Número Identificador

SEN2023______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

ELIEZER SANTANA BÁEZ

Parte Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Parte Recurrida

KLRA202300541

Revisión Judicial,

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación, División 

de Remedios 

Administrativos

Caso Núm.: 

B-898-23 

Sobre: 

Solicitud de 

Reconsideración

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge 

Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2023.

Compareció ante nos la parte recurrente, el Sr. Eliezer Santana Báez 

(en adelante, el “señor Santana Báez” o el “Recurrente”), quien se encuentra 

confinado en la Institución Bayamón 501 y acude por derecho propio, a 

través del presente recurso de revisión judicial. Mediante el mismo, solicitó 

la revocación de la determinación emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto 

Rico (en adelante, la “DCR” o “Recurrido”) el 17 de julio de 2023, notificada 

el 18 de julio de 2023.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se devuelve 

el caso ante la consideración de dicha dependencia gubernamental para 

que emita una nueva “Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia”, 

conforme a las enmiendas adoptadas mediante la Carta Circular Núm. 

2023-02 de 11 de octubre de 2023. 

I.

El 26 de abril de 2004, el señor Santana Báez fue sentenciado a 

cumplir una pena consecutiva de 119 años, tras haber sido hallado culpable 
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por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la derogada Ley

Núm. 404-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Armas de 

Puerto Rico”, 25 LPRA secs. 455 et seq. Luego de estar cumpliendo la pena 

impuesta, fue aprobada, con aplicación retroactiva, la Ley Núm. 85-2022, 

con el fin emendar el Artículo 308 de la Ley Núm. 146-2012, según 

enmendada, mejor conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, 33 

LPRA sec. 5416, y el Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada, mejor conocida como la “Ley de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra”, 4 LPRA sec. 1503, con el objetivo de establecer una manera 

justa, retributiva y rehabilitadora que le permitiera a una persona convicta 

por varios delitos poder ser considerada para libertad bajo palabra al cumplir 

con los términos de la sentencia más onerosa relacionada directamente con 

alguno de los delitos por los cuales fue encontrado culpable. A raíz de lo 

anterior, el señor Santana Báez presentó el 22 de mayo de 2023, recibida 

el 25 del mismo mes y año, una “Solicitud de Remedio Administrativo”

núm. B-898-23. En ésta, solicitó que se atendiera su caso y se le aplicaran 

las nuevas disposiciones de la Ley Núm. 85-2022, supra. 

El 17 de julio de 2023, la DCR emitió “Respuesta del Área 

Concernida/ superintendente” en la que adjuntó “Hoja de Control sobre 

Liquidación de Sentencia”. La misma reflejaba que se había eliminado la 

pena correspondiente a la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, por haber 

sido cumplida en el 2015. Como consecuencia, se comenzó a contar la pena 

mínima de 25 años posterior a esa fecha, por lo que, según establece la 

“Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia” notificada al señor 

Santana Báez, cumpliría la pena mínima el 22 de diciembre de 2034. 

Insatisfecho con dicha determinación, el Recurrente presentó 

“Solicitud de Reconsideración” el 24 de julio de 2023, recibida el 10 de 

agosto de 2023 por el DCR. Argumentó que la aplicación de la Ley Núm. 

85-2022 fue errónea, ya que se computó el mínimo de sentencia desde 2015 

y no desde el 2004, fecha en la que fue sentenciado. Alegó que, si se 

aplicara la ley correctamente, el mínimo de sentencia lo cumpliría en el año

2028 y no en el 2034 como establece la “Hoja de Control sobre 
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Liquidación de Sentencia” que le fue notificada. En respuesta, el 12 de 

septiembre de 2023, notificada el 29 del mismo mes y año, el DCR denegó 

la “Solicitud de Reconsideración” y le informó al confinado que se había 

aplicado la Ley Núm. 85-2022, conforme lo establecido en la Carta Circular 

núm. 2023-02 suscrita por la Secretaria del DCR el 15 de junio de 2023. 

Aún inconforme, el 18 de octubre de 2023, el Recurrente presentó el 

recurso de revisión judicial que nos ocupa. Mediante el mismo, le imputó al 

foro recurrido haber cometido el siguiente error: 

Incidió en error extraordinario el DCR al obviar el alcance y 

particularidad de la ley 85-22, y no aplicarla de la forma 

correcta que dicta el espíritu y la exposición de motivos de la 

misma, al no aplicarla retroactivamente y usando siempre la 

pena más alta para computar el mínimo a cumplir ante la 

JLBP, sino que lo extienden a 30 años igual que sin aplicación 

de la ley.

El 30 de octubre de 2023, emitimos Resolución mediante la cual le 

concedimos al DCR, por conducto de la Oficina del Procurador General un 

término para que presentara su alegato en oposición. Así el trámite, el 21 

de noviembre de 2023, el DCR presentó “Escrito en Cumplimiento de 

Orden” mediante el cual solicitó que se devolviera el caso a dicha 

dependencia gubernamental para que se adjudicara la solicitud del 

Recurrente, de conformidad con la Carta Circular Núm. 2023-02, 

enmendada el 11 de octubre de 2023.

II.

A.

La Ley Núm. 85-2022 tiene como propósito principal enmendar el 

Artículo 308 del Código Penal de Puerto Rico, supra, y el Artículo 3 de la 

Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra, supra. La aludida pieza legislativa 

dispone en su Exposición de Motivos que la misma se aprobó como “una 

manera justa, retributiva y rehabilitadora, que le permita a aquella persona 

convicta por varios delitos el poder ser considerada para libertad bajo 

palabra al cumplir con los términos de la sentencia más onerosa relacionada 

directamente con alguno de los delitos por los cuales fue encontrado 

culpable”. Esto debido a que cuando se imponen sentencias consecutivas 

que pueden llegar a acumular cientos años de años de cárcel, los reclusos 
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se encuentran sometidos a cumplir una sentencia de por vida sin la 

posibilidad de ser considerado para los beneficios de libertad bajo palabra. 

La Sección 1 de la Ley Núm. 85-2022 enmendó el Artículo 308 del 

Código Penal, para que lea como sigue:

Artículo 308. – Términos para cualificar para consideración 

de la Junta de Libertad bajo Palabra.

Toda persona convicta bajo las disposiciones de este Código 

podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta 

de Libertad Bajo Palabra al cumplir el setenta y cinco por 

ciento (75%) del término de reclusión impuesto. Este cómputo 

nunca excederá de quince (15) años cuando se trate de un 

adulto o de cinco (5) años cuando se trate de un menor 

sentenciado y procesado como adulto en delitos para los 

cuales al realizarse el cómputo jurisdiccional para cualificar 

ante la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra 

este sea mayor a lo requerido para delitos con pena fija 

señalada en el tipo de cincuenta (50) años.

En delitos graves cuyo término de reclusión señalada en el 

tipo sea de cincuenta (50) años, la persona podrá ser 

considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad 

Bajo Palabra al cumplir quince (15) años de su sentencia o 

cinco (5) años si se trata de un menor de edad procesado y 

sentenciado como adulto.

En caso de la persona convicta de asesinato en primer 

grado, un delito cuya pena sea de noventa y nueve (99) 

años o reincidencia habitual la persona podrá ser 

considerada para libertad bajo palabra por la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, al cumplir veinticinco (25) años de 

su sentencia, o diez (10) años, si se trata de un menor de 

edad procesado y sentenciado como adulto. Las personas 

convictas al amparo del inciso (c) del Artículo 93 estarán 

excluidas del privilegio de libertad bajo palabra. (Énfasis 

suplido). 

En aquellos procesos judiciales en que se encuentre al 

acusado culpable por más de un delito y se le imponga una 

sentencia a ser cumplida de manera consecutiva, la persona 

convicta tendrá derecho a cualificar para libertad bajo 

palabra al cumplir con el término concerniente a la pena 

mayor recibida por alguno de los delitos cometidos. 

Cuando más de uno de los delitos cometidos conlleve la 

misma pena, la persona convicta cualificará para el beneficio 

de libertad bajo palabra con el mero hecho de haber cumplido 

con el término de una de ellas. Lo dispuesto en este párrafo 

será de aplicabilidad, independientemente si la Ley en virtud 

de la cual resulta convicto, sea una Ley Penal Especial. 

Sección 1 de la Ley Núm. 85-2022 (énfasis suplido). 

Por otro lado, la Sección 2 enmendó el Artículo 3 la Ley Núm. 118-

1974, supra, estableciendo que en los procesos judiciales en que el acusado 

sea encontrado culpable por más de un delito y se le imponga una sentencia 

a ser cumplida consecutivamente, tendrá derecho a cualificar para libertad 

bajo palabra al cumplir con el término concerniente de la pena mayor 
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recibida por alguno de los delitos cometidos. Ahora bien, cuando más de 

uno de los delitos cometidos conlleve la misma pena, la persona convicta 

cualificará para el beneficio de libertad bajo palabra por el mero hecho de 

haber cumplido con el término de una de ellas. Esto independientemente se 

trate de una ley penal especial. 

Por último, y en lo que respecta a la Sección 3 de la mencionada ley, 

se dispone lo siguiente:

Esta Ley aplicará de manera retroactiva, independientemente 

del Código Penal o Ley Penal Especial vigente al momento de 

los hechos delictivos, siempre y cuando resulte favorable para 

la persona condenada. Las cláusulas de prohibiciones 

absolutas de libertad bajo palabra en los delitos de leyes 

penales especiales no serán aplicables al caso de menores 

juzgados y sentenciados como adultos cuando contravengan 

lo aquí establecido. (Énfasis suplido). 

B.

El 15 de junio de 2023, la Secretaría Auxiliar de Programas y 

Servicios del DCR emitió la Carta Circular Núm. 2023-02 en la que informó 

cuál sería el procedimiento a seguir para computar los términos para referir 

a los confinados a la Junta de Libertad Bajo Palabra, de conformidad con la 

Ley Núm. 85-2022. Allí se expuso que se evaluarían todos los expedientes 

criminales de la población correccional con el fin de estudiar la “Hoja de 

Control sobre Liquidación de Sentencia” e identificar si había más de un 

término computado y determinar cuál es la sentencia base mayor. Además, 

se expuso que se tomaría la sentencia de manera individual, por lo que las 

que fueran consecutivas no debían ser consolidadas en la nueva revisión.

A razón de que, de estar consolidadas, el resultado conllevaría identificar 

una pena mayor que no necesariamente sería la correcta para el cómputo 

final a los fines requeridos por la ley. Siendo así, el DCR emitiría una nueva 

“Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia” titulada

“Reliquidación”. En esta hoja se identificarían la pena mayor y se observará 

el mínimo de esa sentencia. Si el mínimo reflejado es mayor de 15 años, 

éste se ajustará a lo que establece la nueva Ley. Excepto, si se trata de una 

persona sentenciada por asesinato en primer grado, en el que el mínimo de 

sentencia será de 25 años naturales. 
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Dicha carta además establece que todo delito cumplido en su 

totalidad será eliminado de la Hoja de Control sobre Liquidación de 

Sentencia. Los demás términos de la sentencia se computarán en el mismo 

orden de la Hoja de Liquidación anterior y no se computarán mínimos 

adicionales. Por lo que, se considerará y documentará solamente un 

mínimo, el cual responderá a la pena mayor.1

No obstante, el 11 de octubre de 2023, el DCR enmendó la Carta 

Circular Núm. 2023-02 e instituyó un nuevo esquema para computar el 

momento en que un confinado cumple el mínimo de sentencia de la pena 

más larga para ser elegibles para el privilegio de libertad bajo palabra. En 

específico, se estableció lo siguiente: 

12. Los delitos cumplidos en su totalidad permanecerán 

en la nueva “Hoja de Control sobre Liquidación de 

Sentencia”. Por ejemplo, en los casos de asesinato en primer 

grado cometidos con armas, se computarán en primer 

orden el asesinato en primer grado con el mínimo 

establecido, beneficiándolo del tiempo en reclusión 

preventiva. Luego, se incluirán y computarán los demás 

delitos de la sentencia incluyendo los de armas.2

III.

En el caso de autos, el señor Santana Báez sostiene que la “Hoja de 

Control sobre Liquidación de Sentencia” emitida el 18 de julio de 2023 

no reflejaba correctamente la aplicación de la nueva Ley Núm. 85-2022. Es 

por esto que, nos solicita que ordenemos al DCR a emitir una nueva Hoja 

que contenga el cálculo, conforme lo establece al mencionado estatuto.

Veamos.

Según se desprende del expediente, el Recurrente fue sentenciado 

en el 2004 a cumplir una pena consecutiva de 119 años por los delitos de 

asesinato en primer grado e infracción a la Ley de Armas de Puerto Rico, 

supra. Inicialmente, se comenzó a computar la pena relacionada con la Ley 

de Armas de Puerto Rico, supra, que se extinguió para el 2015. A raíz de la 

aprobación de la Ley Núm. 85-2022, el DCR emitió la Carta Circular Núm. 

2023-02 el 15 de junio de 2023, en la que estableció cuál sería el 

1 Véase, Carta Circular 2023-02 de 15 de junio de 2023, pág. 3, inciso 4. 

2 Véase, Carta Circular Núm. 2023-02 del 11 de octubre de 2023, págs. 2-4 (énfasis 

suplido). 
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procedimiento a seguir para el cumplimiento de la nueva ley. Se desprende 

de la aludida Carta que toda pena cumplida en su totalidad sería eliminada 

de la “Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia”. Es por esto que, 

cuando el DCR notificó al señor Santana Báez la “Hoja de Control sobre 

Liquidación de Sentencia”, ésta no contenía la pena correspondiente a 

Ley de Armas de Puerto Rico, supra, y, además, se le comenzaba a contar 

el mínimo de sentencia establecido por ley desde el 2015 y no desde el 

2004. 

No obstante, el 11 de octubre de 2023 el DCR aprobó una enmienda 

a la referida Carta Circular, en la que implementó un nuevo proceso de 

computar los términos en los que todo miembro de la población correccional 

será elegible para el privilegio de libertad bajo palabra. Se estableció que 

las penas cumplidas en su totalidad permanecerán en la “Hoja de Control 

Sobre Liquidación de Sentencia” y que en los casos de asesinato en 

primer grado cometidos con armas se computará primeramente la pena 

correspondiente al asesinato en primer grado con su mínimo establecido. 

Evaluado lo anterior, procede que devolvamos el caso al DCR para 

que se emita una nueva “Hoja de Control sobre Liquidación de 

Sentencia”, de conformidad con la enmienda aprobada por el DCR el 11 de 

octubre de 2023. 

IV.

Por lo fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar parte 

integral del presente dictamen, se devuelve el caso al DCR para que se 

emita una nueva “Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia”, 

conforme a las enmiendas adoptadas mediante la Carta Circular Núm. 

2023-02 de 11 de octubre de 2023.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones