la venta de acciones no se vean excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva;

| — | garantizar que estas acciones se ajustan a la legislación nacional y europea. |
| --- | --- |

—

garantizar que estas acciones se ajustan a la legislación nacional y europea.

1.14.   A fin de que se tenga en cuenta la situación creada por los FC y los FCR, el CESE propone que la Directiva del Consejo 94/45/EC (2) sobre la constitución de un comité de empresa europeo y la Directiva 2002/14/EC (3) por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores se modifiquen para garantizar el ejercicio de unos derechos de consulta más eficaces y que respeten la posición de todas las partes, antes de la conclusión de acuerdos con FCR, durante cualquier proceso de reestructuración, y antes de la retirada.

1.15.   Un número cada vez mayor de fondos de pensiones y compañías de seguros posee participaciones en FC y FCR, aunque el fracaso de estos últimos podría obrar en detrimento de los derechos de los beneficiarios de planes de pensión. El CESE pide a la Comisión que revise la Directiva 2003/41/EC (4), que concierne a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo, para garantizar que:

| — | los trabajadores y los representantes sindicales sean consultados sobre las inversiones de pensiones y los riesgos que plantean y se respeten sus puntos de vista; |
| --- | --- |

—

los trabajadores y los representantes sindicales sean consultados sobre las inversiones de pensiones y los riesgos que plantean y se respeten sus puntos de vista;

| — | los Estados miembros recurran a sus mejores prácticas para garantizar que los derechos de pensión adquiridos por los trabajadores estén protegidos de posibles quiebras. |
| --- | --- |

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los Estados miembros recurran a sus mejores prácticas para garantizar que los derechos de pensión adquiridos por los trabajadores estén protegidos de posibles quiebras.

1.16.   El CESE pide a la Comisión que establezca en la próxima directiva normas claras e inequívocas, lo que garantizará un uso transparente de los fondos, en particular a través de una participación directa de los representantes sindicales y empresariales.

1.17.   El CESE pide que los IIC apliquen los principios de inversión responsable (PIR) en todas sus transacciones con los GFIA. Los PIR, que se refieren a cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (MSG), fueron elaborados a iniciativa de los inversores institucionales en asociación con la Iniciativa Financiera de la UNEP y la Asociación Mundial de las Naciones Unidas. El CESE recomienda que los FS sigan el ejemplo del Fondo de Pensiones de Noruega y suscriban los PIR.

1.18.   Por otra parte, el CESE respalda los principios de «inversión responsable en fondos de capital riesgo», publicados por el Comité de PIR. Estos principios tienen por objeto ayudar a los IIC que poseen participaciones en FCR a transferir sus responsabilidades en materia de gestión financiera de las cuestiones MSG a las sociedades en cartera en las que invierten. El CESE acogería favorablemente el desarrollo de un conjunto de principios similares para los FC.

2.   Propietarios, gestores e inversores

2.1.   La mayoría de las empresas de los Estados miembros de la UE pertenecen a familias. Cuando una familia decide finalmente ceder el control de su empresa, esta última puede ser adquirida por otra empresa (venta comercial), vendida a una empresa de capital inversión (compra total de las acciones) o transformada en sociedad anónima a través de una oferta pública inicial (OPI) en un mercado bursátil. La cultura de la empresa familiar suele basarse en objetivos a largo plazo, mirando por los intereses de todas las partes interesadas, especialmente los trabajadores.

2.2.   Algunos empresarios recurren al capital riesgo para contar con su apoyo durante las etapas iniciales del desarrollo de la empresa. El capital inicial financia el estudio, la evaluación y el desarrollo de un concepto inicial para un producto o servicio. El capital de puesta en marcha facilita el desarrollo y la comercialización inicial de un producto. Por lo general, los empresarios recurren a la familia y los amigos para obtener este capital especulativo, aunque también es posible que decidan invertir inversores providenciales («business angels») o sociedades de capital riesgo. El capital de expansión financia el crecimiento de una empresa. En este estadio, no es inusual la participación del capital riesgo.

2.3.   Los FCR invierten en empresas a través de la compra total de las acciones, lo que puede ofrecer una salida a una familia fundadora u ocasionar la exclusión de una empresa del mercado bursátil y su transformación en sociedad privada. En la adquisición de una empresa por sus directivos («management buy-out»), los compradores son los propios directivos, con ayuda financiera del capital riesgo. En tal contexto, los fondos de capital riesgo también financian la compra total de las acciones por parte del personal. El capital de sustitución supone la compra de acciones de una sociedad existente por parte de otro fondo de capital riesgo. Este tipo de transacción permite al primer fondo extraer valor en el momento oportuno dado que la mayoría de los FCR son de duración determinada.

2.4.   Las fusiones y adquisiciones constituyen un factor primordial de la actividad empresarial. Las empresas en fase de crecimiento suelen financiar sus adquisiciones mediante la emisión de deuda o con capital de riesgo. Las empresas son a menudo objeto de adquisición porque poseen valiosos activos que la dirección no ha sabido utilizar de la mejor forma posible.

2.5.   Cuando una empresa empieza a mostrar signos de fracaso y dificultades, aún puede ser rescatada, aunque pueden necesitarse medidas extremas como, por ejemplo, la realización de cambios industriales aplazados, con las consiguientes repercusiones sobre los intereses económicos y sociales de los accionistas, los trabajadores y otras partes interesadas. El resultado puede acarrear una transformación a cargo de la nueva dirección, un rescate mediante adquisición, una compra total de las acciones por un FCR o incluso una reorganización tras una quiebra.

2.6.   La mayoría de las inversiones en capital se centran en las acciones de las empresas que cotizan en bolsa («public equity»). La internacionalización de los mercados de valores ha sido muy significativa. Los inversores en empresas que cotizan en bolsa influyen en las transformaciones industriales a través de sus operaciones bursátiles, comprando las acciones que cumplen con sus expectativas y vendiendo las que consideran decepcionantes. Los accionistas institucionales convencionales no tienen un planteamiento participativo. Comunican sus opiniones a la dirección de la empresa y pueden pedir al consejo de administración que modifique la dirección pero, en definitiva, ejercen influencia sobre las transformaciones industriales mediante sus compras y ventas de acciones, y apoyando u oponiéndose a fusiones, adquisiciones y transacciones de FIA.

2.7.   Invertir en el capital de una empresa es una opción un tanto arriesgada de la gama de oportunidades de inversión. Los inversores compran acciones esperando que aumente su valor. Aunque el valor medio de las carteras aumenta con el tiempo, tanto los mercados como las acciones individuales tienden a subir y bajar. Los IIC compran y venden en función de los ciclos intentando optimizar el valor de sus participaciones, aunque sus fondos quedan expuestos a las fluctuaciones bursátiles.

2.8.   Los IIC gestionan fondos de pensiones, de seguros y de inversión. Además, las personas con un elevado neto patrimonial (PENP) disponen de activos importantes, de los cuales alrededor de un tercio se incorporan en los otros fondos enumerados a continuación. Todos los inversores convencionales intentan atenuar los aspectos negativos de la exposición a los mercados bursátiles. Para ello recurren, sobre todo, a los GFIA. Las PENP han financiado la expansión espectacular de los FC.

2.9.   Los datos publicados por International Financial Services (Londres) ayudan a poner en perspectiva la importancia de estos fondos. El total de los activos gestionados en 2007, en billones de dólares estadounidenses, se calculó como sigue:

| Fondos de pensiones | 28,2 | Fondos soberanos | 3,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondos de seguros | 19,9 | | |
| Fondos de inversiones | 26,2 | Fondos de cobertura | 2,3 |
| PENP | 40,0 | Fondos de capital riesgo | 2,0 |

Fondos de pensiones

28,2

Fondos soberanos

3,3

Fondos de seguros

19,9

Fondos de inversiones

26,2

Fondos de cobertura

2,3

PENP

40,0

Fondos de capital riesgo

2,0

La importancia relativa de los FC y los FCR se ve aumentada por la concentración y el efecto multiplicador. Los FS tienen, en líneas generales, los mismos objetivos que los IIC, por lo que también invierten en FCR y FC. Actualmente, más de la mitad de todos los activos gestionados por los FC a nivel mundial procede de IIC y una tercera parte de esos activos, de los fondos de pensiones.

2.10.   Los GFIA han demostrado siempre mejores prestaciones que las inversiones bursátiles convencionales. Por lo general, suelen emprender con éxito estrategias de alto riesgo y elevado rendimiento. Por ejemplo, los gestores de FC practican la venta al descubierto. El FC toma prestadas acciones de la empresa objetivo. Un intermediario, a cambio del pago de una remuneración, comprará estas acciones a un propietario de acciones. Posteriormente, el FC vende las acciones esperando que baje el precio. A su debido tiempo, el FC deberá recomprar las acciones para devolverlas a su propietario. Si el precio de la participación baja, el fondo se verá beneficiado, si bien los beneficios están limitados al 100 % de los importes invertidos. En cambio, si el precio sube, la pérdida potencial es ilimitada. Por consiguiente, la venta al descubierto es una práctica de alto riesgo.

2.11.   Los FC también participan en transacciones de fusión y adquisición, generalmente comprando acciones en la empresa objetivo y vendiendo las del comprador. Dado que la transacción puede verse bloqueada, los FC pueden adoptar un planteamiento activista al objeto de mitigar el riesgo. Además de intervenir en transacciones de fusión y adquisición, los FC también pueden posicionarse en una empresa a fin de provocar una transacción. Se trata igualmente de una actividad de alto riesgo.

2.12.   Cuando una empresa tiene dificultades, los IIC venden sus activos. Los FIA suelen mostrar un interés especial por las deudas en dificultades, que tienden a ser objeto de importantes descuentos, gracias a lo cual los FIA quedan en disposición de dictar sus propias condiciones en las negociaciones subsiguientes. En una liquidación, un fondo puede, a menudo, recuperar su inversión e incluso obtener un beneficio. En una reorganización, el fondo puede perdonar la deuda de la empresa a cambio de acciones, lo que puede resultar rentable si posteriormente estas últimas se recuperan. Las reorganizaciones son positivas para los accionistas porque permiten a la empresa seguir funcionando. Las inversiones en deudas en dificultades son a todas luces arriesgadas. Si los fondos pueden sacar partido, es porque están dispuestos a entrar en juego cuando todos los demás se retiran.

2.13.   La adquisición de una empresa mediante emisión de deuda (LBO) es una transacción de FCR de alto riesgo. El FCR lleva a cabo una adquisición sin desembolsar gran parte del capital necesario para la transacción. Generalmente, dicha transacción se basa en una deuda bancaria y en «bonos basura» (junk bonds), ofreciendo como garantía los activos de la empresa objetivo, todo ello basado en la hipótesis de que los flujos de caja de la sociedad objetivo permitirán abonar los intereses y rembolsar los préstamos. En la crisis actual, muchas de estas transacciones resultan deficientes.

2.14.   En esta parte del presente dictamen se ha puesto en perspectiva la razón de ser de los FIA. Las actividades que suelen emprender los GFIA y los FS se describen en los puntos siguientes, aunque estos fondos en sí mismos no se circunscriben necesariamente a estas categorías. Los FCR pueden operar en el ámbito de actuación de los FC y viceversa. Los FS invierten en los dos ámbitos.

3.   Fondos de capital riesgo

3.1.   Los FCR son agrupaciones de capital gestionadas por el sector privado y constituidas al objeto de invertir en empresas privadas. Suelen constituirse como sociedades en comandita. Invierten principalmente en capital riesgo, capital de sustitución, valores en dificultades y la compra total de las acciones de una empresa. Duran entre siete y diez años. Su objetivo consiste en retirarse habiendo obtenido beneficios antes del cese de actividad. Una inversión suele durar entre tres y cinco años, aunque puede alargarse a diez. El capital de sustitución les permite proceder al cese de actividad antes de que las inversiones alcancen su madurez.

3.2.   Dado que se decantan abiertamente por la provisión de capital inicial y capital riesgo, así como la compra de valores en dificultades y la financiación de la compra total de acciones, los FCR constituyen un importante agente de las transformaciones industriales. El CESE se ha pronunciado a favor del papel del capital riesgo en un reciente dictamen (5). El importante aumento de los FCR entre 2004 y 2007 también tuvo un impacto significativo en las transformaciones industriales en Europa, en particular proporcionando capital para las LBO, financiando fusiones y adquisiciones, y comprando valores en dificultades.

3.3.   La compra total de las acciones de una empresa es el principal ámbito de actividad de los FCR. La evaluación del impacto de este tipo de compra en las transformaciones industriales plantea numerosos problemas de metodología. Tal como señala el estudio de WMP, se plantea la cuestión de la hipótesis alternativa. ¿Qué hubiera sido de la empresa interesada de no haber entrado en juego el FCR? Cuando se dispone de información sobre el rendimiento de una empresa ¿en función de qué criterios debe evaluarse? ¿Cómo se explica el hecho de que las empresas adquiridas por un FCR estén lejos de constituir una muestra aleatoria?

3.4.   Las repercusiones de la adquisición de una empresa por un FCR suelen compararse con la situación de un grupo de empresas cuyas acciones no han sido objeto de adquisición total. Sin embargo, la comparación más apropiada sería con un grupo de empresas adquirido por otras empresas. Sería sorprendente que la adquisición por una empresa provocara cambios industriales menos radicales que una compra por un FCR, dado que el objetivo de la adquisición por una empresa siempre consiste en aumentar los beneficios del comprador. Del mismo modo, cabría esperar cambios industriales radicales en caso de producirse una transformación convencional como consecuencia de la introducción de un nuevo equipo de dirección.

3.5.   El período de 2005 a 2007 se caracterizó por la realización de LBO de gran envergadura. Los bancos hacían préstamos a condiciones de lo más favorables. Tradicionalmente, la proporción de capital prestado en una operación de LBO oscila entre el 60 y el 90 %. Este efecto multiplicador se aplicó a los balances de las sociedades en cartera de los FCR en vez de a los propios FCR. Por lo tanto, el efecto multiplicador se distribuye ampliamente y no plantea ningún riesgo sistémico en sí mismo. Sin embargo, la OICV ha mencionado la posibilidad de que fracasen numerosas sociedades en cartera de FCR con alto coeficiente de endeudamiento, lo que afectaría a entidades de crédito, compradores de deudas y socios de los FCR como, por ejemplo, los fondos de pensiones. Desde el punto de vista de las transformaciones industriales, la principal amenaza se cierne sobre las partes interesadas en las empresas afectadas. En la medida de lo posible, la reorganización y reconstrucción de estas empresas debería llevarse a cabo con el consentimiento de las partes interesadas.

3.6.   El estudio de WMP examina los elementos relativos a los cinco aspectos del impacto de los FCR en las transformaciones industriales a nivel empresarial. Sin embargo, no logra extraer conclusiones definitivas debido a problemas metodológicos y otras limitaciones propias del análisis.

3.7.   En lo que se refiere al rendimiento empresarial, los beneficios y la creación de valor, el resultado es claramente positivo. No obstante, una importante conclusión que se desprende del estudio sobre los efectos de los FCR sobre el valor añadido medio correspondiente a las empresas objetivo, es que los resultados no explican en qué medida la creación de valor observada procede de un «verdadero» proceso de creación de valor en lugar de una «apropiación de valor».

3.8.   En cuanto al empleo, las repercusiones sobre las plantillas de las empresas objetivo constituye la cuestión más controvertida del debate actual en torno a los FCR. Existe una multitud de estudios contradictorios tanto del sector de los FCR como de los sindicatos. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard para el Foro Económico Mundial, citado en el estudio de WMP, concluye que las inversiones de los FCR dan lugar a pérdidas más importantes de empleo que el grupo de control. Sin embargo, dado que los FCR han comprado, en numerosas ocasiones, empresas más débiles cuya situación en materia de empleo era probablemente insostenible, puede que de todos modos resultara necesario reestructurar y suprimir puestos de trabajo.

3.9.   El estudio de Harvard demuestra, asimismo, que las empresas controladas por los FCR tienden a la «destrucción creativa», con cifras relativas a las tasas de adquisición, ventas, nuevas instalaciones y cierres, que duplican las de otras empresas. Durante los dos años posteriores a la adquisición por un FCR, el 24 % de los trabajadores padece las consecuencias, lo cual no resulta sorprendente cuando se trata de reestructuraciones o reorganizaciones.

3.10.   En lo que respecta a la evolución de los salarios y las condiciones de trabajo, el impacto de los FCR también es un tema sumamente controvertido. Hay elementos en favor de los diferentes puntos de vista, aunque WMP no ha llegado a una conclusión definitiva debido a la falta de una recogida de datos sistemática.

3.11.   Apenas se han llevado a cabo estudios significativos sobre el diálogo social, la información y la consulta a nivel empresarial. La experiencia demuestra que las disposiciones existentes y las relaciones con los sindicatos en algunos casos se respetan y en otros no. El hecho de que las directivas sociales europeas no siempre se apliquen en las adquisiciones de empresas por FCR constituye un problema considerable.

3.12.   El estudio de Harvard también se refiere a las prácticas de gestión, la cultura empresarial y la gobernanza. Basándose en esta aportación, WMP concluye que la repercusión principal de los FCR es un seguimiento más estrecho del rendimiento y una supresión de los puestos de trabajo y las instalaciones que no están a la altura de los parámetros de referencia. WMP cita, asimismo, al Instituto Sindical Europeo, según el cual los FCR, al centrarse únicamente en la consecución de objetivos operativos, tienen un enfoque que no es ni ideológico ni sentimental para cuestiones como la negociación colectiva o la participación de los trabajadores.

3.13.   A continuación, se presenta un análisis SWOT de los FCR, con anotaciones en cursiva del ponente;

| Dimensión interna | Puntos fuertes







  — | Capital inicial, generalmente capital riesgo |
| --- | --- | --- |

Dimensión interna

Puntos fuertes

—

Capital inicial, generalmente capital riesgo

| — | Competencias/conocimiento de la red |
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—

Competencias/conocimiento de la red

| — | Estructura de gobernanza |
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—

Estructura de gobernanza

| — | Recursos financieros para fusiones y adquisiciones, y estrategias de crecimiento |
| --- | --- |

—

Recursos financieros para fusiones y adquisiciones, y estrategias de crecimiento

Puntos débiles

| — | Expectativas a menudo exageradas en relación con los beneficios, pero proporcional al riesgo |
| --- | --- |

—

Expectativas a menudo exageradas en relación con los beneficios, pero proporcional al riesgo

| — | Costes financieros/factores externos

  Para las LBO: |
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—

Costes financieros/factores externos

Para las LBO:

| — | Orientación únicamente a medio plazo |
| --- | --- |

—

Orientación únicamente a medio plazo

| — | Fuerte orientación hacia aspectos financieros/accionariales |
| --- | --- |

—

Fuerte orientación hacia aspectos financieros/accionariales

| — | Estrategia a menudo de alto riesgo

  Se trata de una actividad de riesgos/recompensas |
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—

Estrategia a menudo de alto riesgo

Se trata de una actividad de riesgos/recompensas

Dimensión externa

Oportunidades

| — | Creación de valor |
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—

Creación de valor

| — | Aumento de la competitividad |
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—

Aumento de la competitividad

| — | Crecimiento y creación de empleo |
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—

Crecimiento y creación de empleo

| — | Aumento de la adaptabilidad |
| --- | --- |

—

Aumento de la adaptabilidad

Amenazas

| — | Estrategia de emisión de deuda – para las LBO de gran envergadura |
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—

Estrategia de emisión de deuda – para las LBO de gran envergadura

| — | Reestructuración financiera - ídem |
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—

Reestructuración financiera - ídem

| — | Riesgo para el desarrollo estable - ídem |
| --- | --- |

—

Riesgo para el desarrollo estable - ídem

| — | Condiciones de empleo,

  recordar la situación de contraste |
| --- | --- |

—

Condiciones de empleo,

recordar la situación de contraste

| — | Falta de orientación a largo plazo |
| --- | --- |

—

Falta de orientación a largo plazo

| — | Quiebra – para las LBO de gran envergadura |
| --- | --- |

—

Quiebra – para las LBO de gran envergadura

4.   Fondos de cobertura

4.1.   Los FC son sociedades en comandita. La cartera se confía a un gestor de inversiones, mientras que las otras actividades se delegan al corredor preferencial («prime broker») y al administrador. Muchos fondos se establecen en centros financieros extraterritoriales (u «offshore»), tales como las Islas Caimán, para que el crecimiento del valor de los fondos no esté sujeto a impuestos. Los inversores deben declarar sus beneficios en sus países de residencia. Los gestores de inversiones, cuya mayoría se encuentra en los EE. UU. o en Londres, pagan impuestos sobre sus elevados honorarios en sus países de establecimiento.

4.2.   En un artículo publicado en la revista económica del Sveriges Riksbank (volumen 1, 2009), se describe la expansión del mercado de FC desde 1996, cuando existían dos mil fondos en todo el mundo que gestionaban activos por un valor aproximado 135 millardos de dólares estadounidenses, hasta finales de 2007, cuando eran 10 000 fondos gestionando un importe de 2 000 millardos de dólares estadounidenses.

4.3.   El corretaje preferencial («prime brokerage») es el término genérico por el que se conocen los servicios prestados por bancos de inversión y sociedades de valores, sin los cuales los FC no podrían funcionar. Estos servicios incluyen la custodia global de los activos de los fondos, el préstamo de valores para la venta al descubierto, la financiación necesaria para generar el efecto multiplicador y servicios tecnológicos. Habida cuenta del papel fundamental que desempeñan los corredores preferenciales en el mercado de FC, muchos observadores opinan que sería más sencillo obtener los datos necesarios para la supervisión del riesgo sistémico recurriendo al número limitado de corredores en lugar de cada uno de los FC.

4.4.   Unos veinte corredores preferenciales acaparan el 90 % del conjunto del sector de los FC. Entre el 30 y el 40 % de estos corredores están establecidos en Londres. En cuanto a los FC, el 60 % se encuentra en los EE. UU., el 20 % en Londres y el 20 % restante en otras partes del mundo. Entre el 80 y el 90 % del sector de los FC de la UE está establecido en Londres. Los gestores de FIA radicados en Londres están regulados por la Autoridad de Servicios Financieros («Financial Services Authority») del Reino Unido.

4.5.   Los FC ofrecen rendimientos absolutos de las inversiones con una volatilidad relativamente reducida y que, por lo general, no están relacionados con la evolución al alza o a la baja de un mercado de inversiones determinado. Consiguen este resultado mediante la realización de operaciones de cobertura. Llevan a cabo sus estrategias a través de contratos de derivados y, por lo general, logran altos rendimientos contrayendo empréstitos para hacer inversiones.

4.6.   Recurren a una amplia gama de competencias y estrategias, desde las más prosaicas hasta las más arriesgadas. Utilizan diversas estrategias, para adoptar posturas a escala mundial sobre la posible evolución de los mercados, las divisas, los tipos de interés, etc., que generan numerosos intercambios sin incidencia directa alguna en las transformaciones industriales. Algunos hacen gala de competencias avanzadas en materia de búsqueda y selección de acciones, comprando las mejores ideas y vendiendo a descubierto posteriormente los activos que, a su modo de ver, perderán valor. Otros recurren a programas informáticos que calculan el valor «justo» de un activo respecto a otro para vender uno al descubierto y comprar el otro.

4.7.   Por lo tanto, la venta al descubierto forma parte integrante del funcionamiento de los FC. Además, en septiembre de 2008, la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido declaró que la venta al descubierto constituía «una técnica de inversión legítima en condiciones normales de mercado». Los operadores que practican la venta al descubierto son agentes económicos. A menudo revelan una verdad que molesta sobre la situación financiera de las empresas cuyas acciones venden, a saber, que no son tan valiosas como la gente piensa. A este respecto, representan el equivalente financiero del niño que señaló que el emperador iba desnudo. En determinadas circunstancias, una venta al descubierto puede acentuar lo que normalmente habría quedado en meras dificultades pasajeras de tesorería de una empresa sana y abocarla así a someterse a una reestructuración industrial. Puede, asimismo, agravar crisis bursátiles provocando repercusiones sistémicas habida cuenta de sus efectos sobre la norma de contabilidad a valor de mercado («mark-to-market rule»). Las autoridades prohibieron la venta al descubierto de las acciones bancarias cuando empezó a notarse la crisis financiera. Los reguladores se reservan la posibilidad de imponer una prohibición cuando consideran que las condiciones de mercado no son normales.

4.8.   Los FC pueden incidir e inciden de forma significativa en las transformaciones industriales puesto que sus estrategias se basan en los
  acontecimientos. Buscan oportunidades de inversión en función de la situación de las empresas. En estos casos, suelen conservar su participación durante un período de uno a tres años. El arbitraje entre las acciones de empresas en trámites de fusión es un ejemplo de ello. Los FC asumen en ocasiones actitudes proactivas y adoptan una postura especulativa para provocar un suceso, como ocurrió con ABN AMRO. Cuando la inversión es de envergadura y el fondo es activista, este tipo de operación provocará inevitablemente un cambio industrial acelerado. Si bien existen importantes indicios de que las inversiones de los FC aumentan el valor de la empresa objetivo, a penas se han investigado las consecuencias para el empleo y los aspectos sociales. Los FC son los principales compradores de valores en dificultad, que constituyen otra oportunidad que depende de los acontecimientos.

4.9.   El rescate de LTCM en 1998 por el motivo de que se trataba de un FC «demasiado grande para quebrar» hizo que los FC pasaran a considerarse como un riesgo sistémico potencial, si bien retrospectivamente se considera que la operación de rescate llevada a cabo por la Reserva Federal estadounidense fue una medida precipitada. Desde entonces, los corredores preferenciales han prestado atención a los riesgos que plantean sus relaciones con los FC y, en realidad, el causante del desplome financiero fue la quiebra de Lehman Brothers, un banco regulado. Los FC estaban lejos de tener el elevado coeficiente de endeudamiento de los bancos regulados.

4.10.   En el citado artículo publicado en la revista económica del Sveriges Riksbank, se examina el papel desempeñado por los FC en la crisis financiera y, en particular, la idea de que actúan de modo concertado para crear impacto. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna prueba de ello ni en la crisis monetaria europea (1997) ni en la burbuja informática (2002). En cuanto a la crisis actual, ha tenido mayor incidencia en los FC que estos últimos en la crisis.

4.11.   En el artículo también se examina si los FC representan una mayor amenaza que otros inversores para la estabilidad financiera, llegando a la conclusión de que la influencia de cada fondo sobre el conjunto del mercado es limitada, sobre todo porque los activos de los FC se reparten entre 10 000 fondos. No obstante, es probable que hayan influido en el desarrollo de la crisis, junto con todos los demás inversores institucionales.

4.12.   Aunque el impacto de los FC en las transformaciones industriales sea menos pronunciado que el de los FCR, su impacto potencial sigue siendo objeto de preocupación, sobre todo debido a la falta de transparencia de sus estrategias, sus inversiones y sus sedes. Por lo tanto, el CESE suscribe los seis principios de alto nivel descritos en el reciente informe de la OICV sobre la regulación de los FC (junio de 2009), que se elaboró en respuesta a una iniciativa de los G-20. Estos principios son:

| — | inscripción obligatoria de los gestores y consejeros de FC en un registro; |
| --- | --- |

—

inscripción obligatoria de los gestores y consejeros de FC en un registro;

| — | obligaciones reglamentarias relativas a las normas organizativas, los conflictos de intereses, la facilitación de información y las normas prudenciales; |
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—

obligaciones reglamentarias relativas a las normas organizativas, los conflictos de intereses, la facilitación de información y las normas prudenciales;

| — | obligación de registro, regulación y supervisión de los corredores preferenciales; |
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—

obligación de registro, regulación y supervisión de los corredores preferenciales;

| — | facilitación, por parte de los FC y los corredores preferenciales, de información pertinente para fines de evaluación del riego sistémico; |
| --- | --- |

—

facilitación, por parte de los FC y los corredores preferenciales, de información pertinente para fines de evaluación del riego sistémico;

| — | directrices de los reguladores sobre las mejores prácticas; |
| --- | --- |

—

directrices de los reguladores sobre las mejores prácticas;

| — | cooperación internacional entre los reguladores. |
| --- | --- |

—

cooperación internacional entre los reguladores.

La ventaja de un acuerdo internacional es que desincentiva el arbitraje reglamentario.

4.13.   A continuación, se presenta un análisis SWOT de los FC, con anotaciones en cursiva del ponente:

| Dimensión interna | Puntos fuertes







  — | Aumento del valor de las empresas que cotizan en bolsa |
| --- | --- | --- |

Dimensión interna

Puntos fuertes

—

Aumento del valor de las empresas que cotizan en bolsa

| — | Orientación hacia mercados eficientes |
| --- | --- |

—

Orientación hacia mercados eficientes

| — | Compradores de «último recurso» |
| --- | --- |

—

Compradores de «último recurso»

| — | Adquisición de activos de mayor riesgo/valores en dificultades |
| --- | --- |

—

Adquisición de activos de mayor riesgo/valores en dificultades

Puntos débiles

| — | Orientación a corto plazo,

  carecen de un papel a largo plazo |
| --- | --- |

—

Orientación a corto plazo,

carecen de un papel a largo plazo

| — | Mentalidad gregaria/comportamiento gregario,

  ni se ha demostrado ni se ha observado |
| --- | --- |

—

Mentalidad gregaria/comportamiento gregario,

ni se ha demostrado ni se ha observado

| — | Transparencia de los riesgos |
| --- | --- |

—

Transparencia de los riesgos

| — | Factores externos |
| --- | --- |

—

Factores externos

Dimensión externa

Oportunidades

| — | Liquidez en los mercados financieros |
| --- | --- |

—

Liquidez en los mercados financieros

| — | Sobreponerse a las deficiencias del mercado (en el caso de los inversores activos) |
| --- | --- |

—

Sobreponerse a las deficiencias del mercado (en el caso de los inversores activos)

| — | Innovaciones financieras |
| --- | --- |

—

Innovaciones financieras

Amenazas

| — | Efecto multiplicador / riesgos sistémicos, |
| --- | --- |

—

Efecto multiplicador / riesgos sistémicos,

| — | no se ha demostrado |
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—

no se ha demostrado

| — | Manipulación de los mercados, |
| --- | --- |

—

Manipulación de los mercados,

| — | en absoluto |
| --- | --- |

—

en absoluto

| — | Agotamiento de las reservas financieras,

  más bien en el caso de los FCR |
| --- | --- |

—

Agotamiento de las reservas financieras,

más bien en el caso de los FCR

| — | Prioridad a la ingeniería financiera |
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—

Prioridad a la ingeniería financiera

| — | Estrategia de alto riesgo – acompañada de una recompensa elevada |
| --- | --- |

—

Estrategia de alto riesgo – acompañada de una recompensa elevada

5.   Fondos soberanos

5.1.   Los fondos soberanos (FS) no se consideran fondos de inversión alternativos (FIA). Se trata de fondos de propiedad estatal que se invierten en carteras de activos financieros. Su función principal consiste en estabilizar la economía de un país mediante la diversificación y generar riqueza para las generaciones futuras. Actualmente, existen veinte fondos de gran envergadura con activos por un valor total estimado en más de tres billones de dólares estadounidenses. Los FS son financiados, por lo general, por los beneficios de la venta de materias primas como el petróleo o el gas, como en Oriente Medio, o por los superávits de la balanza por cuenta corriente, como en el caso de China. Desde el punto de vista macroeconómico, los FS desempeñan claramente dos funciones importantes. Devuelven fondos a las economías de los países miembros de la OCDE, corrigiendo de este modo los desequilibrios mundiales, y reducen la amenaza de inflación doméstica manteniendo sus excedentes fuera de las economías de sus propios países.

5.2.   Según WMP, los principales FS son:

| País | Fondo | Activos en millardos de USD |
| --- | --- | --- |
| Abu Dhabi | Abu Dhabi Investment Authority | 627 |
| Arabia Saudí | SAMA Foreign Holdings | 431 |
| China | SAFE Investment Company | 347 |
| Noruega | Gov't Pension Fund Global | 326 |
| Singapur | Gov’t Investment Corporation | 248 |
| Rusia | National Welfare Fund | 220 |
| Kuwait | Kuwait Investment Authority | 203 |

País

Fondo

Activos en millardos de USD

Abu Dhabi

Abu Dhabi Investment Authority

627

Arabia Saudí

SAMA Foreign Holdings

431

China

SAFE Investment Company

347

Noruega

Gov't Pension Fund Global

326

Singapur

Gov’t Investment Corporation

248

Rusia

National Welfare Fund

220

Kuwait

Kuwait Investment Authority

203

5.3.   Sus horizontes de inversión son a largo plazo y, en la mayoría casos, no recurren al endeudamiento. Tienden a tener una mayor tolerancia al riesgo y a esperar más beneficios que las reservas oficiales tradicionales administradas por las autoridades monetarias. Son, por lo general, inversores pasivos, aunque pueden ser influyentes. Por ejemplo, las inversiones del Norway Pension Fund están sujetas a un control ético con arreglo a los PIR.

5.4.   El auge de los FS es un indicio de una evolución más amplia de la estructura del mercado financiero mundial. Según los pronósticos del FMI, el importe total de los activos de los FS ascenderá a entre seis y diez billones de dólares estadounidenses de aquí a cinco años. Durante la crisis, los FS efectuaron una serie de inversiones muy importantes en instituciones financieras en dificultades. La entrada en escena de estos fondos constituye un elemento central de las inversiones internacionales y cuando se resuelvan las cuestiones reglamentarias, desempeñarán un papel clave en el desarrollo de la economía mundial.

5.5.   Muchos gobiernos de países de la OCDE han destacado la importancia que reviste el control, e incluso la regulación, de los FS. Existe preocupación por la posibilidad de que las inversiones de los FS representen una amenaza para la seguridad nacional, y su falta de transparencia ha contribuido a esta controversia, lo que, a su vez, ha dado lugar al proteccionismo y al nacionalismo económico entre los países beneficiarios de las inversiones. La falta de responsabilidad, que podría inducir a los FS a distorsionar o desestabilizar los mercados financieros, constituye otra fuente de preocupación, que se vería atenuada si los fondos facilitaran información acerca de su gobernanza. Las preocupaciones disminuirían en gran medida con la instauración de un método de comunicación transparente, creíble y fiable.

5.6.   No existen pruebas fehacientes de que los FS realicen inversiones por motivos políticos o estratégicos.

Las actuaciones estratégicas de algunos países en desarrollo parecen haber sido emprendidas por sus empresas públicas y no por los FS. Las adquisiciones de Gazprom representan un caso típico, al igual que el intento fallido de Chinalco de comprar acciones en Río Tinto. China está realizando un gran esfuerzo por bloquear las reservas energéticas en todo el mundo ofreciendo crédito a los gobiernos a través de sus dos bancos políticos: el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China (China Exim Bank).

5.7.   En 2008 se puso en marcha una doble iniciativa internacional destinada a normalizar las relaciones entre los fondos y los países de la OCDE. La OCDE ha elaborado directrices para los países beneficiarios de las inversiones, mientras que el FMI ha colaborado con el GTI para desarrollar los principios de Santiago, que están relacionados con:

| — | el marco jurídico y los objetivos de los fondos; |
| --- | --- |

—

el marco jurídico y los objetivos de los fondos;

| — | el marco institucional y la estructura de gobernanza; |
| --- | --- |

—

el marco institucional y la estructura de gobernanza;

| — | el marco de gestión de las inversiones y los riesgos. |
| --- | --- |

—

el marco de gestión de las inversiones y los riesgos.

5.8.   Para que sus inversiones desempeñen plenamente su papel en las economías de los países de la OCDE, los FS deben aumentar la transparencia y la información facilitada, sobre todo en materia de gobernanza, estrategia y objetivos de inversión. Deberán reafirmar su compromiso con la economía de mercado, gracias a la cual pueden invertir libremente. Sus gobiernos deberán estar dispuestos a aceptar inversiones recíprocas de las economías de la OCDE.

5.9.   En la reunión del GTI, celebrada en Kuwait en abril de 2009, los FS crearon un foro de representantes permanentes para impulsar los trabajos del grupo. Aunque los principios constituyen un paso importante, se requiere un mayor esfuerzo en relación con:

| — | las relaciones con los países beneficiarios de las inversiones; |
| --- | --- |

—

las relaciones con los países beneficiarios de las inversiones;

| — | los requisitos y las normas en materia de facilitación de información; |
| --- | --- |

—

los requisitos y las normas en materia de facilitación de información;

| — | el respeto de las normas, las evaluaciones y las sanciones. |
| --- | --- |

—

el respeto de las normas, las evaluaciones y las sanciones.

A falta de este aumento de la transparencia, los FS podrían representar un factor desestabilizador a nivel macroeconómico.

5.10.   En lo que respecta a las empresas, los FS no contribuyen directamente a las transformaciones industriales, aunque de manera indirecta realizan importantes inversiones en los FIA. No obstante, dado su creciente poder económico, se están convirtiendo en importantes accionistas de las principales empresas. Por consiguiente, el CESE considera que sería conveniente que los FS siguieran el ejemplo del fondo noruego y suscribieran los PIR.

5.11.   A continuación, se presenta un análisis SWOT de los FS, con anotaciones en cursiva del ponente;

| Dimensión interna | Puntos fuertes







  — | Orientación a largo plazo |
| --- | --- | --- |

Dimensión interna

Puntos fuertes

—

Orientación a largo plazo

| — | Compradores de «último recurso» |
| --- | --- |

—

Compradores de «último recurso»

| — | Aumento de los recursos financieros |
| --- | --- |

—

Aumento de los recursos financieros

| — | Fortalecimiento del vínculo con los mercados industriales |
| --- | --- |

—

Fortalecimiento del vínculo con los mercados industriales

Puntos débiles

| — | Falta de autonomía de las partes interesadas nacionales |
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—

Falta de autonomía de las partes interesadas nacionales

| — | Falta de transparencia |
| --- | --- |

—

Falta de transparencia

| — | Los principios de Santiago abordan ambas cuestiones. |
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—

Los principios de Santiago abordan ambas cuestiones.

Dimensión externa

Oportunidades

| — | Orientación hacia las partes interesadas |
| --- | --- |

—

Orientación hacia las partes interesadas

| — | Ingeniería financiera eficaz |
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—

Ingeniería financiera eficaz

| — | Acceso a nuevos mercados |
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—

Acceso a nuevos mercados

| — | Posible influencia en los FIA |
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—

Posible influencia en los FIA

Amenazas

| — | Prioridad a los objetivos políticos – incertidumbre en torno a las intenciones a largo plazo |
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Prioridad a los objetivos políticos – incertidumbre en torno a las intenciones a largo plazo

| — | Concentración de la riqueza fuera del control democrático |
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—

Concentración de la riqueza fuera del control democrático

| — | Temas abordados en parte en los principios de Santiago |
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Temas abordados en parte en los principios de Santiago

Bruselas, 5 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  DO L 82 de 22.3.2001, p. 16.

1

(2)  DO L 10 de 16.1.1998, p. 22.

2

(3)  DO L 80 de 23.3.2002, p. 29.

3

(4)  DO L 235 de 23.9.2003, p. 10.

4

(5)  DO C 100 de 30.4.2009, p. 15, Dictamen del CESE sobre la Comunicación de la Comisión «Eliminación de obstáculos para las inversiones transfronterizas mediante fondos de capital riesgo», COM(2007) 853 final.

5

COM(2007) 853 final

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/65 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/65

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Los servicios de interés económico general: ¿qué reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros?»

(Dictamen de iniciativa)

(2010/C 128/11)

Ponente: Raymond HENCKS

El 26 de febrero de 2009, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema

«Los servicios de interés económico general: ¿qué reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros?».

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de septiembre de 2009.

En su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 4 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 155 votos a favor 1, en contra y 9 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Objeto del dictamen de iniciativa

1.1.   En su plan de acción «Un Programa para Europa: las propuestas de la sociedad civil» (CESE 593/2009), el CESE destacó la importancia de los servicios de interés general (SIG), inscritos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y definidos en el Protocolo anejo al Tratado de Lisboa.

1.2.   Dicho protocolo sobre los SIG constituye una innovación importante del Tratado de Lisboa en la medida en que cubre el conjunto de los SIG e introduce, por primera vez en un Tratado, el concepto de «servicios de interés general que no tengan carácter económico» (SIGNE), en contraste con los «servicios de interés económico general» (SIEG).

1.3.   El Protocolo no es una simple declaración interpretativa de los Tratados y valores comunes de la Unión en relación con los SIG, sino que tiene el carácter de instrucciones dirigidas a la Unión y los Estados miembros. Sitúa claramente al usuario, la satisfacción de sus necesidades, sus preferencias y sus derechos en el centro de las disposiciones y adopta los principios comunes de un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso universal.

1.4.   En el «Programa para Europa» del CESE, éste propone preparar una iniciativa comunitaria para acometer un verdadero debate sobre la definición de líneas de conducta relativas a los servicios de interés general, habida cuenta de su importancia para la cohesión social y territorial de la Unión Europea en el contexto de la globalización, y en consideración del objetivo de promoción de un acceso universal y de los derechos de los usuarios previsto por el Tratado de Lisboa.

1.5.   En efecto, el Tratado de Lisboa introduce por primera vez, mediante el artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), un fundamento jurídico de aplicación general para el legislador comunitario en materia de SIEG, fundamento jurídico distinto del relativo al mercado interior en que se basan las directivas sectoriales de liberalización de los SIEG de redes (comunicaciones electrónicas, electricidad, gas, transportes públicos, correos).

1.6.   Dicho artículo 14 concentra su atención en las condiciones económicas y financieras necesarias para el buen cumplimiento del cometido particular asignado a los SIEG y, a través de él, se pide al Consejo y al Parlamento Europeo que legislen en la materia mediante reglamentos.

1.7.   En el orden de ideas de su «Programa para Europa», el CESE examina en el presente dictamen de iniciativa la aplicación del artículo 14 del Tratado de Lisboa, y se propone estudiar el posible valor añadido y contenido de iniciativas legislativas de las instituciones europeas para aclarar las cuestiones siguientes:

| — | ¿Quién define los servicios de interés general, sus objetivos, cometidos y responsabilidades? |
| --- | --- |

—

¿Quién define los servicios de interés general, sus objetivos, cometidos y responsabilidades?

| — | ¿Qué formas puede tomar esta definición? |
| --- | --- |

—

¿Qué formas puede tomar esta definición?

| — | ¿En qué ámbitos los SIG comunitarios podrían ser necesarios para aplicar los objetivos de la Unión? |
| --- | --- |

—

¿En qué ámbitos los SIG comunitarios podrían ser necesarios para aplicar los objetivos de la Unión?

2.   Definición, objetivos, cometidos y responsabilidades de los SIG

2.1.   El Protocolo anejo al Tratado de Lisboa introdujo por primera vez el concepto de «servicios de interés general que no tengan carácter económico» (SIGNE), cuando hasta entonces en los Tratados sólo se hablaba de «servicios de interés económico general (SIEG)».

2.2.   El Protocolo sobre los SIG anejo al Tratado de Lisboa confirma, por una parte, la competencia exclusiva de los Estados miembros en cuanto a los SIGNE (con la condición, no obstante, de que se cumplan los principios generales del Derecho comunitario), y, por otra, «el papel esencial y la amplia capacidad de discreción de las autoridades nacionales, regionales y locales para prestar, encargar y organizar los servicios de interés económico general lo más cercanos posible a las necesidades de los usuarios». El Protocolo, sin embargo, no aporta precisión sobre la distinción entre un servicio económico y un servicio no económico.

2.3.   Desde el Tratado de Ámsterdam (1997) se establece claramente en el Tratado CE (artículo 16) una competencia y una responsabilidad compartidas de la Unión y los Estados miembros en materia de SIEG, en la medida en que, según el Tratado, «la Comunidad y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación del presente Tratado, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir su cometido».

2.4.   Esta división de competencias, sin embargo, dista hoy mucho de estar clara, lo que genera incertidumbre para todas las partes interesadas (autoridades públicas, prestadores de servicio, organismos reguladores, usuarios, sociedad civil), con un desarrollo importante de cuestiones prejudiciales y litigios contenciosos en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sabiendo que el Tribunal se pronuncia caso por caso, sobre la base de la legislación vigente -poco desarrollada por lo que se refiere a los SIG/SIGNE- y de su jurisprudencia anterior, las autoridades públicas y los entes locales están cada vez más sujetos al Derecho comunitario sobre competencia, en especial cuando las actividades de servicio público se ejercen con otros socios.

2.5.   Ahora bien, la referencia a las necesidades de los usuarios, tanto particulares como profesionales, debe considerarse un elemento clave que deberá respetarse, porque la creación de los SIEG sólo se justifica en la medida en que permite el cumplimiento de cometidos de interés general al servicio de los principales beneficiarios de dichos servicios.

2.6.   La determinación de la naturaleza y el alcance de un cometido SIEG en ámbitos de acción particulares que no dependan de la Comunidad o estén basados en una competencia sólo limitada o compartida sigue incumbiendo en principio a los Estados miembros.

2.7.   El Protocolo invita a las instituciones comunitarias, y en particular a la Comisión Europea, a tener en cuenta la «diversidad» de los SIEG y la «disparidad de las necesidades y preferencias de los usuarios que pueden resultar de las diferentes situaciones geográficas, sociales y culturales».

2.8.   Por consiguiente, cuando la Comisión proceda a controlar el respeto de las normas del Tratado en lo relativo al campo de definición de los SIEG por los Estados miembros, deberá tener más en cuenta los imperativos públicos y las opciones democráticas de cada Estado miembro. El ámbito, el contenido y las condiciones de ejercicio de la valoración por la Comisión del «error manifiesto» deberán adaptarse en consecuencia, con el fin de prevenir en lo posible conflictos y litigios contenciosos.

2.9.   Existe hoy para el conjunto de los SIG y SIEG una doble inseguridad, perjudicial para el cumplimiento de sus cometidos, en relación con:

| — | las competencias y responsabilidades respectivas de la Unión y los Estados miembros y de los entes locales; |
| --- | --- |

—

las competencias y responsabilidades respectivas de la Unión y los Estados miembros y de los entes locales;

| — | el carácter económico o no económico de los servicios, lo que determina el corpus de normas jurídicas al que pertenecen. |
| --- | --- |

—

el carácter económico o no económico de los servicios, lo que determina el corpus de normas jurídicas al que pertenecen.

2.10.   Es importante, por tanto, como se estipula en el artículo 14 del Tratado de Lisboa, que una (o varias) iniciativa(s) legislativa(s) aporte(n) la claridad y las garantías necesarias, teniendo en cuenta, por otra parte, la naturaleza y especificidades de los distintos tipos de SIEG (servicios sociales, medidas de inserción en el empleo, ayudas a las personas desfavorecidas o discapacitadas, vivienda social, etc.). No se trata de uniformar los SIEG en toda la UE, sino de conciliar unidad y diversidad: unidad de algunas normas comunes en los ámbitos esenciales, y diversidad a la vez sectorial y nacional.

3.   Las formas de definición

3.1.   Las amplias facultades discrecionales de que disponen los Estados miembros a la hora de determinar lo que consideran un SIEG no les eximirá, cuando aleguen la existencia y la necesidad de protección de un cometido SIEG, de velar por que este último cumpla determinados criterios mínimos –tal como se establece en la jurisprudencia– comunes a todo cometido SIEG en el sentido del Tratado y demostrar que tales criterios se respetan efectivamente en el caso de que se trate.

3.2.   Se trata, en particular, de la presencia de un acto oficial nacional por el que se encomiende a los operadores en cuestión un cometido SIEG, así como el ámbito y el carácter de dicho cometido. Tal acto oficial, establecido por la autoridad pública competente, deberá tener un valor jurídico vinculante en Derecho nacional: ley, reglamento, contrato, convenio, etc.

3.3.   El Estado miembro deberá indicar, sobre la base de las normas comunitarias, los cometidos particulares de interés general para los que considere que el servicio en cuestión, debido a su carácter específico, merece calificarse de SIEG y distinguirse de otras actividades económicas de libre mercado.

3.4.   Inversamente, la ausencia de prueba por el Estado miembro del cumplimiento de estos criterios, o de su incumplimiento, puede constituir un error manifiesto, circunstancia que corresponde apreciar a la Comisión.

3.5.   Un Estado miembro puede decidir que varios operadores de un sector realicen un cometido SIEG, sin estar obligado a encomendarles por separado dicho cometido mediante un acto o un mandato individual.

3.6.   El conjunto de estas disposiciones deriva de la jurisprudencia del TJCE, pero no están claramente establecidas y consolidadas por el Derecho derivado, lo que supone incertidumbre jurídica para las distintas partes interesadas o, al menos, así lo perciben muchas de ellas.

3.7.   En la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior se hace en materia de servicios sociales una distinción entre, por una parte, prestadores de servicios designados por el Estado y asociaciones caritativas reconocidas como tales por el Estado y, por otra, prestadores de servicios que no pueden prevalerse de un mandato o de un reconocimiento oficial.

3.8.   Según su documento de trabajo SEC(2007) 1516 (sólo disponible en versión inglesa), la Comisión considera que el mandato es el acto oficial por el que se confía a la empresa la prestación de un SIEG y se indica el cometido de interés general de la empresa en cuestión, así como la amplitud y las condiciones generales de funcionamiento del SIEG.

3.9.   El mandato implica, según una interpretación de la Comisión, una obligación primordial de prestar o poner a disposición el servicio, sin distinción y sin consideración de la especificidad de la naturaleza del servicio. La Comisión afirma que esta obligación de prestación no vale para las asociaciones caritativas reconocidas como tales por el Estado, sin precisar, no obstante, las condiciones y la forma requeridas para tal reconocimiento.

3.10.   A ello se añade que, siempre según la Comisión, una «acreditación» concedida por una autoridad pública a un prestador de servicios, por la que se le autorice a prestar determinados servicios, no corresponde a un mandato y no impone al operador la obligación de prestar los servicios en cuestión. Ahora bien, la noción de acreditación no se encuentra tampoco ni en el Derecho primario ni en el Derecho derivado.

3.11.   No es posible, tampoco en este caso, recurrir a una clarificación caso por caso, en función de los contenciosos y arbitrajes, y, por ello, una iniciativa legislativa, en concertación con las partes interesadas, puede aportar claridad y seguridad jurídica.

3.12.   Tal clarificación, solicitada por las partes interesadas, debería tener en cuenta las situaciones existentes en los Estados miembros, resultantes de las historias, tradiciones y modos de organización social, y garantizar su carácter permanente al justificarse por objetivos de interés general y de calidad de servicio.

4.   Servicios comunitarios de interés general

4.1.   En dos dictámenes recientes (Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Las consecuencias sociales de la evolución del binomio transporte-energía», CESE 1293/2008 y sobre el «Libro Verde: Hacia una red de energía europea segura, sostenible y competitiva», CESE 1029/2009, ponente de ambos dictámenes: Laure Batut), el CESE considera que se deberían emprender estudios sobre la viabilidad de un SIG europeo de la energía que cabría poner al servicio de la política común de la energía.

4.2.   En su Libro Verde «Hacia una red de energía europea segura, sostenible y competitiva», la Comisión aboga por un gestor europeo del sistema de transporte de gas mediante la creación progresiva de una empresa independiente para que gestione una red de transporte de gas unificada en toda la UE.

4.3.   No obstante, hay que reconocer que, en el conflicto entre diversidades nacionales y necesidades comunes de construir un mercado único europeo, las instancias europeas y los Gobiernos nacionales o Estados miembros son remisos en familiarizarse con la idea de servicios comunitarios de interés (económico o no) general. Así, por ejemplo, la idea de crear servicios europeos de la energía no ha sido aún acogida favorablemente entre los responsables políticos.

4.4.   Sin embargo, son necesarios SIG comunitarios para proseguir la construcción en común de Europa. Tales servicios serán la expresión de las solidaridades europeas para afrontar los retos que se plantean a la Unión en ámbitos esenciales y multinacionales o transnacionales, como la seguridad de aprovisionamiento energético, el aseguramiento de los recursos hídricos, la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de la calidad del aire, la seguridad interna y externa, etc. Son servicios que no pueden atribuirse a organizaciones de nivel nacional o local, dado que no constituyen servicios de proximidad, como, por ejemplo, servicios sociales, o prestaciones de interés general exclusivamente locales, regionales o nacionales.

4.5.   En este contexto, el CESE se pronuncia a favor de colaboraciones públicas (Unión y Estados miembros) y privadas, para aumentar la seguridad de aprovisionamiento energético y lograr una administración integrada de las redes interconectadas de energía (gas, electricidad, petróleo), al igual que el desarrollo de la red eólica marítima y la conexión de los parques eólicos con la red en tierra firme, lo que podría reducir considerablemente los costes de explotación y de inversión e incitar en mayor medida a invertir en nuevos proyectos de redes.

4.6.   En el marco de las competencias de cada Estado miembro –por ejemplo, en materia de combinación energética–, las cuestiones de orden social y empresarial, planteadas por la gestión y la utilización de los recursos naturales, la energía nuclear, el cambio climático y la gestión sostenible, la seguridad, transcienden las fronteras tradicionales de los Estados y sólo encontrarán respuesta satisfactoria en una concepción europea del interés general y de servicios adecuados.

4.7.   El hecho de que los Estados tengan en principio la competencia de definir los SIEG no menoscaba en absoluto las competencias de la UE para definir, a su nivel, SI(E)G, cuando resulte necesario para aplicar los objetivos de la Unión y sea proporcionado con estos objetivos. Tanto el Derecho primario como el Derecho derivado y la jurisprudencia permiten a la Unión la posibilidad, como autoridad pública en los ámbitos en que existe competencia explícita, e incluso limitada o compartida, de prestar, encargar, organizar y financiar estos servicios en las mismos condiciones y con las mismas normas que los Estados miembros.

4.8.   El artículo 16 del Tratado CE establece claramente una competencia y una responsabilidad compartidas entre la UE y los Estados miembros especificando que la Comunidad y sus Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas, velarán por que los SIEG actúen con arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir su cometido.

4.9.   En efecto, los SIEG forman parte de una serie de objetivos de la Unión Europea (respeto de los derechos fundamentales, promoción del bienestar de los ciudadanos, justicia social, cohesión social, etc.), indispensables para la sociedad. De ello se desprende que la Unión, que tiene responsabilidades en la promoción del nivel y de la calidad de vida en todo el territorio europeo, tiene también determinadas responsabilidades respecto de los instrumentos de aplicación de los derechos fundamentales y de la cohesión social.

4.10.   Los Tratados definen claramente las competencias de la UE, algunas de las cuales, de conformidad con el principio de subsidiariedad, pueden implicar la creación de servicios, organismos, agencias o similares a nivel comunitario (política de transportes, redes transeuropeas, protección del medio ambiente, protección del consumidor, cohesión económica, social y territorial de la Unión, seguridad interior y exterior, lucha contra el cambio climático, seguridad de aprovisionamiento energético, etc.).

4.11.   Aunque para determinados servicios –como las agencias comunitarias, tales como, por ejemplo, las encargadas de la seguridad marítima, alimentaria, ferroviaria, o la responsable de la gestión de la cooperación operacional en las fronteras exteriores, o bien los servicios «Cielo único» o «Galileo»– no se haya hecho referencia jurídica a los SIG y SIEG, estos servicios responden por su naturaleza a un interés general europeo.

4.12.   Por consiguiente, en lugar de adoptar un planteamiento defensivo, las instituciones comunitarias, sin prejuzgar el estatus de los operadores, deberían reconocer la existencia y la necesidad de servicios comunitarios de interés general en los ámbitos en que, para responder a sus objetivos, la acción de la UE es más eficaz que la acción de cada uno de los Estados miembros por separado.

Bruselas, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/69 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/69

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Repercusión de las redes sociales de comunicación e interacción en el ciudadano/consumidor»

(Dictamen de iniciativa)

(2010/C 128/12)

Ponente: Jorge PEGADO LIZ

En el Pleno del 26 de febrero de 2009, el Comité Económico y Social Europeo decidió, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema

«Repercusión de las redes sociales de comunicación e interacción en el ciudadano-consumidor»

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 12 de octubre de 2009 (ponente: Jorge Pegado Liz).

En su 457° Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 4 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 108 votos a favor, 2 en contra y 10 abstenciones, el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   El CESE reconoce la importancia cultural, política y social de las redes sociales de comunicación en Internet (RSC) como instrumento de comunicación e interacción entre las personas, en el marco del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión.

1.2.   Al mismo tiempo, el CESE toma nota del interés económico asociado al desarrollo de las RSC, en concreto su potencial para actividades de comunicación comercial y de mercadotecnia de diversos tipos.

1.3.   El CESE destaca los aspectos positivos vinculados al desarrollo de las RSC y, en particular, su contribución a la garantía y el ejercicio de la libertad de expresión en determinados contextos políticos, la creación y reunión de comunidades de personas en línea, el (re)encuentro de amigos y familiares, la prevención de situaciones de riesgo para los menores y la posibilidad de que éstos pidan ayuda a través de las mismas, así como el intercambio de información en el ámbito de la salud.

1.4.   Al mismo tiempo, el CESE desea unir su voz a la de todos aquellos –organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, familias y simples ciudadanos– que manifiestan una preocupación justificada por los riesgos que entraña el uso ilegal y abusivo de las RSC, que vulnera algunos derechos humanos fundamentales.

1.5.   El CESE alerta, en especial, de los riesgos asociados a la utilización de las RSC por menores y otras personas en situación de riesgo, como personas con escasa alfabetización digital, muchas veces víctimas de quienes se aprovechan de ellas para cometer actos ilegales que ofenden la dignidad personal y ponen en peligro su salud física o mental e, incluso, su propia vida.

1.6.   El CESE celebra las recientes iniciativas de la Comisión y, en particular, las llevadas a cabo por la DG Sociedad de la Información y Medios de Comunicación y la DG Justicia, Libertad y Seguridad, con vistas a concertar a los operadores de estas redes a través de códigos de conducta o de buenas prácticas.

1.7.   No obstante, el CESE considera necesario intensificar la intervención de la UE y los Estados miembros para mejorar la información facilitada a todos los ciudadanos sobre los riesgos asociados a la utilización de las RSC y las buenas prácticas que deben adoptarse.

1.8.   El CESE considera, además, que deben hacerse esfuerzos adicionales con vistas a impartir una educación más profunda a los jóvenes desde los primeros años escolares, dar un mayor apoyo a las familias, teniendo en cuenta la importancia del acompañamiento y el control parental en la utilización de Internet por parte de los jóvenes, desarrollar instrumentos técnicos de bloqueo y filtrado de accesos, incrementar la prevención de los riesgos y reprimir más eficientemente las prácticas ilegales o perjudiciales en este ámbito.

1.9.   A este respecto, el CESE estima que los jóvenes deben participar directamente en la definición de los modelos operativos, así como en la moderación y resolución de cuestiones relacionadas con las RSC, ya que es probable que sean los más capacitados para entender de la manera más rápida y eficaz las situaciones problemáticas que surjan y proponer soluciones adecuadas.

1.10.   El CESE insta a la Comisión a continuar el análisis pormenorizado del fenómeno de las RSC, para disponer de un conocimiento exhaustivo de esta realidad y, en particular, de sus repercusiones culturales, sociales y económicas, así como de su utilización potencial para fomentar un debate ampliado sobre temas tan importantes como el cambio climático o la iniciativa «Comunicar Europa».

1.11.   El CESE recomienda a la Comisión que, como complemento de las buenas prácticas de autorregulación, analice la posibilidad de instituir mecanismos de corregulación que permitan un control efectivo de los acuerdos de buenas prácticas celebrados, a fin de prevenir desviaciones, reprimir las infracciones y garantizar un castigo efectivo de los transgresores. Para hacer frente a hechos que se inscriben en el ámbito penal y se cometen simultáneamente en todos los Estados miembros a través de las tecnologías de la información, la Unión podría orientarse sin demora hacia un sistema de tipificación y de sanciones armonizadas gestionado de manera coordinada por los agentes nacionales responsables.

1.12.   En este sentido, el CESE sugiere a la Comisión que, como parte del seguimiento de la consulta pública que llevó a cabo en julio de 2008, elabore un Libro Verde sobre las RSC en el que defina las principales opciones para los trabajos futuros y analice sus respectivos impactos, y en cuya preparación escuche a las distintas organizaciones y asociaciones de la sociedad civil interesadas.

1.13.   El CESE recomienda que se estudie la posibilidad de ampliar e integrar las competencias de los órganos comunitarios existentes a fin de crear un Defensor del Pueblo (Ombudsman) a escala comunitaria para todos los temas relacionados con la defensa de la dignidad humana, la privacidad y la protección de datos en los sectores de las comunicaciones electrónicas y el audiovisual, con competencia específica en el ámbito de las RSC.

1.14.   El CESE recomienda a los Estados miembros que mejoren la coordinación de sus políticas a escala nacional, a fin de establecer un marco legal coherente para el tratamiento de estas situaciones, mediante la atribución de competencias a los actuales reguladores nacionales, que deberán ejercerlas de manera coordinada, o la creación de mecanismos adecuados de regulación.

1.15.   El CESE insta, en especial, a los diputados europeos a que inscriban como prioridad en sus agendas políticas estas nuevas realidades, haciéndose eco así de la creciente preocupación de la sociedad civil.

2.   Introducción

2.1.   El presente Dictamen de iniciativa tiene por objeto examinar la repercusión para los ciudadanos y consumidores de las RSC, que se caracterizan, en lo esencial, por ser servicios en línea cuya finalidad es la creación y reunión de comunidades de personas que comparten actividades o intereses comunes, o simplemente están interesadas en conocer las preferencias y actividades de otras personas, y que ofrecen una serie de funciones que permiten la interacción entre los usuarios (http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/safety_issues/faqs/social_networking.htm).

2.2.   Las RSC registran una rápida expansión (supuestamente 211 millones de personas, en torno a las tres cuartas partes de los internautas, estimados en 282,7 millones, visitan regularmente estos servicios en línea), y son utilizadas fundamentalmente por jóvenes a partir de los 16 años, aunque con una tasa de fidelidad relativamente reducida en el caso de algunos servicios. La Comisión (1) estima que las RSC atraen a unos 40 millones de usuarios regulares en Europa, siendo de señalar que el año pasado su uso aumentó aproximadamente un 35 % y se prevé que, en 2012, el número de usuarios se haya multiplicado por más de dos, pasando a ser de 107,4 millones.

2.3.   Paralelamente, las marcas multinacionales se han sumado al nuevo fenómeno y hacen publicidad de sus productos y servicios, en ocasiones de forma desleal. A raíz de la campaña de Obama, también los partidos políticos se han decidido a utilizar estos nuevos servicios, como se puedo ver en las últimas elecciones al Parlamento Europeo. El propio Vaticano se ha adherido a Facebook (Pope2you.net).

2.4.   De un modo sucinto, podemos afirmar que las principales características de las RSC consisten en la tendencia a la gratuidad del servicio, el rápido y exponencial crecimiento del número de usuarios, su extraordinaria revalorización económica, la facilidad de uso y la puesta a disposición de funcionalidades que permiten la interacción entre los usuarios.

2.5.   En el presente Dictamen se pasa revista a las iniciativas comunitarias más recientes, se hace balance del marco legal vigente, se analizan las oportunidades y los riesgos asociados a la utilización de las RSC y se presentan recomendaciones y propuestas de actuación encaminadas a reforzar la seguridad y la confianza de los usuarios de estos medios.

3.   Repercusiones de las RSC y riesgos asociados

3.1.   Los servicios de RSC de Internet constituyen un fenómeno social emergente cuya componente tecnológica se encuentra en permanente evolución y modifica de forma manifiesta el modo en que se interrelacionan e interactúan las personas a través de Internet.

3.2.   Según el análisis efectuado por ComScore, y para hacernos una idea de la dimensión del fenómeno, sólo el servicio de red social Facebook, el sexto sitio más visitado del mundo, registra 275 millones de visitas al mes. En Europa, el pasado mes de febrero, unos 100 millones de personas habrían accedido al servicio Facebook, que supone cuatro de cada cien minutos pasados en línea y representa más del 30 % del tiempo total invertido en sitios de RSC, frente a sólo un 12 % el año anterior.

3.3.   Los aspectos positivos asociados al desarrollo de las RSC son indiscutibles y, en particular, su contribución a:

| i) | la garantía y el ejercicio de la libertad de expresión en determinados contextos sociales y políticos; |
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i)

la garantía y el ejercicio de la libertad de expresión en determinados contextos sociales y políticos;

| ii) | la creación y reunión de comunidades en línea; |
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ii)

la creación y reunión de comunidades en línea;

| iii) | el (re)encuentro de amigos y familiares y la posibilidad de comunicarse entre sí; |
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iii)

el (re)encuentro de amigos y familiares y la posibilidad de comunicarse entre sí;

| iv) | la prevención de situaciones de riesgo para los menores y la posibilidad de que éstos pidan ayuda a través de las RSC; |
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iv)

la prevención de situaciones de riesgo para los menores y la posibilidad de que éstos pidan ayuda a través de las RSC;

| v) | la promoción de bienes y servicios y el incremento del comercio electrónico. |
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v)

la promoción de bienes y servicios y el incremento del comercio electrónico.

3.4.   No obstante, y sin perjuicio de los aspectos positivos anteriormente indicados, es importante tener presentes los riesgos asociados al uso de las RSC para fines ilícitos o perjudiciales, en particular para un sano desarrollo de los menores (2), entre los que destacan:

| i) | traumas psicológicos provocados por insultos transmitidos por medio de dichos servicios; |
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i)

traumas psicológicos provocados por insultos transmitidos por medio de dichos servicios;

| ii) | acoso sexual a niños y jóvenes; |
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ii)

acoso sexual a niños y jóvenes;

| iii) | la exhibición de fotografías y vídeos de adolescentes desnudos o semidesnudos, colgados por ellos mismos o por terceros; |
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iii)

la exhibición de fotografías y vídeos de adolescentes desnudos o semidesnudos, colgados por ellos mismos o por terceros;

| iv) | anuncios explícitos de prostitución y servicios de «acompañamiento» (escort); |
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iv)

anuncios explícitos de prostitución y servicios de «acompañamiento» (escort);

| v) | violaciones reiteradas de la privacidad, de la honra y la dignidad personal; |
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v)

violaciones reiteradas de la privacidad, de la honra y la dignidad personal;

| vi) | atentados a la salud física y mental de los usuarios; |
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vi)

atentados a la salud física y mental de los usuarios;

| vii) | llamamientos a la violencia, el racismo y la xenofobia; |
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vii)

llamamientos a la violencia, el racismo y la xenofobia;

| viii) | divulgación de ideologías totalitarias de carácter fascista o que hacen apología del nazismo; |
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viii)

divulgación de ideologías totalitarias de carácter fascista o que hacen apología del nazismo;

| ix) | suicidios de jóvenes, supuestamente como consecuencia de la divulgación de determinadas situaciones íntimas a través de estas redes. |
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ix)

suicidios de jóvenes, supuestamente como consecuencia de la divulgación de determinadas situaciones íntimas a través de estas redes.

3.5.   Deberá asimismo tenerse en cuenta la nueva generación de tecnologías asociadas a las RSC, como las aplicaciones que permiten la localización geográfica de sus usuarios, las que recurren a las tecnologías de reconocimiento de rostros, lo que permite su inclusión en las cuentas de las RSC, y las nuevas posibilidades de interacción que brindan los teléfonos móviles de última generación.

3.6.   A esto se añade el hecho de que este tipo de redes pueden utilizarse fácilmente para difundir virus, como el que afectó a Twitter el fin de semana de los días 11 y 12 de abril de 2009 y que generó automáticamente más de 100 000 mensajes, propagándose a un número indeterminado de cuentas.

3.7.   En el marco del Foro «Una Internet más segura» 2008 (3), la Comisión sometió a consulta pública (4) un cuestionario en el que abordaba la temática de las RSC. De la lectura de las contribuciones recibidas (5) se desprende que el «ciberacoso», o invasión de la privacidad, y el «grooming» (situaciones en las que determinadas personas se ponen en contacto con los menores e intentan conseguir su amistad mediante un proceso de manipulación psicológica denominado grooming en inglés con el fin de abusar sexualmente de ellos) constituyen los peligros principales y más comunes a que hacen frente los menores cuando utilizan las RSC.

3.8.   Con respecto al ciberacoso (6), al 54 % de los padres europeos les preocupa la posibilidad de que sus hijos sean víctimas de dicha práctica. Más del 80 % de los padres de Francia, Grecia y Portugal se declaran preocupados por la posibilidad de que sus hijos sean objeto de acoso cuando utilizan Internet o el teléfono móvil. En algunos países con una sólida tradición en la defensa de los derechos de la infancia y en la educación de los niños, como Dinamarca, Suecia y Finlandia, los padres parecen tener más confianza en la seguridad de sus hijos cuando utilizan Internet, pues el 69 % no están tan preocupados por la posibilidad de que sean víctimas de ciberacoso.

3.9.   En el Reino Unido, según las conclusiones de una reciente encuesta realizada a 2 000 jóvenes de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años, uno de cada tres jóvenes ha sido víctima de ciberacoso a través de las RSC o de mensajes SMS, y las niñas están cuatro veces más expuestas que los niños a ser víctimas de tales abusos.

3.10.   La protección de la privacidad es otro de los grandes problemas que plantea el uso de las RSC. En la 30a Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad, celebrada en Estrasburgo entre el 15 y el 17 de octubre de 2008, se adoptó una Resolución sobre la protección de la privacidad en los servicios de redes sociales (7) cuyas recomendaciones merecen especial consideración y atención.

3.11.   También en el acuerdo de autorregulación «Principios de la UE para unas Redes Sociales más Seguras», celebrado el 10 de febrero de 2009 (8) entre los operadores de las principales RSC que operan en Europa, que cuenta actualmente con 20 signatarios, se identifican claramente los riesgos potenciales a que están expuestos los menores de 18 años que utilizan esos sitios: el acoso (acoso de niños en sitios de Internet o por SMS), la manipulación psicológica (la conquista de la amistad de un niño por un adulto con la intención de abusar de él sexualmente) y los comportamientos de riesgo, como la revelación indebida de información personal para fines ilegales.

4.   La audiencia organizada por el CESE

4.1.   La propia naturaleza del fenómeno social objeto de examen y su rápida evolución aconsejaron la celebración, en el marco de la elaboración del presente dictamen, de una audiencia que tuvo lugar en la sede del CESE y en la que participaron algunos de los interesados más representativos en materia de operación y utilización de las RSC, ONG y consumidores, además de representantes del Consejo, la Comisión, la ENISA, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y las autoridades nacionales interesadas.

4.2.   Las respuestas escritas al cuestionario previamente enviado, las diversas opiniones expresadas y el intenso intercambio de ideas y propuestas (cuyo resumen puede consultarse en el sitio Web del CESE: http://www.eesc.europa.eu/sections/ten/index_en.asp?id=7000tenen) han contribuido de forma decisiva y muy positiva a la redacción del presente Dictamen y dieron testimonio evidente de la importancia de este tipo de actos de consulta directa con los interesados de la sociedad civil para la formulación de sugerencias y recomendaciones a los responsables políticos de adoptar las decisiones y a los propios operadores y usuarios, en el caso concreto de las RSC.

4.3.   Cabe destacar la convergencia de puntos de vista entre los representantes de la Comisión y del Supervisor Europeo de Protección de Datos presentes con la mayor parte de las propuestas formuladas en el presente Dictamen, además de los importantes avances de la Comisión para mejorar la definición de algunos de los objetivos y concretar otros en las iniciativas en curso y en otras iniciativas previstas, lo que permite augurar una colaboración institucional muy fructífera en el futuro.

5.   Medidas necesarias y resultados esperables

5.1.   El CESE reconoce y felicita a la Comisión por el trabajo ya efectuado en el ámbito de la protección de los niños en el uso de Internet, y se remite al contenido de su Dictamen sobre la propuesta, entonces en estudio, de un Programa comunitario plurianual sobre la protección de la infancia en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación (9).

5.2.   También reconoce la oportunidad de la iniciativa de autorregulación antes citada y confirma su utilidad, destacando el conjunto de medidas previstas para minimizar los principales riesgos.

5.3.   En el marco de la aplicación del Programa para una Internet más segura (2009-2013), el CESE resalta la importancia de intensificar el diálogo con los agentes implicados en las RSC, en particular los jóvenes, promoviendo su participación en el debate, el diseño y la elaboración de soluciones para un uso más seguro de Internet.

5.4.   El CESE considera que los jóvenes deben participar directamente en la definición de los modelos operativos, así como en la moderación y resolución de cuestiones relacionadas con las RSC, ya que es probable que sean los más capacitados para entender de la manera más rápida y eficaz las situaciones problemáticas que surjan y proponer soluciones adecuadas.

5.5.   El CESE propone también estudiar la posibilidad de crear un currículo internacional o europeo para la formación de asesores y terapeutas especializados en seguir a las víctimas de Internet, en particular en las situaciones de acoso y de «grooming». El CESE sugiere que, en el marco del Programa para una Internet más segura se prevean iniciativas de asesoramiento generales, y en particular en línea, y la adopción de programas preventivos dirigidos a niños y adolescentes.

5.6.   También en el marco de la aplicación del Programa para una Internet más segura (2009-2013), el CESE destaca la importancia de lanzar iniciativas a favor de la alfabetización digital, en particular del uso seguro de las RSC, dirigidas no sólo a niños y adolescentes, sino a la población en general, en especial a los padres, como responsables de la educación, y a las personas de edad avanzada.

5.7.   Por otro lado, el CESE considera que los operadores de las RSC deben mantener las prácticas de autorregulación, en particular en el ámbito de la protección de los menores, pero siempre que se garantice un seguimiento independiente de su efectivo cumplimiento, con la posibilidad de establecer normas mínimas de protección por vía legal.

5.8.   El CESE defiende, además, la evolución de los sistemas de autorregulación en el sentido de una corregulación, tanto a escala comunitaria como nacional, con la participación de las entidades reguladoras, de forma que se garantice un cumplimiento efectivo de los acuerdos celebrados, la prevención de desviaciones, la sanción de las infracciones y el castigo de los transgresores por sus pares.

5.9.   El CESE acepta y hace suyas la mayoría de las recomendaciones recogidas en la Resolución sobre la protección de la privacidad en las redes de socialización, adoptada el 17 de octubre de 2008, por la 30a Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad (10), así como en el reciente dictamen del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del Artículo 29 acerca las redes sociales en línea, (11) e insta a la Comisión a que las asuma y haga que los operadores las acepten.

5.10.   El CESE considera, asimismo, que es necesario realizar más esfuerzos para mejorar la información y ampliar la educación desde los primeros años escolares, con vistas a una mayor prevención de los riesgos y una mejor utilización de estos lugares de socialización, para lo que deberán lanzarse campañas de sensibilización a escala comunitaria y en los distintos Estados miembros. En este sentido, y de forma complementaria a las iniciativas desarrolladas en el marco del Programa para una Internet más segura, sería de gran utilidad una «eYouGuide» específicamente orientada a los usuarios de RSC, una especie de portal de derechos del usuario de los servicios de RSC, con la posibilidad de denunciar abusos y resolver conflictos a escala de toda Europa; es decir, un único lugar en el que fuese posible «gestionar» los derechos de los usuarios, evaluar la coordinación comunitaria, debatir formas de intervención y políticas, y valorar la cooperación entre las autoridades nacionales.

5.11.   El CESE considera también que los programas de investigación y desarrollo nacionales y comunitarios y los propios operadores deben invertir más en el desarrollo y el perfeccionamiento de instrumentos técnicos de filtrado de accesos y bloqueo, para que las familias puedan aplicar de forma prudente, pero coherente, el principio de precaución.

5.12.   Habida cuenta de la naturaleza del fenómeno y de su carácter evolutivo y dinámico, el CESE vería con buenos ojos que un Libro Verde de la Comisión, basado en los resultados de la consulta pública realizada en julio de 2008, definiese las principales opciones para la evolución futura, analizando sus correspondientes repercusiones, en el marco de una consulta ampliada a las distintas empresas, profesionales, estudiosos y organizaciones y asociaciones de la sociedad civil interesadas.

5.13.   En este ámbito, habría que contemplar la posibilidad de un marco legal coherente en toda la UE surgido de una mayor cooperación y coordinación de las políticas nacionales. Un aspecto al que debe prestarse especial atención son las condiciones contractuales de adhesión a las redes, ya que las cláusulas abusivas son la norma, en especial por lo que respecta a la ley aplicable y la jurisdicción competente.

Dado que se trata esencialmente de un fenómeno internacional y los principales servicios de RSC están sujetos a jurisdicciones fuera del espacio de la UE, el CESE considera fundamental que se fomenten de forma efectiva las siguientes medidas:

5.14.1.   La definición de principios y normas de conducta de los servicios de RSC, en particular de los servicios dirigidos a menores, a escala internacional.

5.14.2.   La institucionalización de mecanismos de supervisión del cumplimiento de dichas normas, que, dada la naturaleza de los servicios, deberán ser forzosamente de alcance transfronterizo.

5.14.3.   La intensificación y agilización de la cooperación de la Unión Europea con terceros países, europeos y no europeos, en el plano político y operativo, a fin de identificar los riesgos y problemas asociados al uso de las RSC, buscar las mejores soluciones para hacer frente a dichas situaciones y, siempre que el marco legal internacional lo permita, suprimir de manera efectiva las situaciones lesivas de los derechos de los ciudadanos y consumidores.

5.15.   El CESE desea resaltar, asimismo, la necesidad de una cooperación y coordinación internacional efectivas entre las distintas partes interesadas, a fin de maximizar el efecto de las medidas necesarias en pro de un uso más seguro de Internet (12), y de un enfoque internacional más activo para garantizar la difusión y el intercambio de conocimientos, la coordinación a la hora de elaborar y aplicar las leyes y la obtención de la financiación necesaria para la aplicación de las medidas dentro y fuera de la UE.

5.16.   El CESE afirma también la necesidad de que los Estados miembros ratifiquen las convenciones del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia y la protección de la infancia contra la explotación y el abuso sexual (13), lo que representará un paso importante para que la Unión Europea pueda actuar en la escena internacional como un bloque cohesionado.

5.17.   El CESE se pregunta, por último, si paralelamente a las iniciativas descritas, no habría que valorar la posibilidad de ampliar e integrar las competencias repartidas en la actualidad entre varias entidades a fin de crear un Defensor del pueblo (Ombudsman) a escala comunitaria para todos los temas relacionados con el audiovisual –privacidad, protección de datos, dignidad humana, derecho de respuesta, libertad de expresión–, incluidas las RSC, a semejanza, en términos de Derecho comparado, del modelo canadiense del «Privacy Commissioner», cuya intervención, en el ámbito de sus facultades ampliadas, en relación con Facebook por una supuesta retención indebida de datos personales, ha sido noticia recientemente (14).

Bruselas, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  IP/09/232 Bruselas, 10 de febrero de 2009.

1

(2)  Sobre este punto, véase, en particular, el informe de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) «Security Issues and Reccomendations for Online Social Networks» en www.enisa.europa.eu/doc/pdf/deliverables/enisa_pp_social_networks.pdf.

2

Security Issues and Reccomendations for Online Social Networks

(3)  http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/forum/forum_sepet_2008/index_en.htm.

3

(4)  http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/consultations/ageverif_sns/index_en.htm.

4

(5)  http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/pub_consult_age_rating_sns/summaryreport.pdf.

5

(6)  Encuesta Flash Eurobarómetro 2008: Towards a Safer Use of the Internet for children in the EU - a parents' perspective, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_248_en.pdf.

6

Towards a Safer Use of the Internet for children in the EU - a parents' perspective

(7)  Resolución sobre protección de la privacidad en los servicios de redes sociales, http://www.privacyconference2008.org./adopted_resolutions/STRASBOURG2008/resolution_social_networks_en.pdf.

7

(8)  «Safer Social Networking principles for the EU», disponible en http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/selfreg/index_en.htm#self_decl.

8

(9)  DO C 224 de 30.8.2008, p. 61.

9

(10)  El texto de las Recomendaciones está disponible en http://www.privacyconference2008.org/adopted_resolutions/STRASBOURG2008/resolution_social_networks_en.pdf.

10

(11)  Dictamen de 2009 sobre las redes sociales en línea; adoptado el 12 de junio de 2009.

11

(12)  Posición defendida por Janos Tóth, presidente de la Sección TEN del CESE, en la iniciativa del CESE «Public Presentation on Protecting children using the internet», el pasado 5 de mayo (información disponible en la dirección http://www.eesc.europa.eu/sections/ten/index_en.asp?id=4300003tenen).

12

Public Presentation on Protecting children using the internet

(13)  http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CL=ENG.

13

(14)  Véase http://www.priv.gc.ca/aboutUs/mm_e.cfm#contenttop, con respecto a la Office of the Privacy Commissioner of Canada (OPC) y su reciente intervención en relación con Facebook, http://www.priv.gc.ca/media/nr/-c/2009/nr-c_090716_e.cfm.

14

Office of the Privacy Commissioner of Canada

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III Actos preparatorios

Comité Económico y Social Europeo

457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009

| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/74 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/74

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457oPLENO DE LOS DÍAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2009

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos — Previsión de las capacidades necesarias y su adecuación a las exigencias del mercado laboral»

COM(2008) 868 final

(2010/C 128/13)

Ponente: Vladimíra DRBALOVÁ

El 16 de diciembre de 2008, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos - Previsión de las capacidades necesarias y su adecuación a las exigencias del mercado laboral»

COM(2008) 868 final.

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 15 de octubre de 2009.

En su 457° Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 4 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 141 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   El CESE considera que la Comunicación «Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos» constituye una iniciativa oportuna. Se declara de acuerdo con la necesidad de crear la posibilidad y un mecanismo de previsión de las capacidades en respuesta a las necesidades del mercado laboral a escala nacional y a escala de la UE. Incrementar las capacidades en todos los niveles es la condición fundamental para una revitalización de la economía a corto plazo; constituye asimismo una condición crucial, a largo plazo, para el desarrollo, el aumento de la productividad, la competencia, el empleo, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. La anticipación de las necesidades futuras del mercado laboral tiene sus límites y por ello es imprescindible mejorar continuamente los mecanismos e instrumentos.

1.2.   El CESE acoge favorablemente las mejoras suplementarias propuestas por la Cedefop con el fin de prever regularmente las capacidades a escala europea, como, por ejemplo, la mejora de los métodos y bases de datos y la actualización simultánea de la previsión de la oferta y la demanda, permitiendo así analizar las desigualdades. Asimismo, el Comité recomienda clarificar la definición de «capacidades» teniendo en cuenta la diversidad de prácticas en los Estados miembros.

1.3.   No obstante, cabe observar que los instrumentos para determinar con seguridad las necesidades futuras no existen, y que, en el contexto de la mundialización, la división planetaria del trabajo no es en sí misma estable a medio plazo, mientras que la duración de las formaciones corresponde probablemente a este «medio plazo».

1.4.   El CESE considera correcto el aumento de las capacidades y su adecuación a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral, pero reclama la plena utilización del potencial existente en el mismo, el refuerzo de la adaptabilidad de los trabajadores, la mejora de la calidad de los empleos actuales y la creación de nuevos empleos productivos, incluido el desarrollo del potencial de los llamados nuevos mercados «verdes».

1.5.   El Comité apoya sin reservas el concepto de asociación y de colaboración entre todas las partes interesadas. Reconoce en particular la contribución de los interlocutores sociales, que constituyen los principales agentes del mercado laboral, así como de la sociedad civil. El Comité, además, está a favor de intensificar la colaboración y coordinación de las actividades a escala internacional, principalmente en el marco de la OIT y la OCDE.

1.6.   El Comité hace hincapié en particular en una estrecha y eficaz colaboración de los centros de enseñanza y las empresas, que permitiría introducir cambios constructivos en los sistemas educativos, reducir el abandono escolar, aumentar el atractivo de las especialidades técnicas, mejorar la calidad de la enseñanza en el aprendizaje práctico, prever las tendencias de las cualificaciones exigidas en los mercados de trabajo de los Estados miembros y, por lo tanto, las capacidades para aumentar la tasa general de empleo en la Unión y adecuarlas mejor a la práctica de las empresas. El Comité insiste asimismo en la calidad de la formación general básica de los alumnos y de los profesores, así como en la mejora de los sistemas de asesoramiento profesional. En particular deberían tenerse en cuenta las necesidades específicas de las PYME.

1.7.   En este sentido, el CESE llama la atención sobre las recomendaciones adoptadas en la cumbre extraordinaria de la UE sobre el empleo celebrada en Praga en mayo de 2009, orientadas a la mejora de las capacidades, la inversión en educación, el apoyo a la movilidad en el marco de la UE, la previsión de la demanda de capacidades laborales y su mejor adecuación a las exigencias del mercado laboral, así como al refuerzo de la posibilidad de conseguir un alto nivel de calidad de los contratos de aprendizaje y los períodos de prácticas.

1.8.   El Comité también valora positivamente el compromiso contraído por los Estados miembros en el Consejo de Educación del mes de mayo de crear un marco europeo más sólido para intensificar la colaboración en materia de educación y formación profesional, y definir cuatro objetivos estratégicos destinados a aumentar el empleo y el potencial empresarial de todas las personas que sigan un curso educativo o de formación profesional. En este contexto es particularmente significativo el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC (1)).

1.9.   El Comité suscribe también la resolución de la Presidencia sueca de la UE de incluir en su programa de actos la conferencia «Nuevos Conocimientos para Nuevos Empleos», que se celebrará los días 22 y 23 de octubre de 2009, orientada a las necesidades futuras del mercado laboral y al papel de los servicios públicos de empleo.

2.   Introducción

2.1.   A raíz de la crisis financiera mundial, la economía de la UE ha entrado en recesión, lo que repercute significativamente en el mercado laboral europeo y en el empleo. Según las previsiones actuales, la tasa de paro será del 9,4 % en 2009 y subirá al 10,9 % en 2010.

2.2.   La Comisión Europea ha respondido a la situación en Europa mediante el
  Plan Europeo de Recuperación Económica

   (2), en el que pone el acento en un enfoque coordinado, define objetivos estratégicos y propone una serie de medidas que se inscriben en cuatro áreas prioritarias de la Estrategia de Lisboa.

2.3.   Una de las áreas a la que se han orientado las acciones curativas de la UE es la protección de los empleos y de los recursos humanos, así como el fomento de la iniciativa empresarial. La Comisión ha instado a emprender una amplia iniciativa europea en apoyo del empleo y, entre otras cosas, ha recomendado supervisar la oferta existente y prevista de empleos vacantes y reaccionar mejor a estas ofertas desarrollando capacidades y mejorando su nivel.

2.4.   El factor más importante de crecimiento y desarrollo de la prosperidad de un país es la capacidad de crear oportunidades de empleo de calidad. La política de creación de oportunidades de empleo y de crecimiento está basada en varios fundamentos esenciales. Un mercado laboral moderno, inclusivo, flexible y competitivo, incluye un amplio abanico de actividades y tareas. Además, la libre circulación de trabajadores constituye uno de los principales pilares de la UE. El objetivo no es sólo facilitar a los ciudadanos la posibilidad de trabajar en otro Estado miembro y mejorar la oferta de oportunidades de empleo, sino también poner a disposición de las empresas una oferta más amplia y flexible de trabajadores y mejorar la adecuación a las necesidades del mercado laboral.

2.5.   Las conclusiones de la cumbre de primavera del Consejo en 2009 subrayan claramente la necesidad de orientarse hacia un refuerzo de la capacidad de la UE para aumentar las cualificaciones en todos los niveles, prever las necesidades del mercado laboral y adecuar las cualificaciones a dichas necesidades. Los participantes en la cumbre hicieron también un llamamiento significativo a los Estados miembros para que apliquen la directriz integrada no 24 y adecuen sus sistemas educativos y de formación profesional a la demanda de nuevas capacidades.

2.6.   La cumbre extraordinaria de la UE sobre empleo, celebrada el 7 de mayo de 2009 en Praga, aprobó diez medidas concretas encaminadas a responder a retos a largo y corto plazo, que deberían aplicarse a escala nacional y europea conjuntamente con los interlocutores sociales. Cuatro de estas medidas guardan relación con la educación, la formación profesional, el aprendizaje permanente, el apoyo a la movilidad, la mejora de la previsión de las capacidades y su adecuación a las necesidades del mercado laboral.

3.   Observaciones generales

3.1.   La Comisión publicó en 2008 su Comunicación titulada «Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos: Previsión de las capacidades necesarias y su adecuación a las exigencias del mercado laboral» (3), en la que a la luz de la crisis actual hace hincapié en la necesidad de reforzar el capital humano y la empleabilidad mediante el aumento de las capacidades. El objetivo de la propuesta de la Comisión es mejorar la capacidad de la Unión para evaluar y prever las capacidades y adecuar mejor estas capacidades a la naturaleza de los nuevos empleos creados.

3.2.   La Comisión aporta, por un lado, una primera evaluación de las capacidades según las necesidades del mercado laboral hasta 2020, pero también ofrece un proceso sistemático de seguimiento, evaluación e identificación a tiempo de las futuras necesidades del mercado laboral. A través del programa PROGRES y de los programas de aprendizaje permanente, la Comisión buscará también nuevos métodos de medición de las capacidades.

3.3.   La Comisión moviliza instrumentos existentes para poner en práctica efectivamente estos procesos y crea al mismo tiempo instrumentos nuevos que deben reforzar o simplificar el proceso. Subraya la política de flexiguridad y la activación de medidas que conduzcan a mejorar las capacidades. Entre los nuevos instrumentos propuestos se encuentran el Observatorio Europeo del Empleo, un catálogo normalizado multilingüe de profesiones y capacidades, y el llamado «Match and Map», instrumento destinado a facilitar la vida a los usuarios del sistema EURES. También se menciona el papel clave del Fondo Social Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El proceso de previsión de las futuras necesidades del mercado laboral tiene sus límites, por lo que es necesario desarrollar y mejorar continuamente los mecanismos e instrumentos, al mismo tiempo que se realiza una supervisión de la capacidad de absorción de los diferentes Estados miembros.

3.4.   La Comisión también hace hincapié de manera muy acertada en el creciente significado de las capacidades transversales y «blandas» (soft skills), como el trabajo en equipo, las capacidades lingüísticas y de comunicación. Es necesario prestar especial atención al aumento de los niveles de alfabetización y de conocimiento de la aritmética desde edad temprana.

3.5.   Una buena práctica parece ser la creación de Consejos Sectoriales de Empleo y Capacidades (SSC = Sector Skills Council) mediante acuerdos entre las empresas, los centros de enseñanza y otras partes interesadas de los diferentes sectores. La actividad de estos consejos puede ser realizada con una estructura de diálogo social sectorial, puesto que el papel de los interlocutores sociales es en este sentido particularmente importante (4).

3.6.   En el Consejo de Educación celebrado el 12 de mayo de 2009 los Estados miembros se comprometieron a colaborar de manera más intensa en materia de educación y formación profesional. Las prioridades establecidas subrayan el importante papel que deben desempeñar la educación y la formación profesional en un debate más amplio sobre las políticas económicas y sociales. Los retos comunes son: 1) la mano de obra, que deberá tener las capacidades adecuadas para los empleos del mañana, 2) la adaptación a las necesidades de una sociedad que envejece, 3) una competencia mundial más intensa.

3.7.   El Consejo también adoptó conclusiones sobre el refuerzo de la asociación entre las instituciones educativas y los interlocutores sociales. Una parte importante del papel de la educación y la formación profesional en materia de cohesión social es la capacidad de dotar a los individuos de conocimientos, capacidades y competencias que faciliten su acceso al mercado laboral y su permanencia en el mismo. Por ese motivo es importante el papel de los interlocutores sociales en su calidad de principales agentes del mercado laboral.

4.   Hechos y cifras

4.1.   El Consejo de la UE del mes de junio de 2008 confirmó en sus conclusiones su petición de una evaluación completa de la demanda de capacidades en Europa hasta 2020 – Previsión de las capacidades necesarias y su adecuación a las exigencias del mercado laboral con especial atención a los jóvenes
   (5).

4.2.   Por esa razón, el Cedefop elaboró un análisis de las necesidades de cualificaciones para el período 2006-2020 (6), que incluye a los 25 Estados miembros de la UE más Noruega y Suiza. El análisis presupone la creación de 20,3 millones de empleos adicionales hasta 2020. Los llamados «replacements» (empleos vacantes por jubilaciones o bajas voluntarias) permitirán la creación de otros 85 millones de empleos, algo que, no obstante, no puede considerarse creación neta de empleo. Se espera que en 2020 el sector servicios abarque tres cuartos del total de empleos.

4.3.   En la actualidad, aproximadamente el 40 % de las personas que ejercen una actividad profesional ocupa puestos de trabajo que requieren capacidades con un nivel superior, como dirección, profesiones liberales o empleos técnicos. En el próximo decenio se espera que continúe la expansión de empleos que necesiten capacidades de nivel superior o medio. Se prevé también crecimiento en algunos empleos que no requieren ninguna formación o sólo un bajo nivel de formación.

4.4.   Si esta tendencia continúa, estos cambios conducirán a una polarización del crecimiento de los empleos. Esta polarización provocará la disminución de la demanda de empleos caracterizados por un nivel de formación medio (basados en tareas simples rutinarias), aunque en todos los empleos se requerirán nuevos empleados convenientemente preparados debido a las numerosas bajas causadas por jubilación.

4.5.   Asimismo, las exigencias de cualificación aumentan en todas las categorías de profesiones, incluidas aquellas que se sitúan en el nivel más bajo de la escala de cualificaciones. Esta tendencia «al alza» suele estar influida por la oferta de capacidades. Por regla general, el nivel educativo de la población ha aumentado en los últimos diez años gracias a que en muchos Estados miembros las personas han optado por la posibilidad de adquirir una educación superior y a que los trabajadores de mayor edad, caracterizados por un nivel de cualificación más bajo, han causado baja del mercado laboral por jubilación.

4.6.   Las conclusiones del Cedefop, sin embargo, subrayan claramente el incremento general y a largo plazo del nivel de cualificación exigido por un gran número o la mayoría de empleos. Las previsiones indican que sobre el número total de empleos vacantes en el período 2006-2020, casi el 91 % exigirán una educación de nivel superior o medio. En el transcurso del próximo decenio será necesario modificar la estructura actual de cualificación de la mano de obra, ya que serán cada vez más los empleos vacantes (hasta 55 millones) que exigirán una cualificación de nivel medio (lo que incluye la formación profesional). Habrá menos de diez millones de empleos disponibles para los candidatos que no dispongan de ningún nivel de educación o sólo de un nivel bajo.

4.7.   Las estadísticas de Eurostat indican que desde el año 2000 la UE ha sido capaz de crear empleos de calidad. Existe asimismo una relación positiva entre la tasa de empleo de personas con título universitario y el crecimiento del empleo. En la mayoría de los Estados miembros de la UE, el empleo de personas con título superior ha crecido más que la tasa media de empleo. En Malta, por ejemplo, el empleo de personas con título universitario se ha duplicado con creces desde 2000, aunque el empleo total aumentó tan sólo un 12 %. Asimismo es necesario prestar atención a la tendencia contraria de creación de empleos inestables.

4.8.   La encuesta del Cedefop comporta toda una serie de consecuencias:

| — | La demanda general de capacidades seguirá aumentando. |
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La demanda general de capacidades seguirá aumentando.

| — | Las políticas deberán garantizar la adecuación de la mano de obra a estas exigencias. Será bueno saber si la ausencia de empleo en el mercado laboral es temporal o transitoria, o si se trata de un fenómeno a largo plazo que requiere medidas concretas. |
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Las políticas deberán garantizar la adecuación de la mano de obra a estas exigencias. Será bueno saber si la ausencia de empleo en el mercado laboral es temporal o transitoria, o si se trata de un fenómeno a largo plazo que requiere medidas concretas.

| — | La formación profesional continua y el aprendizaje permanente deben ayudar a que las capacidades de los individuos acompañen constantemente los cambios estructurales del mercado laboral. |
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La formación profesional continua y el aprendizaje permanente deben ayudar a que las capacidades de los individuos acompañen constantemente los cambios estructurales del mercado laboral.

| — | El número de jóvenes que accederá al mercado laboral en el transcurso del próximo decenio no podrá responder a todas las exigencias del mercado laboral. Esto tendrá consecuencias para los sistemas de educación y formación profesional. El aprendizaje permanente es esencial. |
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El número de jóvenes que accederá al mercado laboral en el transcurso del próximo decenio no podrá responder a todas las exigencias del mercado laboral. Esto tendrá consecuencias para los sistemas de educación y formación profesional. El aprendizaje permanente es esencial.

| — | Aun cuando la educación y la formación profesional son importantes para responder más adecuadamente a las exigencias del mercado laboral, no pueden resolver el problema del exceso o la falta de cualificaciones. |
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Aun cuando la educación y la formación profesional son importantes para responder más adecuadamente a las exigencias del mercado laboral, no pueden resolver el problema del exceso o la falta de cualificaciones.

| — | Es importante evaluar bien las capacidades, prevenir su pérdida y aprovechar las que ya tenemos disponibles. |
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Es importante evaluar bien las capacidades, prevenir su pérdida y aprovechar las que ya tenemos disponibles.

5.   Observaciones particulares

5.1.   El objetivo de la Comisión es adecuar las capacidades ofrecidas a las exigencias del mercado laboral. Por otro lado, la eliminación de los obstáculos existentes, incluidas las barreras administrativas, que conducirá a la libre circulación de los trabajadores en la UE, así como la mayor claridad de la información sobre las tendencias del mercado laboral, contribuirían a reforzar la movilidad profesional, sectorial y geográfica (7) y a mejorar la adecuación de las cualificaciones de los trabajadores a las oportunidades de empleo. Es importante también reforzar la llamada «movilidad de transición», que en caso de pérdida del empleo permitiría una transición más sencilla a un nuevo empleo de calidad disfrutando de una seguridad garantizada (concepto de flexiguridad).

5.2.   La Comisión, en el documento de trabajo que acompaña a su Comunicación (8), define los términos cualificación, conocimientos, capacidades y competencias, pero la práctica demuestra una gran variedad de enfoques de estos términos en los diferentes Estados miembros. La Comisión debería definir de forma más clara qué se entiende por «capacidad» en su Comunicación.

5.3.   El problema de las capacidades en Europa era ya anterior a la crisis actual. Hace más de diez años que las instituciones europeas y las direcciones de empresas llaman la atención sobre el hecho de que Europa no produce, no atrae y no retiene la cantidad de científicos, ingenieros e informáticos que requiere la industria europea. La situación empieza a ser grave y los números apuntan a la persistencia de la falta de interés por parte de las jóvenes generaciones por las especialidades científicas. La insuficiencia de capacidades que respondan a las necesidades del mercado en Europa crece y es una bomba de relojería que espera a Europa en su camino hacia la competitividad. Un nivel adecuado de capacidades, un mayor acceso a la información y una mejora estructural tendrán consecuencias positivas, principalmente sobre las PYME.

5.4.   Los inmigrantes de terceros países pueden contribuir igualmente al desarrollo de la Unión, en particular teniendo en cuenta la oferta decreciente de mano de obra en numerosos países. El nuevo enfoque de la UE en materia de inmigración económica de terceros países y el flujo de cerebros de otras partes del mundo sólo constituyen remedios temporales. Con el tiempo será posible decir si la introducción de la tarjeta azul ayudará a Europa en su batalla por atraer cerebros. En la actualidad, Europa aprovecha tan sólo el 2 % de trabajadores altamente cualificados procedentes de terceros países.

5.5.   Actualmente, con una Europa inmersa en un período de turbulencias, el problema de insuficiencia de las capacidades exigidas requiere más atención y visibilidad. Europa tiene además, a medio y largo plazo, un potencial aún mayor de creación de empleo, tanto de nueva creación como vacantes, pero a pesar de ello la proyección neta de la creación de empleo muestra una expansión polarizada de los empleos, con un fuerte crecimiento de los empleos que exigen un nivel superior de cualificación.

5.6.   Reducir el número de empleados en un momento de demanda limitada constituye una solución sumamente miope. La creación de capacidades es un proceso costoso y a largo plazo, ya se trate de educación formal (básica, secundaria, o superior) o formación de empresa (cultura de empresa, organización interna de la empresa, relaciones con los clientes). La recuperación económica sería imposible si las empresas tuvieran que luchar con una falta de mano de obra suficientemente cualificada.

5.7.   Un escenario previsor y orientado al futuro requiere acciones conjuntas de los Gobiernos y del sector privado:

| — | Reorientar la financiación del FSE a la formación profesional y al reciclaje de empleados durante el período 2007-2013. |
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Reorientar la financiación del FSE a la formación profesional y al reciclaje de empleados durante el período 2007-2013.

| — | Emprender acciones comunes y lanzar colaboraciones entre los sectores privado y público. |
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Emprender acciones comunes y lanzar colaboraciones entre los sectores privado y público.

| — | Llevar a cabo una política común destinada a limitar el número de abandonos escolares y despertar el interés de los jóvenes por las matemáticas, la ciencia y el estudio de una carrera de ingeniería, de tecnología de la información y la comunicación y de protección del medio ambiente. |
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Llevar a cabo una política común destinada a limitar el número de abandonos escolares y despertar el interés de los jóvenes por las matemáticas, la ciencia y el estudio de una carrera de ingeniería, de tecnología de la información y la comunicación y de protección del medio ambiente.

| — | Reforzar y desarrollar la colaboración entre centros escolares y universitarios en un nivel alto a través de períodos en prácticas planificados que permitirían, principalmente a los estudiantes en los últimos meses de estudio, el contacto directo con el mundo laboral al que dirigen sus estudios. |
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Reforzar y desarrollar la colaboración entre centros escolares y universitarios en un nivel alto a través de períodos en prácticas planificados que permitirían, principalmente a los estudiantes en los últimos meses de estudio, el contacto directo con el mundo laboral al que dirigen sus estudios.

| — | Fomentar la movilidad de las capacidades en el interior de Europa. |
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Fomentar la movilidad de las capacidades en el interior de Europa.

| — | Reforzar el enfoque innovador sobre la educación, incluida la enseñanza en línea y la educación a distancia. |
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Reforzar el enfoque innovador sobre la educación, incluida la enseñanza en línea y la educación a distancia.

| — | Movilizar el potencial de las categorías que sufren exclusión, que siguen siendo capaces de recibir formación y para las que ya se han previsto presupuestos de reinserción importantes (pobreza, desempleo, discapacidad, discriminaciones, etc.). |
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Movilizar el potencial de las categorías que sufren exclusión, que siguen siendo capaces de recibir formación y para las que ya se han previsto presupuestos de reinserción importantes (pobreza, desempleo, discapacidad, discriminaciones, etc.).

| — | Gestionar la formación de los inmigrantes. |
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Gestionar la formación de los inmigrantes.

5.8.   Europa debe mejorar su pirámide de capacidades
   (9): la alfabetización y las capacidades básicas, los conocimientos profesionales y los llamados talentos GKE («Global Knowledge Economy talents»). En la actualidad, Europa tiene todavía en muchos países un largo camino que recorrer para disponer de una pirámide de capacidades que pueda satisfacer sus ambiciones.

5.9.   Si Europa quiere generar, garantizar y mantener las capacidades que necesita, deberá tomar toda una serie de medidas con respecto tanto a la oferta como a la demanda de capacidades europeas. Es cierto que la demanda se ha visto influida por las necesidades de los sectores en crecimiento y las prioridades a largo plazo, que se desarrollan rápidamente tanto a escala mundial como a escala local y que además se suman a las tendencias relacionadas con los recursos mundiales o el desarrollo demográfico. En lo que respecta a la oferta, son principalmente las tendencias demográficas, la escasa movilidad y la capacidad de Europa para producir las cualificaciones necesarias las que influirán en la mano de obra disponible.

5.10.   El Comité subraya una vez más la importancia de la calidad de la formación del profesorado (10). La educación y la formación profesional de los profesores debe ir unida a políticas clave en materia de innovación, investigación e iniciativa empresarial. La preparación de los profesores ya debe incluir componentes que les permitan orientarse mejor a los cambios del mercado laboral y al desarrollo de las capacidades correspondientes en todos los niveles educativos.

5.11.   El papel de los interlocutores sociales es fundamental en este sentido. La cooperación entre empresas e instituciones escolares debe dar resultados concretos, en particular en lo que se refiere a la definición de los programas escolares y a la creación de profesiones y cualificaciones a escala nacional, que deberán reflejar la demanda de las empresas relativas al desempeño de tareas concretas en el ámbito empresarial. Es importante preparar a los aprendices, planificar períodos de prácticas para los jóvenes trabadores e incrementar el atractivo de las especialidades necesarias. La atención de la Comisión debería dirigirse principalmente a aquellas tareas que es necesario llevar a cabo en el ámbito profesional, y posteriormente a las capacidades. Es necesario diferenciar consecuentemente las necesidades de las empresas pequeñas y grandes.

5.12.   Europa deberá tomar igualmente en consideración las consecuencias de la adaptación a los cambios climáticos para el empleo. El calentamiento global tendrá efectos en los factores y procesos de producción. La Comisión Europea ya está trabajando con toda una serie de análisis relacionados con el nuevo concepto de economía de baja emisión de carbono y con la creación de los llamados «empleos verdes» y «ecoindustrias». Los primeros resultados muestran limitaciones de las fuentes de datos, imprecisiones y una gran disparidad de proyecciones relativas al impacto del cambio climático sobre los mercados laborales. La transición a una economía de baja emisión de carbono debe ser concebida como un proceso a largo plazo durante el cual los mercados laborales se adaptarán progresivamente.

5.13.   La Comunicación de la Comisión Europea está consagrada principalmente a la creación de nuevos empleos y al aumento de las capacidades para estos futuros empleos. La UE también debe utilizar eficazmente el potencial existente del mercado laboral y aumentar la cualificación y la adaptabilidad de los trabajadores que han perdido su empleo o que corren peligro de perderlo. Es necesario, por tanto, prestar atención asimismo a las recualificaciones, a la formación profesional complementaria y al aprendizaje permanente. Por otro lado, la UE debe ser capaz de garantizar las condiciones propicias para crear empleos productivos, de calidad y bien remunerados.

5.14.   Las iniciativas encaminadas a aumentar las capacidades deben reflejar también las ambiciones y necesidades de cada individuo. La educación tiene una importancia fundamental para la libertad de elección de los ciudadanos y sus posibilidades de desarrollo individual. El papel de la educación también estriba, desde el punto de vista del mercado laboral, en la transmisión de conocimientos y capacidades a los individuos, ya que son imprescindibles para responder a exigencias que cambian constantemente y para garantizar así un alto nivel de empleo.

5.15.   Las políticas destinadas a incrementar las capacidades y la adaptabilidad de la mano de obra deben estar basadas en los principios de equidad y no discriminación de todos los ciudadanos. Eso significa eliminar todos los obstáculos existentes en los sistemas de educación y formación profesional, tanto desde el punto de vista formal como empresarial. Estos obstáculos afectan principalmente a grupos especialmente vulnerables, como son los empleados de edad avanzada y las personas con discapacidad.

5.16.   Las conclusiones del Consejo de Educación de 12 de mayo de 2009 también hacen hincapié en el importante papel que desarrollan los interlocutores sociales. En el ámbito del diálogo social europeo, los interlocutores sociales europeos centran su atención en la problemática de la educación y de la formación profesional en relación con las necesidades del mercado laboral. En 2002 elaboraron conjuntamente un Marco de acción para el desarrollo continuado de capacidades y cualificaciones y, en 2006, un Análisis de elementos clave del mercado laboral, documentos en que se basarán las actividades en el marco de su tercer Programa de trabajo 2009-2010: Acuerdo autónomo sobre mercados laborales inclusivos e informe sobre el empleo.

5.17.   En sus conclusiones, el Consejo llamó asimismo a reforzar la asociación con la sociedad civil y la colaboración de todas las partes interesadas: empresas, centros de enseñanza, servicios públicos de empleo, etc. La colaboración con las organizaciones no gubernamentales interesadas y las iniciativas sociales pueden complementar el diálogo social tradicional.

5.18.   Una de las contribuciones más importantes del método abierto de coordinación (MAC) en materia de educación y formación profesional a nivel europeo es el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC). Este debería contribuir a una mayor transparencia e inteligibilidad de las cualificaciones, y con ello a incrementar la movilidad en Europa.

5.19.   El Fondo Social Europeo (FSE) ha demostrado ser un instrumento útil en lo que se refiere a las necesidades de Europa en materia de educación profesional. La eliminación de los procedimientos burocráticos y de las interferencias con las iniciativas de los Fondos Estructurales, así como una mayor participación de los interlocutores sociales, podrían ser factores de mejora en el futuro.

5.20.   Los llamados niveles de referencia del rendimiento medio europeo en educación y formación («puntos de referencia europeos») se convertirán en un instrumento de seguimiento de los progresos logrados. Los Estados miembros acordaron que en 2020:

| — | al menos el 15 % de los adultos debería participar en programas de aprendizaje permanente, |
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al menos el 15 % de los adultos debería participar en programas de aprendizaje permanente,

| — | la proporción de estudiantes de quince años que tienen problemas con la lectura, las matemáticas y las ciencias naturales debería ser inferior al 15 %, |
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la proporción de estudiantes de quince años que tienen problemas con la lectura, las matemáticas y las ciencias naturales debería ser inferior al 15 %,

| — | la proporción de personas de 30 a 34 años con estudios superiores finalizados debería ser al menos del 40 %, |
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la proporción de personas de 30 a 34 años con estudios superiores finalizados debería ser al menos del 40 %,

| — | la proporción de jóvenes que abandonan sus estudios y la formación profesional debería ser inferior al 10 %, |
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la proporción de jóvenes que abandonan sus estudios y la formación profesional debería ser inferior al 10 %,

| — | al menos el 95 % de los niños entre cuatro años y la edad de escolarización obligatoria debería participar en la educación preescolar. |
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al menos el 95 % de los niños entre cuatro años y la edad de escolarización obligatoria debería participar en la educación preescolar.

Bruselas, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  Recomendación del PE y del Consejo relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (2008/c 111/01).

1

(2)  Plan Europeo de Recuperación Económica, COM(2008) 800 final, 26 de noviembre de 2008.

2

(3)  Comunicación de la Comisión Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos: Previsión de las capacidades necesarias y su adecuación a las exigencias del mercado laboral, COM(2008) 868 final, 16 de diciembre de 2008.

3

(4)  DO C 277 of 17.11.2009, p. 15.

4

(5)  CEDEFOP, PANORAMA Series 160, Skill needs in Europe (2008).

5

(6)  Es necesario tomar en consideración que el análisis fue elaborado antes de la crisis financiera y económica y que no toma en cuenta sus consecuencias.

6

(7)  DO C 228 de 22.9.2009, p. 14.

7

(8)  SEC(2008) 3058 documento de trabajo de la Comisión Europea que acompaña a la Comunicación COM(2008) 868 final.

8

(9)  Documento de base para el European Business Summit 2009, INSEAD (The Business school for the world) en colaboración con la empresa Microsoft y FEB (Federation of enterprises in Belgium).

9

(10)  DO C 151 de 17.6.2008, p. 41.

10

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/80 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/80

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos»

COM(2009) 262 final

(2010/C 128/14)

Ponente: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS

Coponente: Cristian PÎRVULESCU

El 10 de junio de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos»

COM(2009) 262 final.

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 15 de octubre de 2009 (ponente: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS, coponente: Cristian PÎRVULESCU).

En su 457° Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 4 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 152 votos a favor y 1 abstención el presente Dictamen.

1.   Recomendaciones

1.1.   Durante los últimos años, la defensa y promoción de los Derechos Humanos ha retrocedido en la agenda de la UE. La prioridad política ha sido la seguridad de los Estados, entendiendo ésta como si fuera incompatible con el desarrollo de la libertad y la protección de los derechos fundamentales.

1.2.   Las políticas en materia de seguridad y de justicia deben proteger los valores de la libertad. El CESE considera que el punto de partida para estas políticas debe ser la protección de los derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

1.3.   Las políticas de seguridad no deben dañar los valores fundamentales (derechos humanos y libertades públicas) y principios democráticos (Estado de Derecho) compartidos en toda la Unión. La libertad de la persona no se debe reducir tras el objetivo de la seguridad colectiva y del Estado. Algunas propuestas políticas repiten un error que se ha cometido en épocas anteriores: sacrificar la libertad para mejorar la seguridad.

1.4.   La protección de los Derechos Fundamentales y de las Libertades se debe reforzar a través de una autoridad política visible y fuerte a nivel europeo, por lo que el CESE apoya la propuesta del Presidente Durao Barroso para crear un Comisario Europeo encargado de Justicia, Derechos fundamentales y Libertades civiles. El Comité espera que a este departamento se le dote de los instrumentos políticos así como de los recursos organizativos y financieros necesarios para el desempeño de tan importante responsabilidad.

1.5.   Sin embargo, el Comité deplora que la inmigración y el asilo se incluyan con los asuntos de la seguridad interior bajo la responsabilidad de otro Comisario. Es un mensaje político equivocado vincular la inmigración con la seguridad y separarla de la protección de los derechos. El CESE propone que en la nueva Comisión Europea las políticas de inmigración y de asilo están estrechamente vinculadas a la protección de los Derechos Fundamentales bajo una misma dirección política.

1.6.   Cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa las políticas del área de Libertad, Seguridad y Justicia dispondrán de bases jurídicas más amplias, por lo que el CESE considera que la Unión Europea puede alcanzar objetivos más ambiciosos que los propuestos por la Comisión.

1.7.   El Comité recomienda que se proceda a una reevaluación de la legislación relativa a la libertad de desplazamiento para que el Reglamento CE/2252/2004 deba ser objeto de modificación.

2.   El Área de Libertad, Seguridad y Justicia

2.1.   El Área de Libertad, Seguridad y Justicia (ALSJ) de la UE está entrando en una fase decisiva. Dos programas quinquenales han sido adoptados por el Consejo desde 1999: el Programa de Tampere (1999-2004) y el Programa de la Haya (2004-2009).

2.2.   Diez años después de Tampere, no se han alcanzado los objetivos previstos. La UE no es todavía un espacio común de libertad, seguridad y justicia. Durante estos años los progresos han sido menores de los necesarios (1), y han estado desequilibrados. El Consejo Europeo de Estocolmo puede brindar una nueva oportunidad para recuperar el espíritu de Tampere.

2.3.   La política común en materia de inmigración, asilo y fronteras ha progresado de manera importante, con la excepción de las relativas a la inmigración legal y laboral que han seguido sujetas a la regla de la unanimidad en el Consejo.

2.4.   Las políticas relacionadas con la cooperación policial y judicial en materia penal se han regido por una lógica intergubernamental, un alto grado de desconfianza y la regla de la unanimidad, lo cual ha dificultado enormemente la adopción de legislaciones comunes a nivel europeo.

2.5.   El Programa de Estocolmo se desarrollará probablemente estando en vigor el Tratado de Lisboa, por lo que muchas de estas políticas se adoptarán en el Consejo por el procedimiento ordinario y el procedimiento legislativo de codecisión del Parlamento, lo que permitirá a la UE definir unos objetivos más ambiciosos, aunque el Tratado actual también permite el desarrollo del Área de Libertad, Seguridad y Justicia que Europa necesita.

2.6.   El proceso hacia la adopción del Programa de Estocolmo ya ha recibido varias contribuciones como, entre otras, el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo (2), los informes del Grupo sobre el Futuro de la Política Europea sobre Asuntos de Interior y de Justicia, (3) al igual que las contribuciones recibidas por la Comisión Europea al proceso de consulta pública sobre «Libertad, Seguridad y Justicia: ¿Qué nos deparará el futuro? Consulta sobre las prioridades para los próximos cinco años», que tuvo lugar entre septiembre y noviembre de 2008. (4)

2.7.   La Comisión publicó en junio de 2009 la Comunicación titulada «Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos: más libertad en un entorno más seguro» (5), en la que se basa el presente Dictamen para presentar la opinión y recomendaciones del CESE al proceso de Estocolmo.

2.8.   El Comité también está elaborando un Dictamen de iniciativa (6) para proponer que las políticas y las legislaciones de la Unión Europea sobre inmigración y fronteras respeten adecuadamente los derechos humanos y sitúen la libertad y seguridad de todas las personas en el centro de su atención. Dicho Dictamen forma parte también de la contribución del CESE a la preparación del Programa de Estocolmo.

3.   Observaciones generales

3.1.   El Comité comparte y respalda que la prioridad política de la agenda de Estocolmo se base en el desarrollo de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia que esté al servicio de los ciudadanos. Uno de los desafíos más importantes para los próximos cinco años, en particular tras la aprobación del Tratado de Lisboa, será la construcción de la Europa de los ciudadanos, por lo que se deberán adaptar a este objetivo las prioridades políticas de la Unión. El Comité aprobó hace tres años un Dictamen de iniciativa para mejorar la visibilidad y efectividad de la ciudadanía europea (7). Se debe mejorar la calidad de la institución de la ciudadanía europea, para que sea más abierta, igualitaria e integradora, que evite cualquier tipo de discriminación.

3.2.   El CESE también acoge favorablemente la prioridad concedida por la Comunicación al desarrollo de una «Europa de los derechos», dado que la protección de los derechos y libertades fundamentales, recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales, es un valor esencial de la UE (8).

3.3.   A pesar de que el sistema europeo de protección de los derechos fundamentales se encuentra ya bastante desarrollado, el respeto efectivo de estos derechos no está asegurado en la UE, en especial en las fases de puesta en práctica y aplicación del Derecho comunitario a nivel nacional, regional y local. El Programa de Estocolmo debería incluir una estrategia clara, ambiciosa y completa sobre la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales en el ALSJ, y asegurar que se garantice una «Europa de los derechos» sólida y global a través de los distintos niveles de gobernanza.

3.4.   En los últimos años, la UE ha dado prioridad a la seguridad frente a los derechos humanos, la justicia y la libertad. El Comité considera que la creación de un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia requiere un adecuado equilibrio entre las tres dimensiones. Las políticas que se adopten en materia de seguridad deben proteger los valores de la libertad y el Estado de Derecho. La base para estas políticas debe ser la protección de los derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

3.5.   Los derechos humanos, en tanto que son universales e indivisibles, deben ser protegidos y garantizados a todas las personas, y no sólo a los ciudadanos de la Unión. La «Europa de los derechos y de la justicia» no puede limitarse a aquellas personas que tienen la nacionalidad de un Estado miembro, sino a toda persona que resida dentro del territorio de la Unión. De otra manera el ámbito personal del ALSJ sería incompatible con los valores y principios, la no discriminación, el trato justo e igualitario y la solidaridad, sobre los que la Unión Europea ha sido fundada. El Programa de Estocolmo debería tener en cuenta que muchos de los derechos y libertades previstos en convenios y tratados internacionales y europeos se aplican a toda persona independientemente de su nacionalidad, ciudadanía o estatuto administrativo migratorio.

3.6.   Este Programa debe inspirarse en el Programa de Tampere de 1999, donde el Consejo adoptó como uno de los ejes básicos el principio de trato justo y la no discriminación entre ciudadanos europeos y nacionales de terceros países, que se podrá reforzar con el nuevo Tratado que hará que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE sea jurídicamente vinculante y abrirá la posibilidad de que la Unión se adhiera al Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH).

3.7.   El CESE considera que se debe reforzar después del año 2011 el papel de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, con más presupuesto y nuevas competencias de evaluación, así como la mejora de la cooperación con otras agencias europeas como el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) o el Defensor del Pueblo Europeo. También se debe mejorar la independencia de la Agencia respecto a los gobiernos y asegurar la participación del CESE en representación de la sociedad civil.

3.8.   La Comisión, para asegurar el éxito del Programa de Estocolmo, propone un método que se apoyará en cinco ejes que el CESE respalda: 1. La integración adecuada de las políticas de justicia y asuntos de interior en las demás políticas de la UE; 2. La reducción de las divergencias entre las normas adoptadas a nivel europeo y su aplicación a nivel nacional, y el desarrollo de medidas concretas; 3. La mejora de la calidad de la legislación europea y de su impacto; 4. La mejora de la utilización de la evaluación de los instrumentos adoptados y las agencias creadas; y 5. El acompañamiento de los instrumentos financieros adecuados.

3.9.   El CESE es una institución que va a continuar colaborando de manera muy activa a la hora de evaluar la calidad y el valor añadido de las políticas europeas, de su impacto en los derechos fundamentales y en el principio de proporcionalidad, así como en sus efectos en las esferas éticas, sociales y económicas.

3.10.   El Comité puede, por lo tanto, seguir colaborando en una estrategia europea de mejora de la legislación y evaluación de la calidad y buena administración del sistema jurídico europeo y de la aplicación y efectos de sus normas adoptadas.

3.11.   Con el Programa de Estocolmo, los compromisos de la Unión Europea deben ser más serios y más claros en cuanto a los objetivos y las finalidades. El Comité recomienda que se definan una serie de indicadores clave y una lista inicial de objetivos que convendrá alcanzar, y que permitirán realizar una evaluación objetiva de los progresos alcanzados, tanto durante la aplicación del programa como al término del proceso.

3.12.   El CESE aprueba las líneas de acción adoptadas, pero recomienda que las prioridades del programa se señalen con mayor claridad y se completen con compromisos en cuanto a su apoyo financiero.

3.13.   El CESE reconoce la valiosa contribución que aporta el Consejo de Europa con sus numerosas resoluciones y recomendaciones sobre eficacia y buena aplicación de la justicia e insta a la Comisión a que integre su contenido en los futuros desarrollos en materia de justicia civil y penal en la Unión Europea. (9)

4.   Observaciones específicas

4.1.   Promover los derechos de las personas: una Europa de los derechos y el Estado de Derecho

4.1.1.   La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclama la universalidad de un sistema común de principios y valores; el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) que se firmó en Roma en 1950, que está suscrito por todos los Estados miembros, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) constituyen la base y la garantía para que se respeten a lo largo y ancho del territorio de la UE.

4.1.2.   La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE incorpora nuevos derechos que no estaban incluidos en el CEDH. La Carta reforzará la seguridad jurídica de la protección de los derechos fundamentales de las personas, y será aplicable a las instituciones europeas y a los Estados miembros, en especial cuando aplican la legislación comunitaria.

4.1.3.   El derecho a la libre circulación de personas es uno de los derechos esenciales de la ciudadanía europea. La supresión de los controles fronterizos interiores y la libertad de circulación y estancia dentro del espacio Schengen son uno de los mayores logros alcanzados durante los últimos diez años de integración europea.

4.1.4.   Sin embargo, el CESE desea expresar su preocupación al ver que el ejercicio de este derecho está todavía sujeto a numerosos obstáculos y barreras en gran parte de la Unión. El Comité considera que no es adecuada la transposición de la Directiva 2004/38 relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. La transposición ha sido calificada por la Comisión (10), el Parlamento Europeo y numerosos informes de expertos, como insatisfactoria y, además, no se han respetado los plazos para su terminación (11).

4.1.5.   El CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre orientaciones para una mejor transposición y aplicación de dicha Directiva. Toda derogación y excepción aplicable por las autoridades nacionales al derecho fundamental de libre circulación de personas deben ser interpretadas restrictivamente y en plena compatibilidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. (12) Se debe mejorar la protección de los derechos laborales y sociales de los trabajadores transfronterizos tal como el Comité ha propuesto en diversos dictámenes (13).

4.1.6.   En relación con la mejora de la protección de los derechos de la infancia, el CESE adoptó diversos dictámenes (14) para promover que la UE respete los tratados internacionales y exigir la puesta en marcha de una estrategia para que los Estados miembros apliquen con urgencia sus compromisos vigentes a nivel europeo e internacional con los derechos de la infancia, en particular en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

4.1.7.   El CESE quiere resaltar la importancia del respeto a la diversidad y la protección de las personas vulnerables. Los desafíos vinculados a la diversidad afectan a las minorías de diverso tipo (como, por ejemplo, los Roma) y a numerosas personas de origen inmigrante.

4.1.8.   El Comité ha adoptado recientemente diversos dictámenes para reforzar la legislación contra la discriminación (15) proponiendo que se mejoren los instrumentos de lucha contra la discriminación, el racismo, la violencia, la homofobia y la xenofobia. La sociedad civil puede desempeñar un papel crucial a la hora de velar por la buena aplicación práctica de la normativa comunitaria.

4.1.9.   Con la entrada en vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales, la Unión Europea dispondrá de nuevas bases jurídicas para la protección de los derechos laborales y sociales. El Comité adoptará en el futuro nuevas iniciativas para el desarrollo de políticas europeas que refuercen la protección de estos derechos, y propone a la Comisión Europea que incluya los derechos laborales y sociales de los trabajadores entre sus prioridades.

4.1.10.   La UE está desarrollando políticas de seguridad y de control de fronteras basadas en el uso de las nuevas tecnologías y sistemas de información. Se debe atender a las consecuencias éticas y jurídicas que estas políticas tienen sobre la protección de los datos personales y de la intimidad de la persona.

4.1.11.   El CESE considera que, en estrecha colaboración con las autoridades de protección de datos y los defensores del pueblo a nivel nacional y europeo, la sociedad civil organizada podría participar en la evaluación para que se respeten los principios de finalidad, proporcionalidad, legitimidad, seguridad y confidencialidad.

4.1.12.   Numerosas consultas a la sociedad civil europea han puesto de relieve que la libertad de desplazamiento está subordinada a medidas de seguridad desproporcionadas, como la consistente en introducir en los documentos de viaje elementos biométricos y tecnologías de identificación por radiofrecuencia (RFID). En su dictamen (16) el Comité consideró que la tecnología RFID «todavía no ha alcanzado su madurez» y puede atentar contra las libertades fundamentales de las personas.

4.1.13.   El Programa de Estocolmo debe prever que, debido a la rápida evolución de estas tecnologías, pueda ser necesario adoptar nuevas iniciativas políticas y legislativas para la protección de los derechos fundamentales, en particular en relación con la protección de los datos personales. La Comisión debe poner en marcha campañas de información y sensibilización sobre los derechos y los riesgos inherentes al uso de las tecnologías de la información.

4.1.14.   La poca participación en las recientes elecciones al PE ha puesto de manifiesto que muchos europeos no están satisfechos con la calidad de su ciudadanía ni con algunas políticas de la UE. El Comité comparte con la Comisión el objetivo de mejorar la vida democrática y la participación activa de los ciudadanos europeos. En respuesta al creciente desinterés de los ciudadanos de los Estados miembros por la política comunitaria, el CESE recomienda que se tome una serie de medidas dirigidas a fomentar una práctica activa de la ciudadanía europea. El Comité es partidario de concentrar las elecciones al Parlamento Europeo durante la semana del 9 de mayo y que las candidaturas, las campañas y los programas electorales tengan un carácter menos nacional y más europeo.

4.1.15.   El CESE considera que se debe ampliar la base de nuestras democracias, incluyendo a nuevos ciudadanos que sean iguales en derechos y obligaciones. Los derechos de ciudadanía nacional y europea deben incluir a todas las diversidades de origen nacional, étnico, religioso o cultural que, en parte, provienen de la inmigración.

4.1.16.   El CESE elaboró un Dictamen (17) de iniciativa dirigido a la Convención, para que se concediera la ciudadanía europea a los nacionales de terceros países que tengan el estatuto de residentes de larga duración. El Comité propone a las instituciones de la UE que consideren esta propuesta en el Programa de Estocolmo.

4.2.   Facilitar la vida de los ciudadanos: una Europa del Derecho y de la Justicia Garantizar el Derecho y la Justicia en una Europa abierta al mundo

4.2.1.   Reconocimiento mutuo de las decisiones de justicia

4.2.1.1.   El CESE celebra el esfuerzo de reconocimiento mutuo, que sigue siendo la piedra angular de la construcción del espacio judicial europeo. Éste debe coexistir con la tradición jurídica de cada Estado miembro y garantizar el refuerzo de un espacio de libertad y responsabilidad. La Unión debe dotarse de una base normativa común. Por otra parte, todo el sistema coercitivo, tanto en lo que respecta a las normas comunes como a los Estados miembros, debe someterse a las restricciones legales con el fin de descartar toda posibilidad de abuso: las normas no pueden en ningún caso comprometer las libertades y los derechos humanos y deben garantizar la protección de los derechos civiles y sociales.

4.2.1.2.   El reconocimiento mutuo podría hacerse extensivo a los ámbitos que aún no han sido regulados como, por ejemplo, los regímenes sucesorios y testamentarios, los regímenes patrimoniales y las consecuencias patrimoniales de la separación de parejas, así como a todos los ámbitos de la vida diaria de los ciudadanos de la Unión. El reconocimiento mutuo debe aplicarse a todas las formas de unión civil legalmente reconocidas en los Estados miembros.

4.2.1.3.   En materia civil, conviene suprimir el procedimiento de exequátur por el que los Estados miembros aplican las decisiones de carácter civil y mercantil adoptadas en otros Estados miembros, y ampliar el reconocimiento mutuo a las materias no cubiertas. En materia penal, este principio de reconocimiento mutuo debe aplicarse de manera permanente a todas las etapas del procedimiento. Del mismo modo, debe hacerse extensivo a las medidas de protección de las víctimas y testigos, así como en los casos de caducidad de los derechos.

4.2.2.   Reforzar la confianza recíproca

4.2.2.1.   Al objeto de reforzar la confianza recíproca entre los sistemas judiciales, conviene reforzar y apoyar la formación del personal judicial mediante la elaboración de instrumentos comunes. Conviene fomentar y apoyar los intercambios entre funcionarios judiciales, tanto a través del foro judicial y las actividades de las distintas redes de profesionales, como mediante la aplicación de un sistema de tipo Erasmus. Para mejorar la comunicación y la transferencia de buenas prácticas, convendría reforzar el Foro Europeo de la Justicia.

4.2.2.2.   Es necesario seguir reforzando la confianza recíproca apoyando con mayor firmeza, en particular desde el punto de vista financiero, los programas de formación profesional del personal judicial, así como el desarrollo de las redes profesionales. Estas medidas deben ir acompañadas de intercambios de buenas prácticas y la elaboración de proyectos innovadores en el ámbito de la modernización de la justicia.

4.2.3.   Facilitar el acceso a la justicia: una prioridad

4.2.3.1.   La acción emprendida a nivel europeo en materia penal para mejorar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales no debe concentrarse exclusivamente en el terrorismo, el crimen organizado y los ataques a los intereses financieros de la Unión, sino que también debe tratar los fenómenos que conculcan los derechos humanos y las libertades fundamentales. La creciente movilidad de los ciudadanos de los Estados miembros dentro de las fronteras de la Unión les expone a discriminaciones y abusos, tanto en su vida privada como en el lugar de trabajo.

4.2.3.2.   La Unión deberá dedicarse a reforzar los dispositivos de ayuda jurisdiccional existentes, movilizar los recursos electrónicos (e-justicia) (18) en los casos en que sea necesaria su utilización y hacer todo lo posible, en particular, por facilitar el acceso de los ciudadanos a la traducción e interpretación en el ámbito judicial. Del mismo modo, deberá esforzarse por simplificar los trámites de legalización de las actas y documentos. También habrá que mejorar el apoyo prestado a las víctimas de infracciones, por lo que se refiere, en particular, a los asuntos transnacionales.

4.2.4.   El papel de los círculos jurídicos en el apoyo a la actividad económica

4.2.4.1.   Es preciso mejorar la aplicación de las decisiones de justicia, en particular, mediante la instauración de un procedimiento de embargo bancario europeo. Los trabajos destinados a crear un marco común de referencia en materia de derecho contractual podrán utilizarse en las futuras propuestas legislativas, y podrán elaborarse contratos-modelo e introducirse sistemas opcionales europeos en ámbitos bien definidos del mercado interior (régimen 28o). Conviene proseguir la armonización de la legislación aplicable en materia de pólizas de seguros y derecho de sociedades.

4.2.4.2.   El espacio judicial europeo, en particular en período de crisis, no sólo debe apoyar el buen funcionamiento de la actividad económica en el mercado interior, sino también la responsabilización de los agentes económicos ante la sociedad y sus propios trabajadores. En un contexto de crisis financiera y económica, es importante reforzar los vínculos de solidaridad entre los Estados, los agentes económicos y los ciudadanos, y respetar la dignidad y los derechos de los ciudadanos.

4.2.5.   Reforzar la presencia de la Unión en materia jurídica en el ámbito internacional

Conviene dar prioridad a la acción de promoción del Estado de Derecho en todo el mundo y, en particular, en los países vecinos y en aquellos con los que la Unión comparte un programa económico, social y de seguridad común, y reforzar considerablemente los instrumentos de cooperación y asistencia utilizados por la Unión en el ámbito judicial con terceros países.

4.3.   Una Europa que protege Marco normativo y principios de una Unión abierta que proteja a sus ciudadanos

El CESE acoge favorablemente la elaboración de una estrategia de seguridad interna de la Unión, un proceso en el que debe participar un amplio abanico de partes interesadas públicas y privadas (19). La participación de la sociedad civil permitirá dar prioridad a una perspectiva basada en la tolerancia, el diálogo y la cooperación, y no la exclusión, el miedo y la desconfianza hacia los ciudadanos de otros Estados miembros o de terceros países. También garantizará la protección de las libertades y los derechos fundamentales más vulnerables como consecuencia de la adopción de medidas de control y coercitivas que, en ausencia de una sociedad civil democrática, pueden emplearse de manera discriminatoria y abusiva. La estrategia en materia de seguridad interna debe completarse con una estrategia europea de evaluación del funcionamiento de los sistemas judiciales europeos.

4.3.1.   Unos medios reforzados

4.3.1.1.   La cooperación policial debe incluir un capítulo significativo relativo a la formación e instrucción del personal de policía. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE ha observado que el comportamiento duro y agresivo de las fuerzas de policía constituye una fuente importante de discriminación. Para limitar estas prácticas, conviene emprender acciones encaminadas a luchar contra estos comportamientos y a recuperar la confianza de la opinión pública en la corrección de las fuerzas de policía (20).

4.3.1.2.   La movilización de los recursos tecnológicos necesarios para garantizar la seguridad interior no puede efectuarse sin garantizar la transparencia y la responsabilidad de su utilización en relación con los ciudadanos y la sociedad civil.

4.3.2.   Unas políticas eficaces

4.3.2.1.   Es necesario que las prioridades en materia de criminalidad transfronteriza incluyan también el refuerzo de los derechos de defensa mediante la extensión de las garantías mínimas comunes a la protección de la presunción de inocencia y a la detención preventiva (duración y revisión de los motivos de detención). Las medidas de lucha contra la criminalidad deberán respetar el principio de proporcionalidad. Estas iniciativas se deben elaborar y apoyar con los recursos adecuados, por ejemplo, en el marco de un plan de acción, y ser objeto de un seguimiento, en particular en las situaciones que han resultado problemáticas hasta ahora (trato de las personas sospechosas de actividades de terrorismo).

4.3.2.1.1.   Por lo que se refiere al control y la vigilancia de las fronteras, concretamente respecto de la protección de las personas y los grupos vulnerables, las obligaciones fundamentales de salvamento marítimo que incumben a los Estados miembros deben prevalecer sobre los imperativos de control y vigilancia marítimos.

4.3.2.1.2.   El visado Schengen común a nivel europeo, expedido en su caso por una autoridad consular común, puede garantizar la igualdad de trato de los solicitantes. Sin embargo, conviene abandonar progresivamente la presunción del riesgo vinculado a la nacionalidad y optar por una evaluación del riesgo individual –una evolución positiva– para prevenir los abusos y las discriminaciones frente a los solicitantes.

4.3.3.   Objetivos comunes

4.3.3.1.   La estrategia de seguridad interior debe concentrarse en las amenazas que no hayan sido objeto de suficiente atención. Debe conceder una prioridad distinta a las medidas activas de lucha contra el odio, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Los instrumentos utilizados no deben idearse exclusivamente para el ámbito de la seguridad, sino hacerse extensivos a la esfera económica, social, cultural y educativa, y emplearse de manera preventiva.

La estrategia de seguridad interior debe conceder un papel de primer orden a la transparencia y a la lucha contra la corrupción, un fenómeno que socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y en el proceso democrático nacional y europeo.

4.3.3.2.   Con vistas a la reducción de las amenazas terroristas, la Unión debe intensificar sus esfuerzos para promover unos modelos europeos de diálogo intercultural e interreligioso que permitan contrarrestar el aislamiento y la radicalización de comunidades, grupos y organizaciones, tanto dentro de las fronteras de la Unión como fuera de éstas. Las medidas de seguridad interna, por eficaces que sean, sólo tratan los efectos y no las causas del fenómeno terrorista. Por lo tanto, es imprescindible entablar un diálogo paneuropeo que permita desarrollar estos modelos para que la Unión pueda promoverlos activamente en colaboración con los Estados miembros.

4.4.   Una política de inmigración dinámica

4.4.1.   El desarrollo de una política de inmigración constituirá una de las prioridades principales para los próximos años, sobre la base de objetivos establecidos en el marco del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo. Entre las prioridades identificadas por la Comisión se encuentra la consolidación del enfoque global sobre la inmigración.

4.4.2.   La UE debe mejorar el diálogo y la cooperación con los países de origen. El CESE ha propuesto (21) que, en el ámbito de la política exterior, la UE promueva un marco normativo internacional para las migraciones, sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este marco normativo internacional debe incluir los principales convenios de la OIT y la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares, que aún no ha sido ratificada por los Estados miembros de la UE, a pesar de que el CESE aprobó un Dictamen de iniciativa (22) proponiendo su ratificación.

4.4.3.   Para que la política europea de inmigración pueda contribuir al desarrollo de los países de origen, los acuerdos entre la UE y los países de origen se deben realizar en condiciones de interés mutuo y de respeto de los derechos de los inmigrantes. El Comité considera que los acuerdos para la movilidad deberán evitar y compensar la fuga de cerebros. Para que la inmigración circular tenga una relación positiva con el desarrollo, es necesario flexibilizar las legislaciones en materia de admisión y del estatus de residente de larga duración, para favorecer el retorno voluntario sin que los inmigrantes pierdan el derecho de residencia.

4.4.4.   La cooperación con terceros países no debería basarse exclusivamente en la inmigración irregular, el retorno y el control de las fronteras –por importantes que sean–, sino que dichos acuerdos deben tener en cuenta el interés de todas las partes: el de los inmigrantes para que se respeten sus derechos fundamentales y reciban un trato justo, el de los países de origen para que la emigración pueda ser positiva para su desarrollo económico y social, y el de las sociedades europeas de acogida.

4.4.5.   El CESE considera que uno de los puntos débiles del enfoque global sobre la inmigración es precisamente la dificultad que tiene la Unión Europea para pasar de los discursos políticos generales a la adopción de iniciativas legislativas concretas, a la luz del método comunitario y respetando las competencias previstas en los Tratados.

4.4.6.   El Comité no comparte la consideración de que la política europea de inmigración se debe basar en la inmigración circular. Sin duda una parte de los proyectos migratorios serán temporales y, en algunos casos, de carácter circular, pero la experiencia indica que gran parte de los proyectos migratorios son permanentes o de larga duración, por lo que es preciso que las políticas y la legislación europea promuevan siempre el respeto a los derechos humanos, la seguridad del estatuto jurídico de los inmigrantes, la integración y la reagrupación familiar.

4.4.7.   El CESE ha propuesto en un reciente Dictamen (23) que «la política y la legislación de inmigración deben respetar plenamente los derechos humanos de todas las personas, la igualdad de trato y la no discriminación».

4.4.8.   El CESE no comparte el uso del término «inmigración ilegal» y coincide con la opinión de otros actores europeos, como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, que prefieren utilizar los términos «inmigración irregular» e «inmigrantes no documentados» para paliar toda falsa relación entre inmigración y criminalidad.

4.4.9.   Aunque no es legal entrar en un Estado sin la documentación y las autorizaciones establecidas, estas personas no son delincuentes. El vínculo entre inmigración irregular y delincuencia que se realiza en numerosos medios de comunicación y discursos políticos no se corresponde con la realidad y fomenta actitudes temerosas y xenófobas en la población del Estado receptor.

4.4.10.   El CESE comparte la prioridad de la Comisión de vigilar la aplicación a nivel nacional de las garantías y derechos previstos por la Directiva de Retorno 2008/115 que entrará en vigor en diciembre de 2010.

4.4.11.   El Comité respalda la propuesta de la Comisión para que la Unión se dote de «normas comunes relativas a la aceptación de los inmigrantes irregulares que no puedan ser deportados»; también respalda la propuesta sobre las regularizaciones: «debe mejorarse el intercambio de información entre los Estados miembros. Podrían desarrollarse directrices para su aplicación». Para regularizar la situación de las personas afectadas, se deben considerar las situaciones de arraigo social y laboral, tal como está previsto en el Pacto Europeo de inmigración y asilo.

4.4.12.   Los menores no acompañados que se encuentren en situación irregular deberán ser protegidos a través de una política europea específica.

4.4.13.   El Comité comparte el punto de vista de la Comisión, que considera que la Unión debe dotarse de un marco común en forma de régimen de admisión flexible, adaptado a las necesidades de los mercados laborales nacionales. Sin embargo, el Comité considera que la legislación europea debe evitar las políticas basadas exclusivamente en las necesidades de los mercados de trabajo en una coyuntura o período de tiempo determinado, para las cuales un inmigrante es tan sólo una unidad económica, y no una persona con derechos y necesitada de protección y seguridad.

4.4.14.   El Comité respalda la propuesta de la Comisión de crear una plataforma europea de diálogo para mejorar la gestión de la inmigración laboral, en la que participen los empresarios, los sindicatos, los servicios públicos de empleo de los Estados miembros, las agencias de contratación y otras partes involucradas. El CESE puede ser la institución europea que acoja las actividades de esta plataforma, de manera similar al Foro Europeo de la Integración.

4.4.15.   El CESE ha reiterado en varias ocasiones que la legislación común de admisión a nivel Europeo se tendría que haber dotado de un marco legislativo global y horizontal en vez de normas sectoriales. (24)

4.4.16.   Sin embargo, la Comisión está elaborando diversas propuestas de Directiva de carácter sectorial. Recientemente el Consejo Europeo ha adoptado la Directiva sobre la tarjeta azul
   (25), que ofrece un procedimiento acelerado y flexible de admisión exclusivamente para aquellos trabajadores inmigrantes considerados como «altamente cualificados» y los miembros de su familia, lo que puede suponer un trato discriminatorio entre los trabajadores considerados como altamente cualificados y los demás (que serán objeto de directivas específicas). Además, la Directiva concede una discrecionalidad demasiado alta a los Estados miembros a la hora de definir y especificar las condiciones y derechos concedidos por la tarjeta azul.

4.4.17.   El CESE considera que el enfoque sectorial de la legislación europea de inmigración debe ir acompañado de un marco común (estatuto europeo) de derechos horizontal, que garantice el respeto y la protección de los derechos y libertades de los inmigrantes en Europa, independientemente de la categoría profesional, de su estatuto jurídico o de su situación administrativa.

4.4.18.   La Comisión elaboró una propuesta de Directiva marco de derechos de los inmigrantes, que hasta el momento no ha sido aprobada en el Consejo. El Comité elaboró el Dictamen (26) sobre esta propuesta de Directiva, que espera sea tenida en cuenta en los trabajos del Consejo.

4.4.19.   El CESE analizará la propuesta de la Comisión de adoptar un Código de la Inmigración para garantizar un conjunto de derechos uniforme y comparable a los inmigrantes en Europa, pero desaprueba el hecho de que suponga la retirada de la propuesta de la Directiva Marco, por lo que el Comité propone a las futuras presidencias del Consejo que continúen los trabajos hasta adoptar esta Directiva.

En relación con la reagrupación familiar, el Comité comparte la propuesta de la Comisión cuando afirma que «podría contemplarse una revisión de la Directiva tras una amplia consulta».

4.4.20.   El CESE espera que la Comisión elabore en breve un Libro Verde con el objetivo de debatir los cambios que cabe introducir en dicha Directiva, puesto que, debido al carácter de mínimos de la Directiva europea 2003/86, está permitiendo que en algunas legislaciones nacionales no se garantice plenamente el derecho a la reagrupación familiar a los nacionales de terceros países, como ha confirmado el Informe de la Comisión sobre la transposición de la Directiva a nivel nacional (27).

4.4.21.   El Comité tiene un fuerte compromiso con la integración, y ha elaborado diversos dictámenes de iniciativa impulsando en la UE políticas de integración de carácter proactivas, con un enfoque bidireccional, dirigido hacia la sociedad de acogida y hacia los inmigrantes. Es un enfoque positivo de la integración, a diferencia de algunos gobernantes que entienden la integración con un enfoque negativo, como un nuevo obstáculo para la igualdad y como un nuevo instrumento de discriminación.

4.4.22.   Tal como afirma la Comisión, es necesario incrementar los esfuerzos de la UE, de los Estados miembros, de las autoridades regionales y locales, así como una mayor implicación de la sociedad de acogida y de los inmigrantes. Recientemente se ha constituido el Foro Europeo de la Integración en colaboración entre la Comisión Europea y el CESE. Es una plataforma de participación de la sociedad civil y de las organizaciones de inmigrantes en las políticas europeas de promoción de la integración.

4.4.23.   El CESE ha respaldado la propuesta de crear un Método Abierto de Coordinación para la integración y se compromete a colaborar en su puesta en marcha, a través de nuevos dictámenes. La Comisión plantea que «podría desarrollarse un mecanismo conjunto de coordinación que permita apoyar la acción de los Estados miembros a partir de un marco de referencia común», a través de la definición de buenas prácticas, el desarrollo de indicadores, la vinculación con otras políticas y la implicación de la sociedad civil a partir del portal y del Foro Europeo de la Integración.

4.4.24.   El Foro también puede contribuir a la evaluación de las prácticas, al desarrollo de los indicadores y a la vinculación de la integración con otras políticas de la Unión.

4.5.   Asilo: un espacio común y solidario

4.5.1.   Europa debe estar dispuesta a acoger dignamente a las personas que soliciten asilo a través de una legislación protectora y de una política de mayor solidaridad. Muchas personas que necesitan protección internacional llegan a las fronteras exteriores a través de vías clandestinas. Las autoridades deben garantizar que puedan presentar su solicitud de protección y que sea analizada conforme a los convenios internacionales y a las legislaciones comunitarias y nacionales.

4.5.2.   El Comité ha elaborado en los últimos años diversos dictámenes para el desarrollo de un sistema común de asilo (28). La construcción del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) se debe realizar garantizando un alto nivel de calidad, sin rebajar las normas internacionales de protección. La armonización no deberá ser utilizada en ningún caso para reducir los actuales niveles de protección que tienen los Estados miembros, sino que deberá servir para mejorar la legislación de aquellos Estados miembros cuyos niveles de protección son insuficientes.

4.5.3.   Para la creación del SECA, es necesario que la armonización de la legislación esté acompañada de una importante cooperación entre Estados miembros. Esta cooperación y solidaridad mejorará con la creación de la Oficina Europea para el Apoyo al Asilo (OEAA) propuesta por la Comisión, que el CESE respalda.

4.5.4.   La nueva legislación debe permitir el acceso de los solicitantes de asilo al mercado laboral y a la formación, y reconocer el papel que realizan las ONG especializadas y que se les dé pleno acceso a aquellos procedimientos y lugares que estén relacionados con su actividad.

4.5.5.   Los procedimientos del Reglamento de Dublín deben ser modificados para permitir al solicitante de asilo la elección del país en el quiere presentar la solicitud, teniendo en cuenta motivos humanitarios y los vínculos familiares, culturales y sociales.

4.5.6.   Las decisiones que se adopten sobre las solicitudes de asilo podrán ser recurridas y este recurso deberá tener un efecto suspensivo, respetando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

4.5.7.   La detención de solicitantes de asilo y de inmigrantes irregulares en centros de internamiento sigue constituyendo una práctica común en varios Estados miembros de la UE. El CESE es contrario a estas prácticas, pues considera que el internamiento en centros de detención debe ser una medida excepcional.

4.5.8.   El CESE considera que el respeto de los derechos humanos es una condición imprescindible para la firma de convenios de readmisión con terceros países, y se opone a que la UE o los Estados miembros establezcan acuerdos de repatriación o de control de fronteras con países que no han firmado los principales instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos.

4.5.9.   El Comité considera que la solidaridad financiera intraeuropea en materia de asilo se debe reforzar, para lo que será necesario ampliar y modificar el Fondo Europeo para los refugiados.

Bruselas, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  El anterior vicepresidente, Sr. Fratini, afirmó que se ha alcanzado solamente el 53 % de los objetivos.

1

(2)  Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, Consejo de la Unión Europea, Bruselas, 13440/08, 24 de septiembre de 2008.

2

(3)  Informe del Grupo sobre el Futuro de la Política de Asuntos Interiores (The Future Group), «Freedom, Security, Privacy: European Home Affairs in an Open World», junio de 2008.

3

The Future Group

Freedom, Security, Privacy: European Home Affairs in an Open World

(4)  http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0001_en.htm.

4

(5)  COM(2009) 262 final.

5

(6)  Dictamen del CESE de 4.9.2009 sobre el tema «El respeto de los derechos fundamentales en las políticas y la legislación europeas en materia de inmigración», ponente: Sr. Pariza Castaños (veáse página 29 del presente Diario Oficial).

6

(7)  DO C 318 de 23.12.2006, p. 163.

7

(8)  DO C 218 de 11.9.2009, p. 69.

8

(9)  Véase «Relevant Council of Europe Resolutions and Reccommendations in the field of efficiency and fairness of justice» (Principales resoluciones y recomendaciones del Consejo de Europa en materia de eficacia y equidad de la justicia) (CEPEJ(2003)7 rev., de 13 de noviembre de 2003).

9

Relevant Council of Europe Resolutions and Reccommendations in the field of efficiency and fairness of justice

(10)  COM(2008) 840 final.

10

(11)  30 de abril de 2006.

11

(12)  COM(2009) 313 final.

12

(13)  DO C 228 de 22.9.2009, p. 14 y DO C 325 de 30.12.2006, p. 43.

13

(14)  DO C 325 de 30.12.2006, p. 65.

14

(15)  DO C 182 de 4.8.2009, p. 19 y DO C 77 de 31.3.2009, p. 102.

15

(16)  DO C 256 de 27.10.2007, p. 66.

16

(17)  DO C 208 de 3.9.2003, p. 76.

17

(18)  Dictamen del CESE de 30.9.2009 sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo: Hacia una estrategia europea en materia de e-Justicia (Justicia en línea)», ponente: Sr. Pegado Liz (DO C 318 de 23.12.2009, p. 69).

18

(19)  DO C 318 de 23.12.2006, p. 147 y DO C 211 de 19.8.2008, p. 61.

19

(20)  Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2009. The Stockholm Programme: A chance to put fundamental rights protection right in the centre of the European Agenda (El Programa de Estocolmo: una oportunidad para situar la protección de los derechos fundamentales en el centro de la agenda europea), pp. 6-7.

20

The Stockholm Programme: A chance to put fundamental rights protection right in the centre of the European Agenda

(21)  DO C 44 de 16.2.2008, p. 91.

21

(22)  DO C 302 de 7.12.2004, p. 49.

22

(23)  DO C 218 de 11.9.2009, p. 69.

23

(24)  DO C 286 de 17.11.2005, p. 20.

24

(25)  Directiva 2009/50/CE.

25

(26)  DO C 27 de 3.2.2009, p. 114.

26

(27)  COM(2008) 610 final.

27

(28)  DO C 204 de 9.8.2008, p. 77, DO C 218 de 11.9.2009, p. 78 y dictámenes del CESE de 16.7.2009 sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (refundición)», ponente: Sra. Le Nouail Marlière (DO C 317 de 23.12.2009, p. 110), y de 16.7.2009 sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (refundición)», ponente: Sra. Le Nouail Marlière (DO C 317 de 23.12.2009, p. 115).

28

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/89 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/89

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Recomendación del Consejo sobre los entornos sin humo»

COM(2009) 328 final — 2009/0088 (CNS)

(2010/C 128/15)

Ponente: Eugen LUCAN

El 8 de julio de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar, a título facultativo, al Comité Económico y Social Europeo sobre la

Propuesta de Recomendación del Consejo sobre los entornos sin humo

COM(2009) 328 final – 2009/0088 (CNS).

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 15 de octubre de 2009.

En su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 81 votos a favor, 68 en contra y 9 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Recomendaciones específicas

Sobre el capítulo «Recomienda que los Estados Miembros», Art. 1

1.1.1.   Una protección eficaz contra la exposición al humo de tabaco debe limitarse a hacer referencia a los lugares de trabajo y, sobre todo, a los espacios cerrados sin zonas específicas para fumadores.

1.1.2.   El CESE recomienda que todos los espacios públicos frecuentados por niños o jóvenes menores de dieciocho años se incluyan en los «otros lugares públicos», como se estipula en el artículo 8.2 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT).

1.1.3.   El CESE pide al Consejo que prevea la instauración de un plazo de adopción más corto que los tres años propuestos por la Comisión, so pena de perder la actual generación de adolescentes de escuelas secundarias (14-18 años), que está expuesta al riesgo de pasar del tabaquismo pasivo al tabaquismo activo.

Sobre el capítulo «Recomienda que los Estados Miembros», Art. 2

1.2.1.   «Las estrategias educativas y de asesoría a escala europea tendrán un papel esencial en todas las instituciones de educación y de enseñanza». El CESE recomienda que se complete y se refleje muy claramente la importancia a escala europea de las estrategias educativas y de asesoramiento en colegios y escuelas secundarias, de modo que cada niño o joven pueda ser informado de modo correcto, completo y periódicamente sobre la verdad del tabaco y sus efectos nocivos y sobre los efectos cancerígenos de la exposición al humo de tabaco ambiental (HTA).

Sobre el capítulo «Recomienda que los Estados Miembros», Art. 3

1.3.1.   Conviene complementar las políticas antitabaco con medidas de apoyo, entre ellas:

| (c) | extender el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/37 relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos en el lugar de trabajo, a fin de que cubra también el HTA; |
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(c)

extender el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/37 relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos en el lugar de trabajo, a fin de que cubra también el HTA;

| (d) | reforzar los requisitos relativos a la protección de los trabajadores contra el humo de tabaco en la Directiva 89/654/CEE, solicitando a todos los empleadores que se aseguren de que el lugar de trabajo es una zona en que el consumo de tabaco está prohibido; |
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(d)

reforzar los requisitos relativos a la protección de los trabajadores contra el humo de tabaco en la Directiva 89/654/CEE, solicitando a todos los empleadores que se aseguren de que el lugar de trabajo es una zona en que el consumo de tabaco está prohibido;

| (e) | modificar la Directiva relativa a las sustancias peligrosas (67/548/CEE) (1991), a fin de clasificar el HTA como agente cancerígeno. Esta directiva situaría automáticamente el HTA, en lo concerniente a los requisitos mínimos de seguridad y salud laboral, en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos en el lugar de trabajo. |
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(e)

modificar la Directiva relativa a las sustancias peligrosas (67/548/CEE) (1991), a fin de clasificar el HTA como agente cancerígeno. Esta directiva situaría automáticamente el HTA, en lo concerniente a los requisitos mínimos de seguridad y salud laboral, en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos en el lugar de trabajo.

| (f) | hacer un llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión para que modifiquen oficialmente la denominación Humo de Tabaco Ambiental (HTA) y la conviertan en Humo de Tabaco Ambiental Cancerígeno (HTAC), |
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(f)

hacer un llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión para que modifiquen oficialmente la denominación Humo de Tabaco Ambiental (HTA) y la conviertan en Humo de Tabaco Ambiental Cancerígeno (HTAC),

| (g) | elaborar, por las direcciones generales de «Educación y Cultura» y «Salud y Protección del Consumidor», estrategias educativas para inculcar a los niños y a los jóvenes de todas las redes de enseñanza de la UE una instrucción correcta, completa y regular sobre los efectos del consumo de tabaco y del humo de tabaco ambiental. |
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(g)

elaborar, por las direcciones generales de «Educación y Cultura» y «Salud y Protección del Consumidor», estrategias educativas para inculcar a los niños y a los jóvenes de todas las redes de enseñanza de la UE una instrucción correcta, completa y regular sobre los efectos del consumo de tabaco y del humo de tabaco ambiental.

Sobre el capítulo «Recomienda que los Estados Miembros», Art. 4

1.4.1.   Cabe añadir al final también «protección contra el humo de tabaco en entornos públicos frecuentados por niños y jóvenes» (zonas de juegos infantiles al aire libre, espacios de ocio, discotecas al aire libre o cerradas, clubes, bares frecuentados por niños o jóvenes menores de dieciocho años, otros espacios destinados a ellos).

Sobre el capítulo «Recomienda que los Estados Miembros», Art. 6

1.5.1.   En la definición de los centros de referencia nacionales para el control del tabaco conviene añadir el texto «, así como para controlar o elimina la exposición de la población al HTA».

2.   Conclusiones

2.1.   El CESE apoya la iniciativa dirigida a asegurar una aplicación eficaz del artículo 8 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, con el fin de crear un entorno absolutamente libre de humo de tabaco, conforme al principio 1 (punto 6) de las directrices relativas al artículo 8 del Convenio Marco que se adjuntan como anexo de la propuesta COM(2009) 328 (1). El Comité considera que la Recomendación europea constituye un instrumento útil para ir en este sentido, aunque apenas ofrece garantías. Si resultara que la aplicación y la eficacia de este dispositivo son insuficientes, la Comisión debería proponer lo más rápidamente posible un instrumento de carácter vinculante.

2.2.   El CESE considera que es necesario realizar investigaciones a escala europea sobre la lucha contra los efectos nocivos del consumo de tabaco entre niños y jóvenes y el grado de exposición al HTA. Con el fin de elaborar estrategias y programas eficaces para el futuro, las investigaciones deberían evaluar también entre los fumadores la edad a la cual fumaron el primer cigarrillo y las motivaciones que tuvieron niños y jóvenes para tomar esta decisión.

2.3.   Habida cuenta de que el Parlamento Europeo invitó a los Estados miembros a comprometerse a reducir en al menos un 50 % hasta 2025 el consumo de tabaco entre los jóvenes, el CESE considera que es necesario cuantificar los efectos nocivos concretos del consumo de tabaco entre los jóvenes para formular posteriormente objetivos europeos destinados a los Estados miembros, con el fin de reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes. El Comité precisa que no hay que entender por ello que la instauración de las disposiciones antitabaco deba extenderse hasta 2025 y subraya que, por el contrario, resulta urgente aprobar estas medidas, a la vista de sus graves implicaciones para la salud humana y los enormes costes que se generan.

2.4.   El CESE considera que es absolutamente necesario prohibir el consumo de tabaco y, en consecuencia, la exposición al HTA en lugares frecuentados por niños y jóvenes (grupo de edad comprendida entre cero y dieciocho años): lugares de ocio: clubes, discotecas en lugares cerrados, bares, instalaciones deportivas, espacios de ocio para niños, etc. Esta medida podría salvar parte de la generación actual de niños y adolescentes en el grupo de edad comprendido entre quince y dieciocho años, que son los más expuestos al riesgo de fumar y al HTA. Por lo general, los jóvenes eligen fumar el primer cigarrillo y pasar de fumadores pasivos a fumadores activos entre los quince y los dieciocho años.

2.5.   El CESE considera esencial la realización de programas de educación y promoción de un modo de vida sano y armonioso en colegios y escuelas de enseñanza secundaria. A escala europea, los niños y adolescentes deben tener acceso a información periódica, correcta y completa sobre el consumo de tabaco y la exposición al HTA, con el objeto de tomar conciencia sobre todos los riesgos asociados al tabaco y poder entenderlos con conocimiento de causa y responsabilidad. Dicha información puede ser ofrecida también en colaboración con organizaciones no gubernamentales, pero es importante que sea accesible, periódica, adaptada a la motivación de los niños y jóvenes, interactiva e innovadora, para permitir a los niños asumir su propia responsabilidad de modo libre y totalmente consciente.

2.6.   El CESE considera que son necesarias campañas de información y educación sobre estilos de vida sanos, concebidas para todas las categorías de edad y todos los grupos sociales, que permitan a las personas asumir la responsabilidad de sus elecciones con conocimiento de causa, tanto para ellas mismas como para sus hijos.

2.7.   El CESE exhorta a las ONG y a la sociedad civil a desarrollar y apoyar, mediante la propia participación, acciones destinadas a la protección contra la exposición al HTA, especialmente para aquellas categorías desfavorecidas que corren el riesgo de perder, además de su autonomía social, la autonomía personal debido al empeoramiento de su estado de salud y la pérdida gradual de funciones vitales. Es necesario prestar una protección especial contra la exposición al HTA a los niños desfavorecidos procedentes de entornos con un alto nivel de exposición al humo de tabaco ajeno, a los «niños y jóvenes de la calle» y a la gente que vive en ella.

3.   Contexto y observaciones generales

3.1.   Argumentos médico-sociales relativos al consumo de tabaco y al nivel de exposición al HTA

3.1.1.   Un estudio menciona que «cada cigarrillo puede acortar en 8 (2) minutos la vida de la persona que lo fuma». En la Unión Europea, el tabaco es la causa más importante de fallecimientos, enfermedades y discapacidades, causando la muerte de aproximadamente 650 000 personas cada año (3).

3.1.2.   El humo de tabaco es una mezcla tóxica compleja formada por más de 4 000 sustancias, entre las cuales se hallan sustancias tóxicas como el cianuro de hidrógeno, amoníaco y monóxido de carbono y más de 50 sustancias (69 exactamente (4)) que han demostrado ser cancerígenas, constituyendo el consumo de tabaco una fuente extendida de morbilidad y mortalidad en la UE. Desde el punto de vista científico, está justificado modificar la denominación de «Humo de Tabaco Ambiental» (HTA) en «Humo de Tabaco Ambiental Cancerígeno» (HTAC).

3.1.3.   Se ha comprobado que la exposición prolongada al tabaquismo pasivo es causante de las mismas enfermedades que las provocadas por el tabaquismo activo, incluyendo el cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y enfermedades pediátricas.

3.1.4.   La exposición al HTA puede causar cardiopatías coronarias y cáncer pulmonar en adultos. El HTA puede ser el origen de accidentes vasculares cerebrales, asma o Broncopatía Pulmonar Obstructiva Crónica (BPOC) en adultos (5) y puede empeorar enfermedades preexistentes, como el asma y la BPOC (6).

3.1.5.   Las investigaciones y definiciones relativas a los riesgos de la exposición al HTA han evolucionado en el tiempo. Deben evitarse términos tales como «tabaquismo pasivo» y «exposición involuntaria al humo de tabaco», ya que la experiencia de Francia y otros países muestra que hay situaciones en las cuales dichos términos son utilizados para apoyar la idea de que esta exposición sería «voluntaria» y, por tanto, aceptable. El nuevo contexto científico impone que ya no se hable de «Humo de Tabaco Ambiental» (HTA), sino de «Humo de Tabaco Ambiental Cancerígeno» (HTAC).

3.1.6.   El HTA es especialmente dañino para los niños, causando asma, neumonía y bronquitis, síntomas respiratorios, afecciones del oído medio y el síndrome de muerte súbita del lactante (5).

3.1.7.   Según estimaciones prudentes, 7 300 adultos, incluidos 2 800 no fumadores, fallecieron en 2002 en la UE-25 debido a la exposición al HTA en el lugar de trabajo. El fallecimiento de 72 000 personas más, incluyendo 16 400 no fumadores, fue asociado a la exposición al HTA en el domicilio (7).

3.1.8.   Se ha comprobado que el riesgo de aparición de cáncer de pulmón aumenta considerablemente debido a la exposición al humo de tabaco en general o en el lugar de trabajo y que, por ejemplo, para los empleados de establecimientos relacionados con la industria alimenticia donde se fuma, el riesgo de padecer cáncer de pulmón es un 50 % mayor que para los empleados no expuestos al humo de tabaco (8).

3.1.9.   La exposición al humo de tabaco durante el embarazo puede llevar al aumento del riesgo de malformaciones, pérdidas del embarazo, muerte fetal y partos prematuros.

3.2.   Argumentos sociológicos del Eurobarómetro sobre las políticas antitabaco y exposición al HTA

3.2.1.   El Eurobarómetro muestra que las políticas contra el tabaquismo cuentan con un respaldo cada vez mayor de los ciudadanos. Así, por ejemplo, el 84 % de los ciudadanos europeos es favorable a la prohibición del consumo de tabaco en oficinas y en otros lugares de trabajo cerrados, el 77 % está a favor de la prohibición del consumo de tabaco en restaurantes y el 61 % a favor de que la prohibición del consumo de tabaco se extienda a bares y otros establecimientos.

3.2.2.   Aproximadamente el 70 % de los ciudadanos de la UE no fuma (9), y los estudios muestran que los fumadores en su mayoría quieren dejar de fumar (10).

3.2.3.   Según una encuesta reciente de Eurobarómetro sobre la «Actitud de los europeos ante el tabaco», tres cuartas partes de los europeos son conscientes de que el humo de tabaco presenta un riesgo para la salud de los no fumadores, mientras que el 95 % reconocen que el consumo de tabaco en presencia de una mujer embarazada puede resultar muy peligroso para el bebé.

3.2.4.   A finales de 2006 se estimaba que el 28 % de los empleados de la UE que trabajan en oficinas se exponen cada día al HTA en sus lugares de trabajo, mientras que a finales de 2008 alrededor del 39 % de los empleados de bares y restaurantes estaba expuestos al HTA. Otra encuesta reciente (2006) ha puesto de manifiesto que alrededor de 7,5 millones de trabajadores europeos están sometidos a una exposición cotidiana al humo de tabaco ambiental en su lugar de actividad (11).

3.2.5.   Las economías europeas soportan cada año costes que ascienden a centenares de miles de millones destinados a los sistemas sanitarios como consecuencia del consumo de tabaco. Estos costes son soportados por toda la población, y no por quienes son responsables de su generación. Se estima que en la UE-27 únicamente la exposición al humo de tabaco ambiental en los lugares de trabajo induce un coste de 2 460 millones de euros anuales (12), o sea 1 300 millones de gastos médicos en enfermedades relacionadas con el tabaco (de los que 560 millones corresponden a personal no fumador) y más de 1 100 millones de euros corresponden a gastos no médicos relacionados con las pérdidas de productividad (de los que 480 millones de euros son de personal no fumador).

3.3.   El deber de proteger a la población contra la exposición al HTA es una forma de garantizar las libertades y los derechos humanos fundamentales (el derecho a la vida y a unos estándares de salud)

3.3.1.   El deber de proteger a la población contra el humo de tabaco, consagrado en el artículo 8 del CMCT esta basado en las libertades y derechos humanos fundamentales. Habida cuenta de los peligros que entraña inhalar humo de tabaco ajeno, el deber de proteger contra la exposición al humo de tabaco está implícito, entre otros, en el derecho a la vida y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, reconocidos en numerosos instrumentos jurídicos internacionales (entre ellos, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), incorporados oficialmente en el Preámbulo del Convenio Marco de la OMS y reconocidos en las constituciones de muchos países.

3.3.2.   El deber de proteger a las personas contra el humo de tabaco se corresponde con la obligación de los gobiernos de promulgar leyes que las protejan frente a las amenazas a sus derechos y libertades fundamentales. Tal obligación se hace extensiva a todas las personas, y no se limita a determinados grupos.

3.4.   Contexto internacional y europeo

3.4.1.   El HTA fue clasificado como agente cancerígeno para el ser humano por la Agencia para la protección medioambiental de los Estados Unidos en 1993, por el Departamento de Salud y Servicios Sociales en el año 2000 y por el Centro internacional de investigaciones sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud en 2002.

3.4.2.   A escala internacional, el Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco (CMCT), firmado por 168 partes y ratificado por 141, incluida la Comunidad Europea, reconoce que «la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que la exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidades». El convenio obliga a la Comunidad y a sus Estados miembros a adoptar medidas contra la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, transportes públicos y espacios públicos cerrados. El artículo 8 de este convenio establece la obligación de ofrecer protección contra la exposición al humo de tabaco.

3.4.3.   La estrategia europea para 2004 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) relativa a una política para el abandono del hábito de fumar considera que un asesoramiento intensivo de más de diez minutos a cargo de un médico es uno de los métodos más eficaces para lograr una abstinencia perdurable.

3.5.   Análisis de impacto sobre la opción más favorable entre las cinco opciones políticas posibles de la UE

3.5.1.   El 30 de enero de 2007, la Comisión publicó el «Libro Verde: Hacia una Europa sin humo de tabaco: políticas a escala de la UE» (COM(2007) 27 final), mediante las cuales abrió un debate público. Las cinco opciones políticas europeas son las siguientes: 1) Mantener el status quo; 2) Medidas voluntarias; 3) Método abierto de coordinación; 4) Recomendación de la Comisión o del Consejo; 5) Legislación vinculante.

3.5.2.   En el análisis de impacto la Comisión menciona que, debido a su carácter preceptivo, la opción 5) (Legislación vinculante) generaría la máxima reducción de daños asociados al HTA, ya que de hecho elimina la exposición al HTA en los lugares de trabajo cerrados. Sin embargo, la aplicación tardaría más que en el caso de la opción política 4) (Recomendación de la Comisión o del Consejo). Los beneficios para la salud de la opción 1) (Mantenimiento del status quo) resultarían en una reducción menor de la predominancia del HTA y de los perjuicios causados a la salud asociados a éste. Se espera que la tendencia antitabaco existente continúe, pero a un ritmo mucho más lento. Los efectos de las opciones 2) y 3) son similares y sólo aportan reducciones modestas del HTA comparado con la opción 1) (Mantenimiento del status quo). La opción 3) (Aplicación del método abierto de coordinación) puede ser lenta e inadecuada para tratar un tema como el HTA. La opción 4) (Impacto de una recomendación de la Comisión o del Consejo) estaría limitada por el hecho de que pudiera no crear un sentimiento de compromiso entre los Estados miembros. Se supone que la opción política 4 tendrá beneficios mayores para la salud debido al efecto de «apropiación» (ownership effect). Es de esperar que el impacto se materialice de modo relativamente rápido.

4.   Grupos objetivo más vulnerables a la exposición al HTA y estrategias de resolución

4.1.   Los grupos más vulnerables a la exposición al HTA son los siguientes: niños, jóvenes, desempleados, categorías desfavorecidas, empleados de la industria hotelera y restaurantes.

4.2.   El problema de la exposición al HTA debe ser abordado de modo causal en correlación con el tabaquismo y la especificidad del grupo objetivo. El 80 % de los ciudadanos europeos que fuman manifestaron fumar también en casa. Las estrategias de disminución del consumo de tabaco y exposición al HTA deberían centrarse especialmente en los niños, jóvenes y padres.

4.3.   Entre los ciudadanos de la UE de quince años y mayores, 31 % declaran fumar (26 % lo hace cotidianamente y 5 % ocasionalmente (13)). En los niños, la tasa de fumadores aumenta muy rápidamente a partir de los once años. Los niveles muy elevados de consumo de tabaco que se observan antes de los dieciocho años refuerzan la idea de que los jóvenes empiezan a fumar cuando todavía son menores (14). El Eurobarómetro no hace ninguna referencia al primer cigarrillo fumado, pero en algunos países existen estadísticas nacionales (15) que mencionan que «la mayoría de las personas comenzaron a fumar en edad infantil: un 53 % (el 5,5 % fumaron por primera vez a una edad inferior a los 15 años, el 47,5 % fumaron su primer cigarrillo a edades comprendidas entre los 15 y los 19 años)». Más de la mitad de los hombres que fuman (51,4 %) comenzaron a fumar a edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Una parte de las categorías sociales más vulnerables, los niños de la calle, fumaron su primer cigarrillo cuando aún no habían cumplido los cinco años (16). La vida de la calle, especialmente para las categorías desfavorecidas de niños, jóvenes o adultos, se asocia a un alto grado de consumo de tabaco y exposición al HTA.

4.4.   Los espacios de ocio (clubes, bares, discotecas al aire libre, discotecas cubiertas, etc.) representan zonas en las cuales la exposición al HTA es muy alta y peligrosa, tanto para clientes (categorías de adolescentes, jóvenes, etc.) como para empleados (personal de la industria del ocio, hostelería y restauración). Una exposición de cuatro horas en una discoteca equivale a convivir con un fumador durante un mes (17).

4.5.   Además de estrategias mediáticas de sensibilización, se necesitan en primer lugar estrategias educativas con fines preventivos. Las ONG han promovido servicios innovadores de información, educación y prevención para niños y adolescentes sobre los riesgos del tabaquismo y la exposición al HTA. La generalización de estos modelos de buenas prácticas mediante la introducción de programas de carácter educativo en los sistemas de enseñanza y la provisión de servicios de asesoría a través de las redes europeas de asesoramiento a los ciudadanos o centros escolares de asesoramiento a padres y niños constituirían soluciones a nivel europeo. Los clubes comunitarios para niños y padres y los programas educativos del tipo «Escuela/Universidad de los Padres» representan modelos de buenas prácticas que pueden ayudar a prevenir el consumo de tabaco y disminuir la exposición al HTA, tanto en la escuela como en el entorno familiar (en éste, la legislación europea respeta la vida privada).

5.   Las campañas mediáticas positivas, basadas en información completa sobre la promoción de la salud disminuirán de modo natural el consumo de cigarrillos y el nivel de exposición al HTA

5.1.   A escala europea se llevaron a cabo dos campañas antitabaco emprendidas en los medios de comunicación: «Feel free to say no» (2001-2004) y «HELP: Para una vida sin tabaco» (2005-2008), que tuvieron como objetivo resaltar los efectos perjudiciales del consumo pasivo de tabaco y promover un modo de vida sin tabaco, especialmente entre los jóvenes.

5.2.   En lo relativo a la modificación de la Decisión 2003/641/CE de la Comisión, de 5 de septiembre de 2003, el CESE considera que todas las advertencias deberían incluir también datos claros sobre el contenido de los cigarrillos, la naturaleza de las sustancias cancerígenas, tóxicas, especialmente de los conservantes y sustancias utilizadas en los cigarrillos, al igual que información adicional, como, por ejemplo, el número de teléfono de una línea gratuita o un sitio de Internet para ayudar a los fumadores a dejar de fumar.

5.3.   Aunque 80 % de los fumadores o antiguos fumadores de la UE se acuerdan de una campaña contra el tabaco, también declaran en un 68 % que las acciones de este tipo no les han llevado a dejar de fumar (18). El CESE considera que son necesarias campañas de medios de información y sensibilización basadas en principios que:

| — | enfaticen la importancia de la respiración como función vital para el ser humano y la analogía entre la calidad del aire inspirado y la calidad de vida («¡Somos lo que respiramos!»); |
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enfaticen la importancia de la respiración como función vital para el ser humano y la analogía entre la calidad del aire inspirado y la calidad de vida («¡Somos lo que respiramos!»);

| — | promuevan una información correcta y completa; |
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promuevan una información correcta y completa;

| — | utilicen la sugestión positiva centrándose en la creación de unos estilos de vida sanos que «hagan olvidar» los cigarrillos y los entornos con humo ajeno; |
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utilicen la sugestión positiva centrándose en la creación de unos estilos de vida sanos que «hagan olvidar» los cigarrillos y los entornos con humo ajeno;

| — | modulen el mensaje en función de los diferentes grupos objetivo y las motivaciones concretas para las distintas categorías de edad (por ejemplo: para los jóvenes son importantes la «proeza» y la imagen personal); |
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modulen el mensaje en función de los diferentes grupos objetivo y las motivaciones concretas para las distintas categorías de edad (por ejemplo: para los jóvenes son importantes la «proeza» y la imagen personal);

| — | fomenten y divulguen sistemas deportivos y educativo-culturales, que por definición excluyen el consumo de tabaco: deporte profesional (natación, fútbol, ciclismo, balonmano, etc.), métodos de entrenamiento, defensa personal y/o autoconocimiento (kárate, tai-chi, yoga (19), ci-gong, etc.) y sistemas filosóficos que excluyen el consumo de tabaco; el nivel de exposición al HTA en los espacios públicos afectados por estos programas de educación debe seguir tendiendo al 0 %; |
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fomenten y divulguen sistemas deportivos y educativo-culturales, que por definición excluyen el consumo de tabaco: deporte profesional (natación, fútbol, ciclismo, balonmano, etc.), métodos de entrenamiento, defensa personal y/o autoconocimiento (kárate, tai-chi, yoga (19), ci-gong, etc.) y sistemas filosóficos que excluyen el consumo de tabaco; el nivel de exposición al HTA en los espacios públicos afectados por estos programas de educación debe seguir tendiendo al 0 %;

| — | promuevan en los medios de comunicación, como modelos a seguir, la imagen de personalidades deportistas, culturales o políticas que tengan una vida equilibrada y no fumen. |
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promuevan en los medios de comunicación, como modelos a seguir, la imagen de personalidades deportistas, culturales o políticas que tengan una vida equilibrada y no fumen.

Bruselas, 5 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  «La aplicación de las medidas eficaces de protección contra la exposición al humo de tabaco, previstas en el artículo 8 del Convenio Marco de la OMS, comporta la abstención total del acto de fumar y la eliminación total del humo de tabaco en un espacio o ambiente determinado a fin de lograr un entorno absolutamente libre de humo de tabaco. No existe un nivel inocuo de exposición al humo de tabaco, y hay que rechazar conceptos tales como el valor de umbral para la toxicidad del humo ajeno, puesto que los datos científicos no los corroboran». (COM(2009) 328 final, anexo, principio 1, pp. 13-14).

1

(2)  Consumo de tabaco, Fundaciones Soros, 888 Seventh Avenue, NY 10106, 1992.

2

(3)  Tobacco or health in the European Union: Past, present and future, («El tabaco o la salud en la 'Unión Europea: pasado, presente, futuro») ASPECT Consortium, octubre de 2004.

3

(4)  Evaluación de impacto Rand, Rand Corporation.

4

(5)  Surgeon General (2006). op. cit.

5

op. cit

(6)  Foreman, M. G., D. L. DeMeo, et al. «Clinical determinants of exacerbations in severe, early-onset COPD.»European Respiratory Journal 30(6): 1124-1130.

6

European Respiratory Journal

(7)  The Smoke free Partnership (2006). Lifting the smokescreen: 10 reasons for a smoke free Europe, European Respiratory Society, Bruselas, Bélgica.

7

Lifting the smokescreen: 10 reasons for a smoke free Europe

(8)  Siegel M., Involuntary smoking in the restaurant workplace. A review of employee exposure and health effects, («Tabaco involuntario en los lugares de trabajo de la restauración. Examen de la exposición de los trabajadores y de los efectos en su salud»), Journal of the American Medical Association, juillet 1993, 28; 270(4), 490-493.

8

(9)  The European Community Health Indicator no 23, «Regular Smokers»: http://europa.eu.int/comm/health/ph_information/dissemination/echi/echi_en.htm.

9

o

(10)  Fong GT, Hammond D, Laux FL, Zanna MP, Cummings KM, Borland R, Ross H. The near-universal experience of regret among smokers in four countries: findings from the International Tobacco ControlPolicy Evaluation Survey. Nicotine Tob Res. 2004 Dec; 6 Suppl 3:S341-51.

10

(11)  Jaakkola M. Jaakkola J. (2006), Impact of smoke-free workplace legislation on exposure and health: possibilities of prevention («Impacto sobre la exposición y la salud de la legislación sobre lugares de trabajo sin tabaco: posibilidades de prevención», European Respiratory Journal 28, 397-408.

11

(12)  SEC(2009) 895, p.4, punto 2.1.2.

12

(13)  Eurobarómetro 253, marzo de 2009, Survey on Tobacco («Encuesta sobre el tabaco»), autor:: The Gallup Organisation, Hungría, p. 7, apartado 1

13

(14)  Tobacco Free Policy Review Group. (2000), Towards a tobacco free society: report of the Tobacco Free Policy Review Group («Hacia una sociedad sin tabaco: Informe del Grupo de control de la política de exclusión del tabaco»), Government Publication. Stationery Office, Dublin, (http://www.drugsandalcohol.ie/5337/), p. 29, apartado 1.

14

(15)  Romania, Insitutul National de Statistica.

15

(16)  Terapias Asociadas para la Integración de los Niños de la Calle, Eugen Lucan, Investigación Tesina de licenciatura, 1996.

16

(17)  M. Nebot et al., SK. Environmental tobacco smoke exposure in public places of European cities. Tob Control. 2005 Feb; 14(1):60-3.

17

(18)  Eurobarómetro 239/2005, enero de 2006, pp. 58-59.

18

(19)  Un estudio publicado en Internet destaca que, entre las personas que han respondido a un cuestionario, 37 % eran fumadores antes de practicar el yoga, pero que todas dejaron de fumar después de comenzar a practicarlo. Asimismo, ninguna de ellas consumía droga (véase: http://yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=3869).

19

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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/94

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas»

COM(2009) 382 — 2009/0105 (COD)

(2010/C 128/16)

Ponente general: Angelo GRASSO

El 11 de septiembre de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas»

COM(2009) 382 – 2009/0105 (COD).

El 29 de septiembre de 2009, la Mesa del Comité Económico y Social Europeo encargó a la Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social la preparación de los trabajos sobre este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos, en su 457° Pleno, celebrado los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado ponente general a Angelo GRASSO y ha aprobado por 70 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

1.   Conclusiones

1.1.   El CESE toma nota de la propuesta de la Comisión de modificar el artículo 7, apartado 2, del Reglamento del FEDER (1) ya que la experiencia práctica demuestra que los requisitos de subvencionabilidad que recoge no responden plenamente a las necesidades sobre el terreno.

1.2.   El CESE aprueba la propuesta.

2.   Motivación y recomendaciones

2.1.   El CESE confía en que las disposiciones de esta propuesta se apliquen a cualquier comunidad marginalizada y no solamente a la mencionada específicamente en los considerandos de la propuesta. Por principio, estas disposiciones deberían aplicarse igualmente a todos los Estados miembros de la Unión.

2.2.   El CESE considera útil ampliar las disposiciones de dicha propuesta, que deberían aplicarse tanto a la sustitución de los alojamientos existentes por construcciones nuevas como a la renovación de los ya construidos, garantizando el ahorro de energía y la sostenibilidad.

2.3.   El CESE acoge favorablemente las simplificaciones aportadas pero, con carácter general, advierte del riesgo de modificar demasiado la legislación vigente durante un mismo periodo de programación, lo cual podría desembocar en el aumento de la inseguridad administrativa para las partes interesadas al ver cambiar las normas que han de acatarse durante dicho lapso de tiempo.

Bruselas, 5 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, modificado por el Reglamento (CE) no 397/2009 (DO L 210/1, de 31 de julio de 2006).

1

o

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/95

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, con respecto a la simplificación de determinados requisitos y a determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera»

COM(2009) 384 final — 2009/0107 (AVC)

(2010/C 128/17)

Ponente General: Carmelo CEDRONE

El 11 de septiembre de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, con respecto a la simplificación de determinados requisitos y a determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera»

COM(2009) 384 – 2009/0107 (AVC).

El 29 de septiembre de 2009 la Mesa del Comité Económico y Social Europeo encargó a la Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social la preparación de los trabajos sobre este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos, en su 457° Pleno, celebrado los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 de noviembre), el Comité Económico y Social Europeo ha decidido nombrar Ponente General a Carmelo Cedrone y ha aprobado por 82 votos a favor y 1 abstención el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   El Comité toma nota de la mencionada propuesta de la Comisión.

1.2.   En términos generales, el CESE apoya la propuesta, sin perjuicio de las observaciones siguientes.

2.   Motivación

2.1.   Simplificación de determinadas disposiciones

2.1.1.   El CESE, al igual que el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones, aboga desde hace muchos años por la simplificación y la adaptación de los textos comunitarios a la situación real (1). Las modificaciones destinadas a simplificar las disposiciones, como las que propone la Comisión al artículo 39; artículo 41, apartados 1 y 2; artículo 44; artículo 48, apartado 3; artículo 55, apartados 3 y 4; artículo 65, apartado 3; artículo 57, apartados 1 y 5; y artículo 67, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1083/2006 cuentan con la plena aprobación del CESE.

2.1.2.   No obstante, el CESE destaca que hay que evitar que estos cambios puedan generar una inseguridad administrativa para las partes y agentes interesados que, con demasiada frecuencia, ven como se modifican de las normas que deben cumplir durante el mismo período de programación.

2.1.3.   El CESE considera que estas propuestas constituyen el mínimo indispensable para contribuir a la solución de la crisis económica y laboral que está padeciendo Europa a raíz de la crisis financiera.

2.1.4.   Por consiguiente, el CESE pide a la Comisión que avance con más determinación por la senda de la simplificación ya iniciada. Debe llegarse a la próxima fase con un reglamento modificado de forma radical para que los procedimientos sean más sencillos, claros y eficaces.

2.2.   Disposiciones sobre la gestión financiera

2.2.1.   El CESE aprueba las modificaciones que propone la Comisión a los artículos 77 y 78; al apartado 3 del artículo 88; y al apartado 1 del artículo 94 del Reglamento (CE) no 1083/2006.

2.2.2.   El CESE pide con insistencia que los Estados miembros no se opongan a la propuesta de la Comisión sobre cofinanciación.

2.2.3.   En todo caso, el CESE considera que las modificaciones propuestas al artículo 77 no deben aplicarse de forma general, sino que deben limitarse a proyectos especiales (innovación, desarrollo sostenible, etc.) así como a proyectos que tengan una relación especial con la solución de la crisis.

Bruselas, 5 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  Véanse el Dictamen del CESE sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre los resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la política de cohesión del periodo de programación 2007-2013 “(DO C 228/141 de 22.9.2009) y el Dictamen sobre la” Propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1083/2006, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, por lo que se refiere a determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera» (DO C 218/107 de 11.9.2009).

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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/97

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde sobre recurso colectivo de los consumidores»

COM(2008) 794 final

(2010/C 128/18)

Ponente: Edwin CALLEJA

El 27 de noviembre de 2008, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el

«Libro Verde sobre recurso colectivo de los consumidores»

COM(2008) 794 final.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 9 de septiembre de 2009.

En su 457° Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 de noviembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado el presente dictamen por 123 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones.

1.   Resumen de las recomendaciones

1.1.   Como cuestión de principio, el acceso a una tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que los consumidores deberían tener en lo que respecta al recurso colectivo (o reparación colectiva). Es necesario, sin embargo, prestar la debida atención al respeto de las limitaciones impuestas por el Tratado y de las diferencias jurídicas nacionales de orden procesal y constitucional.

1.2.   La adopción de medidas legislativas por parte de la UE sobre el recurso colectivo reforzaría la protección de los consumidores, en particular, en las transacciones transfronterizas.

1.3.   Es necesario introducir en este régimen las salvaguardas necesarias contra las pretensiones carentes de fundamento y los abusos por parte de quienes no son consumidores, motivados principalmente por intereses económicos y por la perspectiva de obtener beneficios.

1.4.   Como principio general, todas las medidas de seguimiento adoptadas por la UE deberían proporcionar las salvaguardas adecuadas contra la introducción de soluciones que en otras jurisdicciones se han revelado capaces de dar lugar a abusos. En particular, cualquier sistema de recurso colectivo que pudiera introducirse debería atribuir al juez que examine las reclamaciones en una fase preliminar de un procedimiento de recurso colectivo facultades para evitar los abusos y asegurar que las demandas planteadas tienen fundamento.

1.5.   La adopción de un mecanismo judicial de recurso colectivo no excluye la posibilidad de acudir a las vías extrajudiciales de resolución de conflictos en materia de consumo.

1.6.   El CESE recomienda a la Comisión que emprenda más acciones para animar a las empresas a que desarrollen sistemas internos para la tramitación de reclamaciones, sigan mejorando los sistemas alternativos de resolución de conflictos existentes y establezcan una supervisión pública. Estos métodos alternativos podrían ser utilizados por los consumidores antes de recurrir al sistema judicial.

1.7.   El CESE recuerda a la Comisión Europea que la cuestión de la reparación colectiva por vía judicial se está debatiendo desde 1985 y que ha llegado la hora de tomar decisiones y poner en marcha sin más demora sistemas que satisfagan a los consumidores.

2.   Introducción

2.1.   La Estrategia en materia de política de los consumidores de la Comisión (1) tiene como objetivo para 2013 conseguir que los consumidores y los minoristas depositen la misma confianza en las compras transfronterizas que en las que realizan en sus países. En su Estrategia, la Comisión subrayó la importancia de disponer de mecanismos de recurso colectivo eficientes y anunció su intención de estudiar una intervención sobre el recurso colectivo de los consumidores.

2.2.   El Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social celebraron la intención de la Comisión de mejorar el régimen de reparación de los consumidores y, en particular, de estudiar la adopción de medidas en materia de recurso colectivo (2). Hubo incluso una Recomendación de la OCDE sobre resolución de disputas y resarcimiento de los consumidores (3) que animó a sus Estados miembros a que proporcionasen a los consumidores acceso a los diferentes medios de resarcimiento, incluidos los sistemas de reparación colectiva.

2.3.   Recientemente el «Libro Verde de la Comisión sobre recurso colectivo de los consumidores», presentado en noviembre de 2008 (4), ha buscado vías para facilitar la reparación en situaciones en las que un gran número de consumidores han sido víctimas de una misma práctica comercial que infringe el Derecho del consumo. En el Libro Verde se presentan cuatro posibles soluciones.

2.4.   La Comisión Europea también organizó una audiencia pública el 29 de mayo de 2009 para debatir el Libro Verde y posteriormente elaboró un documento que fue sometido a consulta pública en el que se incluía una quinta solución distinta de las otras cuatro posibles para la adopción de medidas en materia de recurso colectivo presentadas en el Libro Verde. En esta etapa avanzada de sus deliberaciones, el CESE no puede tener en cuenta esta última propuesta de la Comisión. En particular, porque todavía deben llevarse a cabo las evaluaciones de impacto. Otra razón es que, incluso en esta fase temprana, el CESE puede anticipar que esta quinta solución encontrará considerables dificultades para ser aplicada.

2.5.   Es innegable que el acceso de los consumidores a las vías de recurso cuando sus derechos son vulnerados fomenta la confianza del consumidor en los mercados y mejora su funcionamiento. No obstante, este objetivo solo puede lograrse si los consumidores saben positivamente que, ante un problema, sus derechos serán respetados y recibirán una compensación adecuada.

2.6.   Para garantizar el tratamiento equitativo de todos los interesados, es necesario encontrar un equilibrio justo entre todos los intereses en juego.

3.   Resumen del Libro Verde

3.1.   Se ha identificado como objetivo del Libro Verde el «evaluar la situación de los mecanismos de recurso, en particular en los casos en los que puede que haya muchos consumidores afectados por el mismo incumplimiento de la ley, y aportar soluciones que ayuden a superar los obstáculos para un recurso eficaz que se hayan detectado en tales casos» (5). La Comisión considera que no es necesario distinguir entre los mecanismos transfronterizos para las denuncias masivas y los mecanismos puramente nacionales. Otra de las cuestiones que el Libro Verde intenta determinar es saber si determinados instrumentos podrían aplicarse solo a los casos transfronterizos o también serían de aplicación a los casos nacionales.

3.2.   El Libro Verde se concentra en la solución de casos de denuncias masivas y se propone aportar vías de recurso colectivo eficaces a los ciudadanos de toda la UE afectados por una misma práctica comercial con independencia del lugar de la transacción. Identifica también los principales obstáculos que tienen en este momento los consumidores para obtener una reparación efectiva, y los elementos que contribuyen a la eficacia de un mecanismo de recurso colectivo.

3.3.   La Comisión declara que los instrumentos europeos vigentes (6) no bastan y señala cuatro posibles soluciones para tratar las cuestiones planteadas y proporcionar a los consumidores medios adecuados y eficaces de reparación, en particular mediante la herramienta del recurso colectivo.

| — | Solución no 1 – Recurrir a medidas nacionales y comunitarias ya existentes para obtener una reparación adecuada de los consumidores. |
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Solución no 1 – Recurrir a medidas nacionales y comunitarias ya existentes para obtener una reparación adecuada de los consumidores.

| — | Solución no 2 – Desarrollar la cooperación entre los Estados miembros para garantizar que los consumidores de toda la UE pueden recurrir a los mecanismos de recurso colectivo disponibles en los diferentes Estados miembros. |
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Solución no 2 – Desarrollar la cooperación entre los Estados miembros para garantizar que los consumidores de toda la UE pueden recurrir a los mecanismos de recurso colectivo disponibles en los diferentes Estados miembros.

| — | Solución no 3 – Una combinación de instrumentos, vinculantes y no vinculantes, que en conjunto pueden mejorar las vías de recurso de los consumidores eliminando los principales obstáculos. |
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Solución no 3 – Una combinación de instrumentos, vinculantes y no vinculantes, que en conjunto pueden mejorar las vías de recurso de los consumidores eliminando los principales obstáculos.

| — | Solución no 4 – Un procedimiento judicial de recurso colectivo que podría consistir en una medida comunitaria vinculante o no vinculante. |
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Solución no 4 – Un procedimiento judicial de recurso colectivo que podría consistir en una medida comunitaria vinculante o no vinculante.

4.   Observaciones generales

4.1.   Durante años, el CESE ha defendido la necesidad de instaurar una acción colectiva, a escala comunitaria, cuyo objetivo sea obtener una reparación efectiva de los daños sufridos por infracciones de derechos colectivos.

4.2.   Ya en 1992, en dos dictámenes de iniciativa, el CESE llamó la atención de la Comisión sobre la necesidad de identificar las posibilidades de acción para la resolución de litigios transfronterizos y otorgar capacidad de representación a las organizaciones de consumidores en litigios tanto nacionales como transfronterizos (7). Además, en el dictamen que aprobó por unanimidad en el Pleno de 1 de junio de 1994, el CESE invitó expresamente a la Comisión a definir un procedimiento uniforme en materia de acciones colectivas y acciones conjuntas, encaminadas no sólo al cese de las prácticas ilícitas, sino también a facilitar la reclamación de los daños y perjuicios (8). Precisamente, el CESE retomó ulteriormente esta cuestión en varios dictámenes (9). En su dictamen de 26 de octubre de 2006 (10), el CESE compartía claramente la inquietud manifestada por la Comisión en su Libro Verde sobre las acciones de reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia, y en su dictamen de 25 de marzo de 2009 (11) destacaba la necesidad de tener unos medios más eficaces de reparación para las víctimas de infracciones de las normas de defensa de la competencia.

4.3.   Puesto que la UE prevé determinados derechos sustantivos armonizados para los consumidores, el CESE está de acuerdo en que debería asegurarse también la existencia de un Derecho adjetivo adecuado para que esos consumidores puedan defender esos derechos. Así, los consumidores deben poder disponer de un procedimiento de recurso colectivo de carácter jurisdiccional si es que procede acudir ante la justicia, como en otros supuestos relativos a transacciones comerciales. Tal como el CESE ha mantenido ya en anteriores dictámenes, la reparación de los consumidores es un derecho fundamental que debería proporcionar protección judicial a determinados intereses colectivos o intereses individuales homogéneos. La posibilidad de interponer acciones comunitarias es una necesidad, porque en el ámbito de la UE los derechos colectivos y los derechos individuales homogéneos carecen del instrumento judicial apropiado que les permita ser efectivos y ejecutables. Se necesitan mecanismos de recurso colectivo para dar a los consumidores una posibilidad realista y eficaz de obtener una indemnización en aquellos casos en que los daños sean claros, numerosos y de carácter similar.

4.4.   Además, el fomento de la competitividad es una política importante de la Unión Europea. Por lo que se refiere a la protección de los consumidores, la Unión Europea ha elaborado un corpus de legislación sustantiva. Ahora tendrá que asegurarse de que esa normativa se aplica, para que sea posible volver a arrancar el motor de la economía mediante un aumento del comercio transfronterizo basado en la confianza de que las controversias que surjan podrán resolverse de forma rápida, poco costosa y con arreglo a unas normas y procedimientos que sean similares en cualquier parte del mercado único. Los consumidores pueden ser objeto de prácticas comerciales desleales a mayor escala y, por consiguiente, son necesarios determinados procedimientos para poder evitar o impedir estos abusos. Las medidas de ejecución, prevención, rectificación e indemnización son todas ellas importantes. Las cuantías de las indemnizaciones son, en general, pequeñas para los individuos, pero en su totalidad pueden llegar a constituir cantidades elevadas.

4.5.   El CESE considera que la posibilidad de recurso jurisdiccional ha de ser real y hacerse efectiva. No obstante, los acuerdos extrajudiciales deben servir de complemento a los procedimientos judiciales y pueden ser una alternativa interesante dado que ofrecen un procedimiento menos formal y menos costoso. Sin embargo, esto requiere que las dos partes implicadas estén genuinamente dispuestas a cooperar. Estas medidas extrajudiciales podrían permitir alcanzar una solución equitativa y a la vez contribuir a evitar el incremento de los retrasos en los tribunales.

4.6.   Sin embargo, el CESE subraya la importancia de establecer unos sistemas adecuados que se ciñan a las tradiciones culturales y jurídicas de los Estados europeos.

4.7.   Asimismo, a juicio del CESE, una solución judicial de estas características a escala de la UE debería ser utilizada sobre todo en relación con derechos colectivos en casos en que se produzca una infracción del Derecho del consumo y de las normas de defensa de la competencia.

5.   Observaciones particulares sobre el Libro Verde

5.1.   Procedimiento judicial de recurso colectivo

5.1.1.   El CESE reconoce que si debe prevalecer la justicia a favor tanto de los consumidores como de las empresas debería establecerse un mecanismo de recurso colectivo a escala europea en consonancia con lo que se propone en la solución no 4 del Libro Verde. La creación de semejante sistema permitiría acceder a la justicia a todos los consumidores, cualquiera que fuese su nacionalidad, situación económica o el perjuicio individual sufrido. Además, este sistema abordaría el problema, reconocido por la Recomendación del Consejo de Ministros de la OCDE sobre la solución de litigios en materia de consumo y su reparación (12), de que la mayoría de los sistemas establecidos por los Estados miembros para la solución de litigios en materia de consumo y su reparación fueron instituidos para conocer de asuntos al nivel nacional y no siempre están adaptados para indemnizar a los consumidores procedentes de otro Estado miembro.

5.1.2.   Sin embargo, el CESE reconoce también que la determinación de un procedimiento armonizado, colectivo y jurisdiccional puede también tener sus propias dificultades y desventajas debido a su inherente complejidad, coste, duración y demás retos. Reducir el posible riesgo de abusos resultantes de la actividad contenciosa es uno de esos desafíos, como lo es la forma de financiar tales acciones. Es preciso decidir también la inclusión o no de procedimientos de opción expresa del tipo «opt-in» (adhesión) y «opt-out» (desvinculación). Cada una de esas opciones tiene sus inconvenientes, como ya ha señalado el CESE (13).

5.2.   Características más destacadas de la acción colectiva europea

5.2.1.   Tal como reconoce la Comisión en su Libro Verde, actualmente sólo trece Estados miembros disponen de mecanismos judiciales de recurso colectivo. Además, es posible identificar tres tipos distintos de mecanismos que pueden ser calificados como procedimientos de recurso «colectivo» de carácter jurisdiccional en los Estados miembros que disponen actualmente de tal sistema.

5.2.2.   El «recurso colectivo» es de hecho un concepto amplio, centrado en el resultado más que en el (o en un) sistema. Incluye cualquier medio que pueda lograr que cese o se impida la falta de conformidad, y/o que proporcione una reparación en el más amplio sentido, ya sea mediante una rectificación y vuelta a la situación anterior o mediante una indemnización. Dado que han surgido, o están surgiendo, numerosos procedimientos posibles en los Estados miembros de la UE, y que la mayoría de esos procedimientos son innovadores y experimentales, es casi imposible considerar uno de ellos preferible a los demás.

5.2.3.   A la vista de las diferencias entre los distintos regímenes jurídicos y teniendo en cuenta las distintas vías exploradas y las propuestas hechas en anteriores dictámenes sobre el tema (14), el CESE es partidario de:

| — | una directiva de la UE que asegure un nivel básico de armonización y que, al mismo tiempo, deje un margen de maniobra suficiente a aquellos países que por el momento no cuentan con mecanismos de recurso colectivo. Además, esa directiva debería constituir una prolongación de la directiva sobre las acciones de cesación; |
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una directiva de la UE que asegure un nivel básico de armonización y que, al mismo tiempo, deje un margen de maniobra suficiente a aquellos países que por el momento no cuentan con mecanismos de recurso colectivo. Además, esa directiva debería constituir una prolongación de la directiva sobre las acciones de cesación;

| — | que se tomen precauciones para asegurarse de que las acciones colectivas no adoptan la forma de las «class actions» existentes en los EE. UU. Todas las medidas de seguimiento adoptadas por la UE deberían reflejar las tradiciones culturales y jurídicas europeas, tener como único objeto la reparación y establecer un equilibrio justo entre las partes, tendiendo a un sistema que salvaguarde los intereses de la sociedad en su conjunto. El Comité coincide plenamente con la sugerencia de la Comisión de que cualquier medida que se adopte para establecer un mecanismo de recurso colectivo en todos los Estados miembros «debería evitar elementos que se supone que fomentan una cultura del litigio, tal y como parecen existir en algunos países no europeos, tales como las sanciones punitivas, honorarios por imprevistos y otros elementos»; |
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que se tomen precauciones para asegurarse de que las acciones colectivas no adoptan la forma de las «class actions» existentes en los EE. UU. Todas las medidas de seguimiento adoptadas por la UE deberían reflejar las tradiciones culturales y jurídicas europeas, tener como único objeto la reparación y establecer un equilibrio justo entre las partes, tendiendo a un sistema que salvaguarde los intereses de la sociedad en su conjunto. El Comité coincide plenamente con la sugerencia de la Comisión de que cualquier medida que se adopte para establecer un mecanismo de recurso colectivo en todos los Estados miembros «debería evitar elementos que se supone que fomentan una cultura del litigio, tal y como parecen existir en algunos países no europeos, tales como las sanciones punitivas, honorarios por imprevistos y otros elementos»;

| — | un sistema mixto de acciones colectivas en el que se concilien las ventajas de los dos sistemas de «opt-in» (adhesión) y «opt-out» (exclusión), de acuerdo con la naturaleza de los intereses en cuestión, la determinación o indeterminación de los miembros del grupo y la importancia de los daños individuales; en el caso de «opt-in» corresponde a los interesados decidir acumular en una las demandas individuales por los daños sufridos; en el caso de «opt-out», las acciones deberán ser propuestas por las entidades representativas y cualificadas; |
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un sistema mixto de acciones colectivas en el que se concilien las ventajas de los dos sistemas de «opt-in» (adhesión) y «opt-out» (exclusión), de acuerdo con la naturaleza de los intereses en cuestión, la determinación o indeterminación de los miembros del grupo y la importancia de los daños individuales; en el caso de «opt-in» corresponde a los interesados decidir acumular en una las demandas individuales por los daños sufridos; en el caso de «opt-out», las acciones deberán ser propuestas por las entidades representativas y cualificadas;

| — | otorgar a los individuos el derecho a adherirse expresamente (opt-in) a un procedimiento acumulando sus acciones, en lugar de la mera presunción de que son parte activa en él mientras que no se desvinculen expresamente (opt-out). El CESE se remite a las ventajas y desventajas que presentan estos sistemas que se describen en su dictamen de 13 de febrero de 2008 (15). Es preferible esta opción para mitigar el impacto de estas acciones colectivas, en particular en aquellos Estados miembros que por el momento no cuentan con este tipo de procedimientos; |
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otorgar a los individuos el derecho a adherirse expresamente (opt-in) a un procedimiento acumulando sus acciones, en lugar de la mera presunción de que son parte activa en él mientras que no se desvinculen expresamente (opt-out). El CESE se remite a las ventajas y desventajas que presentan estos sistemas que se describen en su dictamen de 13 de febrero de 2008 (15). Es preferible esta opción para mitigar el impacto de estas acciones colectivas, en particular en aquellos Estados miembros que por el momento no cuentan con este tipo de procedimientos;

| — | la declaración de la Comisión de que cualquier mecanismo que se adopte deberá excluir las pretensiones carentes de fundamento y de que el juez puede desempeñar un papel importante, decidiendo si una demanda colectiva es inadmisible o admisible. Además, el CESE se remite a las recomendaciones que hizo en dictámenes previos sobre la importancia del papel de los jueces. Es necesario atribuir a los jueces facultades que les permitan rechazar las pretensiones carentes de fundamento en una fase inicial del procedimiento. Los órganos jurisdiccionales deberán examinar la sostenibilidad de las pretensiones de los demandantes y la idoneidad de la demanda en cuestión para ser objeto de una resolución colectiva. En particular, el juez deberá comprobar que la identidad del grupo está acreditada, sobre la base de un determinado número de casos idénticos, y que los daños y perjuicios cuya indemnización se reclama tienen un origen común resultante del incumplimiento, o del cumplimiento deficiente, de las obligaciones contractuales por parte de un mismo comerciante. |
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la declaración de la Comisión de que cualquier mecanismo que se adopte deberá excluir las pretensiones carentes de fundamento y de que el juez puede desempeñar un papel importante, decidiendo si una demanda colectiva es inadmisible o admisible. Además, el CESE se remite a las recomendaciones que hizo en dictámenes previos sobre la importancia del papel de los jueces. Es necesario atribuir a los jueces facultades que les permitan rechazar las pretensiones carentes de fundamento en una fase inicial del procedimiento. Los órganos jurisdiccionales deberán examinar la sostenibilidad de las pretensiones de los demandantes y la idoneidad de la demanda en cuestión para ser objeto de una resolución colectiva. En particular, el juez deberá comprobar que la identidad del grupo está acreditada, sobre la base de un determinado número de casos idénticos, y que los daños y perjuicios cuya indemnización se reclama tienen un origen común resultante del incumplimiento, o del cumplimiento deficiente, de las obligaciones contractuales por parte de un mismo comerciante.

| — | garantizar a las víctimas la plena compensación del valor real de la pérdida sufrida, lo que abarca no sólo la pérdida real o el daño material y moral, sino también el lucro cesante, y comprende el derecho a percibir intereses. De hecho, mientras que la aplicación de la normativa en el ámbito público se centra sobre todo en la observancia de los textos y en la disuasión, el objetivo de las acciones de indemnización de daños y perjuicios debe ser obtener la reparación íntegra de los daños y perjuicios sufridos. Por consiguiente, esta reparación plena debe incluir la pérdida real, el lucro cesante y los intereses; |
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garantizar a las víctimas la plena compensación del valor real de la pérdida sufrida, lo que abarca no sólo la pérdida real o el daño material y moral, sino también el lucro cesante, y comprende el derecho a percibir intereses. De hecho, mientras que la aplicación de la normativa en el ámbito público se centra sobre todo en la observancia de los textos y en la disuasión, el objetivo de las acciones de indemnización de daños y perjuicios debe ser obtener la reparación íntegra de los daños y perjuicios sufridos. Por consiguiente, esta reparación plena debe incluir la pérdida real, el lucro cesante y los intereses;

| — | que un sistema judicial colectivo de este tipo sea sostenido con una financiación adecuada; |
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que un sistema judicial colectivo de este tipo sea sostenido con una financiación adecuada;

| — | que el régimen jurídico ofrezca también vías de recurso (appeal). |
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que el régimen jurídico ofrezca también vías de recurso (appeal).

5.2.4.   El resto de los aspectos de este sistema jurisdiccional debe dejarse en manos de los propios Estados miembros, conforme al principio de subsidiariedad. Además, toda acción colectiva interpuesta a escala de la UE deberá, en cualquier caso, atenerse a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, sin exceder lo necesario para garantizar la consecución de los objetivos del Tratado, en la medida en que los Estados miembros no puedan alcanzar satisfactoriamente dichos objetivos y, por tanto, se logren mejor a escala comunitaria. Existen distintos condicionantes nacionales, jurídicos y constitucionales que pueden impedir o generar oposición a la armonización de la legislación, entre ellos el artículo 5 del Tratado CE.

5.3.   La protección de la reparación del consumidor mediante otros medios existentes

5.3.1.   El CESE ya ha reconocido que la adopción de un mecanismo judicial de recurso colectivo a escala de la UE no debería excluir, en ningún caso, la posibilidad de acudir a las vías extrajudiciales de resolución de conflictos en materia de consumo. Es más, el CESE las apoya sin reservas, y sus posibilidades pueden aún explorarse y desarrollarse más (15), como se propone en la solución no 3 del Libro Verde de la Comisión. De hecho, las medidas propuestas por la Comisión en la solución no 3 son complementarias, no substitutivas, de la adopción de un sistema jurisdiccional de la UE como el anteriormente descrito.

5.3.2.   Se ha concedido una gran relevancia a los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos. La DG SANCO ha encargado un estudio sobre los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos en materia de consumo. Recientemente se han aprobado diversos actos legislativos sobre las reclamaciones de escasa cuantía (16), la mediación (17), y la ampliación de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (18). Además, la legislación europea de protección de los consumidores ha tenido que permitir regímenes tanto públicos como privados. En 2004 tuvo lugar un cambio de política que puede tener repercusiones importantes: la exigencia de que todos los Estados miembros tengan una autoridad pública central para la coordinación de la aplicación transfronteriza de la legislación (19).

5.3.3.   Procedimientos internos para la tramitación de reclamaciones

El Comité considera que la tramitación efectiva de las reclamaciones por parte de los comerciantes puede ser un elemento decisivo para incrementar la confianza de los consumidores en el mercado interior. El CESE considera de la mayor importancia que la Comisión promueva las iniciativas que sean necesarias, con la participación ineludible de la sociedad civil y en concreto de las organizaciones empresariales representativas, para garantizar que se establezca un marco jurídico coherente que regule el desarrollo de estos sistemas internos de tramitación de reclamaciones por los comerciantes, sistemas que deben estar fundamentalmente dirigidos a tramitar eficazmente las reclamaciones de los consumidores.

5.3.4.   Supervisión pública

El CESE está de acuerdo con la propuesta de la Comisión de ampliar y reforzar las facultades de ejecución de las autoridades competentes, incluido el Defensor del Pueblo nacional, con arreglo al Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores. Sin embargo, recomienda vivamente que los detalles concretos del contenido de ese sistema se establezcan mediante una directiva, para garantizar un nivel mínimo de armonización en todos los Estados miembros de la UE. Cualquier propuesta de este tipo debería establecer como única posibilidad la indemnización de los daños y perjuicios causados y reforzar la protección procesal de todo aquel que esté sujeto a un procedimiento de ejecución. El CESE considera que el enfoque sobre la supervisión pública podría desarrollarse hasta formar una red de trabajo interoperable que llegase a todos los Estados miembros y podría resultar una forma muy eficaz de identificar a los operadores dentro de la UE que pudieran estar vulnerando los derechos de los consumidores. Unas campañas adecuadas de información pública para sensibilizar a los consumidores y difundir información podrían además animar a los consumidores a comunicar las vulneraciones de sus derechos.

5.3.5.   Sistemas alternativos de resolución de conflictos

La Comisión reconoce que los sistemas existentes de solución alternativa de conflictos varían considerablemente dentro y entre los diferentes Estados miembros, y que hay importantes lagunas en la cobertura de los sistemas de solución alternativa de conflictos, tanto en determinados sectores como geográficas. Además, la mayor parte de los sistemas de solución alternativa de conflictos en la UE se ocupan principalmente de reclamaciones individuales. Hasta el momento, y por lo que se refiere a los instrumentos existentes en la UE (20), el informe titulado «An analysis and evaluation of alternative means of consumer redress other than redress through ordinary judicial proceedings» (Análisis y evaluación de las vías alternativas de reparación de los consumidores distintas de la reparación obtenida por la vía jurisdiccional ordinaria) encargado por la Comisión Europea, revela que los principios de interdependencia e imparcialidad de los terceros implicados en los sistemas de mediación o arbitraje establecidos en los citados instrumentos no se cumplen ni siquiera en la base de datos de la Red de centros europeos de consumidores (EEC-net). En este sentido, a juicio del CESE las recomendaciones existentes en relación con los sistemas alternativos de resolución de conflictos deben convertirse en instrumentos legislativos vinculantes. Dar a los consumidores más posibilidades de acudir a las vías alternativas de resolución de conflictos y a los sistemas establecidos para las reclamaciones de escasa cuantía puede permitir resolver las cuestiones relativas a la protección de los consumidores de una forma rápida, equitativa, eficaz y relativamente barata.

Bruselas, 5 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  COM(2007) 99 final.

1

(2)  En sus resoluciones sobre la Estrategia en materia de política de los consumidores, el PE pidió a la Comisión, previa evaluación atenta de la cuestión del recurso de los consumidores en los Estados miembros «[...] que, en su caso, presente una solución coherente a escala europea, que facilite a todos los consumidores el acceso a los mecanismos de recurso colectivo para resolver los litigios transfronterizos» (A6-0155/2008); el Consejo instó a la Comisión a que «[...] considere con particular atención los mecanismos de recurso colectivos y presente los resultados de los estudios pertinentes en curso, con vistas a cualquier posible propuesta o acción», (DO C 166 de 20.7.2007, p. 1-3).

2

La petición del PE fue reiterada en la Resolución sobre el Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor en el mercado único (A6-0187/2008). La Comisión de Investigación del PE sobre la crisis de Equitable Life también solicitó a la Comisión «[...] que examine en profundidad la posibilidad de crear un marco jurídico con obligaciones procesales civiles uniformes para las acciones colectivas transfronterizas europeas [...]» (A6-0203/2007). EL CESE, en su dictamen de iniciativa (DO C 162 de 25.6.2008, p. 1) presentó propuestas relativas a normativas para mecanismos de recurso colectivo.

Equitable Life

(3)  http://www.oecd.org/dataoecd/43/50/38960101.pdf.

3

(4)  COM(2008) 794 final.

4

(5)  COM(2008) 794 final, p. 3.

5

(6)  Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo (DO L 115 de 17.4.1998, p. 31). Recomendación 2001/310/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo (DO L 109 de 19.4.2001, p. 56). Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO L 166 de 11.6.1998, p. 51). Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores («Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores») (DO L 364 de 9.12.2004, p. 1).

6

o

(7)  DO C 339 de 31.12.1991, p. 16, pt. 5.4.2 y DO C 19 de 25.1.1993, p. 22) (véase el punto 4.12 y el capítulo 4 del interesante estudio que figura como anexo del anterior, efectuado conjuntamente por Eric Balate, Pierre Dejemeppe y Monique Goyens, publicado por el CES (CES-93-003), p. 103 y stes.

7

(8)  DO C 295 de 22.10.1994, p. 1.

8

(9)  Entre estos dictámenes destaca el dictamen de iniciativa «Mercado Único y protección de los consumidores: oportunidades y obstáculos en el gran mercado» (DO C 39 de 12.2.1996, p. 55), en el que se constató que no se habían incorporado las sugerencias y propuestas formuladas por el CESE en su dictamen anterior sobre el Libro Verde; el dictamen sobre el «Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - El mercado único en 1994» (COM(95) 238 final), en el que se denunciaron retrasos en la instauración efectiva del mercado interior, en particular los relativos a la legislación en materia de consumo, y especialmente en cuanto a las relaciones transfronterizas (DO C 39 de 12.2.1996, p. 70); el dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión sobre las prioridades de la política de los consumidores (1996-1998)», en el que el Comité, tras acoger favorablemente la propuesta de Directiva relativa a las acciones inhibitorias y el Plan de Acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia, declaró que seguiría atentamente la evolución en este ámbito y constató que una «defensa consciente de los derechos de los consumidores» es condición sine qua non para ganarse la confianza de éstos (DO C 295 de 7.10.1996, p. 64). El mismo tipo de preocupaciones deja translucir el dictamen del CESE sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – Impacto y efectividad del Mercado Único» (COM(96) 520 final, de 23 de abril de 1997), (DO C 206 de 7.7.1997). En este sentido cabe citar aquí los siguientes dictámenes del CESE: el dictamen de iniciativa sobre «La política de los consumidores tras la ampliación de la Unión Europea», (DO C 221 de 8.9.2005, punto 11.6); el dictamen sobre el «Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud y la protección de los consumidores (2007-2013)», (DO C 88 de 11.4.2006, punto 3.2.2.2.1); y el dictamen sobre el «Marco jurídico para la política de los consumidores», (DO C 185 de 8.8.2006).

9

Mercado Único y protección de los consumidores: oportunidades y obstáculos en el gran mercado

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - El mercado único en 1994

Comunicación de la Comisión sobre las prioridades de la política de los consumidores (1996-1998)

sine qua non

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – Impacto y efectividad del Mercado Único

La política de los consumidores tras la ampliación de la Unión Europea

Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud y la protección de los consumidores (2007-2013)

Marco jurídico para la política de los consumidores

(10)  DO C 324 de 30.12.2006. El CESE respaldó dicha iniciativa de la Comisión y confirmó la necesidad de disponer de acciones colectivas para la reparación de daños y perjuicios en la medida en que «satisfacen plenamente algunos objetivos cruciales: i) la reparación efectiva de los daños, dado que facilita la reclamación de los daños por las organizaciones en nombre de los consumidores afectados y contribuye a un acceso real a la justicia; ii) la disuasión y la prevención de comportamientos antitrust dada la mayor repercusión social de este tipo de acciones».

10

(11)  DO C 228 de 22.9.2009, p. 40.

11

(12)  COM(2007) 74 de 12 de julio de 2007.

12

(13)  DO C 162 de 25.6.2008.

13

(14)  DO C 162 de 25.6.2008, p. 31 y DO C 228 de 22.9.2009, p. 40.

14

(15)  DO C 162 de 25.6.2008, p. 1.

15

(16)  Reglamento (CE) no 861/2007 (DO L 199 de 31.7.2007, p. 1).

16

o

(17)  Directiva 2008/52/CE (DO L 136 de 24.5.2008, p. 3).

17

(18)  COM(2008) 380 final – Dictamen CESE: DO C 175 de 28.7.2009, p. 84.

18

(19)  Reglamento (CE) no 2006/2004 (DO L 364 de 9.12.2004, p. 1).

19

o

(20)  Recomendación 1998/257 y Recomendación 2001/310.

20

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/103 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/103

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Hacer realidad las ventajas del mercado interior mediante el reforzamiento de la cooperación administrativa»

COM(2008) 703 final

(2010/C 128/19)

Ponente: Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

El 6 de noviembre de 2008, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Hacer realidad las ventajas del mercado interior mediante el reforzamiento de la cooperación administrativa»

COM(2008) 703 final.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 9 de septiembre de 2009.

En su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 de noviembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 128 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones

1.1.   El CESE apoya el enfoque más descentralizado y en red de la cooperación transfronteriza, puesto en funcionamiento para el mercado único, que implicará el Sistema de Información del Mercado Interior (en lo sucesivo IMI). El CESE considera que el sistema ayudará a garantizar el cumplimiento efectivo de las normas del mercado único y adoptar las medidas adecuadas para resolver los problemas que encuentran los ciudadanos y las empresas.

1.2.   Las organizaciones de la sociedad civil organizada pueden, en los respectivos Estados miembros, desempeñar un papel activo y destacado en el funcionamiento del IMI. También pueden ayudar a difundir su existencia y sensibilizar sobre su funcionamiento.

1.3.   Dado que el sistema IMI identificará obstáculos nacionales existentes a la correcta aplicación de las Directivas de Servicios y de Cualificaciones profesionales, y posiblemente se amplíe su ámbito material de utilización a otros sectores, sería conveniente que la Comisión concretase un eventual mecanismo de alerta y/o sanción específico para la remoción de dichos obstáculos.

1.4.   En la medida en que la transmisión de datos del sistema IMI está sujeta al régimen de protección de la intimidad de los datos personales establecido en el Derecho comunitario, el CESE recomienda introducir las cargas de notificación a los titulares de los mismos, para hacer posible el ejercicio de los derechos de acceso establecidos en dicho régimen en el sentido indicado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

2.   Introducción

2.1.   El artículo 10 del TCE establece, con carácter general, el «principio de lealtad comunitaria» entre los Estados miembros y la Comunidad que ha sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia del TJCE (1), en virtud del cual los Estados miembros deben:

| — | adoptar todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de las normas y actos comunitarios, |
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adoptar todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de las normas y actos comunitarios,

| — | cooperar entre ellos y la Comunidad para el cumplimiento de los fines del Tratado y del Derecho derivado. |
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cooperar entre ellos y la Comunidad para el cumplimiento de los fines del Tratado y del Derecho derivado.

2.2.   La cooperación administrativa entre los Estados miembros y la Comunidad hasta el momento se ha venido desarrollando en ámbitos específicos, como el fiscal (2) (designando una oficina central cada Estado miembro y la obligación de asistencia entre los Estados miembros) el ámbito aduanero, el de la competencia (red de autoridades nacionales), o incluso, por ejemplo, para las políticas de asilo, inmigración y exteriores (Programa ARGO-2002).

2.3.   El CESE ha tratado la cooperación administrativa entre las autoridades nacionales y las comunitarias en un Dictamen de iniciativa (3), concluyendo que los procedimientos políticos y nacionales a la vez claramente definidos y eficaces, por una parte, y la mejora de la legislación, de su puesta en funcionamiento y de su respeto, por otra, forman parte de una buena gobernanza comunitaria.

2.4.   Mediante la Decisión 2004/387/CE (4), de 21 de abril de 2004, se creó un programa para la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica a las administraciones públicas europeas, a las instituciones de la Comunidad y otras entidades, así como a las empresas y ciudadanos europeos (programa IDABC). Esa Decisión prevé aplicar los denominados proyectos de «interés común» y medidas horizontales cuya ejecución será asumida por la Comunidad en proporción a su interés (art. 10).

2.5.   El 17 de marzo de 2006, los representantes de los Estados miembros en el Comité Consultivo de coordinación en el ámbito del mercado interior, aprobaron un Plan Global de Aplicación del IMI y el desarrollo del mismo con vistas a lograr una mejora de la comunicación entre los Estados miembros. La Decisión de la Comisión 2008/49/CE (5), relativa a la protección de los datos personales en la explotación del sistema de información del mercado interior, califica este sistema de proyecto de interés común a los efectos del IDABC.

2.6.   El IMI se ha concebido como un instrumento que facilita la aplicación de aquellos actos legislativos en el ámbito del mercado interior que exigen un intercambio de información entre las Administraciones de los Estados miembros.

3.   La Comunicación de la Comisión

La falta de confianza en el marco jurídico y en la supervisión en otros Estados miembros ha derivado en una multiplicación de las normas y en una duplicación de los controles a que están sujetas las actividades transfronterizas, lo que ha representado una de las principales trabas al buen funcionamiento del mercado interior hasta la fecha, por lo que las autoridades de los Estados miembros deben cooperar estrechamente e infundir mutuamente confianza en sus sistemas.

3.1.1.   El IMI permitirá a los Estados miembros cumplir con la obligación legal de intercambiar información. Asimismo, permitirá desarrollar nuevas formas de cooperación administrativa que no serían posibles sin el sostén de un sistema electrónico de información.

El IMI pone a disposición de las autoridades competentes de los Estados miembros una herramienta sencilla con la que localizar a las autoridades de otros Estados miembros y remitirles solicitudes de información a través de un conjunto estructurado de preguntas basadas en ámbitos específicos de la legislación de la UE.

3.2.1.   El IMI se ha concebido como un medio eficiente y eficaz de reducir los costes unitarios de la comunicación que han de mantener los Estados miembros a fin de aplicar correctamente la normativa del mercado interior. No obstante, se ha considerado conveniente iniciar la aplicación del sistema a dos ámbitos limitados: el relativo al reconocimiento de cualificaciones profesionales que ya se ha iniciado y el relativo a la Directiva sobre los servicios. La experiencia recabada en estos dos ámbitos servirá para su ampliación posterior a otros sectores esenciales en el funcionamiento del mercado interior.

3.2.2.   El IMI contribuirá así a crear el clima de confianza necesario para garantizar que el mercado interior funcione sin sobresaltos y arroje sus frutos.

3.3.   El IMI es una herramienta multilingüe concebida para una UE con 27 Estados miembros y 23 lenguas, aunque su aplicación será para los 30 Estados del EEE. El multilingüismo resulta enriquecedor. Sirviéndose de las nuevas tecnologías y sustentado por los servicios de traducción humana y automática, el IMI constituye un buen ejemplo de las medidas concretas que la UE puede adoptar para reducir al mínimo esas dificultades y superar el déficit de comunicación entre Administraciones en Europa.

3.4.   En el contexto de la modernización de la gestión del mercado único, el IMI contribuirá a un enfoque más eficaz, descentralizado y en red de la cooperación transfronteriza.

3.5.   El IMI hace posible que los Estados miembros puedan cooperar de forma más eficaz en la aplicación de la legislación del mercado interior, al representar una ayuda para las autoridades competentes, permitiéndoles superar importantes trabas que obstaculizan la comunicación en la práctica, como las diferencias lingüísticas y la falta de interlocutores claramente definidos en otros Estados miembros. Su objetivo es aumentar la eficiencia y la eficacia de la cooperación cotidiana entre los Estados miembros.

3.6.   Su desarrollo se basa en tres principios fundamentales:

| — | no impone a los Estados miembros obligaciones de cooperación administrativa adicionales a las ya previstas en la normativa del mercado interior, |
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no impone a los Estados miembros obligaciones de cooperación administrativa adicionales a las ya previstas en la normativa del mercado interior,

| — | ofrece la flexibilidad suficiente para dar acomodo a las diversas estructuras y culturas administrativas de Europa, |
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ofrece la flexibilidad suficiente para dar acomodo a las diversas estructuras y culturas administrativas de Europa,

| — | es un único sistema basado en módulos reutilizables. Está concebido para dar cabida a diversos instrumentos legislativos del mercado interior y evitará, por tanto, la proliferación de sistemas de información. |
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es un único sistema basado en módulos reutilizables. Está concebido para dar cabida a diversos instrumentos legislativos del mercado interior y evitará, por tanto, la proliferación de sistemas de información.

La Comunicación de la Comisión acertadamente pone de relieve la implicación que el sistema IMI presenta con la protección de los datos personales, sujetándolo plenamente a las disposiciones pertinentes en la materia, en particular a la Directiva 95/46/CE y al Reglamento (CE) no 45/2001.

3.7.1.   De hecho, el acceso a la información gestionada por el sistema IMI está reservado a las autoridades y entidades nacionales designadas como «autoridades competentes» en las Directivas a las que se les está aplicando el sistema actualmente.

3.8.   La Comisión, por último, considera que será preciso intensificar la inversión en formación y sensibilización a fin de obtener los resultados deseados. La Comisión examinará las diferentes opciones y evaluará un programa de formación e intercambio si fuese necesario.

3.9.   La Comisión ha publicado una Recomendación de 29 de junio de 2009 (6) sobre medidas para mejorar el funcionamiento del mercado único, en la que considera que resulta vital la adopción de un enfoque coordinado y cooperativo, que asocie a la Comisión y los Estados miembros, con el objetivo común de mejorar la transposición, la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único. Esto implica que los Estados miembros asuman una responsabilidad compartida y, en consecuencia, un papel más proactivo en la gestión del mercado único.

4.   Observaciones generales

El enfoque más descentralizado y en red de la cooperación transfronteriza que implicará la puesta en marcha del IMI incrementará el derecho a una buena administración en beneficio de los ciudadanos, las instituciones y las empresas. Deberán mantenerse los principios fundamentales de flexibilidad, reutilización y no imposición de obligaciones adicionales a los Estados miembros.

4.1.1.   El derecho a la buena administración se concreta aquí por la puesta a disposición de los ciudadanos de una información precisa y concreta, de forma ágil, sobre los requisitos que se establecen en los Estados en los que han de establecerse, prestar un servicio o trabajar, así como las autoridades competentes a las que han de dirigir sus solicitudes. Además, el sistema indirectamente proporcionará información sobre los obstáculos nacionales injustificados para la efectividad de las libertades comunitarias involucradas tal como resultan garantizadas por el Derecho comunitario, lo que permitirá a la Comisión reaccionar en consecuencia.

4.2.   Para un buen funcionamiento del mercado interior, las autoridades de los Estados miembros deben cooperar estrechamente e infundir mutuamente confianza en el IMI, contribuyendo así a incrementar la transparencia y la buena gobernanza. Para una estrecha cooperación transfronteriza entre las autoridades de los Estados miembros competentes en cuestiones relativas al mercado único, los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento de las redes transfronterizas o los sistemas electrónicos de información creados por la Comisión, como es el caso del IMI.

4.3.   La Decisión 2004/387/CE (IDABC) prevé la concreción de un esquema que defina un reparto equitativo de los costes de funcionamiento y mantenimiento de los servicios paneuropeos de administración electrónica y de los servicios de infraestructura entre la Comunidad y sus Estados miembros (art. 7-3). En consecuencia, las autoridades de los Estados miembros deberán proceder a realizar las inversiones necesarias para el funcionamiento adecuado del IMI. El CESE considera que, al tratarse de una competencia compartida y, por ende, de una responsabilidad compartida, también los Estados miembros deberían realizar un esfuerzo adicional.

Una implantación real del sistema implicará reforzar la cooperación administrativa entre las autoridades de los Estados miembros y la Comisión. En el futuro deberá ampliarse el ámbito de aplicación del IMI, que actualmente se circunscribe a la Directiva de cualificaciones profesionales y a la de servicios en el mercado interior.

4.4.1.   A estos fines de cooperación administrativa, la Decisión 2008/49/CE establece un sistema de intercambio y tratamiento de información que, en razón de su sensibilidad, se atribuye a las distintas unidades administrativas intervinientes de forma fragmentada, asignándose a cada una de ellas la gestión de una parte concreta del sistema. Así, además de la Comisión, el IMI requiere la intervención de los siguientes participantes nacionales: por una parte, el coordinador, y por otra, los usuarios del sistema; estos últimos, bajo el control, bien de la autoridad nacional, bien del coordinador, se identifican en base a las distintas funciones que les asigna el gestor, asignador, supervisor y administrador local de datos.

4.4.2.   Este sistema tendrá necesariamente que coordinarse con los mecanismos de cooperación administrativa previstos en las Directivas sobre las que se va a aplicar, es decir, con los mecanismos de intercambio de información, y las autoridades nacionales a tal fin, las Directivas de servicios y cualificaciones profesionales. En ese sentido habrá que considerar las eventuales relaciones directas o indirectas entre los usuarios del IMI y las autoridades nacionales designadas en dichas Directivas, especialmente, que directa o indirectamente incidan en el mercado interior.

4.4.3.   De la Directiva de servicios, en particular, resultará oportuno, a efectos de coordinación con el IMI, abarcar los siguientes aspectos:

| a) | La amplia definición de autoridad competente (art. 4). |
| --- | --- |

a)

La amplia definición de autoridad competente (art. 4).

| b) | El establecimiento de ventanillas únicas (art. 6) y puntos de contacto (art. 28). |
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b)

El establecimiento de ventanillas únicas (art. 6) y puntos de contacto (art. 28).

| c) | El establecimiento de procedimientos altamente armonizados de autorización y de comunicación con el solicitante (art. 13). |
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c)

El establecimiento de procedimientos altamente armonizados de autorización y de comunicación con el solicitante (art. 13).

| d) | Establecimientos de mecanismos de alerta (art. 32), que puede dar lugar a la creación de una red europea de autoridades de los Estados miembros. |
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d)

Establecimientos de mecanismos de alerta (art. 32), que puede dar lugar a la creación de una red europea de autoridades de los Estados miembros.

4.4.4.   Por último y en relación con la Directiva sobre cualificaciones profesionales, resultará oportuno abarcar los siguientes mecanismos de cooperación:

| a) | La definición de autoridad competente en amplios términos y la equiparación de las acreditaciones de ejercicio profesionales emitidas por organizaciones profesionales (art. 3). |
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a)

La definición de autoridad competente en amplios términos y la equiparación de las acreditaciones de ejercicio profesionales emitidas por organizaciones profesionales (art. 3).

| b) | La cooperación administrativa entre Estados miembros para la libre prestación de servicios (art. 8). |
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b)

La cooperación administrativa entre Estados miembros para la libre prestación de servicios (art. 8).

| c) | La armonización del procedimiento para el reconocimiento de cualificaciones profesionales a efectos de establecimiento (art. 51). |
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c)

La armonización del procedimiento para el reconocimiento de cualificaciones profesionales a efectos de establecimiento (art. 51).

| d) | El sistema específico de cooperación administrativa que concreta los términos del intercambio de información sobre acciones disciplinarias y sanciones penales, lista de autoridades competentes y coordinador de las mismas (art. 56), y finalmente, el establecimiento de puntos de contacto nacionales a los que se les atribuye funciones de información concreta a los efectos de aplicación de la Directiva (art. 57). |
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d)

El sistema específico de cooperación administrativa que concreta los términos del intercambio de información sobre acciones disciplinarias y sanciones penales, lista de autoridades competentes y coordinador de las mismas (art. 56), y finalmente, el establecimiento de puntos de contacto nacionales a los que se les atribuye funciones de información concreta a los efectos de aplicación de la Directiva (art. 57).

4.4.5.   El Comité considera que una próxima e inmediata aplicación del sistema IMI habrá de incluir los aspectos sociales (períodos de cotización, derechos de pensión, etc.) vinculados a los ámbitos previstos en esta primera fase. Este enfoque no sólo responde al posicionamiento político que viene siendo habitual en este Comité, sino que viene impuesto por la conexión directa y necesaria entre la vertiente económica y social en el ejercicio de actividades profesionales y laborales.

4.4.6.   Esta conexión ha sido reiteradamente puesta de manifiesto por el Comité: por ejemplo, recientemente, en el Dictamen de 14.1.2009 (7) sobre la dimensión social y ambiental del mercado único, el Comité señaló que las instituciones europeas deben considerar tanto los legítimos intereses del mercado como el hecho de que las libertades económicas necesitan regularse asegurando que su ejercicio no menoscaba los derechos sociales reconocidos por la legislación de la Unión Europea, los estándares laborales internaciones y el Derecho de los Estados miembros, incluido el derecho a la negociación, conclusión y ejecución de acuerdos colectivos.

4.4.7.   En particular, el Comité ha apoyado medidas de armonización en este sentido, tanto la coordinación de los regímenes de seguridad social como las iniciativas de «portabilidad» de las pensiones (8).

4.5.   El CESE apoya que toda la legislación comunitaria funcione eficazmente y que el mercado interior despliegue todas sus potencialidades, así como que se adopten las medidas adecuadas para sensibilizar e impartir formación a las autoridades competentes.

4.6.   Para reforzar la cooperación administrativa, debe, por una parte, consolidarse el funcionamiento del IMI, y las organizaciones que cooperen en su funcionamiento; y, por otra parte, el CESE y las organizaciones de la sociedad civil organizada deben desempeñar un papel importante, en especial mediante campañas de difusión de su existencia y sensibilización de su importancia en el funcionamiento del mercado interior.

4.7.   El CESE considera que, a la vista de la experiencia en el funcionamiento del sistema IMI yen el proceso de evolución del Derecho comunitario, se podrán extraer los principios generales para, en el futuro, poder abordar una regulación más completa y detallada a nivel comunitario sobre la cooperación administrativa, mediante la aprobación de un Reglamento que cubra los aspectos más generales.

4.8.   De esta forma el IMI constituye la primera fase de este proceso: tal y como aquí se regula, racionalizará los sistemas de cooperación administrativa de los Estados miembros entre sí, y entre estos y la Comisión, en aquellos ámbitos basados en el reconocimiento mutuo y el principio de no discriminación, que resultan esenciales para el funcionamiento del mercado interior. Al mismo tiempo, se preserva un ámbito esencial para los ciudadanos de la Unión Europea, como es la protección de los datos personales, dada la detallada atribución de funciones entre los intervinientes en la gestión del IMI que se ha concretado en la actuación de la Comisión en este ámbito.

4.9.   Por último, y en relación con la implicación del sistema IMI con el régimen de protección de datos personales, resulta oportuno manifestar la reciente publicación de las Conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo (9) Colomer interpretando algunos de los preceptos de la normativa que conforma dicho régimen y que resultan aquí de plena aplicación. Esta interpretación ha sido confirmada en la Sentencia del TJCE, de 7 de mayo de 2009, respecto a la obligación de garantizar un derecho de acceso a la información sobre los destinatarios o categorías de destinatarios a quines se comunican los datos y el contenido de la información comunicada, no sólo para el presente, sino también para el pasado, así como el establecimiento de un plazo de conservación de dicha información, guardando un justo equilibrio entre el interés del afectado a proteger su intimidad y la carga que la obligación de dicha información puede representar para el responsable del tratamiento.

4.10.   La interpretación recae, en particular, en dos derechos distintos reconocidos por la Directiva 95/46 regulados de forma que el ejercicio de uno (derecho a la eliminación de los datos en el plazo de un año) parece dificultar el ejercicio del segundo (derecho de acceso del interesado al tratamiento de los datos): al borrarse los datos por mandato de la Directiva 95/46, se cierra la puerta al derecho de acceso, pues no cabe pedir una información que ya no existe. Parece prudente asumir la interpretación del Abogado General y del Tribunal de Justicia para hacer posible la coexistencia de los dos derechos reconocidos por el Derecho comunitario y su ejercicio: dicha interpretación impone informar al interesado de la cesión de los datos, incluyendo la identidad de los destinatarios y la existencia de un plazo de un año para el ejercicio del derecho de acceso, transcurrido el cual se procede al borrado de los datos y, en consecuencia, no puede ya accederse a los mismos.

Bruselas, 5 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  Asunto C-392/02, Sentencia de 15.11.2005, y las Conclusiones del Abogado General, Sr. Geelhoed.

1

(2)  DO L 264 de 15.10.2003.

2

(3)  DO C 325 de 30.12.2006.

3

(4)  DO L 181 de 18.5.2004.

4

(5)  DO L 13 de 16.1.2008.

5

(6)  DO L 176 de 7.7.2009, p. 17.

6

(7)  DO C 182/2009 de 4.8.2009, p. 1.

7

(8)  DO C 228 de 22.9.2009.

8

(9)  Conclusiones de 22.12.2008, asunto C-553/07.

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/107 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/107

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia una estrategia coherente para un Programa europeo de investigación agrícola»

COM(2008) 862 final

(2010/C 128/20)

Ponente: Franco CHIRIACO

El 15 de diciembre de 2008, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Hacia una estrategia coherente para un Programa europeo de investigación agrícola»

COM(2008) 862 final.

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de octubre de 2009.

En su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 4 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 155 votos a favor y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   El CESE acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión por la que se pone en marcha el proceso de elaboración de un futuro programa de investigación agrícola, con vistas a construir un espacio europeo de la investigación agrícola. De hecho, para que la oferta de productos agrícolas pueda ir a la par de las tendencias mundiales de la demanda, es necesario intensificar la investigación y la innovación en este sector (1).

1.2.   El CESE comparte el planteamiento propuesto por la Comisión, que se basa en la experimentación del concepto de programación conjunta, el cual, teniendo en cuenta las exigencias y especificidades de los diversos programas nacionales, pretende garantizar la coordinación comunitaria de las iniciativas y el reparto de los recursos de manera nítida y concreta (2). En particular, el CESE insta a la Comisión a reforzar la cooperación, no sólo entre los programas nacionales de investigación en materia de agricultura, sino también entre las diversas iniciativas impulsadas por las diferentes Direcciones Generales (por ejemplo, la DG Medio Ambiente, la DG Agricultura y la DG Empresa). En este contexto, el CESE insta a la Comisión a aportar en una futura Comunicación más información sobre los instrumentos y las modalidades operativas de las iniciativas propuestas, incluidos los recursos financieros, haciendo participar a todos los operadores interesados en un proceso de consulta y teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la experimentación piloto de la programación conjunta.

1.3.   La programación conjunta en el sector de la investigación agrícola tiene como objetivo explorar el potencial de la sociedad para afrontar los retos al desarrollo de los productos de base biológica a nivel europeo. Estos retos se refieren al cambio climático, la protección de la salud humana y las cuestiones relativas a la seguridad alimentaria. Estos temas, a la luz, entre otros, de los resultados del Seminario sobre la programación conjunta en la agricultura promovido por la Comisión Europea, han sido objeto de un debate y un análisis en profundidad por parte del Comité permanente de investigación agrícola (CPIA) (3), sintetizados en el documento sobre la programación conjunta publicado en junio de 2009. La programación conjunta implica una amplia dimensión de participación y un intenso esfuerzo por parte de los países participantes, que se traducen en valor añadido y beneficios, en términos de impacto, para los ciudadanos de la UE y la competitividad europea. En este contexto, el CESE propone que se dispongan ya mecanismos adecuados para garantizar la participación, también a nivel privado, de todos los agentes interesados, y sobre todo las empresas, en lo que respecta esencialmente a la determinación de los objetivos de la investigación, que se evalúen los recursos y se definan con precisión los instrumentos financieros necesarios para el funcionamiento del sistema, garantizando la accesibilidad efectiva a la financiación. En particular, el CESE recomienda a la Comisión y al Consejo que impulsen la elaboración de una propuesta de Reglamento que constituya el fundamento jurídico para la organización y el funcionamiento del nuevo CPIA, conforme al proceso político iniciado en 2004, y que sustituya al Reglamento (CEE) no 1728/74.

1.4.   En el nuevo modelo de gobernanza propuesto por la Comisión, el Comité permanente de investigación agrícola desempeña una función de coordinación en el fomento de iniciativas conjuntas a nivel europeo y en la cartografía de las competencias de las iniciativas de investigación que se fomentan. El CESE considera que el CPIA deberá inspirarse en un principio de flexibilidad fundamental para acompañar las reformas realizadas (4) y por realizar en el marco normativo, en continua evolución, de la Política Agrícola Común.

1.5.   En el ámbito de la programación conjunta, el proceso de previsión e indagación está estrechamente relacionado con el proceso de cartografía que, al suministrar cifras y estadísticas clave sobre las carencias, tendencias y necesidades relativas a la organización de la investigación agrícola a nivel nacional, contribuye a trazar un cuadro general sobre la evolución de la investigación agrícola en la UE. Hasta ahora estas informaciones las facilitaba el proyecto EU-AGRI-MAPPING, iniciativa encuadrada en el Sexto Programa Marco europeo de investigación. Teniendo en cuenta las dificultades surgidas en el curso de este proyecto, el CESE considera que la cartografía no puede basarse en iniciativas extemporáneas, sino que debe ser un proceso continuo y constantemente actualizado.

2.   Síntesis de la Comunicación

2.1.   Un nuevo contexto para la investigación agrícola en Europa

2.1.1.   La agricultura europea tiene que afrontar nuevos retos, como el cambio de la demografía agrícola y la estructura de las explotaciones agrarias, el impacto de las prácticas agrícolas modernas en el empleo, la evolución de la Política Agrícola Común (PAC) y los factores globales que influyen en el sector.

2.1.2.   En general, se reconoce que, para hacer frente a estos problemas, es necesario contar en Europa con un sólido espacio de investigación agrícola. La investigación agrícola debe proporcionar los conocimientos necesarios para lograr una comprensión rigurosa del desarrollo rural y de los factores que propician y obstaculizan el desarrollo sostenible, y aportar las nuevas tecnologías y la innovación necesarias para el desarrollo del sector agrario, así como permitir la adquisición de conocimientos para una mejor comprensión de las dinámicas del mercado. No obstante, las actividades de investigación suelen estar fragmentadas y mal coordinadas, a lo que hay que añadir una inversión insuficiente y la falta de masa crítica. En Europa hay varios mecanismos, en particular los que dependen del Programa Marco de la UE, que ayudan a fomentar la colaboración paneuropea entre investigadores. A este respecto, el plan ERA-NET proporciona financiación para la conexión en red de programas nacionales, ministerios u organismos de financiación de todos los sectores científicos. El Consejo de la UE acordó (en noviembre de 2004) que la colaboración en este ámbito contaría con un enfoque más estructurado. A este respecto, el nuevo concepto de programación conjunta va un paso más allá que el plan ERA-NET y propugna la cooperación directa de los programas públicos de los Estados miembros en la definición de visiones comunes y programas de investigación estratégica, y la puesta en común de recursos para abordar de manera conjunta ámbitos específicos. El Comité permanente de investigación agrícola (CPIA) fue mencionado como buen ejemplo de una posible estructura en red en cualquier nuevo proceso de programación conjunta.

2.2.   Función directiva del Comité permanente de investigación agrícola

2.2.1.   Tras varios años de inactividad, en 2005 el Comité permanente de investigación agrícola recibió del Consejo de la UE un mandato renovado con el fin de que pueda desempeñar una función destacada en la coordinación de la investigación agrícola en Europa. El «nuevo» CPIA lo integran los 27 Estados miembros de la UE, así como representantes de los países candidatos y países asociados que participan en calidad de observadores. Entre las iniciativas promovidas por el CPIA para fomentar la creación de un Espacio Europeo de la Investigación Agrícola figuran, además de la programación conjunta, el proceso de previsión, para formular posibles hipótesis sobre la agricultura europea a largo plazo, y el proceso de cartografía, al objeto de determinar las necesidades y tendencias de la investigación agrícola en la UE.

2.2.2.   El CPIA adoptó un enfoque estructurado para el establecimiento del orden de prioridades de los temas de investigación que precisan más colaboración, para lo cual creó diversos grupos de trabajo en colaboración con los Estados miembros o con Estados asociados (GTC). Los GTC funcionan del mismo modo que los proyectos ERA-NET, ya que siguen el mismo planteamiento de actuación «paso a paso»: centrarse en el intercambio de información en las etapas iniciales, señalar carencias en materia de investigación y ámbitos prioritarios para la colaboración, y, en su caso, poner en marcha actividades conjuntas o presentar convocatorias comunes de investigación.

2.3.   Actuaciones clave para lograr un programa europeo de investigación agrícola coherente

2.3.1.   Es preciso adquirir rápidamente un conocimiento más profundo de los procesos que inducen el cambio climático, a fin de reducir sus repercusiones negativas, proteger los recursos hídricos y el suelo, así como la biodiversidad, para apoyar y promover una agricultura más sostenible en el contexto europeo y mundial. En este sentido, las áreas de investigación prioritarias son el cambio climático y los recursos energéticos.

2.3.2.   La investigación podría desempeñar un papel más importante si los diferentes agentes estuvieran más integrados en la elaboración efectiva de los programas y se incorporasen al proceso de investigación utilizando vías como las redes de innovación. La intención de la Comisión consiste, pues, en potenciar la producción y el intercambio de conocimientos agrícolas a través del CPIA y de la Red Europea de Desarrollo Rural (5). De hecho, con vistas a consolidar la programación conjunta en el ámbito de la investigación para una mejor gobernanza del sistema agroalimentario europeo, la función estratégica del CPIA se podría potenciar más a fin de que este pueda convertirse en el órgano encargado de supervisar las actuaciones relacionadas con la agricultura que efectúen todos los organismos públicos europeos dedicados a la investigación.

2.3.3.   Para elaborar programas de investigación a largo plazo basados en orientaciones comunes y objetivos compartidos es necesario desarrollar un mecanismo de control que incluya una combinación de instrumentos de análisis prospectivo y de cartografía de las capacidades de investigación.

2.3.4.   La responsabilidad de Europa en una economía globalizada no se debe descuidar: la sostenibilidad de la agricultura es un tema que tendrá repercusiones directas (por ejemplo, los precios de los productos alimentarios) e indirectas (en particular, los flujos migratorios) en la UE y en todas las regiones del mundo. Es preciso, por tanto, mejorar las sinergias políticas en el ámbito de la investigación agrícola, tanto en Europa como fuera del continente europeo y, en particular, reforzar las sinergias entre las políticas de investigación de la UE y los Estados miembros, por un lado, y las políticas exteriores, como las de ayuda al desarrollo y vecindad, por otro.

3.   Observaciones generales

3.1.   Un nuevo contexto para la investigación agrícola en Europa

3.1.1.   En los últimos cincuenta años, el papel y las funciones de la agricultura europea han cambiado radicalmente, en paralelo a las transformaciones que han marcado la sociedad y la economía europeas y han afectado a ciudadanos y consumidores, y se ha pasado de una agricultura «rural» a una agricultura «postindustrial». Por lo tanto, se coincide generalmente en que el sector agrícola debería, de acuerdo con el modelo agrícola europeo, considerarse en términos multifuncionales o agroterritoriales, es decir, ya no solamente en términos de producción. A su vez, el mismo criterio debería aplicarse a la definición de la «investigación agrícola». En cualquier caso, esto debería hacerse confirmando la función básica de producción de alimentos agrícolas que ha puesto de relieve la crisis alimentaria mundial. De hecho, la cuestión de la competitividad y la seguridad de abastecimiento en alimentos será uno de los desafíos que habrá que afrontar en el futuro.

3.1.2.   En este contexto, el CESE acoge favorablemente el enfoque adoptado para elaborar una definición más amplia de la «investigación agrícola», que tenga en cuenta los desafíos que afronta la agricultura europea, como la adaptación y mitigación del cambio climático, el desarrollo de las energías renovables procedentes de fuentes agrícolas, la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos hídricos, así como el fomento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de la calidad de la producción.

3.2.   Hacia unos programas comunes de investigación

3.2.1.   La Comunicación de la Comisión adopta el concepto reciente de la programación conjunta (2) como nuevo enfoque para la investigación agrícola, al objeto de aprovechar al máximo los limitados recursos financieros gracias a una mayor colaboración. La programación conjunta está actualmente en fase de experimentación a través de un proyecto piloto sobre la investigación del Alzheimer. El Consejo también tiene previsto adoptar más iniciativas en otros sectores importantes de la investigación antes de 2010 y, en los ámbitos en los que los resultados sean positivos, la programación conjunta podría tener un impacto decisivo en los futuros mecanismos de coordinación de la investigación a nivel europeo.

3.2.2.   La programación conjunta consiste en la participación de los Estados miembros, de forma voluntaria y con una geometría variable, en la definición, elaboración y ejecución de programas estratégicos de investigación, basados en una visión común acerca de la forma de abordar los principales desafíos sociales. El concepto puede incluir la cooperación estratégica entre programas nacionales existentes o la planificación y elaboración conjunta de programas totalmente nuevos. En ambos casos, se trata de aunar recursos, seleccionar o desarrollar los instrumentos más apropiados, aplicarlos, supervisar sus progresos y revisarlos de manera colectiva.

3.2.3.   Dado que las actividades de investigación agrícola suelen estar fragmentadas y mal coordinadas, que la inversión es insuficiente, que se echa en falta la difusión y comunicación específica sobre sus resultados y que se carece de masa crítica, el CESE acoge con satisfacción el enfoque de la programación conjunta, considerándolo como un objetivo ambicioso que, unido a un planteamiento pragmático y flexible, puede poner en marcha un proceso estratégico y estructurado de investigación agrícola.

3.3.   Función directiva del Comité permanente de investigación agrícola (CPIA)

3.3.1.   La Comunicación de la Comisión y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña proporcionan una descripción detallada de las funciones de análisis, supervisión, evaluación y consulta, así como de las modalidades organizativas y operativas de los trabajos del CPIA, de acuerdo con las orientaciones del Consejo de Agricultura del 19 de julio de 2004. El CPIA estaría encargado, entre otras cosas, de supervisar las iniciativas nacionales de investigación en el sector agroalimentario, de coordinar estas actividades a escala comunitaria y de elaborar unas previsiones razonables para el desarrollo a largo plazo de las prioridades de investigación en este ámbito.

3.3.2.   El CESE considera que la coordinación a nivel comunitario es fundamental para abordar los desafíos comunes y hablar con una sola voz en los foros internacionales, evitar la duplicación, profundizar en mayor medida en los programas, aumentar la competencia para conseguir financiación y, en consecuencia, elevar la calidad de las propuestas de investigación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la situación de la investigación es muy diferente en los distintos Estados miembros, y que la programación nacional debe tomar en consideración necesidades y prioridades específicas, para las cuales la cooperación a escala europea no siempre garantizaría beneficios significativos. En consecuencia, el CPIA debe disponer de instrumentos que garanticen un proceso de control continuo y actualizado.

4.   Observaciones específicas

4.1.   Entre las medidas clave en favor de un programa europeo coherente en el ámbito de la investigación agrícola, la Comunicación incluye la reducción del impacto negativo del cambio climático, la protección de los recursos hídricos y del suelo y la conservación de la biodiversidad. El CESE considera que se deben tener en cuenta, asimismo, las repercusiones sociales, como también se destaca en el informe de la FAO correspondiente al año 2008 «Gender and Equity Issues in Liquid Biofuels Production (Cuestiones de género y equidad en la producción de biocombustibles» en el que se considera el conjunto de relaciones entre la empresa, los trabajadores y el territorio.

4.2.   Para determinar las nuevas áreas prioritarias del futuro programa de investigación agrícola, es preciso tener en cuenta, junto a las cuestiones del cambio climático y los problemas energéticos relacionados con la agricultura, la lucha para preservar la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos hídricos, la evaluación del impacto del cultivo y la comercialización de OGM en el medio ambiente y en la salud humana, las cuestiones relacionadas con el sector agroalimentario con atención especial a la fase de transformación de los productos y a las biotecnologías, y todas las innovaciones que puedan servir para resolver estos problemas que presentan nuevos desafíos, como se ha señalado recientemente con motivo del «chequeo» de la PAC reformada (noviembre de 2008).

4.3.   La investigación podría desempeñar un papel más importante si los diferentes agentes estuvieran más integrados en la elaboración efectiva de los programas y se incorporasen al proceso de investigación. En particular, resulta esencial conseguir la participación de las empresas, sobre todo las PYME, en la determinación de los objetivos de la investigación, en la que hay que tener en cuenta las necesidades reales de las propias empresas, así como en el fomento de la investigación aplicada y de la transferencia tecnológica, garantizando la accesibilidad efectiva a la financiación. Por lo tanto, el CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de reforzar los vínculos entre conocimientos e innovación con la intención de conjugar los intereses de las empresas y los ciudadanos, e insta a la Comisión a prever para ello programas de formación específicos.

4.4.   En particular, en lo que respecta a la Red Europea de Desarrollo Rural (5), en vez de introducir medidas específicas que podrían plantear problemas de coordinación con las funciones reguladoras de la Red, convendría establecer unos mecanismos dirigidos a fomentar el intercambio de buenas prácticas. La red europea de desarrollo rural y las plataformas tecnológicas europeas, junto con los demás instrumentos de intercambio de conocimientos, constituyen soluciones estratégicas para compartir y desarrollar a nivel europeo ideas válidas, información fiable y experiencias prácticas, estructurando y reforzando así la producción y puesta en común de conocimientos.

4.5.   Con vistas a una conexión en red de la investigación europea con la investigación internacional, especialmente en los países en desarrollo, es preciso disponer de mecanismos apropiados que garanticen la eficacia y eficiencia de las intervenciones promovidas, en especial potenciando la capacidad de gobernanza local y mejorando la calidad de los recursos humanos pertinentes.

Bruselas, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  Dictamen del CESE sobre el tema «Los precios de los productos alimenticios en Europa» (veáse página 00 del presente Diario Oficial).

1

(2)  DO C 228 de 22.9.2009, p. 56.

2

(3)  Artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1728/74.

3

o

(4)  Reglamento no 72/2009/CE, Reglamento no 73/2009/CE, Reglamento no 74/2009/CE y Decisión del Consejo de 19 de enero de 2009 (2009/61/CE).

4

o

o

o

(5)  Art. 67 del Reglamento (CE) no 1698/2005.

5

o

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18.5.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Los precios de los productos alimenticios en Europa»

COM(2008) 821 final

(2010/C 128/21)

Ponente: József KAPUVÁRI

El 9 de diciembre de 2008, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Los precios de los productos alimenticios en Europa»

COM(2008) 821 final.

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 2 de septiembre de 2009.

En su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 de noviembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 75 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   La mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, aumentando a la vez su eficacia y competitividad, no debe tener por objeto una reducción de los precios de los productos alimenticios, ya que ello equivaldría, ciertamente, a seguir por la vía equivocada. Es preciso insistir en el mantenimiento de la relación precio/valor a un nivel realista. En efecto, la previsión sobre los precios en la cadena acaba limitando la capacidad inversora del suministrador agroalimentario, sus capacidades de innovación y la capacidad de elección del propio consumidor; por tanto, a medio y largo plazo, la Comisión debe tener en cuenta estas consideraciones y sus efectos colaterales, no quedándose exclusivamente en el beneficio inmediato de precio bajo. Sería un error pretender que el mantenimiento de precios de productos alimenticios poco elevados redundará en beneficio del consumidor. A este le interesan precios realistas, es decir, recibir a cambio de su dinero una calidad, una cantidad y un servicio que se atengan a sus exigencias. No obstante, el planteamiento destinado a reducir la amplitud de la volatilidad de los precios es sin duda el más indicado. De este modo, se podrá aumentar la seguridad y previsibilidad de la cadena alimentaria.

1.2.   A la Unión Europea le interesa que los consumidores puedan beneficiarse durante mucho tiempo de las ventajas que ofrecen los alimentos seguros. Para ello, es necesaria una autosuficiencia alimentaria considerable. La sostenibilidad de la agricultura sólo puede garantizarse a través de la investigación y el desarrollo, la innovación y el desarrollo tecnológico, para lo cual los recursos de la PAC resultan indispensables. No obstante, el acceso a estos recursos debe organizarse para fomentar la adaptación a las condiciones del mercado y establecer la obligatoriedad de la facilitación de información, la cooperación y la toma en consideración de todos los aspectos relacionados con el desarrollo rural.

1.3.   La extensión de los ámbitos de intervención mencionados sólo puede realizarse mediante una concertación social lo más amplia posible. Para cada uno de estos ámbitos, convendría llevar a cabo los análisis prospectivos necesarios, elaborar un plan de intervención preciso y definir las competencias y responsabilidades. Todo ello es imprescindible, ya que cualquier medida relacionada con los precios de los productos alimenticios influye en lo que constituye un sistema complejo. Los productos alimenticios son, a la vez, el principal factor de cohesión social y un artículo estratégico, de confianza. Procede, por lo tanto, organizar las condiciones de su producción sin obrar en detrimento de la sostenibilidad a largo plazo.

1.4.   No se pueden limitar las inversiones en los mercados de productos básicos, que se realizan, típicamente, en los mercados bursátiles. No obstante, hay que encontrar la forma de atenuar el efecto de los factores vinculados a la demanda ficticia, que perturban el equilibrio del sector agrícola. Aunque la UE es consciente de sus responsabilidades en lo relativo al suministro de productos alimenticios en los países en desarrollo, no debe olvidar que su principal cometido consiste en garantizar a sus ciudadanos un suministro completo de alimentos seguros, limitar la dependencia respecto de los mercados mundiales y, de este modo, preservar su autonomía.

1.5.   El CESE apoya la iniciativa del establecimiento de un Grupo de Alto Nivel sobre Competitividad de la Industria Agroalimentaria, mediante decisión de la Comisión de 28 de abril de 2008 (2008/359/EC). El CESE espera con interés los resultados de los trabajos de este Grupo, uno de cuyos objetivos principales debería ser alcanzar el máximo nivel de estabilidad de los mercados agroalimentarios.

2.   Comunicación de la Comisión

2.1.   La rápida subida de los precios de los productos agrícolas, durante el segundo semestre de 2007, provocó un aumento significativo de los precios de consumo de los productos alimenticios. La Comisión respondió a este fenómeno publicando una Comunicación titulada «Hacer frente al reto del alza de precios de los productos alimenticios - Orientaciones para la acción de la UE» (COM(2008) 321 final).

2.2.   La Comisión considera esencial detectar y resolver los problemas que plantea el funcionamiento de la cadena alimentaria en materia de reglamentación y competencia. En la Comunicación objeto de examen, compuesta por cinco capítulos, se analiza la situación y se proponen medidas para resolver los problemas.

2.3.   Según la Comunicación, la subida de precios es el resultado de factores estructurales y coyunturales. Las causas estructurales (crecimiento demográfico, aumento de la renta de las economías emergentes y desarrollo de nuevos mercados) han contribuido a un aumento de la demanda mundial.

2.4.   «De agosto de 2007 hasta julio de 2008, la inflación de los alimentos (excluidos el alcohol y el tabaco) contribuyó en aproximadamente 1,0 puntos porcentuales a la inflación global». La evolución de precios se caracterizó, en particular, por subidas de precios diferentes para los alimentos transformados y los no transformados, que se deben a lo que se conoce como el efecto de «composición».

2.5.   La Comisión prevé, en los dos próximos años, una reducción de la subida de precios de los alimentos y una baja de la contribución de los precios de los alimentos a la inflación global.

2.6.   La Comisión considera que las restricciones a las exportaciones agrícolas impuestas por algunos países el pasado año causaron más perjuicio que beneficio, ya que anularon las señales del mercado.

2.7.   Desde principios de 2006 se ha producido un fuerte aumento de los flujos de inversión en los mercados de productos básicos agrícolas, como refleja el número total de contratos de futuros suscritos por los operadores del sector.

2.8.   La Comunicación presenta en un cuadro un resumen de las prácticas comerciales que pueden crear problemas de competencia, a saber:

| — | los cárteles; |
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los cárteles;

| — | los acuerdos de compra; |
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los acuerdos de compra;

| — | la imposición del precio de reventa; |
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la imposición del precio de reventa;

| — | la marca única; |
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la marca única;

| — | los productos de marca blanca; |
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los productos de marca blanca;

| — | la vinculación; |
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la vinculación;

| — | los acuerdos de suministro exclusivo; |
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los acuerdos de suministro exclusivo;

| — | los regímenes de certificación. |
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los regímenes de certificación.

2.9.   Partiendo de su análisis, la Comisión ha elaborado una hoja de ruta, que consta de cuatro componentes principales, para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

2.10.   La Comisión espera que las recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre competitividad de la industria alimentaria, constituido en la primavera de 2008, permitan mejorar la competitividad de la cadena alimentaria.

2.11.   Con objeto de corregir las prácticas consideradas problemáticas y susceptibles de ser contrarias a la competencia, mencionadas en el punto 4 de la Comunicación, la Comisión, en el contexto de la Red Europea de Competencia, proseguirá su diálogo con las autoridades nacionales de competencia, a fin de garantizar una aplicación coherente y bien coordinada de las normas de competencia en toda la UE, en beneficio de los consumidores europeos.

2.12.   En lo que se refiere la revisión, a nivel nacional y/o de la UE, de las normativas que puedan dificultar el buen funcionamiento de la cadena alimentaria, en la Comunicación se hace alusión a las siguientes normas y prácticas:

| — | las normas que restrinjan la entrada de nuevas empresas al mercado; |
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las normas que restrinjan la entrada de nuevas empresas al mercado;

| — | las normas que restrinjan la capacidad de las empresas para competir sobre los precios, que deben examinarse a nivel nacional; |
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las normas que restrinjan la capacidad de las empresas para competir sobre los precios, que deben examinarse a nivel nacional;

| — | las prácticas que distorsionen la relación entre proveedores y minoristas, que deben «desalentarse». |
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las prácticas que distorsionen la relación entre proveedores y minoristas, que deben «desalentarse».

2.13.   La Comisión examinará, junto con los reguladores de los mercados de productos básicos, y en estrecho contacto con otras autoridades reguladoras de terceros países (particularmente, con las de Estados Unidos, país en que están situados los mercados más importantes), las medidas que podrían adoptarse con el fin de reducir la inestabilidad de los precios en los mercados de productos básicos agrícolas.

2.14.   Partiendo de este programa de trabajo y de las medidas conexas, la Comisión examinará la posibilidad de adoptar nuevas medidas y propone al Consejo Europeo volver a examinar este asunto en diciembre de 2009.

3.   Observaciones generales

3.1.   Aunque los factores estructurales que han dado lugar a la subida de los precios de los productos agrícolas se mantendrán a medio plazo, las fluctuaciones de precios registradas durante los dos últimos años indican que en lo sucesivo el mercado de los productos agrícolas deberá afrontar una creciente volatilidad de los precios. La crisis económica actual no ha afectado de forma significativa al crecimiento de la demanda mundial, lo que significa que los procesos que se produjeron a mediados de 2007 podrían repetirse en cualquier momento. Como consecuencia de ello, los mercados de productos agrícolas resultan aún menos previsibles. Además, resulta imposible adaptarse a la demanda ficticia generada por una manipulación especulativa de los precios, puesto que, ciertamente, se necesitaría un margen de flexibilidad incompatible con las características y el potencial de la producción agrícola.

3.2.   La Unión Europea considera que las fluctuaciones de los precios agrícolas no sólo afectan al conjunto del sector, sino también al conjunto de los ciudadanos debido a su repercusión en los precios de los alimentos. Es necesario evaluar nuevamente la situación del sector agrícola europeo al objeto de abordar estas fluctuaciones de forma directa y a gran escala, para lo cual el Grupo de Alto Nivel sobre Competitividad de la Industria Agroalimentaria constituye un foro apropiado. En este contexto, se deberá aclarar i) el futuro agrícola de la UE; y, ii) el lugar que ocupará en lo sucesivo la agricultura en la política comunitaria; y estudiar, iii) cómo abordar las consecuencias de la apertura del mercado; y, iv) cómo restaurar el equilibrio en las relaciones de la cadena alimentaria.

3.3.   Aunque no se haya realizado ningún avance en el desarrollo de la especialización territorial en la UE desde la creación de la PAC, existen claros indicios de este fenómeno en los mercados internacionales. Como consecuencia de una apertura gradual de sus mercados a los productos de terceros países, la UE está sometiendo sus productores agrícolas a una competencia cuyas condiciones no son equitativas. Como resultado, los productores europeos están perdiendo cuotas de mercado. A medio plazo, esta situación podría convertirse en una seria amenaza para la economía rural en Europa. Por lo tanto, la Unión Europea sólo podrá impulsar su política comercial abierta si mantiene diferentes formas de apoyo financiero a los agricultores y proporciona suficientes incentivos para preservar el nivel de producción.

4.   Observaciones particulares

4.1.   Evolución de los precios de los productos básicos agrícolas y de los productos alimenticios

4.1.1.   Durante el período posterior a la crisis, el crecimiento de la demanda de productos agrícolas volverá a superar probablemente el crecimiento de la oferta, por lo que cabe esperar que estos productos resulten más atractivos para el capital de riesgo. Como consecuencia de ello, podrían producirse fluctuaciones de precios comparables a las de los dos últimos años si las variaciones de precio de los productos agrícolas aportan compensaciones superiores al rendimiento de otras construcciones del mercado financiero. Dada la coyuntura a la que ha dado lugar la crisis, el riesgo de que estas variaciones se vuelvan a producir es menor que en 2007. No obstante, hay que prepararse para el mantenimiento de la volatilidad de precios a medio plazo.

4.1.2.   Tal como subrayó el Parlamento Europeo en una Resolución de 26 de marzo de 2009 (2008/2175(INI)), el agricultor y el transformador representan un porcentaje cada vez más reducido del precio que pagan los consumidores de productos agrícolas, de lo cual se desprende que las variaciones de precios en la parte inicial de la cadena de suministro tendrán un impacto limitado y diferido en el precio al consumidor.

La subida de los precios de consumo de los productos alimenticios afecta sobre todo a las personas que gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos. Este fenómeno está estrechamente relacionado con el desarrollo económico de cada país, por lo que se ha podido observar que la incidencia de la subida de los precios de los productos alimenticios en la inflación ha sido mayor en los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. En estos Estados miembros, de renta más baja, los gastos en productos alimenticios pueden representar entre un 40 % y un 50 % del gasto doméstico total.

4.1.3.   Durante los próximos años, los precios de los productos alimenticios deberían mantenerse por encima de la media registrada entre 2002 y 2006, aunque a un nivel inferior al de finales de 2007. Al mismo tiempo, la volatilidad de los precios seguirá siendo significativa. Uno de los cambios desfavorables que se han producido durante los últimos años es una mayor sensibilidad de los precios frente a la información del mercado. Dado que cabe esperar un aumento de la información relativa a los factores determinantes, tanto para la oferta como la demanda, es probable que perduren las fluctuaciones de precios. El papel de los medios de comunicación también es fundamental en este ámbito. Sin duda, unos medios de comunicación eficaces permitirán a los mercados mantenerse en todo momento al corriente de todo lo que ocurre en el mundo.

4.1.4.   Los productores agrícolas europeos también deben prepararse para responder al aumento constante de la demanda de productos alimenticios. Procede mejorar la producción agrícola comunitaria en términos tanto cuantitativos como cualitativos. No obstante, pesa sobre la PAC la gran responsabilidad de garantizar que la apertura gradual de los mercados de la UE no obre en detrimento de la competitividad de la industria agroalimentaria europea. La Unión Europea necesita una estrategia agrícola a largo plazo, que determine el nivel de autosuficiencia que pretende para los distintos productos. Sin embargo, se ha de reconocer que, a medio plazo, la Unión Europea se convertirá en un importador de numerosos productos.

4.2.   El papel de la especulación en los precios de los productos alimenticios básicos

4.2.1.   Es importante tomar conciencia de la creciente capitalización de la riqueza en los mercados financieros mundiales a través de los diferentes fondos de pensiones, los fondos especulativos y soberanos, las empresas que realizan permutas financieras («swap»), los bancos y las multinacionales. Gracias a su envergadura, estos actores ejercen una gran influencia en los mercados en los que operan. Al no haber logrado un rendimiento satisfactorio en los ámbitos tradicionales de inversión de recursos financieros, han puesto el punto de mira en los mercados de productos.

4.2.2.   Habida cuenta de su carácter especulativo, las inversiones de riesgo sólo inciden en los precios a corto plazo, y no de forma duradera. La agricultura también debe tener en cuenta esta situación y, de modo general, la evolución de los mercados financieros. Los productos financieros que provocan importantes fluctuaciones de los precios agrícolas sin un flujo de mercancías real ejercen una influencia desfavorable en la fluctuación de los precios de los mercados físicos.

4.3.   Control del funcionamiento de la cadena alimentaria

4.3.1.   Tal como también se señala en el Documento de Trabajo de la Comisión sobre este asunto (SEC(2008) 2972), las dificultades que han experimentado los mercados agrícolas durante los dos últimos años están estrechamente relacionadas con los problemas de funcionamiento de la cadena alimentaria. La variación de los precios de los productos agrícolas en toda la cadena ilustra perfectamente la capacidad de cada eslabón para defender sus intereses.

4.3.2.   La labor de las autoridades responsables de la competencia podría resultar bastante delicada si se proponen evaluar el efecto anticompetitivo del proceso de consolidación en la cadena alimentaria. Es preciso afrontar las prácticas contrarias a la competencia y los problemas relacionados con ella señalados por la Comisión que se producen en determinados casos entre los suministradores agroalimentarios y el eslabón comercial, a fin de garantizar su adaptación a las condiciones de la actual situación económica y comercial. Tal como señala la Comisión, es preciso garantizar que las normas de la competencia se aplican de manera coherente y coordinada en toda la UE. La cadena alimentaria sigue estando lo suficientemente fragmentada para garantizar que las diferentes transacciones no obren en detrimento de la competencia desde la perspectiva del mercado único. Las prácticas examinadas en el documento de la Comisión muestran que, para cada producto y cada Estado miembro, un nivel de concentración determinado representa una seria amenaza de obstaculización de la competencia. La emergencia de capacidades de transformación susceptibles de alcanzar una posición dominante en diferentes mercados de productos, gracias a las economías de escala, podría dar lugar a una homogeneización de la oferta y a la exclusión del mercado de las pequeñas y medianas empresas. Este es el caso, sobre todo, desde que las marcas privadas empezaron a ejercer una influencia significativa en el mercado. Al mismo tiempo, la preponderancia actual de la competitividad de los precios en las políticas comerciales puede traducirse en un descenso del valor nutritivo de los productos. Aunque el nivel de seguridad alimentaria está aumentando, la sustitución de ingredientes naturales por ingredientes artificiales con menos valor nutritivo tiene como consecuencia una oferta de productos alimenticios cada vez más alejada de las exigencias cualitativas de los consumidores.

4.3.3.   El Comité propone añadir el método de reembolso utilizado por el sector de la gran distribución a la lista de prácticas anticompetitivas que figura en el Cuadro 1. Este método permite desvincular, por una parte, los precios de los proveedores de los costes reales y, por otra, los precios de consumo de los precios de compra. Como consecuencia de ello, se obtienen precios de referencia tan bajos que no guardan relación alguna con la realidad y a un nivel muy inferior al que se alcanzaría mediante un aumento de la eficacia. En este sentido, es evidente que no pueden aceptarse comportamientos anticompetitivos como cárteles, acuerdos de suministro exclusivo, etc., pero tampoco el recurso a la posición dominante para imponer a los suministradores condiciones comerciales forzadas y unilaterales. Al mismo tiempo, esta técnica de margen de beneficio duplicado -gracias a los reembolsos, los minoristas realizan márgenes de beneficios considerables a expensas no sólo de los consumidores, sino también de los proveedores- oculta la amplitud de los márgenes comerciales y contribuye a la distorsión del reparto de los ingresos en la cadena de producción de alimentos. Se trata de una práctica anticompetitiva que exige a los proveedores que acepten un precio que guarda escasa relación con los costes de producción.

4.3.4.   El CESE se muestra plenamente de acuerdo con las preocupaciones expresadas por la Comisión en torno a algunas prácticas anticompetitivas que pueden alterar el funcionamiento de la cadena alimentaria. A este respecto, es evidente que se ha de prestar mayor atención al desequilibrio de fuerzas entre productores, transformadores y minoristas. La concentración de poder en la fase posterior de la cadena coloca a los minoristas en una posición dominante frente a los productores y transformadores, lo cual genera prácticas abusivas poco deseables. Por lo tanto, para proteger los intereses de los consumidores, se ha de hacer hincapié en la disminución de los precios no sólo a corto plazo, sino también a largo plazo, sin dejar de tener en cuenta los efectos tanto directos como indirectos, a fin de evitar dificultades financieras entre proveedores, una falta de innovación, posibilidades de elección reducidas e incluso un aumento de los precios a largo plazo.

5.   Propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

El establecimiento de una distribución correcta de la remuneración de cada uno de los escalones en la cadena alimentaria es una tarea muy compleja, que requiere en varios planos una amplia intervención en los mecanismos del mercado. No obstante, estas medidas siguen siendo indispensables a la hora de acometer una verdadera mejora de la competitividad de los productos alimenticios europeos.

5.1.1.   El CESE acoge favorablemente los esfuerzos emprendidos por la Comisión en aras de un mercado más transparente. Además, siempre será de utilidad un mejor entendimiento del funcionamiento del mercado y del papel que desempeñan los diferentes eslabones de la cadena. Es muy importante un análisis detallado de la misma, de manera que, si hay disfunciones o alteraciones en el normal funcionamiento de la misma, las autoridades puedan tomar las medidas correctoras necesarias. En este sentido el CESE apoya plenamente el plan de acción de la Comisión propuesto en su Comunicación, así como su desarrollo, y ofrece su plena colaboración.

No obstante, la Comisión ha de tener presente que las condiciones varían entre sectores e incluso países, por lo que los factores determinantes del nivel de los precios no sólo difieren, sino que, lejos de ser estáticos, son de carácter dinámico.

Todos los esfuerzos realizados por la Comisión para concebir y crear un instrumento permanente de supervisión de los precios de los alimentos y del reparto de los ingresos en toda la cadena deberían basarse en estos hechos, y los resultados deberían entenderse como una referencia, y no como una prueba irrefutable.

5.1.2.   El aumento de la competitividad de la cadena alimentaria depende de una mejora significativa de la cooperación en el seno de la misma. Ciertamente, aunque el propio término «cadena» sugiere que cada «eslabón» colabora únicamente con los eslabones contiguos, sólo se puede garantizar una eficacia verdadera si todos los elementos de la cadena colaboran en la realización de los intereses comunes. Si creemos realmente que las necesidades de los consumidores deberían, a través de los productos, determinar las condiciones de funcionamiento de la cadena alimentaria, urge proceder a una reflexión dentro del sector.

5.1.3.   La Unión Europea debe reconocer que gran parte de los problemas planteados en la Comunicación de la Comisión no puede abordarse mediante medidas tomadas al amparo de la política de competencia. La armonización de la legislación en este ámbito y la cooperación entre las autoridades responsables de la competencia sólo son eficaces en el tratamiento de casos convencionales de prácticas anticompetitivas (por ejemplo, los cárteles y la publicidad engañosa). La experiencia demuestra que, dada la interdependencia actual, el Derecho de competencia no está en condiciones de tratar los supuestos enumerados en el Cuadro 1. Aunque la influencia que ejercen las diferentes cadenas comerciales en el mercado no justifica una intervención de las autoridades responsables de la competencia a nivel comunitario, es significativo que desde el punto de vista de los proveedores la dependencia respecto de las cadenas y las centrales de compras se haya convertido en un factor determinante para la supervivencia de las empresas. Como consecuencia de ello, la cooperación ha asumido un carácter unilateral.

Al mismo tiempo, si se agravaran las sanciones en Derecho de competencia, se podría disuadir realmente a los que incurren en prácticas destinadas a engañar a los consumidores.

La protección de los consumidores seguirá reforzándose durante los próximos años, aunque esto dependerá de la calidad de los productos alimenticios que lleguen al mercado único procedentes de terceros países, gracias a la apertura de los mercados y a las condiciones de producción de los mismos. El aumento de las importaciones se debe, entre otras cosas, a una focalización en los precios, es decir, pagar menos por los alimentos se ha convertido en una prioridad. Esta tendencia va acompañada de un mayor riesgo para la seguridad alimentaria y la protección de los consumidores, puesto que la mayoría de estos productos procede de regiones cuya cultura de producción de alimentos está un nivel muy inferior al de Europa.

5.1.4.   Las posibilidades de influir en las políticas comerciales de las cadenas son muy limitadas, pese a lo cual convendría examinar cualquier medida que pueda contribuir a que estas políticas no den prioridad a la reducción de precios o incluso a la aplicación del precio más bajo. En efecto, esta focalización en los precios bajos es la causa de la distorsión que hoy caracteriza a la distribución de ingresos en la cadena alimentaria. Además, la capacidad de reflexión del consumidor se ve seriamente perturbada.

5.1.5.   La Unión Europea sólo podrá intervenir de modo eficaz al objeto de corregir los fallos en el funcionamiento de la cadena alimentaria y aumentar su eficiencia si se basa en información fiable. Otra tarea fundamental de la UE consistirá en facilitar mayor información a los consumidores europeos para que puedan tomar decisiones con conocimiento de causa. El consumidor tiene la llave, no sólo de la supervivencia de la agricultura y la industria agroalimentaria europea, sino también de su desarrollo sostenible. El nivel de conocimiento del consumidor europeo puede contribuir a la realización de uno de los principios fundamentales de la UE, a saber, la preferencia por las mercancías producidas en el interior de la Unión Europea, un principio que se ha visto menoscabado inevitablemente en las negociaciones del GATT y la OMC.

Al desarrollarse el instrumento de seguimiento, deberían incluirse en el sistema incentivos que animen a los operadores del mercado a facilitar datos fiables. A modo de ejemplo, podrían preverse controles fiscales, exoneraciones de impuestos y subvenciones. La idea de garantizar la transparencia sobre una base voluntaria no es una alternativa realista.

5.1.6.   A fin de atenuar los efectos nefastos de la especulación, se debería contemplar la posibilidad de tomar medidas legislativas al objeto de garantizar que sólo estén permitidas las transacciones bursátiles que estén avaladas por una garantía real de mercancías, a diferencia de las prácticas bursátiles actuales que permiten que flujos de mercancías muy limitados ejerzan una influencia considerable en los precios de mercado, lo que a su vez conduce a fluctuaciones de precios en el mercado físico.

5.1.7.   Acortar las cadenas alimentarias

La reducción del número de intermediarios entre el productor agrícola y el consumidor de sus productos podría contribuir a mejorar el funcionamiento de la cadena. Se ha de fomentar el establecimiento de relaciones directas, basadas en el modelo de los programas de distribución de leche y fruta en las escuelas. Una de las formas más evidentes de alcanzar este objetivo consiste en fomentar los mercados tradicionales de productores. De esta manera, entre muchas otras cosas, se podría garantizar la supervivencia de este modo de vida rural y de las pequeñas y medianas explotaciones.

Bruselas, 5 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/116 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/116

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia la consecución de un acuerdo a gran escala sobre el cambio climático en Copenhague»

COM(2009) 39 final

(2010/C 128/22)

Ponente: Thomas McDONOGH

El 28 de enero de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Hacia la consecución de un acuerdo a gran escala sobre el cambio climático en Copenhague»

COM(2009) 39 final.

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 2 de septiembre de 2009.

En su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 de noviembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 168 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   El CESE expresa su profunda decepción por el hecho de que los Jefes de Estado de la UE aún no hayan llegado a un acuerdo sobre decisiones cruciales relativas a la financiación del cambio climático.

1.2.   El CESE recomienda, conforme a los últimos resultados científicos, un objetivo a largo plazo (de aquí a 2050) de alrededor de 2 toneladas de CO2 per cápita por año, a fin de mantener el calentamiento atmosférico a menos de 2 °C.

1.3.   El CESE afirma que la UE debería fijarse un ambicioso objetivo intermedio consistente en reducir de aquí a 2020 al menos el 30 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990, siempre que otros países desarrollados y otros países en desarrollo económicamente más avanzados realicen reducciones comparables.

1.4.   Los países desarrollados deberían comprometerse a una reducción de al menos un 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050 respecto a los niveles de 1990.

1.5.   El CESE se muestra de acuerdo con la Comisión en que el conjunto de los países en desarrollo (a excepción de los países menos desarrollados de África) deberían limitar el crecimiento de sus emisiones a porcentajes situados entre el 15 % y el 30 % por debajo de lo previsible de aquí a 2020.

1.6.   Las emisiones de gases de efecto invernadero de la aviación y del transporte marítimo deberían incluirse en las negociaciones de Copenhague.

1.7.   El CESE reitera que es necesario reducir la deforestación tropical bruta en al menos un 50 % de aquí a 2020 respecto a los niveles actuales, garantizando al mismo tiempo una gestión sostenible de los bosques, los prados, los humedales y las turberas en otras regiones de los países desarrollados y, en el futuro, en los países en desarrollo.

1.8.   El CESE coincide con la Comisión en abogar por un acuerdo internacional que permita incluir nuevos gases fluorados en la «cesta» del Protocolo de Kioto.

1.9.   Las acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración en materia de cambio climático mundial (y regional) deben contar con suficiente financiación.

1.10.   El CESE suscribe una política proactiva de educación y divulgación, al objeto de fomentar dentro y fuera de Europa un mayor entendimiento del cambio climático y sus consecuencias.

1.11.   La actual recesión económica mundial no debería utilizarse como pretexto para no emprender acciones decisivas y urgentes en relación con el cambio climático

2.   Introducción

2.1.   El CESE está convencido de que, habida cuenta de los últimos hallazgos científicos desde el Cuarto Informe Anual de Evaluación (IA4) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), es necesaria ahora más que nunca una actuación e inmediata.

2.2.   Un objetivo de calentamiento de 2 oC por encima de los niveles preindustriales –según lo decidido por los gobiernos de los Estados miembros de la UE en 1996, y reafirmado posteriormente por los Consejos Europeos y los Consejos de Medio Ambiente, y más recientemente, por el Grupo de Expertos de la UE en materia de Cambio Climático – se considera el máximo tolerable, por encima del cual es probable la irrupción de graves problemas sociales debido a las consecuencias para la salud, la escasez de agua, la inseguridad alimentaria y la migración forzada. No obstante, estos 2 oC no son en absoluto una garantía de seguridad puesto que, a modo de ejemplo, ya se está produciendo un rápido retroceso del hielo del Océano Ártico con la actual temperatura media global de 0,8 oC por encima de los niveles preindustriales.

2.3.   Los últimos hallazgos científicos son más alarmantes que las conclusiones del IA4 del IPCC. La organización Global Carbon Project ha confirmado que el crecimiento de las emisiones de carbono se está intensificando, con unos índices de crecimiento (como promedio un 3,5 % entre 2000 y 2007, lo que representa un aumento casi cuatro veces superior al 0,9 % por año durante el período 1990-1999) que superan incluso al peor de los supuestos descritos en el Informe especial sobre escenarios de emisiones del IPCC.

3.   Objetivos de reducción de emisiones

3.1.   Antecedentes

Alrededor del 70 % de todas las emisiones desde 1950 proceden de los países industrializados, que contaban con unos mil millones de los 6 700 millones de personas que constituían la población mundial en 2008. En el futuro, los países que ahora se consideran «en desarrollo», serán los causantes del grueso de las emisiones.

Las emisiones mundiales en 1990 y 2000 se elevaron a unas 40 gigatoneladas (Gt) equivalentes de CO2 por año, y a alrededor de 50 Gt equivalentes de CO2 en 2008. Las emisiones mundiales per cápita por año en 1990 y 2000 ascendieron a entre 7 y 7,5 toneladas per cápita y a cerca de 8 toneladas métricas per cápita en 2008. Un informe reciente del Grupo de investigación del impacto del clima de Potsdam, Alemania, concluye que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) deben reducirse en más del 50 % de aquí a 2050 respecto a los niveles de 1990, si se quiere limitar el riesgo de sobrepasar 2 °C al 25 % (que no deja de ser un riesgo importante)

3.2.   El CESE recomienda, conforme a los últimos hallazgos científicos y el consenso científico general, un objetivo más a largo plazo (de aquí a 2050) de alrededor de 2 toneladas de CO2 per cápita por año, lo que equivale a un objetivo de estabilización de las emisiones de GEI de aproximadamente 500 ppm equivalentes de CO2. A nivel nacional, debería promoverse un objetivo de 2 toneladas per cápita por año.

3.3.   El CESE suscribe los objetivos de reducción de las emisiones expuestos por la Comisión, que prevén una reducción de las emisiones mundiales a menos del 50 % de los niveles de 1990 de aquí a 2050.

3.4.   El CESE coincide con el IA4 del IPCC y las conclusiones de otros trabajos más recientes en que los países desarrollados deberían comprometerse a una reducción de al menos un 80 % de aquí a 2050 respecto a los niveles de 1990.

La UE ha dado ejemplo comprometiéndose unilateralmente a reducir para el año 2020 sus emisiones un 20 % respecto a los niveles de 1990.

3.5.   El CESE también coincide con la Comisión en que la UE debería, según lo propuesto, fijarse un objetivo de reducción más elevado (del 30 %) de aquí a 2020, siempre que los países desarrollados se comprometan a llevar a cabo reducciones comparables y los países en desarrollo económicamente más avanzados se comprometan a realizar reducciones apropiadas. Deberían comprometerse con este objetivo no sólo el conjunto de los países incluidos en el anexo I del Protocolo de Kioto, sino también todos los países miembros de la OCDE y todos los Estados miembros de la UE, los países candidatos a la UE y aquellos que puedan llegar a serlo. Este compromiso de los países desarrollados es de vital importancia, e incluso imprescindible, si se quiere que los países en desarrollo hagan lo propio y acepten los objetivos. Estos objetivos deberían revisarse con el paso del tiempo, junto con una hoja de ruta con objetivos decenales programados para 2030 y 2040, habida cuenta de los últimos resultados de investigación científica de que se disponga.

3.6.   El CESE expresa su profunda preocupación por la falta de ambición de otros países desarrollados clave, como los Estados Unidos y Japón, cuyas propuestas van muy a la zaga de lo arriba recomendado para 2020. El 21 de mayo de 2009 la Comisión de Energía y Comercio del Congreso estadounidense aprobó un proyecto de ley en materia de energía y calentamiento del planeta que hace un llamamiento a favor de una reducción de las emisiones, respecto a los niveles de 2005 (¡a diferencia de los niveles perceptiblemente inferiores de 1990!) del 17 % de aquí a 2020 y del 83 % de aquí a 2050. Sin embargo, este acto legislativo, que consta de 930 páginas, se encuentra pendiente de la promulgación del Gobierno estadounidense, lo cual es poco probable que se produzca antes de la Conferencia de Copenhague en diciembre. El CESE expresa su preocupación por la consiguiente repercusión sobre el desenlace de las negociaciones de Copenhague.

3.7.   El CESE también se muestra muy crítico con la ausencia de un compromiso financiero concreto por parte del G8, ocho países adicionales y la UE, reunidos en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, celebrado en L’Aquila, Italia, el 9 de julio de 2009. Se llegó a un acuerdo sobre un objetivo mundial a largo plazo de reducción de las emisiones en al menos un 50 % de aquí a 2050 y, asimismo, sobre una reducción del 80 % o más para los países desarrollados de aquí a 2050, aunque no se fijó un año de base para las reducciones de emisiones y no se acordó ningún objetivo a medio plazo (2020).

3.8.   El CESE se muestra de acuerdo con la Comisión en que el conjunto de los países en desarrollo (a excepción de los países menos desarrollados de África) deberían, al mismo tiempo, limitar el crecimiento de sus emisiones a entre el 15 % y el 30 % por debajo de lo previsible de aquí a 2020.

El CESE estima que para alcanzar estos objetivos se deberá actuar de forma anticipada y concertada.

3.9.   El CESE considera que la masa de emisiones per cápita constituye un índice justo para los objetivos de reducción de los países desarrollados y los países en desarrollo, puesto que la ciudadanía mundial debería gozar de idénticos derechos de no contaminación o contaminación.

3.10.   Los indicadores proporcionales como la intensidad de carbono (emisiones de carbono/unidad de PIB) podrían utilizarse como índice del objetivo de reducción, aunque el CESE previene contra su utilización puesto que la reducción de este parámetro puede producirse a través de un aumento del PIB, en vez de mediante una reducción general de las emisiones del país de que se trate.

4.   Emisiones de la aviación y del transporte marítimo

4.1.   Emisiones

4.1.1.   La aviación internacional (y nacional) y el transporte marítimo constituyen una fuente de emisiones mundiales cada vez más importante; las emisiones de GEI de la aviación internacional han aumentado un 4,5 % anual entre 1990 y 2004, mientras que las emisiones del transporte marítimo internacional han aumentado un 2,75 % anual durante el mismo período. No obstante, estas emisiones se escapan del control de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto. El sector de la aviación representa alrededor del 2 % de las emisiones mundiales, a juzgar por las emisiones de CO2 de la aviación en 2007, y es probable que esta proporción aumente en un futuro próximo. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) adoptó, en junio de 2009, un conjunto de objetivos destinados a mitigar las emisiones de GEI de la aviación. La IATA propone, asimismo, que la responsabilidad (o el pago) de las emisiones se asuma a nivel mundial en vez de a nivel regional o local. Los últimos informes de la Organización Marítima Internacional (OMI) indican que el transporte marítimo internacional emite alrededor de 843 millones de toneladas de CO2 por año (aproximadamente el 3,5 % del total de emisiones mundiales de GEI), lo que representa un volumen equivalente al producido por un gran país desarrollado como Alemania.

4.2.   Objetivos

4.2.1.   El CESE coincide con la Comisión en que el Acuerdo de Copenhague debería incluir las emisiones producidas por la aviación internacional y el transporte marítimo «por debajo de los niveles de 2005» para el año 2020 y «perceptiblemente por debajo de los niveles de 1990 antes de 2050». Además, el CESE comparte el punto de vista de la Comisión según el cual, en caso de no alcanzarse un acuerdo en el seno de la Organización de Aviación Civil Internacional y la OMI sobre los objetivos de emisión antes de finales de 2010, las emisiones de la aviación internacional y el transporte marítimo deberían contabilizarse en los totales nacionales en virtud del Acuerdo de Copenhague. El CESE reitera que la aplicación de los regímenes de comercio de derechos de emisión es mucho más complicada en el transporte marítimo que en la aviación y que un régimen mundial alternativo podría resultar mucho más eficaz que un régimen de la UE o que cualquier otro de carácter regional (véase, asimismo, el dictamen del CESE sobre el tema «La ecologización del transporte marítimo y fluvial»).

5.   Emisiones derivadas de la utilización del suelo y del cambio de utilización del suelo

5.1.   Los cambios en la utilización del suelo –por lo general, la deforestación, la combustión de la turba y prácticas similares– representan un 17,4 % de las emisiones mundiales actuales.

5.2.   Habida cuenta de esta importante proporción de emisiones derivadas de los cambios en la utilización del suelo, el CESE reitera que de aquí a 2020 es necesario reducir la deforestación tropical bruta en, al menos, un 50 % respecto a los niveles actuales (véase el dictamen del CESE sobre el tema «Afrontar los desafíos de la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad»).

5.3.   Al mismo tiempo, debe garantizarse una gestión sostenible de los bosques, los prados, los humedales y las turberas primero en los países desarrollados y, posteriormente, en los países en desarrollo, al objeto de mantener la retención del CO2 también en estos países. Además, todos los países deberían tomar medidas de control de la deforestación.

5.4.   Europa debería dar buen ejemplo y fomentar la protección de los bosques, por ejemplo exigiendo una certificación de gestión sostenible para los productos derivados de la madera.

5.5.   La cuestión de la incidencia del cambio climático en el sector agrícola ya se abordó en un dictamen anterior del CESE (1), por lo que no se trata con más detalle en el presente dictamen.

6.   Los planteamientos sectoriales en el contexto de las negociaciones sobre el cambio climático

6.1.   El CESE propone que se tome en consideración el papel de un planteamiento sectorial a fin de complementar las negociaciones sobre el clima. Por ejemplo, a semejanza de lo propuesto en un informe del Grupo de trabajo sobre el Protocolo de Kioto, podrían fijarse objetivos facultativos/obligatorios y cuantitativos/cualitativos en sectores específicos (tales como la electricidad, la siderurgia o el cemento), además de los objetivos nacionales en materia de emisiones. El planteamiento sectorial se ha descrito de manera más detallada en relación con las opciones de reducción de un acuerdo mundial sobre el cambio climático.

7.   Gases fluorados

7.1.   El CESE suscribe la propuesta de incluir varias nuevas sustancias químicas de uso industrial en un futuro tratado sobre el clima. Una de estas sustancias, el trifluoruro de nitrógeno (NF3), es un componente que se utiliza habitualmente en la fabricación de ordenadores personales y televisores con pantalla plana de cristal líquido, y es aproximadamente 17 000 veces más potente que el CO2. Los fluorocarburos halogenados (HFC), por citar un ejemplo, no están controlados por el Convenio de Montreal y se utilizan como sustitutos de los hidroclorofluorocarburos (HCFC). Asimismo, se están examinando otras nuevas sustancias químicas como nuevos tipos de perfluorocarburos (PFC) y HFC, el pentafluoruro de trifluorometilsulfuro (SF5CF3), éteres fluorados, perfluoropoliéteres (PFPE) e hidrocarburos (HC). Se anima a la industria química a que desarrolle sustancias de sustitución de los nuevos gases industriales con un alto potencial de calentamiento atmosférico.

7.2.   Objetivos

7.2.1.   El CESE coincide con la Comisión Europea en abogar por un acuerdo internacional que permita incluir los siguientes gases fluorados en la «cesta» del Protocolo de Kioto: los nuevos tipos de HFC y PFC, el pentafluoruro de trifluorometilsulfuro, los éteres fluorados, los PFPE y los HC, para establecer un límite máximo antes de pasar a una reducción progresiva.

7.2.2.   El CESE estima que el control y la verificación de los niveles de concentración de los nuevos gases fluorados debería constituir un componente importante de los acuerdos internacionales.

8.   Medidas paliativas

8.1.   El CESE está firmemente convencido de que los gobiernos nacionales deberían fomentar con decisión una reducción rentable del consumo energético, por ejemplo, a través de la aplicación de medidas de eficiencia energética en edificios, la regulación y el establecimiento de normas. Asimismo, podrían adoptarse disposiciones legislativas que permitan fomentar la reducción de residuos y su reciclaje. Además, podrían preverse subvenciones para animar a los ciudadanos a que instalen paneles solares en sus viviendas, mejoren el aislamiento, etc.

8.2.   Debería incentivarse la utilización de fuentes de energía renovables, por ejemplo concediendo subvenciones a la instalación de turbinas eólicas de generación de energía, capaces de alimentar la red eléctrica, y a la utilización de generadores de biogás, procedente de una mezcla de hierba, vegetación, centeno, etc., que posteriormente se fermenta para producir metano e introducirlo en la red, tal como se hace en Alemania conforme a una Ley sobre fuentes de energía renovables, gracias a la cual más del 14 % de la electricidad del país proviene de fuentes renovables.

8.3.   Es preciso fomentar las tecnologías hipocarbónicas y verdes. Se anima a los países desarrollados y en desarrollo a que opten por la innovación y utilicen, según el caso, las nuevas tecnologías de eficiencia energética.

8.4.   Es necesario mejorar las centrales eléctricas actuales y futuras, por ejemplo pasando a utilizar combustibles con bajo contenido de carbono, aumentando la proporción de la energía renovable o la nuclear y recurriendo a tecnologías de centrales eléctricas más eficientes.

8.5.   El CESE preconiza que las inversiones iniciales en los países menos desarrollados se destinen a la adquisición de las mejores tecnologías disponibles a nivel local o adaptadas a las condiciones locales.

9.   Medidas de adaptación

9.1.   El plan de acción de Bali reconoce que la cuestión de la adaptación deberá explicitarse en un acuerdo sobre el cambio climático para el período posterior a 2012. En un Congreso científico internacional sobre el cambio climático celebrado recientemente se puso de relieve la cuestión de la adaptación al cambio climático, en cuyo contexto la sociedad aumenta su capacidad para afrontar las consecuencias del cambio climático. El 1 de abril de 2009 la Comisión Europea presentó un Libro Blanco (COM(2009) 147 final) sobre las medidas de adaptación, que ayudará a la UE y sus Estados miembros a prepararse mejor para las consecuencias del cambio climático.

9.2.   El Comité coincide con la Comisión en que el Acuerdo de Copenhague debe establecer un marco de actuaciones para la adaptación, que se articularía en torno a la necesidad de:

| — | adoptar un planteamiento estratégico para la adaptación; |
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adoptar un planteamiento estratégico para la adaptación;

| — | integrar la adaptación en las políticas clave de la UE; |
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integrar la adaptación en las políticas clave de la UE;

| — | llevar a cabo la adaptación a nivel local y regional; |
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llevar a cabo la adaptación a nivel local y regional;

| — | apoyar la adaptación en los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo a través de la Alianza Mundial contra el Cambio Climático y también en el marco de la CMNUCC mediante el marco de actuaciones para la adaptación. |
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apoyar la adaptación en los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo a través de la Alianza Mundial contra el Cambio Climático y también en el marco de la CMNUCC mediante el marco de actuaciones para la adaptación.

9.3.   El éxito de las políticas de adaptación pasa por el reparto equitativo de las responsabilidades y la toma en consideración de las consecuencias para el empleo y la calidad de vida de los grupos de renta baja. Asimismo, es preciso abordar la dimensión social de las políticas de adaptación con la participación de todos los interlocutores sociales.

10.   Investigación, desarrollo tecnológico y demostración a nivel mundial

El CESE está firmemente convencido de que deben destinarse fondos cuanto antes a las acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (ID+D) a nivel mundial (y regional). Se recomiendan programas de ID+D para el desarrollo acelerado, la mejora técnica y la introducción en el mercado de fuentes de energía renovables y la producción combinada de calor y energía en las centrales eléctricas.

10.1.1.   El CESE comparte la postura de la Comisión (SEC(2008) 3104 final) con arreglo a la cual la investigación integrada sobre el cambio climático debería llevarse a cabo de acuerdo con el actual Séptimo Programa Marco de Investigación (PM7). Asimismo, recomienda una cooperación más estrecha entre la Comisión Europea y el IPCC en el marco del PM7 y en los programas de investigación conexos o futuros.

10.1.2.   El CESE apoya la voluntad de dar un fuerte impulso a la investigación, el desarrollo y la demostración en el ámbito de las tecnologías hipocarbónicas y de eficiencia energética determinadas por la Agencia Internacional de la Energía, así como a las tecnologías incluidas en el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética de la UE para activar y acelerar el despliegue de las tecnologías hipocarbónicas y de eficiencia energética de importancia estratégica.

10.1.3.   El conjunto de la cuestión de la protección de la propiedad intelectual y los países en desarrollo se ha visto modificada de forma significativa desde 1995 cuando entró en vigor el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, los países en desarrollo se comprometen a respetar las patentes de otros países. Sin embargo, desde la entrada en vigor de este Acuerdo, a las empresas les resulta más interesante presentar solicitudes de patentes en los países en desarrollo.

10.2.   El CESE aprueba los siguientes objetivos de la Comisión:

| — | investigar las repercusiones del cambio climático, la adaptación y otras posibilidades de reducción de las emisiones a nivel nacional e internacional; |
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investigar las repercusiones del cambio climático, la adaptación y otras posibilidades de reducción de las emisiones a nivel nacional e internacional;

| — | fomentar la cooperación internacional en ciencia y tecnología en pro de la investigación relacionada con el clima en todos los sectores, incluidas las tecnologías hipocarbónicas y las fuentes de energía renovables; |
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fomentar la cooperación internacional en ciencia y tecnología en pro de la investigación relacionada con el clima en todos los sectores, incluidas las tecnologías hipocarbónicas y las fuentes de energía renovables;

| — | como mínimo, duplicar para el año 2012 las actividades de ID+D en el sector energético y cuadruplicarlas en 2020 respecto a su nivel actual, poniendo especial énfasis en las tecnologías hipocarbónicas, especialmente las fuentes energéticas renovables. |
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como mínimo, duplicar para el año 2012 las actividades de ID+D en el sector energético y cuadruplicarlas en 2020 respecto a su nivel actual, poniendo especial énfasis en las tecnologías hipocarbónicas, especialmente las fuentes energéticas renovables.

11.   Recursos financieros

11.1.   El acuerdo a gran escala que se persigue en Copenhague debe ir respaldado por unos recursos financieros suficientes. Los países desarrollados deberán presentar propuestas financieras cuanto antes si se quiere animar a los países en desarrollo a comprometerse. El éxito o el fracaso de Copenhague dependerá principalmente de la financiación y también de los objetivos acordados por los países desarrollados y en desarrollo.

11.2.   La UE no ha venido mostrando una actitud muy entusiasta hacia la Conferencia de Copenhague, lo cual se ha visto confirmado por el aplazamiento de decisiones cruciales sobre la financiación de la adaptación al cambio climático, por parte de los Jefes de Estado de la UE, reunidos los días 18 y 19 de junio de 2009, que se limitaron a señalar que los principios de capacidad de pago y de responsabilidad de las emisiones deberían sentar las bases de la financiación de las medidas correspondientes.

11.3.   El CESE expresa su profunda preocupación por el aplazamiento de una decisión por parte del Consejo Europeo sobre la cuestión de la financiación. Se considera muy preocupante que hasta la fecha los países desarrollados, incluida la UE, no hayan realizado suficientes promesas o compromisos financieros.

11.4.   La inversión en ámbitos como las tecnologías de eficiencia energética y un amplio abanico de tecnologías hipocarbónicas estimulará el crecimiento económico y aumentará el ahorro energético.

11.5.   La financiación de las medidas de reducción de emisiones en los países en desarrollo debería proceder de fuentes nacionales y externas, del mercado mundial del carbono y de contribuciones de los países desarrollados:

| — | : la mayor parte de las inversiones llevadas a cabo hasta 2020 y las reducciones del consumo deberían realizarse a un coste relativamente reducido, sobre todo mediante medidas que favorezcan el rendimiento energético en los hogares, en los edificios y en el sector privado. Esta inversión financiera puede impulsarse mediante políticas gubernamentales en materia de medio ambiente y energía. Además, podrían buscarse otras fuentes de financiación posibles, tales como subvenciones y préstamos al amparo de programas nacionales, internacionales y bilaterales. |
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: la mayor parte de las inversiones llevadas a cabo hasta 2020 y las reducciones del consumo deberían realizarse a un coste relativamente reducido, sobre todo mediante medidas que favorezcan el rendimiento energético en los hogares, en los edificios y en el sector privado. Esta inversión financiera puede impulsarse mediante políticas gubernamentales en materia de medio ambiente y energía. Además, podrían buscarse otras fuentes de financiación posibles, tales como subvenciones y préstamos al amparo de programas nacionales, internacionales y bilaterales.

| — | : la ayuda destinada a las medidas de reducción de las emisiones que vayan más allá de las opciones de bajo coste o de beneficio neto a corto plazo que requieran una financiación fuera del alcance del país en desarrollo de que se trate, deberá obtenerse de toda la gama existente de fuentes y mecanismos de financiación innovadores, incluidos los fondos públicos y los mecanismos internacionales de atribución de créditos de emisión de carbono. La UE respalda los esfuerzos realizados por la Comisión por crear de aquí a 2015 un mercado de carbono que abarque la OCDE, articulando el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCCDE) con otros sistemas comparables, y un mercado incluso más amplio para 2020. |
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: la ayuda destinada a las medidas de reducción de las emisiones que vayan más allá de las opciones de bajo coste o de beneficio neto a corto plazo que requieran una financiación fuera del alcance del país en desarrollo de que se trate, deberá obtenerse de toda la gama existente de fuentes y mecanismos de financiación innovadores, incluidos los fondos públicos y los mecanismos internacionales de atribución de créditos de emisión de carbono. La UE respalda los esfuerzos realizados por la Comisión por crear de aquí a 2015 un mercado de carbono que abarque la OCDE, articulando el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCCDE) con otros sistemas comparables, y un mercado incluso más amplio para 2020.

11.6.   El Consejo Europeo ha hecho hincapié en la necesidad de explorar con mayor detalle los mecanismos de financiación internacionales, por lo que la cuestión volverá a figurar en el orden del día de su reunión del mes de octubre. No obstante, el CESE está firmemente convencido de que será demasiado tarde para abordar la cuestión, puesto que la Conferencia de Copenhague tendrá lugar en diciembre.

El CESE coincide con la Comisión en que los países desarrollados deberían contribuir mediante financiación pública y el uso de mecanismos de asignación de créditos de emisión de carbono. Las contribuciones financieras públicas deben ser comparables y basarse en el principio de que quien contamina paga y en la capacidad económica de cada país. La magnitud de las contribuciones debe negociarse y formar parte integrante del Acuerdo:

| i) | determinando el compromiso financiero anual de los países desarrollados sobre la base de una fórmula acordada (basada en una combinación del principio de que quien contamina paga y de su capacidad económica); |
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i)

determinando el compromiso financiero anual de los países desarrollados sobre la base de una fórmula acordada (basada en una combinación del principio de que quien contamina paga y de su capacidad económica);

| ii) | apartando determinado porcentaje de las emisiones permitidas de cada país desarrollado. Posteriormente, estas emisiones se subastarían a los gobiernos a un nivel internacional previamente acordado. |
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ii)

apartando determinado porcentaje de las emisiones permitidas de cada país desarrollado. Posteriormente, estas emisiones se subastarían a los gobiernos a un nivel internacional previamente acordado.

11.7.1.   El CESE valora, en particular, la propuesta mexicana de que todos los países del mundo deberían contribuir a una reserva central, determinándose la cuantía de cada contribución en función de una fórmula basada en la población de cada país, el PIB y el nivel de emisiones de GEI. Posteriormente, esta reserva se repartiría entre todos los países en función de sus necesidades de reducción de emisiones, de promoción de tecnologías verdes y de adaptación a las consecuencias del cambio climático.

11.8.   El CESE:

| — | respalda la posición de la Comisión de seguir desarrollando los regímenes de comercio de derechos de emisión, en primer lugar, en los países desarrollados y, con el tiempo, en los principales países en desarrollo; |
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respalda la posición de la Comisión de seguir desarrollando los regímenes de comercio de derechos de emisión, en primer lugar, en los países desarrollados y, con el tiempo, en los principales países en desarrollo;

| — | apoya, asimismo, la idea de reformar el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), cuyos costes de transacción y administrativos son muy elevados al estar vinculado a proyectos específicos. Una posible solución consistiría en pasar del actual MDL basado en proyectos a un MDL de carácter sectorial, aunque también se podría establecer un MDL de desarrollo y transferencia de tecnologías, que cumpla los requisitos del plan de acción de Bali. |
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apoya, asimismo, la idea de reformar el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), cuyos costes de transacción y administrativos son muy elevados al estar vinculado a proyectos específicos. Una posible solución consistiría en pasar del actual MDL basado en proyectos a un MDL de carácter sectorial, aunque también se podría establecer un MDL de desarrollo y transferencia de tecnologías, que cumpla los requisitos del plan de acción de Bali.

11.9.   Los costes previstos para la consecución de los objetivos a largo plazo de aquí a 2050 son significativos (del orden del 2 % del PIB actual), aunque serán bastante más elevados si no se toman medidas determinantes.

12.   Concienciación y divulgación

12.1.   Es importante concienciar en mayor medida al público en general de la gravedad de la situación actual de calentamiento global y de sus consecuencias si no se toma rápidamente ninguna medida de lucha contra el cambio climático.

12.2.   Es preciso alentar e incentivar a la ciudadanía para que desempeñe su papel a través del uso de formas de energía más ecológicas, la adquisición de bienes y servicios más eficientes energéticamente y la reducción de su aportación de carbono.

12.3.   El CESE opina que los países deberían hacer ver a sus ciudadanos, a través de los medios de comunicación, que es preciso actuar urgentemente, ahorrar energía y disponer de fuentes de energía alternativas (combustibles no fósiles) para contribuir de esta manera a la disminución de los nocivos GEI. Los temas relacionados con el cambio climático deberían incluirse en los programas de estudio de la enseñanza primaria y secundaria, si bien se trataría de una estrategia a largo plazo.

El CESE considera que es necesaria la política proactiva de educación, destinada a fomentar un mayor entendimiento de las consecuencias del cambio climático, que propone la Comisión.

12.4.   El CESE está firmemente convencido de que el Consejo Europeo debería animar a los Estados miembros a que apoyen y faciliten, con arreglo a sus respectivas competencias nacionales, la participación de los gobiernos locales y regionales, las empresas, los sindicatos y otros representantes de la sociedad civil organizada en la promoción de las estrategias e iniciativas relacionadas con el cambio climático.

12.5.   El CESE considera, asimismo, que las autoridades locales, regionales y nacionales deberían cooperar más estrechamente al objeto de crear una sólida base de conocimientos sobre las consecuencias y efectos del cambio climático, movilizando a los ciudadanos y al sector privado. A modo de ejemplo, unos 500 municipios se han comprometido a reducir sus emisiones de CO2 en más de un 20 % de aquí a 2020 en el marco del Pacto entre Alcaldes, que constituye una iniciativa de la UE.

13.   Cláusula de revisión

13.1.   El CESE subraya la necesidad de que la revisión periódica de la evolución general y la adecuación de los compromisos y las medidas forme parte integrante del acuerdo, incluida una revisión general en el año 2015.

Bruselas, 5 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  DO C 27 de 3.2.2009, pp. 59-65.

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/122 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/122

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Blanco «Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación»

COM(2009) 147 final

(2010/C 128/23)

Ponente: Frederic Adrian OSBORN

El 1 de abril de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el

Libro Blanco «Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación»

COM(2009) 147 final.

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de octubre de 2009.

En su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 de noviembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 183 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   El cambio climático es uno de los mayores desafíos que afronta el mundo en el siglo XXI. Las medidas destinadas a reducir estos cambios limitando las emisiones de gases de efecto invernadero constituyen una prioridad esencial. Sin embargo, también es importante planificar de antemano con tiempo suficiente la adaptación a estos cambios, porque ahora se han hecho ya ineludibles.

1.2.   En 2007 la Comisión aprobó un Libro Verde sobre adaptación al cambio climático. Tras extensas consultas acerca de dicho documento y un análisis ulterior, la Comisión publica ahora el Libro Blanco «Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación» sobre el cual se solicita dictamen al Comité.

1.3.   En su dictamen sobre el Libro Verde (1) el CESE recomendaba establecer una estrategia de adaptación global a escala europea que constituyera un marco y delineara las acciones que deben emprenderse tanto a nivel europeo y nacional como por parte de otros agentes. El Libro Blanco propone ahora precisamente ese marco y el Comité acoge favorablemente ese planteamiento general.

1.4.   Sin embargo, el Comité considera que algunas de las acciones propuestas por la Comisión no se expresan con la suficiente urgencia ni son lo bastante específicas. En concreto, el Comité insta a que:

| — | la estrategia europea de coordinación desempeñe un papel más importante integrando una serie de estrategias de adaptación europeas; |
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la estrategia europea de coordinación desempeñe un papel más importante integrando una serie de estrategias de adaptación europeas;

| — | se establezca un calendario más estricto para el desarrollo de una estrategia que preste especial atención a temas y ámbitos que pueden exigir las medidas de adaptación más urgentes; |
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se establezca un calendario más estricto para el desarrollo de una estrategia que preste especial atención a temas y ámbitos que pueden exigir las medidas de adaptación más urgentes;

| — | se establezca un comité o un organismo independiente de alto nivel que supervise en Europa los avances en materia de mitigación y adaptación y que llame públicamente la atención sobre los aspectos en los que no se avanza; |
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se establezca un comité o un organismo independiente de alto nivel que supervise en Europa los avances en materia de mitigación y adaptación y que llame públicamente la atención sobre los aspectos en los que no se avanza;

| — | se realice en breve plazo un esfuerzo para cuantificar el importe de los gastos de adaptación que pudieran necesitarse en Europa (comparable a los admirables esfuerzos que ha llevado a cabo la Comisión para cuantificar las necesidades de los países en desarrollo a este respecto); |
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se realice en breve plazo un esfuerzo para cuantificar el importe de los gastos de adaptación que pudieran necesitarse en Europa (comparable a los admirables esfuerzos que ha llevado a cabo la Comisión para cuantificar las necesidades de los países en desarrollo a este respecto);

| — | se intensifique la cooperación, al menos en el nivel de la OCDE, y de ser posible a escala internacional, porque la adaptación ha de tener un alcance mundial; |
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se intensifique la cooperación, al menos en el nivel de la OCDE, y de ser posible a escala internacional, porque la adaptación ha de tener un alcance mundial;

| — | se realice un mayor esfuerzo para implicar a los ciudadanos y a la sociedad civil en el diseño de planes y acciones para la adaptación. |
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se realice un mayor esfuerzo para implicar a los ciudadanos y a la sociedad civil en el diseño de planes y acciones para la adaptación.

2.   El Libro Blanco y su contexto

2.1.   El cambio climático es uno de los mayores desafíos que afronta el mundo en el siglo XXI. Las medidas para poner coto a estos cambios reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser la máxima prioridad para el mundo y para la próxima reunión de la Cmnucc en Copenhague. Sin embargo, también es importante llevar a cabo una planificación anticipada con la debida antelación para adaptarse a cambios que se han hecho ya ineludibles.

2.2.   En 2007 la Comisión publicó un Libro Verde sobre la adaptación al cambio climático. Tras amplias consultas sobre ese documento (entre ellas, un dictamen del Comité), la Comisión ha publicado ahora el Libro Blanco «Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación» acerca del cual se pide al Comité que se pronuncie. Son muchos los puntos del anterior dictamen del Comité que han quedado reflejados en gran medida en el Libro Blanco.

2.3.   El Libro Blanco parte del reconocimiento de que en nuestro planeta se está produciendo ya un cambio climático significativo y de que el fenómeno se acentuará sustancialmente, lo que dará lugar a graves repercusiones, que es preciso prever, en diversos sectores. Son muchas las incertidumbres existentes sobre la magnitud de las repercusiones y su posible distribución geográfica, lo que dependerá en parte del éxito de los esfuerzos mundiales para atenuar el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, incluso en la hipótesis más optimista de que se atenúe, se producirán grandes cambios a los que será preciso adaptarse, y que será necesario planificar desde este momento.

2.4.   Para la zona europea el Libro Blanco señala varios sectores que podrían verse especialmente afectados:

| — | agricultura y silvicultura |
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agricultura y silvicultura

| — | pesca y acuicultura; ecosistemas costeros y marinos |
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pesca y acuicultura; ecosistemas costeros y marinos

| — | infraestructuras, dada su vulnerabilidad a fenómenos extremos y a la elevación del nivel del mar |
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infraestructuras, dada su vulnerabilidad a fenómenos extremos y a la elevación del nivel del mar

| — | turismo |
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turismo

| — | salud humana y de las especies vegetales |
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salud humana y de las especies vegetales

| — | recursos hídricos |
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recursos hídricos

| — | ecosistemas y biodiversidad. |
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ecosistemas y biodiversidad.

2.5.   El Libro Blanco sugiere que es probable que las estrategias más eficaces consistan en aprovechar la capacidad de la naturaleza para absorber o controlar impactos en vez de centrarse simplemente en las infraestructuras físicas. Hace referencia al planteamiento de una «infraestructura verde» expuesto en la Evaluación de Impacto.

2.6.   El Libro Blanco sostiene que es poco probable que la adaptación autónoma por parte de las personas y empresas afectadas por estos impactos logre resultados óptimos. Se impone claramente una acción preventiva para impedir a toda costa intervenciones incorrectas («mala adaptación») y asegurar las ventajas económicas, sociales y medioambientales de intervenir cuanto antes, y no a posteriori.

2.7.   El Libro Blanco reconoce que la mayor parte de las medidas de adaptación habrán de tomarse en el nivel nacional, regional o local, pero considera que la UE deberá desempeñar un papel claro en los ámbitos en los que los problemas superan las fronteras nacionales, y en aquellos sectores en los que existen ya competencias y actividades europeas bien desarrolladas que pueden ejercer una influencia significativa en la adaptación.

2.8.   El Libro Blanco propone ahora un marco de acción en dos fases. La primera fase (2009-2012) se basa en cuatro pilares de acción y una serie de intervenciones para la UE y los Estados miembros en cada uno de los apartados siguientes:

| — | construir una base de conocimientos sólida |
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construir una base de conocimientos sólida

| — | integrar la adaptación en las políticas clave de la UE |
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integrar la adaptación en las políticas clave de la UE

| — | utilizar una combinación de instrumentos estratégicos para garantizar la eficacia de la adaptación |
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utilizar una combinación de instrumentos estratégicos para garantizar la eficacia de la adaptación

| — | incrementar la cooperación internacional en materia de adaptación |
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incrementar la cooperación internacional en materia de adaptación

2.9.   Para la segunda fase, que comenzará en 2013, se prevé una estrategia de adaptación más integral, pero en la actualidad el Libro Blanco no proporciona detalle alguno sobre su posible alcance.

3.   Observaciones generales

3.1.   En el dictamen precedente sobre el Libro Verde (NAT 368) el CESE recomendaba establecer como marco una estrategia general europea de adaptación y resumía las medidas que debían tomarse a nivel europeo, nacional y por parte de otros actores. El Libro Blanco propone ahora precisamente ese marco, el cual incluye muchos de los aspectos recomendados por el Comité en su anterior dictamen. Naturalmente el Comité acoge esto con satisfacción así como el planteamiento general descrito en el Libro Blanco.

Sin embargo, el modo de acción que se propone en muchos apartados es algo vacilante. Algunas de las acciones propuestas deben explorarse, considerarse, evaluarse o fomentarse. No existe exigencia ni obligación de llevar a cabo ninguna de ellas y no parece haber ninguna perspectiva inmediata de legislación en este ámbito. Teniendo en cuenta la creciente gravedad de las repercusiones del cambio climático y la importancia de que Europa avance en este ámbito, el Comité considera que Europa debe liderar una estrategia más normativa y con objetivos más específicos. En el presente dictamen se resumen algunos elementos clave de la estrategia, más enérgica, hacia la que -en opinión del Comité- la UE debe tender.

3.2.1.   . Aunque muchas de las medidas prácticas necesarias para adaptarse al cambio climático deberán tomarse en el nivel local, regional y nacional, el Comité coincide con la Comisión en que es necesario igualmente que la UE se implique de manera significativa. Ello se debe a las siguientes razones:

| — | el análisis de los probables cambios e impactos exigirá esfuerzos importantes en materia de investigación y supervisión que se beneficiarían de una coordinación a nivel europeo; |
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el análisis de los probables cambios e impactos exigirá esfuerzos importantes en materia de investigación y supervisión que se beneficiarían de una coordinación a nivel europeo;

| — | algunos de los problemas que se planteen superarán las fronteras nacionales y exigirán una respuesta concertada; |
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algunos de los problemas que se planteen superarán las fronteras nacionales y exigirán una respuesta concertada;

| — | las repercusiones serán notablemente distintas en las diversas regiones de Europa, y es posible que algunas de las más desfavorecidas se hallen entre las más gravemente afectadas, lo que indicaría la necesidad de repartir las cargas a través de mecanismos de cohesión o de otro tipo; |
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las repercusiones serán notablemente distintas en las diversas regiones de Europa, y es posible que algunas de las más desfavorecidas se hallen entre las más gravemente afectadas, lo que indicaría la necesidad de repartir las cargas a través de mecanismos de cohesión o de otro tipo;

| — | varias políticas y programas clave de la Comisión, incluida la PAC y los Fondos Estructurales, deberán ajustarse como consecuencia del cambio climático a fin de adecuarlos mejor a sus objetivos; |
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varias políticas y programas clave de la Comisión, incluida la PAC y los Fondos Estructurales, deberán ajustarse como consecuencia del cambio climático a fin de adecuarlos mejor a sus objetivos;

| — | más allá de las fronteras de Europa, se necesitará hacer un gran esfuerzo internacional para ayudar a los países menos desarrollados del Sur, dado que es probable que sufran con mayor dureza el cambio climático y que dispongan de menor capacidad para adaptarse adecuadamente. La UE estará en una situación óptima para coordinar los esfuerzos europeos en este campo; |
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más allá de las fronteras de Europa, se necesitará hacer un gran esfuerzo internacional para ayudar a los países menos desarrollados del Sur, dado que es probable que sufran con mayor dureza el cambio climático y que dispongan de menor capacidad para adaptarse adecuadamente. La UE estará en una situación óptima para coordinar los esfuerzos europeos en este campo;

| — | por encima de todo, el desafío de adaptarse adecuadamente y con la necesaria antelación a los cambios climáticos que se avecinan exige que los líderes políticos de Europa trabajen juntos en una empresa común que supera fronteras nacionales. |
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por encima de todo, el desafío de adaptarse adecuadamente y con la necesaria antelación a los cambios climáticos que se avecinan exige que los líderes políticos de Europa trabajen juntos en una empresa común que supera fronteras nacionales.

Por todas estas razones, el Comité apoya plenamente la necesidad de desarrollar una sólida estrategia europea de adaptación, e insta a la Comisión a que desarrolle cuanto antes la estrategia de manera más decidida y con objetivos más específicos.

Teniendo en cuenta el carácter global de los cambios climáticos, los programas de adaptación deben seguir también un enfoque global, especialmente porque los países menos avanzados -y actualmente los más vulnerables– son los que se verán más afectados por estos cambios. A este respecto, la OCDE ha puesto en marcha una iniciativa de gran envergadura y, en la medida de lo posible, convendría coordinar en este nivel los marcos y programas europeos.

Además de desarrollar acciones a nivel europeo es también vital estimular una acción más pujante a nivel nacional, regional y local. Los antecedentes del Libro Blanco demuestran que en la actualidad existe una gran variedad de planteamientos a nivel nacional, y que algunos Estados miembros han avanzado mucho más que otros en el análisis de sus propias situaciones y en el desarrollo de estrategias apropiadas de adaptación. Para dar más ímpetu al proceso de adaptación, el Comité señala la conveniencia de que una iniciativa europea fije parámetros y calendarios comunes para el establecimiento de estrategias nacionales de adaptación.

3.2.2.   . La Comisión propone un proceso de dos fases; en la primera, que abarcaría de 2009 a 2012 y durante la cual se consolidaría la base de conocimientos, la adaptación se integraría en los ámbitos políticos clave de la UE, se desarrollarían las medidas y se consolidarían esfuerzos internacionales de cooperación. Solamente en la segunda fase, que comenzaría en 2013, se desarrollaría una estrategia de adaptación plenamente integral.

3.2.3.   El Comité comprende la lógica de este planteamiento de dos fases, pero le preocupa que pueda ser demasiado lento dada la urgencia del problema. Las repercusiones del cambio climático están empezando ya a dejarse sentir tanto en Europa como, con más intensidad, en otras partes del mundo. Incluso si se adoptan con éxito en todo el mundo medidas de mitigación tras la reunión de Copenhague, las concentraciones de gases de efecto invernadero en el medio ambiente seguirán forzosamente aumentando durante las próximas décadas con repercusiones cada vez más graves para el clima. Las medidas de adaptación deben comenzar a tomarse ahora mismo, no en un impreciso futuro a medio plazo. Del mismo modo, las intervenciones destinadas a impedir evoluciones e inversiones inoportunas (que eviten una «mala adaptación») deberían acometerse lo antes posible.

3.2.4.   El Comité insta pues a la Comisión a que preste especial atención en sus estudios analíticos de los próximos tres años a mejorar los métodos de previsión de las repercusiones a corto plazo (1-5 años) que puedan exigir las medidas de adaptación y las acciones más urgentes en ese período. ¿Cuáles serán las costas más vulnerables y que exigirán medidas de protección más urgentes? ¿Dónde es probable que se produzcan las penurias de agua más graves y qué respuestas pueden darse? ¿Cuáles serán las consecuencias inminentes desde el punto de vista sanitario y cómo pueden preverse mejor?

3.2.5.   Del mismo modo, la Comisión debería tratar de determinar con urgencia cuáles serán los mayores riesgos de inversiones inadecuadas («mala adaptación») y cuál será el mejor modo de evitar tales errores. Seguir urbanizando zonas que es probable que en el futuro estén más expuestas a graves inundaciones es un ejemplo de ello.

3.2.6.   Urge desarrollar la capacidad analítica y prospectiva de las instituciones clave de tal modo que se sitúen en condiciones de proporcionar una ayuda significativa a quienes toman decisiones sobre este tipo de cuestiones de importancia vital. Asimismo, es preciso supervisar de manera continuada la concentración de CO2 en diferentes lugares representativos de la UE y de todo el mundo, así como hacer un seguimiento de los cambios climáticos y de los efectos que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera tiene para el clima.

3.2.7.   . El Libro Blanco propone establecer dos nuevos mecanismos a nivel europeo: un Grupo Director de Impacto y Adaptación que intensifique la cooperación en materia de adaptación, y un mecanismo de intercambio de información que funcione como herramienta informática y base de datos sobre el impacto climático, vulnerabilidad y buenas prácticas en materia de adaptación. En principio, ambas propuestas parecen útiles, pero en opinión del Comité no es probable que generen el tipo de visibilidad e impulso político que se necesita para poner en marcha las medidas de adaptación de la envergadura y ritmo necesarios.

3.2.8.   El Comité desea pues plantear de nuevo la recomendación que ya hizo al pronunciarse sobre el Libro Verde: la UE debería constituir un organismo independiente de supervisión que, con un presidente de prestigio e independiente, se encargaría de supervisar los avances de la estrategia de cambio climático en su conjunto (tanto de adaptación como de mitigación). Este organismo independiente informaría de manera regular y pública acerca de los avances en toda Europa, y advertiría de forma temprana cuando las acciones se retrasaran con respecto a los compromisos contraídos o, en caso de adaptación, cuando no se adoptaran las medidas adecuadas para hacer frente a las inminentes repercusiones del cambio climático.

3.2.9.   Desde que el Comité hizo esta recomendación por vez primera, el comité independiente del clima con sede en el Reino Unido ha hecho varias recomendaciones apremiantes que han generado nuevas medidas en ese país y demostrado con éxito el valor de dicho organismo. Un organismo similar a nivel europeo podría desempeñar un papel valioso a la hora de mantener la presión para tomar medidas a esa escala.

3.2.10.   . En el contexto de las negociaciones de Copenhague, urge que Europa determine de qué fondos deberá disponerse para apoyar los esfuerzos de adaptación (y de mitigación) en los países en desarrollo, y cuál ha de ser la contribución de Europa. En una Comunicación aparte (COM(2009) 475/3) la Comisión calcula que hasta 2020 los países en desarrollo tendrán unas necesidades de financiación del orden de 100 000 millones de euros anuales para gastos de mitigación y adaptación y hace propuestas acerca de los importes que tendrían que ser aportados por fuentes de financiación pública en Europa. El Comité valora positivamente la oportunidad de estas propuestas e insta a las instituciones a que las tomen en consideración con urgencia de modo que puedan contribuir efectivamente a que la reunión de Copenhague se vea coronada por el éxito.

3.2.11.   En el contexto de Copenhague resulta comprensible, aunque decepcionante, que hasta la fecha haya mucha menos claridad sobre los costes potenciales de la adaptación en la propia Europa. Resulta decepcionante que el Libro Blanco ofrezca tan escasas cifras sobre el coste probable de la adaptación en Europa y se limite a decir que calculará los costes de medidas políticas de adaptación más adelante. El Comité considera urgente hacer una evaluación inicial del importe de los recursos que es probable que se necesiten en Europa. A continuación, esta evaluación general debería dividirse en tramos: las máximas prioridades necesitarían financiación durante los primeros cinco años y se dejarían los gastos menos urgentes para períodos posteriores. En la evaluación debería considerarse qué gastos sería razonable dejar al sector privado, qué parte podría esperarse razonablemente que cubrieran los seguros, y en qué ámbitos parece probable que se necesite financiación pública. También convendría considerar cuál sería el mejor modo de repartir el gasto público entre los presupuestos nacionales y europeos.

3.2.12.   Es evidente que no es fácil hacer estos cálculos. Sin embargo, si pueden efectuarse para los países en desarrollo será posible hacerlos también para la propia Europa. En opinión del Comité, esto debe realizarse con una mayor urgencia y una mayor conciencia de las posibles dimensiones de los problemas que afrontamos de lo que el Libro Blanco implica. El mundo se está adentrando en un territorio desconocido y los planes para los gastos de prevención y adaptación no pueden basarse en la experiencia previa o en criterios de referencia obsoletos como los que nos proporcionan protección suficiente contra los desastres naturales excluyendo los que se producen una vez cada cien años. En el futuro, hechos naturales que en el pasado se producían solo una vez cada cien años sucederán mucho más a menudo. Los criterios y las directrices de planificación para situaciones de urgencia y los gastos preventivos de ellos derivados tendrán que ajustarse en consecuencia e incorporarse a los presupuestos pertinentes.

3.2.13.   Dado que las repercusiones del cambio climático se agravarán en años venideros, los gastos de adaptación forzosamente serán mayores y se convertirán en una partida más importante de los presupuestos del sector público y privado, y un factor de más peso en el cálculo de las primas e indemnizaciones de los seguros. Todos los estudios realizados hasta la fecha indican que, tanto para la adaptación como para la mitigación, es probable que sea ventajoso proceder rápidamente a tomar medidas apropiadas en vez de reaccionar demasiado tarde cuando se hayan producido daños graves.

3.2.14.   En cambio, si se adoptan medidas con la debida antelación y se integran eficazmente en otras políticas, al menos en algunos casos existiría la posibilidad de contar con medidas provechosas para todos que mejorarían la resistencia de una zona o una función con respecto a las repercusiones del cambio climático al mismo tiempo que se avanza en el logro de otros objetivos políticos. Urge comenzar cuanto antes la búsqueda de estas posibles sinergias y empezar a sacar a la luz las cifras totales de los costes de adaptación a fin de debatirlas y afinarlas.

3.2.15.   . El cambio climático afectará a una gran diversidad de sectores de la economía y de actividades empresariales y privadas. Es importante que se comprenda de manera general la magnitud de estas repercusiones y que todo el mundo se sienta implicado en la introducción de los cambios que será preciso realizar para hacer frente a estas repercusiones. Actualmente, el compromiso público con el problema de cambio climático tiende a centrarse fundamentalmente en lo que pueden hacer los particulares, los grupos y las organizaciones para contribuir al esfuerzo de mitigación mediante las decisiones que toman en sus propias vidas o en su actividad empresarial.

3.2.16.   Sin embargo, pronto será necesario que los ciudadanos en general aborden paralelamente los problemas de adaptación que puedan afectarles. Problemas tales como:

| — | dónde vivir, trabajar e ir de vacaciones habida cuenta de las pautas climáticas cambiantes; |
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dónde vivir, trabajar e ir de vacaciones habida cuenta de las pautas climáticas cambiantes;

| — | de qué modo la gestión de árboles y bosques de larga duración deberá hacer frente a unas condiciones climáticas que cambian continuamente; |
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de qué modo la gestión de árboles y bosques de larga duración deberá hacer frente a unas condiciones climáticas que cambian continuamente;

| — | qué plantas y qué árboles se darán en los jardines si cambian las circunstancias y cómo pueden conservarse los paisajes tradicionales de todas las regiones de la UE; |
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qué plantas y qué árboles se darán en los jardines si cambian las circunstancias y cómo pueden conservarse los paisajes tradicionales de todas las regiones de la UE;

| — | de qué modo puede evolucionar la distribución de los riesgos sanitarios y qué precauciones conviene tomar; |
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de qué modo puede evolucionar la distribución de los riesgos sanitarios y qué precauciones conviene tomar;

| — | de qué modo puede que se haga necesario modificar nuestras dietas y alimentos. |
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de qué modo puede que se haga necesario modificar nuestras dietas y alimentos.

Será importante tener plenamente informados a los ciudadanos en general, y a los grupos más afectados, acerca de los últimos datos analíticos de este tipo de repercusiones del cambio climático a medida que se vayan produciendo y de los cambios que puedan presentarse en el futuro. Al mismo tiempo, los ciudadanos y, especialmente los grupos más afectados, necesitarán ayuda para poder reflexionar sobre la clase de medidas de adaptación que se encuentran dentro de sus propias posibilidades. Europa podría desempeñar un papel importante a la hora de estimular esta clase de diálogo público y de que se extienda la comprensión del problema. El Comité insta a la Comisión a que preste más atención a este aspecto.

Bruselas, 5 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  DO C 120 de 16.5.2008, p. 38.

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/127 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/127

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Aumentar la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático: un plan europeo para el pacto de Copenhague»

COM(2009) 475 final

(2010/C 128/24)

Ponente General: Lavinia ANDREI

El 10 de septiembre de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Aumentar la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático: un plan europeo para el pacto de Copenhague»

COM(2009) 475 final.

El 29 de septiembre de 2009, la Mesa del Comité Económico y Social Europeo encargó a la Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente la preparación de los trabajos del Comité en este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos, en su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado ponente general a Lavinia Andrei y ha aprobado por 179 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   El Comité acoge con satisfacción estas oportunas propuestas e insta a las instituciones a que les presten atención inmediata para que realmente puedan contribuir a logar un resultado satisfactorio en Copenhague. La Comunicación constituye un buen comienzo, dado que hasta ahora los países industrializados no querían poner sobre la mesa ninguna cifra concreta de financiación.

1.2.   La financiación de la lucha contra el cambio climático no debe considerarse como una ayuda voluntaria, sino como una obligación, consagrada en los artículos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para proporcionar nuevos, adicionales, suficientes y predecibles recursos financieros a los países en vías de desarrollo. Los países industrializados tienen la obligación imperiosa de respetar el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas» que recoge la Convención.

1.3.   Los países en vías de desarrollo necesitan una ayuda considerable para luchar contra el cambio climático, tal como ha reconocido la UE en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En las próximas décadas probablemente tendrán que afrontar unos costes anuales por valor de cientos de miles de millones de euros en medidas de mitigación y adaptación.

1.4.   El CESE apoya la propuesta de la UE de proporcionar una financiación pública internacional «rápida» por parte de los países industrializados de 5 000 a 7 000 millones de euros para el periodo anterior a 2013. Esto constituye un buen comienzo, dado el clima actual y la desconfianza entre el sur y el norte.

1.5.   El Comité también aprecia el enfoque positivo de la Comisión en lo que respecta a hacer que los sectores del transporte aéreo y marítimo sean fuente de financiación.

1.6.   Por otra parte, en los países en vías de desarrollo, especialmente en África, hay fuertes indicios de que la oferta de la UE se considera excesivamente baja y, en definitiva, lo que implica es que los países en vías de desarrollo paguen por los daños causados por otros durante muchos años. Muchos economistas de organizaciones no gubernamentales y de las Naciones Unidas sostienen que, aplicando una estimación conservadora de la financiación requerida por parte de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo, la suma asciende a aproximadamente unos 150 000 millones de dólares anuales (cerca de 110 000 millones de euros) durante el período 2013-2017.

1.7.   Con respecto a los ingresos del mercado del carbono, la Comisión supone que los enormes beneficios de los que intervienen en él serán plenamente aprovechados por los países en vías de desarrollo y posteriormente se emplearán en actividades que produzcan bajas emisiones de carbono. En la práctica, es mucho más probable que estos beneficios acaben en los bolsillos de empresas privadas, muchas de ellas procedentes de países desarrollados.

1.8.   El CESE expresa también su preocupación por la posición de la UE con respecto a las inversiones nacionales privadas de los países en vías de desarrollo, ya que la Unión Europea no ha encontrado el modo de garantizar que los Estados miembros utilicen ingresos de su propio régimen de comercio de derechos de emisión para invertir en energías limpias.

1.9.   La Comisión debería presentar un plan revisado y viable para mantener su liderazgo en la política internacional de lucha contra el cambio climático. Asimismo, la UE debería continuar presionando a los Estados Unidos y otros países para que aclaren su posición sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático.

1.10.   Las promesas de aumentar los recursos financieros, internacionales o domésticos, deberían estar sujetas a procedimientos «que se puedan medir, notificar y controlar».

2.   Introducción

2.1.   El 10 de septiembre de 2009 la Comisión Europea presentó su Comunicación «Aumentar la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático: un plan europeo para el pacto de Copenhague».

2.2.   El documento pretende superar el bloqueo en que se hallan actualmente las negociaciones, dado que los países desarrollados esperan que los países en desarrollo más avanzados contribuyan al esfuerzo global y, al mismo tiempo, los países en desarrollo desean que los países desarrollados adopten una posición clara sobre la financiación de las medidas de mitigación y adaptación.

2.3.   No obstante, esta propuesta no es suficiente para asegurar que en Copenhague se alcance un acuerdo eficaz. Se necesitarán reducciones ambiciosas por parte de todos los países desarrollados, medidas adecuadas de mitigación por parte de los países en vías de desarrollo y una arquitectura global que ofrezca los incentivos oportunos para estimular las inversiones en una economía baja en carbono.

2.4.   De aquí a 2020 es muy probable que los países en vías de desarrollo tengan que hacer frente a unos costes anuales por valor de unos 100 000 millones de euros para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al impacto del cambio climático. La mayoría de la financiación necesaria debería proceder de fuentes nacionales y de un mercado del carbono internacional ampliado, pero será necesaria una financiación pública de entre 22 000 y 50 000 millones de euros al año.

2.5.   La Comisión Europea propone que los países industrializados y los países en desarrollo económicamente más avanzados proporcionen esta financiación pública en función de su responsabilidad por las emisiones y de su capacidad para proporcionar financiación. Esto representaría una contribución de la UE de entre 2 000 y 15 000 millones al año antes de 2020.

3.   Documento de la Comisión

3.1.   La Comisión estima que las necesidades financieras para las medidas de adaptación y mitigación en los países en vías de desarrollo podrían alcanzar aproximadamente los 100 000 millones de euros al año para 2020. Para poder satisfacer estas necesidades, debería recurrirse a la financiación nacional (pública y privada) de los países en vías de desarrollo, al mercado mundial del carbono y a los flujos financieros públicos internacionales complementarios. La financiación nacional, pública y privada, podría aportar el 20-40 % y el mercado del carbono, hasta el 40 % aproximadamente; los flujos financieros públicos internacionales podrían contribuir a sufragar el resto.

3.2.   La contribución del mercado internacional del carbono podría llegar a representar hasta 38 000 millones de euros al año en 2020. El acuerdo de Copenhague debe establecer un nuevo mecanismo sectorial de concesión de créditos de emisión de carbono, centrando a la vez el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en los países menos avanzados (PMA).

3.3.   La financiación pública internacional, en torno a los 22 000-50 000 millones de euros anuales, debería estar disponible para 2020. A partir de 2013, las contribuciones públicas deberían repartirse en función de la capacidad de pago y de la responsabilidad por las emisiones e incluir a los países en desarrollo económicamente más avanzados. Basándose en estas hipótesis, la parte correspondiente a la UE oscilaría entre el 10 % y el 30 % aproximadamente, en función de la importancia otorgada a cada uno de estos dos criterios. En caso de que se obtenga en Copenhague un acuerdo ambicioso, una contribución equitativa de la UE podría situarse, por tanto, entre 2 000 y 15 000 millones de euros anuales en 2020, en función del volumen total de la financiación mundial acordada y de la importancia otorgada a cada uno de los criterios de distribución.

3.4.   El apoyo a las medidas de adaptación debería concederse prioritariamente a los países en vías de desarrollo más pobres y vulnerables.

3.5.   El transporte marítimo y aéreo internacional puede representar una importante fuente de financiación innovadora.

3.6.   La gobernanza de la futura arquitectura financiera internacional debería adoptar un enfoque descentralizado y ascendente. Un nuevo foro de alto nivel centrado en la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático debería encargarse de supervisar y revisar periódicamente las lagunas y desequilibrios en la financiación de las medidas de mitigación y adaptación.

3.7.   Todos los países, excepto los PMA, deberían elaborar para 2011 planes de crecimiento con bajas emisiones de carbono que incluyan objetivos verosímiles a medio y largo plazo y elaborar inventarios anuales de gases de efecto invernadero.

3.8.   Entre 2010 y 2012, se necesitará probablemente financiación rápida para medidas de adaptación, mitigación, investigación y creación de capacidades en los países en vías de desarrollo del orden de 5 000 a 7 000 millones de euros al año. Con este fin, la UE debería plantearse una contribución inmediata de entre 500 y 2 100 millones de euros anuales a partir de 2010. Tanto el presupuesto comunitario como los presupuestos nacionales deberían estar dispuestos a participar en esta financiación.

3.9.   Para el período posterior a 2012, y dentro del paquete de propuestas relativas al próximo marco financiero, la Comisión presentará una propuesta de oferta única y global de la UE; también propondrá posibles métodos de financiación: con cargo al presupuesto de la UE o creando un Fondo del Clima independiente, en el marco del paquete de propuestas para el marco financiero posterior a 2013, o bien una combinación de ambas opciones. Las contribuciones directas de los Estados miembros podrían representar también una fuente importante de financiación comunitaria en el marco del esfuerzo global de la UE.

3.10.   Si no se utiliza el presupuesto de la UE, la distribución de las contribuciones dentro de la UE debería seguir los mismos principios que a nivel internacional, teniendo en cuenta las circunstancias especiales de los Estados miembros.

4.   Observaciones generales

4.1.   El CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión, que pretende superar el actual bloqueo de las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo sobre el cambio climático en Copenhague presentando un plan de financiación de la lucha contra el cambio climático y subrayando la necesidad creciente de fijar unos objetivos ambiciosos de reducción de las emisiones.

4.2.   El G-77 (el grupo de los países en vías desarrollo) ha dejado claro que, en el contexto de un pacto de lucha contra el cambio climático de las Naciones Unidas, para sus miembros el tema central es la fijación de unos niveles suficientes de financiación de la lucha contra el cambio climático. Hay un reconocimiento generalizado de que los países en vías desarrollo (y los miembros más pobres de estas sociedades) serán los primeros y los más afectados por los efectos del cambio climático.

4.3.   Asimismo, los países en vías de desarrollo necesitan nuestra ayuda para luchar contra el cambio climático, tal como ha reconocido la UE en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En las próximas décadas probablemente tendrán que hacer frente a unos costes anuales por valor de cientos de miles de millones de euros.

4.4.   El CESE valora positivamente que la Comisión haya dado el primer paso con el análisis de las diferentes fuentes de financiación posibles y con el deseo de impulsar el examen de cada fuente, tanto en cuanto a la identificación de recursos como a su asignación y canalización. No obstante, muchos economistas de organizaciones no gubernamentales y de las Naciones Unidas sostienen coherentemente que, aplicando una estimación conservadora de la financiación requerida por parte de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo, la suma asciende a unos 150 000 millones de dólares anuales (alrededor de 110 000 millones de euros).

4.5.   Debe prestarse más atención a examinar el nuevo mecanismo sectorial de concesión de créditos de emisión de carbono (MDL) para garantizar que se adoptan medidas prácticas para su aplicación y minimizar los riesgos de fracaso. Hay que prestar atención a los criterios de adicionalidad en el MDL y en el mecanismo sectorial, a fin de no crear confusión.

4.6.   Toda la financiación de la lucha contra el cambio climático debe ser nueva y añadida a los compromisos de ayuda oficial al desarrollo (AOD) de los países desarrollados, es decir, el 0,7 % del PNB, ya que el cambio climático impondrá unos sustanciales costes adicionales que se sumarán a lo que esos compromisos suponían ya cuando se fijaron los objetivos. Hay que tener en cuenta que sólo unos pocos países han cumplido su promesa de aumentar la AOD al 0,7 % del PIB, y la tendencia en la pasada década hace suponer que las perspectivas de cumplirla son escasas.

4.7.   Más que nunca, la UE debería mantener sus iniciativas y su liderazgo en la política internacional en materia de cambio climático durante las negociaciones para alcanzar en Copenhague un acuerdo mundial de lucha contra el cambio climático. Esta crisis financiera sin precedentes tendrá una duración limitada y al final pasará, pero el cambio climático perdurará.

4.8.   La recuperación económica pasa por afrontar el cambio climático. Si los líderes no toman las medidas que urge adoptar este año, el impacto del cambio climático probablemente supondrá un coste equivalente al 20 % del PIB mundial. Esto, en opinión de Lord Stern, antiguo economista de alto rango del Banco Mundial, supone mucho más que la gran depresión y las dos guerras mundiales juntas, y a todo ello se añade la pérdida de vidas humanas y la extinción de especies.

4.9.   La UE debería continuar presionando a los Estados Unidos y otros países para que aclaren su posición sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático. Las promesas de aumentar los recursos financieros, internacionales o nacionales, deberían estar sujetas a normas «que se puedan medir, notificar y controlar».

5.   Observaciones específicas

5.1.   Generar flujos financieros adecuados

5.1.1.   Movilizar recursos nacionales

5.1.1.1.   Los fondos nacionales privados constituirán una parte considerable de las inversiones necesarias, no sólo en los países desarrollados, sino también en los países en vías de desarrollo. Gran parte de estas inversiones ya es viable desde el punto de vista comercial, ya que la inversión adicional se recupera a través de recortes de la factura energética.

5.1.1.2.   Los países más pobres, en especial los países menos avanzados (PMA), así como los segmentos más pobres de la población de los países en vías de desarrollo, no dispondrán de medios suficientes para invertir en medidas de adaptación para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático. Dependerán en gran medida de la ayuda pública, tanto nacional como internacional.

5.1.2.   Aprovechar al máximo el mercado del carbono

5.1.2.1.   El CESE reconoce que el mercado internacional del carbono ha resultado ser una herramienta eficaz para impulsar la inversión del sector privado en los países en vías de desarrollo. Aunque el mercado aún no está maduro y se plantean múltiples interrogantes sobre la calidad de los resultados, la eficacia del mercado del carbono se incrementará con el recorte de los derechos de emisión si se alcanza un ambicioso acuerdo en Copenhague.

5.1.2.2.   El vehículo principal para obtener nueva financiación en el marco de la CMNUCC debería ser una financiación dependiente del mercado en forma de subasta de un porcentaje de los derechos de emisión nacionales (unidades de cantidad atribuida (UCA)) en el régimen internacional (en este caso no se trata del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión) o mediante su adquisición a un precio fijo. Esto podría complementarse, por ejemplo, aplicando un gravamen a los viajes aéreos y marítimos, o subastando derechos de emisión a estos sectores en los regímenes regionales y nacionales (por ejemplo, en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión), así como aplicando un gravamen a las transacciones en el mercado del carbono.

5.1.2.3.   Hay que tener en cuenta que el mercado del carbono es un mercado de derivados que permite que los grandes inversores especulen sobre el precio (futuro) que se espera de la reducción de las emisiones. Este mercado ya está mostrando sus debilidades y podría desestabilizar el mercado financiero internacional. En Bangkok, los países en vías de desarrollo argüían que apoyarse en los mecanismos del mercado incrementaría la vulnerabilidad de los países del sur, que ya son víctimas de la crisis alimentaria, financiera y climática.

5.1.2.4.   Es necesario establecer procedimientos de validación y verificación para hacer más rápidos los procesos tanto en el MDL como en el nuevo mecanismo sectorial del mercado del carbono.

5.1.2.5.   Es necesario invertir más dinero en la creación de capacidades y en la formación de expertos en todos los sectores del mercado del carbono, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo.

5.1.2.6.   Con el fin de poder aplicar el nuevo mecanismo sectorial debe darse una definición transparente de «países en desarrollo económicamente más avanzados»; el CESE apoya la idea del mecanismo sectorial para sectores económicos altamente competitivos, pero también advierte que el riesgo de fracaso es muy elevado si el diseño del mecanismo no garantiza la mayor solidez posible.

5.1.3.   Determinar el volumen de la financiación pública internacional

5.1.3.1.   El CESE suscribe la afirmación de que «cuantos menos fondos ofrezca el mercado del carbono, mayor será la demanda de financiación pública para medidas de mitigación».

5.1.3.2.   Es preciso establecer mecanismos para revisar periódicamente las necesidades de financiación pública, pero la Comisión debe ser consciente del riesgo de que proporcionar financiación pública introduzca distorsiones en el mercado del carbono si la financiación no se dirige hacia sectores en los que el mercado del carbono no tiene acceso, interés o iniciativa (por ejemplo, creación de capacidades, formación).

5.1.4.   Financiación pública internacional rápidamente disponible para 2010-2012

5.1.4.1.   El CESE está de acuerdo con la importancia de una financiación pública internacional rápidamente disponible en el contexto de un acuerdo internacional equitativo y ambicioso en Copenhague. Su objetivo debería ser reforzar capacidades, para, por ejemplo, desarrollar planes de crecimiento con bajas emisiones de carbono, medidas de mitigación, proyectos piloto y medidas inmediatas de adaptación. El propósito de esta financiación rápida debería ser preparar acciones eficaces y eficientes a medio y largo plazo y evitar los retrasos en estos ambiciosos planes.

5.1.5.   Financiación innovadora procedente del transporte aéreo y marítimo internacional

5.1.5.1.   Las emisiones del sector aéreo y marítimo internacional son considerables y están creciendo con gran rapidez. Será necesario regularlas si se quiere estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero. Regular este sector podría generar sustanciales recursos financieros para el acuerdo de lucha contra el cambio climático. Estos costes los sufragarán principalmente los usuarios del transporte aéreo y los consumidores de los países desarrollados. No obstante, esto requerirá la cooperación entre la Organización de la Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima Internacional, que han bloqueado los esfuerzos por hacer frente a las emisiones en la última década.

5.1.6.   Determinar las contribuciones a la financiación pública internacional

5.1.6.1.   El CESE está de acuerdo en que «otorgar más peso a las emisiones que al PIB ofrecería un incentivo adicional para reducir las emisiones y supondría un reconocimiento de la adopción de medidas rápidas para reducir sus emisiones». No obstante, para poder alcanzar un acuerdo en Copenhague debe fomentarse la adopción de un mecanismo de evaluación adecuado.

5.2.   Contribución de la UE a la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático

5.2.1.   El CESE apoya la decisión de la Comisión de actuar en la negociación como una sola parte, con una oferta única y global.

5.2.2.   Con respecto a la canalización de la financiación, el CESE recomienda utilizar las estructuras existentes, pero estableciendo un control claro y unos procedimientos de notificación para minimizar los costes y garantizar que los fondos se emplean correctamente.

5.3.   Un plan europeo para una gobernanza de la financiación de la lucha contra el cambio climático con un enfoque descentralizado y ascendente

5.3.1.   La estructura de gobernanza de la UE puede emplearse como modelo y esto puede aportar una ventaja significativa para la UE en las futuras medidas que se adopten.

5.3.2.   Con respecto al plazo para los planes de crecimiento con bajas emisiones de carbono para todos los países (2011), el CESE considera que no es realista que la UE quiera implantar planes sólidos y aplicables, teniendo en cuenta la falta de conocimientos especializados en algunos Estados miembros.

Bruselas, 5 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/131 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/131

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros de la Comunidad y por la que se deroga la Directiva 2002/6/CE»

COM(2009) 11 final — 2009/0005 (COD)

y la

«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Comunicación y plan de acción para la creación de un espacio europeo de transporte marítimo sin barreras»

COM(2009) 10 final

(2010/C 128/25)

Ponente: Edgardo Maria IOZIA

El 27 de febrero de 2009, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 80 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros de la Comunidad y por la que se deroga la Directiva 2002/6/CE»

COM(2009) 11 final – 2009/0005 (COD).

El 21 de enero de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - Comunicación y plan de acción para la creación de un espacio europeo de transporte marítimo sin barreras»

COM(2009) 10 final.

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de septiembre de 2009 (ponente: Edgardo Maria IOZIA).

En su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 4 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 159 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   En su conjunto, el CESE valora positivamente la Comunicación de la Comisión sobre la creación de un espacio europeo de transporte marítimo y la propuesta de Directiva sobre las formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros de la Comunidad, y por la que se deroga la Directiva 2002/6/CE.

1.2.   El programa de trabajo que se propone es ambicioso y bien articulado, con un plan de acción coherente y orientado hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos. La reducción y racionalización de las formalidades administrativas –que son medidas que se establecerán de manera que no influyan en los actuales niveles de seguridad ni en la calidad de los controles necesarios– son indispensables para mejorar el tráfico a la llegada y salida de los puertos.

1.3.   La mejora de las actividades portuarias podría conducir a una racionalización del transporte de aquellas mercancías que deberían confluir del ámbito terrestre al marítimo, reforzando la intermodalidad del transporte por mar, ferrocarril, vías navegables y carretera, a tenor de las directrices del Libro Blanco del Transporte ya corroboradas en su revisión intermedia.

1.4.   Algunas de las propuestas específicas incluidas en la Comunicación se detallan ahora en mayor profundidad, por lo que el CESE invita a la Comisión a entablar una ronda de debates con todas las partes interesadas para abordar estas cuestiones: los certificados de exención de practicaje, las formalidades relacionadas con la simplificación del transporte de mercancías peligrosas, el transporte de productos animales y vegetales y la coordinación de las inspecciones en los puertos (ventanilla única).

1.5.   El CESE ya se ha manifestado claramente en el pasado acerca de la particularidad del servicio de practicaje en los puertos (1), manteniendo una posición que sigue siendo de actualidad.

1.6.   En su Comunicación «Objetivos estratégicos y recomendaciones para la política de transporte marítimo de la UE hasta 2018», la propia Comisión afirma que «la creciente escasez de profesionales del sector marítimo, oficiales y marineros, conlleva el riesgo de perder la masa crítica de recursos humanos que mantiene la competitividad de los sectores marítimos europeos en general».

1.7.   La propuesta relativa a los certificados de exención de practicaje podría reducir aún más la actividad y haría esta profesión menos atractiva para muchos jóvenes. Se deben llevar a cabo estudios y análisis serios sobre los posibles efectos positivos, mientras que parecen seguras las repercusiones negativas que esta medida tendrá en el empleo y la seguridad. Como alternativa, se podría estudiar la posibilidad de ampliar el practicaje a distancia, recurriendo a las innovaciones tecnológicas, para ahorrar en plazos y costes sin, por ello, dejar de garantizar unas normas elevadas de seguridad. En caso de colisión o cualquier otro siniestro marítimo que pudiera causar daños materiales o la pérdida de vidas humanas, se autoriza a las compañías aseguradoras a denegar el reembolso contractual de los daños cuando las licencias marítimas de los responsables de la nave -el capitán y el jefe de máquinas- no sean válidas. El CESE recomienda a la Comisión que entable una ronda de debates con todas las partes interesadas –armadores, pilotos, sindicatos del sector y autoridades portuarias– para comprobar la verdadera repercusión de esta propuesta en la seguridad y el empleo.

1.8.   El CESE apoya el proyecto de espacio marítimo europeo sin barreras (2), parte integrante del programa de navegación de corta distancia. Es indispensable definir una base jurídica comunitaria para que los buques que transporten mercancías «comunitarias» entre dos puertos de la Unión (por ejemplo, Lisboa y Nápoles) puedan ser objeto del mismo trato que las demás modalidades de transporte.

1.9.   El CESE habría preferido la inclusión de esta posibilidad en el nuevo Código Aduanero Comunitario. Habida cuenta de que la Comisión no tiene previsto proseguir con esta propuesta, se debe seguir exigiendo cuando menos su inclusión en las normas de aplicación que emanen de dicho Código, antes de que finalice 2009, con vistas a adoptarlo lo antes posible.

1.10.   El CESE se muestra muy favorable a la iniciativa de crear una «ventanilla única» a la que dirigirse para cualquier tipo de gestión, así como a cualquier otra medida de racionalización, como la programación de las visitas de inspección por parte de las distintas autoridades portuarias y aduaneras, o la posibilidad de transmitir los documentos administrativos por vía electrónica, sin perjuicio de las actividades de las autoridades aduaneras para combatir la criminalidad.

1.11.   El CESE invita a la Comisión a examinar en mayor detalle los problemas que plantea el reconocimiento de las mismas prerrogativas para los buques que desempeñan actividades de cabotaje entre dos puertos de la UE con escala intermedia en un tercer país. Según las organizaciones de armadores, sería considerable el número de buques que podría beneficiarse de las ventajas que ofrece el espacio marítimo interior sin barreras.

1.12.   La adopción del inglés como lengua común del transporte marítimo, al igual que ocurre en el transporte aéreo, facilitaría mucho las prácticas y formalidades administrativas.

2.   La Comunicación y el plan de acción de la Comisión

2.1.   La libre circulación de personas y mercancías debería garantizarse por igual para cualquier modalidad de transporte. Es necesario concretar las ventajas que ofrece el mercado único emprendiendo acciones que faciliten el cumplimiento de este objetivo. En la actualidad, el transporte marítimo no goza de los mismos privilegios que el terrestre. Las múltiples formalidades, cargas administrativas e inspecciones desalientan el uso del transporte marítimo para trasladar mercancías dentro de la Unión Europea.

2.2.   En el documento de la Comisión se aborda el problema que plantean los procedimientos del transporte marítimo: incluso cuando se trata del transporte de mercancías «comunitarias» de libre circulación entre dos puertos de la UE, este sector se ve sometido a normas aduaneras y de transporte específicas, a regulaciones fitoveterinarias y a formalidades de distinta índole.

2.3.   Cabe recordar que el Consejo ya alentó en 2006, y posteriormente en 2007, el uso del transporte marítimo de corta distancia. Asimismo, la Comunicación hace una alusión al dictamen del Comité Económico y Social Europeo de finales de 2006, en el que se pedía que cesaran los controles al transporte marítimo en las fronteras internas.

2.4.   En la revisión intermedia del Libro Blanco sobre la política de transportes, la Comisión anunció la creación del espacio europeo de transporte marítimo sin barreras, iniciativa que se confirmó posteriormente en el Libro Azul sobre una política integrada del transporte marítimo. Todo ello se inscribe en la estrategia de simplificación legislativa y en la política encaminada a «legislar mejor».

2.5.   El transporte marítimo de corta distancia (Short Sea Shipping o SSS en sus siglas inglesas) puede contribuir a mejorar la calidad de la oferta: las naves que menos contaminan por tonelada transportada generan menos costes externos y reducen la congestión del tráfico viario.

2.6.   Recurrir con mayor frecuencia al transporte marítimo de corta distancia podría ayudar a la Unión a cumplir los objetivos post-Kioto para la reducción de emisiones de CO2.

2.7.   Los sistemas STM y SSITM (Servicio de Tráfico Marítimo/Sistema de Seguimiento y de Información sobre el Tráfico Marítimo) que utiliza el sistema de identificación automática (SIA) son parte integrante, junto con el sistema de identificación y seguimiento de largo alcance a los buques (LRIT), del futuro entorno marítimo electrónico para el transporte de mercancías y para la navegación. La utilización de la tecnología, combinada en el marco de un sistema de seguimiento y vigilancia integrada, mejorará en el futuro la capacidad de controlar el tráfico marítimo.

2.8.   El plan de acción de la Comisión incluye once medidas: tres a corto plazo, cuatro a medio plazo y cuatro recomendaciones a los Estados miembros.

2.9.   Las acciones que deberían llevarse a cabo durante 2009, todas ellas a corto plazo, son las siguientes:

| — | simplificación de los trámites aduaneros para los buques que naveguen exclusivamente entre puertos de la Unión Europea; |
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simplificación de los trámites aduaneros para los buques que naveguen exclusivamente entre puertos de la Unión Europea;

| — | directrices para la agilización de los controles documentales de los productos de origen animal y vegetal transportados entre puertos de la UE, y |
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directrices para la agilización de los controles documentales de los productos de origen animal y vegetal transportados entre puertos de la UE, y

| — | directivas para racionalizar los documentos requeridos por distintos corpus legislativos. |
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—

directivas para racionalizar los documentos requeridos por distintos corpus legislativos.

2.10.   El plan prevé, asimismo, actuaciones a medio plazo que deberían presentarse en el transcurso de 2010:

| — | simplificación de los trámites administrativos para los buques que naveguen entre puertos de la UE pero que hagan una escala en un tercer país o una zona franca, |
| --- | --- |

—

simplificación de los trámites administrativos para los buques que naveguen entre puertos de la UE pero que hagan una escala en un tercer país o una zona franca,

| — | reforzamiento de las posibilidades de transmisión electrónica de datos, |
| --- | --- |

—

reforzamiento de las posibilidades de transmisión electrónica de datos,

| — | ventanilla administrativa única, y |
| --- | --- |

—

ventanilla administrativa única, y

| — | simplificación de las normas sobre transporte marítimo de mercancías peligrosas. |
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—

simplificación de las normas sobre transporte marítimo de mercancías peligrosas.

2.11.   Las cuatro medidas a largo plazo, en forma de recomendaciones, son las siguientes:

| — | coordinación de las inspecciones administrativas para reducir los tiempos de servicio en escala de los buques, |
| --- | --- |

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coordinación de las inspecciones administrativas para reducir los tiempos de servicio en escala de los buques,

| — | facilitación de la comunicación administrativa, |
| --- | --- |

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facilitación de la comunicación administrativa,

| — | expedición de certificados de exención de practicaje, |
| --- | --- |

—

expedición de certificados de exención de practicaje,

| — | racionalización de los flujos y el espacio en los puertos. |
| --- | --- |

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racionalización de los flujos y el espacio en los puertos.

3.   Observaciones del CESE

3.1.   En términos generales, el CESE expresa su clara satisfacción por el proyecto de plan de acción que propone la Comisión, aunque éste suscita también algunas críticas de carácter específico que se formularán en el presente dictamen. El proyecto de creación de un espacio de transporte marítimo sin fronteras ya ha contado anteriormente con el respaldo del CESE, que reitera su apoyo a esta iniciativa.

3.2.   No obstante, el plan de acción se resiente de las dificultades que plantean los Estados miembros a la hora de aplicar una disciplina clara y articulada para lograr la culminación del mercado interior. Los mayores obstáculos residen en los innecesarios procedimientos administrativos, la falta de coordinación en las inspecciones y los controles a cargo de las autoridades responsables de los Estados miembros y la inexistencia de comunicación electrónica y de sistemas interoperables. El CESE solicita a la Comisión que simplifique cuanto antes las formalidades aduaneras y los procedimientos para aquellos buques que naveguen exclusivamente entre puertos de la UE como un elemento determinante para la creación de un espacio marítimo sin barreras.

3.3.   La simplificación de los trámites aduaneros para los buques que naveguen exclusivamente entre puertos de la UE es fundamental para lograr un espacio marítimo europeo sin barreras. La propuesta de modificar el Código Aduanero Comunitario habría podido resolver los problemas pero, habida cuenta de su recentísima modificación, se propone incorporar la base jurídica del espacio marítimo interior al documento técnico de aplicación del nuevo Código. En este documento se deberá especificar que, a efectos exclusivos de la libre circulación de las mercancías comunitarias, el espacio marítimo interior incluirá aquellos bienes comunitarios a bordo de naves que viajen entre dos puertos de la UE.

3.4.   De hecho, la mayor parte de las acciones propuestas se limita a solicitar a los Estados miembros que adopten medidas positivas para mejorar y agilizar el marco administrativo, cuando serían necesarias iniciativas mucho más exigentes y obligatorias.

3.5.   En cambio, el documento que propone la Comisión parece concentrarse excesivamente en uno de los tres pilares de la Estrategia de Lisboa, como el económico: en opinión del Comité, convendría encontrar un mejor equilibrio con los otros dos aspectos primordiales, es decir, el social y el medioambiental.

3.6.   El CESE apoya las iniciativas encaminadas a mejorar el marco normativo y regulador del mercado único siempre y cuando estas medidas no afecten en ningún momento a la seguridad de los ciudadanos, de los trabajadores o del medio ambiente, ni pongan en peligro el empleo. Este peligro parece materializarse con algunas de las medidas propuestas, como la relativa a los certificados de exención de practicaje.

3.7.   El transporte marítimo permite transportar enormes volúmenes de mercancía con una relación favorable de emisiones de CO2 por tonelada/kilómetro transportada. Además, este sector presenta un gran margen de mejora, con el desarrollo de nuevas tecnologías para los motores, la utilización de carburantes más limpios y la reducción de la velocidad de navegación. Al reducir los tiempos de espera en los puertos a que obligan algunas prácticas administrativas innecesarias, se pueden multiplicar los movimientos de los buques en los puertos, con lo que se gana en eficiencia y costes, y se contribuye al cumplimiento de los objetivos para reducir los gases de efecto invernadero y a una movilidad segura y sostenible (3). De este modo se hará más interesante el transporte en un espacio sin barreras apoyando una modalidad de transporte favorable al medio ambiente.

3.8.   El CESE ya ha manifestado su apoyo al programa Marco Polo II, encaminado a reducir la congestión viaria, a mejorar las prestaciones medioambientales del sistema de transporte y a potenciar el transporte intermodal trasladando el aumento anual agregado que se prevé para el tráfico internacional de mercancías por carretera al transporte marítimo de corta distancia, el transporte ferroviario y el transporte fluvial. El plan de acción complementa una estrategia más amplia, que incluye la realización del proyecto de las «Autopistas del Mar». La entrada en funcionamiento del sistema europeo de posicionamiento por satélite, Galileo, simplificará aún más esta estrategia.

3.9.   Las medidas de simplificación administrativa propuestas se ajustan a una praxis positiva ya consolidada en la Unión Europea, consistente en comprobar la necesidad y efectividad de las normas comunitarias obsoletas, o en analizar prácticas y normativas nacionales que entran en conflicto con los principios del Tratado.

4.   Observaciones específicas Las medidas a corto plazo

4.1.   La Directiva

4.1.1.   Es indudable que la directiva propuesta no es la más importante de todas las medidas recogidas en el plan de acción. Ésta sirve para derogar la Directiva vigente 2002/6/CE y permite simplificar los procedimientos recurriendo a tres innovaciones principales: el uso del modelo europeo existente como alternativa al modelo previsto en el Convenio FAL de 9 de abril de 1965 de la Organización Marítima Internacional (OMI), revisado en julio de 2005, a fin de evitar una documentación excesiva, el uso de la transmisión por vía electrónica y el establecimiento de una autoridad única a la que dirigir todas las declaraciones y documentos exigidos.

4.1.2.   El CESE se muestra favorable a la propuesta de directiva, que permite agilizar con medidas sencillas los cometidos de capitanes y armadores. Recomienda que la simplificación no menoscabe en ningún modo los niveles actuales de control higiénico y medioambiental, especialmente por lo que respecta a las normativas relacionadas, por ejemplo, con los desechos generados por los buques y con los residuos de carga.

4.2.   El CESE cree que se deben establecer con mayor claridad las directrices para agilizar los controles documentales de los productos de origen animal y vegetal transportados entre puertos europeos. La propagación de pandemias, como las gripes aviar y porcina, está alarmando a la opinión pública de todo el mundo y, por lo tanto, exige mayores medidas de seguridad. La rastreabilidad del origen de los productos es esencial para limitar los posibles focos y, por consiguiente, se debe dejar claro que las medidas propuestas no menoscabarán en modo alguno las normativas actuales.

5.   Observaciones específicas Las medidas a medio plazo

5.1.   Una parte del tráfico marítimo la constituyen aquellas naves que navegan entre dos o más puertos de la UE y hacen una o varias escalas en un tercer país o en una zona franca. En opinión del CESE, se debe exigir la simplificación de las obligaciones administrativas a estos buques. Al mismo tiempo, el desarrollo de las tecnologías aeroespaciales de localización y rastreo y las constantes mejoras en los sistemas de identificación electrónica de las mercancías comunitarias pueden garantizar la seguridad sobre su origen y reducir significativamente los plazos y los costes a los armadores.

5.2.   El refuerzo de los sistemas de transmisión electrónica de datos –el entorno marítimo electrónico, perfectamente integrado en el sistema previsto por el nuevo código aduanero comunitario, que utilizará a su vez el sistema de aduana electrónica previsto en la Decisión 70/2008/CE– es una de las soluciones auspiciadas por el CESE para mejorar la vida de los ciudadanos y reducir la burocracia inútil y perjudicial.

5.3.   Mientras tanto, se sigue a la espera de la ventanilla administrativa única, que, si se pide, es porque sigue sin materializarse. El CESE respalda sin reservas esta propuesta y pide a los Estados miembros que adopten en breve las medidas necesarias.

5.4.   Simplificación de las normas sobre el transporte de mercancías peligrosas. Las normas actuales plantean numerosas exigencias al transporte de mercancías peligrosas mediante modalidades diversas, respecto de las que son transportadas en un único medio. El transporte marítimo forma parte cada vez más de una cadena plurimodal y se ve penalizado frente a soluciones alternativas monomodales, como el transporte viario, lo que desalienta el uso de los buques. Respetando estrictamente los niveles de seguridad específicos que presenta el transporte marítimo, el CESE considera que se podrían adoptar algunas medidas, especialmente por lo que respecta a los transbordadores RO-RO (roll-on/roll-off), que transportan medios que ya cumplen las normas previstas en la Directiva sobre transporte de mercancías peligrosas o el Convenio ADR sobre transporte internacional de 30 de septiembre de 1957.

6.   Observaciones específicas Las medidas que se deberán adoptar en el futuro por medio de recomendaciones

6.1.   Coordinación de las inspecciones administrativas. Aplicando la misma lógica de la ventanilla única, las autoridades portuarias, aduaneras y policiales deberían, si es posible, concertar y planificar de modo simultáneo inspecciones conjuntas, o programarlas con plazos muy seguidos. Con esta medida se ganaría muchísimo tiempo en las operaciones de descarga, habida cuenta de que en algunos Estados miembros éstas se autorizan únicamente una vez realizadas todas las inspecciones. El CESE apoya decididamente esta propuesta.

6.2.   Facilitación de la comunicación administrativa. En esta propuesta se señala un problema muy espinoso: el uso de una lengua común para el transporte marítimo. La Comisión propone cortésmente el uso de un idioma compartido con los vecinos o del inglés. Superando la tradicional reserva diplomática, la Comisión subraya la importancia que esta elección tiene a efectos prácticos. Esta propuesta resulta razonable y proporcionada respecto del fin que persigue. No obstante, el CESE considera que, al igual que ocurre en el sector aéreo, el transporte marítimo ha de dotarse de una lengua común no sólo por motivos económicos, sino también por motivos de seguridad. El «mayday» es el mensaje de seguridad universal y, normalmente, en los canales radiofónicos internacionales se debería utilizar este idioma. Para facilitar la comprensión, se podrían adoptar traductores electrónicos capaces de traducir al idioma correspondiente los módulos y formularios que se deben cumplimentar en cada desembarco.

6.3.   Expedición de certificados de exención de practicaje. El CESE pide que se reflexione atentamente sobre esta propuesta, al no considerarla ni útil ni proporcionada. El oficio de práctico de puerto requiere una elevadísima profesionalidad y está estrechamente ligado a la práctica diaria en el puerto que corresponda, cuya navegabilidad, como es bien sabido, puede cambiar repentinamente a causa de las corrientes, las mareas, las condiciones meteorológicas y el tráfico. Así pues, el ahorro de tiempo no sería tan considerable y los costes se trasladarían a las necesarias medidas de seguridad. El CESE pide a la Comisión que revise esa propuesta y que estudie con las organizaciones de prácticos de puerto la mejor manera de mejorar el servicio sin mermar la seguridad.

6.4.   Racionalización de los flujos y el espacio. El CESE considera que se trata de una medida «competitiva» entre las distintas autoridades marítimas y portuarias. Las autoridades portuarias deberían prestar mucha atención para no perjudicar a las naves pequeñas y medianas. Un mejor servicio atrae más tráfico y, por consiguiente, considera obvio que cada autoridad deberá decidir la planificación de la inversión necesaria para aumentar la eficacia de su propio puerto. Con todo, se trata de un buen consejo.

6.5.   Por último, el CESE cree que la propuesta de la Comisión exige una mayor rapidez en su aplicación, por lo que solicita que se refuercen con el personal necesario los servicios que se ocupen de la puesta en práctica del programa de navegación de corta distancia, servicios que, en la actualidad, son inexplicablemente reducidos si tenemos en cuenta la importancia que reviste este asunto.

Bruselas, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  DO C 48 de 21.2.2002, p. 122. DO C 294 de 25.11.2005, p. 25. DO C 168 de 20.7.2007, p. 50.

1

(2)  DO C 27 de 3.2.2009, pp. 45-48 .

2

(3)  DO C 277 de 17.11.2009, pp. 20–24 – Ponente: Sra. BREDIMA.

3

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/136 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/136

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de avance sobre la energía procedente de fuentes renovables: Informe de la Comisión de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 2001/77/CE, el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2003/30/CE y sobre la aplicación del Plan de Acción de la UE sobre la biomasa, COM(2005) 628»

COM(2009) 192 final

(2010/C 128/26)

El 24 de abril de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el

«Informe de avance sobre la energía procedente de fuentes renovables: Informe de la Comisión de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 2001/77/CE, el artículo 4, apartado 2 de la Directiva 2003/30/CE y sobre la aplicación del Plan de acción de la UE sobre la biomasa, COM(2005)628»

COM(2009) 192 final.

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 12 de octubre de 2009.

En su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 4 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 97 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.   El CESE considera que el cambio climático es una de las amenazas ambientales, económicas y sociales más importantes que se ciernen sobre el planeta y sólo será posible paliar sus efectos si se adoptan medidas rápidas y responsables por parte de todos los países. No obstante, la UE y sus Estados miembros han de seguir siendo los impulsores de una ambiciosa política climática. El uso de recursos renovables podría ser uno de los principales instrumentos para reducir los gases de efecto invernadero y garantizar la independencia y la seguridad energéticas de Europa.

1.2.   El Comité está preocupado porque es poco probable que la UE alcance los objetivos marcados por las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE para 2010 e insta a los Estados miembros a que adopten medidas responsables y hagan todo lo posible por alcanzar en 2010 los objetivos acordados.

1.3.   El CESE pone de relieve la necesidad de contar con una única estrategia energética comunitaria a largo plazo. Además, el mercado eléctrico necesita un marco regulador a largo plazo que sea estable y predecible.

1.4.   El sector de las energías renovables ofrecerá multitud de posibilidades para la creación de empleo en Europa y para el desarrollo regional.

1.5.   Además, es necesario evaluar mejor la presión económica adicional en los presupuestos familiares.

1.6.   Los agricultores y las PYME podrían desempeñar un papel fundamental en el sector de la energía renovable.

1.7.   El Comité reitera que la eficiencia energética ha de ser la principal prioridad del sector del transporte, seguida posiblemente por el uso de biocarburantes, una vez que este método de producción sea sostenible.

1.8.   A fin de conseguir sus objetivos, los Estados miembros deberían diversificar sus tecnologías utilizando nuevos motores en el sector del transporte, invirtiendo más en biocarburantes de segunda y tercera generación, y apoyando y promoviendo nuevas actividades de I+D.

1.9.   Para llevar a cabo una evaluación integral del potencial del biocarburante y evitar al mismo tiempo el uso de valiosos terrenos agrícolas y de zonas inestimables por su biodiversidad, el CESE propone que cada Estado miembro elabore y publique un mapa de dicho país con las áreas adecuadas para el cultivo energético.

1.10.   La inquietud que suscitan las presiones que se ejercerán sobre la explotación forestal lleva al CESE a recomendar que las medidas y decisiones importantes que haya que adoptar en relación con el empleo de biomasa para la producción de energía esperen a que se ponga en marcha un sistema de supervisión adecuado.

1.11.   La Comisión debería estudiar la posibilidad de destinar fondos adecuados para sensibilizar a la opinión pública y explicar la cuestión de la energía a los ciudadanos de la UE. Se debería facilitar financiación adicional para asegurar que haya expertos disponibles en el campo de la eficiencia energética y la producción de energía renovable.

Deberían presentarse propuestas, y reiterarse la necesidad de que los presupuestos para I+D sobre energías renovables se mantengan e incrementen a pesar de la crisis financiera, tanto en los Estados miembros como en la Unión Europea, ya que se corre el riesgo de perder en poco tiempo toda autonomía respecto de otras potencias.

1.12.   Para los siguientes informes de avance, la Comisión Europea también deberá contemplar la posibilidad de realizar seguimientos e informes sobre el tratamiento y reciclaje de los equipos utilizados para la producción de energías renovables cuando lleguen al final de su vida útil.

2.   Introducción

2.1.   El 24 de abril de 2009, la Comisión adoptó su Comunicación «Informe de avance sobre la energía procedente de fuentes renovables» (COM(2009)192 final), acompañada de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión más detallado (SEC(2009) 503 final). «La Comunicación hace referencia al marco europeo de regulación de las energías renovables: la importancia de las energías renovables para cumplir nuestros objetivos en relación con el cambio climático y la sostenibilidad, aumentar la seguridad de nuestro suministro energético y desarrollar una industria europea de las energías renovables innovadora, a fin de generar empleo y riqueza para Europa».

2.2.   En las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, la Comisión marcó los objetivos de cuota de mercado que habrían de alcanzar tanto la electricidad procedente de fuentes renovables como la energía renovable utilizada en el sector del transporte en el horizonte de 2010. Estas Directivas exigen que los Estados miembros de la UE presenten informes anuales donde analicen los progresos realizados en el cumplimiento de sus objetivos indicativos nacionales y que la Comisión Europea revise dichos progresos cada dos años. Por otro lado, en 2005 se aprobó un Plan de acción sobre la biomasa (1) para centrar la atención en la necesidad específica de que los Estados miembros desarrollen los recursos de biomasa europeos.

2.3.   Los Estados miembros tenían libertad para elegir el mecanismo de apoyo que prefiriesen para alcanzar sus objetivos.

2.4.   Este último informe de avance pone de manifiesto los escasos progresos realizados en los dos últimos años y que sólo dos Estados miembros han cumplido ya sus objetivos. Se confirma el primer análisis que apuntaba a que era poco probable que la UE cumpliese sus objetivos para 2010. Por lo que respecta al consumo de electricidad procedente de energía renovable, la UE podría alcanzar una cuota del 19 % en lugar del 21 %, mientras que, en lo referente a recursos energéticos renovables en el sector del transporte, podría alcanzar un 4 % en lugar del 5,75 %.

2.5.   El informe analiza los motivos y explica que la nueva Directiva relativa a la energía de fuentes renovables (2009/28/CE) (2), que forma parte del paquete de medidas sobre energía y cambio climático, aborda todos los problemas señalados en el informe y sienta unas bases firmes para eliminar barreras y aumentar el crecimiento de la energía renovable durante los próximos diez años.

3.   Documentos de la Comisión

3.1.   Energía renovable para el sector eléctrico

3.1.1.   La Comunicación de la Comisión contiene información sobre los informes de avance, centrándose en los datos correspondientes al período comprendido entre 2004 y 2006 en el sector eléctrico y al año 2007 en el ámbito de los biocarburantes.

3.1.2.   Los datos correspondientes al consumo final de electricidad procedente de fuentes de energía renovables arrojan un porcentaje del 15,7 % en la UE en 2006, frente al 14,5 % de 2004 y, a no ser que se despliegue un gran esfuerzo adicional, el objetivo del 21 % no se alcanzará en 2010. Sólo dos países, Hungría y Alemania, han alcanzado su objetivo de 2010, mientras que otros seis Estados miembros han avanzado más que la media europea, pero siete han frenado o incluso reducido sus cuotas.

3.1.3.   La diversidad de tecnologías utilizadas ha sido limitada. El mayor crecimiento se observa en la biomasa sólida y en la energía eólica.

3.1.4.   El ritmo de progreso es diferente porque existen 27 sistemas de apoyo diferentes que constan de diversos instrumentos de política, como tarifas reguladas; sistemas de primas; certificados verdes; exenciones fiscales; obligaciones impuestas a los proveedores de combustibles; la política de compra pública; y la investigación y el desarrollo. La incoherencia y los rápidos cambios de las políticas y los presupuestos dificultan el desarrollo de los proyectos de electricidad renovable.

3.1.5.   Los principales problemas de aplicación que se encuentran en la práctica son dificultades administrativas y de acceso a la red: la insuficiente capacidad de la red, la opacidad de los procedimientos de conexión a la red, los elevados costes de conexión y el tiempo que se tarda en conseguir los permisos para conectarse a la red. Estos importantes obstáculos suelen deberse a limitaciones administrativas y de otros recursos más que a problemas tecnológicos.

3.1.6.   Además, en algunos Estados miembros los costes de conexión y expansión de la red y los regímenes de tarificación de algunos operadores de los sistemas de transmisión y distribución siguen favoreciendo a los productores tradicionales y discriminando a los productores de electricidad procedente de fuentes renovables, que son nuevos, más pequeños y, a menudo, descentralizados. Todo ello obstaculiza la creación de empleo y el crecimiento a escala local y regional.

3.1.7.   Los regímenes de garantía de origen no se aplican todavía plenamente en todos los Estados miembros por problemas de fiabilidad, doble contabilización y riesgo de difusión de la misma energía a dos grupos diferentes de consumidores. Esta circunstancia ha minado el mercado de la electricidad renovable en general.

3.2.   Energía renovable para el sector del transporte

3.2.1.   La Directiva relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte (Directiva 2003/30/CE) estipulaba que los Estados miembros fijaran objetivos respecto al porcentaje de energías renovables que, para 2005 y 2010, deberían sustituir a la gasolina y al gasóleo en el trasporte; las cifras de referencia de partida eran 2 % y 5,75 % respectivamente. El informe de avance de enero de 2007 (3) mostró que en 2005 los biocarburantes alcanzaron en la UE un 1 % de cuota; sólo Alemania y Suecia cumplieron los objetivos de referencia.

3.2.2.   De acuerdo con los informes de los Estados miembros, el 2,6 % (8,1 Mtep) del combustible total consumido por el sector del transporte de la UE en 2007 eran biocarburantes. En 2007, el biodiésel supuso un 75 % (6,1 Mtep) de los combustibles renovables utilizados en el trasporte; de esta cifra, un 26 % era importado. El bioetanol alcanzó el 15 % (1,24 Mtep) de los combustibles renovables utilizados en el transporte; de esta cifra, el 31 % era importado y el 10 % restante era aceite vegetal puro que se consumía en Alemania, Irlanda y los Países Bajos y biogás en Suecia.

3.2.3.   Alemania, Francia, Austria, Suecia y Reino Unido siguieron siendo los cinco principales consumidores de biocarburante en 2006 y 2007, con un 87 % y un 81 % del total de biocarburantes de la UE respectivamente. No se consignó el consumo de otros tipos de energía renovable en el sector del transporte. El uso de hidrógeno a partir de cualquier fuente sigue siendo muy poco significativo; a su vez, el transporte por carretera consume muy poca electricidad procedente de fuentes renovables.

3.2.4.   Las importaciones netas de bioetanol pasaron de 171 Ktep en 2005 a 397 Ktep en 2007 y el porcentaje de biodiésel de producción propia ha ido disminuyendo. La UE ha visto cómo su balanza comercial de biodiésel, positiva en 2005 (exportación de 355 Ktep), pasaba a ser negativa en 2007 (importación de 1,8 Mtep). Este cambio se explica en gran medida por el bajo precio del éster metílico de aceite de soja proveniente de Estados Unidos y del etanol de caña de azúcar producido en Argentina y Brasil.

3.2.5.   Los incentivos fiscales y las obligaciones en materia de biocarburantes han sido los instrumentos más utilizados por los Estados miembros para promover los biocarburantes. En 2005 y 2006, todos los Estados miembros, salvo Finlandia, utilizaban como principal medida de apoyo la exención fiscal de los impuestos especiales, mientras que sólo tres países imponían obligaciones en materia de biocarburantes. Desde 2007, más de la mitad de los Estados miembros han implantado la obligación de producir combustibles mezclados con un determinado biocarburante, en la mayoría de los casos combinándola con una tributación parcial, aunque creciente. Algunos países emplean un mecanismo de cuotas y concursos públicos.

3.2.6.   Además, algunos Estados miembros apoyan los biocarburantes con medidas específicas. Estos instrumentos políticos incluyen medidas relacionadas con la agricultura (como la producción de materia prima) y con la industria (donde se realizan las operaciones necesarias para obtener el producto intermedio y acabado), medidas relativas a la distribución de biocarburantes, así como la compra y mantenimiento de vehículos que consumen biocarburantes.

3.3.   Impacto económico y ambiental

3.3.1.   Desde un punto de vista económico, el incremento del consumo de biocarburantes ha contribuido a la seguridad del abastecimiento porque ha disminuido la dependencia de los combustibles fósiles en la UE y diversificado la panoplia de combustibles utilizados.

3.3.2.   Los sectores de biomasa y biocarburantes han contribuido, además, de forma positiva a la economía de la UE porque han aportado empleo suplementario. En 2005, el uso de biomasa sin conexión a la red daba empleo a 600 000 personas, la biomasa y los biocarburantes conectados a la red a otras 100 000 y el biogás a unas 50 000. Por otro lado, la agricultura y la silvicultura desempeñan un papel importante, porque suministran el combustible necesario para las tecnologías que aprovechan la biomasa.

3.3.3.   La reducción neta de emisiones de gases de efecto invernadero gracias a la comercialización y consumo de biocarburantes alcanzó en la UE 9,7 y 14 millones de toneladas equivalentes de CO2 en 2006 y 2007 respectivamente. Esto implica que el consumo de biocarburantes en la UE se ha logrado a través de la reutilización de tierras agrícolas abandonadas recientemente y de una contención del abandono de tierras.

3.3.4.   La introducción de biocarburantes sigue siendo más cara que otras tecnologías de reducción de CO2 en otros sectores, pero con las tecnologías actuales sigue siendo una de las soluciones posibles para reducir las crecientes emisiones de CO2 del sector del transporte.

3.4.   Procedimientos de infracción

3.4.1.   Desde 2004, la Comisión ha incoado 61 procedimientos de infracción contra Estados miembros por no ajustarse a lo dispuesto en la Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. De los 61 casos, 16 todavía no han sido resueltos. Desde 2005, la Comisión ha incoado 62 procedimientos de infracción contra Estados miembros por no ajustarse a lo dispuesto en la Directiva 2003/30/CE relativa a la energía renovable en el transporte. Muchos de esos casos son por incumplimiento de las obligaciones de información o por no establecer objetivos nacionales que respondan a los valores de referencia de la Directiva.

3.5.   La energía renovable en la calefacción y la refrigeración

3.5.1.   Estos sectores son responsables del 50 % del consumo final de energía y del 60 % del consumo final de energía renovable. En este caso predomina la biomasa, pero también está presente la energía solar, térmica y geotérmica.

3.5.2.   La biomasa puede utilizarse en la producción de calor y electricidad o también puede utilizarse en forma de «biocarburante» en el transporte. Esta es la razón por la que la UE elaboró en 2005 el Plan de acción sobre la biomasa –con 33 acciones– en el que se destacaba la necesidad de coordinar esta política, y es la razón del presente informe de análisis del progreso en el sector.

3.5.3.   Algunos problemas que limitan el crecimiento de la biomasa son de carácter administrativo y no comercial, como la necesidad de una definición más clara y armonizada de los términos y la existencia de estrangulamientos derivados de los procedimientos largos y complicados desde el punto de vista jurídico para tramitar los permisos.

3.5.4.   Todavía persisten varias barreras administrativas que obstaculizan la construcción de centrales bioenergéticas en los Estados miembros de la UE. La Comisión realizó un estudio comparativo en el que se analiza el tiempo necesario para obtener un permiso en la UE y los factores que determinan el éxito o fracaso de la solicitud.

4.   Observaciones generales

4.1.   El CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión, que pone de manifiesto que sigue siendo necesario establecer un marco legislativo nuevo y más sólido, que incluya una labor permanente de supervisión e información. Algunos de los obstáculos señalados ya se han tenido en cuenta en la redacción de la nueva Directiva sobre las energías renovables y las directrices para el Plan nacional de acción.

4.2.   El CESE reitera que respalda plenamente el uso de energía renovable y que es consciente de que a medio y largo plazo será necesario alcanzar una cuota de energías renovables muy superior al 20 % previsto para 2020 si se quiere cumplir el ambicioso objetivo fijado por el Consejo (una reducción del 60 % al 80 % de las emisiones de CO2 y una mayor autosuficiencia energética) (4).

4.3.   El CESE pone de relieve la necesidad de contar con una única estrategia energética comunitaria a largo plazo.

4.4.   Para cumplir los objetivos de la Comunidad en relación con la expansión de la electricidad obtenida de fuentes renovables, se requiere un mayor esfuerzo de educación y concienciación para conseguir el apoyo de la opinión pública. Por este motivo sería importante contar con programas nacionales en favor del desarrollo del sector de las energías renovables.

4.5.   El sector de las energías renovables ofrece muchas posibilidades de creación de empleo en Europa. El estudio de WWF «Low carbon jobs for Europe» (5), demuestra que al menos 3,4 millones de puestos de trabajo en Europa están directamente relacionados con las energías renovables, el transporte sostenible y los bienes y servicios energéticamente eficientes.

4.6.   La producción de energía renovable suele depender de pequeñas y medianas empresas (PYME) y agricultores locales o regionales. Las inversiones regionales y locales en energías renovables generan grandes oportunidades de crecimiento y empleo en los Estados miembros y sus regiones. El CESE recomienda adoptar medidas en favor del desarrollo regional, alienta el intercambio de las mejores prácticas de producción de energías renovables entre iniciativas de desarrollo locales y regionales y promueve la utilización de fondos de la UE en este ámbito.

4.7.   En los últimos años, la Comisión ha destinado cuantiosos recursos financieros al desarrollo de tecnologías de biocarburantes de segunda generación con cargo al 6o PM y al 7o PM (6). También se han identificado buenas prácticas para promover la bioenergía en los Estados miembros a través del programa «Energía Inteligente para Europa II». Actualmente, la UE debería pasar de los ejemplos innovadores a la multiplicación de prácticas óptimas (7) del modo más eficiente.

4.8.   Es necesario financiar la investigación de nuevos motores, biocarburantes de segunda generación y otros combustibles renovables. Además, se recomienda adoptar medidas para impulsar el acceso al mercado de carburantes alternativos (8).

4.9.   Para los próximos informes de avance, la Comisión Europea también debería aclarar las opciones de tratamiento y reciclado de los equipos de producción de energías renovables cuando lleguen al final de su vida útil. Un buen ejemplo en este sentido es la actividad de la asociación «PV Cycle», que ha establecido un programa de recogida y reciclado de módulos al final de su vida útil y de gestión de los módulos PV a lo largo de toda la cadena de valor, creando los instrumentos para realizar seguimientos, elaborar informes e impulsar las buenas prácticas en este ámbito.

5.   Observaciones específicas

5.1.   Energía renovable para el sector eléctrico

5.1.1.   El Comité muestra su preocupación por que es poco probable que la UE alcance los objetivos establecidos en las dos Directivas para 2010. Por lo tanto, insta a los Estados miembros a adoptar medidas responsables y dedicar todos los esfuerzos necesarios para cumplir los objetivos acordados, aunque no sean obligatorios. Como se pone de relieve en el informe Stern, no hacer nada saldría mucho más caro a largo plazo.

5.1.2.   Actualmente hay 27 sistemas de apoyo nacionales diferentes y existe el riesgo de que los Estados miembros compitan entre sí por alcanzar sus objetivos y el coste sea mayor de lo necesario. Para cumplir sus objetivos, los Estados miembros deberían diversificar la tecnología utilizada, fomentando y apoyando más I+D (9) y una educación y formación adecuadas (10). Un buen ejemplo del avance en I+D gracias a la ayuda financiera estatal es el centro IMEC en Bélgica (www.imec.be).

5.1.3.   El CESE vuelve a insistir en la necesidad de contar con una estrategia común de política energética por parte de los Estados miembros, basada en el análisis de la relación coste-beneficio. Muchos organismos, como el CESE, piden que la UE hable con una sola voz. Sin embargo, mientras haya algunos Estados miembros que velen principalmente por sus propios intereses, Europa seguirá siendo más débil en el terreno de la energía, más vulnerable y menos eficiente de lo que podría ser. Cuanto mayor es el Estado miembro, mayor será también su impacto (11). En este sentido, la Comisión Europea presentó a finales de junio las directrices para el Plan nacional de acción (12) en favor de las energías renovables, que facilita una interpretación común del uso de energías renovables.

5.1.4.   A fin de superar los principales obstáculos señalados en el informe en relación con el acceso a la red, hace falta un firme apoyo a la integración de las energías renovables en la red de servicio, así como utilizar sistemas de almacenamiento intermitente (como pilas y baterías) para integrar la producción de energías renovables. En lo que respecta a las barreras administrativas, los Estados miembros deberían tener muy en cuenta la recomendación de la Comisión de un organismo único responsable de todas las autorizaciones necesarias, que trabaje de modo más transparente
   (13). Además, el mercado eléctrico necesita un marco regulador estable y predecible a largo plazo, así como una mayor armonización de los programas de incentivos de los Estados miembros.

5.1.5.   La aplicación adecuada en todos los Estados miembros de los regímenes de garantía de origen podría contribuir a alcanzar el objetivo de una forma más rentable a escala europea.

5.2.   Energía renovable para el sector del transporte

5.2.1.   El CESE está de acuerdo con la afirmación de la Comisión de que «la introducción de biocarburantes sigue siendo más cara que otras tecnologías de reducción de CO2 en otros sectores», pero no puede estar de acuerdo en que «sigue siendo una de las soluciones que existen para reducir las crecientes emisiones de CO2 del sector del transporte», mientras no se pongan en marcha programas adecuados en favor del transporte sostenible en todos los Estados miembros.

5.2.2.   La eficiencia energética es una necesidad urgente en el sector del transporte: es probable que cada vez sea más difícil alcanzar un porcentaje obligatorio de energías renovables de manera sostenible si sigue aumentando la demanda total de energía para el transporte. El CESE ha señalado en varias ocasiones que hay que abordar este problema con una política de prevención del tráfico y un cambio de la distribución modal, así como incentivando el mercado, en favor de modos de transporte más respetuosos con el clima, como el transporte público local y el transporte marítimo (4).

5.2.3.   Actualmente, la producción europea de energía proveniente de fuentes renovables en el sector del transporte se limita casi exclusivamente a los biocarburantes, que satisfacen tan sólo el 2,6 % de las necesidades energéticas de Europa para 2007 en este sector. En su Dictamen (14) sobre los biocarburantes, el Comité plantea que debería reconsiderarse la política seguida hasta la fecha, haciendo hincapié en los agrocarburantes de segunda generación. Además, habría que promover y apoyar el desarrollo de tecnologías de conversión de segunda generación, que permiten utilizar materias primas obtenidas de «cultivos de rápido crecimiento», fundamentalmente cultivos herbáceos o forestales o subproductos agrícolas, evitando así utilizar las semillas agroalimentarias más valiosas (15).

5.2.4.   Para evitar al mismo tiempo el uso de valiosos terrenos agrícolas y de zonas inestimables por su biodiversidad, el CESE propone que, con vistas a la producción de biocarburantes, cada Estado miembro elabore y publique un mapa de dicho país con las áreas adecuadas para el cultivo energético. Asimismo, esta medida ayudará a calcular mejor las posibilidades que entrañan los biocarburantes a escala europea.

5.3.   Impacto económico y ambiental

5.3.1.   El documento de la Comisión sobre el impacto económico y ambiental es bastante optimista, ya que se centra en gran medida en los aspectos positivos y pasa por alto las repercusiones de los biocarburantes sobre los precios de los alimentos. Por lo tanto, el CESE cree que debe predominar la agricultura con fines de producción de alimentos de alta calidad sobre la producción energética, a fin de reaccionar al alza de los precios de los alimentos. La Unión Europea debe adoptar medidas para promover mejor los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y el desarrollo de biocarburantes de segunda y tercera generación. Con la puesta en marcha de un sistema de certificación de biocarburantes, la UE tomará la iniciativa en la promoción de prácticas agrícolas sostenibles (como los cambios en el uso del suelo y la protección de la biodiversidad) dentro y fuera de sus fronteras.

5.3.2.   El documento de la Comisión no hace ninguna valoración de la repercusión económica y social que el uso de fuentes de energía renovables tiene en los presupuestos de los consumidores finales.

5.4.   La energía renovable en la calefacción y la refrigeración

5.4.1.   Debido al empleo de biomasa en la producción de calor y electricidad, así como en la producción de «biocarburantes», el Comité cree que los bosques sufrirán fuertes presiones. Además, el hecho de que los resultados de más de 70 estudios (16) financiados por la Comisión Europea en relación con los potenciales totales estimados para la UE-27 en el horizonte de 2020 presenten considerables diferencias (de 76 Mtep a 480 Mtep) aumenta nuestra preocupación por la gestión forestal y por la presión ejercida sobre la explotación forestal. Sólo se adoptarán medidas y decisiones importantes en relación con la biomasa destinada a la producción de energía cuando se haya puesto en marcha un sistema adecuado de supervisión. Así pues, el Comité espera que la Comisión le haga llegar el informe que tiene previsto elaborar sobre la sostenibilidad de la biomasa (17).

Bruselas, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  COM(2005) 628 «Plan de acción sobre la biomasa».

1

(2)  DO L 140 de 5.6.2009, p. 16.

2

(3)  COM(2006) 845 «Informe de avance sobre los biocarburantes».

3

(4)  Dictamen del CESE sobre el uso de energía procedente de fuentes renovables, DO C 77 de 31.3.2009, pp. 43–48.

4

(5)  http://assets.panda.org/downloads/low_carbon_jobs_final.pdf.

5

(6)  Más de 109 millones de euros según el informe.

6

(7)  BAP Driver: European Best Practice Report (Informe sobre las mejores prácticas europeas), disponible en http://www.bapdriver.org/.

7

(8)  Dictamen del CESE sobre combustibles alternativos para el transporte por carretera, DO C 195 de 18.8.2006, pp. 75-79.

8

(9)  Dictamen del CESE sobre el tema «Hacer frente a los desafíos relacionados con el petróleo», CESE 46/2009 (punto 5.8).

9

(10)  DO C 277 de 17.11.2009, pp. 15-19.

10

(11)  DO C 228 de 22.9.2009, pp. 84–89.

11

(12)  Decisión de la Comisión notificada con el número C(2009) 5174, artículo 1, 30 de junio de 2009.

12

(13)  DO C 182 de 4.8.2009, pp. 60–64 (punto 4.7).

13

(14)  Dictamen del CESE «Informe sobre los biocarburantes», DO C 44 de 16.2.2008, pp. 34-43.

14

(15)  DO C 162 de 25.6.2008, pp. 52–61.

15

(16)  «Status of Biomass Resources Assessments Version 1», diciembre de 2008: http://www.eu-bee.com/.

16

(17)  Artículo 17 de la Directiva 2009/28/CE.

17

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/142 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/142

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de protección de la aviación»

COM(2009) 217 final — 2009/0063 (COD)

(2010/C 128/27)

Ponente: Marius Eugen OPRAN

El 20 de julio de 2009, de conformidad con el artículo 80.2 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de protección de la aviación»

COM(2009) 217 final – 2009/0063 (COD).

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 12 de octubre de 2009 (ponente: Marius Eugen OPRAN).

En su 457° Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 130 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Recomendaciones y propuestas

1.1.   El Comité recomienda que el Parlamento y el Consejo
  adopten la propuesta de Directiva sobre las «tasas de protección de la aviación» presentada por la Comisión, con el fin de que la metodología moderna y las soluciones propuestas se apliquen cuanto antes en todos los Estados miembros
  .

Al mismo tiempo, el Comité propone que, para hacer resaltar más claramente la metodología y las soluciones modernas propuestas por la Comisión y simplificar su aplicación, se proceda a
  las siguientes correcciones y modificaciones
  :

1.2.1.   En la exposición de motivos, en el apartado 3 titulado «Aspectos jurídicos de la propuesta», en el párrafo consagrado a la «no discriminación», el Comité propone que se tenga en cuenta la contribución aportada por los constructores aeronáuticos con vistas a mejorar el nivel de protección de los aparatos –incluidos los gastos de investigación y desarrollo tecnológico–, y sugiere que se complete del modo siguiente: «
  Los costes de tarificación para la protección de la aviación deben ser equitativos y no discriminatorios con respecto a las compañías aéreas, los pasajeros y la industria aeronáutica
  ».

1.2.2.   En lo que se refiere a la propuesta de Directiva, el Comité propone que el contenido del primer apartado del artículo 1 titulado «Objeto» se modifique como sigue: «
  La presente Directiva establece principios comunes al nivel de la UE para el cálculo y la percepción de las tasas de protección de la aviación en los aeropuertos comunitarios
  .»

1.2.3.   En el artículo 4 «Consultas», el Comité propone que el contenido del segundo apartado de este artículo se redacte del modo siguiente: «
  Los Estados miembros certificarán que en cada aeropuerto se ha establecido un comité de operadores aéreos que participará en un procedimiento de consulta obligatorio y periódico con la entidad gestora del aeropuerto en relación con el funcionamiento del sistema de tasas de protección de la aviación y el nivel de estas últimas. Estas consultas se organizaran cada vez que sea necesario, pero en cualquier caso nunca menos de una vez al año. También participarán de manera permanente en los trabajos de dicho comité los representantes de las organizaciones de la sociedad civil encargadas de apoyar los intereses de los pasajeros aéreos, con –en su caso– un estatus de miembro pleno o de observador
  .»

Teniendo en cuenta el esfuerzo financiero impuesto a los Estados miembros para apoyar el establecimiento de las nuevas autoridades, el CESE considera que
  la Comisión, el Parlamento y el Consejo deberían decantarse finalmente por alguna de estas dos posibles opciones
  :

1.2.4.1.   Aceptar las estructuras profesionales y bien formadas de secretarías de los comités nacionales de protección de la aviación (CNPA) para actuar como «unidades independientes de trabajo» a fin de evitar la ayuda financiera.

1.2.4.2.   Mantener la decisión inicial de
  constituir nuevas estructuras independientes
  .

1.2.5.   Por otra parte, el Comité, convencido de que las actividades vinculadas a la seguridad nacional, en general, y la lucha contra las amenazas terroristas, en particular, constituyen una importante responsabilidad de los Estados miembros, considera que
  procede revisar considerablemente al alza la contribución de los Gobiernos a la financiación de las medidas de protección de la aviación, para que esta contribución financiera cubra los costes sufragados actualmente por los aeropuertos, los operadores aéreos y los pasajeros
  .

2.   Conclusiones y observaciones

2.1.   El fundamento en el que se basa la nueva metodología propuesta por la Comisión para calcular los tasas específicas de las prestaciones vinculadas a los servicios de protección destinados a la aviación civil consiste en seleccionar y definir un conjunto de principios básicos al cual todos los operadores de aeropuertos de este sector deberán atenerse cuando ellos mismos fijen el nivel de las tasas propias que debe sufragar el conjunto de los beneficiarios potenciales (Estados, autoridades aeroportuarias, compañías aéreas y los ciudadanos en su calidad de pasajeros), o bien una o varias de las categorías enumeradas:

| — | Subsidiariedad |
| --- | --- |

—

Subsidiariedad

| — | Responsabilidad del Estado |
| --- | --- |

—

Responsabilidad del Estado

| — | Tarificación |
| --- | --- |

—

Tarificación

| — | Información y comunicación |
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—

Información y comunicación

| — | Armonización |
| --- | --- |

—

Armonización

| — | Transparencia |
| --- | --- |

—

Transparencia

| — | Establecimiento de una autoridad nacional independiente de supervisión (AIS) en cada Estado miembro. |
| --- | --- |

—

Establecimiento de una autoridad nacional independiente de supervisión (AIS) en cada Estado miembro.

2.2.   Tras una minuciosa evaluación de los principios básicos propuestos por la Comisión, el Comité considera que su aplicación práctica puede eliminar las actuales divergencias de procedimiento y garantizar una buena aplicación de la nueva metodología innovadora.

Por lo que respecta a la necesidad de establecer una autoridad nacional de supervisión en cada Estado miembro, el Comité subraya que:

2.3.1.   Ya se ha constituido en cada país de la UE un Comité nacional de protección de la aviación (CNPA) estructurado como un organismo interministerial.

2.3.2.   La secretaría del CNPA –aunque no puede considerarse un organismo verdaderamente independiente– puede operar como una unidad supervisora con todos los recursos profesionales, humanos y financieros necesarios a su disposición y velar por la aplicación correcta y eficaz de las disposiciones de la Directiva. El CESE estima que, desde un punto de vista general, lo que afecta a la protección de las personas en un Estado miembro no debería ser totalmente independiente, sino que en última instancia debería someterse al control democrático parlamentario.

El Comité valora muy positivamente el trabajo profesional de la Comisión, especialmente la evaluación por modelización de las
  diferentes opciones en materia de gastos que deben sufragarse para garantizar la protección de la aviación
  , basándose en los principios internacionales en vigor.

2.4.1.   
  No intervención de la UE
  y consecuencias de esta posición.

2.4.2.   
  La aplicación de políticas de autorregulación aceptadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el sector aéreo
  podría proteger, por medio de la consulta directa entre las compañías aéreas y los aeropuertos, los intereses de los pasajeros y apoyar más eficazmente los servicios de protección de la aviación.

2.4.3.   
  Similar a la opción 2.4.2, pero impuesta legislativamente por una directiva comunitaria.

2.4.4.   
  Financiación íntegra por los Estados miembros de los gastos que entraña la protección de los aeropuertos
  , lo que suprimiría todas las tasas de protección con cargo a terceros y los aspectos discriminatorios, a fin de seleccionar correctamente la mejor solución para los pasajeros, autoridades aeroportuarias, compañías aéreas y gobiernos.

2.5.   El Comité apoya la decisión de la Comisión, al coincidir en que la tercera opción es el mejor modo de apoyar los intereses de los consumidores y las acciones emprendidas para aumentar la eficacia de los servicios de protección de los aeropuertos, al tiempo que subraya que la aplicación administrativa de la solución propuesta a nivel nacional y el coste suplementario que ocasionará podría no ser de mucha importancia si la Comisión estuviera de acuerdo en utilizar como unidades de trabajo las secretarías de los CNPA ya creadas en virtud de las disposiciones de la Directiva relativa a las tasas aeroportuarias (1).

2.6.   Al mismo tiempo, el Comité considera que la opción seleccionada por la Comisión conseguirá el objetivo esperado sólo si los gobiernos acceden, a su vez, a aumentar considerablemente su contribución a los gastos correspondientes.

2.7.   En lo que se refiere a las disposiciones de la Directiva relativas a la transparencia, el CESE considera que conviene precisar con claridad que se refieren no sólo a los problemas vinculados a los costes de protección de la aviación, sino también, en la misma medida, a los mecanismos de financiación existentes. En efecto, únicamente la transparencia sobre estos mecanismos permitirá a los operadores aéreos y a los pasajeros comprender con precisión el método de cálculo de las tasas de protección aplicadas por las autoridades aeroportuarias. Es igualmente esencial que la información comunicada al público contenga también los costes vinculados al personal de protección, así como los principales indicadores de resultado inherentes a sus actividades.

En lo relativo al apartado 3) «Aspectos jurídicos de la propuesta» y, más concretamente, los párrafos «Consultas y vías de recurso» y «Transparencia» de la exposición de motivos, el Comité considera que los representantes de las asociaciones de pasajeros deberían participar, en su calidad de principales contribuyentes al presupuesto de la protección de la aviación, en el diálogo organizado entre las autoridades aeroportuarias y las compañías aéreas, aunque solamente fuese en calidad de observadores. Eso permitiría evitar la introducción o hacer cesar la aplicación injustificada de determinados procedimientos de protección, que son costosos y humillantes para los pasajeros, sin contribuir a una reducción significativa de las amenazas terroristas. En términos generales, los procedimientos de este tipo son propuestos por las autoridades estadounidenses o israelíes además de los procedimientos estandarizados. Su aplicación depende del nivel de la amenaza en una serie de situaciones. No obstante, en los Estados miembros existen autoridades responsables de la protección que, por exceso de celo, o, en el caso de algunas, por miedo a tener que asumir una estimación errónea del nivel de amenaza, tienden a aplicarlos sistemáticamente. Por ello, suelen rechazar muchas propuestas de la sociedad civil organizada para debatir conjuntamente estas cuestiones.

2.8.1.   Así, por ejemplo, en el aeropuerto de Bruselas Nacional, se pide a los pasajeros que se descalcen antes de pasar el arco detector de metales, mientras que sus zapatos se controlan separadamente por medio de un escáner. Este procedimiento presenta un riesgo de contaminación de los ciudadanos cuando se desplazan descalzos por el suelo de la zona de control, suelo en el que quizá pululen millones de virus que, por ejemplo, pueden proceder de los estornudos de otro pasajero cuya contaminación por el virus de la gripe porcina no se haya diagnosticado aún. Al mismo tiempo, la dirección del aeropuerto ha adquirido, con dinero público, una importante cantidad de equipamientos de escaneado y detección de última generación que permiten un control de los zapatos de los pasajeros sin que éstos tengan que descalzarse. Estos equipamientos están instalados en la zona de control, pero no se utilizan en los procedimientos de seguridad de control de los pasajeros.

2.8.2.   Otro ejemplo que puede ser objeto de debate se refiere a la prohibición de introducir líquidos a bordo de un aparato cuando exceden un volumen máximo autorizado ridículamente bajo; el volumen máximo establecido ha sido determinado principalmente por un celo exagerado e injustificado permitiendo tan sólo un ridículo valor de 100 ml. por pasajero.

2.9.   Pese a la incompatibilidad total entre, por una parte, la disposición de la propuesta de Directiva relativa a la prohibición de lograr un beneficio operativo de las actividades de prestación de servicios de protección de la aviación y, por otra, la filosofía orientada hacia la maximización de los beneficios en que se basa la existencia y la actividad misma de las empresas privadas, y con el fin de evitar cualquier posible mala interpretación del artículo 7 de la propuesta de Directiva, el Comité se declara resueltamente a favor de que la Comisión acepte que las empresas privadas presten servicios de protección de la aviación en los aeropuertos, con excepción de las operaciones de control y detección.

2.10.   El CESE opina que la aplicación adecuada de la propuesta de la Comisión, acompañada de una mayor participación de los representantes de la sociedad civil, podría beneficiar considerablemente a los ciudadanos europeos y a los del resto del mundo, así como a la industria aeronáutica y al conjunto de los operadores aeroportuarios del espacio comunitario.

3.   Observaciones Generales

3.1.   La propuesta de Directiva de la Comisión es el resultado de una amplia consulta

3.1.1.   Durante el proceso de elaboración de la Directiva, la Dirección General de Energía y Transportes consultó a los Estados miembros y las organizaciones profesionales representativas del sector y los consumidores, y utilizó los datos proporcionados por once Estados miembros, nueve organizaciones profesionales de administraciones aeroportuarias y compañías aéreas, así como una asociación representante de los pasajeros aéreos.

3.1.2.   Los Estados miembros rechazaron unánimemente la propuesta de repercutir la totalidad de estas tasas de protección en los Gobiernos nacionales, arguyendo que constituyen un componente de los gastos inherentes a la promoción de la actividad del sector de la aviación, que deben ser sufragados por esta rama de actividad, de la misma manera que es la industria del automóvil la que realiza las inversiones necesarias para mejorar la seguridad de los vehículos privados. Todos los Estados miembros insistieron en la idea de prohibir por completo que se obtengan beneficios operativos de esta actividad y, por otra parte, destacaron la necesidad de garantizar un elevado grado de transparencia en el sector.

3.2.   Definición del problema

3.2.1.   Componentes de los costes ocasionados por la protección de la aviación

3.2.1.1.   Pueden distinguirse tres importantes componentes: los costes de la protección de los aeropuertos, los de las compañías aéreas y los sufragados por los Estados miembros. La formación de los costes es el resultado principalmente de la aportación del elemento «control de seguridad de los pasajeros y de la carga (equipajes)».

3.2.1.2.   El coste de este último es el resultado de la suma de dos partidas: los salarios del personal y el coste de las infraestructuras y equipamientos específicos. Por regla general, los servicios de protección están garantizados directamente por los organismos nacionales competentes en este ámbito, o bien se confían a la administración del aeropuerto en cuestión o se realizan por una empresa privada especializada.

3.2.2.   ¿Cuánto cuesta la protección de la aviación y quién paga en última instancia?

En 2007, los costes de las medidas de protección de la aviación en la UE aumentaron hasta alcanzar el valor estimado de 1 600 millones de euros, lo que representa el 1 % del importe total medio que gastaron para sus billetes de avión los más de 636 millones de pasajeros que embarcaron en un aeropuerto de la Unión. Los Estados miembros y la industria cubren la mayor parte de los costes que sufragan cobrando tasas y cánones suplementarios, pagados por los pasajeros aéreos. En total, las compañías aéreas, los pasajeros y los expedidores de carga aérea cubren más del 90 % del coste de los servicios de protección de la aviación, mientras que los Gobiernos de los Estados miembros, mediante dotaciones presupuestarias, sólo sufragan entre el 6 y el 7 %.

3.2.3.   Prácticas discriminatorias en el ámbito de los costes ocasionados por prestaciones de protección de la aviación

Cualquiera que sea su destino, los pasajeros aéreos están sometidos a los mismos controles de seguridad en todo el territorio de la UE, incluidos los vuelos interiores nacionales. Por tanto, los gastos de protección deberían ser en todas partes los mismos. Lamentablemente, las compañías aéreas, preocupadas por reducir sus propios costes, suelen optar por repercutir en los pasajeros los gastos que habrían debido sufragar en concepto de control de protección de la aviación. Por lo general, las compañías nacionales utilizan la posición de fuerza que tienen en los aeropuertos de su país de origen, modificando la estructura de tarificación en favor de los vuelos interiores y aumentando el precio de los billetes para las conexiones cuya terminal de embarque se sitúa en un aeropuerto extranjero.

Cuadro 1: tasas de protección de la aviación por pasajero para vuelos intracomunitarios y vuelos interiores nacionales

| País/aeropuerto | Vuelo intracomunitario | Vuelo interior |
| --- | --- | --- |
| Rumanía: aeropuerto de Bucarest | 7,50 € | 3,81 € |
| España: todos los aeropuertos | 1,39 € | 1,18 € |
| Vilna (Lituania) | 2,32 €/TM del peso máximo del aparato al despegar | 1,16 €/TM del peso máximo del aparato al despegar |
| Chipre: Larnaca | 0,39 € | 0 |

País/aeropuerto

Vuelo intracomunitario

Vuelo interior

Rumanía: aeropuerto de Bucarest

7,50 €

3,81 €

España: todos los aeropuertos

1,39 €

1,18 €

Vilna (Lituania)

2,32 €/TM del peso máximo del aparato al despegar

1,16 €/TM del peso máximo del aparato al despegar

Chipre: Larnaca

0,39 €

0

El cuadro 1 ilustra un ejemplo similar, en el que distintas compañías nacionales tarifican de modo diferente los costes por prestaciones de seguridad según que el vuelo en cuestión sea internacional o interior, cuando tales prácticas contravienen por completo las disposiciones del artículo 5 del Reglamento marco 300/2008 sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil (2).

3.3.   Modelización y simulacro de una serie de opciones/selección de la solución óptima

En la elaboración de la Directiva, la Comisión procedió a un simulacro matemático para evaluar cuatro opciones, basadas en los principios internacionales vigentes en materia de gastos que deben sufragarse para garantizar la protección de la aviación.

3.3.1.   Opción 1:
  No intervención de la UE y consecuencias de esta posición

Las tarifas practicadas tendrán por efecto importantes discriminaciones, tanto entre compañías aéreas como entre pasajeros.

3.3.2.   Opción 2:
  La aplicación de políticas de autorregulación aceptadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el sector en cuestión
  podría proteger, por medio de la consulta directa entre las compañías aéreas y los aeropuertos, los intereses de los pasajeros y apoyar más eficazmente los servicios de protección de la aviación.

Aunque tal marco se instauró a partir de 1981, en forma de Reglamento de la OACI, la autorregulación no se saldó con ningún resultado notable.

3.3.3.   Opción 3:
  Similar a la opción 2, pero impuesta legislativamente por una directiva comunitaria

Además, las compañías aéreas pueden incoar una acción judicial contra los aeropuertos si las tasas de protección de la aviación son discriminatorias o no se utilizan para cubrir los gastos de protección. Esta solución está apoyada por una serie de políticas comunitarias conexas y es coherente con la legislación correspondiente de los Estados miembros.

3.3.4.   Opción 4:
  Financiación íntegra del presupuesto de la protección de los aeropuertos por los Estados miembros
  , lo que suprimiría todas las tasas de protección con cargo a terceros y los aspectos discriminatorios.

Una opción de esta índole disuade de aportar cualquier mejora de la calidad de los servicios de seguridad, por cuanto no fomenta de ningún modo entre los operadores en cuestión el control de sus costes. Además, todos los Estados miembros rechazan enérgicamente esta vía.

3.4.   Evaluación por el Comité de la elección efectuada por la Comisión de los principios utilizados para definir la nueva metodología

3.4.1.   La subsidiariedad

3.4.1.1.   El principio de subsidiariedad se aplica en los casos en que la propuesta no entra en el ámbito de competencia exclusiva de la Comunidad. No obstante, los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por cada Estado miembro por separado, debido a que los sistemas de tasas de protección de la aviación y la fijación de las mismas en cada aeropuerto no están regulados de manera uniforme en la UE.

3.4.1.2.   En los Estados miembros siguen existiendo diferentes sistemas de tasas de protección, una situación que es perjudicial para la creación de condiciones de competencia equitativas, tanto para los aeropuertos como para las compañías aéreas.

3.4.1.3.   La aplicación en todos los Estados miembros de la UE de un conjunto común de normas básicas que regulen las tasas de protección de la aviación garantizará condiciones de competencia equitativas entre los interlocutores del sector del transporte aéreo a la hora de definir los parámetros de utilización de los costes derivados de la protección de los aeropuertos.

3.4.1.4.   Existen sistemas de tarificación diferentes en los Estados miembros, una situación que se deriva de la ausencia de principios comunes, aplicados uniformemente, para el cálculo de las tasas de protección. La Directiva elimina las ambigüedades en este ámbito definiendo y proponiendo un único método de cálculo, que hará posible una aplicación uniforme.

3.4.1.5.   La propuesta se limita a definir un mínimo de normas que deberán observarse cuando los Estados miembros o los operadores aeroportuarios determinen los niveles de las tasas. La propuesta de Directiva no impone un sistema concreto de tarifación. La definición de tal sistema se deja a los Estados miembros.

Conclusión
  : la elección y aplicación del principio de subsidiariedad son correctas y necesarias para la aplicación de la nueva Directiva.

3.4.2.   La responsabilidad del Estado

3.4.2.1.   Al igual que en el caso de la subsidiariedad, el principio de responsabilidad del Estado se aplica siempre que la propuesta no entre en el ámbito de competencia exclusiva de la Comunidad. Los problemas planteados son similares para estos dos principios adoptados con vistas a la elaboración de la Directiva.

3.4.2.2.   La propuesta se limita a definir un mínimo de normas que deberán observarse cuando los Estados miembros o los operadores aeroportuarios determinen los niveles de las tasas. La propuesta de Directiva no impone un sistema concreto de tarifación. La definición de tal sistema se deja a los Estados miembros.

Conclusión
  : la elección y aplicación del principio de responsabilidad del Estado son correctas y necesarias para la aplicación de la Directiva, teniendo en cuenta las condiciones asimétricas potencialmente conflictivas, así como la disparidad relativa al nivel de alerta terrorista, que es responsabilidad de cada Estado, y en función de la nacionalidad de la compañía aérea. Conviene revisar sensiblemente al alza la participación de los Gobiernos en la financiación de la protección de la aviación. A nivel de Estado, las principales tareas en el ámbito de la lucha antiterrorista incumben, en efecto, al ejecutivo.

3.4.3.   La tarificación

3.4.3.1.   La aplicación de tasas por prestación de servicios de navegación aérea y servicios de asistencia en tierra se contempla ya, respectivamente, en el Reglamento (CE) no 1794/2006 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2006, por el que se establece un sistema común de tarificación de los servicios de navegación aérea (3), y en la Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad (4).

3.4.3.2.   No obstante, los gastos jurídicos en materia de protección no pueden incluirse en un sistema común de tarificación, debido a las divergencias considerables que existen entre los niveles de contribución de los distintos Estados miembros a la elaboración, equipamiento y aplicación de los sistemas de protección de la aviación en los aeropuertos nacionales.

Conclusión
  : la elección y aplicación del principio de tarificación son correctas y necesarias para la aplicación de las disposiciones de la Directiva, sin pretender elaborar un sistema común de tarificación dada la diversidad de las condiciones que existen en los Estados miembros.

3.4.4.   La información y la Comunicación

3.4.4.1.   En general, tanto en los aeropuertos europeos como en los de los demás continentes, los usuarios se organizan en comités de operadores de aeropuerto y mantienen un diálogo permanente con las autoridades aeroportuarias.

3.4.4.2.   El recurso a tal marco hace posible el intercambio de información acerca del procedimiento de cálculo y los principales elementos sobre la base de los cuales se fijan las tasas de protección: previsiones operativas, proyectos de desarrollo, solicitudes específicas y propuestas procedentes de los usuarios.

Conclusión
  : la elección del principio de información y de comunicación entre los operadores de protección y las autoridades aeroportuarias es pertinente habida cuenta de su utilidad en el marco de la aplicación de la nueva Directiva. Incluir las actividades de relaciones públicas permitiría reforzar aún más la importancia de este principio.

3.4.5.   La armonización

3.4.5.1.   La armonización de la base de tarificación de los costes de protección en los aeropuertos comunitarios es posible allí donde estos gastos están íntegramente incluidos en las tasas de protección.

3.4.5.2.   El importe de las tasas percibidas no debe superar el total de los costes en que efectivamente se incurra para garantizar la protección, con inclusión de las financiaciones públicas. En resumen, para esta clase de actividad no es aceptable realizar un beneficio operativo.

3.4.5.3.   Es esta última razón la que hace que las tasas en su conjunto no puedan armonizarse íntegramente.

Conclusión
  : la elección y aplicación del principio de armonización de la base de tarificación son correctas y necesarias para la aplicación de la Directiva, en el entendimiento, no obstante, de que es imposible armonizar las tasas en su conjunto y que se prohíbe realizar un beneficio operativo.

3.4.6.   La transparencia

3.4.6.1.   Es importante que haya transparencia allí donde el impacto económico es el resultado de medidas nacionales de protección de la aviación más estrictas que las normas comunitarias específicas establecidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 300/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 2320/2002.

3.4.6.2.   Conviene mencionar, no obstante, que es posible imponer varias de tales medidas, de manera permanente o temporal, pero únicamente a petición expresa de uno o varios operadores aéreos.

Conclusión
  : la elección y aplicación del principio de transparencia son correctas y necesarias para la aplicación de la Directiva y, en particular, en los casos en que las medidas de protección en los Estados miembros sean más estrictas que a escala comunitaria, así como en aquellos en que exista una petición expresa de los operadores aéreos. Ésta debe ir acompañada de información detallada sobre las fuentes de financiación y sobre los organismos que recogen los fondos asignados si se trata de instancias distintas de las autoridades aeroportuarias.

3.4.7.   La necesidad de crear en cada Estado miembro una autoridad nacional independiente de supervisión (AIS)

3.4.8.   Ya existe en cada Estado miembro un Comité nacional de protección de la aviación (CNPA) estructurado como un organismo interministerial.

3.4.9.   Como estructura de gobierno, las secretarías de los CNPA no pueden operar plenamente como una autoridad independiente de supervisión, pero el Comité considera que, basándose en la profesionalidad y reputación internacional de sus especialistas y en los recursos financieros de que dispone, pueden supervisar con total neutralidad la correcta y eficiente aplicación de las disposiciones de la Directiva.

Conclusión
  : la creación de una autoridad independiente de supervisión es una medida adecuada y necesaria para una buena aplicación de las disposiciones de la nueva Directiva. A pesar de su integración en las estructuras de gobierno, el Comité considera que las secretarías de los CNPA pueden llevar a cabo este cometido de una forma neutral y profesional, minimizando el esfuerzo financiero de los Estados miembros para establecer las nuevas estructuras y ayudarles a ser operativas.

Bruselas, 5 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  DO L 70 de 14.3.2009, p. 11.

1

(2)  DO L 97 de 9.4.2008, p. 72.

2

(3)  DO L 341 de 7.12.2006, p. 3.

3

(4)  DO L 272 de 25.10.1996, p. 36.

4

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/147 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/147

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte»

(Refundición)

COM(2009) 391 final — 2009/0110 (COD)

(2010/C 128/28)

El 11 de septiembre de 2009, de conformidad con el artículo 156 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (refundición)»

COM(2009) 391 final – 2009/0110 (COD).

Considerando que el contenido de la propuesta es plenamente satisfactorio y no es objeto de ninguna observación por su parte, el Comité, en su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 4 de noviembre de 2009), decidió por unanimidad emitir un dictamen favorable sobre el texto propuesto.

Bruselas, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/148 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/148

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva .../.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo de [...] relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera

(versión codificada)

COM(2009) 446 final — 2009/0123 (COD)

(2010/C 128/29)

El 29 de septiembre de 2009, de conformidad con el artículo 156 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

Propuesta de Directiva .../.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo de [...] relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera (versión codificada)

COM(2009) 446 final - 2009/0123 (COD).

Considerando que el contenido de la propuesta es plenamente satisfactorio y no es objeto de ninguna observación por su parte, el Comité, en su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 4 de noviembre de 2009), decidió por unanimidad emitir un dictamen favorable sobre el texto propuesto.

Bruselas, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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| 18.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 128/149 |
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18.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 128/149

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo sobre el Año Europeo del Voluntariado (2011)»

COM(2009) 254 final — 2009/0072 (CNS)

(Dictamen adicional)

(2010/C 128/30)

Ponente General: Soscha zu EULENBURG

El 29 de septiembre de 2009, de conformidad con el artículo 29, letra A de las Normas de Desarrollo del Reglamento Interno, la Mesa del Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un Dictamen adicional sobre la

«Propuesta de Decisión del Consejo sobre el Año Europeo del Voluntariado (2011)»

COM(2009) 254 final - 2009/0072 (CNS).

y encargó a la Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía la preparación de los trabajos en este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos, en su 457o Pleno de los días 4 y 5 de noviembre de 2009 (sesión del 5 de noviembre de 2009), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado ponente general a Soscha zu Eulenburg y ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

1.   Conclusiones

1.1.   El CESE acoge favorablemente la propuesta del Año Europeo del Voluntariado 2011, pues así se valora el compromiso de muchos ciudadanos y ciudadanas por trabajar voluntariamente en diferentes ámbitos en pro de la sociedad y la cohesión social en Europa.

1.2.   El CESE considera apropiados los objetivos propuestos para dicho Año a fin de alcanzar un valor añadido europeo para los ciudadanos y ciudadanas.

1.3.   El CESE subraya que el compromiso voluntario no debe instrumentalizarse.

1.4.   A fin de procurar sinergias sostenibles, habría que establecer una estrecha relación con los Años Europeos de 2010 (lucha contra la pobreza) y 2012 (envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional).

1.5.   El CESE propone que se adopte una agenda política para el fomento del voluntariado y su infraestructura en los Estados miembros de la UE.

1.6.   El CESE considera necesario establecer condiciones marco favorables para garantizar el apoyo e infraestructuras necesarios para el voluntariado a nivel local, regional, nacional y europeo y facilitar la participación ciudadana.

1.7.   El CESE se pronuncia a favor del establecimiento de estructuras sostenibles a nivel europeo. Una plataforma de partes interesadas en pro del voluntariado podría contribuir a conseguir este objetivo.

1.8.   El CESE considera indispensable aumentar considerablemente los recursos financieros para conseguir los objetivos propuestos y satisfacer la dimensión local.

1.9.   Los promotores del Año Europeo deberán disponer de tiempo suficiente para preparar el Año y conseguir que sea eficaz. Por consiguiente, el Consejo y el Parlamento deberían adoptar con la mayor rapidez posible las decisiones financieras y de contenido que sean necesarias.

1.10.   El informe de evaluación deberá dar lugar a un Libro Blanco para garantizar el seguimiento y señalar los próximos pasos y medidas que deberán tomarse a nivel europeo.

2.   Objetivos de la propuesta de la Comisión

2.1.   En junio de 2009 la Comisión presentó una propuesta de Decisión del Consejo sobre el Año Europeo del Voluntariado (2011), con el fin de subrayar la importancia y utilidad del voluntariado para las sociedades europeas.

2.2.   La Comisión propone cuatro objetivos para el Año Europeo del Voluntariado:

| — | Trabajar para lograr un entorno que favorezca el voluntariado, a fin de que éste forme parte de la promoción de la participación ciudadana y de las actividades interpersonales en el contexto de la UE. |
| --- | --- |

—

Trabajar para lograr un entorno que favorezca el voluntariado, a fin de que éste forme parte de la promoción de la participación ciudadana y de las actividades interpersonales en el contexto de la UE.

| — | Facilitar el voluntariado y fomentar el establecimiento de redes, la movilidad y la cooperación, ofreciendo medios de actuación a las organizaciones de voluntarios y mejorando la calidad del voluntariado. |
| --- | --- |

—

Facilitar el voluntariado y fomentar el establecimiento de redes, la movilidad y la cooperación, ofreciendo medios de actuación a las organizaciones de voluntarios y mejorando la calidad del voluntariado.

| — | Recompensar y reconocer las actividades de voluntariado mediante el fomento de incentivos apropiados para particulares, empresas y organizaciones. |
| --- | --- |

—

Recompensar y reconocer las actividades de voluntariado mediante el fomento de incentivos apropiados para particulares, empresas y organizaciones.

| — | Aumentar la conciencia general sobre la importancia del voluntariado mediante la sensibilización sobre el valor y la importancia del voluntariado. |
| --- | --- |

—

Aumentar la conciencia general sobre la importancia del voluntariado mediante la sensibilización sobre el valor y la importancia del voluntariado.

2.3.   Para conseguir estos objetivos habrá que intercambiar experiencias, divulgar los resultados de estudios, conferencias y actividades, así como organizar campañas de información y de relaciones públicas. Para ello se ha previsto la concesión de un paquete financiero por importe de seis millones de euros en 2011, así como dos millones de euros para llevar a cabo los preparativos en 2010.

3.   Observaciones generales

3.1.   El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión sobre el Año Europeo del Voluntariado. Así la Comisión responde a los deseos y sugerencias formuladas por el CESE y otras organizaciones de la sociedad civil, así como por el Parlamento Europeo.

3.2.   Hay que reconocer expresamente la disposición de la Comisión a entablar un intenso diálogo social con las organizaciones de la sociedad civil. Habrá que hacer todo lo posible para que, a nivel nacional, las organizaciones de la sociedad civil participen también en los órganos de coordinación previstos, así como en la planificación y ejecución de las actividades, y para que se confeccionen las correspondientes agendas políticas a nivel nacional y europeo. El Método Abierto de Coordinación podría servir de ejemplo a este respecto.

3.3.   La elección de la denominación «Año Europeo del Voluntariado» es muy acertada, pues permite abarcar todo el espectro del fenómeno. Es bastante concreta para que puedan identificarse los ciudadanos europeos y deja suficiente margen de maniobra para ilustrar las diferentes facetas del voluntariado. En este sentido, la denominación elegida corresponde bien al carácter transversal del voluntariado y a la diversidad de los ámbitos de acción en que pueden ejercer los voluntarios, por lo que convendría mantenerla.

3.4.   El CESE celebra que se subraye la importancia del voluntariado como expresión de la participación ciudadana, de los valores europeos, de la solidaridad y del desarrollo de las sociedades europeas. El propio Comité ha subrayado esta importancia en diferentes dictámenes.

3.5.   En ningún caso debería «instrumentalizarse» el voluntariado. Los voluntarios no son un instrumento de la política, sino la expresión o el elemento de una ciudadanía activa. Con su compromiso, hacen realidad valores ideales, como la integración y la cohesión social, el aprendizaje a lo largo de toda la vida en los ámbitos del medio ambiente, el deporte, los derechos humanos y la cultura, por nombrar sólo algunos.

3.6.   En algunos pasajes del texto se vislumbra el peligro de la instrumentalización del voluntariado, en el marco, por ejemplo, del mercado de trabajo y la empleabilidad. En el tercer considerando, por ejemplo, se subraya que el voluntariado constituye «una experiencia de aprendizaje no formal que permite el desarrollo de cualificaciones y competencias profesionales, así como una forma importante de participación ciudadana activa.» El aprendizaje no formal, que puede mejorar la integración en el mercado laboral y la empleabilidad, constituye un efecto colateral muy positivo.

3.7.   Se suele esgrimir la actual crisis económica y financiera para preconizar una reorientación de los diferentes ámbitos. A este respecto habría que velar especialmente por que no se tenga el reflejo de recurrir a voluntarios para paliar los efectos negativos de la crisis en nuestras sociedades. En el ámbito del voluntariado esta crisis demuestra una vez más el valor que el compromiso ciudadano tiene para nuestra sociedad, pues permite vivir la experiencia de la solidaridad y brinda a las personas la posibilidad de ayudar al prójimo al tiempo que ellas también se benefician, aunque sólo sea por la ampliación de sus competencias y redes sociales. Así pues, el voluntariado tiene el potencial de amortiguar el impacto de la crisis e impedir la fragmentación de la sociedad. Pero no se trata de una consecuencia de la crisis, sino parte del genuino valor del voluntariado, que aquí se «redescubre» de nuevo.

4.   Observaciones particulares

4.1.   Trabajar para lograr un entorno que favorezca el voluntariado

4.1.1.   Es necesario un marco jurídico a fin de garantizar la infraestructura necesaria para el voluntariado a nivel local, regional, nacional y europeo, así como para facilitar la participación de los ciudadanos. Por otra parte, también hay que establecer las condiciones marco financieras y políticas que permitan suprimir los obstáculos al voluntariado (1).

4.2.   Ofrecer medios de actuación a las organizaciones de voluntarios

4.2.1.   La promoción de las organizaciones de voluntarios como lugares y catalizadores de las actividades de voluntariado reviste una importancia decisiva, pues estas organizaciones suelen ser el primer y único punto de contacto para los voluntarios e incluso, en la mayoría de los casos, han sido fundadas por ellos mismos. Como columna vertebral de la sociedad civil y del voluntariado, en las organizaciones de voluntarios el intercambio de experiencias, la mejora de las competencias profesionales y la calidad de su trabajo deberían desempeñar un papel vital en 2011.

4.2.2.   Un objetivo debe ser establecer estructuras sostenibles, también a nivel europeo. Una plataforma de partes interesadas para labores de voluntariado podría garantizar que el radio de acción de este Año Europeo se extienda más allá de 2011 y que se haga todo lo posible para instaurar una «política propicia al voluntariado».

4.2.3.   Habría que aprovechar el Año Europeo del Voluntariado 2011 para subrayar e intercambiar las mejores prácticas.

4.3.   Mejorar la calidad del voluntariado

4.3.1.   En el contexto de la mejora de la calidad, en la propuesta de la Comisión se habla, entre otras cosas, de «profesionalismo». Este término es confuso y debería evitarse. Se trata ante todo de garantizar la calidad del voluntariado. Los voluntarios tienen el derecho a comprometerse en el ámbito que más les plazca. Su labor presta un servicio a la sociedad y a los particulares, pero también a ellos mismos. Es necesario garantizar los recursos humanos y financieros para su cualificación, formación y perfeccionamiento, así como su acompañamiento a lo largo de su labor de voluntariado.

4.4.   Reconocer las actividades de voluntariado

4.5.   El CESE acoge favorablemente el desarrollo de una «cultura del reconocimiento», pero por lo que respecta a los voluntarios habría que evitar el término «recompensar», pues induce a error, ya que no se trata de un reconocimiento financiero del voluntariado. Y por otra parte, el término «recompensar» es conflictivo. En el marco del Año Europeo del Voluntariado 2011, no habría que difuminar la diferencia entre una actividad remunerada y el voluntariado, sino más bien hacer hincapié en su complementariedad.

4.6.   Sensibilizar sobre el valor y la importancia del voluntariado

4.7.   Aumentar la conciencia general sobre la importancia del voluntariado es un objetivo esencial que cabe acoger favorablemente. Pero hay que procurar que se faciliten recursos suficientes para ello. Una campaña efectiva y fructífera de sensibilización a nivel comunitario que hiciera hincapié en las posibilidades y el valor del voluntariado requeriría un presupuesto de unos 3,5 millones de euros y absorbería más de la mitad del presupuesto, si se desea que el mensaje llegue a sus destinatarios. Esto parece insuficiente. A título comparativo, los medios financieros concedidos en 2004 al Año Europeo de la Educación a través del Deporte se elevaron a 12,3 millones de euros. El informe de evaluación encargado por la Comisión ha puesto de manifiesto que los ciudadanos europeos están poco o nada informados sobre el Año Europeo y que no han recibido los mensajes esenciales del mismo.

4.8.   Dotación financiera

4.8.1.   En la propuesta se prevé una dotación de seis millones de euros para las medidas en el año 2011 y dos millones de euros para efectuar el trabajo preparatorio. Si se pretende conseguir los objetivos citados y, sobre todo, tener en cuenta la dimensión local del voluntariado de los europeos, la UE debe presentar un presupuesto realista. La suma de seis millones de euros para todas las actividades emprendidas en la UE y los Estados miembros nos parece insuficiente. Sería fatal que el Año 2011, dotado con un presupuesto inferior a la mitad del presupuesto de que se disponía para el mencionado Año Europeo de 2004, se saldara con un resultado tan mediocre y que sus ambiciosos objetivos no se hicieran realidad a causa de un presupuesto insuficiente.

4.8.2.   En 2005, sólo para el Año británico del Voluntariado, el Gobierno del Reino Unido manejó un presupuesto de 10 millones de libras, mientras que la Comunidad Valenciana concedía a un año similar 4,2 millones de euros. Un buen ejemplo de un presupuesto comunitario realista lo constituye el proyecto del Año 2010, que cuenta con un presupuesto de 17 millones de euros, de los que 9 se destinan a la organización de actividades en los Estados miembros que, por su parte, se han comprometido a aportar otros 9 millones de euros.

4.9.   Libro Blanco

4.9.1.   Para acompañar la evaluación, la Comisión desea presentar un informe sobre la puesta en práctica, los resultados y la apreciación general de las iniciativas. A este respecto el CESE recuerda su propuesta y sugiere que los pasos y las medidas que cabría adoptar se recojan en un Libro Blanco para que los resultados del Año Europeo tengan un efecto duradero.

4.10.   Explotación de las sinergias

4.10.1.   Es absolutamente indispensable poner en evidencia y explotar las sinergias de los Años 2010 (lucha contra la pobreza), 2011 (voluntariado) y 2012 (envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional). Este acorde trienal perfecto brinda la oportunidad única de dar a la intervención de las instituciones europeas y de los Estados miembros, en el ámbito del voluntariado de los ciudadanos para el bien de los demás, un hilo conductor a lo largo de tres años y conseguir así efectos a largo plazo. Los equipos encargados de la organización de cada uno de los tres años en las instituciones europeas y nacionales deberían trabajar en estrecha colaboración.

4.11.   Proceso interinstitucional

4.11.1.   A fin de dar a todos los interesados el tiempo necesario para preparar y llevar a buen término el Año, el Consejo y el Parlamento Europeo deberían adoptar una decisión al respecto lo antes posible. Convendría que dicha decisión se adoptase a finales de 2009 para que pudiera comenzar oficialmente la fase preparatoria y se pudieran facilitar los fondos necesarios.

Bruselas, 5 de noviembre de 2009.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI

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(1)  Un ejemplo, entre otros, de los obstáculos interpuestos: en algunos países, las personas sin un trabajo remunerado sólo tienen derecho a un número de horas muy restringido para consagrarse al voluntariado.

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