Número Identificador

SEN2023 ___________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

Ricardo Hernández 

Rossy

Demandante-Recurrido

 vs.

Bridge Security 

Services, Inc.; 

Universidad de Puerto 

Rico, compañías

Aseguradoras A, B, y C; 

Personas X, Y y Z

Demandados

Universidad de Puerto 

Rico

Peticionaria

KLCE202301384

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Bayamón

Civil Núm.:

BY2020CV03447 

(505)

Sobre: Discrimen; 

Represalias; Salarios; 

Difamación; Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

Comparece la parte peticionaria Universidad de Puerto Rico 

(en adelante “UPR” o “parte peticionaria”) para solicitarnos que se

revisen y dejen sin efecto dos dictámenes emitidos por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 17 de octubre 

de 2023 y el 8 de noviembre de igual año, respectivamente. 

Mediante dichos dictámenes, se declara No Ha Lugar a las 

solicitudes para extender la fecha límite de descubrimiento de 

prueba y el término para presentar una moción de sentencia 

sumaria.

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, se 
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desestima el recurso mediante los fundamentos que expondremos

a continuación. 

I.

La controversia ante nuestra consideración comenzó el 2 de 

noviembre de 2020, cuando el Sr. Ricardo Hernández Rossy (en 

adelante, “Sr. Hernández Rossy” o “parte recurrida”) presentó una 

Demanda en contra de la UPR y Bridge Security Services (en 

adelante, “Bridge”) sobre daños y perjuicios, discrimen, represalias 

y salarios. En su demanda manifestó que, en junio de 2018,

comenzó a trabajar como guardia de seguridad de Bridge, 

específicamente en la UPR, Recinto de Bayamón. Indicó que, su 

supervisor le requirió que se removiera el color negro de sus uñas y 

que el 11 de octubre de 2020, le ordenaron retirarse de su puesto 

por no haberlo hecho. 

Posteriormente, Bridge le expresó que tenía tres opciones a 

elegir: (1) trabajar en Pueblo de Isla Verde (2) trabajar en UPR 

Bayamón si se quita el color de las uñas (3) o trabajar en UPR Río 

Piedras si se hace la prueba del COVID-19. En su escrito, 

manifestó que, accedió a removerse el esmalte de las uñas por su 

necesidad de ganarse el sustento. Añadió que los actos de la parte 

peticionaria le causaron daños y angustias mentales.

Así las cosas, el 16 de noviembre de 2020, Bridge presentó 

su Contestación a la Demanda. Alegó que, el Sr. Hernández Rossy

no es empleado regular de la UPR y que seguir el Código de 

Vestimenta de la UPR, es una condición esencial para todos los 

empleados de Bridge asignados a trabajar en dicha institución. El 

7 de enero de 2021, UPR solicitó la desestimación del pleito y la 

conversión de la controversia al trámite ordinario. Esbozó que,

entre el Sr. Hernández Rossy y la UPR no existe una relación de 

empleo, por lo que las reclamaciones laborales no pueden ser 

sustentadas. El 1 de julio de 2022, el Foro Primario declaró Ha 
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Lugar la solicitud de desestimación en cuanto a la causa de acción 

de discrimen y ordenó la conversión del caso al procedimiento 

ordinario para las restantes causas de acción. Posteriormente, el 

16 de agosto de 2022, las partes presentaron su Informe del 

Manejo del Caso. En dicho informe, la UPR indicó que una vez 

recibiera las contestaciones al interrogatorio, determinaría si 

realizaría deposiciones. 

Luego de varios trámites procesales, el 16 de octubre de 

2023, la UPR presentó Moción para que se Convierta Conferencia 

con Antelación al Juicio en Vista de Estado de los Procedimientos. 

Al día siguiente, la parte recurrida presentó su oposición. El 17 de 

octubre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha 

Lugar a la conversión del señalamiento. Enunció que, el 

descubrimiento de prueba debió haber concluido el 29 de 

septiembre de 2023 y que no se solicitó oportunamente una 

extensión de dicho término. También expresó que, el Informe 

Preliminar entre Abogados debe ser presentado en o antes del 20 

de octubre de 2023. El 24 de octubre de 2023, la parte 

peticionaria solicitó Reconsideración, la cual fue declarada No Ha 

Lugar. 

El 7 de noviembre de 2023, las partes presentaron el Informe 

Preliminar entre Abogados. Al día siguiente, se celebró la Vista de 

Conferencia con Antelación a Juicio. Surge de la Minuta que, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar a la solicitud 

presentada por la UPR, para que se le conceda un término para 

radicar una moción de sentencia sumaria. 

Inconforme con lo anteriormente resuelto, la parte 

peticionaria acudió a este Tribunal mediante el recurso de epígrafe, 

en el que señaló el siguiente error:

Primero: Erró el TPI e incurrió en abuso de discreción al 

denegar la extensión del descubrimiento de prueba, al 
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no analizar la totalidad de las circunstancias, y fijarse 

solamente en el momento en que fue solicitada.

Segundo: Erró el TPI e incurrió en abuso de discreción al 

denegar la presentación de Moción de Sentencia 

Sumaria, por haber transcurrido el término para 

presentar las mismas, sin indicar ni sopesar el hecho de 

que la presentación de la misma no interrumpiría el 

calendario del caso.

II.

A. 

La jurisdicción se refiere a la facultad que tiene un tribunal o 

un foro administrativo para examinar y resolver una disputa o 

caso específico. Pérez López y Otros v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013). La ausencia de jurisdicción conlleva las siguientes 

consecuencias: (1) no se puede subsanar, (2) las partes no pueden

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede 

este arrogársela, (3) conlleva la nulidad de los dictámenes, (4) 

obliga a los tribunales a examinar su propia jurisdicción, (5) obliga 

a los tribunales apelativos a revisar la jurisdicción del tribunal del 

cual proviene el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier fase 

del proceso, a instancia de las partes o por el tribunal motu 

proprio. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997).

Cónsono con lo anterior, nuestro Máximo Foro ha expresado 

que los tribunales deben ser vigilantes defensores de su 

jurisdicción y tienen la responsabilidad intransferible de 

examinarla, incluso cuando no se haya planteado previamente.

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012); SLG SoláMoreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Por lo tanto, 

si tras examinar la cuestión, un tribunal determina que no tiene 

competencia sobre un recurso, su única potestas es declararlo de 

ese modo. Cordero et al. v. ARPe et al., supra, a la pág. 458. Esto 

se debe, a que los tribunales no tienen la facultad discrecional de 

asumir jurisdicción en áreas donde no les corresponde. 
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Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011).

Cuando este Tribunal no cuenta con jurisdicción, se debe 

desestimar de inmediato el recurso de apelación según establecido 

por las leyes y reglamentos para la adecuada tramitación de estos 

recursos. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 884 

(2007).

De igual manera, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, dispone lo siguiente: 

[..] (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción [...] (Énfasis Nuestro.) 

B. 

La Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, establece que, el recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias del Foro Primario, se 

formalizará mediante la presentación de una solicitud dentro de 

los 30 días siguientes a la fecha del archivo en autos de copia de la 

notificación de la resolución u orden recurrida. Por otra parte, 

como regla general, para que el Tribunal de Apelaciones pueda 

revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia debe 

acompañar copia del documento que recoge la decisión y que dicho 

documento esté firmado por el juez que emitió dicha decisión. 

Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264, 275 (2022).

Siguiendo esa línea, la Regla 32 (b) de las Reglas para 

Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, regula lo concerniente a las ordenes o 

resoluciones contenidas en minutas. En lo que respecta, dicha 

norma dispone lo que sigue: 

[...] La minuta será el registro oficial de las incidencias 

más importantes ocurridas durante la vista judicial en 

el salón de sesiones y en cámara [...]
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[...] La minuta no será notificada a las partes o a sus 

abogados, salvo que incluya una Resolución u 

Orden emitida por el juez o la jueza en corte 

abierta, en cuyo caso será firmada por el juez o la 

jueza y notificada a las partes. La Secretaria, 

custodia del expediente podrá expedir copia de la 

minuta previo la cancelación de los derechos 

arancelarios, según corresponda. (Énfasis y subrayado 

nuestro). [...] (Énfasis Suplido.)

Así pues, la precitada Regla exige que, si la minuta contiene 

una resolución u orden emitida por el juez o jueza en corte abierta, 

deberá ser firmada por el juez o jueza que emitió el dictamen. 

Pueblo v. Ríos Nieves, supra, a la pág. 266. Al respecto, el Máximo

Foro ha manifestado que esta Regla le impone un requisito de 

forma para que se le imprima validez y certeza a esa decisión. Id.,

a la pág. 267. Esto implica que, para que la orden o resolución

incluida en una minuta sea legitima y efectiva, es necesario que 

este firmada. Id. Por consiguiente, la facultad revisora del Tribunal 

de Apelaciones se sustenta en determinaciones emitidas y 

suscritas por los jueces que las dictaminan, no en la interpretación 

o apreciación de otros funcionarios del tribunal. Id., a la pág. 280. 

De no ser así, el foro revisor estaría examinando un documento sin 

la certeza de que el dictamen recurrido fue en efecto el dictado por 

el juez o la jueza que presidió el caso. Id., a la pág. 281.

III.

En el presente caso, la parte peticionaria solicitó la 

revocación de una determinación emitida en corte abierta la cual 

fue recogida en una Minuta transcrita el 8 de noviembre de 2023.

La UPR alega que, el Tribunal de Primera Instancia erró al: (1)

denegar la extensión del descubrimiento de prueba, (2) no analizar 

la totalidad de las circunstancias y (3) denegar la presentación de 

moción de sentencia sumaria por haber transcurrido el término 

para presentar las mismas, sin indicar ni sopesar el hecho de que 

la presentación de ésta no interrumpía el calendario del caso.

Ahora bien, como señalamos anteriormente, los tribunales 
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tenemos la indelegable responsabilidad de auscultar nuestra

propia jurisdicción, aun cuando dicho asunto no se haya 

planteado. De esta manera, al analizar el expediente y la Minuta 

en disputa, observamos que no contamos con jurisdicción para 

atender el recurso debido a su presentación tardía. Veamos por 

qué.

Cónsono con el derecho antes discutido, las minutas que 

contengan una resolución u orden emitida por un juez o jueza 

deben estar firmadas por el juez o jueza que realizó dicha

determinación. Pueblo v. Ríos Nieves, supra, a la pág. 266.

Asimismo, la petición para solicitar un recurso de certiorari debe 

ser presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha del 

archivo en autos de copia de la resolución recurrida. Regla 32(D) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Así pues, un

recurso tardío priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883; Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S. E., 153 DPR 357, 366 (2001).

Surge del expediente de nuestro caso que, la Minuta de la 

Vista de Conferencia con Antelación a Juicio fue emitida el 8 de

noviembre de 2023. Dicho documento no fue firmado por la jueza 

que presidió la sala. Por otra parte, el recurso de certiorari 

presentado ante nos, fue instado el 7 de diciembre de 2023. Dado 

a que la Minuta no fue firmada, la Resolución acogida en dicho 

escrito no tiene legitimidad ni eficacia. Por consecuente, nos 

vemos imposibilitados de considerar el recurso debido a la 

ausencia de jurisdicción. 

IV.

Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar 

parte de esta Sentencia, desestimamos el recurso de Certiorari 

solicitado por la Universidad de Puerto Rico por falta de 

jurisdicción. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones