Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

ANGEL L. MARTÍNEZ 

REYES

Peticionario 

v.

JUNTA DE LIBERTAD 

BAJO PALABRA

Recurrido

KLRX202400011

MANDAMUS procedente

del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Bayamón 

Crim. Núm.:

D LA1994G1871

Sobre:

Art. 8 LA

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y 

la Jueza Prats Palerm.

Bonilla Ortiz, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

Comparece ante este foro, el Sr. Ángel L. Martínez 

Reyes (señor Martínez o “el peticionario”), por derecho 

propio, mediante auto de Mandamus.

Evaluado el recurso presentado, ejercemos la 

facultad que nos confiere la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII, 

R. 7 y prescindimos de requerir la comparecencia de la 

parte recurrida.

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el auto de Mandamus por falta de 

jurisdicción.

I.

El 11 de junio de 2024, el señor Martínez presentó 

el escrito que intituló Moción de Mandamus de la 

Confirmación de las Sentencias y sus sanción[es] y 

otro[s]. Según deducimos del recurso, el peticionario

solicita que la Junta de Libertad Bajo Palabra, y otras 

agencias administrativas, tomen conocimiento de la 
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Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, y actúe conforme a derecho.

No obstante, el escrito incumple sustancial y 

crasamente con los requisitos reglamentarios de la Regla 

55 de nuestro Reglamento para su perfeccionamiento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R.55, impidiéndonos asumir jurisdicción 

y atenderlo. El recurso adolece de serios defectos, 

entre ellos, no presentó apéndices requeridos con las 

copias del dictamen del cual recurre, las alegaciones, 

mociones, así como cualquier otro documento que nos 

pudiera ser útil para resolver la controversia.

II.

El auto de mandamus, es un recurso altamente 

privilegiado y discrecional que se expide para ordenar 

a cualquier persona natural, corporación o a un tribunal 

de inferior jerarquía que cumpla o ejecute un acto que 

forma parte de sus deberes y atribuciones. Art. 649 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA, sec. 3421. 

“[A]unque es un remedio en ley, participa de la índole 

de los de equidad.” Rodríguez v. Corte, 53 DPR 575, 577 

(1938). Véanse, además: Maldonado v. Programa 

Emergencia de Guerra, 68 DPR 976 (1948); D. Rivé Rivera, 

Recursos Extraordinarios, 2da ed., San Juan, Programa de 

Educación Legal Continuada de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, 

1996, pág. 111. Por consiguiente, algunos principios 

rectores de los recursos de equidad, como los que 

gobiernan el injunction, son aplicables al auto de 

mandamus. D. Rivé Rivera, op. cit., pág. 111. 

Este recurso sólo procede para exigir el 

cumplimiento de un deber impuesto por la ley, es decir 

de un deber calificado de “ministerial” y que, como tal, 
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no admite discreción en su ejercicio, sino que es 

mandatorio e imperativo. Álvarez de Choudens v. 

Tribunal Superior, 103 DPR 235, 242 (1974). Véase, 

además: D. Rivé Rivera, op. cit., pág. 107. El requisito 

fundamental para expedir el recurso de mandamus reside, 

pues, en la constancia de un deber claramente definido 

que debe ser ejecutado. Partido Popular v. Junta de 

Elecciones, 62 DPR 745, 749 (1944). Es decir, “la ley 

no sólo debe autorizar, sino exigir la acción 

requerida.” R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 

6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, 2017, 

sec. 5803, pág. 605. 

Si la ley prescribe y define el deber, será cumplido 

con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio 

de la discreción o juicio, el acto es uno ministerial. 

Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, supra, pág. 

242; Rodríguez Carlo v. García Ramírez, 35 DPR 381, 384 

(1926); Pagán v. Towner, 35 DPR 1 (1926). Debe tratarse 

de un mandato específico que la parte demandada tiene 

que cumplir y que no le permite decidir si cumple o no 

el acto solicitado. Por consiguiente, los deberes 

discrecionales quedan fuera del ámbito del recurso de 

mandamus. Partido Popular v. Junta de Elecciones, 

supra. En aquellos casos en los que el deber no surja 

expresamente de la ley, los tribunales tendrán la 

función de interpretar el estatuto y emitir su 

determinación final, conforme a los principios de 

hermenéutica legal. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 

112 DPR 407, 418 (1982); Banco de Ponce v. Srio. 

Hacienda, 81 DPR 442, 450 (1959). 

El auto de mandamus, como lo expresa la ley, es uno 

“altamente privilegiado”. Esto significa que su 
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expedición no se invoca como cuestión de derecho, sino 

que descansa en la sana discreción del foro judicial. 

Ortiz v. Muñoz, Alcalde de Guayama, 19 DPR 850 (1913). 

Dicha expedición no procederá “en los casos en que se 

encuentre un recurso adecuado y eficaz en el curso 

ordinario de la ley. [...].” Art. 651 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423. Ello es así, 

“porque el objeto del auto no es reemplazar remedios 

legales sino suplir la falta de ellos.” R. Hernández 

Colón, op. cit., sec. 5802, pág. 605. 

Como parte de los requisitos procesales 

indefectibles para presentar un recurso de mandamus, se 

ha reconocido que debe existir un requerimiento previo 

por parte del peticionario hacia el demandado para que 

éste cumpla con el deber exigido, salvo algunas 

excepciones. Véase, Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 

406, 448-449 (1994); Dávila v. Superintendente de 

Elecciones, 82 DPR 264 (1961). Algunas de estas 

excepciones son: 

1) cuando aparece que el requerimiento 

hubiese sido inútil e infructuoso, pues 

hubiese sido denegado si se hubiera hecho; 

o 2) cuando el deber que se pretende exigir 

es uno de carácter público, a diferencia de 

uno de naturaleza particular, que afecta 

solamente el derecho del peticionario. 

(Escolios omitidos). D. Rivé Rivera, op. 

cit., pág. 125. Véase, entre otros: Noriega 

v. Hernández Colón, supra, págs. 448-449. 

El Tribunal de Apelaciones podrá conocer en primera 

instancia una petición de mandamus. Art. 4.006 (d) de 

la Ley Núm. 201-2003, conocida como la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

2003, 4 LPRA sec. 24y; Regla 55 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 55. Dicha 

petición se regirá por la reglamentación procesal civil, 
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por las leyes especiales pertinentes y por las reglas 

aplicables del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Regla 54 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, R. 54. Como parte de los requisitos, la Regla 54 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 54, exige que 

la petición de mandamus sea jurada. En específico, la 

citada regla dispone que: “[e]l auto de mandamus, tanto 

perentorio como alternativo, podrá obtenerse presentando 

una solicitud jurada al efecto. [...].” Además, nuestro 

ordenamiento requiere que la parte demandada sea 

emplazada, a tenor con las disposiciones de las Reglas 

de Procedimiento Civil y de las leyes pertinentes. Véase 

la Regla 55 (J) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, R. 55 (J). Sin embargo, cuando se 

trate de una petición de mandamus dirigida a un juez o 

jueza bastará con que el peticionario le notifique con 

copia del escrito de mandamus en conformidad a lo 

dispuesto en la Regla 13 (B) de nuestro Reglamento, 

supra, R. 13 (B). Íd. A su vez, deberá notificarles a 

las demás partes del pleito que originó la petición de 

mandamus y al tribunal en el que se encuentre pendiente. 

Íd.

III.

En primer lugar, es preciso indicar que el escrito 

del señor Martínez es de difícil comprensión, pues no 

explica claramente su petición. Además, carece de un 

resumen de los hechos pertinentes y de un apéndice que 

incluya las determinaciones de las que recurriría. Sin 

embargo, entendemos que la petición de mandamus iba 

dirigida a agencias administrativas para que tomaran 

conocimiento de la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón. 
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Sin embargo, luego de evaluar el recurso 

presentado, resolvemos que este no cumple con los 

requisitos procesales de un mandamus, ni con el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Ello así y 

siendo doctrina reiterada que las partes deben cumplir 

con las disposiciones reglamentarias establecidas para 

la presentación y forma de los recursos y que su 

incumplimiento puede dar lugar a la desestimación; 

procede desestimemos el recurso incoado.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS

el auto de Mandamus.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones