Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

GLADYS OWENS MARTÍNEZ

Apelante

v.

IRIS SELENIA GONZÁLEZ 

BURGOS

Apelada

KLAN202400339

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Carolina

Civil Núm.:

CA2024CV00379

Sobre:

Exequátur

Ejecución de 

Sentencia

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2024.

Comparece ante nos la Sra. Gladys Owens Martínez (en 

adelante, apelante o señora Owens Martínez), mediante un recurso 

de Apelación, y nos solicita que revoquemos una Sentencia emitida 

el 12 de febrero de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (TPI), notificada y archivada en autos el 15 de 

febrero de 2024.

1 Mediante dicho dictamen, el foro primario archivó 

el caso de marras presentado en contra de la Sra. Iris Selenia

González Burgos (en adelante, apelada o señora González Burgos). 

Consecuentemente, el foro a quo determinó que le corresponde a la

apelante solicitar la ejecución de un Final Judgement in Favor of 

Plaintiff and Against Defendant (en adelante, Final Judgement),

2

emitido por el Circuit Court of the Eleventh Judicial Circuit in and for 

1 Apéndice de la Apelación, Anejo IX, pág. 26.

2 Íd., Anejo III, págs. 5-6.
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Miami-Dade County, Florida (en adelante, Tribunal de Florida), el 

cual fue reconocido y convalidado mediante una Sentencia dictada 

por el foro primario en el caso civil número CA2023CV02113 sobre 

exequátur,

3 en la etapa post-sentencia del mismo pleito de exequátur

y no en uno independiente como el de epígrafe.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

resolvemos revocar la Sentencia recurrida.

I.

La presente controversia tiene su génesis el 8 de febrero de 

2024 cuando la apelante presentó una Demanda para Solicitar la 

Ejecución de una Sentencia Convalidada mediante un Proceso de 

Exequátur.

4 Mediante dicho recurso, la señora Owens Martínez 

arguyó que, el 21 de marzo de 2022, el Tribunal de Florida emitió 

un Final Judgement, en el caso número 2018-000276-CP-02, por el

que determinó que:

Plaintiff, GLADYS OWNES, as Curator of the 

Estate of Victoria Rosenberg, hereby recovers against 

Defendant, IRIS SELENIA GONZALEZ BURGOS, 

Avenida Isla Verde 3409, Condominio Las Gaviotas, Apt 

#1001, Carolina, Puerto Rico, 00979-4970, the sum of 

$909,907.33, plus taxable costs and prejudgment 

interest, the Court reserving jurisdiction to determine 

the amounts thereof, for which let execution issue. In 

addition, the Court reserves jurisdiction to determine 

Plaintiff’s entitlement to attorney’s fees, and if so

determined, the amount thereof, and shall reserve 

jurisdiction to enter an Amended Final Judgment 

against Defendant Cecelia Torres at a later date.

This judgement shall bear interest at SIX AND 

83/100 percent (6.83) per annum from the date of entry 

until satisfied.5

Ante ello, alegó la apelante que, el 7 de julio de 2023, ella 

misma presentó, ante el TPI, una Demanda de Exequátur para la 

Convalidación y Reconocimiento de una Sentencia y Órdenes

Emitidas por un Tribunal del Estado de Florida,

6 bajo el número 

3

Íd., Anejo V, págs. 12-18.

4 Íd., Anejo VIII, págs. 22-25.

5

Íd., Anejo III, págs. 5-6.

6

Íd., Anejo IV, págs. 7-11.
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CA2023CV02113, para convalidar en nuestra jurisdicción el aludido 

Final Judgement por medio del procedimiento de exequátur. Arguyó

además la apelante que, luego de varios trámites procesales, 

incluyendo la anotación de rebeldía en contra de la señora González 

Burgos, el 11 de octubre de 2023, el foro a quo emitió una Sentencia, 

notificada y archivada en autos ese mismo día.

7 Mediante dicho 

dictamen, alegó la apelante que, el TPI convalidó y le dio entera fe y 

crédito al Final Judgement por cumplir con las normas del Derecho 

Internacional Privado y con los requisitos dispuestos por la Regla 51

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51. Consecuentemente, 

alegó la apelante que, el foro primario ordenó a la apelada a 

satisfacerle a la apelante una suma total de $909,907.33, la cual 

devenga intereses a la tasa máxima legal señalada por ley. Sin 

embargo, sostuvo la apelante que, para el 8 de enero de 2024, la 

apelada no le había pagado la cantidad anteriormente indicada, por 

lo cual presentó una Moción para Solicitar la Imposición de la Fianza 

de No Residente.

8 Mediante dicho escrito, la apelada le adelantó al 

foro primario que iba a estar solicitando una orden para la ejecución 

del Final Judgement, a tenor con la Regla 51.2 de Procedimiento 

Civil, supra, R. 51.2. Previo a ello, sin embargo, arguyó la apelante 

que, solicitó del foro a quo que le impusiera a ella misma la 

prestación de una fianza de no residente de mil dólares ($1,000.00) 

o el mínimo permitido por las Reglas de Procedimiento Civil, supra. 

No obstante, arguyó la apelante que, el 8 de enero de 2024, el foro 

primario emitió una Orden,

9 notificada y archivada en autos el 9 de 

enero de 2024, en la que denegó su petición y expresó que ese 

remedio tenía que instarse en un caso nuevo y no dentro del 

procedimiento de exequátur, el cual ya había culminado y se 

7

Íd., Anejo V, págs. 12-18.

8

Íd., Anejo VI, págs. 19-20.

9

Íd., Anejo VII, pág. 21.
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limitaba a lo dispuesto en la Regla 55 de Procedimiento Civil, supra, 

R. 55.

Por medio de la aludida Demanda para Solicitar la Ejecución 

de una Sentencia Convalidada mediante un Proceso de Exequátur,

10

presentada en el caso de marras, la apelante arguyó, además que, 

la apelada no le había pagado el monto adeudado, por lo cual solicitó 

la ejecución del Final Judgement, convalidado y reconocido por la 

Sentencia emitida por el foro primario en el caso civil número 

CA2023CV02113, a tenor con la Regla 51.2 de Procedimiento Civil, 

supra; y que ordenara el embargo en contra de las acciones que 

posee la apelada como accionista de la entidad Chyky Corporation, 

así como de cualquier otra corporación o compañía de 

responsabilidad limitada incorporada en el Estado Libre Asociado, 

hasta satisfacer el monto establecido en la Sentencia. Por último, 

según las alegaciones de la apelante, ésta solicitó del foro primario 

la imposición de una fianza nominal de no residente y que se le 

impusiera el monto mínimo de mil dólares ($1,000.00), conforme a 

la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, R. 69.5.

Posteriormente, el 12 de febrero de 2024, el TPI emitió una 

Sentencia,

11 notificada y archivada en autos el 15 de febrero de 

2024, en la que se archivó el caso de marras. Fundamentó dicho 

dictamen en que le correspondía a la apelante ejecutar el Final 

Judgement, convalidado y reconocido mediante la Sentencia dictada 

por el TPI, en la etapa post-sentencia del mismo caso de exequátur

y no en un pleito independiente como el de autos.

Inconforme con el dictamen del foro primario, el 28 de febrero 

de 2024, la señora Owens Martínez presentó una Moción de 

Reconsideración12 en la que arguyó haber intentado ejecutar el 

10 Íd., Anejo VIII, págs. 22-25.

11 Íd., Anejo IX, pág. 26.

12 Íd., Anejo X, págs. 27-29.
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referido Final Judgement en el mismo caso de exequátur, pero el TPI 

denegó su petición expresando que ese remedio tenía que instarse 

en un pleito independiente. Además, sostuvo la apelante que, si bien 

la norma general es que las sentencias se ejecuten en la sala 

sentenciadora, existe una excepción. La apelante alegó que dicha 

excepción surge cuando se trata de ejecuciones de sentencias en 

donde se ordena el pago de una suma de dinero como es el caso del

Final Judgement, a tenor con el Mun. de San Juan v. Professional 

Research & Community Servs., 171 DPR 219, 248 (2007) (citando a

Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 7 (1998)). A esos efectos, sostuvo la 

apelante que el Final Judgement emitido por el Tribunal de Florida 

no era autoejecutable por lo que requería el procedimiento de 

exequátur para ser reconocido en nuestra jurisdicción. Añadió que

lo único que hizo la Sentencia emitida por el TPI, mediante el 

procedimiento de exequátur, fue ordenar que se reconociera el Final 

Judgement emitido por el Tribunal de Florida como lo allí ordenado; 

es decir, el pago de $909,907.33 más intereses a favor de la 

apelante. Concluyó la apelante que la Sentencia emitida por el foro 

primario, en el caso civil número CA2023CV02113, creó una nueva 

relación de acreedor y deudor entre las partes, distinta a la 

reclamación original, por lo cual surgía un nuevo crédito que podía 

ser reclamado judicialmente en un pleito independiente. Por ello, 

alegó la apelante que, actuó y presentó el caso de marras, a tenor 

con la normativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico y la directriz 

del foro a quo en el caso número CA2023CV02113.

El 7 de marzo de 2024, el TPI emitió una Resolución,

13

notificada y archivada en autos al siguiente día, en la que denegó la 

Moción de Reconsideración presentada por la señora Owens Martínez 

y se reafirmó en que debía solicitarse la ejecución del Final 

13 Íd., Anejo XI, pág. 30.
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Judgement, reconocido y convalidado por medio de la Sentencia

dictada por el TPI, en el mismo caso de exequátur, a tenor con la 

Regla 55.6 de Procedimiento Civil, supra, R. 55.6.

Inconforme con tal determinación, el 8 de abril de 2024, la 

apelante presentó ante esta Curia un recurso de Apelación por el 

cual le atribuyó al TPI la comisión del siguiente error:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DESESTIMAR DE MANERA SUA 

SPONTE LA DEMANDA DE EPÍGRAFE INCOADA 

PARA EJECUTAR LA SENTENCIA CONVALIDADA 

MEDIANTE EXEQUÁTUR EN EL CASO CIVIL NÚM. 

CA2023CV02113, SIN SIQUIERA ESPERAR A QUE 

LA PARTE DEMANDADA, AQUÍ APELADA, FUERA 

EMPLAZADA Y COMPARECIERA EN EL CASO E 

INDICANDO QUE DICHA EJECUCIÓN DEBÍA 

REALIZARSE DENTRO DEL MISMO PLEITO DE 

EXEQUÁTUR EN ETAPA POST-SENTENCIA Y NO EN 

OTRO PLEITO INDEPENDIENTE. 

En síntesis, la apelante planteó que debemos revocar la 

Sentencia recurrida y ordenar la continuación de los procedimientos 

en el pleito de epígrafe para ejecutar el Final Judgement, reconocido 

y convalidado por medio de la Sentencia dictada por el TPI en el caso 

civil número CA2023CV02113. Alegó la apelante que, aun cuando 

el foro primario se sostuvo en que debía solicitarse la ejecución del 

Final Judgement en el mismo pleito sobre exequátur, conforme a la 

Regla 55.6 de Procedimiento Civil, supra, esta regla no dispone que 

el Final Judgement tenía que ejecutarse en el mismo pleito en donde 

se solicitó su reconocimiento. Sostuvo, además, la apelante que, la 

Regla 51 de Procedimiento Civil, supra, ni ninguna otra regla indican 

expresamente que tal ejecución debía llevarse a cabo en el pleito de 

exequátur. Según sostuvo la apelante, la regla general es que las

sentencias se ejecutan en la sala sentenciadora, empero, nuestro 

máximo foro ha reconocido una excepción. Siendo esta, arguyó la 

apelante, cuando se trata de ejecuciones de sentencias en donde se 

ordena el pago de una suma de dinero. Añadió la apelante que, la 
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ejecución del Final Judgement podía ser en el caso de exequátur o 

en uno independiente como el de autos. 

Luego de revisar los documentos que obran en autos y sin 

contar con el alegato en oposición de la apelada, quien no llegó a ser 

emplazada previo al archivo del caso de marras, estamos en posición 

de resolver, primero delimitando el trasfondo normativo aplicable. 

II.

A.

Es norma conocida que las sentencias y órdenes emitidas por 

los tribunales de un estado de la Unión o de un país extranjero no 

operan ex proprio vigore. Colón Vega v. Díaz Lebrón, 211 DPR 548, 

557 (2023); véase, además, Rodríguez Contreras v. ELA, 183 DPR 

505, 516 (2011). Para ejecutarlas corresponde que nuestros 

tribunales locales les otorguen validez y las reconozcan por medio 

del procedimiento de exequátur. Regla 55.1 de Procedimiento Civil, 

supra, R. 55.1; véase, además, Colón Vega v. Díaz Lebrón, supra, 

pág. 557; Gulf Pretroleum v. Camioneros, 199 DPR 962, 966 (2018). 

Cuando se trata de sentencias dictadas por los tribunales estatales 

de Estados Unidos basta con cumplir con las disposiciones de la 

cláusula de entera fe y crédito, a tenor con la Art. IV, Sec. 1, Const. 

EE. UU., LPRA, Tomo 1. Colón Vega v. Díaz Lebrón, supra, pág. 558; 

Gulf Pretroleum v. Camioneros, supra, pág. 968; Rodríguez Contreras 

v. ELA, supra, pág. 516. Asimismo, conforme a la Regla 55.5 de 

Procedimiento Civil, supra, R. 55.5, luego de resolver 

planteamientos procesales pertinentes, atañe al tribunal comprobar 

que un foro con jurisdicción dictó la sentencia, por medio de un 

debido proceso de ley, y que no medió fraude. Si estos requisitos se 

cumplen, nuestros tribunales tendrán que concederles entera fe y 

crédito a aquellas sentencias dictadas por los tribunales estatales 

de Estados Unidos “independientemente de lo que sean la política 

pública y las disposiciones legales de Puerto Rico sobre la materia o 
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asunto de que se trate”. Colón Vega v. Díaz Lebrón, supra, pág. 558 

(citando al Secretariado de la Conferencia Judicial, “Informe de 

Reglas de Procedimiento Civil”, 2008, pág. 635,

https://poderjudicial.pr/Documentos/SecretariadoConf/INFORM

E-DE- REGLAS-DE-PROC-CIVIL-MARZO2008.pdf (última visita, 21 

de abril de 2024)). Por lo tanto, tan pronto se cumpla con los 

requisitos anteriores, los tribunales locales estarán vedados de 

cuestionar sustantivamente las sentencias que se originan de un 

estado, territorio o posesión de los Estados Unidos. Colón Vega v. 

Díaz Lebrón, supra, pág. 558; Rodríguez Contreras v. ELA, supra, 

págs. 520-521. En esa misma línea, “el ámbito de revisión del 

tribunal local no da cabida a que las partes relitiguen en sus méritos 

una controversia que ya fue adjudicada por otro tribunal”. Colón 

Vega v. Díaz Lebrón, supra, págs. 558-559. Asimismo, la parte 

promovida no derrota una petición bajo el procedimiento de 

exequátur descansando solamente en aseveraciones generales sin 

presentar prueba. Mench v, Mangual, 161 DPR 851, 862 (2004).

Conforme al primer requisito, la convalidación de una 

sentencia requiere que el tribunal emisor haya poseído jurisdicción. 

Colón Vega v. Díaz Lebrón, supra, pág. 559; Rodríguez Contreras v. 

ELA, supra, pág. 514. Nuestro máximo foro ha definido la jurisdicción 

como el poder o la autoridad que tienen los tribunales para considerar 

y resolver casos o controversias. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, 

211 DPR 135 (2023); véase, además, Administración de Terrenos de 

Puerto Rico v. Ponce Bayland Enterprises, Inc., 207 DPR 586, 600 

(2021); Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 

385 (2020); Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

204 DPR 89, 101 (2020). Para adjudicar un caso ante sí, los tribunales 

deben ostentar jurisdicción sobre la materia y sobre la persona. MCS

Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, supra, pág. 600; véase, además, Shell 

v. Srio. De Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012). Es por ello que los 
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asuntos relacionados a la jurisdicción son privilegiados y se deben 

atender primero. Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 

supra, pág. 386. Lo anterior ya que una sentencia dictada sin 

jurisdicción es nula en derecho, y, por ello, inexistente. Íd; Pérez 

Rodríguez v. López Rodríguez, 210 DPR 163, 178 (2022). Por lo tanto,

cuando un tribunal determina que no ostenta jurisdicción para 

intervenir en un asunto, procede la inmediata desestimación del 

recurso apelativo. Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 

supra, págs. 386-387.

Por otra parte, la segunda exigencia de un pleito de exequátur

es el cumplimiento con el debido proceso de ley. Es harto conocido 

que, este derecho está garantizado por el Art. II, Sec. 7, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1; la Emda. V, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1; y la Emda. 

XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. A tenor con ello, existen dos 

acepciones de la doctrina sobre debido proceso de ley; a saber, la 

sustantiva y la procesal. PVH Motor, LLC v. Jnta de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales, 209 DPR 122, 130 (2022); 

Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 394 (2018). La vertiente 

sustantiva “busca proteger y salvaguardar los derechos fundamentales 

de las personas”. PVH Motor, LLC v. Jnta de Subastas de la 

Administración de Servicios Generales, supra, pág. 130. Por otro lado, 

el debido proceso de ley procesal “obliga al Estado a garantizar que la 

interferencia en los intereses de libertad y propiedad del individuo se 

haga mediante un proceso justo e imparcial”. Íd.

Por último, el tercer requisito de una reclamación sobre 

exequátur requiere que la sentencia no se haya obtenido por medio de 

fraude. A esos efectos, la Regla 7.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 

7.2, exige que toda aseveración de fraude debe detallar las 

circunstancias que lo constituyen. Asimismo, es necesario probar el 

fraude con certeza razonable con preponderancia de la evidencia. 

Colón Vega v. Díaz Lebrón, supra, pág. 561. 
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B.

Ahora bien, por medio de la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, 

supra, R. 51.1, “[l]a parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá 

ejecutarla mediante el procedimiento fijado en esta Regla 51, en 

cualquier tiempo dentro de cinco (5) años de ésta ser firme”. 

Mediante este proceso de ejecución de sentencia, se le imprime 

continuidad a todo proceso judicial que termina mediante una 

sentencia. Mun. San Juan v. Prof. Research, supra, págs. 247-248 

(citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed. Michie de PR, 1997, pág. 453).

Asimismo, como norma general, “las sentencias se ejecutan en la 

sala sentenciadora”. Mun. San Juan v. Prof. Research, supra, pág. 

248 (citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, pág. 805). Transcurrido el 

aludido término de cinco (5) años, la parte podrá presentar una 

moción de ejecución de sentencia, previa notificación a todas las 

partes, a tenor con la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Como excepción, nuestro más alto foro ha establecido que, en 

reclamaciones sobre cobro de dinero, la parte a cuyo favor se dictó 

la sentencia, podrá presentar un pleito independiente para ejecutar 

la misma. Mun. San Juan v. Prof. Research, supra, pág. 248; véase, 

además, Padilla v. Vidal, 71 DPR 517, 525 (1950). Se ha reconocido 

tal excepción, pues “en los casos de sentencias que le imponen a 

una persona el deber de satisfacer una suma de dinero, surge un 

nuevo crédito que se puede reclamar por la vía judicial”. Mun. San 

Juan v. Prof. Research, supra, pág. 248.

Analizada la controversia bajo el marco doctrinal previamente 

esbozado, nos hallamos en posición de resolver.
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III.

Según se relató, la señora Owens Martínez presentó una 

Demanda para Solicitar la Ejecución de una Sentencia Convalidada 

mediante un Proceso de Exequátur el 8 de febrero de 2024. Arguye la 

apelante que intentó ejecutar el Final Judgement en el mismo caso 

de exequátur, pero el TPI denegó su petición expresando que ese 

remedio tenía que instarse en un pleito independiente. Por ello, 

arguyó la señora Owens Martínez, tuvo que presentar el pleito de 

marras. Sostuvo que, si bien la norma general es que las sentencias 

se ejecuten en la sala sentenciadora, a modo de excepción, se 

permite ejecutar sentencias en pleitos diferentes cuando se trata de 

casos sobre cobro de dinero. Concluyó la apelante que, 

considerando que la apelada no le ha pagado el monto impuesto 

mediante el Final Judgement, el cual fue convalidado y reconocido 

por la Sentencia emitida del TPI en el caso de exequátur, le solicitó 

al foro a quo la ejecución del Final Judgement, el embargo en contra 

de las acciones de la apelada hasta satisfacer el monto impuesto por 

el Final Judgement, y la imposición de una fianza de no residente 

por la cantidad de mil dólares ($1,000.00). Sin embargo, el foro 

primario archivó el pleito de epígrafe. El TPI fundamentó su decisión 

en que le correspondía a la apelante ejecutar el Final Judgement, 

convalidado y reconocido mediante la Sentencia dictada por el TPI

en el pleito sobre exequátur, en la etapa post-sentencia del mismo 

caso de exequátur y no en un pleito diferente.

Inconforme, la apelante acudió en revisión ante nos. 

Tras un análisis sosegado de la normativa aplicable, los 

hechos aplicables y del expediente ante nuestra consideración, 

concluimos que el foro primario incidió al archivar el pleito de marras, 

y consecuentemente, revocamos la Sentencia recurrida.

La apelante arguyó que el pleito de autos debía reconocerse 

como la excepción a la norma general de ejecutar las sentencias en 
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la sala sentenciadora. Lo anterior, pues, lo único que hizo la 

Sentencia emitida por el TPI por medio del procedimiento de

exequátur fue ordenar que se reconociera el Final Judgement emitido 

por el Tribunal de Florida como lo allí ordenado. Además, sostuvo la 

parte apelante que, lo que se generó mediante dicha Sentencia

emitida por el foro primario fue una relación nueva de acreedor y 

deudor entre las partes, distinta a la reclamación original, mediante 

la cual surge un nuevo crédito que puede ser reclamado 

judicialmente en un pleito independiente. Concluyó, entonces la 

apelante que, la Regla 55.6 de Procedimiento Civil, supra, ni 

ninguna otra regla dispone que el Final Judgement tenía que 

ejecutarse en el mismo pleito en donde se solicitó su reconocimiento. 

Como veremos, le asiste razón en cuanto a que podía solicitar la 

ejecución del Final Judgement en un pleito independiente al caso 

sobre exequátur.

Como se expuso en la sección anterior, el propósito del 

procedimiento del exequátur es que los tribunales de esta 

jurisdicción reconozcan y le den validez a las sentencias y órdenes 

emitidas por los tribunales estatales de Estados Unidos o de un país 

extranjero, a tenor con la Regla 55.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Cuando se trata de sentencias de Estados Unidos basta con cumplir 

con las disposiciones de la cláusula de entera fe y crédito. Además 

de ello, es pertinente comprobar que el tribunal que dictó la 

sentencia lo hizo teniendo jurisdicción, por medio de un debido 

proceso de ley, y sin mediar fraude. Habiéndose cumplido con 

dichos requerimientos, los tribunales locales estarán vedados de 

cuestionar sustantivamente la sentencia emitida por un estado, 

territorio o posesión de los Estados Unidos. En el presente caso, el 

foro primario emitió una Sentencia, en el caso civil número 

CA2023CV02113 sobre exequátur, por la cual convalidó y reconoció 

el Final Judgement precisamente porque el Tribunal de Florida tenía 
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jurisdicción sobre las partes y la materia del caso, se cumplió con el 

debido proceso de ley, y no medió fraude. Además, se cumplió con 

la Regla 55 de Procedimiento Civil, supra. Por lo tanto, concluimos 

que la Sentencia emitida en el caso civil número CA2023CV02113, 

tal como se desprende de la misma, simplemente convalidó y 

reconoció el Final Judgement, sin más.

Por otra parte, si bien las sentencias se deben ejecutar en la 

sala sentenciadora, la excepción a ello es cuando se trata de un 

pleito donde se ordena el deber de satisfacer una suma de dinero. 

En otras palabras, si no se satisface dicho pago, la parte a favor de 

quien se dictó la sentencia podrá presentar un pleito independiente 

de cobro de dinero. En el caso de autos, el Tribunal de Florida emitió 

un Final Judgement por el cual ordenó a la apelada a pagar 

$909,907.33 con intereses a la tasa máxima legal dispuesta por ley. 

Habiéndose reconocido y validado el Final Judgement en nuestra 

jurisdicción, por medio del procedimiento de exequátur, resta 

atender la ejecución de la sentencia por medio de un pleito 

independiente. Concluimos que la apelante podía solicitar la 

ejecución del Final Judgement, mediante el pleito de marras, y, por 

lo tanto, el TPI incidió al archivar el caso de epígrafe.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia

recurrida y devolvemos el caso al foro primario para la continuación 

de los procedimientos a tenor con lo aquí dispuesto.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones