Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

RE ADVERTISING

Patrono

Apelante - Recurrente

v.

NEGOCIADO DE 

SEGURIDAD DE EMPLEO 

(NSE)

Apelado - Recurrido

CRISTIAN F. RIVERA 

CARTAGENA

Reclamante

KLRA202400317

Revisión procedente 

del Departamento 

del Trabajo y 

Recursos Humanos

Apel. Núm.: 

C-00638-24SE

S.S. Núm.: 

XXX-XX-4068

Cifrado: 

600-58-5178

Sobre: Derecho a 

Apelar Sección 6(b) 

y Elegibilidad a los 

Beneficios del 

Seguro por 

Desempleo Sección 

4(b)(2) de la Ley de 

Seguridad de 

Empleo de Puerto 

Rico

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

Un patrono presentó la acción de referencia con el fin de 

impugnar una determinación del Negociado de Seguridad de Empleo 

(el “Negociado”), mediante la cual se le concedieron los beneficios del 

seguro por desempleo a un exempleado. Por las razones que 

exponemos a continuación, desestimamos el recurso de epígrafe, 

toda vez que la norma es que un patrono no tiene legitimación activa 

para solicitar la revisión judicial directa de este tipo de 

determinación.

I.

El Sr. Cristian F. Rivera Cartagena (el “Empleado”) trabajaba 

para RE Advertising (el “Patrono” o “Recurrente”). Una vez cesó 
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como empleado del Patrono, el Empleado solicitó al Departamento 

del Trabajo los beneficios del seguro por desempleo. 

El 12 de febrero de 2024, el Negociado envió al Patrono el 

Aviso al Último Patrono sobre Determinación, en el cual le notificó que 

el Empleado era elegible para recibir los beneficios del seguro por 

desempleo. 

Ante esto, el Patrono envió una carta a la División de 

Apelaciones del Negociado (la “División”) en la que expresó estar en 

desacuerdo con la determinación emitida, ya que el Empleado había 

renunciado porque tenía otra oferta de empleo, según este lo hizo 

constar al Patrono por escrito.

El 4 de marzo, la División notificó una Resolución mediante la 

cual confirmó la determinación de elegibilidad emitida por el 

Negociado. La División razonó que el Patrono no proveyó, durante 

el proceso de investigación, la información a la que se refiere la 

Sección 6(b) de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, infra.

El Recurrente presentó un recurso de apelación 

administrativa ante la Oficina de Apelaciones del Secretario del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El 26 de abril, se 

notificó la Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, 

en la cual se confirmó la Resolución de la División notificada el 4 de 

marzo. En la misma, se establece lo siguiente:

La Sección 6(b) de la Ley de Seguridad de Empleo 

establece lo siguiente:

(b) Revisión por Árbitros

Cualquier parte con derecho a recibir notificación de 

alguna determinación según lo dispuesto en la 

Sección 5(e) puede establecer apelación contra la 

determinación ante un árbitro dentro del tiempo 

especificado en las Secciones 5(f) y 5 (g)(6). Sin embargo, 

cualquier apelación contra una determinación hecha 

por el Director o un árbitro que envuelva las

disposiciones de la Sección 4(b)(6) se hará ante el 

Secretario. Las partes en una apelación contra una 

determinación incluirán a todas aquellas personas con 

derecho a recibir notificación de la determinación y al

Director. Siempre que una apelación envuelva alguna 
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controversia con respecto a si el servicio prestado 

constituye trabajo asegurado, el árbitro dará aviso de la 

apelación y la cuestión envuelta a la unidad de empleo 

para la cual se prestó dicho servicio; y dicha unidad de 

empleo, pasará a ser parte en la apelación si ya no lo 

fuere. Si una apelación contra una determinación 

estuviere pendiente en la fecha en que expidiere una 

redeterminación, la apelación si no se hubiere desistido 

de ella, será considerada como una apelación contra 

dicha redeterminación. Puede desistirse de las 

apelaciones a solicitud del apelante y con permiso del 

árbitro siempre que el récord, a base de la apelación, y 

la solicitud de desistimiento sostenga la validez de la 

determinación y se demuestre que no hubo coerción o 

fraude en el desistimiento.

El formulario PRSD-518C, “Entrevista Búsqueda de 

Datos”, es utilizado por los entrevistadores del 

Negociado de Seguridad de Empleo durante la etapa 

inicial investigativa en este tipo de reclamación. Una vez 

el reclamante ofrece su versión de los hechos por los 

cuales ha quedado cesante, entonces los 

entrevistadores hacen hasta un máximo de dos 

llamadas telefónicas al último patrono para que provea 

información sobre la cesantía.

La información que debe suministrar el patrono y a la 

que hace referencia la Sección 6(b) es la Forma PRSD501, “Notificación de Solicitud para Beneficios por 

Desempleo, Cargos Potenciales y Petición de 

Información sobre Cesantía. Este formulario es 

generado por el sistema SABEN (Sistema Automatizado 

de Beneficios) del NSE, el cual se le envía al patrono 

para que provea información, con el propósito de 

determinar la elegibilidad del reclamante a recibir los 

beneficios del seguro por desempleo. Cuando el 

Negociado no recibe el PRSD-501, el entrevistador envía 

por fax un segundo aviso, proveyéndole un término para 

completar el proceso de evaluación.

Surge de las notas del sistema automatizado (SABEN) 

que el patrono no sometió el Formulario PRSD-501 

debidamente contestado y no hay información en el 

sistema UI SIDES. El entrevistador procedió a 

determinar la elegibilidad del reclamante con la 

información provista por éste en la Entrevista de 

Búsqueda de Datos.

El Patrono solicitó reconsideración, lo cual fue denegado por 

la agencia recurrida mediante una determinación notificada el 22 de 

mayo.

Inconforme, el 17 de junio, el Patrono, por derecho propio, 

presentó el recurso que nos ocupa. Arguye que, según planteado 

ante la agencia recurrida, el Empleado renunció “porque tenía otra 

oferta de empleo según lo indica en su carta de renuncia”, la cual 
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sostuvo haber entregado a la agencia “en varias ocasiones”. Plantea 

que el “Formulario PRSD-501” nunca lo recibió, por lo cual no 

haberlo cumplimentado no debería afectarle adversamente. 

Disponemos.

II.

La doctrina de justiciabilidad (incluido lo relacionado con la 

legitimación activa) es un “mecanismo utilizado por los tribunales 

para delimitar su propia jurisdicción y no adentrarse en los 

dominios de otras ramas de gobierno, y no lanzarse a resolver 

cuestiones hipotéticas o planteadas dentro de un contexto 

inadecuado”. Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593, 

598 (1992). En el ámbito administrativo, la Sección 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU), Ley Núm. 38-2017, (3 LPRA sec. 9601 et seq.), establece los 

criterios que tiene que demostrar aquél que interese acudir al foro 

judicial en revisión de la determinación administrativa. 

En lo aquí pertinente, tiene legitimación activa para presentar 

el recurso de revisión judicial una parte adversamente afectada por 

una orden o resolución final de una agencia. Íd. Por lo tanto, es 

indispensable que la persona que solicite la revisión judicial de una 

determinación administrativa sea una parte y que esté 

adversamente afectada por la decisión administrativa. Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 918 (2012). Esta sería la única 

persona legitimada para radicar dicha acción.

En ese contexto, para que una parte en el procedimiento 

administrativo se considere adversamente afectada por la decisión 

de la agencia, con efecto de legitimación para presentar un recurso 

de revisión judicial, es necesario que el efecto de la determinación 

administrativa sea desfavorable a sus intereses. Fund. Surfrider y 

otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 577 (2010). El concepto 

“adversamente afectado” procura que el litigante que interese 
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solicitar la revisión judicial demuestre que sufre o sufrirá un efecto 

adverso, daño o lesión a sus intereses particulares de modo que la 

intervención judicial se dé en el contexto de una controversia real 

con el propósito de dar un remedio a un litigante verdaderamente 

afectado. Íd., a la pág. 578.

III.

La Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 

de 21 de junio de 1956 (Ley Núm. 74), (29 LPRA sec. 701 et seq.), 

tiene como propósito promover la seguridad de empleos facilitando 

las oportunidades de trabajo por medio del mantenimiento de un 

sistema de oficinas públicas de empleo y proveer para el pago de 

compensación a personas desempleadas por medio la acumulación 

de reservas. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 

466 (1996).

Este estatuto establece los requisitos para cualificar a los 

beneficios por desempleo y los parámetros para determinar las 

contribuciones que deben pagar los patronos para sufragar el fondo 

de desempleo. Acevedo, Íd. Asimismo, en la Ley Núm. 74 se 

expresan las condiciones de elegibilidad para recibir los beneficios 

de desempleo. 29 LPRA sec. 704.

Compete al Director del Negociado evaluar la solicitud de 

beneficios y el cumplimiento con los criterios de elegibilidad bajo la 

Ley Núm. 74. 29 LPRA secs. 704 y 705(d) (1). De otra parte, el 

estatuto establece que el último patrono que haya empleado al 

reclamante tendrá derecho a ser notificado de la determinación del 

Negociado si provee información al Director de acuerdo con las 

disposiciones de la sección 705(c). 29 LPRA sec. 705(e). Por último, 

la citada ley autoriza a cualquier parte con derecho a recibir 

notificación a solicitar la apelación de la determinación del 

Negociado ante un árbitro de la División de Apelaciones del 

Negociado. 29 LPRA sec. 706(b).
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Por otra parte, el patrono no se considera como una parte 

adversamente afectada por una determinación administrativa de 

conceder beneficios por desempleo, por lo cual no tiene legitimación 

activa para solicitar la revisión judicial de la misma. Acevedo, 

140 DPR, a las págs. 466-467. Según la norma vigente, “el patrono 

no está expuesto a pérdida económica alguna ante una 

determinación del [Negociado], debido a que los beneficios por 

desempleo provienen del fondo de reserva y no de los recursos del 

patrono”. Íd., a las págs. 467-468.

IV.

A la luz de la norma reseñada, nos vemos forzados a concluir 

que el Patrono no tiene legitimación activa para solicitar la revisión 

judicial de la determinación recurrida. En este contexto, la

participación de un patrono está limitada al procedimiento 

administrativo.

Así pues, ante la falta de legitimación activa del Patrono, 

estamos en la obligación de desestimar el recurso ante nos por falta 

jurisdicción.

V.

Por fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso de 

revisión judicial por ausencia de legitimación activa.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones