Número Identificador

RES2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

EL PUEBLO DE PUERTO

RICO

Peticionario

v.

NELSON GUSTAVO ROSARIO 

RODRÍGUEZ

Recurrido

KLCE202400271

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Ponce

Criminal Núm.:

J MI2023-0194

Sobre:

Determinación 

Causa Arresto en 

Alzada

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2024.

Comparece ante nos, mediante Petición de Certiorari, el Pueblo

de Puerto Rico (Ministerio Público), representado por el Procurador 

General, y nos solicita que revoquemos la Resolución del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI) dictada el 8 de enero 

de 2024.1 En esta, el TPI desestimó las acusaciones criminales 

presentadas en contra del licenciado Nelson Gustavo Rosario 

Rodríguez (Rosario Rodríguez, imputado o recurrido) en la etapa de 

la vista para determinar causa probable para arresto (vista de Regla 

6) conforme a lo dispuesto en la Regla 64(n)(7) de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(n)(7).

Por los fundamentos que discutimos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos la determinación del 

TPI. 

1 Apéndice de Petición de Certiorari, Anejo XI, págs. 25-36. Notificada y archivada 

en autos el 16 de enero de 2024.
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I.

El caso de marras dimanó cuando el Ministerio Público 

presentó una Moción de Revisión de Causa Probable para Arresto

junto a dos denuncias en contra del Lcdo. Rosario Rodríguez por 

infracciones a los Artículos 202(a) (Fraude) y 217 (Posesión y 

traspaso de documentos falsificados) del Código Penal de Puerto 

Rico, Ley Núm. 146-2012, (33 LPRA secs. 5272 y 5287) (Código 

Penal de 2012).2 El 2 de noviembre de 2023, el Honorable Juez Ángel 

N. Calendario Cáliz determinó no causa en la vista de Regla 6 para

los delitos señalados,

3 determinación sobre cual el Ministerio 

Público solicitó revisión.

4 Cabe destacar que el Lcdo. Rosario 

Rodríguez compareció a esta vista. Aunque el Ministerio Público 

solicitó la vista de Regla 6 en alzada luego de culminar la vista 

original, el TPI no pudo señalar la vista por no tener disponible el 

calendario de las vistas de Regla 6.

Así las cosas, el 9 de noviembre de 2023, el Ministerio Público 

presentó una Moción de Revision de Causa Probable para Arresto. El 

TPI determinó Ha Lugar a la revisión de la determinación de no 

causa y pautó vista para el 19 de diciembre de 2023 a las 9:30am. 

El TPI ordenó que se citara personalmente al Lcdo. Rosario 

Rodríguez para que compareciera personalmente a la vista de Regla 

6 en alzada.

5 Los alguaciles del tribunal realizaron gestiones para 

diligenciar la citación, pero estas resultaron infructuosas.

Se visitó la dirección de epígrafe. Vecinas de los 

apartamentos 601 y 602 indicaron que [el Lcdo. Rosario 

Rodríguez] no reside en el apartamento y que lo tenía 

en alquiler a otras personas. Nos indicaron donde se 

encontraba ubicada su oficina. Visitamos su oficina 

ubicada en Mercado Urbano, Hormigueros y la puerta 

se encuentra cerrada desde hace 2 semanas 

aproximadamente, según nos indicó un comerciante del 

lugar. Vecinos del requerido se comunicaron a su 

2 Íd., Anejo I, págs. 1-8.

3 Íd., Anejo II, pág. 9.

4 Íd., Anejo III, pág. 10.

5 Íd., Anejos IV y V, págs. 11-14.
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celular, sin embargo, colgó la llamada. Intentamos 

comunicarnos y los intentos fueron infructuosos.6

En consecuencia, el 19 de diciembre de 2024, día de la vista 

de Regla 6 en alzada, el TPI suspendió los procedimientos hasta el 9 

de enero de 2024 por falta del Lcdo. Rosario Rodríguez.7 El TPI 

también ordenó a la Agente Cruz Rodríguez a diligenciar la citación 

al imputado.8 Cabe señalar que el 19 de diciembre de 2023, el 

Ministerio Público compareció preparado para entrar en los méritos 

de la vista.

La nueva fecha pautada para la vista de Regla 6 en alzada, 9 

de enero de 2024, excedía los sesenta (60) días que dispone las 

Reglas de Procedimiento Criminal para determinar causa para 

arresto en alzada. Por lo tanto, el 21 de diciembre de 2023 el 

Ministerio Público presentó una Moción Urgente Solicitando se 

Adelante Señalamiento de la Regla 6 en Alzada donde le solicitó al 

TPI que adelantara la fecha de la vista de Regla 6 para que se 

celebrara antes del 2 de enero de 2024.9 Así las cosas, el TPI 

reprogramó la vista para el 28 de diciembre de 2023.10

Llegada la fecha de la vista reprogramada, el Lcdo. Rosario 

Rodríguez no compareció por falta de citación. El Ministerio Público 

solicitó nuevamente que se suspendiera la vista y que se celebrara 

la próxima vista de Regla 6 en alzada en ausencia del Lcdo. Rosario 

Rodríguez. En consecuencia, el TPI suspendió la vista de Regla 6 en 

alzada hasta el 2 de enero de 2024, último día del término de juicio 

rápido. Sin embargo, el TPI señaló que esperaría hasta el 2 de enero 

de 2024 para determinar si celebrar la vista en ausencia del 

imputado, por lo que debían continuar los esfuerzos para citar al 

imputado personalmente.

6 Íd., pág. 14. (Énfasis nuestro).

7 Íd., Anejo VI, pág. 15.

8 Íd.

9 Íd., Anejo VII, págs. 17-19.

10 Íd., Anejo VII, pág. 20.
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El 2 de enero de 2024, el Lcdo. Rosario Rodríguez no 

compareció. Sin embargo, sí compareció su representación legal, el 

Lcdo. Idelfonso Torres Rodríguez. Llamada la vista, el abogado del 

Recurrente expresó que el Lcdo. Rosario Rodríguez no había sido 

citado. El Ministerio Público reiteró que estaba preparado para 

proceder con la vista en sus méritos y que contaba con la 

comparecencia de varios testigos de cargo. También indicó que se 

encontraba presente la Agente Cruz Rodríguez quien testificaría 

sobre los esfuerzos realizados para diligenciar la citación del Lcdo. 

Rosario Rodríguez. La Agente Cruz Rodríguez testificó que:

[R]ealizó cuatro gestiones el 29 de diciembre de 2023 

para citar al imputado. Expresó que ese día fue a la 

oficina del señor Rosario Rodríguez, ubicada en el 

Mercado Urbano, segundo piso, en el Municipio de 

Hormigueros y que estaba cerrada, luego acudió al 

Consorcio del Municipio de Hormigueros, porque estaba 

cerca de la oficina y allí entrevistó a una persona de 

nombre Yadira Vidró quien le dijo que hacía un mes que 

no lo veían. Indicó también que a una Barbería y una 

oficina de contabilidad en el mismo municipio, lugares 

en los que le informaron que hacía mucho tiempo que 

no veían al imputado.

Por otro lado, testificó la agente Cruz Rodríguez que el 

20 de diciembre de 2023, por orden del Tribunal, acudió 

a la oficina del señor Rosario Rodríguez con el propósito 

de citarlo, de igual manera fue al Consorcio el Municipio 

de Hormigueros. Continuó la agente Cruz Rodríguez 

detallando que el 20 y el 29 de diciembre se personó al 

Condominio Monserrate Court en el Municipio de 

Hormigueros, que era la dirección que tenía el 

recurrido en RUA y DAVID como su residencia, 

donde le indicaron que es un apartamento propiedad 

del señor Rosario Rodríguez, pero le indicaron que 

estaba alquilado. Indicó la testigo que luego fue a la 

Urbanización Sultana en Mayagüez a la residencia de la 

madre del imputado, tocó el timbre, llamó, pero no 

había nadie; atestiguó que en esa dirección entrevistó 

un vecino, pero éste indicó que hacía tiempo que no veía 

al señor Rosario Rodríguez, que este tenía un vehículo 

Subaru y un Lexus, que vivía con su mamá, pero que a

ella la habían operado, y él estaba viviendo en casa de 

su pareja. Continuó declarando que posteriormente, el 

29 de diciembre de 2023, entrevistó a otra vecina de la 

misma urbanización quien le informó que la señora 

madre del señor Rosario Rodríguez estaba hospitalizada 

y hacía tiempo esta no lo veía.

Expresó además la agente Cruz Rodríguez que el 21 de 

diciembre de 2023 se trasladó a Coamo a la residencia 

de la pareja del señor Rosario Rodríguez, y allí 
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entrevistó a la suegra de este quien le informó que él no 

vive allí y que su hija le había comentado que él estaba 

fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos visitando a una 

hermana. Declaró por otro lado que ese día realizó

dos llamadas al señor Rosario Rodríguez y nadie le 

contestó; expresó que el número de teléfono se lo 

había dado el señor Rosario Rodríguez cuando lo 

entrevistó; además el 20 de diciembre de 2023, cuando 

fue al Consorcio de Hormigueros le dieron unas tarjetas 

que él tenía allí y tenían el mismo número de teléfono, 

luego, el 29 de diciembre de 2023, lo llamó dos veces, 

nadie contestó.11

Tomamos esta oportunidad para destacar que sobre la 

actualización de los datos que obran en RUA, la Regla 9(j) del 

Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 9(j), 

dispone que:

Todo abogado y toda abogada, incluyendo a los 

notarios y las notarias, tendrán la obligación de 

mantener actualizados sus datos y realizar cualquier 

cambio en la información que consta en el RUA. 

Deberán presentarse de forma complementaria una 

declaración especial al Tribunal cuando se actualicen 

datos o información en el RUA que puedan dar lugar a 

la concesión o revisión de una exclusión al amparo del 

Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas 

de Oficio de Puerto Rico. (Énfasis nuestro).

Culminado el testimonio de la Agente Cruz Rodríguez, el 

abogado del imputado argumentó que no procedía la vista de Regla 

6 en alzada en ausencia del imputado puesto que estas se deben dar 

en casos donde hay que velar por la seguridad de las víctimas, 

situación que no se dio en este caso.

Alegó que el señor Rosario Rodríguez es una persona de 

fácil localización, no es un delincuente habitual que la 

policía tiene que presentar en ausencia porque hay 

temor para las víctimas porque le puede ocasionar 

algún daño; o por el hecho particular de que hay 

arrestos en serie que es lo que establece la 

jurisprudencia.12

Por su parte, el Ministerio Público argumentó que las Reglas 

de Procedimiento Criminal no impiden que se celebre una vista de 

Regla 6 en alzada en ausencia del imputado cuando las 

11 Solicitud de Certiorari, supra, pág. 6. (Citando la Regrabación de la vista del 2 

de enero de 2024, minutos 5:40-5:52, 6:17-9:38, 9:49-10:19, 10:33-11:40).

12 Íd., pág. 7 (Citando la Regrabación de la vista del 2 de enero de 2024, minutos 

57:16-58:30). (Énfasis nuestro).
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circunstancias lo ameriten. También señaló que el Lcdo. Rosario 

Rodríguez es un abogado, que debe mantener sus datos 

actualizados en RUA. Finalmente, recalcó que la Agente Cruz 

Rodríguez realizó varias gestiones para diligenciar la citación. Luego 

de considerar los argumentos de las partes, el TPI determinó No Ha 

Lugar a la vista en ausencia y desestimó las acusaciones contra el 

Lcdo. Rosario Rodríguez al amparo de la Regla 64(n)(7) de 

Procedimiento Civil, supra, R. 64(n)(7). Ante esta determinación, el 

Ministerio Público le solicitó al TPI que se notificara la resolución 

con determinaciones de hecho y de derecho sobre lo sucedido en la 

vista.

El 8 de enero de 2024, el TPI emitió la Resolución recurrida, 

que fue notificada el 16 de enero de 2024. Si embargo, se limitó a 

hacer un resumen de lo acontecido en la vista celebrada, a exponer 

el derecho aplicable y a reiterar su determinación denegando la 

solicitud del Ministerio Público para celebrar la vista en alzada. El 

30 de enero de 2024, el Ministerio Público presentó una 

Reconsideración,

13 la cual fue denegada el 2 de febrero de 2024. 

Inconforme, el 4 de marzo de 2024, el Ministerio Público presentó la 

Petición de Certiorari ante nuestra consideración.

En su Petición, el Ministerio Público hizo un señalamiento de

error:

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL 

ACTUAR EN CONTRA DE LO DISPUESTO EN LA 

REGLA 64(N) DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL AL NO 

CELEBRAR UNA VISTA EVIDENCIARÍA ANTES DE 

DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN, NI 

CONSIGNAR POR ESCRITO LOS FUNDAMENTOS DE 

SU DETERMINACIÓN.

El 18 marzo de 2024, el Lcdo. Rosario Rodríguez presentó una 

moción de Desestimación de Recurso de Certiorari al Amparo de la 

Regla 83 del Tribunal de Apelaciones sin someterse a la jurisdicción 

13 Íd., Anejo XII, págs. 37-49.
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del Tribunal de Apelaciones. En esencia, la parte recurrida alegó que 

este Tribunal debe desestimar el recurso presentado por presentarse 

fuera de término. Argumentó que la Reconsideración debió haberse 

presentado quince (15) días luego de que el TPI hizo su 

determinación en sala el 2 de enero de 2024. Por lo tanto, alegó que 

el Ministerio Público tenía hasta el 17 de enero de 2024 para radicar 

la Reconsideración. Como el Ministerio Público presentó su 

reconsideración el 30 de enero de 2024, el Lcdo. Rosario Rodríguez 

argumenta que esto no paralizó el término jurisdiccional de treinta 

(30) días para recurrir al Tribunal de Apelaciones. En consecuencia,

el Ministerio Público tenía hasta el 1 de febrero de 2024 para 

presentar la Petición de Certiorari. Sin embargo, presentó el 

Certiorari el 4 de marzo de 2024.

Con los hechos pertinentes esbozados, procedemos a discutir 

el derecho aplicable.

II.

A.

Como cuestión de umbral, debemos atender las alegaciones 

de la parte recurrida sobre la jurisdicción de este Tribunal. El Lcdo. 

Rosario Rodríguez alega que el recurso ante nuestra consideración 

debe ser desestimado por haberse presentado fuera de término. En 

específico, señaló que el 2 de enero de 2024 el TPI hizo su 

determinación en sala, razón por la cual alega que es desde esta 

fecha que deben calcularse los términos para haberse presentado la

reconsideración. Otra fecha importante para nuestro análisis es el 

16 de enero de 2024, fecha cuando el TPI le notificó al Ministerio 

Público de la Resolución recurrida.

La Regla 194 de Procedimiento Criminal, supra, dispone que 

cualquier parte puede solicitar la reconsideración de una sentencia 

o fallo dentro de los quince (15) días de que la misma fue dictada. 

“[E]l mecanismo de la reconsideración sirve para permitirle a la 
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parte afectada por una resolución, orden interlocutoria, sentencia 

final o dictamen posterior, solicitarle al tribunal adjudicador que 

modifique o deje sin efecto el dictamen en controversia”. Pueblo v. 

Silva Colón, 184 DPR 759, 768 (2012). Sin embargo, nuestras Reglas 

de Procedimiento Criminal, supra, no abundan sobre el mecanismo 

de reconsideración en un caso criminal. “En nuestra jurisdicción, el 

cuerpo procesal criminal no regula expresa y detalladamente la 

forma de presentar una moción de reconsideración ante el foro de 

instancia”, salvo aquellas disposiciones contenidas en la Regla 194 

de Procedimiento Criminal, supra. Pueblo v. Silva Colón, supra, pág. 

766.

La Regla 194 de Procedimiento Criminal dispone que:

Si cualquier parte solicitare la reconsideración de la 

sentencia o del fallo condenatorio dentro del término 

improrrogable de quince (15) días desde que la 

sentencia fue dictada, el término para radicar el 

escrito de apelación o de certiorari quedará 

interrumpido y el mismo comenzará a partir de la fecha 

en que se archive en autos la notificación de la 

resolución del tribunal adjudicando la moción de 

reconsideración.

[...]

Cuando la persona estuviese presente en la sala al 

momento de ser dictada la sentencia o resolución, 

el término se calculará a partir de ese momento.

(Énfasis nuestro).

De la Regla 194 de Procedimiento Criminal podemos 

extrapolar varios aspectos pertinentes a la reconsideración. En 

primer lugar, cualquier parte tiene derecho a solicitar la 

reconsideración y debe hacerlo dentro de los quince (15) días a partir 

de que se dicte la sentencia. En segundo lugar, la presentación de 

una moción de reconsideración interrumpe el término dispuesto 

para apelar ante este Tribunal. 

Finalmente, cuando de una sentencia penal se trata, cuando 

el acusado o imputado estuviese presente en la sala, el término 

comienza a partir de ese momento. No obstante, cuando el acusado 

o imputado no está presente en sala al momento de dictarse la 
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sentencia, el término comienza a partir de la notificación de la 

sentencia, puesto que el imputado debe estar consciente e 

informado de los procedimientos judiciales en su contra.

Por otro lado, la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, Íd., R. 

64(n), dispone que luego de que un juez haya celebrado vista para 

desestimar un caso criminal, “consignará por escrito los 

fundamentos de su determinación, de forma tal que las partes 

tengan la oportunidad efectiva y objetiva de evaluar, si así lo 

solicitan, la reconsideración o revisión de dicha 

determinación”. De lo anterior se desprende que una vez 

presentada una solicitud de desestimación por violación a los 

términos establecidos en la Regla 64(n) de Procedimiento 

Criminal, supra, el Tribunal procederá a consignar por escrito los 

fundamentos de su decisión, de manera que las partes estén en 

posición de evaluar si es meritorio solicitar la reconsideración o 

revisión de dicho dictamen. Este lenguaje fue incorporado a las 

Reglas de Procedimiento Criminal mediante la Ley Núm. 281-2011

con el propósito de “proveerle herramientas adicionales al Ministerio 

Público para que pueda cumplir con mayor eficacia su labor de 

investigar las acciones delictivas y el procesamiento criminal de los 

responsables de estas acciones”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 

281-2011. Es un requisito indispensable cuando se desestima un 

caso al amparo de la Regla 64 de Procedimiento Civil, y este Tribunal 

ha revocado a tribunales de instancia por incumplir con la Regla.14\

Por lo tanto, surge claramente que el término para solicitar la 

reconsideración de una desestimación al amparo de la Regla 64 de 

Procedimiento Criminal comienza a transcurrir a partir del momento 

de que el tribunal de instancia notifique los fundamentos de la 

desestimación. Es decir, la determinación del tribunal de 

14 Véase KLCE201201630, panel integrado por su presidente, el Juez Cabán 

García, la Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Nieves Figueroa.
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desestimar, bajo la Regla 64(n), es una resolución, no una sentencia, 

por lo cual el término de revisión (o para solicitar reconsideración) 

comienza cuando se notifica la resolución por escrito.

En el caso de marras, el TPI determinó No Ha Lugar a la 

solicitud del Ministerio Público para celebrar la vista de Regla 6 en 

alzada en ausencia del imputado. Como consecuencia de esto, el TPI 

desestimó el caso al amparo de la Regla 64(n)(7) de Procedimiento 

Criminal, Íd., R. 64(n)(7). Ante esta determinación, el Ministerio 

Público solicitó que el TPI notificara sus fundamentos por escrito en 

una Resolución, la cual fue notificada el 16 de enero de 2024. Al no 

tratarse de una sentencia, el término para solicitar la 

reconsideración comenzó a trascurrir el 16 de enero de 2024 cuando 

la Resolución fue notificada. Ante la presentación oportuna de la 

Reconsideración por el Ministerio Público, el término para solicitar 

la revisión de la Resolución quedó interrumpido. Regla 194 de 

Procedimiento Criminal, Íd., R. 194. En consecuencia, declaramos 

No Ha Lugar a la Moción de Desestimación que presentó el Lcdo. 

Rosario Rodríguez. 

B.

El Artículo II, Sección 11 de la Constitución de Puerto Rico, 

Const. ELA [Const. PR], LPRA, Tomo 1, dispone que a toda persona 

sujeta a una acción penal en los tribunales le asiste el derecho a 

juicio rápido.

15 Para cumplir con este mandato, la Regla 64(n) de 

Procedimiento Criminal, supra, “establece unos términos razonables 

que rigen el alcance del referido precepto constitucional a lo largo de 

las distintas fases del procedimiento penal”. Pueblo v. Carrión, 159 

DPR 633, 639 (2003). Por lo tanto, un caso puede ser desestimado 

por el incumplimiento con los términos aquí dispuestos. En lo 

15 En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio 

rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación 

recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la 

comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, 

y a gozar de la presunción de inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. PR, supra.
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pertinente a los términos durante la vista de Regla 6, la Regla 

64(n)(7) de Procedimiento Criminal dispone:

REGLA 64. — FUNDAMENTOS DE LA MOCIÓN PARA 

DESESTIMAR

La moción para desestimar la acusación o denuncia, o 

cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en 

uno o más de los siguientes fundamentos:

[...]

(n) Que existen una o varias de las siguientes 

circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa 

para la demora o a menos que la demora para someter

el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su 

consentimiento:

[...]

(7) Que se celebró una vista de causa probable 

para arresto o citación luego de los 60 días de la 

determinación de no causa. (Énfasis nuestro).

Por lo tanto, cuando un tribunal determina no causa para 

arresto en la vista de Regla 6, el Ministerio Público tiene sesenta (60) 

días, salvo que exista justa causa para la demora, para celebrar la 

vista de regla 6 en alzada.

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que el 

derecho a juicio rápido no es absoluto ni opera en un vacío. Pueblo 

v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 581 (2015). También ha resuelto 

que el incumplimiento con los términos no constituye un error fatal. 

Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592, 609 (2012); Pueblo v. Carrión, 

supra, pág. 641. “[A]nte un planteamiento de violación a los 

términos de juicio rápido es importante ‘tomar en cuenta las 

circunstancias que rodean su reclamo .... Es decir, se trata de un 

derecho que puede ser compatible con cierta tardanza o demora’”.

Pueblo v. García Vega, supra, pág. 610 (citando a Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 570-571 (2009)). El derecho “no está 

limitado por la tiesa aritmética de la regla que lo concibe”. Pueblo v. 

Valdés et al., 155 DPR 781, 790 (2001).

En atención a la flexibilidad del derecho a juicio rápido, los 

tribunales deben hacer un análisis sosegado de los criterios 

establecidos jurisprudencialmente y adoptados por las Reglas de 

Procedimiento Criminal. La Regla 64(n) de Procedimiento Criminal 
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señala que al momento de determinar si se debe desestimar un caso 

criminal por incumplimiento con los términos de juicio rápido, debe 

considerar los siguientes criterios:

(1) Duración de la demora; 

(2) [R]azones para la demora; 

(3) [S]i la demora fue provocada por el acusado o 

expresamente consentida por éste; 

(4) [S]i el Ministerio Público demostró la existencia de 

justa causa para la demora, y 

(5) Los perjuicios que la demora haya podido causar.

No podemos perder de la vista que “ninguno de estos criterios 

es determinante en la adjudicación del reclamo; el peso que a cada 

uno de éstos se le confiera está supeditado a las demás 

circunstancias relevantes que el tribunal viene obligado a 

examinar”. Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 792. El análisis al 

amparo de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal debe realizarse 

caso a caso y a la luz de la totalidad de las circunstancias. En 

vista a esto, el Tribunal Supremo ha reiterado que:

[L]a mera inobservancia del término —sin más— no 

necesariamente constituye una violación al derecho a 

juicio rápido, ni conlleva la desestimación de la 

denuncia o la acusación. Una dilación mínima es 

requisito de umbral para que un planteamiento de 

violación a juicio rápido progrese; no obstante, el 

remedio extremo de la desestimación sólo debe 

concederse luego de efectuado un análisis ponderado 

del balance de criterios antes esbozados. Más bien, al 

momento de evaluar este criterio, debe prestarse 

especial énfasis en determinar si la demora fue 

intencional y opresiva. Pueblo v. Custodio Colón, supra, 

pág. 583 (citando a Pueblo v. Valdés, supra, pág. 793).

En otras palabras, el hecho de que se hayan excedido los 

términos dispuestos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal no 

conlleva la desestimación automática del caso basado únicamente 

en un cálculo de días. Los tribunales deben hacer un análisis

sosegado caso a caso y a base de la totalidad de las circunstancias, 

tomando en consideración los criterios establecidos por la reglas y 

jurisprudencia.

“El Ministerio Público tiene el peso de la prueba para 

demostrar la existencia de una causa justa para la demora o la 
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renuncia expresa, voluntaria y con pleno conocimiento de este 

derecho por parte del imputado, o que el imputado ha causado la 

tardanza”. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 572. (Énfasis 

nuestro). El análisis sobre la justa causa por la demora no puede 

descansar sobre meras alegaciones, generalidades o conclusiones. 

Esta debe enmarcarse en parámetros de razonabilidad. Pueblo v. 

Valdés et al., supra.

C.

La vista de Regla 6 es una etapa crítica puesto que es el inicio 

de la acción penal en nuestro ordenamiento jurídico y una exigencia 

constitucional. Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 544, 555 (2003). El 

Artículo II, Sección 10 de nuestra Constitución, supra, dispone que

“[s]ólo se expedirán mandamientos autorizando registros, 

allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente 

cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, 

describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas 

a detenerse o las cosas a ocuparse”. Sin una determinación de causa 

probable para arresto, el juicio no puede continuar.

Nuestra Constitución exige que la vista de Regla 6 cumpla con 

los siguientes requisitos: “la intervención de la figura neutral de un 

magistrado, la existencia de causa probable, que la determinación 

de causa probable esté apoyada en juramento o afirmación, y la

especificidad de la orden”. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 559. Estos 

deben ser cumplidos, aunque la vista se celebre en ausencia del 

imputado.

En lo pertinente, la Regla 6 de Procedimiento Criminal 

dispone el procedimiento para determinar causa para un arresto. 

Como norma general, la persona imputada debe comparecer a la 

vista de Regla 6 luego de ser citado por el tribunal. Sin embargo, la 

Regla 6 de Procedimiento Criminal permite, a modo de excepción, 

que se celebre la vista en ausencia del imputado. La presentación 
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de cargos en ausencia del imputado debe estar basado en 

circunstancias justificadas. Nuestro Tribunal Supremo ha 

reconocido como justificación:

(1) cuando se pretenden realizar arrestos en serie; (2) 

cuando un operativo haya dado lugar a denuncias 

múltiples que hagan muy oneroso para el Estado citar 

previamente a todos los imputados; (3) cuando ello evite 

que se malogre una investigación en curso; (4) cuando 

la seguridad de las víctimas o los testigos aconsejan que 

se celebre el proceso en ausencia del imputado, o (5) 

cuando la persona no pudo ser localizada pese al 

esfuerzo realizado. Pueblo v. Rueda Lebrón, 187 DPR 

366, 375 (2012). (Citas omitidas).

Esta lista no es taxativa, por lo que pueden existir otras 

circunstancias que justifiquen la ausencia del imputado. “[L]a 

determinación del Ministerio Público de que existen circunstancias 

justificadas para someter el caso en ausencia será merecedora de 

amplia deferencia por parte del magistrado”. Regla 6 de 

Procedimiento Criminal, supra, R. 6.

D.

Sabido es que los tribunales de instancia gozan de amplia 

discreción al momento de tomar decisiones con relación a los casos 

ante ellos, tanto en lo civil como en lo criminal. Por lo tanto, los foros 

de instancia son merecedores de gran deferencia por parte de los 

tribunales apelativos. Esto no significa que las determinaciones de 

los foros de instancia son absolutas o sagradas. Por lo general, los 

tribunales apelativos no deben interferir con las determinaciones de 

los tribunales de instancia. Aun así, “podremos sustituir el criterio 

que utilizó el foro primario por el nuestro únicamente cuando 

existen circunstancias extraordinarias en las que se pruebe que el 

foro primario actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción o en error manifiesto o de derecho”. Pueblo 

v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 373 (2020).

En particular, un foro de instancia incurre en craso abuso de 

discreción cuando: (1) ignora sin fundamento algún hecho material 
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importante que no podía pasar por alto; (2) concede demasiado peso 

a un hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese 

hecho irrelevante, o (3) a pesar de examinar todos los hechos del 

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta irrazonable.

Íd., pág. 374; Pueblo v. Sanders Cordero, 199 DPR 827, 841 (2018); 

Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 588-589.

Con el derecho aplicable esbozado, procedemos a resolver la 

controversia señalada.

III.

Concluimos que erró el TPI al negarse a celebrar la vista de 

Regla 6 en ausencia, dentro de los términos de juicio rápido, según 

solicitado por el Ministerio Público. El récord demuestra claramente 

que el imputado no pudo ser ubicado a pesar de los esfuerzos 

razonables realizados. Resaltamos, al respecto, que “la explicación 

que ofrezca el fiscal sobre la conveniencia de citar o no a un 

sospechoso de delito a la determinación de causa para el arresto 

merece amplia deferencia judicial”. Rueda Lebrón, supra, 187 DPR 

a la pág. 376 (citando Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR 601, 617 

(2008)).

En efecto, el 2 de enero de 2024, último día del término de 

juicio rápido de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, el 

Ministerio Público compareció para la celebración de la vista de 

Regla 6 en alzada contra el Lcdo. Rosario Rodríguez. Aunque el 

Ministerio Público estaba preparado para continuar con la vista, el 

Lcdo. Rosario Rodríguez no compareció por no haberse podido 

diligenciar la citación como había ordenado el TPI. A pesar de que 

el Ministerio Público solicitó que se celebrara la vista en ausencia 

del imputado, el TPI erróneamente lo denegó.

Del récord surge claramente que el Ministerio Público realizó 

gestiones suficientes para citar al imputado, mas ello no se logró a 

raíz de la propia conducta del imputado. La Agente Cruz Rodríguez 
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realizó varios esfuerzos en distintas fechas y en distintos lugares 

para ubicar al imputado. En ninguna de estas ocasiones logró 

localizarlo, pese que visitó su oficina y residencia, así como lugares 

donde frecuentaba el imputado, sus familiares, su pareja y personas 

conocidas. Al visitar la la dirección residencial del Lcdo. Rosario 

Rodríguez, obtuvo información de que éste no vivía ahí hace meses. 

Al visitar la oficina del imputado en el Municipio de Hormigueros, se 

encontró cerrada. Finalmente, intentó en varias ocasiones llamar al 

imputado al número de teléfono que éste le proveyó, pero no logró 

que le contestara su llamada. 

De todas maneras, aun partiendo de la premisa de que, a 

pesar de todo lo anterior, el TPI actuó acertadamente al insistir en

la citación del imputado en este caso (lo cual no es correcto), dicho 

foro también habría errado, como cuestión de derecho, al desestimar 

el caso por razón de la demora en diligenciar la citación.

Se han establecido cuatro criterios para guiar la discreción de 

un tribunal al analizar una posible violación al derecho a un juicio 

rápido: (1) duración de la tardanza, (2) razones para la dilación, (3) 

si el acusado ha invocado oportunamente su derecho, y (4) el 

perjuicio resultante de la tardanza para el acusado. Pueblo v. 

Custodio, 192 DPR 567, 568 (2015).

En cuanto a la razón de la demora, resaltamos que debe 

evaluarse, en estos casos, si la tardanza fue intencional; es decir, si 

tuvo “el propósito de perjudicar a la persona imputada o acusada” o 

de “entorpecer la defensa del imputado”. Pueblo v. García Vega, 186 

DPR 592, 612 (2012); Pueblo v. Valdés, 155 DPR 781, 793 (2011). Si 

el tribunal determina que no se trata de una demora intencional, 

debe evaluarla con menos rigurosidad. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 

DPR 419, 435 (1986). 

En este caso, la razón de la demora es atribuible a la 

insistencia del TPI de que se citara al imputado. Por tanto, al no 
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tratarse de una demora intencional, el TPI tenía que evaluarla con 

menos rigurosidad. Ello es particularmente cierto en este caso, pues 

fue el propio TPI el que causó la demora al insistir en que un caso, 

que el Ministerio Público estaba preparado para presentar en 

ausencia, se condujera solo tras que se lograra la citación personal 

del imputado. Resaltamos, una vez más, que, lejos de estar ante 

una situación en que no hubo diligencia razonable para citar al 

imputado, según dispuesto por el TPI, el Ministerio Público acreditó 

de forma detallada y específica numerosas gestiones dirigidas a tal 

fin.

Por otra parte, e independientemente de lo anterior, tampoco 

el imputado demostró (de hecho, ni siquiera intentó demostrar) el 

perjuicio necesario para justificar la desestimación pretendida. Del 

récord no surge que la demora le hubiese causado al imputado un 

“estado de indefensión” o que este haya sufrido algún perjuicio 

indebido a su capacidad para defenderse adecuadamente. Ello, por 

sí solo, es suficiente para concluir que erró el TPI al ordenar la 

desestimación de las denuncias de referencia. 

Adviértase que, al alegar una violación a los términos de juicio 

rápido, le corresponde al imputado probar el perjuicio que le 

ocasionó la tardanza. García Vega, 186 DPR a la pág. 612. Sobre el 

perjuicio sufrido, el mismo “tiene que ser específico, no puede ser 

abstracto ni puede apelar a un simple cómputo de rigor matemático; 

tiene que ser real y sustancial”. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 

559, 576-77 (2009) (énfasis suplido); Rivera Tirado, 117 DPR a la 

pág. 438. 

IV.

Por los fundamentos que preceden, expedimos el auto 

solicitado, revocamos la Resolución objeto de revisión y devolvemos 

el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación del 

proceso de forma compatible con lo aquí resuelto y expuesto.
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Al amparo de la Regla 211 de Procedimiento Criminal,16 Regla 

211 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,R. 211, el Tribunal 

de Primera Instancia puede proceder de conformidad con lo aquí 

resuelto, sin que tenga que esperar por nuestro mandato.

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

16 La Regla 211 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,R. 211, dispone: 

En situaciones no previstas por la ley, estas reglas o las reglas que 

apruebe el Tribunal Supremo, tanto éste como el Tribunal de Circuito 

de Apelaciones, encauzarán el trámite en la forma que a su juicio sirva 

los mejores intereses de todas las partes. Queda reservada la facultad 

del Tribunal Supremo y del Tribunal de Circuito de Apelaciones para 

prescindir de términos, escritos o procedimientos específicos en 

cualquier caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más 

justo y eficiente despacho.

Véase también: Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 DPR 241 (1969); Perez v. Corte, 

50 DPR 540 (1936).