Número Identificador:

RES2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

WASTE COLLECTION 

CORP

Demandante

v.

HON. ÁNGEL DAVID 

CONCEPCIÓN GONZÁLEZ 

Y OTROS

Recurrido

v.

OSCAR SANTAMARÍA 

TORRES

Peticionario

KLCE202400252

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Caguas 

Caso Número:

CG2021CV02138

Sobre:

Daños y Otros

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

Comparece ante esta Curia, el Sr. Oscar Santamaria Torres 

(peticionario) y solicita la revocación de una Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI o foro primario) 

el 29 de enero de 2024, notificada el 30 de enero de 2024. En esta, 

el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación por 

Insuficiencia en el Emplazamiento, presentada por el peticionario. 

Junto a su petitorio presentó una Solicitud de Remedio Urgente, en 

Auxilio de Jurisdicción en la cual solicita la paralización de los 

procedimientos, pendiente la adjudicación del recurso de epígrafe.

Además, solicita la revocación de las órdenes notificadas por el foro 

primario el 26 de febrero de 2024. En dichas órdenes, el TPI le anotó 

la rebeldía al peticionario y determinó que debía cumplir con una 

toma de deposición.
KLCE202400252 2

Adelantamos que, conforme a los fundamentos que 

expondremos, procede la desestimación del recurso por falta de 

jurisdicción. Para una mayor comprensión de los asuntos ante 

nuestra consideración, exponemos los hechos procesales 

pertinentes a la presente causa. Veamos. 

I.

Waste Collection Corp. (Waste Collection) incoó una demanda 

el 23 de agosto de 2021, en contra del Municipio Autónomo de Cidra 

(Municipio), su alcalde, el Hon. Ángel Davis Concepción González y 

otros, por incumplimiento de contrato e intervención torticera.1

En respuesta, el 2 de marzo de 2022, el Municipio acreditó su 

alegación responsiva, e interpuso una reconvención y una demanda 

contra tercero en contra del peticionario, presidente de Waste 

Collection.

2 En su comparecencia, instó tres causas de acción, a 

saber, incumplimiento de contrato, daños por incumplimiento e 

interferencia torticera y difamación. Al día siguiente, el Municipio 

instó una contestación a la demanda, reconvención y demanda 

contra tercero enmendada en contra del peticionario a los efectos de 

enmendar el epígrafe para incluir a este último.3 Junto a su 

comparecencia, el 3 de marzo de 2022 presentó una Moción 

Solicitando Se Expida Emplazamiento, en la cual acompañó el

proyecto de emplazamiento dirigido al peticionario para su 

expedición.4 Conforme nuestro examen del expediente y del Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), no consta 

que el foro primario haya atendido la referida moción solicitando la 

expedición del emplazamiento en ese momento.

En reacción a la falta de adjudicación de su petitorio, el 18 de 

mayo de 2022, el Municipio volvió a implorar al TPI que expidiera el 

1 Apéndice, Anejo 1. 

2 Apéndice, Anejo 2. 

3 Apéndice, Anejo 3.

4 Apéndice, Anejo 4. 
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emplazamiento al tercero demandado mediante una Solicitud de 

Expedición de Emplazamiento, en la cual notificó que, hasta la fecha 

no se había expedido el emplazamiento del peticionario.

5

En esta etapa procesal y de un examen del SUMAC, no surge 

movimiento alguno en el caso de epígrafe, a excepción de la renuncia 

de la representación legal de Waste Collection y una moción en la 

que se asume una nueva representación legal.6 Así las cosas, el 3 de 

febrero de 2023, el TPI emitió una Orden, notificada el 7 de febrero 

de 2023, con relación a la Solicitud de Expedición de Emplazamiento

presentada por el Municipio, en la cual dispuso lo siguiente: 

“Con Lugar, se ordena a Secretaría expedir el 

correspondiente emplazamiento.”7

En vista de lo ordenado por el TPI, el 23 de febrero de 2023, 

el Municipio presentó una Moción Informativa Acompañando 

Emplazamiento Diligenciado en la cual informó que el foro primario 

expidió el emplazamiento al peticionario y que fue diligenciado ese 

mismo día.8

En reacción, el 17 de abril de 2023, el peticionario compareció 

por primera vez, por conducto de su representante legal, el Lcdo.

José C. Martínez Toledo, sin someterse a la jurisdicción del TPI, 

mediante Moción de Desestimación por Insuficiencia del 

Diligenciamiento del Emplazamiento.

9 En esta, alegó que, al pasar 

nueve meses desde la radicación original para la expedición del

emplazamiento, el TPI ordenó la expedición del emplazamiento el 7 

de febrero de 2023 y el diligenciamiento se realizó el 23 de febrero 

de 2023. Señaló que fue emplazado luego de caducado el término de 

120 días para emplazar de conformidad con la Regla 4.3(c) de 

5 Cabe señalar que por inadvertencia, el peticionario identificó esta moción como 

Anejo 4, (con una fecha posterior) cuando el Anejo 4 de su apéndice corresponde 

a la moción presentada el 3 de marzo de 2022. Véase, SUMAC, en el caso 

CG2021CV02138, entrada núm. 25. 

6 Véase, SUMAC, en el caso CG2021CV02138, entrada núm. 26 y 27. 

7 Véase, SUMAC, en el caso CG2021CV02138, entrada núm. 30. 

8 Apéndice, Anejo 6.

9 Apéndice, Anejo 7.
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 4.3(c). El 19 de abril de 

2023, el Municipio presentó su Oposición a Moción de Desestimación 

por Insuficiencia del Diligenciamiento del Emplazamiento.

10

Curiosamente, es de notar que, a pesar de haber ordenado la 

expedición del emplazamiento en febrero de 2023, el TPI 

nuevamente, el 27 de septiembre de 2023, emitió una Orden

notificada el 31 de octubre de 2023, referente a la Moción Solicitando 

Expedición de Emplazamiento. En esta dispuso lo siguiente: 

“Expídase Emplazamiento.”11

Luego de varios trámites procesales, el 29 de enero de 2024, 

notificada el 30 de enero de 2024, el TPI emitió una Orden en la cual 

determinó lo siguiente: 

“Examinados la Moción de Desestimación sometida por 

el tercero demandado, Oscar Santamaria, y el escrito en 

oposición presentado por la parte demandada, el 

Tribunal declara No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación. 

Las partes deben comenzar con el descubrimiento de 

prueba y cumplir con la Regla 37.1 de Procedimiento 

Civil. La fecha de la conferencia inicial será escogida 

mañana durante la vista.”

No obstante lo anterior, debemos destacar que, de una 

revisión de los documentos que surgen de SUMAC, constatamos que 

la referida Orden en la que se adjudicó el petitorio de desestimación, 

no le fue notificada al peticionario, ni a su representante legal.12

El pleito continuó su curso ordinario y suscitaron algunos

asuntos relativos al descubrimiento de prueba, entre otros. Al 

examinar el tracto procesal en SUMAC, nuevamente identificamos

que, de igual forma, algunas de las notificaciones a atinentes al 

recurso ante nos, no fueron notificadas a la parte peticionaria ni a 

su representación legal.13

10 Apéndice, Anejo 8.

11 Véase, SUMAC, en el caso CG2021CV02138, entrada núm. 51.

12 Véase, SUMAC, en el caso CG2021CV02138, entrada núm. 61. 

13 Conforme surge nuestro examen en el SUMAC, las órdenes que constan no 

fueron notificadas al representante legal del peticionario son las siguientes: 
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Inconforme con la determinación, el 23 de febrero de 2024, el 

peticionario solicitó la reconsideración de la Orden emitida por el TPI

y una orden protectora al amparo de la Regla 23.2 de Procedimiento 

Civil.14 Alegó que el Municipio interesaba deponerlo antes de que 

culminara su procedimiento en el Tribunal Federal de Estados 

Unidos para el Distrito de Puerto Rico. En aras de proteger sus 

derechos constitucionales, solicitó que la deposición se pospusiera 

hasta luego de dictarse sentencia en el caso ante el Tribunal Federal. 

Por lo anterior, solicitó del foro primario una orden protectora a los 

efectos de protegerlo de hostigamiento, perturbación u opresión, así 

como de cualquier gasto o molestia indebida con relación a la toma 

de deposición. 

El 24 de febrero de 2024, el TPI emitió una Orden, en relación 

con la orden protectora, en la cual declaró No Ha Lugar el petitorio 

del peticionario. La referida orden tampoco fue notificada al 

peticionario ni a su representante legal.15 El 26 de febrero de 2024, 

el foro primario le anotó la rebeldía al peticionario tras no presentar 

su alegación responsiva.16

No obstante lo anterior, el 27 de febrero de 2024, el 

peticionario presentó una nueva Solicitud de Reconsideración.

17 En 

su comparecencia, señaló que el Tribunal emitió una orden a los 

efectos de que proveyera unas fechas hábiles para la toma de 

1) Entrada Núm. 61 – No Ha Lugar a Solicitud de Desestimación de Tercero 

Demandado emitida el 29 de enero de 2024, notificada el 30 de enero de 

2024. 

2) Entrada Núm. 62 – No Ha Lugar. Existía una Solicitud de Desestimación

sin resolver. Tenga el demandado 20 días para someter alegación 

responsiva emitida el 29 de enero de 2024, notificada el 30 de enero de 

2024. 

3) Entrada Núm. 63 – El asunto de la toma de deposiciones se atenderá en 

la vista de mañana, 30 de enero de 2024. Emitida el 29 de enero de 2024, 

notificada el 20 de enero de 2024. 

4) Entrada Núm. 67 – Enterado. Emitida el 13 de febrero de 2024, notificada 

el 15 de febrero de 2024. 

5) Entrada Núm. 70 – 30 días para proveer la toma de deposición. Emitida y 

notificada el 20 de febrero de 2024. 

6) Entrada Núm. 73 – No Ha Lugar a Orden Protectora emitida el 23 de 

febrero de 2024, notificada el 26 de febrero de 2024. 

14 Apéndice, Anejo 14.

15 Véase, SUMAC, en el caso CG2021CV02138, entrada núm. 73.

16 Véase, SUMAC, en el caso CG2021CV02138, entrada núm. 74.

17 Apéndice, Anejo 18.
KLCE202400252 6

deposición e información de dos personas particulares que no son 

partes en el pleito. Por lo anterior, solicitó la reconsideración de la 

orden, al considerar que la expedición del emplazamiento fue 

contraria a derecho, por lo que el TPI no tenía jurisdicción sobre su 

persona. 

En desacuerdo con las determinaciones del TPI y sin que se 

notificara en autos la adjudicación de la reconsideración presentada

el 23 de febrero de 2024 ante el foro primario, el peticionario acude 

ante esta Curia y señala la comisión de los siguientes errores: 

Erró el TPI al concluir que el parte tercero demandante 

emplazó al tercero demandado conforme a derecho 

luego de haber transcurrido más de (120) días para 

diligenciar los emplazamientos sin haber solicitado 

oportunamente una prórroga para emplazar, 

quedándose de brazos cruzados siendo el peticionario 

emplazado (357) días luego de presentada la demanda 

de terceros en su contra. 

Erró el TPI al anotar la rebeldía al tercero demandado 

habiendo transcurrido (21) días de notificada su 

determinación declarando “No Ha Lugar” la “Moción de 

desestimación por insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento”, asunto jurisdiccional, aun en término 

para acudir ante el Tribunal de Apelaciones.

Erró el Honorable Tribunal al declarar No Ha Lugar una 

moción de reconsideración y orden protectora 

fundamentada en el derecho de la parte recurrente a la 

no autoincriminación y el imponer sanciones 

económicas. 

Hemos examinado con detenimiento el recurso sometido por

el peticionario y optamos por prescindir de los términos, escritos o

procedimientos ulteriores “con el propósito de lograr su más justo y

eficiente despacho”. Regla 7 (b) (5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (b) (5).

II.

A. Jurisdicción y la notificación de órdenes

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. Muñoz Barrientos v. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 105, 

resuelto el 1 de septiembre de 2023. Es por ello, que, la falta de 
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jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v. 

Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020). 

Por consiguiente, el primer factor a considerar en toda 

situación jurídica que se presente ante un foro adjudicativo es el 

aspecto jurisdiccional. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 

495, 503 (2019). Ello, pues los tribunales tienen la responsabilidad 

indelegable de examinar, en primera instancia, su propia 

jurisdicción, así como la del foro de donde procede el recurso ante 

su consideración. Íd., pág. 500.

En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo 

ha expresado que, los tribunales tenemos el deber de proteger 

nuestra jurisdicción, sin poseer discreción para asumirla donde no 

la hay. Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264 (2022). A esos efectos, 

las cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser 

resueltas con preferencia. Íd. A causa de ello, al cuestionarse la 

jurisdicción de un tribunal por alguna de las partes o, incluso, 

cuando no haya sido planteado por éstas, dicho foro examinará y 

evaluará, con rigurosidad, el asunto jurisdiccional como parte de su 

deber ministerial, pues éste incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Torres Alvarado v. Madera 

Atiles, supra.

Como se sabe, un recurso prematuro, al igual que uno tardío, 

priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Pueblo v. Rivera 

Ortiz, 209 DPR 402 (2022). Ello, pues su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, ya que en ese momento 

todavía no ha nacido autoridad judicial o administrativa para 

acogerlo. Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra. De ese modo, si el 

tribunal no tiene jurisdicción, solo resta declararlo así y desestimar 

la reclamación sin entrar en los méritos de la controversia. Íd. Es 

decir, procede la inmediata desestimación del recurso apelativo, 
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según lo dispuesto en las leyes y los reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos. Allied Mgmt. Group v. Oriental 

Bank, supra.

De otra parte y atinente al recurso de epígrafe, es preciso 

señalar que, en caso de las notificaciones de órdenes, resoluciones 

y sentencias, la Regla 65.3(a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. 

V) establece que el Secretario o Secretaria debe notificar el archivo 

en autos de copia del dictamen “a todas las partes que hayan 

comparecido en el pleito”. La notificación debe realizarse de 

conformidad con la Regla 67.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. 

V) que dispone: “[t]oda orden emitida por el tribunal y todo escrito 

presentado por las partes será notificado a todas las partes. La 

notificación se efectuará el mismo día en que se emita la orden o se 

presente el escrito. [...]”. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que la notificación adecuada de una orden a las partes 

“es parte integral de la actuación judicial y afecta el estado procesal 

del caso”. Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 600 (2003).

La notificación y el archivo en autos de una copia de la 

notificación de un dictamen resulta ser una etapa crucial del 

proceso adjudicativo. Yumac Home v. Empresas Masso, supra. Este 

deber de notificación no constituye un mero requisito impuesto por 

las Reglas de Procedimiento Civil, sino del debido proceso de ley. 

Íd.

18 Por eso, la correcta y oportuna notificación de las órdenes y 

sentencias es un requisito sine qua non de un ordenado sistema 

judicial. PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, supra. Su omisión 

puede conllevar graves consecuencias, además de crear demoras e 

impedimentos en el proceso judicial. 

A esos efectos, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), faculta al foro apelativo 

18 Véase, además, Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 183 (2015).
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a actuar por iniciativa propia para desestimar un recurso apelativo 

ante la ausencia de jurisdicción. La falta de jurisdicción es un 

defecto que no puede ser subsanado. Íd. Cabe señalar, sin embargo, 

que “la desestimación de un recurso por prematuro le permite a la 

parte que recurre volver a presentarlo, una vez el foro apelado 

resuelve lo que estaba ante su consideración”. PR Eco Park et al. v. 

Mun. De Yauco, 202 DPR 525, 538 (nota 25) (2019), citando a Yumac 

Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 107 (2015).

III.

Conforme surge de la normativa antes expuesta y previo a la 

consideración en los méritos de cualquier recurso presentado ante 

esta Curia, estamos obligados a auscultar nuestra jurisdicción 

sobre cada asunto, por lo que así procedemos. En atención a ello, 

tras un examen minucioso al expediente ante nuestra 

consideración, así como a los documentos que surgen del sistema 

SUMAC del Poder Judicial, observamos deficiencias en las 

notificaciones realizadas por el TPI que inciden en nuestra autoridad 

para entender sobre la presente causa. Al ser un asunto 

jurisdiccional, procede la desestimación del presente recurso. Nos 

explicamos.

Tal cual adelantamos en la exposición de los hechos

procesales pertinentes, pudimos constatar del volante de 

notificación de la Orden emitida el 3 de febrero de 2023, notificada 

el 7 de febrero de 2023, que, el TPI omitió notificar al peticionario el 

dictamen recurrido. Asimismo, las órdenes emitidas el 29 de enero 

de 2024, notificadas el 30 de enero de 2024, tampoco fueron 

notificadas a la representación legal del peticionario. Añádase a ello 

que, el presente recurso fue presentado antes de que se notificara 

en autos la adjudicación de la solicitud de reconsideración.19

19De SUMAC se desprende que la adjudicación de la reconsideración fue 

notificada por el TPI el 29 de febrero de 2024 a las 4:21 p.m. y la presentación del 
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De esta forma, se violentó la normativa antes expuesta y el 

debido proceso de ley. Hasta tanto el foro primario no notifique las 

referidas órdenes a todas las partes, el término para recurrir del 

referido dictamen no comienza a transcurrir. Ante ello, carecemos 

de jurisdicción para entender sobre la presente causa.

Sobre tales bases, al entender sobre el recurso, según 

presentado, concluimos que el dictamen impugnado no está sujeto 

a revisión judicial. Lo anterior, no menoscaba el derecho del 

recurrente de, en su día, presentar un recurso de revisión judicial, 

una vez se notifique correctamente las determinaciones del tribunal. 

Ante ello, consideramos que nuestra intervención, en esta etapa de 

los procedimientos, sería prematura.

Puntualizamos que, un recurso prematuro, al igual que uno 

tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Ello, pues 

su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico. A esta fecha, no ha nacido autoridad judicial para acogerlo. 

Cabe destacar que, en ausencia de jurisdicción de este tribunal, solo 

resta declararlo así y desestimar la reclamación, sin entrar en los 

méritos de la controversia.20

Por todo lo anterior, y de conformidad con la normativa antes 

expuesta, procede la inmediata desestimación del recurso apelativo. 

A esos efectos, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, faculta al foro apelativo a desestimar un recurso 

apelativo ante la ausencia de jurisdicción.

IV.

Por los fundamentos expuestos, declaramos no ha lugar la 

Solicitud de remedio urgente en auxilio de jurisdicción y 

desestimamos el recurso según presentado por falta de jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente.

recurso ante nos, fue radicada con anterioridad el mismo día a las 1:28 p.m. el 

Certiorari y a la 1:30 p.m., la solicitud de auxilio de jurisdicción. 

20 El Pueblo de Puerto Rico v. Noel Ríos Nieves, supra.
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones