Número Identificador

RES2024_________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

CAPITAL MANAGEMENT 

GROUP, LLC COMO 

AGENTE DE JEFFERSON 

CAPITAL SYSTEMS LLC

Demandante-Peticionaria

V.

IRIS G. VEGA HERNÁNDEZ

Demandada-Recurrida

KLCE202400201

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala

Municipal de

Patillas

Caso Núm. 

PA2023CV00273

(Sala 306)

Sobre:

Cobro de Dinero

Regla 60

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez 

Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Rivera Pérez, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

Comparece la parte demandante-peticionaria Capital

Management Group, LLC, mediante un recurso de Certiorari y nos 

solicita que revisemos la Orden emitida y notificada el 9 de febrero 

de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de 

Patillas (en adelante, TPI). Mediante este dictamen, el TPI le impuso 

una sanción de $100.00 a la parte demandante-peticionaria y le

ordenó a cumplir con la Resolución y Orden Conversión y 

Emplazamiento emitida y notificada el 11 de enero de 2024. 

Por los fundamentos que expondremos, se deniega la 

expedición del presente recurso de Certiorari.

I

El 28 de noviembre de 2023, la parte demandante-peticionaria 

presentó una Demanda sobre cobro de dinero en contra de la 

Sra. Iris Vega Hernández (en adelante, Sra. Vega Hernández) bajo la 

Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60.1 La demanda 

1 Apéndice del Certiorari, págs. 2-3.
KLCE202400201 2

se acompañó con un proyecto de Notificación y Citación sobre Cobro 

de Dinero dirigido a la Sra. Vega Hernández para ser expedido por la 

Secretaria del tribunal, entre otros documentos.

2

Luego de varios trámites procesales, el 11 de enero de 2024, 

se celebró la Vista de Regla 60. A esta vista únicamente compareció

la parte demandante-peticionaria representada por su abogada la 

Lcda. Gyndrishka Camacho Figueroa.

3 Finalizada la vista, el TPI 

emitió y notificó una Resolución y Orden Conversión y 

Emplazamiento disponiendo y ordenando lo siguiente:

“Citado el caso para el día de hoy, ha comparecido la 

parte demandante a través de su representación legal y 

la parte demandada no ha comparecido. De los autos se 

desprende que no fue diligenciada la notificacióncitación. Ante ello, este Tribunal resuelve y ordena:

Se ordena la conversión al proceso ordinario.

Parte demandante tiene hasta el 16 de enero de 

2024 para presentar proyecto de emplazamiento 

personal.

Parte demandante tiene hasta el 1 de febrero de 

2024 para informar gestiones específicas para emplazar 

personalmente a la parte demandada.” (énfasis en el 

original).4

En esa misma fecha, la parte demandante-peticionaria 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden5 acompañada de un

proyecto de emplazamiento dirigido a la Sra. Vega Hernández para 

ser expedido por la Secretaria del tribunal.

6 La parte demandantepeticionaria expresó en su moción que, “en cumplimiento con la 

[o]rden de este Foro, anejamos al presente escrito el Proyecto de 

Emplazamiento para que sea expedido por este Ilustrado Tribunal”.

2 Este proyecto de Notificación y Citación sobre Cobro de Dinero fue expedido por 

la Secretaria del tribunal el 4 de diciembre de 2023. Véase, la entrada Núm. 2 del 

expediente digital del Caso Núm. PA2023CV00273 en el Sistema Unificado de 

Manejo y Administración de Casos.

3 Véase, la entrada Núm. 12 del expediente digital del Caso Núm. PA2023CV00273

en el SUMAC.

4 Apéndice del Certiorari, págs. 4.

5 Véase, la entrada Núm. 8 del expediente digital del Caso Núm. PA2023CV00273 

en el SUMAC.

6 El emplazamiento fue expedido por la Secretaria del Tribunal ese mismo día. 

Véase, las entradas Núm. 9 y 10 del expediente digital del Caso Núm. 

PA2023CV00273 en el SUMAC.
KLCE202400201 3

El 9 de febrero de 2024, el TPI emitió y notificó la Orden

recurrida, en la cual dispuso lo siguiente:

“Examinados los autos, la parte demandante no ha 

cumplido con lo ordenado el pasado 11 de enero de 

2024. Se le sanciona en $100.00 dólares.

Tiene hasta el 16 de febrero de 2024 para cumplir con 

la sanción y lo ordenado.” (énfasis en el original).7

En esa misma fecha, la parte demandante-peticionaria 

presentó una Moción en Reconsideración de Sanción.

8 En lo 

pertinente, la parte demandante-peticionaria indicó lo siguiente:

15. Que la parte aquí compareciente cumplió 

parcialmente con la Resolución y Orden emitida el 11 

de enero de 2024, al presentar el Proyecto de 

Emplazamiento.

16. No obstante, y debido a un error en nuestra 

agenda, no cumplimos en su totalidad con dicha 

orden.

17. En específico, la parte aqu[í] compareciente 

calendarizó las fechas para el 16 de enero y 16 de 

febrero, para presentar el Proyecto de 

Emplazamiento e informar las gestiones específicas, 

respectivamente.

18. Sin embargo, al recibir la sanción, revisamos la 

Orden emitida y nos percatamos de la razón por la 

cual, no cumplimos con la orden en su totalidad.9

(énfasis suplido).

Finalmente, el 13 de febrero de 2024, el TPI emitió y notificó 

Resolución NHL Reconsideración, en la cual dispuso lo siguiente:

7 Apéndice del Certiorari, pág. 1.

8 Apéndice del Certiorari, págs.6-7.

9 Apéndice del Certiorari, pág. 7. La parte demandante-peticionaria aprovechó 

para informar las gestiones que se habían realizado para emplazar a las Sra. Vega 

Hernández. Además, solicitó que se dejará sin efecto la sanción impuesta. En 

específico, expresó lo siguiente:

19. Ante ello, nos comunicamos inmediatamente con New Era, 

nuestros emplazadores, para validar las gestiones realizadas, hasta 

el día de hoy.

20. Se nos informó que se visitó la direcci[ó]n de la parte 

demandada en el Bo Los Pollas, pero no se encontró a la parte 

demandada. 

21. Razón por la cual, se validó en la base de datos del DTOP y se 

obtuvo una nueva dirección de la parte demandada. 

22. El Sr. Humberto Meléndez Medina (emplazador), nos informó 

que se personará en la próxima semana en la nueva direcci[ó]n, de 

la región de Patillas.

23. Ante ello, muy respetuosamente le solicitamos a este Honorable 

Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto, de por 

cumplida su Orden y libere al abogado suscribiente de la sanción 

impuesta.” Íd.
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“Examinada la moción, los argumentos que le 

acompañan y no existiendo justa causa para el 

incumplimiento de lo ordenado, este Tribunal resuelve:

NO HA LUGAR la reconsideración. Cumpla con lo 

ordenado: Insistimos, este tribunal permitirá que se 

entretengan los casos.”10 (énfasis en el original).

Inconforme con la determinación del TPI, la parte 

demandante-peticionaria acudió ante nos el 16 de febrero de 2024 

mediante el presente recurso de Certiorari, en el cual señala la 

comisión por el TPI del error siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

imponer sanción a la parte aquí demandantepeticionaria por no informar las gestiones realizadas 

para emplazar a la demandada, sin haber transcurrido 

el término de ciento veinte (120) días concedidos por la 

Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil. 

Examinado el presente recurso, procedemos a disponer del 

mismo sin necesidad de ulterior trámite, conforme lo autoriza la 

Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).

II

El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León 

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el 

ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La 

discreción, “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.” 

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ 

(2023); 800 Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

10 Apéndice del Certiorari, pág. 8.
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En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los 

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso 

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar 

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Al respecto, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, dispone específicamente que el 

recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción 

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. Al 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Íd. 

A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el 

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al 

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de 

una orden de mostrar causa. Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
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indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia”. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

La precitada regla mandata que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las instancias enumeradas anteriormente es 

de aplicación a la petición de certiorari. De alguna estar presente, 

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen 

recurrido. Por el contrario, estaremos impedidos de expedir el auto, 

y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del foro recurrido. 

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder determinar, 

de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el caso en 

la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).

De ordinario, los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con las decisiones discrecionales de un Tribunal de Primera 

Instancia a menos que se demuestre que dicho foro incurrió en un 

abuso de discreción, y que nuestra intervención evitaría un perjuicio 

sustancial. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 

(2013). En todo caso, el criterio rector al momento de evaluar si un 

tribunal ha abusado de su discreción es la razonabilidad de la 

determinación impugnada, y su fundamento en un sentido llano de 

justicia. Id., págs. 434-435.
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B.

La discreción judicial se refiere al margen de libertad que 

tienen los jueces para tomar decisiones basadas en su conocimiento, 

experiencia, y en la interpretación de las leyes. Es “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 

735 (2018); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 

729 (2016); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; IG Builders 

et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338.

La discreción no implica que los tribunales puedan actuar de 

una forma u otra en abstracción del resto del derecho. SLG ZapataRivera v. J.F. Montalvo, supra. En otras palabras, la discreción no 

opera en un vacío y su ejercicio se encuentra estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad. VS PR, LLC v. DriftWind, 207 DPR 253 (2021).

Se ha señalado que la discreción que cobija al Tribunal de 

Primera Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, 

por lo que sus decisiones merecen gran deferencia. BPPR v. Gómez

Alayón, 2023 TSPR 145, 213 DRP ___ (2023); Citibank et al. v. ACBI 

et al., supra; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 306-

307 (2012).

Como regla general, los foros apelativos no intervendrán en la 

discreción de los foros primarios a no ser que las decisiones emitidas 

resulten arbitrarias o en un abuso de su discreción. BPPR v. Gómez

Alayón, supra; VS PR, LLC v. Drift-Wind, supra, pág. 273; Umpierre 

Matos v. Juelle, Mejía, 203 DPR 254, 276 (2019); Citibank et al. v. 

ACBI et al., supra.

Específicamente, se ha señalado que la discreción ha de ceder 

en las circunstancias en las que se configura: un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 
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procesal o de derecho sustantivo, y que la intervención en esa etapa 

evitaría un perjuicio sustancial a la parte afectada por su 

determinación. BPPR v. Gómez Alayón, supra; Cruz Flores et al. v. 

Hospital Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

Por último, se han delimitado las instancias en las que un 

tribunal abusa de su discreción de la siguiente manera:

“C]uando no toma en cuenta e ignora en la decisión que 

emite, sin fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto; Cuando el 

juez, por el contrario, sin justificación ni fundamento 

alguno, concede gran peso y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en éste; o cuando, [...] [tras] considerar 

y tomar en cuenta todos los hechos materiales e 

importantes y descartar los irrelevantes, el juez los 

sopesa y calibra livianamente”. BPPR v. Gómez Alayón, 

supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.

C.

En virtud de las Reglas de Procedimiento Civil, los tribunales 

están facultados para imponer sanciones por el incumplimiento con 

sus órdenes. En particular, la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 39.2(a), dispone lo siguiente:

“(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas 

reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a 

iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada 

podrá́decretar la desestimación del pleito o de cualquier 

reclamación contra ésta o la eliminación de las 

alegaciones, según corresponda. Cuando se trate de un 

primer incumplimiento, la severa sanción de la 

desestimación de la demanda o la eliminación de las 

alegaciones tan sólo procederá́después que el tribunal, 

en primer término, haya apercibido al abogado o 

abogada de la parte de la situación y se le haya 

concedido la oportunidad para responder. Si el abogado 

o abogada de la parte no responde a tal apercibimiento, 

el tribunal procederá́ a imponer sanciones al abogado o 

abogada de la parte y se notificará directamente a la 

parte sobre la situación. Luego de que la parte haya sido 

debidamente informada o apercibida de la situación y 

de las consecuencias que pueda tener el que la misma 

no sea corregida, el tribunal podrá́ ordenar la 

desestimación del pleito o la eliminación de las 

alegaciones. El tribunal concederá́a la parte un término

de tiempo razonable para corregir la situación que en 

ningún caso será́ menor de treinta (30) días, a menos 

que las circunstancias del caso justifiquen que se 

reduzca el término.”
KLCE202400201 9

De la citada disposición surge que una vez se plantea ante el 

Tribunal de Instancia una situación que amerite la imposición de 

sanciones, este debe primeramente amonestar al abogado de la 

parte. Si la acción disciplinaria no produce frutos positivos, 

procederá la desestimación de la demanda o la eliminación de las 

alegaciones, luego de que la parte haya sido debidamente informada 

y apercibida de las consecuencias que puede acarrear el 

incumplimiento. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 

222 (2001).

III

En su recurso de Certiorari, la parte demandante-peticionaria 

señala que erró el TPI “al imponer sanción a la parte aquí 

demandante-peticionaria por no informar las gestiones realizadas 

para emplazar a la demandada, sin haber transcurrido el término 

de ciento veinte (120) días concedidos por la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil”.

Del trámite procesal del presente caso surge que, llegado el 11 

de enero de 2024, fecha señalada para la Vista de Regla 60, no se

había diligenciado la notificación-citación dirigida a la parte 

demandada-recurrida.

11 Esta había sido expedida por la Secretaria

del tribunal desde el 4 de diciembre de 2023. Ante esta situación, el 

TPI emitió una resolución y orden al finalizar la vista disponiendo

que el caso se continuaría tramitando bajo el procedimiento 

ordinario. Además, le concedió a la parte demandante-peticionaria

hasta el 16 de enero de 2024 para presentar un proyecto de 

emplazamiento y hasta el 1 de febrero de 2024 para informar las 

gestiones específicas que había llevado a cabo para emplazar. 

11 En las reclamaciones bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 60, la parte demandante es responsable de diligenciar la notificación-citación 

dirigida a la parte demandada dentro de un plazo de diez (10) días de presentada 

la demanda.
KLCE202400201 10

En esa misma fecha, la parte demandante-peticionaria 

cumplió con presentar el proyecto de emplazamiento. Sin embargo, 

pasado el término concedido para informar las gestiones realizadas 

para emplazar, el TPI emitió el 9 de febrero de 2024 la orden 

recurrida imponiéndole una sanción económica de $100.00 a la 

parte demandante-peticionaria y ordenándole nuevamente a 

cumplir con la totalidad de lo ordenado en el dictamen emitido el 11 

de enero de 2024. La parte demandante-peticionaria presentó una 

moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por 

el TPI. En su moción, la parte demandante-peticionaria alegó que su

incumplimiento se debió a un error en su agenda; informó las 

gestiones realizadas para emplazar; y solicitó que se dejara sin efecto 

la sanción impuesta.

Evaluado el presente recurso de certiorari a la luz de los 

criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, determinamos que no procede su expedición. La 

imposición de una sanción es una determinación que recae en la 

discreción del TPI como parte del manejo del caso ante su 

consideración. Conforme al derecho expuesto, la discreción que 

cobija al foro primario es amplia, por lo que decisiones de esta 

naturaleza merecen gran deferencia. Como foro apelativo, no 

debemos intervenir con las determinaciones discrecionales del TPI, 

salvo quedara establecido que haya mediado prejuicio, parcialidad, 

craso abuso de discreción o error en la aplicación de una norma 

procesal o de derecho sustantivo por parte de dicho foro y cuando 

nueva intervención evite un perjuicio sustancial.

En el presente caso, ante la ausencia de lo anterior, no se 

justifica nuestra intervención con la decisión recurrida. A nuestro 

juicio, el Tribunal de Primera Instancia actuó dentro de los 

parámetros de su discreción y enmarcado en el criterio de la 

razonabilidad al imponerle una sanción de $100.00 a la parte 
KLCE202400201 11

demandante-peticionaria ante su falta de diligencia e 

incumplimiento con las órdenes del tribunal.

IV

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

presente recurso de Certiorari.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones