Número Identificador

SEN2023__________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

LYDIA CRUZ BÁEZ

Apelante

 

v.

NÉSTOR RAFAEL ALICEA 

RODRÍGUEZ

Apelado

KLAN202300778

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala

Superior de Guayama

Caso Núm.:

AY2021RF00005 (304)

Sobre:

Alimentos-Excónyuges

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

S E N T EN C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de diciembre de 2023.

Comparece ante nos la señora Lydia Cruz Báez (señora Cruz 

Báez o apelante) mediante recurso de Apelación y solicita la revisión 

de la Sentencia emitida el 28 de junio de 2023, notificada el 30 de 

junio de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Guayama (TPI o foro primario). Mediante el referido dictamen, el 

TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de pensión excónyuge 

presentada por la señora Cruz Báez.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.

I.

La señora Cruz Báez y el señor Néstor Rafael Alicea Rodríguez 

(señor Alicea Rodríguez o apelado) contrajeron matrimonio el 24 de 

diciembre de 2010. El 12 de diciembre de 2019, notificada el 16 de 

enero de 2020, el TPI emitió una Sentencia en la que decretó roto y 

disuelto el vínculo matrimonial entre las partes.
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El 3 de mayo de 2021, la señora Cruz Báez presentó una 

Demanda1 sobre alimentos excónyuge contra el señor Alicea 

Rodríguez. En esencia, la señora Cruz Báez alegó que como 

consecuencia del divorcio no cuenta con los medios económicos 

suficientes para vivir. Sostuvo, además, que el apelado cuenta con 

los recursos necesarios para pagar una pensión a su favor. Por 

tanto, solicitó que se le imponga al señor Alicea Rodríguez el pago 

de una pensión excónyuge por la cantidad de $600.00 mensuales,

costas, gastos y honorarios de abogado.

El 31 de mayo de 2021, el señor Alicea Rodríguez presentó su 

Contestación a la Demanda2 en la que negó la mayoría de las 

alegaciones en su contra. Como defensa afirmativa, adujo que las 

condiciones de salud de la señora Cruz Báez se originaron antes del 

matrimonio y sus problemas económicos no son causados por el 

divorcio. Por tanto, sostuvo no tener obligación alguna con la señora 

Cruz Báez. 

Luego, el 23 de junio de 2023, el TPI celebró el juicio en su 

fondo. Así las cosas, el 28 de junio de 2023, notificada el 30 del 

mismo mes y año, el foro de instancia emitió una Sentencia3 en la 

que determinó que a la señora Cruz Báez no le corresponde recibir 

una pensión excónyuge. 

En desacuerdo con la determinación, el 9 de julio de 2023, la 

señora Cruz Báez presentó Moción a tenor con la Regla 42.2 de las 

de Procedimiento Civil y Reconsideración4. En su escrito, alegó que 

la determinación del TPI no fue fundamentada en hechos específicos 

que demuestren que no le corresponde la pensión solicitada. 

Además, señaló haber justificado que su condición de salud y 

económica amerita que se le conceda una pensión excónyuge. 

1 Véase apéndice del recurso, págs. 17-19.

2 Véase apéndice del recurso, págs. 15-16.

3 Véase apéndice del recurso, págs. 11-14.

4 Véase apéndice del recurso, págs. 7-10.
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Por su parte, el 26 de julio de 2023, el señor Alicea Rodríguez 

presentó Contestación a “Moción a tenor con la Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil y Reconsideración”

5. En síntesis, adujo no estar 

obligado a proveer alimentos a su excónyuge, la señora Cruz Báez,

debido a que ésta ha incumplido su deber de relacionar sus 

necesidades con el acto del divorcio y exponer con claridad la 

capacidad económica del alimentista. 

El 3 de agosto de 2023, notificada el día siguiente, el TPI 

emitió una Orden6 en la que declaró No Ha Lugar a la solicitud de 

reconsideración instada por la señora Cruz Báez. 

Inconforme aún, el 5 de septiembre de 2023, la señora Cruz 

Báez compareció ante nos mediante recurso de Apelación en el que 

señaló el siguiente error:

El T.P.I. cometió error de Derecho al aplicar el Artículo 653 

del Código Civil de 2020 y no el Artículo 109.

El 6 de octubre de 2023, el señor Alicea Rodríguez compareció 

mediante Alegato Parte Apelada. 

Luego de evaluar la determinación recurrida y los argumentos 

de las partes, el 26 de octubre de 2023, emitimos una Resolución

mediante la cual ejercimos la facultad conferida por la Regla 83.1 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones7. Al así hacerlo, le 

concedimos al TPI un término de cinco (5) días para fundamentar 

su determinación emitida el 28 de junio de 2023. 

En cumplimiento con lo solicitado, el 30 de octubre de 2023, 

el TPI emitió una Resolución fundamentada. En lo pertinente a la 

controversia ante nuestra consideración, el foro primario concluyó 

que la necesidad de la señora Cruz Báez existe desde antes de estar 

casada con el señor Alicea Rodríguez. Además, añadió que dicho foro 

no tuvo ante sí prueba alguna sobre la capacidad económica del 

5 Véase apéndice del recurso, págs. 4-6.

6 Véase apéndice del recurso, pág. 1.

7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.1.
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señor Alicea Rodríguez. Ante ello, reiteró que procedía declarar No 

Ha Lugar a la petición de pensión excónyuge. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable a la 

controversia ante nos. 

II.

-AEl derecho a alimentos es parte esencial del principio natural 

de conservación que constituye piedra angular del derecho 

constitucional a la vida8. Esta obligación se fundamenta “en 

principios universalmente reconocidos de solidaridad humana, 

generados por el derecho natural de la vida e imperativos de los 

vínculos familiares”9.

Asimismo, nuestra jurisprudencia ha establecido que la 

pensión alimentaria excónyuge, al igual que la pensión alimentaria 

entre parientes, revisten el “mayor interés público”10. En este 

sentido, ha sido declarado que el derecho a solicitar una pensión 

excónyuge surge del “derecho fundamental de todo ser humano a 

existir y a desarrollar plenamente su personalidad”11.

“Cuando un divorcio coloca en estado de necesidad económica 

a uno de los excónyuges, quien primero responde por esa necesidad, 

luego de la comunidad de bienes, es el otro excónyuge”12. La base 

de esta pensión fue establecida en el Art. 109 del Código Civil de 

1930, 31 LPRA ant. sec. 385, el cual instituía lo siguiente:

 Si decretado el divorcio por cualesquiera de las causales 

que establece la sec. 321 de este título, cualesquiera de los 

[ex]cónyuges no cuentan con suficientes medios para vivir, 

el Tribunal de Primera Instancia podrá asignarle alimentos 

8 Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 12 (2004); Martínez v. Rodríguez, 160 DPR 145 

(2003); Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 534 (2000).

9 Maldonado v. Cruz, supra, pág. 13; Chévere v. Levis, supra; Martínez v. Rivera 

Hernández, 116 DPR 164, 168 (1985).

10 Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, 198 DPR 315, 326 (2017); Cortés Pagán v. 

González Colón, 184 DPR 807, 814 (2012); Morales v. Jaime, 166 DPR 282, 291 

(2008).

11 Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, supra; González v. Suárez Milán, 131 DPR 

296, 301 (1992).

12 Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, supra, pág. 326.
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discrecionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que 

sean de la propiedad del otro cónyuge.

 El tribunal concederá los alimentos a que se refiere el 

párrafo anterior, teniendo en cuenta, entre otras, las 

siguientes circunstancias:

(a) Los acuerdos a que hubiesen llegado los 

[ex]cónyuges.

(b) La edad y el estado de salud.

(c) La cualificación profesional y las probabilidades de 

acceso a un empleo.

(d) La dedicación pasada y futura a la familia.

(e) La colaboración con su trabajo en las actividades 

mercantiles, industriales o profesionales del otro 

cónyuge.

(f) La duración del matrimonio y de la convivencia 

conyugal.

(g) El caudal y medios económicos y las necesidades 

de uno y otro cónyuge.

(h) Cualquier otro factor que considere apropiado 

dentro de las circunstancias del caso.

 Fijada la pensión alimenticia, el juez podrá modificarla 

por alteraciones sustanciales en la situación, los ingresos y 

la fortuna de uno u otro [ex]cónyuge. La pensión será 

revocada mediante resolución judicial si llegase a hacerse 

innecesaria, o por contraer el cónyuge divorciado acreedor a 

la pensión nuevo matrimonio o viviese en público 

concubinato.

Dicha disposición continúa vigente mediante el Art. 466 del 

Código Civil de 2020, según enmendado13. 

13 El aludido Art. 466 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6813, dispone lo 

siguiente: 

Artículo 466.-Pensión alimentaria del excónyuge.

 El tribunal puede asignar al excónyuge que no cuenta con 

medios suficientes para vivir una pensión alimentaria que 

provenga de los ingresos o de los bienes del otro excónyuge, por un 

plazo determinado o hasta que el alimentista pueda valerse por sí 

mismo o adquiera medios adecuados suficientes para su propio 

sustento.

 Para fijar la cuantía de la pensión alimentaria, el tribunal puede 

considerar, entre otros factores pertinentes, las siguientes 

circunstancias respecto a ambos excónyuges:

(a) los acuerdos que hayan adoptado sobre el particular;

(b) la edad y el estado de salud física y mental;

(c) la preparación académica, vocacional o profesional y las 

probabilidades de acceso a un empleo;

(d) las responsabilidades que conservan sobre el cuido de otros 

miembros de la familia;

(e) la colaboración con su trabajo en las actividades 

mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge;

(f) la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal;

(g) el caudal y medios económicos y las necesidades de cada 

cónyuge; y

(h) cualquier otro factor que considere apropiado según las 

circunstancias del caso.

 La resolución del tribunal debe establecer el modo de pago y el 

plazo de vigencia de la pensión alimentaria. Si no se establece un 

plazo determinado, la pensión estará vigente mientras no se 

revoque por el tribunal, a menos que se extinga por las causas que 

admite este Código. 31 LPRA sec. 6813.
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De conformidad con lo anterior, nuestra jurisprudencia ha 

establecido que, cuando queda evidenciado que un cónyuge 

divorciado no cuenta con medios suficientes para vivir, mientras que 

su excónyuge cuenta con bienes de fortuna, procede la concesión de 

una pensión alimentaria. Es decir, que el criterio principal al 

momento de conceder una pensión excónyuge es el binomio 

constituido entre la necesidad económica por parte del 

alimentista y la capacidad económica por parte del 

alimentante14. Establecidos esos elementos, y el hecho de que la 

carencia económica haya surgido como consecuencia del divorcio, 

procede el derecho a la pensión15. De ahí que, si bien el Art. 109 del 

Código Civil de 1930, supra, establece otros criterios a considerar al

otorgar la pensión excónyuge, éstos solo se toman en cuenta para 

fijar el monto de la obligación y no como una carga probatoria 

adicional que deba suplir el reclamante16. Bastará para demostrar 

necesidad la presentación de cualquier prueba pertinente, 

tendente a establecer que no se cuenta con dichos medios 

suficientes para vivir y no necesariamente que se es anciano, 

incapacitado o incapaz de trabajar17. (Énfasis nuestro).

Ahora bien, considerando que estas y otras circunstancias 

pueden cambiar con el transcurso del tiempo, también se ha 

dispuesto que los dictámenes sobre pensiones excónyuges tienen un 

carácter dinámico, por lo que están sujetos a modificación según 

varíe la situación de necesidad del alimentista o la capacidad 

económica del alimentante18. Esta acción no prescribe siempre que 

14 Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, supra, pág. 326.

15 Morales v. Jaime, supra, pág. 302.

16 Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, supra, pág. 327; Morales v. Jaime, supra, 

pág. 306.

17 Morales v. Jaime, supra, págs. 311-312.

18 Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, supra, 327; Cortés Pagán v. González Colón, 

supra, págs. 814–815.
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las peticiones de alimentos entre excónyuges estén vinculadas en 

relación de causalidad con el divorcio19. 

III.

En el presente caso, nos corresponde examinar si el TPI 

dispuso correctamente de la solicitud de pensión excónyuge 

presentada por la señora Cruz Báez. Referente al único error 

señalado, la apelante sostiene que incidió el TPI al aplicar el Artículo 

653 del Código Civil de 202020 y no el Artículo 109 del derogado 

Código Civil de 1930. No le asiste la razón.

En el caso de autos, al realizar un análisis de los artículos 

relativos a la concesión de pensión excónyuge, es preciso señalar 

que tanto el Artículo 653 del Código Civil de 2020 como el Artículo 

109 del derogado Código Civil de 1930, no son sustanciales para la 

disposición del caso de autos. 

Nuestro ordenamiento jurídico ha establecido que la 

concesión o denegatoria de una pensión de alimentos excónyuge 

recae sobre la base de la necesidad del excónyuge reclamante y la 

capacidad económica del excónyuge a quien se le reclama. Es decir, 

la pensión únicamente se concederá cuando el excónyuge 

peticionario demuestre que no cuenta con suficientes medios para 

vivir y acredite la solvencia económica de su excónyuge. Luego de 

ello evidenciarse, entonces, le corresponderá al Juzgador o 

Juzgadora fijar la pensión, tomando en cuenta, entre otros, los ocho 

(8) criterios esbozados en el Art. 109 del Código Civil de Puerto Rico

19 Suria v. Fernández Negrón, 101 DPR 316 (1981).

20 El Art. 653 del Código Civil de 2020, dispone como sigue: 

Artículo 653. — Contenido de la obligación alimentaria. (31 LPRA 

sec. 7531) 

 Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 

sustento, la vivienda, la vestimenta, la recreación y la asistencia 

médica de una persona, según la posición social de su familia. 

 Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos

comprenden también su educación, las atenciones de previsión 

acomodadas a los usos y a las circunstancias de su entorno 

familiar y social y los gastos extraordinarios para la atención de 

sus condiciones personales especiales.
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de 1930, supra, disposición que continúa vigente mediante el Art. 

466 del Código Civil de 2020, según enmendado.

Además, para demostrar esa necesidad se requiere presentar 

prueba pertinente tendente a establecer que no se cuenta con 

suficientes medios para vivir, y no necesariamente que la persona 

es adulta mayor, que está incapacitada o es incapaz de trabajar21.

De manera que, una alegación a los efectos de que se carece de 

medios suficientes para vivir y que el excónyuge cuenta con 

suficientes medios, ello sin sustentarse, resulta insuficiente para 

que se decrete la concesión de los alimentos.

Particularmente, el 28 de junio de 2023, notificada el 30 del 

mismo mes y año, el TPI emitió una Sentencia en la que concluyó 

que la señora Cruz Báez no tiene derecho a una pensión excónyuge 

debido a que la necesidad económica de la apelante no ha sido 

producto de su matrimonio con el señor Alicea Rodríguez. Además, 

el foro primario determinó que no tuvo ante sí prueba alguna sobre 

la capacidad económica del señor Alicea Rodríguez.

Ante ello, es norma repetida que no habremos de intervenir 

con las determinaciones de hechos, la apreciación de la prueba 

y las adjudicaciones de credibilidad efectuadas por el tribunal 

sentenciador, salvo que este haya incurrido en error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad22. Dicho principio está cimentado 

en que las decisiones del foro primario están revestidas de una 

presunción de corrección y regularidad, de manera que merecen 

nuestra deferencia23. Después de todo, ese foro está en mejor 

posición para evaluar la prueba, pues tuvo la oportunidad de ver y 

oír a los testigos declarar, y apreciar su demeanor24. 

21 Morales v. Jaime, supra, págs. 311-312.

22 Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001).

23 Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865 (1996).

24 Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357 (1982); Pueblo v. Maisonave 

Rodríguez, 129 DPR 49 (1991).
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IV.

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones