Número Identificador

SEN2024 _____________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

OATA-2023-1651

AUTORIDAD DE LOS 

PUERTOS DE PUERTO 

RICO

Patrono-Peticionario

v.

HERMANDAD DE 

EMPLEADOS DE 

OFICINA COMERCIO Y 

RAMAS ANEXAS DE 

PUERTO RICO

Unión-Recurrida

NEGOCIADO DE 

CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE

Organismo 

Administrativo

KLCE202300724

CERTIORARI

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Caso Núm. 

SJ2021CV02320

Sala: 503

Sobre: Impugnación 

de Laudo

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Pérez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

Comparece ante nos, la Autoridad de los Puertos de Puerto 

Rico, (en adelante, parte peticionaria o Autoridad de Puertos) quien 

presenta el presente recurso de certiorari mediante el cual solicita la 

revisión de una Sentencia emitida el 18 de abril de 2023 y notificada 

el 20 de abril del mismo año, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, (en adelante, TPI). En dicho dictamen el 

TPI confirmó una Revisión de un Laudo de Arbitraje. 

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente y 

el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-165 se designa al Juez Joel A. 

Cruz Hiraldo en sustitución de la Jueza Eileen J. Barresi Ramos.
KLCE202300724 2

expedimos el auto de certiorari y confirmamos el dictamen recurrido

mediante los fundamentos que expondremos a continuación.

-ILa Autoridad de Puertos y la Hermandad de Empleados de 

Oficina de Comercio y Ramas Anexas de Puerto Rico, (en adelante, 

HEO), pactaron un Convenio Colectivo con vigencia desde el 1 de 

octubre de 2000 hasta el 30 de septiembre de 2007. Al momento de 

los hechos del pleito de epígrafe, el Convenio Colectivo había sido 

extendido y se encontraba vigente. La Sección II,2 intitulada 

Declaración de Principios provee a las partes negociar colectivamente 

las principales condiciones que puedan afectar a los empleados, 

entiéndase, salarios, condiciones económicas, entre otras cosas. 

Por otro lado, en el Artículo II de la antedicha sección, se 

desprende que: 

La Unión reconoce y acepta que la administración de la 

Autoridad y dirección de la fuerza obrera son 

prerrogativa exclusiva de la Autoridad. Por lo tanto, 

salvo como expresamente se limita por los términos de 

este Convenio, la Autoridad retendrá el control de todos 

los asuntos concernientes a la operación, manejo y 

administración de la empresa. Dichos poderes y 

prerrogativas no serán utilizadas por la Autoridad 

arbitraria o caprichosamente contra empleado alguno, 

ni con el propósito de discriminar contra la Unión o sus 

miembros, ni para actuación que constituya una 

violación a lo provisto por este Convenio.3

En cuanto a la Reclasificación contenida en el Artículo XII, el 

Convenio Colectivo dispone: 

Sección 1: Cuando los deberes y responsabilidades 

de un puesto cambien sustancial y 

permanentemente, el incumbente del puesto o la 

Autoridad podrá solicitar la reclasificación del 

mismo. La petición de reclasificación se hará por 

escrito a la Oficina de Recursos Humanos, quien deberá 

resolver en un término no mayor de sesenta (60) días 

naturales, a partir de la fecha en que se reciba en la 

Oficina de Recursos Humanos dicha solicitud. (Énfasis 

suplido).

Sección 2: Una vez la Oficina de Recursos Humanos 

tome la determinación correspondiente, le 

2 Apéndice XVI (A) del Recurso de Certiorari, pág. 170.

3 Íd., pág. 171.
KLCE202300724 3

notificará al empleado afectado a la Unión, 

conjuntamente con el estudio efectuado que la 

sustente. En caso de que el empleado afectado no esté

de acuerdo con la decisión tomada por la Oficina de 

Recursos Humanos, o en caso de que hubiesen 

transcurrido los sesenta (60) días sin que hubiese sido 

tomada la decisión por la Oficina de Recursos 

Humanos, éste podrá, dentro de los diez (10) días 

subsiguientes apelar ante un Comité de Clasificaciones 

compuesto por un representante técnico designado de 

la Autoridad y un representante técnico designado de la 

Unión. (Énfasis suplido).

Sección 3: De haber acuerdo de ambos representantes, 

su determinación al respecto será final e inapelable.

Sección 4: Si el Comité de Clasificaciones no llega a un 

acuerdo, en un término de 60 días, el empleado y la 

Unión podrán apelar dentro de los quince (15) días 

laborables siguientes de finalizado este término

directamente al Negociado de Conciliación y Arbitraje 

conforme la segunda etapa del Artículo XLII Ajuste de 

Controversias.

Sección 5: Toda reclasificación será efectiva a la fecha 

en que el empleado radicó la reclamación y se le 

concederá el aumento de la siguiente forma:

a) La diferencia en básico entre escala o dos 

pasos en la escala asignada al puesto, lo que 

sea mayor.

b) En caso de que el puesto sea reclasificado a un 

nivel inferior, no se le reducirá el sueldo del 

empleado.

Sección 6: Si como resultado de cambios en los 

requisitos, deberes o funciones de una plaza, el 

personal de la Unidad Apropiada que ocupa la plaza 

afectada no cumple con los nuevos requisitos, 

deberes o funciones establecidos, a ese personal 

afectado se podrá reubicar en otra plaza para la que 

cualifique y esté disponible al momento de 

establecer los nuevos requisitos, deberes o 

funciones de conformidad con las disposiciones de 

este Convenio. (Énfasis suplido).

De igual forma, sobre la Reasignación de un puesto, el 

Convenio Colectivo provee el proceso en su Artículo XIII.4 Veamos: 

Sección 1: El empleado podrá solicitar la reasignación 

del puesto que ocupa cuando considere que se dan las 

circunstancias que ameriten tal reasignación, según 

estas se definen en la siguiente sección. 

Sección 2: La escala salarial de un puesto podrá ser 

revisada de demostrarse que han surgido cambios 

4 Íd., pág. 187.
KLCE202300724 4

sustanciales y permanentes en los factores que afectan 

la complejidad y responsabilidad del mismo. 

Sección 3: La Oficina de Recursos Humanos realizará el 

estudio correspondiente y notificará al incumbente y su 

supervisor los resultados del estudio, dentro de los 

sesenta (60) días de haberse recibido la petición y los 

documentos necesarios en apoyo de la misma. 

Sección 4: De proceder la reasignación del puesto, el 

ajuste del mismo en la escala salarial se hará conforme 

a las disposiciones del Artículo XII (Reclasificación) de 

este Convenio. 

Sección 5: En caso de que el empleado no esté de 

acuerdo con la decisión de la Oficina de Recursos 

Humanos o transcurrido los sesenta (60) días sin tomar 

decisión, éste podrá dentro de los diez (10) días 

subsiguientes, apelar ante el Comité de Clasificaciones. 

El Comité de Clasificación tendrá sesenta (60) días para 

tomar su decisión y de no hacerlo en este término, el 

empleado y la Unión podrán apelar dentro de los quince 

(15) días laborables siguientes, directamente al 

Negociado de Conciliación y Arbitraje.5

En adición a lo anterior, ambas partes pactaron que, ante 

algún asunto resuelto insatisfactoriamente, las controversias se 

resolverían a través del procedimiento acordado. El Artículo XIII del 

Convenio Colectivo, Sección 2, dispone en lo relativo que, (1) la 

primera etapa corresponde a una Fase administrativa; (2) La 

segunda etapa se produciría en arbitraje cuando la querella no 

haya sido resuelta satisfactoriamente por las partes en su etapa 

anterior.

6 Además dicho Artículo establece que: “La decisión del 

árbitro será final e inapelable siempre y cuando sea conforme a 

derecho”.7 (Énfasis suplido).

A tenor con dicho marco contractual, mediante una carta

fechada del 10 de julio de 2009 y firmada y, posteriormente

aprobada el 4 de septiembre de 2009, el Director Ejecutivo de la 

Autoridad de Puertos, el señor Álvaro Pilar Vilagrán, en conjunto 

con la señora Rita M. Torres Carrasquillo, DEA [sic] en 

Administración y la señora Gladys G. Meléndez Díaz, Directora de 

5

Íd., pág. 188.

6 Apéndice XVI (B) del Recurso de Certiorari, pág. 127.

7 Íd., pág. 128.
KLCE202300724 5

Recursos Humanos y Relaciones Laborales en representación de la

Autoridad de Puertos, notificaron la revisión de clase de puesto de 

Vigía Marino.8

En esencia, la revisión y modificación de clase de Vigía Marino 

reflejó varios cambios, incluyendo: (1) requerir destrezas en la 

operación de aplicaciones de computadora tales como: “Word” y 

navegación de internet; (2) requerir pleno dominio de los idiomas 

inglés y español; y (3) requerir tomar un curso básico de navegación, 

de aproximadamente 24 horas, con el fin de proveerles a estos

herramientas adicionales sobre el control de tráfico de las 

embarcaciones.9

Así las cosas, el 18 de mayo de 2010, el señor Rosvaldo 

Velázquez La Santa (en adelante, señor Velázquez La Santa o 

solicitante), peticionó a Recursos Humanos y Relaciones Laborales 

de la Autoridad de Puertos, (en adelante, Recursos Humanos), por 

conducto de la Directora, la señora Meléndez Díaz, la reasignación 

en escala de clasificación del puesto que ocupaba como Vigía 

Marino. Arguyó que, habían variado los factores que afectaban la 

complejidad y responsabilidad del puesto. 10

El 13 de junio de 2020, la Autoridad de Puertos recibió el 

Cuestionario de Clasificación del puesto de Vigía Marino completado 

por el señor Velázquez La Santa, el señor Federico Bauzó, supervisor 

de Tráfico Portuario; y por el señor Domingo Marrero, Gerente 

Auxiliar de Operaciones Marítimas.11 Posteriormente, el 23 de 

septiembre de 2010, la Gerente de Recursos Humanos remitió a la 

Directora de Recursos Humanos, la señora Meléndez Díaz, un

informe con los hallazgos de la revisión del puesto de Vigía Marino. 

El 30 de septiembre de 2010 la señora Meléndez Díaz le notificó al 

8 Apéndice XVI (A) del Recurso de Certiorari, págs. 130-134.

9

Íd.

10 Apéndice XVI (B) del Recurso de Certiorari, pág. 135.

11 Apéndice XVI (A) del Recurso de Certiorari, págs. 142-148.
KLCE202300724 6

señor Velázquez La Santa, la denegatoria de la reasignación de la 

clase de Vigía Marino a una escala superior, toda vez que, conforme 

al estudio y análisis de clasificación efectuado, el Departamento de 

Recursos Humanos concluyó que, no habían surgido cambios 

sustanciales ni permanentes en las labores y deberes del puesto, por 

lo que no procedía dicha reasignación de escala y sueldo. Esta 

misiva fue recibida por el señor Velázquez La Santa el 25 de octubre 

de 2010.12

El 4 de febrero de 2011, la HEO acudió al Negociado de 

Conciliación y Arbitraje solicitando revisión de la determinación 

emitida y notificada por la señora Meléndez Díaz. Mientras, el 5 de 

octubre de 2012, la perito de la HEO, la señora Gladys Rivera 

Medina, emitió un informe pericial.13 Luego de la presentación de 

los respectivos alegatos de las partes y tras varios incidentes 

procesales que no es necesario pormenorizar, el 27 de mayo de 

2015, el asunto quedó sometido para la consideración del Negociado 

de Conciliación y Arbitraje. 

El 17 de marzo de 2021, la Honorable Árbitro Alcántara

Mañaná emitió el laudo que nos ocupa. La Árbitro señaló que, de 

acuerdo con un análisis de la prueba documental presentada, los 

criterios esbozados por la Autoridad de Puertos para la clasificación 

y reasignación de puestos, las expresiones de los supervisores y 

gerenciales de los vigías marinos, las disposiciones del Convenio 

Colectivo, en adición al informe pericial vertido por la perito de la 

HEO, procedía el reclamo del señor Velázquez La Santa. A estos 

fines, ordenó el cambio de grupo ocupacional y retributivo 

correspondiente para atender el reclamo del solicitante.14

12 Apéndice XVI (B) del Recurso de Certiorari, pág. 272.

13 Apéndice XVI (A) del Recurso de Certiorari, págs. 149-163.

14 Íd., págs. 106-114.
KLCE202300724 7

En desacuerdo con el dictamen emitido, el 15 de abril de 2021 

la Autoridad de Puertos acudió ante el Tribunal de Primera Instancia 

para la Revisión de Laudo. Le imputó a la Árbitro haber incidido en:

(1) no brindar la deferencia gerencial a la Autoridad de Puertos y (2) 

al determinar que procedía la reasignación del grupo ocupacional 

cuando no se cumplían los requisitos dispuestos por el Convenio 

Colectivo que lo justificara.15 Con el beneficio de la comparecencia 

de ambas partes, el Foro de Instancia sostuvo el laudo arbitral. 

Mediante Sentencia emitida y notificada el 18 de abril de 2023, el 

foro primario declaró No Ha Lugar el recurso de revisión del laudo

presentado por la Autoridad de Puertos. Añadió que, el Convenio 

Colectivo restringía las actuaciones de la Autoridad de Puertos, en 

cuanto no se realizara un estudio correspondiente. Sustentó,

además, que existían cambios sustanciales y permanentes que 

validaban la solicitud de reasignación de puesto. Finalmente, el Foro 

a quo señaló que, basado en su apreciación de la prueba y a tenor 

con el Convenio Colectivo vigente, el laudo fue emitido conforme a 

derecho por lo que no se justificaba su intervención.

16

Inconforme con el dictamen, la parte peticionaria presentó el 

recurso que nos ocupa y le imputó al foro primario la comisión de 

los siguientes errores:

Erró el TPI como cuestión de derecho al denegar la 

revisión del Laudo Núm. A-11-2013, pues declinó 

aplicar el Artículo II sobre “Derechos de la Gerencia” del 

Convenio Colectivo vigente, bajo el criterio que en un 

asunto que trate sobre reasignación de puesto no 

procede ejercerse una deferencia gerencial. Ello, a pesar 

de que la declaración de principios del referido convenio 

colectivo y la jurisprudencia interpretativa obligan a que 

los compromisos y obligaciones ratificadas en un pacto 

entre las partes tienen carácter vinculante y es ley entre 

las partes. 

Erró el TPI como cuestión de derecho al confirmar un 

laudo que concedió un remedio sobre reasignación de 

grupo ocupacional y ajuste salarial del puesto de vigía 

marino, aun cuando no figuraban los requisitos 

15 Apéndice XVI del Recurso de Certiorari, págs. 70-104.

16 Apéndice V del Recurso de Certiorari, págs. 19-29.
KLCE202300724 8

desglosados en el Artículo XIII del Convenio Colectivo 

en torno a cambio sustancial y permanente en factores 

que afectan la complejidad y responsabilidad del 

puesto. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a examinar el derecho aplicable.

-II-

-AEl recurso de certiorari es un mecanismo procesal de carácter 

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones del tribunal recurrido. Rivera et al. v. Arcos 

Dorados et al, 212 DPR 194 (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las 

Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012). En lo pertinente al presente caso, la 

Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R.32(D), establece que el recurso de certiorari es el vehículo 

procesal adecuado para revisar las resoluciones, órdenes o 

sentencias finales de un laudo de arbitraje del TPI. La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1., establece los preceptos 

que regulan la expedición discrecional que ejerce el Tribunal de 

Apelaciones sobre el referido recurso para la revisión de resoluciones 

y órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 709 

(2019). En lo pertinente, la Regla 52.1, supra, dispone lo siguiente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
KLCE202300724 9

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 

contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 

sobre los errores no perjudiciales.

La discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del resto 

del Derecho y, por lo tanto, es una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para así llegar a una conclusión justiciera. 

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 847 (2023); 

Mun. Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019); IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Así pues, la discreción 

judicial para expedir o no el auto de certiorari no ocurre en un vacío 

ni en ausencia de parámetros. Id. pág. 338. Cónsono con lo anterior, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R.40, orienta la función del tribunal intermedio para ejercer 

sabiamente su facultad discrecional y establece los criterios que 

debe considerar al determinar si procede o no expedir un auto de 

certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera et al. 

v. Arcos Dorados et al. supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, 

supra, pág. 709; McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, 

págs. 404-405; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, págs. 338-339.

La referida regla dispone lo siguiente:

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.
KLCE202300724 10

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

Cabe precisar que el recurso de certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y 

solamente por razones de peso. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 

913, 918 (2009). Es por ello que, los tribunales revisores deben 

limitarse a aquellos casos en que la ley no provee un remedio 

adecuado para corregir el error señalado. Id. pág. 918. Nuestro 

ordenamiento jurídico ha establecido que el tribunal revisor sólo 

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios 

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos: (1) 

actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso 

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 

Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., supra; Cruz Flores et al. v. Hosp. 

Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

-BEl Tribunal Supremo ha definido el Laudo de Arbitraje como 

la decisión final de un árbitro al disponer de una controversia. Es 

decir, “la decisión o fallo que dictan los árbitros”. VDE Corporation 

v. F&R Contractors, 180 DPR 21,45 (2010). Nuestro más alto Foro 

también ha señalado que “[u]n laudo arbitral tiene una naturaleza 

similar a una sentencia o decreto judicial”. UIL de Ponce v. Dest. 

Serrallés, Inc., 116 DPR 348, 354 (1985).
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Por otra parte, en Puerto Rico existe una política pública

vehemente a favor del arbitraje obrero-patronal. UGT v. HIMA, 212 

DPR 492, 500 (2023); UGT v. Centro Médico del Turabo, 208 DPR 

944, 955 (2022); AAA v. UIA, 200 DPR 903, 922 (2018); CFSE v. 

Unión de Médicos, 170 DPR 443, 449 (2007); Martínez Rodríguez v. 

AEE, 133 DPR 986, 995 (1993). Esto, como un método alterno ideal, 

flexible y menos oneroso que el litigio judicial para dirimir las 

disputas que emanan de la relación laboral. UGT v. Centro Médico 

del Turabo, supra, pág. 500; Indulac v. Unión, 207 DPR 279, 294 

(2021). A tenor con lo anterior, las determinaciones de los árbitros 

en los procedimientos de arbitraje y de los laudos emitidos, están 

revestidas de gran deferencia. UGT v. Centro Médico del Turabo, 

supra, pág. 955.

Por tal razón, un convenio de arbitraje “impone un carácter 

excluyente al proceso judicial, ya que una cláusula de arbitraje es 

un contrato que impide a los jueces y tribunales conocer en primera 

instancia de los conflictos o cuestiones litigiosas sometidas a 

arbitraje”. Indulac v. Unión, supra, págs. 293-294. De esta forma, la 

revisión de un laudo arbitral “se circunscribe a la determinación de 

la existencia de fraude, conducta impropia, falta del debido proceso 

de ley, violación a la política pública, falta de jurisdicción o que el 

laudo no resuelve todos los asuntos en controversia”. Aut. Puertos v. 

HEO, 186 DPR 417, 427 (2012); CFSE v. Unión de Médicos, supra, 

pág. 449. 

No obstante, esta norma de autolimitación encuentra una 

excepción cuando las partes pactaron que el laudo arbitral se emita 

conforme a derecho. Pues, el foro judicial debe realizar una revisión 

judicial más incisiva, teniendo la facultad de revisar los méritos del 

laudo arbitral y corregir los errores jurídicos, a tenor con las 

doctrinas legales y prevalecientes. Indulac v. Unión, supra, pág. 295; 

Depto. Educ. v. Díaz Maldonado, 183 DPR 315, 326 (2011); 
KLCE202300724 12

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 33 (2011). Por lo 

que “[u]n laudo conforme a derecho confiere a las partes la 

certidumbre de que el resultado arbitral estará estrictamente 

aferrado a los límites de la ley, y que no se concederá un remedio 

más allá del provisto por nuestro andamiaje jurídico”. COPR v. SPU, 

181 DPR 299, 347 (2011). De lo contrario, cuando el convenio 

arbitral no dispone que los asuntos se resuelvan conforme a 

derecho, el árbitro o la árbitra puede determinar cuál es la ley 

aplicable y eludir el derecho sustantivo. CFSE v. Unión de Médicos, 

supra, pág. 449-450.

A estos fines, nuestro más alto Foro ha sentenciado que: 

Como norma general, y cuando las partes no han

acordado que el laudo sea conforme a derecho,

finalizado el trámite de arbitraje, las

determinaciones realizadas por el árbitro son finales

e inapelables y no pueden litigarse ante los

tribunales. Tampoco se puede indagar sobre el

proceso deliberativo, mental y decisional del

árbitro. Mucho menos resultan revisables alegados

errores en la apreciación de la prueba o en la

aplicación del derecho. Constructora Estelar v. Aut.

Edif. Púb., supra, págs. 32-33. (Énfasis nuestro).

Sin embargo, cualquier impugnación de un laudo arbitral, sea 

por las causas tradicionales o por no estar resuelto conforme a 

derecho, debe realizarse a tenor con las reglas aplicables a la 

revisión de las decisiones administrativas. UIL de Ponce v. Dest. 

Serrallés, Inc., supra, págs. 355-356.

Una de las instancias en las que se faculta a un tribunal a 

realizar una revisión judicial incisiva es cuando en el procedimiento

de arbitraje se eludió el debido proceso de ley, es decir, un 

procedimiento justo en el que se le garantice a las partes las debidas 

garantías ofrecidas por la ley. Indulac v. Unión, supra, pág. 296. 

Empero, “el debido proceso de ley que se exige en un procedimiento 

de arbitraje es el mínimo necesario que acredite una resolución justa 

de la controversia”. Íd., pág. 297. A saber, “se cumple con el debido 

proceso de ley en el ámbito del arbitraje obrero-patronal si se le 
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notifica e informa al agraviado de los cargos en su contra, se celebra 

una vista y se le da oportunidad al agraviado de someter evidencia”. 

Íd., págs. 297-298.

-CPor otro lado, concerniente a la revisión judicial de los 

procesos de arbitraje, nuestro máximo foro judicial ha expresado 

que, aunque la intervención no esté vedada, ante un convenio de 

arbitraje lo más prudente es la abstención judicial. UCPR v. Triangle

Engineering Corp., 136 DPR 133, 142 (1994). Cónsono con este 

pronunciamiento, “los procedimientos de arbitraje y los laudos 

emitidos en el campo laboral gozan ante los tribunales de justicia de 

una especial deferencia”, para que un tribunal pueda entender sobre 

la revisión de un laudo tienen que ocurrir circunstancias especiales.

UGT v. Centro Médico del Turabo, supra, pág. 955.

La revisión de un laudo de arbitraje en un tribunal puede ser 

impugnado por cualquiera de las partes si ocurre: (a) fraude, (b) 

conducta impropia, (c) falta de debido procedimiento de ley, (d) 

violación de la política pública, (e) falta de jurisdicción, (f) que 

el laudo no resuelve todas las cuestiones en controversia que se 

sometieron, y (g) para revisar su corrección y validez 

jurídica. JRT v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 DPR 62, 68 (1987).

(Énfasis suplido). Esto implica que, “un laudo no puede anularse 

por meros errores de criterio ya sean éstos en cuanto a la ley o 

en cuanto a los hechos”. COPR v. SPU, supra, pág. 329.

En vista de ello, que el laudo se deba emitir conforme a 

derecho significa que, los foros judiciales apelativos tendrán la 

autoridad para revisar todas las cuestiones de 

derecho sustantivo resueltas por el árbitro para poder determinar si 

son correctas. COPR v. SPU, supra, pág. 370. Finalmente, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que:
KLCE202300724 14

“los laudos tienen presunción de corrección, similar al 

que se atribuye a las determinaciones de las agencias 

administrativas o a las sentencias, por lo cual la 

autoridad para revisarlos no constituye una licencia 

para favorecer la nulidad del laudo. En estas 

circunstancias, el laudo solo se puede anular si no 

se ha resuelto la controversia conforme a derecho”.

Íd. pág. 370. (Énfasis suplido).

-D-

“El convenio colectivo es un contrato que, como tal, tiene 

fuerza de ley entre las partes suscribientes siempre que no 

contravenga las leyes, la moral y el orden público”. COPR v. SPU, 

supra, pág. 320; JRT v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 

318, 333 (1988). Un convenio colectivo es un contrato y, como tal, 

tiene fuerza de ley entre las partes y debe cumplirse con estricta 

rigurosidad. CFSE v. Unión de Médicos, supra, pág. 451. Así las 

cosas, “el convenio colectivo obliga al patrono, a la unión y a los 

miembros individuales de la unión”. San Juan Mercantile Corp. v. 

JRT, 104 DPR 86, 89 (1975) (Énfasis suplido). Como resultado, “ni 

el patrono ni los obreros pueden pretender beneficiarse de 

ciertas cláusulas ... y rechazar otras”. Íd. (Énfasis suplido).

Nuestro máximo foro judicial ha señalado que “cuando en el 

convenio colectivo que rige las relaciones obrero-patronal las partes 

acuerdan utilizar el mecanismo del arbitraje como método alterno, 

se crea un foro sustituto a los tribunales de justicia, lo que, en 

efecto, [...] representa una sustitución del juez por el árbitro”. UGT 

v. Centro Médico del Turabo, supra, pág. 955. HIETEL v. PRTC, 182 

DPR 451, 456 (2011).

-IIINos corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra 

facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la 

Regla 32 (d) del Tribunal de Apelaciones, supra. De ordinario, bajo 

nuestra facultad revisora, “el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 
KLCE202300724 15

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo”. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 594 (2011), la 

respuesta es en la afirmativa.

En el recurso de marras, como primer error, la Autoridad de 

Puertos nos señala que incidió el Tribunal de Primera Instancia al 

denegar la revisión del laudo pues declinó aplicar el Artículo II sobre 

“Derechos de la Gerencia” del Convenio Colectivo vigente, bajo el 

criterio que en un asunto que trata sobre reasignación de puesto no 

procede ejercerse una deferencia gerencial. Ello, a pesar de que la 

declaración de principios del referido convenio colectivo y la 

jurisprudencia interpretativa obligan a que los compromisos y 

obligaciones ratificadas en un pacto entre las partes tienen carácter 

vinculante y es ley entre las partes. No le asiste la razón. 

El Artículo II del Convenio Colectivo de la Autoridad de 

Puertos deriva los Derechos de la Gerencia. El génesis de esta 

controversia estriba enteramente en una oración de este. Veamos 

La Unión reconoce y acepta que la administración de la 

Autoridad y dirección de la fuerza obrera son 

prerrogativa exclusiva de la Autoridad. Por lo tanto, 

salvo como expresamente se limita por los términos 

de este Convenio, la Autoridad retendrá el control 

de todos los asuntos concernientes a la operación, 

manejo y administración de la empresa.

[...].17(Énfasis suplido).

Como puede observarse, del Convenio Colectivo la HEO

reconoce los derechos de la agencia. No obstante, este derecho de la 

Autoridad de Puertos no es absoluto, es decir, el propio Convenio 

Colectivo lo restringe. Ante una reclamación de clasificación de 

puestos, la Autoridad de Puertos tiene la obligación de seguir las 

disposiciones precitadas y “que dichos poderes y prerrogativas no 

sean utilizadas por la Autoridad de Puertos de manera arbitraria o 

caprichosamente contra empleado alguno, ni con el propósito de 

17 Apéndice XVI (A) del Recurso de Certiorari, pág. 171.
KLCE202300724 16

discriminar contra la Unión o sus miembros, ni para actuación que 

constituya una violación a lo provisto por este Convenio”.18

Como vemos, ante una solicitud de reasignación de puesto, la 

Autoridad de Puertos estaba impedido de denegar la misma, 

amparándose en que mantenía deferencia gerencial ante las 

decisiones tomadas. Adviértase que, el propio Artículo II le reconoce 

el control exclusivo de todos los asuntos concernientes a la 

operación, manejo y administración de la agencia, siempre y cuando 

cumpla con sus obligaciones. 

Asimismo, la Autoridad de Puertos señala que, la declaración 

de principios del referido convenio colectivo y la jurisprudencia 

interpretativa obligan a que los compromisos y obligaciones 

ratificadas en un pacto entre las partes tienen carácter vinculante y 

es ley entre las partes. Ciertamente, tal como ha sido respaldado por 

nuestra jurisprudencia la Autoridad de Puertos estaba obligada al 

cumplimiento con las disposiciones contenidas en los Artículos II, 

XII y XII del Convenio Colectivo. Reiteramos que, “ni el patrono ni 

los obreros pueden pretender beneficiarse de ciertas cláusulas 

... y rechazar otras”. San Juan Mercantile Corp. v. JRT, supra, pág. 

89. (Énfasis suplido). Concluimos que no se cometió el error, toda 

vez que luego de una lectura integral de los Artículos II, XII y XII la 

facultad de la Autoridad de Puertos se encontraba limitada por los 

términos del Convenio Colectivo, por lo que no podía entenderse 

como una carta en blanco para el manejo de los asuntos 

relacionados a la operación, manejo y administración de la agencia. 

No se cometió el error señalado.

Como segundo señalamiento de error, la Autoridad de Puertos 

añadió que erró el Foro a quo como cuestión de derecho al confirmar 

un laudo que concedió un remedio sobre reasignación de grupo 

18 Apéndice XVI (A) del Recurso de Certiorari, pág. 171.
KLCE202300724 17

ocupacional y ajuste salarial del puesto de vigía marino, aun cuando 

no figuraban los requisitos desglosados en el Artículo XIII del 

Convenio Colectivo en torno a cambio sustancial y permanente en 

factores que afectan la complejidad y responsabilidad del puesto. 

No le asiste la razón.

La Autoridad de Puertos expone que esencialmente, no 

procede la reasignación del grupo ocupacional y ajuste salarial, toda 

vez que, los vigías marinos efectuaban las mismas funciones desde 

antes que se realizara la revisión del puesto. Nótese que, de una 

lectura de la carta fechada por el director ejecutivo sobre la revisión 

de clase de puesto de vigía marino, no se modificó la descripción de

puesto de los vigías marinos. De la precitada misiva emitida por el 

señor Pilar Vilagrán, se reconoce que “esta clase de puesto ha 

evolucionado como resultado de la utilización de equipos de radio 

comunicación y programación computarizada”.19 La revisión 

realizada por la Autoridad de Puertos impuso sobre los vigías 

marinos los siguientes requisitos adicionales para poder ejercer con 

sus labores: curso básico de manejo de computadoras, pleno 

dominio de la comunicación oral y escrita, en los idiomas inglés y 

español, curso básico de navegación correspondiente a veinticuatro 

(24) horas, sin llevar a cabo el procedimiento dispuesto en los 

Artículos XII y XIII, supra.

20

De una lectura serena del Artículo XIII, sobre la Reasignación 

de Puesto, vemos como el mismo no impone sobre el empleado el 

cumplimiento de requisitos, más allá de poder solicitar la 

reasignación del puesto. Las eventuales secciones imponen sobre el 

patrono la responsabilidad de revisar la escala salarial, así como los 

cambios sustanciales y permanentes. Añade que, la Autoridad de 

Puertos deberá realizar un estudio correspondiente y notificar 

19 Íd., págs. 130-132.

20 Íd., pág. 148.
KLCE202300724 18

dentro del término provisto en el Convenio Colectivo. Finalmente, de 

proceder la reasignación del puesto deberá realizarse según lo 

pactado. Por último, la Sección 5 del Artículo XIII le impone al 

patrono la obligación de realizar las notificaciones en unos términos 

específicos para que este pueda recurrir en caso de no estar de 

acuerdo.21

Como vemos, este estudio no es un acto optativo de la 

Autoridad de Puertos. El Convenio Colectivo le impone la obligación 

de efectuar dichas gestiones y notificarle al empleado de manera 

adecuada. De un examen del expediente de autos, incluyendo el 

informe pericial realizado por la HEO, podemos observar que, de una 

comparación entre las especificaciones anteriores y posteriores de la 

clase, sí se produjo un cambio sustancial y permanente en factores 

que afectan la complejidad y responsabilidad del puesto, al igual que 

las puntuaciones obtenidas. 

La Autoridad de Puertos se limitó a presentar mediante una 

comunicación interna de Recursos Humanos, un informe que 

incluyó las descripciones de trabajo, dificultades señaladas por los 

supervisores entrevistados y recomendaciones. A su vez, añadió una 

tabla comparativa de las puntuaciones y concluyó que, la 

modificación no justificaba la escala del puesto de vigía marino, toda 

vez que las especificaciones estaban atemperados a los deberes y 

responsabilidades actuales del puesto.

22 Mediante un examen del 

expediente, y en contraste con el informe de la perito de la HEO, la 

Autoridad de Puertos debió haber llevado a cabo tal análisis y no 

simplemente concluir que no impactaban en las funciones de su 

clase porque las ejecutaban previamente.

El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el Laudo de 

Arbitraje fue fundamentado en la totalidad del expediente, 

21 Íd., págs. 187-188.

22 Apéndice XVI (A) del Recurso de Certiorari, págs. 142-148.
KLCE202300724 19

incluyendo el Cuestionario de Clasificación, Retribución, 

Reclutamiento y Selección de la Autoridad de Puertos, el informe 

pericial de la HEO, la tabla de extensión en puntos de los grupos 

ocupacionales y la escala de evaluación de puestos unionados y las 

disposiciones del Convenio Colectivo.23 El foro primario sostuvo que, 

a base de dicho examen, el Laudo de Arbitraje fue emitido conforme 

a derecho. 

En vista de ello, y luego de realizar una revisión del caso de 

marras, coincidimos con tal dictamen. Como podemos destacar del 

derecho antes expuesto, para impugnar un laudo debe ser alegado:

“fraude, conducta impropia, falta de debido procedimiento de ley, 

violación de la política pública, falta de jurisdicción, que el laudo no 

resuelve todas las cuestiones en controversia que se sometieron, y

para revisar su corrección y validez jurídica”. JRT v. Hato Rey 

Psychiatric Hosp., supra, pág. 68.

De igual forma destacamos que, según la doctrina normativa 

del arbitraje “los laudos tienen presunción de corrección, [...] por 

lo cual la autoridad para revisarlos no constituye una licencia para 

favorecer la nulidad del laudo. En estas circunstancias, el laudo 

solo se puede anular si no se ha resuelto la controversia 

conforme a derecho”. COPR v. SPU, supra, pág. 370. (Énfasis 

suplido). Es por ello que, en ausencia de los criterios que nos 

permiten intervenir con el laudo de arbitraje, el mismo debe ser 

confirmado. Por lo que es forzoso concluir que, la imposición de 

dichos requisitos adicionales sí configuraron un cambio sustancial 

y permanente, toda vez que son requisitos inherentes que afectan la 

complejidad y responsabilidad del puesto. No se cometió el error 

señalado.

23 Apéndice V del Recurso de Certiorari, pág. 28.
KLCE202300724 20

-IVPor los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos 

formar parte integral del presente dictamen, expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

La jueza Cintrón Cintrón concurre con el resultado sin 

opinión escrita.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones