Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

GRACIANO ACEVEDO 

BARRETO; MARÍA 

MILAGROS BARRETO 

BOSQUES Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS

Apelantes

v.

LUIS ANTONIO VARGAS 

PÉREZ; DRUCILA ESTHER 

CORDERO HERNÁNDEZ Y 

LA SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS

Apelados

KLAN202301090

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Aguadilla

Caso Núm.:

SS2022CV00087

Sobre:

Incumplimiento de 

Contrato y Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero. 

Martínez Cordero, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

Comparece el señor Graciano Acevedo Barreto (en adelante, 

señor Acevedo Barreto) y la señora María Milagros Barreto Bosques

(en adelante, señora Barreto Bosques) y la Sociedad Legal de 

Gananciales (en adelante, SLG) compuesta por ambos (en adelante 

y en conjunto, parte apelante) mediante un recurso de Apelación, 

para solicitarnos la revisión de la Sentencia Parcial emitida el 14 de 

julio de 2023, y notificada el 17 de julio de 2023, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en adelante, TPI).

1 

Mediante la Sentencia Parcial apelada, el foro primario declaró 

parcialmente Ha Lugar una Moción de Desestimación presentada por 

la parte apelada por lo que desestimó la Demanda presentada en 

cuanto a la señora Drucila Esther Cordero Hernández (en adelante, 

1 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 16-22.
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señora Cordero Hernández) y la SLG compuesta con el señor Luis 

Antonio Vargas Pérez (en adelante, señor Vargas Pérez y en 

conjunto, parte apelada).

2 Además, no surgiendo de los autos el 

diligenciamiento de los emplazamientos en cuanto a los demás 

codemandados, desestimó la acción sin perjuicio, al amparo de la 

Regla 4.3(c) y 4.6(c) de las Procedimiento Civil.3

Por los fundamentos que expondremos, se confirma la 

Sentencia Parcial apelada en lo concerniente a la desestimación de 

la causa de acción por incumplimiento de contrato contra la señora 

Cordero Hernández y la SLG. No obstante, se revoca la 

desestimación de la causa de acción por daños y perjuicios contra 

la señora Cordero Hernández y la SLG. De igual forma, se revoca la 

determinación en cuanto a la deposición para autorizar que la 

misma le sea realizada a la señora Cordero Hernández.

I

El caso ante nuestra consideración comenzó el 14 de febrero 

de 2022, con la presentación de una Demanda sobre 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios presentada por la 

parte apelante contra la parte apelada, entre otros.

4 En la Demanda, 

la parte apelante adujo que las partes acordaron una opción de 

compra de veintisiete (27) cuerdas en el Barrio Voladora en el 

municipio de Moca, por la suma de $1,600,000.00 dólares. Arguyó 

que luego de varias conversaciones con la parte apelada, le entregó 

el pronto que presuntamente le fue requerido, desglosado de la 

siguiente forma: $90,000.00 dólares en un cheque y $10,000.00 

dólares en efectivo, para un total de $100,000.00 dólares. Alegó que, 

tras la entrega del pronto, el contrato5 se perfeccionó y que, como 

2 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 20-21.

3 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 21. 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c) y 4.6 (c).

4 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1-10 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 8-17.

5 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 14 y apéndice de la parte apelada, a la 

pág. 48.
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parte de las negociaciones y la opción de compra, acordaron que el 

restante precio de venta, entiéndase, $1,500,000.00 dólares se 

pagaría en o antes de doce (12) meses a partir de la entrega del 

pronto. También alegó que, una vez el señor Vargas Pérez recibió el 

pronto de $100,000.00 dólares, ayudó a la parte apelante a redactar 

un contrato en manuscrito, el cual se leyó y, tras estar de acuerdo, 

el señor Vargas Pérez procedió a firmar. Conforme surge de las 

alegaciones, en el acto de la entrega del pronto, y para finiquitar la 

opción, los términos y la venta, estuvo presente la señora Cordero 

Hernández (esposa del señor Vargas Pérez), quien quedó enterada y 

prestó su consentimiento. La parte apelante arguyó que la 

negociación antes descrita fue grabada con el fin de mostrársela, en 

ánimos de celebración, a la señora Barreto Bosques. Adujo que el 

contrato fue fotografiado y enviado al hijo del señor Vargas Pérez, 

Antonio Vargas, a través de una aplicación electrónica a solicitud 

del primero. 

Posteriormente, y según se desprende de la Demanda, el señor 

Vargas Pérez depositó el cheque que le fue entregado. Adujo que, al 

día siguiente, este se comunicó con la parte apelante para 

informarles que el negocio no se daría y que les haría llegar el dinero. 

Arguyó que la parte apelada ha incumplido el contrato y que ha 

retenido las sumas de dinero dadas como opción a compra y reclamó 

unas partidas por concepto de daños y perjuicios, así como costas, 

gastos y honorarios de abogado. Solicitó, además, en síntesis, el 

cumplimiento específico con la opción a compra, a que se elevarla la 

misma a escritura pública y posteriormente al otorgamiento de la 

compraventa. Además, solicitó un pago por los daños causados, 

entiéndase: al privar del uso y disfrute de la propiedad, impedir 

adquirir oportunidades comerciales, daños a la reputación 

comercial y personal, angustias mentales y temeridad en concepto 
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de costas, gastos y honorarios de abogado. Por último, solicitó una 

orden de prohibición de enajenación o gravamen de la propiedad.

El 19 de octubre de 2022, la parte apelada presentó su 

Contestación a la Demanda.

6 En ella, prácticamente negaron todas 

las alegaciones de la Demanda y presentaron una serie de defensas 

afirmativas. 

De lo que sigue, se desprende de los autos que, el 18 de abril 

de 2023, la parte apelada presentó una Moción de Desestimación7 al 

amparo de la Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil;

8 y, el 

29 de mayo de 2023, la parte apelante una Oposición a Moción de 

Desestimación.

9 Conforme se desprende, la parte apelada solicitó la 

desestimación de la causa de acción por dos (2) fundamentos. El 

primero fue una alegada falta de capacidad cognoscitiva del señor 

Vargas Pérez, asunto que fue declinado por el TPI, tras razonar que 

este asunto ni siquiera surgía de las alegaciones fácticas de la 

Demanda, ni tampoco había documentos en apoyo a que este 

hubiese sido declarado incapaz.10 El segundo fue que la transacción 

objeto de autos careció del consentimiento expreso de la señora 

Cordero Hernández, detalle que era necesario por tratarse de una 

transacción de un bien inmueble de carácter ganancial y que esta,

además, no estaba en disposición de ratificar el contrato.11 

Por su parte, la parte apelante sostuvo que en el contrato 

otorgado hubo consentimiento, objeto y causa, puesto a que se 

recibieron las prestaciones y fueron depositadas en una cuenta 

bancaria y que al presente la retenían.12 Negó que el señor Vargas 

Pérez estuviese incapacitado. En cuanto al consentimiento del 

6 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 11-13 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 18-20. 

7 En el SUMAC, a la entrada 69.

8 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

9 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 16. En el SUMAC, a la entrada 75.

10 Id.

11 Id.

12 Id.
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contrato por parte de la señora Cordero Hernández esbozó que esta 

estuvo presente y consintió al mismo. Como prueba de lo anterior, 

expresó contar con un video del momento del otorgamiento y que la 

señora a Cordero Hernández se encontraba contenta y satisfecha.13 

Aceptó que la señora Cordero Hernández no firmó el contrato, pero 

estuvo presente y dio su anuencia.14

En respuesta, el 14 de julio de 2023, notificada el 17 de julio 

de 2023, el foro primario emitió una Sentencia Parcial mediante la 

cual declaró parcialmente Ha Lugar la Moción de Desestimación.

15 

Respecto al señor Vargas Pérez, determinó que no surgía de las 

alegaciones o documento que este hubiese sido declarado incapaz. 

Dispuso la desestimación de la Demanda en cuanto a la señora 

Cordero Hernández y la SLG compuesta por el señor Vargas Pérez y 

la señora Cordero Hernández. Además, desestimó la causa de 

acción, sin perjuicio en cuanto a los demás codemandados no 

habiéndose diligenciado los emplazamientos, amparándose en la 

Regla 4.3(c) y 4.6(c) de Procedimiento Civil.16

Inconforme, el 31 de julio de 2023, la parte apelante presentó 

una Moción de Reconsideración.

17 Adujo que la Sentencia Parcial

emitida por el foro primario tenía el efecto de desestimar la causa de 

acción referente a la opción de compra en favor de la parte apelada

pero, además, desestimaba la causa de acción sobre daños y 

perjuicios incoada en la Demanda.

18 Expresó que en el presente caso 

no había concluido el descubrimiento de prueba, lo que 

presuntamente le privaba de probar el consentimiento de la parte 

apelada y del cual se desprendía la aceptación y satisfacción con la 

13 Id.

14 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 17.

15 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 16-22 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 1-7.

16 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 20-21. 32 LPRA Ap. V, R. 4.3 (c) y 4.6 

(c).

17 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 23-36 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 21-29.

18 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 24.
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opción a compra. Además, expresó, en síntesis, que nada se había

solicitado en cuanto a las alegaciones sobre daños y perjuicios por 

lo que no debían ser desestimadas.19 La parte apelante solicitó que 

se reconsiderara el dictamen emitido y denegara la Moción de 

Desestimación. 

Por su parte, el 21 de agosto de 2023, la parte apelada 

presentó su Oposición a Moción de Reconsideración.

20 En ella, se

opuso a la solicitud presentada por la parte apelante. Alegó que esta 

parte nunca consintió a ser grabado en video. Además, expresaron 

que el contrato de opción era nulo por no haber sido firmado 

también por la señora Cordero Hernández. Por su parte, el 22 de 

agosto de 2023, la parte apelante presentó una moción de réplica.

En respuesta, el 4 de octubre de 2023, el tribunal a quo emitió 

y notificó una Resolución mediante la cual declaró Ha Lugar la 

Moción de Reconsideración presentada por la parte apelada.21 El foro 

primario concluyó que el contrato de opción se hizo constar 

mediante un documento privado sin el consentimiento escrito de la

señora Cordero Hernández y determinó que dicho consentimiento 

debía ser objeto de prueba, por lo que no procedía la desestimación 

de la causa de acción en esa etapa de los procedimientos.22 Además, 

dispuso que, en cuanto a la causa de acción en daños y perjuicios 

relacionada a la señora Cordero Hernández, habiendo concluido que 

no procedía la desestimación contra esta, tampoco procedía hacerlo 

en cuanto a esta otra causa de acción.23 Por consiguiente, dejó sin 

efecto la Sentencia Parcial emitida el 14 de julio de 2023.

En desacuerdo con el nuevo curso decisorio de la primera 

instancia judicial por vía de reconsideración, el 13 de octubre de 

19 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 25.

20 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 37-39 y apéndice de la parte apelante,

a las págs. 30-32.

21 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 40-42 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 33-34.

22 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 41.

23 Id.
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2023, la parte apelada presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración.

24 Expusieron que, siendo el contrato de opción un 

contrato preparatorio, se requería el consentimiento por escrito de 

ambos cónyuges. Abundó que, lo que es nulo, o sea el contrato, no 

produce resultados jurídicos y ante la ausencia de consentimiento 

no procede la causa de acción por daños y perjuicios. Allí, expuso

que en su dictamen inicial el foro primario había resuelto conforme 

a derecho y que, como tal, por vía de reconsideración, debía 

reinstalarse la Sentencia Parcial tal y cual resuelta. 

El 23 de octubre de 2023, la parte apelante se opuso a la 

solicitud presentada por la parte apelada.25 Expusieron que, debido 

a que no existían planteamientos nuevos, el foro primario debía 

declarar de plano no ha lugar la Moción en Solicitud de 

Reconsideración.

De ahí, mediante Resolución emitida el 7 de noviembre de 

2023 y notificada el 8 de noviembre de 2023, el foro primario declaró 

Ha Lugar la solicitud de reconsideración y, en consecuencia, 

restituyó la Sentencia Parcial emitida el 14 de julio de 2023.26 

Además, no autorizó la deposición a la señora Cordero Hernández.

Insatisfechos aún, el 5 de diciembre de 2023, la parte apelante 

presentó ante este Tribunal un recurso de apelación en el cual 

esgrimieron la comisión de los siguientes tres (3) errores:

PRIMER ERROR PLANTEADO:

Erró el Tribunal de Instancia al resolver que la Apelada 

Sra. Drucila Cordero Hernández, no prest[ó] su 

consentimiento al contrato de opción de compra o 

preparatorio.

SEGUNDO ERROR PLANTEADO: 

Erró el Tribunal de Instancia al resolver que el contrato 

de opción de compra o preparatorio tiene que ser 

pactado por escrito y requiere la firma de ambos 

cónyuges.

24 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 43-48 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 35-40.

25 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 49-52 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 41-44.

26 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 53-55 y apéndice de la parte apelada,

a las págs. 45-46.
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TERCER ERROR PLANTEADO:

Erró el Tribunal de Instancia al desestimar la demanda 

de daños y perjuicios en favor de la Sra. Drucila Cordero 

Hernández y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ésta y el Sr. Luis Antonio Vargas Pérez y 

expresamente prohibir la toma de la deposición de la 

Apelada[,] Sra. Drucila Cordero Hernández.

El 4 de enero de 2024, la parte apelada presentó su Alegato 

en Oposición. Contando con la comparecencia de ambas partes, 

procederemos a exponer el derecho aplicable. 

II

A. Recurso de Apelación

La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil27, 

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro 

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en 

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es 

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere 

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su 

incumplimiento es insubsanable.28 La correcta notificación de una 

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso 

judicial.29 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del 

Reglamento de este Tribunal establece que: 

Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos 

civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se 

presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta 

días contados desde el archivo en autos de una copia de 

la notificación de la sentencia.30

[...]

No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en 

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.31 En tal 

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo 

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la 

27 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).

28 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145 

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).

29 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).

30 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).

31 32 LPRA Ap. V, R. 47.
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moción.32 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha 

Lugar.

B. Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

La Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil regula la 

presentación de defensas y objeciones a una reclamación judicial.33

La moción de desestimación al amparo de esta regla es una defensa 

especial que formula el demandado en la que solicita que se 

desestime la demanda presentada en su contra, aun sin necesidad 

de formular una alegación previa.34

La regla establece que:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; 

(2) falta de jurisdicción sobre la persona; 

(3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio; 

(6) dejar de acumular una parte indispensable.35 

 

El tribunal interpretará las alegaciones de la demanda 

conjuntamente, de forma liberal y de la manera más favorable 

posible a la parte demandante para determinar si la misma es 

suficiente para constituir una reclamación válida.36 No obstante, 

procederá la desestimación cuando existan circunstancias que 

permitan a los tribunales determinar, sin ambigüedades, que la 

demanda carece de todo mérito o que la parte demandante no tiene 

derecho a obtener algún remedio.

37

32 Id.

33 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

34 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 

35 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

36 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010). Pressure Vessels PR v. 

Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994). 

37 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 235 (2016). 
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C. La Solicitud de Reconsideración

Una parte adversamente afectada por una orden o una 

resolución del TPI podrá presentar una moción solicitando la 

reconsideración de la orden o la resolución, dentro del término de 

cumplimiento estricto de quince (15) días, contados a partir de la 

fecha de la notificación de la orden o resolución. Así lo dispone la 

Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil.38

Al presentar una moción de reconsideración ante el TPI de 

manera oportuna, los términos concedidos para acudir en revisión 

judicial quedarán paralizados, siempre y cuando su contenido 

cumpla con los requisitos expuestos en la Regla 47 de las Reglas de 

Procedimiento Civil.39 “[S]alvo mociones escuetas y sin fundamentos 

de clase alguna, una moción que razonablemente cuestiona la 

decisión y la cual fundamente su planteamiento, será suficiente 

para cumplir con la regla”.40 A tales efectos, expone la referida Regla 

47:

[...] 

La moción de reconsideración debe exponer con 

suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 

derecho que el promovente estima que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales 

relacionadas con las determinaciones de hechos 

pertinentes o conclusiones de derecho materiales.

La moción de reconsideración que no cumpla con las 

especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” 

y se entenderá que no ha interrumpido el término para 

recurrir.41

En dichas instancias, los términos para recurrir en alzada al 

Tribunal de Apelaciones quedarán suspendidos para todas las 

partes.42 El término comenzará a decursar nuevamente a partir de 

la fecha en que se archive en autos copia de la notificación de la 

38 32 LPRA Ap. V, R. 47.

39 Id. Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, 201 DPR 330, 338 (2018). Rivera 

Marcucci et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 167 (2016). Mun. Rincón v. Velázquez 

Muñiz y otros, 192 DPR 989, 999 (2015). Morales y otros v. The Sheraton Corp., 

191 DPR 1, 8–9 (2014).

40 J.A. CUEVAS SEGARRA, TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL 1366 (2011). Colón 

Burgos v. Marrero Rodríguez, Id.

41 32 LPRA Ap. V, R. 47.

42 Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, supra.
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resolución para resolver la moción de reconsideración.43 Ahora bien, 

¿qué ocurre cuando, luego de interrumpido el término para apelar 

mediante una moción de reconsideración y, posterior a que esta sea 

resuelta y se haya emitido la correspondiente resolución, una parte 

afectada por dicha resolución presenta una segunda moción de 

reconsideración? ¿Se interrumpe nuevamente el término para 

apelar? El Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, Tribunal 

Supremo) tuvo la oportunidad de resolver tal interrogante 

recientemente.

En Colón Burgos v. Marrero Rodríguez44, nuestro más alto foro 

tuvo la tarea de analizar “si la posterior moción de reconsideración 

— indistintamente de la parte que la presente— cuyo fin es 

reconsiderar un dictamen sustancialmente modificado como 

consecuencia de la primera reconsideración, tiene el efecto de 

interrumpir el término para recurrir al foro apelativo intermedio”.45

Para ello, analizó lo expresado en cuanto a la presentación de una 

moción de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

adicionales ante el TPI, por ser “moción hermana” de la moción de 

reconsideración.46

Tras su análisis, el Tribunal Supremo llegó a la siguiente 

conclusión:

[R]esolvemos hoy que una moción de reconsideración de 

este tipo interrumpe el término para recurrir al Tribunal 

de Apelaciones cuando: (1) el dictamen impugnado fue 

alterado sustancialmente como consecuencia de 

una Moción de Reconsideración anterior, 

independientemente de quien la haya presentado, y 

(2) cumple con los criterios de especificidad y 

particularidad de la Regla 47 de Procedimiento 

Civil, supra.47 (Énfasis suplido).

43 Id. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 719 (2011). Insular 

Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 793, 805 (2008). Lagares v. ELA, 144 DPR 601, 

613 (1997).

44 Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, supra.

45 Id., 339.

46 Id.

47 Id., 341. 
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En vista de ello, se entiende que la presentación de una 

segunda moción de reconsideración interrumpe el término para 

acudir ante este Tribunal de Apelaciones solo cuando esta exponga 

(i) cuáles son los hechos o el derecho a reconsiderarse, y (ii) cuáles 

son las alteraciones sustanciales producto de la primera 

reconsideración cuya reconsideración se solicita por primera vez.48

De esta manera, se impide que el término para recurrir en revisión 

judicial quede extendido indefinidamente por la presentación de 

subsiguientes mociones de reconsideración frívolas, basadas en los 

mismos fundamentos.49

D. Teoría general de los contratos

El contrato ha sido definido como el negocio jurídico bilateral 

por el cual dos (2) o más partes expresan su consentimiento en la 

forma prevista por la ley, para crear, regular, modificar o extinguir 

obligaciones.50 Dichas obligaciones contractuales tienen fuerza de 

ley entre las partes ante sus sucesores y ante terceros en la forma 

que dispone la ley.51 Consecuentemente, respecto a la 

indemnización por responsabilidad civil se dispone: “La persona que 

de cualquier modo contraviene el tenor de su obligación, debe 

indemnizar los daños y perjuicios causados”.52

De conformidad con lo anterior, son daños y perjuicios 

indemnizables los siguientes: 

El deudor de buena fe responde de los daños y 

perjuicios previstos o previsibles al tiempo de 

constituirse la obligación. 

En caso de dolo, el deudor responde de todos los daños 

y perjuicios que se deriven de su incumplimiento.53

En tanto en cuanto, existe una facultad implícita de 

resolución:

48 Id., 341-342.

49 Id., 342.

50 31 LPRA § 9751, Art. 1230.

51 31 LPRA § 9754, Art. 1233.

52 31 LPRA § 9303, Art. 1158.

53 31 LPRA § 9332, Art. 1168.
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En los contratos con prestaciones recíprocas se 

encuentra implícita la facultad de resolver 

extrajudicialmente el contrato por falta de 

cumplimiento de una obligación principal, conforme a 

las siguientes reglas: 

(a) la parte incumplidora debe estar en mora; 

(b) debe requerirse a la parte incumplidora, bajo 

apercibimiento de resolver el contrato total o 

parcialmente, que cumpla su obligación, incluyendo el 

daño moratorio; 

(c) las prestaciones parcialmente cumplidas no se 

resuelven y quedan firmes; 

(d) la resolución opera al momento de vencer el 

requerimiento; 

(e) la resolución produce el efecto previsto en este 

Código para la condición resolutoria cumplida; y 

(f) puede reclamarse el cumplimiento y el resarcimiento 

de daños.54

[...]

Las partes contratantes, bajo el principio de autonomía 

contractual, pueden establecer las cláusulas que tengan por 

convenientes, siempre que no sean contrarias a la ley, a la moral, ni 

al orden público.55 Por lo tanto, el contrato queda perfeccionado 

desde que las partes manifiestan su consentimiento sobre el objeto 

y la causa, salvo en los casos en que se requiere el cumplimiento de 

una formalidad solemne o cuando se pacta una condición 

suspensiva.56 Es menester destacar, que las reglas en cuanto a la 

interpretación contractual son que: (i) se presume que el negocio 

jurídico se otorga de buena fe; (ii) si los términos de un contrato son 

claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes o 

ambigüedades, se estará al sentido literal de sus cláusulas; y, (iii) 

para determinar la intención, debe atenderse principalmente a la 

conducta de la parte, sea coetánea, posterior o aún anterior al 

otorgamiento del negocio jurídico.57

Por otro lado, un negocio jurídico puede ser nulo o anulable.58

El negocio jurídico es nulo si: (i) el objeto, la causa o el 

consentimiento son inexistentes; (ii) el objeto o la causa son ilícitos; 

54 31 LPRA § 9823, Art. 1255.

55 31 LPRA § 9753, Art. 1232.

56 31 LPRA § 9771, Art. 1237.

57 31 LPRA § 6342, Art. 354.

58 31 LPRA § 6312, Art. 342.
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(iii) carece de las formalidades exigidas por la ley para su validez; o, 

(iv) si es contrario a la ley imperativa, la moral o el orden público.59

Por su parte, es anulable si el otorgante tiene incapacidad de obrar, 

si concurre algún vicio de la voluntad, o si el acto adolece de un 

defecto de forma no solemne.60 A esos efectos, los vicios de la 

voluntad son el error, el dolo, la violencia y la intimidación.61

E. El Contrato de Opción a Compra

El Título VIII del Código Civil aborda lo relativo a los derechos 

de adquisición preferente. A su vez, las disposiciones del Capítulo II 

son referente al derecho de opción. La opción de compra ha sido 

definida como el derecho que faculta a su titular para que decida 

durante un plazo determinado, mediante la manifestación de su 

aceptación, el perfeccionamiento del contrato de compraventa que 

ha sido ya acordado en todos sus aspectos fundamentales y 

secundarios y a cuyo cumplimiento se mantiene comprometido el 

concedente durante el plazo prefijado.62

El derecho de opción tiene algunos requisitos para su título 

de constitución.63 El título de constitución debe contener las 

estipulaciones y el domicilio a efectos de las notificaciones 

preceptivas y demás pactos que el constituyente o los constituyentes 

tengan por conveniente.64 Además, debe contener los siguientes 

requisitos: (i) el plazo de duración del derecho y, si procede, el plazo 

para su ejercicio; (ii) en su caso, la voluntad del constituyente o de 

los constituyentes de configurar el derecho con carácter real; (iii) el 

precio o contraprestación para la adquisición del bien o los criterios 

para su fijación, cuando se trate de un derecho de opción a una 

adquisición onerosa, indicando el precio estipulado para su 

59 Id.

60 Id.

61 31 LPRA § 6191, Art. 285.

62 31 LPRA § 8821, Art. 1029.

63 31 LPRA § 8822, Art. 1030.

64 Id.
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adquisición; (iv) cuando se prevean cláusulas de estabilización, 

deben contener criterios objetivos y el precio debe poder fijarse con 

una simple operación aritmética; y (v) la prima pactada para su 

constitución, cuando el derecho se constituye a título oneroso, 

indicando el precio convenido.65 Dichos contratos de opción de 

compra se pueden inscribir cuando cumplan con los requisitos 

antes mencionados y consten en escritura pública.66

III

Tenemos ante nuestra consideración un recurso de Apelación 

en el cual la parte apelante elaboró tres (3) errores que, a su juicio, 

cometió el TPI. Tras juzgar que los errores esgrimidos guardan 

relación entre sí, procederemos a discutirlos de forma conjunta. La 

parte apelante plantea que el foro primario incidió al desestimar la 

Demanda, prohibiendo expresamente la toma de una deposición a 

la señora Cordero Hernández. También, razonan que incidió al 

resolver que esta última no prestó su consentimiento al contrato de 

opción de compra o preparatorio y que el susodicho contrato de 

opción de compra o preparatorio tiene que pactarse por escrito y 

requiere la firma de ambos cónyuges. Veamos.

Acentuamos que, cuando se presente una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, el tribunal interpretará las alegaciones de la 

demanda conjuntamente, de forma liberal y de la manera más 

favorable posible a la parte demandante para determinar si la misma 

es suficiente para constituir una reclamación válida.67 Sin embargo, 

procederá la desestimación cuando existan circunstancias que 

permitan a los tribunales determinar, sin ambigüedades, que la 

65 31 LPRA § 8822, Art. 1030.

66 Id.

67 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Torres, Torres v. Torres et al., supra. Pressure Vessels 

PR v. Empire Gas PR, supra. 
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demanda carece de todo mérito o que la parte demandante no tiene 

derecho a obtener algún remedio.

68

Debemos recordar, que tanto el señor Acevedo Barreto y la 

señora Barreto Bosques, como el señor Vargas Pérez y la señora 

Cordero Hernández, están casados bajo una SLG.

El Código Civil dispone lo concerniente a la gestión conjunta 

sobre bienes comunes: 

En ausencia de capitulaciones matrimoniales, la 

administración y la disposición de los bienes 

gananciales corresponde conjuntamente a ambos 

cónyuges. Todo acto que sobre dichos bienes haga 

cualquiera de los cónyuges en contravención a este 

artículo, y lo demás dispuesto en este título, no 

perjudica al otro cónyuge ni a sus herederos.69

[...]

A la luz de lo anterior, en lo que respecta al consentimiento 

dual para actos de disposición el Código explica que: 

[...]

Para realizar actos de disposición a título oneroso sobre 

bienes gananciales se requiere el consentimiento escrito 

de ambos cónyuges. Tal consentimiento es 

indispensable, pero el cónyuge que no ha consentido 

puede ratificarlo posteriormente. En este caso, la 

validez y la eficacia del acto comienzan a partir de la 

ratificación, salvo acuerdo en contrario. A falta de 

ratificación oportuna, el acto es nulo y sus 

consecuencias son de la exclusiva responsabilidad del 

cónyuge que consiente unilateralmente.70

Así, las cosas, existen sanciones cuando falta el 

consentimiento dual. Quiérase decir, cuando la ley requiere que uno 

de los cónyuges actúe con el consentimiento del otro para realizar 

un acto de administración o de disposición sobre bienes comunes, 

tal acto puede anularse a instancias del cónyuge cuyo 

consentimiento se ha omitido, o de sus herederos.71 Así, pues, un 

negocio ratificable es ineficaz y no surte efecto jurídico alguno hasta 

68 González Méndez v. Acción Social et al., supra. 

69 31 LPRA § 6992, Art. 525.

70 31 LPRA § 6994, Art. 527.

71 31 LPRA § 6918, Art. 495.
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tanto no sea ratificado, debido a que falta el consentimiento de una 

verdadera parte contratante.72

Debemos reiterar que, en su Declaración Jurada, la señora 

Codero Hernández declaró que:

[...]

4. Que en relación a la demanda que nos radicó el Sr. 

Graciano Acevedo Barreto yo no participé, ni estuve en 

las negociaciones, ni mucho menos le hice 

recomendaciones.

Que yo no firmé ni aprobé venta alguna de terreno.

[...]

8. Que en ningún momento yo autoricé vender terreno 

al Sr. Graciano Acevedo Barreto y no hablé de negocio 

alguno con el caballero.

9. Que no autoricé, ni autorizo venta de esos terrenos 

que alega el Sr. Graciano Barreto.

10. Que hago esta declaración jurada a los fines de 

establecer y dejar claro que yo no firmé documento 

alguno, ni acordé negocio alguno con Graciano Acevedo 

Barreto y que no le hice recomendaciones de cómo 

utilizar el terreno.73

[...] 

A raíz de ello, el contrato queda perfeccionado desde que las 

partes manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa, 

salvo en los casos en que se requiere el cumplimiento de una 

formalidad solemne o cuando se pacta una condición suspensiva.74

En lo que concierte al contrato preliminar / opción, el Código 

indica que: 

Por el contrato preliminar las partes se obligan a 

celebrar un contrato futuro. El contrato preliminar se 

denomina Opción si le atribuye a una sola de las partes 

la facultad de decidir sobre la celebración del contrato 

futuro. 

El contrato preliminar no está sujeto a cumplir las 

formalidades que debe satisfacer el contrato futuro. 

Si la parte requerida se niega al otorgamiento del nuevo 

contrato, el tribunal puede exigir a la misma estricto 

cumplimiento.

No obstante, además de que el contrato no contenía la firma 

de la señora Cordero Hernández, este tampoco cumplía con los 

requisitos dispuestos en el Artículo 1030 del Código Civil. Por tanto, 

72 Soto v. Rivera, 144 DPR 500, 515 (1997).

73 Apéndice de la parte apelada, a la pág. 47.

74 31 LPRA § 9771, Art. 1238.
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para que advenga a la vida jurídica un contrato de opción de

compra, el mismo debe cumplir con los requisitos mínimos 

esenciales dispuestos en el Artículo 1030. Según el Profesor Michel 

Godreau, el contrato de opción de compra es: 

[l]a facultad que se le concede a un comprador para que 

decida durante un plazo determinado, mediante la 

manifestación de su aceptación, el perfeccionamiento 

del contrato de compraventa que ha sido ya acordado 

en todos los aspectos fundamentales y secundarios y a 

cuyo cumplimiento se mantiene comprometido el 

concedente durante todo el término de vigencia de la 

opción.

75

Es nuestra apreciación, que el contrato de opción de compra

constituye un gravamen oneroso sobre la propiedad que obliga su 

enajenación, si se ejerciera la opción, por lo que claramente se 

requeriría para su validez la concurrencia de todas las partes 

contratantes. Es un hecho claro que la señora Cordero Hernández 

no firmó el documento que recoge el acuerdo de opción de compra, 

es decir, este carecía de su consentimiento expreso. De igual forma, 

no surge de los autos que exista un documento que le confiera al 

señor Vargas Pérez la capacidad para enajenar o realizar actos que 

conlleven posteriormente la enajenación del inmueble optado. 

Además, se desprende del expediente que la señora Cordero 

Hernández no ha ratificado ni ha contemplado de forma alguna

ratificar de alguna manera el acto de su esposo. No erró el foro 

primario al desestimar la causa de acción por incumplimiento de 

contrato contra la señora Cordero Hernández y la SLG.

En lo concerniente a la causa de acción de daños y perjuicios, 

la parte apelante había solicitado un pago por los daños causados, 

entiéndase: al privar del uso y disfrute de la propiedad, impedir 

adquirir oportunidades comerciales, daños a la reputación 

comercial y personal y angustias mentales. Considerado la totalidad 

75 Godreau, Michel J., La opción de compra en Puerto Rico, 53 Rev. Jur. U.P.R. 

565, 576 (1984).
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del expediente ante nos, juzgamos que el foro primario incidió al 

desestimar la causa de acción de daños y perjuicios contra la señora 

Cordero Hernández y la SLG en esta etapa de los procedimientos. El 

TPI debe permitir que el descubrimiento de prueba siga su curso, 

para así recibir prueba que le ayude a determinar si procede la causa 

de acción ejercitada por la parte apelante.

Por otro lado, en la Resolución, en segunda reconsideración, 

emitida por el Tribunal el 8 de noviembre de 2023, este no autorizó 

la deposición a la señora Cordero Hernández. La Regla 23 de las 

Reglas de Procedimiento Civil aborda las disposiciones generales 

respecto al descubrimiento de prueba. Debemos recordar que el 

descubrimiento de prueba es amplio y liberal. La Regla 23.2 (a) 

dispone que:

(a) El tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de parte, 

podrá limitar el alcance de los métodos de 

descubrimiento de prueba si determina lo siguiente: (i) 

que la prueba que se pretende descubrir es un 

duplicado de otra prueba o es irrazonablemente 

acumulativa; (ii) que la prueba puede obtenerse 

mediante otra forma más conveniente, menos onerosa 

y costosa para la parte a quien se le solicita; (iii) que la 

parte que solicita la prueba haya tenido oportunidad de 

obtenerla, o (iv) que los costos para obtener la prueba 

exceden el beneficio que ésta puede aportar al caso.76

[...]

La Regla 27 de las Reglas de Procedimiento Civil regula las 

deposiciones mediante examen oral. A esos efectos, la Regla 27.1 

señala cuándo podrán tomarse las deposiciones:

(a) Luego de iniciado un pleito, cualquier parte podrá 

tomar el testimonio de cualquier persona, incluyendo el 

de una parte, mediante una deposición en forma de 

examen oral sin el permiso del tribunal, excepto que la 

parte demandante no podrá tomar ninguna deposición 

sin el permiso del tribunal dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha del emplazamiento de la parte 

demandada.77

[...]

76 32 LPRA Ap. V, R. 23.2 (a).

77 32 LPRA Ap. V, R. 27.1.
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Vemos que nuestras reglas procesales disponen que la toma 

de una deposición está disponible tanto para las partes como para 

terceras personas. En este caso, el foro primario desestimó la acción 

contra la señora Cordero Hernández y no autorizó la deposición. El 

error fue cometido. Conforme al curso decisorio de esta Curia la 

causa de acción sobre daños y perjuicios quedó viva, por lo anterior, 

la señora Cordero Hernández se mantendrá como parte y puede ser 

depuesta. Huelga, además, decir que, independiente a lo anterior, la 

señora Cordero Hernández pudo haber sido depuesta. Es por lo 

anterior que forzosamente concluimos que incidió el foro primario al 

no autorizar la toma de deposición a la señora Cordero Hernández.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirma en parte y se 

revoca en parte la Sentencia Parcial apelada. Se confirma en lo 

concerniente a la desestimación de la causa de acción por 

incumplimiento de contrato contra la señora Cordero Hernández y 

la SLG. No obstante, se revoca en cuanto a la desestimación de la 

causa de acción por daños y perjuicios contra la señora Cordero 

Hernández y la SLG y se autoriza la toma de deposición. Se devuelve 

el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos, 

en armonía con lo aquí resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones