Número Identificador

RES2023 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

ANTONIO ALVAREZ 

MOLINA, MILAGROS DÍAZ 

FIGUEROA

Recurridos

v.

BELLA INTERNATIONAL, 

LLC

Peticionaria

KLCE202301408

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil Núm.:

SJ2023CV02813

Sobre:

Despido 

Injustificado (Ley 

Núm. 80) y otros

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2023.

Comparece ante nos Bella International, Inc. (en adelante, 

Bella International o parte peticionaria) y solicita nuestra 

intervención para que dejemos sin efecto la Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 

29 de noviembre de 2023, notificada al día siguiente. Mediante la 

misma, el TPI determinó que el certificado provisto por el médico de 

cabecera del señor Antonio Álvarez Molina (en adelante, señor 

Álvarez Molina o parte recurrida) era adecuado, por lo cual no era 

necesaria la producción del expediente en su totalidad. Ello, por 

razón de impertinencia al caso y porque pudiera contener otra 

información de salud protegida.

Sin embargo, en vista de que se recurre de una orden 

interlocutoria dentro de una causa de acción al amparo del 

procedimiento sumario de la Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 
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LPRA sec. 3118, et seq., y no procede la aplicación de ninguna 

excepción, denegamos expedir el auto de certiorari solicitado.

I

Según surge del expediente, el 29 de marzo de 2023, el señor 

Álvarez Molina y su esposa, la señora Milagros Díaz Figueroa 

presentaron una Querella por despido injustificado, represalia y 

discrimen en contra de Bella International, bajo el procedimiento 

sumario de la Ley Núm. 2, supra. En esencia, el señor Álvarez Molina 

alegó que trabajó para la empresa querellada como mensajero desde 

enero de 2005 hasta el 28 de septiembre de 2022, fecha en la cual 

fue despedido. Adujo que su despido fue resultado de no inocularse 

con la segunda dosis contra el COVID-19, lo cual, a su juicio, 

constituyó una causa no justificada por parte de Bella International. 

Particularizó que no se vacunó por razones religiosas, así como por 

recomendación de los médicos con los cuales se atendió. Destacó 

que el patrono incumplió con el manual de empleados aplicable, y 

sus propias políticas, incluyendo las relacionadas a la pandemia. 

Esbozó que su expatrono tomó represalia en su conta por manifestar 

oposición a que se le obligara a vacunarse por encima de sus 

creencias y el criterio de su cardiólogo. Solicitó el pago de la 

indemnización por despido injustificado, represalia y discrimen, así 

como su penalidad, y demás sumas correspondientes. Bella 

International contestó la querella oportunamente, en la cual aceptó 

algunas alegaciones y negó otras.

Al cabo de múltiples incidencias procesales, el 25 de octubre 

de 2023, las partes presentaron una Moción Conjunta Exponiendo 

sus Posiciones en cuanto a la Producción de los Expedientes Médicos 

del Querellante. En lo pertinente, expresaron que, a pesar de que 

resolvieron parte de las controversias en cuanto al descubrimiento 

de prueba, no lograron acordar lo relativo a los expedientes médicos 

del señor Álvarez Molina. Bella International razonó que era 
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necesaria la producción del expediente del doctor Carlos Maisonet 

Correa, toda vez que el señor Álvarez Molina alegó que, a base de su 

historial, éste le recomendó no ponerse la vacuna en cuestión. 

Esbozó que era esencial conocer sobre el referido historial médico 

para respaldar la posición en cuanto a que el señor Álvarez Molina 

no mostró tener una condición médica que le impidiera vacunarse y 

por la cual se le tenía que eximir de la política patronal.

Por su parte, el señor Álvarez Molina se opuso a lo solicitado 

por Bella International por falta de pertinencia y por el privilegio de 

médico-paciente. En lo concerniente al expediente del doctor 

Maisonet Correa, el señor Álvarez Molina argumentó que, al este ser 

su médico de cabecera, dicha documentación contenía abundante 

información privilegiada que no guardaba relación con el asunto del

despido. Precisó que lo pertinente al caso era lo relacionado al 

certificado médico que lo excusó de vacunarse, el cual el patrono 

tenía en su posesión.

En atención a lo anterior, el tribunal evaluó los certificados 

médicos de los doctores que ofrecieron tratamiento al señor Álvarez 

Molina. En específico, mediante Orden dictada el 29 de noviembre 

de 2023, el foro primario determinó que el documento suscrito por 

el doctor Maisonet Correa era suficientemente detallado como para 

no ser necesaria la producción del expediente en su totalidad. Ello, 

particularmente ante lo alegado por el señor Álvarez Molina, a los 

efectos de que el referido galeno era su médico de cabecera y que su 

expediente pudiera contener otra información de salud protegida y 

no pertinente al caso de autos. No obstante, el TPI sí ordenó la 

producción del expediente del médico especialista que atendió al 

señor Álvarez Molina, toda vez que el certificado médico provisto 

carecía de información detallada y este estaba íntimamente 

relacionado con la controversia en el caso.
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Inconforme con lo resuelto por el tribunal primario, el 11 de 

diciembre de 2023, Bella International acudió ante nos mediante el 

presente recurso de certiorari. En el mismo plantea que:

El Tribunal de Primera Instancia cometió un craso 

abuso de su discreción al denegar la solicitud de 

producción de expediente médico, pues ignoró que el 

requerimiento va dirigido a una de las controversias 

medulares de este litigio. 

II

A

La Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 

supra, provee un trámite especial para atender las querellas 

relacionadas con las disputas laborales presentadas por empleados 

u obreros en contra de sus patronos. León Torres v. Rivera Lebrón, 

204 DPR 20, 30 (2020), citando a Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 

200 DPR 254 (2018). Este mecanismo se distingue por la celeridad 

con la cual se deben encausar estos procesos judiciales. El carácter 

sumario constituye la médula de esta ley. Íd. 

Con el fin de dar cabal cumplimiento a la intención legislativa 

de establecer un procedimiento expedito y sumario, los Tribunales 

deben abstenerse de revisar las resoluciones interlocutorias que se 

dicten durante dicho proceso. En consecuencia, la parte que 

pretenda impugnarlas deberá esperar hasta la sentencia final e 

instar contra ella el recurso pertinente a base del alegado error 

cometido. En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 

498 (1999), nuestro Tribunal Supremo concluyó que la revisión de 

resoluciones interlocutorias resulta contraria al carácter sumario 

del procedimiento laboral de la Ley Núm. 2. 

Ahora bien, esta norma de autolimitación no es absoluta, pues 

quedaron exceptuadas de dicha prohibición aquellas resoluciones 

dictadas por un tribunal sin jurisdicción y aquellos casos extremos 

en los cuales los fines de la justicia así lo requieran. Íd., pág. 498. 

En específico, el Tribunal Supremo dispuso que procedía la revisión 
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inmediata cuando hacerlo dispondría del caso en forma definitiva o 

cuando tenga el efecto de evitar una grave injusticia. Íd. Véase, 

además, Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 

733 (2016).

B

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, sean procesales o sustantivos. Rivera 

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023; León v. 

Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone taxativamente 

los asuntos que podemos atender mediante el referido recurso.

Caribbean Orthopedics v. Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021);

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).1

Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición 

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La 

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión ecuánime. 

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334-335 (2005).

1 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. 
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Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad 

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la 

referida Regla dispone lo siguiente:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B)Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C)Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D)Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración, 

no procede nuestra intervención.

Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y 

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte 

que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149 DPR 

859, 866 (1999).
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III

En la presente causa, la parte peticionaria sostiene que erró 

el foro a quo al no ordenar la producción del expediente del médico 

de cabecera de la parte recurrida. Aduce que, con dicho acto, el TPI, 

no solo quebrantó las normas aplicables al descubrimiento de 

prueba, sino que se le violentaron sus derechos constitucionales. 

Arguye que ante las alegaciones de la parte recurrida sobre la 

política de vacunación contra el COVID-19 y las posibles 

excepciones por condiciones de salud, resultaba indispensable el 

récord médico del doctor Maisonet Correa. Fundamentó la 

necesidad de dicho récord en que este podría contener más 

información sobre lo que se incluyó en la certificación médica 

suscrita por el aludido doctor, el cual le recomendó a la parte 

recurrida no vacunarse porque podría ser perjudicial por sus 

condiciones de salud existentes. Ante ello, recaba la intervención de 

este Foro para evitar lo que entiende sería un fracaso de la justicia.

Luego de un análisis de los hechos particulares del caso, 

concluimos que no procede apartarnos de la norma general de 

autolimitación en el ejercicio de la función revisora que se nos 

requiere en pleitos de esta naturaleza. Debido a que estamos ante 

una Orden interlocutoria dentro de una causa de acción al amparo 

del procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, y que ninguna de las 

excepciones se encuentra presente en el caso de autos, denegamos 

la expedición del auto solicitado. Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA AP. XXII-B, R. 40. 

La decisión recurrida no es claramente errónea, tampoco se 

dictó sin jurisdicción, ni genera un fracaso de la justicia que 

justifique nuestra intervención. Es un hecho que la condición de 

salud de la parte recurrida es un requisito para la causa de acción 

de referencia. En ese sentido, resulta evidente que el tribunal ejerció 

prudentemente su discreción al ordenar la producción de la 
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totalidad del expediente del cardiólogo que atendió al señor Álvarez 

Molina, toda vez que este se relaciona directamente con la razón por 

la cual no se recomendó la vacunación en cuestión.

Cuando el TPI adjudique en su totalidad la causa de epígrafe, 

la parte perjudicada por la decisión final podrá comparecer ante nos 

y podrá solicitar la revisión de esta y de las resoluciones 

interlocutorias emitidas, de entenderlo procedente.

IV

Por las consideraciones que preceden, denegamos expedir el 

auto de certiorari solicitado.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones