Número Identificador

RES2024___________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

NATANAEL OLMEDA 

PEREZ

Peticionario

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCION Y 

REHABILITACION 

Recurrido

KLCE202400720

CERTIORARI

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón 

Caso Núm.:

BY2024CV01837

Sobre: DAÑOS Y 

OTROS

Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez Irizarry, la

Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

Pérez Ocasio, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2024.

Comparece ante nos, Natanael Olmeda Pérez, en adelante 

Olmeda Pérez o peticionario, solicitando que revisemos 

la “Orden” del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, en 

adelante, TPI-Bayamón, notificada el 24 de mayo de 2024. Mediante 

dicha determinación, el foro recurrido declaró “No Ha Lugar” la 

“Solicitud de Representación Legal” presentada por la peticionaria.

Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos expedir el recurso de autos.

I.

El 1ro. de abril de 2024 el peticionario, presentó demanda en 

daños y perjuicios por violación a derechos civiles y derechos 

constitucionales contra el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de Puerto Rico. Junto a la demanda, presentó 

“Solicitud y Declaración para que se Exima de Pago de Arancel por 
KLCE202400720 2

Razón de Indigencia”. La dirección postal que el señor Olmeda Pérez 

colocó en ambos escritos es: 

Anexo 292, edif. 5-A-14

P.O. Box 0961-7403

Bayamón, PR 00961-74031

El 3 de abril del 2024, el TPI-Bayamón emitió una orden 

declarando “Ha Lugar” la solicitud y declaración de exención del 

arancel.2 El 4 de abril del corriente, Secretaría intentó notificar por 

correo postal, pero esta fue devuelta.3 Incluso, desde la presentación 

de la demanda hasta la “Solicitud de Representación Legal”, el 

Tribunal de Primera Instancia ha recibido devuelta las órdenes y 

notificaciones que ha intentado enviarle al peticionario.4 A vuelta de 

correo, la agencia de correo federal ha notificado la existencia de 

problemas con la dirección postal ofrecida, que es la que el 

peticionario ha colocado en sus escritos.5

El 13 de mayo de 2024, Olmeda Pérez presentó “Solicitud de 

Representación Legal” en la que expresa nuevamente la dirección 

postal incorrecta.6 Por tal razón, le fue declarada “No Ha Lugar” en 

esta etapa del procedimiento hasta que el peticionario informe la 

dirección postal correcta.7

Inconforme con lo resuelto, el peticionario acude ante 

nosotros mediante recurso de certiorari solicitando que revoquemos 

la determinación recurrida y, en consecuencia, se le designe 

representante legal. En esencia, fundamenta su solicitud en el 

hecho de que le fue enviada una primera comunicación en la que se 

le notificaba la designación de codificación alfanumérica y número 

1 Entradas 1 y 2, SUMAC. 

2 Entrada 3, SUMAC.

3 Entrada 4, SUMAC.

4 Entradas 13 y 14, SUMAC

5 Id.

6 Entrada 12, SUMAC.

7 Entrada 15, SUMAC.
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de sala para el presente caso. Añade que esa notificación fue enviada 

y recibida a la dirección postal correcta: 

Anexo 292, Edif. 5-A-14

P.O. Box 607073

Bayamón, PR 009618

II.

A. Certiorari

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una 

decisión de un tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 

212 DPR 194, 207 (2023); Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023); Caribbean Orthopedics v. 

Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce de León v. 

AIG, 205 DPR 163, 174-175 (2020). Ahora bien, tal discreción no 

opera en lo abstracto. Con respecto a lo anterior y para revisar los 

dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia, 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

8 Recurso de Certiorari, págs. 1-2.
KLCE202400720 4

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.

[. . .] 

 Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, 

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias 

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la 

justicia, entre otras contadas excepciones. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 710-711 (2019). 

Luego de auscultar si el recurso discrecional cumple con las 

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, el 

tribunal procederá a evaluar el recurso a la luz de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

La mencionada regla expone los criterios que esta Curia deberá 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de 

atender o no las controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). Véase, además, Rivera et al. 

v. Arcos Dorados et al., supra, pág. 209; Pueblo v. Rivera Montalvo, 

205 DPR 352, 372 (2020). 

Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, 

supra. La precitada Regla dispone lo siguiente: 

El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
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(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una 

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo 

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo 

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida, así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del 

litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis 

omitido). 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de 

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la 

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 
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745 (1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000). 

Finalmente, precisa señalar que la denegatoria a expedir un 

recurso discrecional no implica la ausencia de error en el dictamen, 

cuya revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus 

méritos. Al contrario, responde a la facultad discrecional del foro 

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite 

pautado por el foro de instancia. Torres Martinez v. Torres Ghigliotty, 

supra, pág. 98. 

III.

El peticionario señala que erró el Tribunal al declarar “No Ha 

Lugar” la solicitud de asignación de representación legal de oficio en 

esta etapa de los procedimientos en donde, según el TPI-Bayamón, 

por error en la dirección postal, no se le han logrado notificar 

distintas órdenes. Luego de un examen sosegado del expediente ante 

nos, y el estado de derecho aplicable, colegimos que no existe criterio 

jurídico que amerite nuestra intervención con lo resuelto por el Foro 

Primario. Por lo que no encontramos razón en derecho que justifique 

nuestra intervención.

Luego de apreciar el planteamiento que la parte peticionaria 

propone ante este Foro, distinguimos que la sala de origen no 

incurrió en error de derecho ni en abuso de discreción al declarar 

“No Ha lugar” la petición en esta etapa de los procedimientos, debido 

a un error en la dirección postal provista por el recurrido. En esta, 

inicialmente, el recurrido había provisto una dirección errónea, en 

lugar de la correcta que es Anexo 292, Edif. 5-A-14, P.O. Box 

607073, Bayamón, PR. 00961. Ello, nos hace concluir que 

nuestra intervención, en esta etapa de los procedimientos, no 

resulta oportuna. 
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IV.

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el auto

solicitado.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones