Número Identificador

RES20 2 4

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

CAPITAL MANAGEMENT GROUP, LLC COMO AGENTE DE JEFFERSON CAPITAL SYSTEMS LLC
Demandante

- P eticionaria

V.

IRIS G. VEGA HERNÁNDEZ
Demandada

- Recurrid a KL CE 20 2 400201 Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Patillas
Caso Núm. PA2023CV00273 (Sala 306 )
Sobre: Cobro de Dinero Regla 60 Panel integrado por su president a , la Jueza Ortiz Flores , el Juez Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez Rivera Pérez, Jueza P onente RESOLUCIÓN En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 202 4

. Comparece la parte demandante

- peticionaria Capital Management Group , LLC, mediante un recurso de Certiorari y nos solicita que revisemos la Orden emitida y notificada el 9 de febrero de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Patillas (en adelante, TPI). Mediante este dictamen, el TPI le impuso una sanción de $100.00 a la parte demandante

- peticionaria y l e ordenó a cumplir con la Resolución y Orden Conversión y Emplazamiento emitida y notificada el 11 de enero de 2024. Por los fundamentos que expondremos, se deniega la expedición del presente recurso de Certiorari

. I
El 28 de noviembre de 2023, la parte demandante

- peticionaria presentó una Demanda sobre cobro de dinero en contra de la Sra. Iris Vega Hernández (en adelante, Sra. Vega Hernández) bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60. 1 La demanda

1 Apéndice del Certiorari , págs. 2

- 3.KLCE202400201 2

se acompañó con un proyecto de Notificación y Citación sobre Cobro
de Dinero dirigido a la Sra. Vega Hernández para ser expedido por la
Secretaria del t ribunal , entre otros documentos

. 2
L ue go de varios trámites procesales, el 11 de enero de 2024,
se celebró la Vista de Regla 60

. A esta vista ú nicamente compareció la parte demandante

- peticionaria representada por su abogada la Lcda. Gyndrishka Camacho Figueroa

. 3 Finalizada la vista , el TPI
emitió y notificó una Resolución y Orden Conversión y Emplazamiento disponiendo y ordenando lo siguiente: “Citado el caso para el día de hoy, ha comparecido la parte demandante a través de su representación legal y la parte demandada no ha comparecido. De los autos se desprende que no fue diligenciada la notificación

citación . Ante ello, este Tr ibunal resuelve y ordena: Se ordena la conversión al proceso ordinario.
Parte demandante tiene hasta el 16 de enero de 2024 para presentar proyecto de emplazamiento personal.
Parte demandante tiene hasta el 1 de febrero de 2024 para informar gestiones e specíficas para emplazar personalmente a la parte demandada.” (énfasis en el original). 4 En esa misma fecha, la parte demandante

- peticionaria presentó una Moción en Cumplimiento de Orden 5 acompañada de un proyecto de emplazamiento dirigido a la Sra. Vega Hernández para ser expedido por la Secretaria del t ribunal

. 6 La parte demandante

peticionaria expresó en su moción que, “en cumplimiento con la [o]rden de este Foro, anejamos al presente escrito el Proyecto de Emplazamiento para que sea expedido por este Ilustrado Tribunal”

.

2 Este proyecto de Notificación y Citación sobre Cobro de Dinero fue expedido por la Secretaria del tribunal el 4 de diciembre de 2023. Véase, la entrada Núm. 2 del expediente digital del Caso Núm. PA2023CV00273 en el Sistema Unificado de Manejo y Administr ación de Casos. 3 Véase, la entrada Núm. 12 del expediente digital del Caso Núm. PA2023CV00273 en el SUMAC

. 4 Apéndice del Certiorari , págs. 4. 5 Véase, la entrada Núm. 8 del expediente digital del Caso Núm. PA2023CV00273 en el SUMAC. 6 El emplazamiento fu e expedido por la Secretaria del T ribunal ese mismo día. Véase, las entradas Núm. 9 y 10 del expediente digital del Caso Núm. PA2023CV00273 en el SUMAC.KLCE202400201 3
E l 9 de febrero de 2024, el TPI emitió y notificó la Orden recurrida, en la cual dispuso lo siguiente: “Examinados los autos, la p arte demandante no ha cumplido con lo ordenado el pasado 11 de enero de 2024. Se le sanciona en $100.00 dólares.
Tiene hasta el 16 de febrero de 2024 para cumplir con la sanción y lo ordenado.” (énfasis en el original). 7
E n esa misma fecha, la parte de mandante

- peticionaria presentó una Moción en Reconsideración de Sanción

. 8 En lo pertinente , la parte demandante

- peticionaria indicó lo siguiente: 15. Que la parte aquí compareciente cumplió parcialmente con la Resolución y Orden emitida el 11 de enero de 2024, al presentar el Proyecto de Emplazamiento. 16. No obstante, y debido a un error en nuestra agenda, no cumplimos en su totalidad con dicha orden. 17. En específico, la parte aqu [í] compareciente c alendarizó las fechas para el 16 de enero y 16 de febrero, para presentar el Proyecto de Emplazamiento e informar las gestiones específicas, respectivamente. 18. Sin embargo, al recibir la sanción, revisamos la Orden emitida y nos percatamos de la razón por la cual, no cumplimos con la orden en su totalidad. 9 (énfasis suplido).
Fina l mente, el 13 de febrero de 2024, el TPI emitió y notificó
Resolución NHL Reconsideración , en la cual dispuso lo siguiente:

7 Apéndice del Certiorari , pág. 1. 8 Apéndice del Certiorari , págs.6

- 7. 9 Apéndice del Certiorari , pág. 7. La parte demandante

- peticionaria aprovechó para informar las gestiones que se habían realizado para emplazar a las Sra. Vega Hernández. Además, solicitó que se dejará sin efecto la sanción impuesta. En específico , expresó lo siguiente: 19. Ante ello, nos comunicamos inmediatamente con New Era, nuestros emplazadores, para validar las gestiones realizadas, hasta el día de hoy. 20. Se nos informó que se visitó la direcci[ó]n de la parte demandada en el Bo Los Pollas, pero no se encontró a l a parte demandada. 21. Razón por la cual, se validó en la base de datos del DTOP y se obtuvo una nueva dirección de la parte demandada. 22. El Sr. Humberto Meléndez Medina (emplazador), nos informó que se personará en la próxima semana en la nueva direcc i[ó]n, de la región de Patillas. 23. Ante ello, muy respetuosamente le solicitamos a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto, de por cumplida su Orden y libere al abogado suscribiente de la sanción impuesta.” Íd

.KLCE202400201 4 “Examinada la moción, los argumentos que le acompañan y no existiendo justa causa para el incumplimiento de lo ordenado, este Tribuna l resuelve:
NO HA LUGAR la reconsideración. Cumpla con lo ordenado: Insistimos, este tribunal permitirá que se entretengan los casos.” 10 (énfasis en el original). Inconforme con la determinación del TPI, la parte
demandante

- peticionaria acudió ante nos e l 16 de febrero de 2024 mediante el presente recurso de Certiorari , en el cual señala la comisión por el TPI del error siguiente:
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al imponer sanción a la parte aquí demandante

peticionaria por no informar las gestiones realizadas para emplazar a la demandada, sin haber transcurrido el término de ciento veinte (120) días concedidos por la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil. Examinado el presente recurso, p rocedemos a disponer del
mismo sin necesidad de ulte rior trámite, conforme lo autoriza la Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII

- B, R. 7(B)(5).
II El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un foro inferior”. IG Builders et al. v. BBVAPR , 185 DPR 307, 337

- 338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León
v. AIG , 205 DPR 163, 174 (2020 ); Pueblo v. Díaz de León , 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró , 165 DPR 324, 334 (2005). En el ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR , supra, pág. 338. La discreción, “es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.” Torres González v. Zaragoza Meléndez , 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023); 800 Ponce de León v. AIG , supra , a la pág. 174.

10 Apéndice del Certiorari , pág. 8.KLCE202400201 5 En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso
de certiorari , bajo el entendimiento de que estos pueden esperar hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR , supra, pág. 337. Al respecto, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra , dispone específicamente que el
recurso de certiorari para revisar resoluc iones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
solamente ser á

́ expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
recurra de una resoluci ó n u orden bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
Tribunal de Primera Instancia cuando se recu rra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra situac ión en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd . Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Íd

. A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII

- B, R. 40, establece los criterios que el Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de
una orden de mostrar causa. Estos son: (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. (B) Si la situación de hechos planteada es la másKLCE202400201 6 indicada para el análisis del problema. (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o e rror craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. (E) Si la eta pa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración. (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio. (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia”. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra . La precitada regla mandata que, como foro apelativo, evaluemos si alguna de las instancias enumeradas anteriormente es de aplicación a la petición de certiorari . De alguna estar presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen

recu rrido. Por el contrario, estaremos impedidos de expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del foro recurrido.
Lo s criterios antes transcritos sirven de guía para poder determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no interv enir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty , 175 DPR 83, 96

- 97 (2008). De ordinario, los tribunales apelativos no debemos intervenir
con las decisiones discrecionales de un Tribunal de Pri mera Instancia a menos que se demuestre que dicho foro incurrió en un abuso de discreción, y que nuestra intervención evitaría un perjuicio
sustancial. SLG Zapata

- Rivera v. J.F. Montalvo , 189 DPR 414, 435 (2013). En todo caso, el criterio rector al momento de evaluar si un
tribunal ha abusado de su discreción es la razonabilidad de la determinación impugnada, y su fundamento en un sentido llano de justicia. Id., págs. 434

- 435.KLCE202400201 7
B. La discreción judicial se refiere al margen de libertad que
tienen los jueces para tomar decisiones basadas en su conocimiento, experiencia, y en la interpretación de las leyes. E s “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al. , 200 DPR 724, 735 (2018) ; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LL C , 194 DPR 723, 729 (2016); SLG Zapata

- Rivera v. J.F. Montalvo , supra ; IG Builders
et al . v. BBVAPR , supra, pág. 338. La discreción no implica que los tribunales puedan actuar de
una forma u otra en abstracción del resto del derecho. SLG Zapata

Rivera v. J.F. Montalvo , supra . En otras palabras, la discreción no opera en un vacío y su ejercicio se encuentra estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. V S PR, LLC v. Drift

Wind , 207 DPR 253 (2021). Se ha señalado que la discreción que cobija al Tribunal de Primera Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo que sus decisiones merecen gran deferencia. BPPR v. Gómez Alayón , 2023 TSPR 145 , 213 DRP

___ (2023) ; Citibank et al. v. ACBI
et al. , supra ; Mejías et al. v. Carrasquillo et al. , 185 DPR 288, 306

- 307 (2012)

. Como regla general, los foros apelativos no intervendrán en la discreción de los foros primarios a no ser que las decisiones emitidas
resulten arbitrarias o en un abuso de su discreción. BPPR v. Gómez Alayón , supra; VS PR, LLC v. Drift

- Wind , supra, pág. 273 ; Umpierre Matos v. Juelle, Mejía , 203 DPR 254, 276 (2019); Citibank et al. v.
ACBI et al. , supra. Específicamente, se ha señalado que la discreción ha de ceder en las circunstancias en las que se configura: un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier normaKLCE202400201 8

procesal o de derecho sustantivo, y que la intervención en esa etapa evitaría un perjuicio sustancial a la parte afectada por su
determinación. BPPR v. Gómez Alayón , supra; Cruz Flores et al. v. Hospital Ryder et al. , 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Bco. Popular , 152 DPR 140, 155 (2000 ). Por último, se han delimitado las instancias en las que un tribunal abusa de su discreción de la siguiente manera: “C]uando no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; Cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho ir relevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste; o cuando, [...] [tras] considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente”

. BPPR v. Gómez Alayón , supra; SLG Zapata

- Rivera v. J.F. Montalvo , supra. C. En virtud de las Reglas de Procedimiento Civil, los tribunales están facultados para imponer sanciones por el incumplimiento con sus órdenes. En particular, la Regla 39.2(a) de Procedimiento Ci vil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(a), dispone lo siguiente: “(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada podr á ́ decretar la desestimación del pleito o de cualquier reclamación contra é sta o la eliminación de las alegaciones, según corresponda. Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación de las alegaciones ta n sólo proceder á ́ después que el tribunal, en primer término , haya apercibido al abogado o abogada de la parte de la situación y se le haya concedido la oportunidad para responder. Si el abogado o abogada de la parte no responde a tal apercibimiento, el tr ibunal proceder á

́ a imponer sanciones al abogado o abogada de la parte y se notificar a ́ directamente a la parte sobre la situación . Luego de que la parte haya sido debidamente informada o apercibida de la situación y de las consecuencias que pueda tener el que la misma no sea corregida, el tribunal podr á ́ ordenar la desestimación del pleito o la eliminación de las alegaciones. El tribunal conceder á ́ a la parte un término de tiempo razonable para corregir la situación que en ningún caso ser á

́ menor de treint a (30) días , a menos que las circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el término .”KLCE202400201 9 De la citada disposición surge que una vez se plantea ante el Tribunal de Instancia una situación que amerite la imposición de sanciones, este debe primeramente am onestar al abogado de la parte. Si la acción disciplinaria no produce frutos positivos, procederá la desestimación de la demanda o la eliminación de las alegaciones, luego de que la parte haya sido debidamente informada y apercibida de las consecuencias qu e puede acarrear el incumplimiento. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima , 154 DPR 217, 222 (2001)

. III En su recurso de Certiorari , la parte demandante

- peticionaria señala que erró el TPI “al imponer sanción a la parte aquí
demandante

- peticionaria por no informar las gestiones realizadas para emplazar a la demandada, sin haber transcurrido el término de ciento veinte (120) días concedidos por la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil”

. Del trámite procesal del presente caso sur ge que, llegad o el 11 de enero de 2024, fecha señalada para la Vista de Regla 60 , no se había diligenciado la notificaci ó n
- citaci ó n dirigida a la parte demandada

- recurrida

. 11 Esta había sido expedida por la Secretaria
del tribunal desde el 4 de diciembre de 2023. Ante esta situación, el
TPI emitió una resolución y orden al finalizar la vista disponiendo que el caso se continuaría tramitando bajo el procedimiento
ordinario . Además, le concedió a la parte demandante

- peticionaria hasta el 16 de enero de 2024 para presentar un proyecto de emplazamiento y hasta el 1 de febrero de 2024 para informar las gestiones específicas que había llevado a cabo para emplazar.

11 En las reclamaciones bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, la parte demandante es responsable de diligenciar la notificaci ó n
- citaci ó n dirigida a la parte demandada dentro de un plazo de diez (10) días de pre sentada la demanda.KLCE202400201 10 En esa misma fecha, la parte demandante

- peticionaria cumplió con presentar el proyecto de emplazamiento. Si n embargo, pasado el término concedido para informar las gestiones realizadas
para emplazar , el TPI emitió el 9 de febrero de 2024 la orden
recurrida imponiéndole una sanción económica de $100.00 a la parte demandante

- peticionaria y ordenándole nuevamente a cumplir con la totalidad de lo ordenado en el dictamen emitido el 11 de enero de 2024

. La parte demandante

- peticionaria presentó una moción de recon sideración , la cual fue declarada No Ha Lugar por
el TPI. En su moción, la parte demandante

- peticionaria alegó que su incumplimiento s e debió a un error en su agenda ; inform ó las gestiones realizadas para emplazar ; y solicitó que se dejara sin efecto la sanción impuesta.
Evaluado el presente recurso de certiorari a la luz de los
criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra , determinamos que no procede su expedición. La imposición de una sanción es una determinación que recae en la
discreción del TPI como parte del manejo del caso ante su
consideración

. Conforme al derecho expuesto, la discreción que cobija al foro primario es amplia, por lo que decisiones de esta naturaleza merecen gran deferencia. Como foro apelativo , no debemos intervenir con las determinaciones discrecionales del TPI , salvo quedara establecido que haya mediado prejuicio, parcialidad,
craso abuso de disc reción o error en la aplicación de una norma procesal o de derecho sustantivo por parte de dicho foro y cuando nueva intervención evite un perjuicio sustancial. En el presente caso, ante la ausencia de lo anterior, no se justifica nuestra intervención con la decisión recurrida

. A nuestro juicio, el Tribunal de Primera Instancia actuó dentro de los parámetros de su discreción y enmarcado en el criterio de la
razonabilidad al imponerle una sanción de $100.00 a la parteKLCE202400201 11

demandante

- peticionaria ante su falta de diligencia e incumplimiento con las órdenes del tribunal.
IV Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del presente recurso de Certiorari

. Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Sol í s Secretaria del Tribunal de Apelaciones