Número Identificador

RES2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

ISABEL BURGOS y OTROS

Recurridos

v.

MIGUEL COLÓN APONTE y 

OTROS

Peticionarios

KLCE202301298

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Guayama

Civil Núm.:

GM2020CV00321

Sobre:

División o 

Liquidación de la 

Comunidad de 

Bienes Hereditarios

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio y la Jueza Boria Vizcarrondo1.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2024.

Comparece ante nos el Sr. Miguel A. Colón Aponte (Sr. Colón 

o Peticionario) mediante un recurso de Certiorari, en el cual solicita 

que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama (TPI), el 19 de octubre de 2023. En 

dicho dictamen, el TPI declaró no ha lugar su solicitud de hogar 

seguro.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos expedir el auto de certiorari.

I.

El presente caso inició el 16 de julio de 2020, cuando Isabel 

Burgos, Leonides Pérez, Kydia Karina Burgos Cotto, Wilmenid 

Burgos, Edwin Leo Burgos Jr., Faith Denisse Hernández Padilla, Leo 

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se designó a la Hon. 

Lersy G. Boria Vizcarrondo como integrante de Panel en sustitución del Hon. Ricardo G. Marrero 

Guerrero.
KLCE202301298 Página 2 de 11

Omar Hernández, Shellimar Hernández Torres, Luis Gabriel 

Hernández Roque y Luis Joel Hernández Roque, todos en su 

condición de miembros de la Sucesión de la Sra. María Antonia Pérez 

Rivera (en adelante, los Recurridos) presentaron una Demanda

sobre liquidación de comunidad hereditaria contra el Sr. Colón, 

viudo de la Sra. María Antonia Pérez Rivera (la Causante). Alegaron 

que, durante el matrimonio de la Causante y el Sr. Colón ambos

edificaron e hipotecaron una estructura ganancial en un solar 

privativo del Sr. Colón en el Municipio de Guayama, Puerto Rico. 

Los Recurridos alegaron que no deseaban continuar con la 

comunidad existente entre las partes y que las gestiones 

extrajudiciales para dividir el bien común han resultado 

infructuosas, por lo que pidieron que ésta se liquidase.

El Sr. Colón presentó su Contestación a Demanda. Entre sus 

defensas afirmativas, esbozó que había otorgado escritura de hogar 

seguro sobre el inmueble objeto del presente pleito.

Luego de varios trámites procesales, el 18 de julio de 2023, el 

TPI dictó una Sentencia Sumaria Parcial2 en la que determinó que 

no existía controversia sobre los siguientes hechos: 1) el 

codemandado Miguel A. Colón Aponte estuvo casado con la 

causante María A. Pérez Rivera, madre y abuela de los demandantes; 

2) durante la vigencia del matrimonio Colón-Pérez ambos edificaron 

una estructura ganancial en un solar privativo del demandado 

Miguel A. Colón Aponte; 3) el Registro de la Propiedad de Guayama 

acredita la estructura descrita anteriormente como un inmueble 

ganancial; 4) la dirección física de tal propiedad y el solar donde 

enclava la misma es la Calle Vicente Palés, Esquina Tetuán 108 en 

Guayama, Puerto Rico; y 5) la propiedad inmueble así descrita e 

2 Véase, Alegato en oposición de los Recurridos, Ap. 2, págs. 7-13.
KLCE202301298 Página 3 de 11

identificada consiste de un edificio de apartamentos de los cuales se 

percibe un canon de renta mensual.

No obstante, el TPI determinó que existía controversia sobre 

los siguientes hechos: 1) la determinación sobre la cuantía de las 

rentas que ha generado y genera la propiedad en controversia; 2) la 

adjudicación final entre las partes de los frutos que ha producido y 

produce el bien común a raíz del arrendamiento de las unidades o 

apartamentos individuales; 3) la existencia de cualquier crédito a 

beneficio de cualquiera de las partes ya sea por el cobro de rentas 

no distribuidas entre los comuneros o la realización de mejoras u 

obras de mantenimiento a la propiedad común, si algunas; y 4) el 

valor de tasación de la estructura ganancial sujeta a división y el 

solar privativo donde enclava la edificación.

Posteriormente, el 29 de agosto de 2023, el Sr. Colón presentó 

una Moción en Torno a Hogar Seguro. Por efecto de lo dispuesto en 

la Ley Núm. 195-2011, según enmendada, conocida como la Ley del 

Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar (Ley 

Núm. 195-2011), infra, reclamó su derecho a hogar seguro sobre la 

referida propiedad pues adujo que era su vivienda “durante casi toda 

su vida y quien además cuenta 87 años de edad y está 

esencialmente ciego”. Anejó la Escritura Núm. 12 sobre Acta sobre 

Reconocimiento de Hogar Seguro, otorgada ante el notario Heriberto 

Colón Rosario, el 13 de febrero de 2018, y evidencia de que dicha 

escritura fue presentada ante el Registro de la Propiedad el 15 de 

febrero de 2018, Asiento 2018-012913-GA01. Por último, solicitó al 

TPI que decrete que su derecho de hogar seguro prima sobre el 

derecho de liquidación y adjudicación de la comunidad hereditaria; 

se difiera la liquidación y adjudicación del inmueble en controversia; 

y emita cualquier otra medida que armonice los intereses de los 

involucrados en la presente controversia.
KLCE202301298 Página 4 de 11

Por su parte, los Recurridos presentaron una Moción en 

Reacción a Solicitud de Hogar Seguro. Negaron la aplicación de la Ley 

Núm. 195-2011, pues ella únicamente aplica a propiedades 

inmuebles que le pertenezcan al individuo siempre y cuando sean 

utilizadas exclusivamente como residencia principal. En este caso, 

el inmueble en controversia no le pertenece al Sr. Colón en carácter 

de vivienda principal, pues esta le pertenece a una comunidad 

hereditaria. Alegaron que, tampoco aplica la Ley Núm. 195-2011, 

pues esta persigue proteger a propiedades residenciales y no a las 

propiedades comerciales como la que nos ocupa. A su vez, anejaron 

una tasación comercial realizada a la propiedad.

Mediante Resolución emitida el 19 de octubre de 2023, el TPI

declaró No Ha Lugar la Moción en Torno a Hogar Seguro presentada 

por el Sr. Colón. Concluyó que “las Protecciones brindadas por la 

Ley Núm. 195-2011 son accionables contra terceros, entiéndase, 

acreedores o demandantes en acciones distintas a la de epígrafe. Por 

lo que, no procede ningún reclamo de Hogar Seguro contra la 

Comunidad Hereditaria”.

Inconforme, el 21 de noviembre de 2023, el Sr. Colón instó el 

presente recurso de Certiorari en el que le imputa al TPI la comisión 

de los siguientes errores:

1. Incurrió en error el TPI al no reconocer que el derecho 

a hogar seguro prima sobre el derecho de los 

recurridos a la partición de herencia.

2. Incidió el TPI al no diferir la partición del inmueble y, 

como medida paliativa, que se disponga, conforme a 

las disposiciones del derecho hereditario, de las 

rentas que generan los apartamentos que conforman 

dicho inmueble. 

El 9 de enero de 2024, los Recurridos presentaron su alegato 

en oposición. En esencia, reiteraron la corrección del dictamen 

recurrido. Evaluados los planteamientos de las partes, disponemos 

de la controversia que nos ocupa.
KLCE202301298 Página 5 de 11

II.

A.

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Se trata de un recurso 

discrecional, para el cual existen unos parámetros que sirven de 

guía al momento de decidir si debemos expedir o denegar el auto.

Íd. De esta forma, el asunto que se nos plantee en el recurso de

certiorari debe tener cabida dentro de alguna de las materias 

reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1.

En específico, la Regla 52.1, supra, establece que este foro 

apelativo expedirá el recurso de certiorari para resolver resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas cuando se recurre de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. Sin embargo, y por excepción, el Tribunal 

de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de: 

(a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) 

anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos 

que revistan interés público; y (f) cualquier otra situación en la que 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. [...]

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por 

el foro de instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al 
KLCE202301298 Página 6 de 11

recurso de apelación, ante un recurso de certiorari, el tribunal tiene 

discreción para atender el asunto planteado. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913 (2009). Esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 435 (2013). No significa poder actuar en una forma u 

otra haciendo abstracción del resto del Derecho, pues ello 

ciertamente constituiría un abuso de discreción. Íd.; Torres v. Junta 

de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004).

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

este foro considerará para determinar si expedimos o no un auto de 

certiorari. Estos son los siguientes:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos son contrarios a 

derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para analizar el problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración, más 

detenida a la luz de los autos originales, por los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

B.

El derecho a hogar seguro procura que todo ciudadano posea 

una “protección básica ante el riesgo de ejecución de una sentencia 

en contra de su residencia”. Money’s People, Inc. v. López Llanos, 
KLCE202301298 Página 7 de 11

202 DPR 889, 902 (2019). Este derecho constituye una limitación a 

la responsabilidad universal del deudor. Íd. En consecuencia, “a 

pesar de que un deudor responde con todos sus bienes presentes y 

futuros en el cumplimiento de sus obligaciones”, la protección de

hogar seguro “tiene el efecto de insular parte de su patrimonio y 

removerlo del tráfico comercial en el cobro de ciertas obligaciones”. 

Íd. (Notas al calce omitidas).

Aunque la legislación anterior en nuestro ordenamiento 

reconocía el derecho a hogar seguro, con la aprobación de la Ley 

Núm. 195-2011 se amplió inequívocamente la protección de hogar 

seguro que hasta ese momento estaba disponible. En particular, la 

ley estableció que “[t]odo individuo o jefe de familia, domiciliado en 

Puerto Rico, tendrá derecho a poseer y disfrutar, en concepto de 

hogar seguro, una finca consistente en un predio de terreno y la 

estructura enclavada en el mismo, o una residencia bajo el régimen 

de la Ley de Condominios que le pertenezca o posea legalmente, y 

estuviere ocupado por éste o por su familia exclusivamente como 

residencia principal”. (Énfasis suplido). Art. 3 de la Ley Núm. 195-

2011, 31 LPRA sec. 1858.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) interpretó que ese 

lenguaje refleja una clara intención legislativa “de crear un derecho 

individual en cuanto al hogar seguro, pero limitándolo solamente a 

aquella propiedad que sea utilizada por el titular como su residencia 

principal”. (Énfasis en el original). Rivera García v. Registradora, 

supra, a la pág. 637. 

La propiedad designada hogar seguro quedará protegida “de 

embargo, sentencia o ejecución ejercitada para el pago de todas las 

deudas, excepto las deudas reconocidas como excepciones en la sec. 

1858a de este título”. Art. 5 de la ley Núm. 195-2011, 31 LPRA sec. 

1858b. Sin embargo, el TSPR ha expresado que el derecho a hogar 

seguro no es absoluto, y está sujeto a varias excepciones 
KLCE202301298 Página 8 de 11

enumeradas en el Artículo 4 de la Ley Núm. 195-2011. Rivera García 

v. Registradora, supra, a la pág. 637. Dicho artículo establece que 

se considerará renunciado el derecho a hogar seguro en casos: (a) 

donde una hipoteca grave la propiedad protegida; (b) de cobro de 

contribuciones estatales y federales; (c) donde se le deban pagos a 

contratistas para reparaciones de la propiedad protegida; (d) donde 

aplique el Código de Quiebras Federal; y (e) donde hayan préstamos, 

hipotecas, contratos refaccionarios y pagarés constituidos a favor de 

o asegurados u otorgados por agencias y entidades que enumera la 

ley. 31 LPRA sec. 1858a. Salvo en dichos casos, la propiedad 

quedará protegida “de ser embargada o ejecutada como pago de toda 

deuda”, insertándose este derecho en escenarios entre acreedores y 

deudores. Rivera García v. Registradora, supra, a la pág. 637.

Por otro lado, si bien es cierto que la protección de hogar 

seguro es un derecho personal, una vez el individuo titular de la 

propiedad lo reclama, dicho derecho tiene acceso al Registro y así 

“adquiere una dimensión real y otra erga omnes”. Rivera García v. 

Registradora, supra, a la pág. 639. Por un lado, surte un efecto real 

sobre la finca pues, en el Registro, ésta recibe una anotación 

marginal y por otra parte, la propiedad en cuestión queda removida 

del tráfico comercial y fuera del alcance de los acreedores, salvo las 

referidas excepciones. Íd.

El Artículo 9 de La Ley Núm. 195-2011, 31 LPRA sec. 1858f, 

contempla dos formas mediante las que la persona propietaria 

puede reclamar su derecho a hogar seguro, siendo la primera al 

momento de adquirir la propiedad en cuestión, haciéndolo constar 

en el título correspondiente. Íd., a la pág. 640. El otro modo se refiere 

a aquellas instancias en que “la finca estuviere ya inscrita a nombre 

de dicho individuo o jefe de familia, bastará que el propietario o 

propietarios de la finca otorgue(n) un acta ante notario público, 

donde se haga constar que la finca tiene carácter de hogar seguro, 
KLCE202301298 Página 9 de 11

para que el Registrador de la Propiedad consigne tal carácter en nota 

marginal de la inscripción correspondiente”. (Énfasis en el original). 

Íd.

Ahora bien, en los casos de muerte, abandono o divorcio, el 

Artículo 6 de la citada ley establece, en lo pertinente, que:

La protección establecida en [el Artículo 5 de la Ley 

Núm. 195-2011] subsistirá después de la muerte de 

uno de los cónyuges a beneficio del cónyuge supérstite 

mientras éste continúe ocupando dicho hogar seguro, 

[...]. 31 LPRA sec. 1858c.

No obstante, en el caso de Rivera García v. Registrador, supra, 

el TSPR interpretó el derecho de hogar seguro de una viuda en el 

contexto de una comunidad hereditaria, comunidad a la que resaltó 

“le aplican ‘las disposiciones generales sobre comunidad de bienes 

que sean compatibles con el carácter universal de este tipo de 

comunidad”. Íd., a la pág. 642; Vega Montoya v. Registrador, 179 

DPR 80, 88 (2010). Luego de indicar que “el derecho de los titulares 

sujetos a una comunidad de bienes no es de tal extensión como el 

de un titular individual”, el TSPR concluyó que la ley exigía que “en 

casos de propiedades con más de un dueño, todos los propietarios 

comparezcan a la autorización del Acta Notarial que reclama la 

anotación del derecho a hogar seguro”. Rivera García v. Registrador,

supra, a las págs. 642-643.

Sin duda, la Asamblea Legislativa entendió que el efecto de 

dicha decisión era que “el cónyuge supérstite pierde su derecho de

hogar seguro si los coherederos no desean o no pueden utilizar la 

propiedad de la comunidad hereditaria como su residencia 

principal; o que los coherederos pierdan el derecho a hogar seguro 

sobre sus respectivas residencias principales para poder hacer valer 

el derecho a hogar seguro de su madre o padre”. Véase, Exposición 

de Motivos de la Ley Núm. 64-2018. Al considerar que la 

interpretación esbozada en dicho caso trastocaba la intención 

legislativa de proteger al cónyuge supérstite mientras éste ocupase 
KLCE202301298 Página 10 de 11

la propiedad designada como hogar seguro, aun si ese derecho no 

estaba inscrito en el Registro, la Asamblea legislativa aprobó la Ley 

Núm. 64-2018. Mediante ésta, se reiteró la protección del cónyuge 

supérstite y se enmendó el Artículo 9 para que estableciese que:

En los casos donde la finca estuviere ya inscrita a 

nombre de dicho individuo o jefe de familia, bastará que 

el propietario o propietarios de la finca otorgue(n) un 

Acta ante Notario Público, [...]. Asimismo, en el caso de 

la residencia principal del cónyuge supérstite, éste 

podrá comparecer para la anotación de la constancia 

registral del carácter de hogar seguro de la propiedad, 

sin la comparecencia de los herederos titulares de la 

propiedad. Dicha protección cobijará la propiedad 

contra todo reclamante, excepto las deudas reconocidas 

en el Artículo 4 de esta Ley, mientras permanezca el 

carácter de residencia principal para el cónyuge 

supérstite. (Énfasis suplido).

III.

En su recurso, el Peticionario plantea que el TPI incidió al no 

reconocer su derecho a hogar seguro sobre el derecho de los 

Recurridos a requerir la división del inmueble en controversia. Sin 

embargo, a la luz de los criterios establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, declinamos 

intervenir con la decisión recurrida, por considerarla razonable. 

Veamos.

En cuanto a la denegatoria de la solicitud instada por el 

Peticionario para reclamar su derecho de hogar seguro, el TPI 

fundamentó su determinación en lo dispuesto en el Artículo 5 de la 

Ley Núm. 195-2011, supra. En lo pertinente, la referida disposición 

establece taxativamente que el derecho a hogar seguro protege 

aquellos inmuebles que sirven de residencias principales contra 

embargos, sentencias o ejecuciones ejercitadas para el pago algunas 

deudas. Es decir, en el referido estatuto lo que se protege es la 

vivienda principal del deudor en una relación crediticia con el 

acreedor para evitar que la propiedad sea embargada o ejecutada 

como pago de una deuda. Sin embargo, ese no es el caso aquí, pues 

las partes son miembros de una comunidad hereditaria. En otras 
KLCE202301298 Página 11 de 11

palabras, el derecho a hogar seguro es oponible a terceros y no 

comuneros.

En consecuencia, no procede que intervengamos con la 

determinación del TPI. Debido al resultado que hemos llegado, 

resulta innecesario analizar el restante señalamiento de error.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega expedir el 

auto de certiorari solicitado.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones