Número Identificador

SEN2023______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

GIOMAR LLC,

Apelante

v.

ILKA ROBLES TORRES

T/C/C ILKA CELESTE 

ROBLES TORRES

Apelada

KLAN202300806

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Salinas

Caso Núm.:

SA2021CV00192

Sobre:

Acción Civil; 

Sentencia 

Declaratoria;

Cumplimiento 

Específico; 

Consignación

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero. 

Martínez Cordero, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

Comparece Giomar LLC (en adelante, Giomar y/o parte 

apelante) mediante un recurso de Apelación, para solicitarnos la 

revisión y revocación de la Sentencia Enmendada (en adelante, la 

Sentencia apelada) emitida el 11 de agosto de 2023, notificada el 14 

de agosto de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Salinas (en adelante, TPI).

1 Mediante el dictamen 

apelado, el foro primario declaró Sin Lugar la Demanda presentada 

por Giomar y Con Lugar la Reconvención presentada por la señora

Ilka Robles Torres (en adelante, señora Robles Torres y/o apelada). 

En consecuencia, ordenó a Giomar a pagar a la señora Robles Torres 

la suma de $3,000.00 dólares por concepto de sufrimientos y 

angustias mentales, más los gastos y costas del procedimiento y los 

intereses al tipo legal desde la fecha de la radicación de la Demanda. 

Además, le impuso el pago de $4,000.00 dólares por concepto de 

1 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1622-1630.
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honorarios de abogado y ordenó la devolución del dinero 

consignado, por la suma de $30,000.00 dólares a Giomar.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.

I

El 20 de julio de 2021, Giomar presentó una Demanda sobre 

sentencia declaratoria, cumplimiento específico y consignación 

contra la señora Robles Torres, también conocida como Ilka Celeste 

Robles Torres.2 Adujo que la señora Robles Torres era dueña de un

solar en el área Mar Blanco del Barrio Las Mareas del municipio de 

Salinas (en adelante, Solar M-18), Puerto Rico, con la siguiente 

descripción: 

SOLAR NÚMERO: M – DIECIOCHO (M-18): de veinte 

metros de frente camino por treinta y dos metros de 

fondo de área aproximada de quinientos metros 

cuadrados, sita en área Mar Blanco del Barrio Las 

Mareas del Municipio de Salinas, Puerto Rico; colinda 

por el NORTE, con camino-calle privado de la finca, por 

el SUR; con aguas del Mar Caribe; por el ESTE; con 

finca principal privada solar ocupado María V. Lebrón 

Torres por el OSTE; con finca principal solar 

actualmente desocupado.

Expresó que, allá para el 7 de abril de 2021, las partes 

suscribieron un Contrato de Opción de Compra (en adelante, el 

Contrato) mediante declaración jurada. Arguyó que, mediante el 

Contrato, la señora Robles Torres concedió a Giomar la opción de 

adquirir la propiedad por el precio alzado de $30,000.00 dólares. 

Con la firma del Contrato, la señora Robles Torres recibió el pago de 

$15,000.00 dólares, mientras que los restantes $15,000.00 dólares, 

serían pagados al momento en que finalizara el término de la opción 

y al momento de la firma de la escritura de compraventa. 

El término del Contrato era de noventa (90) días a partir de la 

fecha en que fue suscrito, es decir, hasta el 6 de julio de 2021. Alegó 

que, presuntamente el término del Contrato fue extendido y/o 

2 Id., a las págs. 37-47 y 1204-1210.
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prorrogado por Giomar hasta el 16 de julio de 2021. Solicitó al foro 

primario que recibiera los fondos que estarían consignando, 

entiéndase, $15,000.00 dólares, que alegadamente le faltaban por 

pagar a la señora Robles Torres y que le ordenara a esta última a 

suscribir la escritura de compraventa del Solar M-18. 

Por su parte, el 9 de septiembre de 2021, la señora Robles 

Torres presentó Contestación a la Demanda.

3 En ella incluyó,

además, una Reconvención. En la Contestación a la Demanda alegó 

que el 6 de julio de 2021, venció el Contrato sin que Giomar tuviera 

algún tipo de comunicación con la señora Robles Torres, esto a pesar 

de ella haber tratado de comunicarse en varias ocasiones a través 

de llamadas y mensajes de texto. Respecto a la alegada reunión del 

11 de julio de 2021, alegó que el licenciado Calixto Díaz Alonso (en 

adelante, licenciado Díaz), presidente y administrador de Giomar, 

llegó tarde a la misma y en ningún momento le ofreció los 

$15,000.00 dólares que restaban pagar para que se diera la venta. 

Expuso que no hubo otros acuerdos que no fueran los consignados 

en el Contrato firmado por las partes en San Juan, Puerto Rico, el 

día 7 de abril de 2021, ante el notario Carlos Rosario Rivera. Indicó 

que, Giomar no solicitó prórroga o término adicional por escrito a la 

señora Robles Torres ni durante la vigencia del Contrato, ni después 

del vencimiento, para pagar el balance del precio de venta. Con este 

escrito, consignó un cheque por $15,000.00.00 dólares por la 

devolución de la prima de la opción que pagó Giomar.

Por otro lado, mediante la Reconvención presentada, la señora 

Robles Torres indicó que, debido a la radicación de la Demanda, no 

ha podido vender el Solar M-18 a pesar de que se le han acercado 

varios clientes interesados en el mismo. Solicitó el reembolso de los 

gastos de mensura por $1,000.00 dólares, daños y perjuicios por 

sufrimientos y angustias mentales estimados en $10,000.00 dólares 

3 Id., a las págs. 48-53.
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y la suma de $30,000.00 dólares por pérdidas económicas al no 

poder vender el Solar M-18. Por su parte, el 14 de septiembre de 

2021, Giomar presentó una Réplica a Reconvención.

4

Así las cosas, y en lo pertinente, el 8 de julio de 2022, las 

partes presentaron un Informe Preliminar entre Abogados para la 

Conferencia con Antelación al Juicio (en adelante, ICAJ).

5 Respecto a 

la exposición sobre los asuntos en controversia, Giomar alegó que 

existían cuatro (4): (i) si hubo una prórroga del Contrato por las 

manifestaciones de la señora Robles Torres; (ii) si la señora Robles 

Torres se obligó o generó una nueva obligación de vender el Solar 

M-18; (iii) si continuaba la obligación asumida y reconocida por la 

señora Robles Torres el 11 de marzo de 2021; y, (iv) si existe o no 

temeridad de parte de Giomar. Por su parte, la señora Robles Torres 

alegó la existencia de tres (3) asuntos en controversia: (i) si el 

Contrato caducó y por tanto se extinguió la obligación de vender; (ii) 

si el Contrato venció; y, (iii) si hubo temeridad por parte de Giomar.

Luego, el 17 de agosto de 2022, las partes presentaron una

Moción Conjunta Suplementando Informe Preliminar entre Abogados 

para Informe de Conferencia con Antelación a Juicio (en adelante, 

ICAJ suplementado).

6 Del ICAJ suplementado se desprende que las 

partes lograron conciliar ciento veinticinco (125) estipulaciones de 

hechos.7 De igual forma, en cuanto a la prueba documental 

enumerada en el inciso A, las partes lograron estipular la 

autenticidad y admisibilidad de veintiún (21) documentos, 

enumerados del 1-21.8 En relación a cuatro (4) documentos 

adicionales, enumerados del 22 al 25,9 las partes estipularon que 

4 Id., a las págs. 54-57.

5 Id., 66-94.

6 Id., a las págs. 95-106 y 792-803.

7 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 95-103. Las primeras 19 

estipulaciones sobre hechos sobre los cuales no existía controversia surgieron del 

Informe Preliminar entre Abogados para la Conferencia con Antelación al Juicio. Por 

su parte, los hechos adicionales estipulados del 20 al 125 surgieron posterior a la 

Conferencia con Antelación al juicio.

8 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 103-104.

9 Id., a la pág. 104.
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fueron debidamente enviados y recibidos, mas no estipularon su 

contenido. Por otro lado, Giomar informó un documento adicional, 

enumerado como Parte VI, Inciso B, número 1,10 mientras que la 

señora Robles Torres informó cinco (5) documentos, enumerados 

como Parte VI, inciso C, del 1 al 5.11 En relación con los testigos, 

cada parte informó los suyos. Giomar informó que tendría ocho (8) 

testigos mientras que la señora Robles Torres tendría tres (3).

Así las cosas, el 7 de noviembre de 2022, Giomar presentó

una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.

12 Allí, Giomar 

consignó ciento sesenta y cuatro (164) propuestas de hechos 

incontrovertidos, enumeradas desde el acápite 61 hasta el 219.

Señalaron los siguientes asuntos en controversia: (i) si hubo una 

prórroga del Contrato por las manifestaciones de la señora Robles 

Torres; (ii) si la señora Robles Torres se obligó (novación tácita) o 

generó una nueva obligación de vender el Solar M-18; (iii) si 

continuaba la obligación asumida y reconocida el 11 de marzo de 

2021; (iv) si existe o no temeridad de parte de la señora Robles 

Torres; y, (v) si procede desestimar la Reconvención. Expusieron que, 

el 16 de julio de 2021, recibieron una carta del licenciado Manuel E. 

Fuster Martínez indicando que las obligaciones quedaron 

unilateralmente extintas y le devolverían los $15,000.00 dólares 

pagados. A esos efectos, solicitaron que el foro primario ordenara a 

la señora Robles Torres a dar cumplimiento específico a los pactos 

acordados a los efectos de que traspasara la titularidad del Solar M18 a Giomar y desestimara la Reconvención. Además, consignaron 

en el Tribunal el monto de $15,000.00 dólares que le restaba a 

Giomar pagar.

El 30 de diciembre de 2022, la señora Robles Torres presentó

una Moción en Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria y en 

10 Id., a la pág. 801.

11 Id.

12 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1-767.
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Solicitud para que se Dicte Sentencia Sumaria Parcial a Favor de la 

Parte Demandada.

13 Se opuso a la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria y solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor y que 

se señalara una vista evidenciaria para discutir lo relativo a los 

daños reclamados en la Reconvención.

Mediante Orden emitida el 30 de enero de 2023, el tribunal a

quo, dio por sometido el asunto en cuestión.14 De ahí, el 9 de febrero 

de 2023, el foro primario emitió una Resolución mediante la cual 

denegó la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

Giomar.15 Empero, emitió doce (12) determinaciones de hechos 

incontrovertidos.16 El foro primario concluyó que los siguientes 

asuntos se encontraban en controversia:

1. Si hubo una prórroga del contrato de opción por las 

manifestaciones de la parte Demandada.

2. Si la Demandada se obligó o generó una nueva 

obligación de vender el solar.

3. Si continuaba la obligación asumida y reconocida 

por la Demandada el 11 de marzo de 2021, en el 

Restaurante Las Casitas.17

Luego, producto de una Moción en Solicitud de 

Reconsideración y/o Determinaciones de Hechos y Derecho 

Adicionales18, presentada por Giomar el 15 de febrero de 2023, el 

tribunal a quo, el 8 de marzo de 2023, emitió una Resolución -en 

Reconsideración-.

19 Conforme se desprende de los autos, la finalidad 

de la Resolución -en Reconsideración- fue para añadir treinta y dos 

(32) determinaciones de hecho incontrovertidos.20 

Luego, el 9 de marzo de 2023, la señora Robles Torres 

presentó una Moción de Reconsideración y/o para que se Aclaren 

Hechos Incontrovertidos.21 En respuesta, el 10 de marzo de 2023, la 

13 Id., a las págs. 768-1486.

14 Id., a la pág. 1504. 

15 Id., a las págs. 1508-1513.

16 Id., a las págs. 1510-1511.

17 Id., a la pág. 1511.

18 Id., a las págs. 1514-1524.

19 Id., a las págs. 1525-1532.

20 Id., a la pág. 1530.

21 Id., a las págs. 1533-1534.
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primera instancia judicial emitió Resolución mediante la cual 

expresó lo siguiente:

Como se pide. Se aclara que los hechos declarados como 

incontrovertidos en los números 6, 20, 30 y 31 de la 

Resolución con fecha del 8 de marzo de 2023 (entrada 

92) es a los únicos efectos de establecer que se enviaron

y recibieron los mensajes de texto. No son hechos 

incontrovertidos el contenido de los referidos mensajes 

de texto.22

De lo que sigue, el Juicio en su Fondo se celebró del 13 al 15 

de marzo de 2023. Se desprende de los autos que, llamado el caso 

para Juicio en su Fondo,23 el foro primario constató que la prueba 

testifical anunciada por Giomar, la cual constaba de ocho (8) 

testigos24, no se encontraba completa. Es decir, el foro primario hizo 

constar que faltaron dos (2) personas testigos, el señor José Castro 

Torres y la señora Ángela Colón Flores, correspondientes a la prueba 

de Giomar. La señora Colón Flores compareció el segundo día de 

juicio; por su parte, el señor Castro Torres no se presentó ni excusó 

su comparecencia. En fin, durante el juicio, Giomar presentó los 

testimonios de tres (3) personas, a saber: (i) Elaine Cintrón Brandes; 

(ii) Elaine Sotomayor Cintrón; y (iii) el del licenciado Díaz. Por su 

parte, la señora Robles Torres solo presentó su propio testimonio. 

Con relación a los otros testigos, determinó que no serían 

interrogados por considerarlos prueba acumulativa, por lo que los 

puso a disposición de Giomar. 

En relación con la prueba documental, el foro primario 

expresó lo siguiente: 

La prueba documental, aunque en su mayoría 

estipulada según surge del Informe de Conferencia con 

Antelación a Juicio, fue cargada por las partes a través 

de la plataforma SUMAC... Sin embargo, la única 

prueba documental que se presentó y admitió fue la 

marcada como Exhbit E-1 Contrato de Opción del 7 de 

abril de 2021, suscrito por Ilka Robles Torres y el Lcdo. 

22 Id., a las págs. 1535.

23 Id., a las págs. 1622-1623.

24 Los ocho (8) testigos eran: (1) el licenciado Calixto Díaz Alonso; (2) la señora 

Elaine Cintrón Blandes; (3) la señora Elaine Marie Sotomayor Cintrón; (4) el señor 

José Castro Torres; (5) la señora Ángela Colón Flores; (6) la señora Ilka Robles 

Torres; (7) el señor Jean Pierre Robles; y (8) la señora Glorimar Gutiérrez.
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Calixto Díaz Alonso en representación de Giomar LLC; 

el marcado como E-8 Mensaje de texto de Ilka Robles a 

Elaine Sotomayor el viernes 9 de julio de 2021, y el E11 recibos de las Mensuras (2/julio/2021 y 

8/julio/2021). No se admitieron los propuestos y 

marcados e identificados como exhibits número 22 y 23 

presentados por la parte demandante. Dicha parte no 

los pudo autenticar, además, los retiró.

Celebrado el juicio, el 2 de mayo de 2023, el foro primario 

emitió una Sentencia.

25 La misma fue notificada al día siguiente. De 

la Sentencia se desprende, además, que las controversias ante la 

consideración de la primera instancia judicial eran: (i) determinar si 

el Contrato se prorrogó, extendió o caducó al amparo del Código Civil 

vigente; (ii) si existía alguna responsabilidad de Giomar hacia la

señora Robles Torres; (iii) determinar si hubo daños económicos, y 

daños por sufrimientos y angustias mentales; y, (iv) si Giomar debía 

reembolsarle a la señora Robles Torres los gastos de mensura de 

$1,000.00 dólares incurridos por esta para medir el solar que había 

opcionado a Giomar.26 

Luego, a raíz de una Moción en Solicitud [de] Reconsideración

de Sentencia y/o Determinaciones de Hechos y Derecho Adicionales 

y Otros Extremos27, y sus correspondientes réplicas28, el 11 de 

agosto de 2023, el TPI emitió una Sentencia Enmendada, la cual fue 

notificada el 14 de agosto de 2023 (en adelante, la Sentencia

apelada).29 Conforme surge de la Sentencia apelada, luego de haber 

reconsiderado y producto de diecisiete (17) determinaciones de 

hechos emitidas,30 que, conforme expresó el foro primario, fueron 

emitidos a base de la prueba y de la credibilidad de los testigos, 

resolvió lo siguiente:

25 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1541-1549.

26 Id., a la pág. 1543.

27 Id., a las págs. 1550-1580.

28 Id., a las págs. 1581-1587, 1593-1599 y 1603-1616.

29 Id., a las págs.1622-1630.

30 Id., a las págs. 1623-1625.
KLAN202300806 9

Se declara Sin Lugar la Demanda, y Con Lugar la 

Reconvención. 

En su consecuencia, el Tribunal condena a la 

demandante-reconvencionada GIOMAR, LLC, a pagar a 

la demandada Ilka Robles Torres t/c/c Ilka Celeste 

Robles Torres la suma total de tres mil dólares 

($3,000.00), por concepto de sufrimientos y angustias 

mentales; más los gastos y costas del procedimiento, y 

los intereses al tipo legal desde la fecha de la radicación 

de la demanda. Además, se impone el pago de cuatro 

mil dólares ($4,000.00) por concepto de honorarios de 

abogado.

De acuerdo a lo anterior, se ordena la devolución del 

dinero consignado por la suma de treinta mil dólares 

($30,000.00) a la parte demandante GIOMAR, LLC.31

(Énfasis en el original).

En la Sentencia apelada, el foro primario concluyó lo 

siguiente:

En este caso, quedó demostrado que el contrato de 

opción venció el 6 de julio de 2021; que el mismo no se 

extendió o renovó; que la demandada no tiene ninguna 

obligación en ley de venderle a la demandante; que la 

demandada incurrió en gastos de mensura por mil 

dólares ($1,000.00); que tuvo sufrimientos y angustias 

mentales que se estiman en la cantidad de tres mil 

dólares ($3,000.00). 

No obstante, entendemos que la parte demandada no 

probó su reclamación sobre daños económicos toda vez 

que con excepción del solar M-18, no había 

impedimento para que vendiera los otros solares. Aún 

más, la oferta que recibió de la demandada era para la 

compra de cualquiera de los terrenos, pero no vendió 

ninguno.32

Insatisfecha aún, el 12 de septiembre de 2023, compareció 

Giomar, mediante un recurso de Apelación, mediante el cual 

esgrimió la comisión de cinco (5) errores por el foro primario, a saber:

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: 

Erró el TPI al ignorar todas y cada una de las 

admisiones judiciales vinculantes para las partes y el 

propio Tribunal de Primera Instancia al momento de 

dictarse la Sentencia eran finales, firmes e inapelable[s].

SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR:

Erró el TPI [al] mantener absoluto silencio sobre la 

prueba anunciada por la Apelada, la cual 

voluntariamente suprimió; al no activar la presunción 

establecida por la Regla 304(5) de Evidencia, id.

31 Id., a la pág. 1629.

32 Id.
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TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR:

Erró el TPI al declarar Ha Lugar la reconvención instada 

por la Apelada.

CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR: 

Erró el TPI al imponer al Apelante honorarios de 

abogado, sin una determinación de temeridad.

QUINTO SEÑALAMIENTO DE ERROR:

Erró el TPI en aquilatar prueba que desfiló en juicio y la 

que fue estipulada en la Moción Conjunta 

Suplementa[n]do Informe Preliminar Entre Abogados 

Para Informe de Conferencia con Antelación a Juicio.

El 12 de octubre de 2023, la señora Robles Torres presentó su 

Alegato en Oposición. Contando con la comparecencia de ambas 

partes procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración.

II

A. Recurso de Apelación

La Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil33, dispone que los 

recursos de apelación tienen que presentarse dentro de un término 

jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en autos de copia 

de la notificación de la sentencia recurrida. Como es conocido, un 

plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere decir que no 

admite justa causa, es improrrogable, y que su incumplimiento es 

insubsanable.34 La correcta notificación de una sentencia es una 

característica imprescindible del debido proceso judicial.35 Como 

corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del Reglamento de este 

Tribunal establece que: 

Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos 

civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se 

presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta 

días contados desde el archivo en autos de una copia de 

la notificación de la sentencia.36

[...]

33 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).

34 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145 

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).

35 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).

36 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
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B. Estipulaciones

Las admisiones judiciales son las que hace una parte en el 

transcurso de un proceso civil al contestar una demanda o estipular 

unos hechos, por lo que éstas no son controvertibles.37 A raíz de ello, 

cuando una parte hace una alegación o acepta una estipulación, 

queda obligada por la alegación salvo que el tribunal le permita 

retirarla.38 A la luz de lo anterior, las estipulaciones son admisiones 

judiciales que implican un desistimiento formal de cualquier 

contención contraria a ellas.39 No obstante, deben de interpretarse 

liberalmente y de forma compatible con la intención de las partes 

con el propósito de hacer justicia.40 Sin embargo, de existir duda en 

cuanto a la intención de las partes, se debe adoptar la contención 

que sea más favorable para la persona a cuyo favor se hizo la 

estipulación.41

Es decir, la estipulación constituye un acuerdo de las partes 

que litigan ante un tribunal, sobre algún asunto o incidente del 

litigio.42 En esencia, estas son herramientas esenciales en las etapas 

iniciales del proceso judicial y su uso es promovido por las Reglas 

de Procedimiento Civil.43 A tales efectos, por medio de las 

estipulaciones se busca evitar dilaciones, inconvenientes y gastos, 

es por eso por lo que nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico (en 

adelante, Tribunal Supremo) promueve su uso para lograr justicia 

rápida y económica.44 Esto se debe a que, estas son favorecidas en 

nuestro ordenamiento porque eliminan desacuerdos, y de esa forma, 

facilitan y simplifican la solución de las controversias jurídicas.45

37 Díaz Ayala et. als. v. ELA, 153 DPR 675, 693 (2001). 

38 Id.

39 Id. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 439 (2012).

40 Id. Ramos Rivera v. ELA, 148 DPR 118, 126 (1999).

41 Ramos Rivera v. ELA, Id.

42 Black’s Law Dictionary, 6ta Ed., West Pub. Co., St. Paul, 1990, pág. 1415.

43 Rivera Menéndez v. Action Service, supra.

44 Ramos Rivera v. ELA, supra.

45 Rivera Menéndez v. Action Service, supra.
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En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido tres (3) 

clases de estipulaciones.46 La primera clase trata sobre las 

admisiones de hechos y tienen el efecto de relevar a la parte del 

requisito de probarlos.47 Así, las cosas, una vez un hecho es 

estipulado, este no puede ser impugnado.48 Como corolario de lo 

anterior, la estipulación del hecho, de ordinario, constituye una 

admisión de su veracidad y obliga tanto a las partes como al 

tribunal.49 Por su parte, la segunda clase es la que reconoce 

derechos y tienen el alcance de una adjudicación.50 Por otro lado, la 

tercera clase es aquella que trata sobre materias procesales, donde 

las partes pueden estipular la forma y manera en la que llevarán 

determinado curso de acción o el que se admita determinada 

prueba.

51 Cabe señalar que, la estipulación de un hecho, contrario 

a la estipulación sobre la autenticación de evidencia, implica el 

relevo de prueba de ese hecho, por tal razón, los tribunales no 

debemos dar un hecho por estipulado si ello no surge claramente de 

lo acordado por las partes.52

C. Apreciación de la Prueba y Deferencia Judicial

Como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de 

la prueba que ejerce el TPI y las determinaciones que realiza están 

revestidas de confiabilidad y merecen respeto y deferencia.53 Por 

ello, la valoración que lleva a cabo el foro primario se presume 

correcta, toda vez que es este quien tiene la oportunidad de ver, 

escuchar y valorar las declaraciones de los testigos, así como sus 

lenguajes no verbales.54 Por su parte, un foro apelativo cuenta 

46 Id.

47 Id.

48 Id., 439-440.

49 Id.

50 Id., 439.

51 Id., 440.

52 Id., 443.

53 Pueblo v. Pérez Nuñez, 208 DPR 511, 514 (2022). Argüello v. Argüello, 155 DPR 

62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987). Trinidad 

v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001).

54 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021). Meléndez Vega v. 

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013). Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 148 

(2009). Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 
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solamente con “récords mudos e inexpresivos”, por lo que se le debe 

respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador 

primario de los hechos.55 En ese sentido, y como regla general, no 

debemos intervenir con las determinaciones que este haya efectuado 

en virtud de la presunción de corrección de la que gozan.56

En vista de lo anterior, nuestro máximo foro ha resuelto que 

un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de 

instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así lo 

justifique.57 El Alto Foro ha determinado que un juzgador incurre en 

pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido por inclinaciones 

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o 

rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten 

cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso 

antes de que se someta prueba alguna.58 En consecuencia, al este 

tribunal apelativo enfrentarse a la tarea de revisar las 

determinaciones del foro de instancia, no debe intervenir con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con 

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el mismo, excepto en 

aquellas situaciones en que se demuestre que este último: (i) actuó 

con prejuicio o parcialidad; (ii) incurrió en un craso abuso de 

discreción; o, (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.59

55 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356 

(2009). Trinidad v. Chade, supra, 291.

56 Pueblo v. Pérez Nuñez, supra, 529.

57 Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996). Coop. Seguros Múltiples 

de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR

8, 14 (1987). Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).

58 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).

59 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011). Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002). 

Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62-63 (1991).
KLAN202300806 14

De igual forma, se podrá intervenir con la determinación del 

TPI cuando la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o 

resulte inherentemente imposible o increíble; de lo contrario, el 

tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con la apreciación 

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos.60

Ahora bien, cabe destacar que, el Tribunal Supremo ha 

resuelto que, en instancias en que las conclusiones de hecho que 

realice el TPI estén basadas en prueba pericial o documental, un 

tribunal revisor estará en la misma posición que el tribunal a quo.

61

Por tanto, ante dichas instancias, este tribunal apelativo “tendrá la 

facultad para adoptar su propio criterio en la apreciación y 

evaluación de la prueba pericial, y hasta para descartarla, aunque 

resulte técnicamente correcta”.62

A esos efectos, aunque no está exenta de la posibilidad de toda 

revisión, si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

lo lógico es que prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la 

dirección del proceso.63 Los foros apelativos podremos intervenir con 

tal apreciación luego de realizar una evaluación rigurosa y que, de 

esta, surjan serias dudas, razonables y fundadas.64

Las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán 

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su 

discreción.65 Un tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción: (i) cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la 

60 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR

117, 148 (2020). Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 (2019) citando a 

Pueblo v. Maisonave, Id., 63. González Hernández v. González Hernández, Id., 777. 

Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2009). Pueblo v. Irizarry, supra. 

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra. 

61 González Hernández v. González Hernández, Id. Sepúlveda v. Depto. de Salud, 

145 DPR 560, 573 (1998).

62 González Hernández v. González Hernández, Id. Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez 

et al., 154 DPR 333, 363 (2001). Prieto v. Mary land Casualty Co., 98 DPR 594, 

623 (1970).

63 Sierra v. Tribunal Superior, supra.

64 Pueblo v. Pérez Núñez, supra. 

65 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).
KLAN202300806 15

decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto; (ii) cuando el juez, por 

el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, concede gran 

peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en éste; o, (iii) cuando, no obstante considerar y 

tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y 

descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente.66

A su vez, es una norma bien establecida de nuestro sistema 

de justicia que la discreción judicial permea la evaluación de la 

evidencia presentada en los casos y controversias.67 No obstante, 

una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal revisor.68 A 

esos efectos, conviene destacar que, la intervención del foro 

apelativo con la prueba desfilada tiene que estar basada en un 

análisis independiente y no a base de los hechos que exponen las 

partes.69

D. La Sentencia Sumaria

Como es sabido, en nuestro ordenamiento, el mecanismo de 

la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de las Reglas de 

Procedimiento Civil70, la cual desglosa los requisitos específicos con 

los que debe cumplir esta figura procesal.71 El mecanismo procesal 

de sentencia sumaria es un remedio discrecional extraordinario que 

únicamente se concederá cuando la evidencia que se presente con 

la moción establezca con claridad la existencia de un derecho.72

Solamente debe ser dictada una sentencia sumaria “en casos claros, 

66 Pueblo v. Rivera Santiago, Id.

67 González Hernández v. González Hernández, supra, 776.

68 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, supra. 

69 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001).

70 32 LPRA Ap. V, R. 36.

71 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015).

72 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994).
KLAN202300806 16

cuando el Tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos 

pertinentes”.73

El propósito de la sentencia sumaria es facilitar la solución 

justa, rápida y económica de los litigios civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales, razón por la cual no 

ameritan la celebración de un juicio en su fondo.74 En otras 

palabras, el tribunal procederá a dictar sentencia sumaria solo 

cuando esté claramente convencido que la vista evidenciaria es 

innecesaria.75 Al no haber controversia sustancial y real sobre 

hechos materiales, sólo falta aplicar el derecho pertinente a la 

controversia.76 Ahora bien, reiteradamente el Tribunal Supremo ha 

indicado que, el mecanismo de sentencia sumaria no es el 

apropiado para resolver casos en donde hay elementos subjetivos,

de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor 

de credibilidad sea esencial.77

Ahora bien, la Regla 36.4 de las Reglas de Procedimiento Civil 

aborda lo que sucede cuando el pleito no es decidido en virtud de 

moción:

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 

la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la moción, y es necesario 

celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva 

la moción mediante una determinación de los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 

daños u otra reparación no está en controversia, 

ordenando los procedimientos ulteriores que sean 

justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 

limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el 

juicio, se considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad. 

73 Id. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 (1986). 

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 726 (1994). Cuadrado Lugo 

v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279 (1990). 

74 García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 337 (2001). Pilot Life Ins. Co. v. 

Crespo Martínez, 136 DPR 624, 632 (1994).

75 Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007).

76 García Rivera et al. v. Enríquez, supra.

77 Elías y otros v. Chenet y otros, 147 DPR 507, 521 (1999). Soto v. Hotel Caribe 

Hilton, 137 DPR 294, 301 (1994). Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 

656, 663 (2017).
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A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla, el tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno.78

E. Regla 304 (5) de las Reglas de Evidencia

Por razones de lógica y conveniencia, se estima que las partes 

litigantes presentarán toda la prueba que les sea favorable en un 

juicio.79

El Capítulo I de las Reglas de Evidencia aborda varias 

disposiciones generales. La Regla 110 dispone lo relativo a la 

evaluación y suficiencia de la prueba. La Regla 110, en lo 

concerniente, lee como sigue: “La juzgadora o el juzgador de hechos 

deberá evaluar la evidencia presentada con el propósito de 

determinar cuáles hechos han quedado establecidos o demostrados, 

con sujeción a los principios siguientes: [...] (G) Cuando pareciere 

que una parte, teniendo disponible una prueba más firme y 

satisfactoria, ofrece una más débil y menos satisfactoria, la 

evidencia ofrecida deberá considerarse con sospecha. [...]”.80

El Capítulo III de las Reglas de Evidencia aborda lo relativo a 

las presunciones. En la Regla 304 se menciona una serie de 

presunciones específicas. La Regla 304, en lo aquí pertinente, lee 

como sigue: “Las presunciones son aquéllas establecidas por ley o 

por decisiones judiciales. Entre las presunciones controvertibles se 

reconocen las siguientes: [...] (5) Toda evidencia voluntariamente 

suprimida resultará adversa si se ofreciere. [...]”.81 Cuando se trata 

de un testigo anunciado por una parte, la referida Regla obliga a la 

parte que lo anuncia y no lo va a usar, a ponerlo a disposición de la 

otra parte para escapar la presunción de que su testimonio le sería 

adverso.82

78 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.

79 R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta 

ed., San Juan, Ed. Situm, 2015, pág.171.

80 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (G).

81 32 LPRA Ap. VI, R. 304(5).

82 E. L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Primera Edición, Estados Unidos 

de Norte América, Publicaciones JTS, 2005, Tomo II, pág. 1013.
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F. Reconvención

La Regla 5.1 de las Reglas de Procedimiento Civil aborda 

cuales son las alegaciones permitidas, entre ellas se encuentra la 

reconvención.83 Por su parte la Regla 11.1 explica lo que es una 

reconvención compulsoria: 

Una alegación contendrá por vía de reconvención 

cualquier reclamación que la parte que la formula tenga 

contra cualquier parte adversa al momento de notificar 

dicha alegación, siempre que surja del acto, de la 

omisión o del evento que motivó la reclamación de la 

parte adversa y no requiera para su adjudicación la 

presencia de terceros sobre quienes el tribunal no 

pueda adquirir jurisdicción. Sin embargo, no será 

necesario incluir dicha reclamación mediante 

reconvención si al momento de comenzarse el pleito tal 

reclamación era ya objeto de otro pleito pendiente.84

Respecto al alcance de la reconvención, la Regla 11.3 dispone 

que: “Una reconvención puede disminuir o derrotar la reclamación 

de la parte adversa y también puede reclamar un remedio por 

cantidad mayor o de naturaleza diferente al solicitado en la 

alegación de la parte adversa”.85

G. Honorarios de Abogado por Temeridad

La Regla 44 de las Reglas de Procedimiento Civil aborda lo 

relativo a costas, honorarios de abogado e interés legal. La Regla 

44.1 de las Reglas de Procedimiento Civil tiene un fin de índole 

disuasivo: desalentar los pleitos temerarios y superfluos.86 En 

particular, la Regla 44.1 (d) de las Reglas de Procedimiento Civil 

dispone lo siguiente sobre los honorarios de abogados:

[...]

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte 

o su abogado o abogada haya procedido con temeridad 

o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 

sentencia al o a la responsable el pago de una suma por 

concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta. [...]87

83 32 LPRA Ap. V, R. 5.1.

84 32 LPRA Ap. V, R. 11.1.

85 32 LPRA Ap. V, R. 11.3.

86 J.T.P. Development Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460 (1992).

87 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d).
KLAN202300806 19

El concepto temeridad no está expresamente definido por la 

Regla 44.1(d) de las Reglas de Procedimiento Civil.88 La temeridad 

ha sido definida como: 

[...] una actitud que se proyecta sobre el procedimiento 

y que afecta el buen funcionamiento y la administración 

de la justicia. También sujeta al litigante inocente a la 

ordalía del proceso judicial y lo expone a gastos 

innecesarios y a la contratación de servicios 

profesionales, incluyendo abogados, con el gravamen a 

veces exorbitante para su peculio.89

Existen varias instancias bajo las cuales puede surgir 

temeridad, a saber: (i) contestar una demanda y negar 

responsabilidad total, aunque se acepte posteriormente; (ii) 

defenderse injustificadamente de la acción; (iii) creer que la cantidad 

reclamada es exagerada y que sea esa la única razón que se tiene 

para oponerse a las peticiones del demandante sin admitir 

francamente su responsabilidad, pudiendo limitar la controversia a 

la fijación de la cuantía a ser concedida; (iv) arriesgarse a litigar un 

caso del que se desprendía prima facie su responsabilidad; y, (v) 

negar un hecho que le conste es cierto a quien hace la alegación.90

A tales efectos, el propósito de la imposición de honorarios de 

abogado en casos de temeridad es: “establecer una penalidad a un 

litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia 

e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconveniencias de un pleito”.91

La determinación de temeridad es de índole discrecional, por 

lo que los tribunales apelativos solo debemos intervenir con ella 

cuando nos enfrentemos a un caso de abuso de discreción.92 Ahora 

bien, una vez el tribunal sentenciador concluye que una parte ha 

88 Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).

89 Id. H. Sánchez, Rebelde Sin Costas, 4(2) Boletín Judicial 14 (1982).

90 Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 335-336 (1998). Fernández v. San Juan 

Cement Co., Inc., Id.

91 Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). Fernández v. 

San Juan Cement Co., Inc., Id.

92 S.L.G. Flores–Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). Colón Santos v. 

Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170 (2008). P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005).
KLAN202300806 20

sido temeraria, es imperativa la imposición de honorarios de 

abogado.93

III

La parte apelante acudió ante este tribunal revisor mediante

un recurso de Apelación y esboza que el foro primario cometió cinco 

(5) errores, entiéndase: (i) erró al ignorar todas y cada una de las 

admisiones judiciales vinculantes para las partes y para el Tribunal,

que al momento de dictarse la Sentencia apelada eran finales, firmes 

e inapelables; (ii) erró el al mantener absoluto silencio sobre la 

prueba anunciada por la apelada, la cual voluntariamente suprimió, 

al no activar la presunción establecida por la Regla 304 (5) de las 

Reglas de Evidencia94; (iii) erró al declarar Ha Lugar la Reconvención

instada por la apelada; (iv) erró al imponer a la parte apelante 

honorarios de abogado, sin una determinación de temeridad; y, por 

último, que (v) erró en aquilatar prueba que desfiló en juicio y la que 

fue estipulada en el ICAJ suplementado.

El Solar M-18 objeto de esta controversia radica en el área 

Mar Blanco del Barrio Las Mareas del municipio de Salinas, Puerto 

Rico. El 7 de abril de 2021, las partes suscribieron un Contrato de 

Opción, mediante el cual la señora Robles Torres concedió a Giomar 

la opción de adquirir la propiedad por el precio alzado de $30,000.00 

dólares. Al Solar M-18 se le realizaron dos (2) mensuras que 

arrojaron una cabida mayor. En el caso ante nos, no existe 

controversia en cuanto al precio ni la mensura/cabida del Solar M18. Además, tampoco existe controversia sobre la fecha de 

vencimiento original del Contrato, es decir, el 6 de julio de 2021.

No obstante, si existía controversia en cuanto a si el Contrato

se prorrogó, extendió o caducó. El término del Contrato conforme a 

la cláusula uno (1) era de noventa (90) días a partir de la firma del 

93 P.R. Oil v. Dayco, Id., 511 (2005).

94 32 LPRA Ap. VI, R. 304(5).
KLAN202300806 21

Contrato, es decir, el 7 de abril de 2021, por lo que vencía 

originalmente el 6 de julio de 2021, como ya indicamos. Con la firma 

del Contrato, la señora Robles Torres recibió el pago de $15,000.00 

dólares. No obstante, los restantes $15,000.00 dólares debían ser 

pagados al momento en que finalizara el término de la opción y al 

momento de la firma de la escritura de compraventa. 

Coincidimos con la parte apelante cuando expresa que en el 

presente caso existen unas admisiones judiciales vinculantes para 

las partes, las cuales fueron producto del descubrimiento de prueba 

cursado. Empero, en la Contestación a Requerimiento de Admisiones, 

la parte apelante admitió que en el Contrato no existe ninguna 

cláusula que aborde si el término de este podía ser prorrogado o si 

podía ocurrir una renovación de la obligación, tampoco existía 

prohibición al efecto.

95 Sin embargo, en la parte de Otorgamiento y 

Aceptación del Contrato dispone que: “Este contrato contiene todos 

los acuerdos tomados y ninguna de las partes quedará obligada por 

ninguna cláusula que no esté incluida en este contrato”.96 En la 

Contestación a Requerimiento de Admisiones, la parte apelante 

admitió que no solicitó prórroga en cuanto al Contrato por escrito, 

bajo la premisa de que no era un requisito.97 A su vez, el Contrato

no disponía que pudiese ser enmendado de forma alguna, es decir, 

ni de manera escrita ni verbalmente.

En lo que respecta a la Reconvención, la apelada expuso que 

instó la acción debido a que por la radicación de la Demanda no 

había podido vender el Solar M-18, a pesar de que presuntamente 

se le habían acercado varios clientes interesados en el mismo. En la 

determinación de hecho número trece (13) de la Sentencia apelada, 

el TPI determinó que:

Según el testimonio de demandada, esta se ha visto 

impedida de vender el solar M-18 y otros solares que 

95 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 814.

96 Id., a la pág. 805.

97 Id., a la pág. 813.
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tiene en Las Mareas por la radicación de este caso. 

Declaró que recibió ofertas para comprar cualquiera de 

los solares del Sr. Jorge Palau por doscientos mil 

dólares ($200,000.00) y Rafael Pomales por setenta mil 

dólares ($70,000.00) respectivamente, los cuales son 

amigos de la demandada, y de Yanitza Robles Díaz por 

ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00), quien es su 

sobrina.98

No obstante, en la determinación de hecho número catorce 

(14) el foro primario aclaró que: “Con excepción del solar M-18, no 

había impedimento para que la demandada pudiera vender los otros 

solares”.99

Independiente de las determinaciones de hechos emitidas en 

la Resolución denegando la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria, el TPI dispuso sobre cuáles eran las controversias 

pendientes que requerían la celebración de un juicio para dirimirlas 

y otorgar el valor probatorio, por estar enmarcadas en elementos 

subjetivos y de credibilidad. Quiérase decir que, no obstante, la 

determinación de hechos incontrovertidos, las mismas no operan en 

el vacío, sino que hay que enmarcarlas dentro de lo que eran las

controversias determinadas por el TPI y sobre las cuales se desfiló 

la prueba. A raíz de ello, debido a que no contamos con una 

transcripción de la prueba oral, no se nos colocó en posición de 

variar las determinaciones de hecho emitidas durante el juicio.

Por su estrecha relación, discutiremos el primero, segundo y 

quinto señalamiento de error en conjunto. La parte apelante en su 

primer y quinto señalamiento de error considera que el foro primario 

ignoró todas y cada una de las admisiones judiciales vinculantes 

para las partes y para el Tribunal; y, que erró al aquilatar la prueba 

desfilada, tomando en consideración que en el caso del título 

existían unas estipulaciones conforme al ICAJ suplementado. No nos 

convence. Elaboramos.

98 Id., a la pág. 1625.

99 Id.
KLAN202300806 23

Como parte de los trámites procesales seguidos por el foro 

primario juzgó que, independientemente de las sendas 

determinaciones de hechos realizadas en virtud de la Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte apelante, era 

necesaria la celebración de un juicio por entender que las 

controversias determinadas, las cuales contenían elementos 

subjetivos, por lo que, requerían ser justipreciadas mediante la 

celebración de un juicio en su fondo. Acentuamos que, el mecanismo 

procesal de sentencia sumaria es un remedio discrecional 

extraordinario que únicamente se concederá cuando la evidencia 

que se presente con la moción establezca con claridad la existencia 

de un derecho.100 Cabe señalar, sin embargo, que el mecanismo de 

sentencia sumaria no es el apropiado para resolver casos en donde 

hay elementos subjetivos o cuando el factor de credibilidad sea 

esencial.101

Es de ver, además, que, igual situación ocurrió con los hechos 

estipulados como parte del ICAJ suplementado. Bajo el crisol 

doctrinario, las estipulaciones deben de interpretarse liberalmente 

y de forma compatible con la intención de las partes con el propósito 

de hacer justicia.102 Reiteramos que, la estipulación de un hecho, 

contrario a la estipulación sobre la autenticación de evidencia, 

implica el relevo de prueba de ese hecho, por tal razón, los tribunales 

no debemos dar un hecho por estipulado si ello no surge claramente 

de lo acordado por las partes.103

Insistimos, examinados los autos ante nuestra consideración 

pudimos constatar que no contamos con una transcripción de la 

prueba oral. A la luz de todo lo anterior y basándonos en la totalidad 

100 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra.

101 Elías y otros v. Chenet y otros, supra. Soto v. Hotel Caribe Hilton, supra.

Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, supra.

102 Rivera Menéndez v. Action Service, supra. Díaz Ayala et. als. v. ELA, supra. 

Ramos Rivera v. ELA, supra.

103 Rivera Menéndez v. Action Service, Id., 443.
KLAN202300806 24

del expediente, no vemos razón para variar lo actuado por el tribunal 

apelado, y juzgamos que previo al juicio no existía una admisión que 

pudiésemos considerar que dio por enmendado el Contrato. 

Entonces, forzoso es concluir que dichas admisiones no atienden la 

controversia medular, por lo que no nos mueven a modificar la 

decisión emitida por el foro apelado. La parte apelante no logró 

demostrar ante el foro primario que el Contrato se hubiese 

prorrogado o extendido hasta el 16 de julio de 2021.

Por su parte, en el quinto error, hay elementos de apreciación 

de la prueba. No obstante, es menester recordar, que en este caso 

existían elementos subjetivos que el Tribunal aquilató en el juicio en 

su fondo, además de juzgar la credibilidad para determinar si en 

efecto hubo tal prórroga o incluso una novación del Contrato. Como 

ya hemos destacado, no contamos con una transcripción de la 

prueba oral, por lo que debemos otorgarle al foro primario deferencia 

respecto a su apreciación de la prueba. Debemos tener presente que, 

un foro apelativo cuenta solamente con “récords mudos e 

inexpresivos”, por lo que se le debe respeto a la adjudicación de 

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos.104

Cónsono con lo anterior expresado, al este tribunal apelativo 

enfrentarse a la tarea de revisar las determinaciones del foro de 

instancia, no debemos intervenir con las determinaciones de 

hechos, con la apreciación de la prueba ni con la adjudicación de 

credibilidad efectuadas por el mismo, excepto en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (i) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (ii) incurrió en un craso abuso de discreción; 

o, (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.105 Un tribunal de justicia 

104 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, supra. Trinidad v. 

Chade, supra.

105 González Hernández v. González Hernández, supra. Ramírez Ferrer v. Conagra 

Foods PR, supra. Rivera y otros v. Bco. Popular, supra. Pueblo v. Irizarry, supra. 

Pueblo v. Maisonave, supra, 62-63.
KLAN202300806 25

incurre en un abuso de discreción cuando: (i) el juez no toma en 

cuenta e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para ello, 

un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; (ii) 

el juez, por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa 

su decisión exclusivamente en éste; o, (iii) no obstante considerar y 

tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y 

descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 

livianamente.106 Es de ver que, cónsono a lo todo lo antes 

mencionado, no contamos con elementos suficientes para variar la 

determinación del foro primario puesto a que tras nuestra 

evaluación como tribunal revisor, tendríamos que quedar 

convencidos de que el juzgador de los hechos descartó

injustificadamente elementos probatorios importantes o que 

fundamento su criterio solo en testimonios con escaso valor, 

improbables o increíbles.107 Esta no es la situación ante nos.

Con relación al alegado absoluto silencio sobre la prueba 

anunciada por la apelada y presuntamente suprimida 

voluntariamente, según esbozado en el segundo error, no tiene razón 

la parte apelante. Veamos.

De la Sentencia apelada se desprende que, aun cuando existía 

prueba estipulada por las partes durante la celebración del juicio en 

su fondo, solo se desfiló prueba sobre alguna prueba documental, 

no sobre toda. En su segundo señalamiento de error, la parte

apelante nos invita a que concluyamos que el foro primario guardó 

silencio en cuanto a la prueba documental anunciada por la parte 

apelada y que se le debió presumir adversa tras presuntamente no 

haberse presentado. En el caso ante nuestra consideración no debe 

existir duda alguna sobre cuál de las partes tenía el peso de la 

106 Pueblo v. Rivera Santiago, supra.

107 C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972).
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prueba en este caso. Conforme a la Regla 110 (A) y (B) de las Reglas 

de Evidencia108 en este caso el peso de la prueba lo tenía la parte 

apelante, no la apelada. Si la parte apelante estaba bajo la impresión 

de que esos documentos le eran favorables, los pudo haber incluido 

como parte de su prueba para asegurarse de que el Tribunal la 

recibiera y aquilatara, de admitirse. 

Vemos que, la apelada en su turno de preguntas no presentó

alguna prueba testimonial tras razonar que le resultaba innecesaria 

y acumulativa. Precisamos que, según la Sentencia apelada, dicha 

prueba no se refería a la prueba documental, sino a la prueba 

testimonial. El TPI no hizo ninguna referencia en la Sentencia 

apelada a que se hubiese producido alguna controversia o

argumentación sobre las alegadas presunciones en cuanto a prueba 

documental de la parte apelada. Abona a lo anterior, que, luego de 

examinar el expediente en este caso, incluyendo, además, el ICAJ, y

el suplementado, concluimos que no existe ninguna prueba 

documental sobre la cual se hubiese determinado que no sería 

necesario desfilar prueba. Entiéndase, de las estipulaciones que 

llegaron las partes en cuanto a los documentos, no surge que fuese 

innecesario desfilar. Solo se desprende que había prueba estipulada 

en cuanto a autenticidad y admisibilidad, mas no se desprende que 

se hubiese estipulado el contenido.

109 Por tanto, coincidimos con el 

foro primario cuando en la Sentencia apelada hizo referencia a la 

prueba admitida y sobre la cual se desfiló prueba, la cual juzgamos 

fue justipreciada.

110 Insistimos, que, en atención a todo lo exterior 

y reiterando que nos encontramos huérfanos de método de 

reproducción de la prueba oral, forzosamente concluimos que

debemos otorgarle deferencia al TPI.

108 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (A) y (B).

109 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 103-104.

110 Id., a la pág. 1623.
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En su tercer error, la parte apelante considera que el foro 

primario incidió al declarar Ha Lugar la Reconvención instada por la 

apelada. No tiene razón. Aunque resulte reiterativo que no contamos 

con una transcripción de la prueba oral, puntualizamos que no

contamos con los elementos para conocer si las cantidades por 

concepto de sufrimientos y angustias mentales, más los gastos y 

costas del procedimiento, reclamadas por la apelada fueron 

impugnadas por la parte apelante durante el juicio en su fondo. En 

el escrito de Apelación la parte apelante aspira a que concluyamos 

que no se probaron las alegaciones de la Reconvención. 

Nuevamente, para demostrar lo contrario y cónsono a las 

determinaciones de hecho emitidas por el foro primario, haría falta 

una transcripción de la prueba oral. En lo que a este aspecto de la 

Reconvención respecta, el TPI, entre sus determinaciones de hechos 

emitidas en la Sentencia apelada, expuso:

15. La demandada declaró[,] además[,] que [se] ha visto 

afectada emocionalmente porque entre ambas familias 

había lazos de estrecha amistad, que se perdieron por 

el pleito, que se encuentra triste y deprimida, y que tuvo 

y tiene pérdidas económicas, ya que ella solo recibe 

ingresos del seguro social.111

Por tal razón, y luego de evaluar las determinaciones de 

hechos emitidas por el foro primario durante la celebración del juicio 

en su fondo, debemos dar deferencia a la apreciación de la prueba, 

razonando que no se ha presentado ninguna de las circunstancias 

que, a falta de un método de transcripción de la prueba oral, nos 

muevan a variarla. Forzosamente concluimos que la parte apelante 

no colocó en posición a este tribunal revisor como para variar las 

determinaciones de hechos emitidas por el foro primario, como parte 

de la celebración del juicio.

Por último, en cuanto al cuarto señalamiento de error, la parte 

apelante esbozó que el foro primario erró al imponerle $4,000.00 

111 Id., a la pág. 1625.
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dólares en honorarios por temeridad, aduciendo que en la Sentencia 

apelada no hubo una determinación de temeridad. No le asiste 

razón. Veamos. La Regla 44.1 (d) de las Reglas de Procedimiento 

Civil dispone lo siguiente sobre los honorarios de abogados: “[...] En 

caso de que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido 

con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 

sentencia al o a la responsable el pago de una suma por concepto 

de honorarios de abogado que el tribunal entienda corresponda a tal 

conducta. [...]112 Ahora bien, este foro solo intervendrá en la 

determinación de temeridad que realice el TPI, si de nuestra 

apreciación resulta que hubo abuso de discreción. Por su parte, en 

lo que a la cuantía respecta, el criterio para determinarla es a base 

de la razonabilidad. En este caso, no tenemos elementos para variar 

la determinación del foro primario, no es nuestra apreciación que 

haya habido un abuso de discreción ni que la cantidad impuesta 

haya sido irrazonable. En este caso, la parte apelante resultó ser la 

parte perdidosa, mientras que el foro primario concedió el remedio 

solicitado vía Reconvención a la apelada, a excepción de su 

reclamación por daños económicos.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

112 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d).