Número Identificador

SEN(RES)2024____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS NATURALES Y 

AMBIENTALES

Recurrido

v.

JUNTA DE DIRECTORES 

DEL CONDOMINIO 

TORRES DE ORO Y/O 

CONSEJO DE TITULARES 

DEL CONDOMINIO 

TORRE DE ORO; JUAN 

CARLOS NIEVES, KARLA 

O. PÉREZ GONZÁLEZ, 

LOURDES COLONDRES 

ROSADO

Peticionarios

KLRA202400409

REVISIÓN JUDICIAL

Procedente del 

Departamento de 

Recursos Naturales 

y Ambientales

Caso Núm:

23-285-A

Sobre: Orden de 

Cese y 

Desistimiento; Ley 

para la 

Conservación, el 

Desarrollo y Uso de 

los Recursos de 

Agua de Puerto Rico

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, el 

Juez Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz 

Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

Comparece por derecho propio, el señor Josean Torres 

Romero (“señor Torres”) mediante un escrito intitulado Alegato 

Apelativo al Honorable Tribunal recibido el 29 de julio de 2024. Nos 

solicita que revisemos la determinación emitida el 28 de junio de 

2024 y notificada el 2 de julio del mismo año por el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales (“DRNA” o “Agencia”). Por 

virtud de la Resolución recurrida, la Agencia ordenó al Condominio 

Torre de Oro el cese y desista de la utilización del agua 

perteneciente al Pueblo de Puerto Rico.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el presente recurso, por falta de jurisdicción.
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I.

Surge del expediente que, 28 de junio de 2024, la oficial 

examinadora Myrna Abreu del Valle emitió un Informe de la Oficial

Examinadora (“Informe”) en el caso Núm. 23-285-A.

1 En dicho 

escrito, se explicó que el DRNA había presentado una querella 

contra el Condominio Torre de Oro y su Consejo de Titulares

(“querellado”). En esta, la Agencia solicitó una orden de cese y 

desista contra el querellado, por aprovechamiento de agua del 

Pueblo de Puerto Rico, sin contar con una franquicia para ello. 

Asimismo, se desprende que el DRNA había emitido contra el 

querellado, tres (3) boletos por la cantidad de quinientos dólares

($500.00) cada uno. La razón de lo último, obedeció a que en 

varias instancias, vigilantes habían visitado el complejo residencial 

y encontraron que el condominio continuaba usando el agua sin 

tener la franquicia requerida.

Por otro lado, el Informe indicó que, el 11 de abril de 2024,

se llevó a cabo una vista. En esencia, las partes y varios testigos

discutieron los pormenores de la controversia. Específicamente, el 

señor Carlos Santiago (“señor Santiago”), tesorero de la Junta de 

Directores del Condominio, explicó que varios años atrás, el 

Condómino Torre de Oro fue desconectado de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (“AAA”) por una deuda con esa 

entidad. De igual manera, el señor Santiago manifestó que no 

había interés en solicitar una franquicia y que solo querían volver 

a conectarse con la AAA, por lo cual solicitó un tiempo para ello. 

Así pues, el 22 de abril de 2024, notificada el 23 de abril de 2024, 

la oficial examinadora le concedió treinta (30) días para que 

lograran las gestiones con la AAA. Sin embargo, el 10 de junio de 

2024, un vigilante visitó las facilidades del condominio y logró 

constatar que aún estaban utilizando el agua sin permiso del 

1 Véase, Apéndice del Recurso, págs. 11-13.
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DRNA. A su vez, este informó que los boletos aún no habían 

pagado y hasta esa fecha no se había presentado una solicitud de 

franquicia a la Agencia. Por tales circunstancias, el Informe

concluyó con una recomendación para ordenar el cese y desista del

uso del agua sin permiso.

Así las cosas, el 28 de junio de 2024, notificada el 2 de julio 

de 2024, la secretaria de DRNA emitió Resolución,

2 mediante la 

cual, acogió el Informe y ordenó el cese y desista del uso del agua. 

Inconforme, el 29 de julio de 2024, se presentó el presente 

recurso en el cual se esbozó el siguiente señalamiento de error:

En la resolución recibida no menciona que hemos pagado 

ya $750.00 que es la mitad de la multa de $1,500.00. Que 

hemos infructuosamente haber hecho incontables gestiones 

con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados AAA para 

poder conectarnos y consumir agua potable. Contratamos 

los servicios del ingeniero Luis Dalmau para que nos ayude 

en esta nueva gestión.

De conformidad con la Regla 7 (B) (5) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), prescindimos de la 

comparecencia de la parte recurrida, ello con el propósito de lograr 

la más justa y eficiente adjudicación del caso ante nuestra 

consideración. 

II.

A. Jurisdicción

En nuestro sistema de derecho, la jurisdicción consiste en el 

poder y autoridad que tienen los tribunales para adjudicar casos o 

controversias, siempre que estos sean justiciables. JMG 

Investment, Inc. v. ELA, 203 DPR 708 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon 

Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018). Es responsabilidad de los 

propios tribunales cerciorarse sobre su jurisdicción, así como la 

jurisdicción del foro donde procede el recurso, pues ella no puede 

adjudicarse ni ser subsanada, aun con la anuencia de las partes 

2 Íd., págs. 8-9.
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del pleito. JMG Investment, Inc. v. ELA, 203 DPR 708 (2019); 

Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 (2018). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide 

la revisión judicial. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 

(2013). Siendo ello así, las disposiciones que rigen el 

perfeccionamiento de los recursos a nivel apelativo deberán 

cumplirse rigurosamente. De esta forma, el derecho a la revisión de 

una determinación administrativa por el Tribunal Apelativo queda 

sujeto al estricto cumplimiento del reglamento, las limitaciones 

legales y su perfeccionamiento. 

A tono con lo anterior, la Regla 83(c) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, permite al propio 

tribunal desestimar un recurso por carecer de jurisdicción. 

B. La Ley de Condominio de Puerto Rico

La Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129 de 16 

de agosto de 2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 1921 et 

seq. (“Ley de Condominios”), gobierna el régimen de propiedad 

horizontal, irrespectivo de la fecha en que fuera sometido a 

dicho régimen. Artículo 76 de la Ley de Condominios, supra. El 

régimen de propiedad horizontal tiene como finalidad las 

siguientes: “(1) proveer a las personas la posibilidad de disfrutar 

el derecho a la propiedad plena e individual de un inmueble, y 

(2) maximizar el uso escaso de terreno disponible en el país”. 

Con. Tit. Centro Int’l Torre II v. PRCI, 210 DPR 403, 415 (2022)

citando a Park Tower, S.E. v. Registradora, 194 DPR 244, 253 

(2015). De esta forma, la propiedad plena e individual coexiste 

con otros dueños mientras comparten áreas comunes para el 

disfrute de todas y todos sus integrantes. Íd.
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Ahora bien, el Artículo 48 de la Ley de Condominios, supra, 

designa al Consejo de Titulares como la autoridad suprema 

sobre la administración del inmueble sometido al Régimen de 

Propiedad Horizontal. Este estará constituido por todos los 

titulares y “tendrá personalidad jurídica propia y de sus 

obligaciones frente a terceros, responderán los titulares de 

forma subsidiaria y sólo con su apartamento”. 31 LPRA sec. 

1922t. Asimismo, el Consejo de Titulares deberá, en aquellos 

condominios donde concurran más de veinticinco (25) titulares, 

constituir una Junta de Directores. Esta deberá contar con al 

menos, un Presidente, un Secretario, y un Tesorero. 

En ese sentido, el Artículo 54 de la Ley de Condominios, 

supra, describe los poderes y deberes del Presidente de la Junta 

de Directores de la siguiente forma:

El Presidente representará en juicio y fuera de él a la 

comunidad en los asuntos que la afecten y presidirá 

las asambleas del Consejo de Titulares. Comparecerá a 

nombre del condominio para otorgar las escrituras y 

demás documentos en los que el Consejo de Titulares 

sea parte. 

El Presidente podrá tener a las personas que entienda 

necesario para que lo asistan en el proceso de presidir 

la asamblea. Cuando se trate de acciones para hacer 

cumplir ésta o cualquier otra ley aplicable, el 

reglamento del Condominio o los acuerdos del Consejo 

de Titulares, o cuando el Consejo de Titulares o la 

Junta de Directores, en representación de éste, 

deba comparecer en pleito como demandado o 

querellado, el Presidente podrá comparecer a 

nombre de dichos organismos y presentar las 

acciones y defensas que estime procedentes, 

seleccionando la representación legal que estime 

conveniente, previa consulta a la Junta. De las 

acciones tomadas, deberá notificar a los titulares 

dentro de los treinta (30) días siguientes. 

Todo acuerdo de transacción judicial o extrajudicial 

que exceda de cinco mil dólares ($5,000) deberá 

obtener la aprobación del Consejo de Titulares. En los 

condominios no residenciales, el reglamento podrá fijar 

otra suma. 

En todo caso, se presumirá que el Presidente de la 

Junta de Directores cuenta con la autorización del 

Consejo de Titulares para comparecer a nombre de 
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éste en los foros pertinentes. 31 LPRA sec. 1922z

(Énfasis suplido) 

III.

Previo a entrar en los méritos de la controversia ante nuestra 

consideración, esta Curia tiene el deber ineludible de auscultar si 

ostenta jurisdicción sobre el caso. Efectuado tal ejercicio, notamos 

que este foro carece de jurisdicción para atender el presente pleito.

Por tal razón, no tenemos otra alternativa que desestimarlo.

En el presente recurso, comparece por derecho propio el 

señor Torres quien se identifica como el Presidente de la Junta de 

Directores. Cabe precisar, que el señor Torres no fue parte del 

pleito en el foro administrativo toda vez que la acción que el DRNA 

instó fue contra el Condominio Torre de Oro y su Consejo de 

Titulares. En dado caso, es dicho Consejo de Titulares quien 

ostenta la personalidad jurídica para poder comparecer a este 

tribunal. 

Ahora bien, la Ley de Condominios, supra, dispone que 

cuando el “Consejo de Titulares o la Junta de Directores, en 

representación de éste, deba comparecer en pleito como 

demandado o querellado, el Presidente podrá comparecer a nombre 

de dichos organismos y presentar las acciones y defensas que 

estime procedentes, seleccionando la representación legal que 

estime conveniente, previa consulta a la Junta”. (Énfasis suplido)

31 LPRA sec. 1922z.

Es preciso reiterar la norma firmemente establecida en 

nuestro ordenamiento de que la comparecencia por derecho propio 

está reservada a personas naturales. Véase, Lizarríbar v. Martínez 

Gelpí, 121 DPR 770, 786 (1988). Las personas que no son 

naturales no “puede[n] autorepresentar en los tribunales sus 

propios asuntos”. (Énfasis omitido) U.T.I.E.R. v. A.F.F., 137 DPR

818, 821 (1995). Para ello, es necesario que comparezcan ante los 
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tribunales a través de abogado. B. Munoz, Inc. v. Prod. 

Puertorriqueña, 109 DPR 825, 829-830 (1980).

En fin, el señor Torres está imposibilitado de comparecer a 

este foro por derecho propio, en representación del Consejo de 

Titulares ya que no es un abogado admitido a la práctica legal en 

Puerto Rico y tampoco compareció con representación legal tal y 

como lo exige la Ley de Condominios. A la luz de los fundamentos 

anteriormente esgrimidos, resolvemos que corresponde desestimar 

el recurso por falta de jurisdicción. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de epígrafe, por falta de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones