Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

LUZ EVELYN MUÑIZ 

MUÑOZ

Apelante

v.

ABEL DURANT TORO

Apelado

KLAN202200747

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez 

Caso Núm.:

ISCI201800340

Sobre:

Liquidación de 

Sociedad Gananciales

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rodríguez Flores y la Jueza Martínez Cordero1. 

Martínez Cordero, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

Comparece la señora Luz Evelyn Muñiz Muñoz (señora Muñiz

o apelante) mediante recurso de Apelación, para solicitarnos la 

revisión de la Sentencia emitida el 28 de junio de 2022, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en 

adelante TPI). Mediante el dictamen apelado, el foro primario declaró 

Ha Lugar la Demanda sobre liquidación de bienes gananciales.

2

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la Sentencia apelada y así modificada se confirma.

I

El 1 de mayo de 2018, la señora Muñiz presentó una Demanda

sobre liquidación de bienes gananciales contra Abel Durant Toro 

(señor Durant o apelado).3 Adujo que las partes de epígrafes 

contrajeron matrimonio el 16 de octubre de 1994, bajo el régimen 

de sociedad legal de gananciales. Sostuvo que el 29 de septiembre 

de 2016, se notificó una sentencia de divorcio por la causal de 

1 Véase, Orden Administrativa OATA-2023-001 del 9 de enero de 2023, en la que 

se asigna el presente recurso a la Hon. Beatriz M. Martínez Cordero en sustitución 

Hon. Grace Grana Martinez.

2 Apéndice de la apelante, a las págs. 16-39.

3 Id., a las págs. 43-49.
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ruptura irreparable, la cual disolvió el vínculo matrimonial antes 

mencionado. Alegó que, al momento de la presentación de la aludida

Demanda, existía una comunidad de bienes post-divorcio que 

sobrepasaba los cincuenta mil dólares ($50,000.00) y manifestó que 

deseaba no continuar en estado de indivisión. Por otro lado,

mencionó que, en el pleito de divorcio, le solicitó al TPI la 

coadministración de una corporación llamada A.D. Comunications 

Group Inc. (Corporación), el cual era un negocio ganancial. A su vez, 

recalcó que, en ese pleito de divorcio, el TPI emitió una Resolución y 

Orden el 12 de mayo de 2016 en la cual le ordenó al señor Durant 

concretar ciertas acciones so pena de desacato, tales como 

prohibirle enajenar de forma unilateral bienes gananciales, 

permitirle a la señora Muñiz la coadministración de la Corporación,

entre otras directrices.

Así pues, en el caso que nos ocupa, la señora Muñiz planteó 

en la Demanda que el señor Durant incumplió en varias instancias

con la referida Orden del 12 de mayo de 2016. En tal sentido, la 

apelante solicitó en el caso de autos, liquidar la comunidad de 

bienes, lo que antes era la sociedad legal de gananciales, y exigió el 

cumplimiento por parte del apelado, de las órdenes emitidas en el 

pleito de divorcio. Por su parte, el 25 de julio de 2018, el señor 

Durant presentó una Contestación a Demanda en la cual negó 

algunas alegaciones y levantó sus correspondientes defensas 

afirmativas.4

Conforme surge de los autos originales del caso, transcurrido 

un tiempo desde que la apelante interpuso su Demanda, el 24 de 

julio de 2019, esta presentó una Moción en Solicitud de Permiso para 

Enmendar Demanda. En dicho escrito, le solicitó al TPI permiso para 

incluir tres (3) corporaciones, algunas creadas durante el 

4 Id., a las págs. 40-42.
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matrimonio y otras con posterioridad al divorcio, por el señor 

Durant. Ese mismo día, el TPI emitió una Resolución y Orden en la 

cual, entre otros asuntos, le concedió un término de diez (10) días a 

la señora Muñiz para que enmendara su Demanda. No obstante, de 

un examen del expediente y conforme expresó posteriormente el TPI 

en la Sentencia apelada, la señora Muñoz no enmendó su Demanda

para los propósitos que solicitó.

Transcurrido varios tramites procesales los cuales no son 

necesarios pormenorizar, el 24 de febrero de 2021, las partes de 

epígrafe presentaron el Informe Preliminar de Abogados 

Enmendado.5 Mediante este, las partes plantearon sus respectivas 

versiones de los hechos; presentaron estipulaciones de hechos, 

documentos y asuntos sobre los cuales no había controversia y 

aquellos en los que sí existía controversia; informaron la prueba 

documental estipulada, la prueba documental que las partes 

estarían ofreciendo en el juicio y la lista de testigos y peritos de cada 

parte entre otros tantos asuntos.

Así las cosas, el 10 de mayo de 2022, se celebró el juicio en 

su fondo.6 Posteriormente, el 28 de junio de 2022, el foro primario 

emitió la Sentencia apelada.

7 En esencia, el foro primario determinó 

cuáles serían las respectivas participaciones de las partes en la 

comunidad de bienes post-ganancial y especificó cómo se pagarían. 

Por otra parte, producto de la vista, el TPI emitió veintiséis (26) 

determinaciones de hechos en su Sentencia las cuales transcribimos 

in extenso:

1. Las partes constituyeron una Sociedad Legal de 

Gananciales desde el 16 de octubre de 1994, fecha en 

que contrajeron matrimonio hasta el día en que advino 

final y firme la Sentencia de divorcio.

5 Apéndice del Alegato suplementario de la apelante, a las págs. 1-65.

6 Apéndice de la apelante, a la pág. 18.

7 Id., a las págs. 16-39.
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2. La demanda de divorcio se radicó, por la aquí 

demandante, el 2 de mayo de 2016[,] en conjunto con 

una solicitud de coadministración.

3. El Tribunal de Relaciones de Familia declaró Con Lugar 

dicha solicitud de coadministración mediante 

Resolución y Orden emitida el 12 de mayo de 2016.

4. La Sra. Luz Evelyn Muñiz Muñoz y Sr. Abel Durant Toro 

eran empleados de la compañía AD Communication a 

la fecha del divorcio de las partes.

5. Que AD Communications Inc fue creada durante el 

matrimonio del Sr. Abel Durant Toro y la Sra. Luz 

Evelyn Muñiz Muñoz.

6. Que la compañía AD Communications Inc pagaba el 

seguro social de la Sra. Luz Evelyn Muñiz Muñoz y del 

Sr. Abel Durant Toro.

7. Que el sueldo de la demandante en el año 2016 fue 

pagado por AD Communications Inc. y ascendió a 

$26,000.00 para un sueldo mensual de $2,166.66 

mensuales.

8. Que la corporación AD Communications Inc. cesó de 

operar y rendir sus funciones desde diciembre de 2016.

9. Que[,] durante el matrimonio entre el demandado y la 

demandante, se adquirieron bienes muebles e 

inmuebles sujetos a división. Que ambas partes están 

de acuerdo en que el Tribunal proceda a determinar la 

división y liquidación de las participaciones que le 

correspondan a cada parte en relación a la extinta 

Sociedad Legal de Gananciales.

10. Que la demandante reside junto a sus dos hijas [en] una 

de las propiedades de la extinta Sociedad Legal de 

Gananciales, ubicada en Km. 13.3 Sector Los Martínez 

de Cabo Rojo, por haberse determinado por el Tribunal 

en el caso de divorcio que la propiedad era hogar seguro 

de las menores hijas del matrimonio. A esta fecha las 

hijas son mayores de edad.

11. Que el Sr. Abel Durant reside en una de las propiedades 

de la Extinta Sociedad Legal de Gananciales, ubicada 

en la Urb. Elizabeth C-I, de Cabo Rojo, la cual est[á] 

salda desde antes de la fecha de la radicación del 

divorcio.

12. Que las partes en común acuerdo sometieron las cuatro 

propiedades inmuebles pertenecientes a la extinta 

Sociedad Legal de Gananciales para tasación y las 

mismas fueron tasadas.
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13. Que el demandado[,] el 28 de julio 2016[,] incorporó una 

empresa de nombre AVAD Communications Inc.

14. Que se estipula que AD Communications Inc y AVAD 

Communications Inc fueron fusionadas para 18 de 

octubre de 2016, para formar una sola corporación, por 

lo que los ingresos provenientes de la corporación AVAD

Communications Inc debían ser los mismos ingresos 

adjudicados a la corporación AD Communications Inc.

15. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez[,] dictó Sentencia de divorcio declarando roto 

y disuelto el vínculo matrimonial el 29 de septiembre de 

2016.

16. Que el demandado después de haberse divorciado (29 

de septiembre de 2016) registró una corporación de 

nombre VALAD Communications Inc Inc., el 7 de enero 

de 2017.

17. Que se estipulan como parte del caudal los cuatro (4) 

inmuebles y los valores establecidos por tasación:

(a) Solar de 1,056.46 mc que contiene edificio en la PR3311, km. 0.1, Sector Los Matos, Bo. Guanajibo, 

Cabo Rojo, PR[,] el cual no tiene deuda. Esta 

propiedad fue tasada por acuerdo de las partes y el 

valor establecido fue de $71,000.00.

(b) Solar de 1,059.3670 mc en la PR-3311, km.0.1, 

Sector Los Matos, LOB-3, Bo. Guanajibo, Cabo Rojo, 

PR[,] el cual no tiene deuda. Esta propiedad fue 

tasada por acuerdo de las partes y el valor establecido 

fue de $37,000.00.

(c) Solar de 400.41 mc con estructura residencial 

localizado en la Urb. Elizabeth, C-I Calle Romanos, 

Cabo Rojo, el cual no tiene deuda. Esta propiedad 

fue tasada por acuerdo de las partes y el valor 

establecido fue de $100,000.00.

(d) Solar de 5,399.30 mc con estructura residencial 

localizada en el Km.13.3, sector Los Martínez, Cabo 

Rojo, PR. Esta propiedad tiene una deuda 

hipotecaria. Esta propiedad fue tasada por acuerdo 

de las partes y el valor establecido fue de 

$290,000.00[.]

18. Que se estipulan como parte del caudal los once (11) 

vehículos y sus valores:

(a) Truck Ford 350, año 2003, tablilla 724-964, a 

nombre del demandado. Valor $2,500.00.

(b) Truck Ford 450, año 2000, tablilla H35-759, a 

nombre del demandado. Valor $1,700.00.

(c) Ford Transit, año 2011, tablilla 898-372, a nombre 

del demandado. Valor $3,000.00.
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(d) Lancha Pursuit de 25 pies con carretón continental, 

año 2013, tablilla 132841. El demandado tiene la 

posesión. Valor $15,000.00.

(e) Montero Dakar, Mitsubishi, año 2001, tablilla EBY294, a nombre de la demandante. Valor $500.00.

(f) Motor Home, Chevrolet, año 1996, tablilla H44-027. 

La demandante tiene la posesión. Valor $5,500.00.

(g) Nissan, Pathfinder, año 2013, tablilla ICE-152, a 

nombre de la demandante. Valor $9,430.00.

(h) Jeep Compass, año 2014, tablilla IGS-053, a 

nombre del demandado. La posesión la tiene la hija. 

No se valoró ya que se le dejó a su hija.

(i) Jeep Wrangler, año 2014, tablilla IHP-844, a 

nombre del demandado. La posesión la tiene la hija. 

No se valoró ya que se le dejó a su hija.

(j) Ford Van, año 2000, tablilla 663-569, es chatarra 

no tiene uso. No se valoró por ser chatarra.

(k) Grand Marquis, año 2004, tablilla FXA-386, es 

chatarra no tiene uso. No se valoró por ser chatarra.

19. Que se estipulan como parte del caudal las siguientes 

cuentas de banco y sus balances a la fecha del divorcio:

(a) Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, a 

nombre de la demandante:

1. Cta. núm. 14774 (cheques)

Balance al divorcio: ________ $39,913.00

2. Cta. núm. 14774 (acciones)

Balance al divorcio: ________$18,014.57

3. Cta. núm. 14774 (ahorros)

Balance al divorcio: _________$8,978.36

(b) Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, a 

nombre del demandado:

1. Cta. núm. 10936 (acciones)

Balance al divorcio: _________$1,710.07

2. Cta. núm. 10936 (ahorros)

Balance al divorcio: _______ $15,699.84

(c) Oriental Bank:

1. Cta. núm. NEE09350, IRA a nombre de la 

demandante

Balance al divorcio: ________ $5,390.16

2. Cta. núm. 4806782481 (ahorros) a nombre de la 

demandante y su hija

Balance al divorcio: ___________$423.07

3. Cta. núm. 4863720033 (ahorro) a nombre del 

demandado y su hija

Balance al divorcio: ___________$306.62
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(d) Banco Popular, a nombre de la demandante:

1. Cta. núm. 6714578 IRA Regular

Balance al divorcio: ________$59,516.60

2. Cta.núm.206-053116(cheques)

Balance al divorcio: _________ $7,191.23

3. Cta. núm. 783-276605(ahorros)

Balance al divorcio: ____________ $34.64

(e) Banco Popular, a nombre del demandado:

1. Cta. IRA Regular:

Balance al divorcio: ________ $12,041.55

(f) BCU, a nombre de la demandante:

1. Cta. núm. 2037693 (ahorros)

Balance al divorcio: _____________ $5.00

2. Cta. núm. 2037693 “Rain Days Savings”

Balance al divorcio: _______ $10,696.44

3. Cta. núm. 2037693 (cheques)

Balance al divorcio: _________ $1,000.00

(g) BCU, a nombre del demandado:

1. Cta. núm. 1793131 (ahorros)

Balance al divorcio ________ $10,332.17

2. Cta. núm. 179131 (cheques)

Balance al divorcio: _______ $11,405.45

20. Que se estipulan como bienes del caudal el mobiliario 

de la residencia donde vive la demandante, valorado en 

$5,000.00 y el mobiliario de la residencia del 

demandado valorado en $1,000.00.

21. Que se estipulan como parte del caudal las siguientes 

deudas y sus balances a la fecha del divorcio:

(a) Hipoteca con el Banco Popular núm. 700891393

Al divorcio la deuda era: ________$142,496.41

Al 31 de enero de 2021 la deuda es

de: _____________________________ $83,285.48

(b) De la Nissan Pathfinder (2013) con el BCU:

Al divorcio se debía: _____________$10,696.44

(c) Del Jeep Wrangler (2014) con el BCU:

Al divorcio se debía: _____________$15,681.90
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 Sobre estos vehículos ya no se adeuda pago 

alguno ya que la Nissan Pathfinder fue pagada por 

el demandado y el Jeep Wrangler fue pagado por la 

demandante. Ambas partidas fueron pagadas 

posterior al divorcio.

(d) Tarjeta American Express________$9,343.68

(e) Tarjeta FirstBank ________________$7,981.41

Sobre estas últimas dos tarjetas estas ya no se 

adeuda pago alguno ya que el demandado las pagó.

22. Que el demandado, estando todavía casado con la 

demandante, se le impuso el 14 de julio de 2016 una 

pensión provisional por la cantidad de $1,972.00 que 

incluía la pensión básica y los reclamos de vivienda. 

Que el 14 de febrero de 2017 se estipuló una pensión 

final de $1,650.00 mensuales más el pago completo de 

la mensualidad hipotecaria ($1,498.00). Ya para esta 

fecha las partes estaban divorciadas desde el 29 de 

septiembre de 2016.

23. Que el demandado fue relevado de la pensión el 8 de 

abril de 2019.

24. Que la demandante retiró de la cuenta de ahorros 

número 14779 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Cabo Rojo, las siguientes cantidades en las siguientes 

fechas:

(a) 7 de abril de 2016 __________ $15,000.00

(b) 13 de abril de 2016 _________ $35,000.00

(c) 19 de abril de 2016 _________ $25,000.00

(d) 27 de abril de 2016 _________ $15,000.00

25. Estos retiros realizados aproximadamente 30 días antes 

de la radicación del divorcio, fueron en efectivo, no se 

depositaron en ninguna cuenta bancaria y no se le 

notificó al demandado de dichos retiros.

26. La parte demandante no produjo evidencia documental 

alguna relacionada al uso o destino de dichos fondos 

retirados.8

Producto de las determinaciones de hechos y las conclusiones 

de derecho que surgen de la referida Sentencia, el foro primario

concluyó lo siguiente:

La participación de la Sra. Luz Evelyn Muñiz Muñoz, 

parte demandante, totaliza la cantidad de $361,832.64. 

La participación del Sr. Abel Durant Toro, totaliza la 

cantidad de $389,170.44. Ambas participaciones serán 

8 Apéndice de la apelante, a las págs. 19-24.
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pagader[a]s de la forma y manera establecidas en esta 

Sentencia. 

Esta Sentencia será utilizada igualmente como ORDEN 

para que los bancos, cooperativas e instituciones 

bancarias realicen los pagos en concordancia con la 

forma y manera que aquí se dictamina incluyendo el 

pago de la hipoteca.

Se les apercibe a las partes que no podrán retirar dinero 

alguno de las cuentas incluidas en esta Sentencia desde 

la notificación de esta Sentencia que no sea cónsono 

con lo aquí dictaminado. El incumplimiento de lo aquí 

señalado podrá conllevar un desacato.

Se establece que[,] si alguna de las cuentas aquí 

determinadas no reflejara la cantidad incluida en esta 

Sentencia al momento de retirarse los dineros para 

pagar la participación de cada parte por razón de que la 

parte con control de estas haya retirado dicho dinero 

con anterioridad a la firma de esta Sentencia, entonces 

surgirá una causa de acción a favor de la parte que no 

reciba su participación tal y como se establece en este 

dictamen.

Las costas, gastos y honorarios en relación a la 

actividad notarial de los bienes inmuebles entre las 

partes para realizar los cambios pertinentes ante el 

Registro de la Propiedad, a base de lo establecido en la 

Sentencia, se hará por partes iguales, o sea, cada parte 

aportará el 50%.

Esta Sentencia se emite con la imposición de honorarios 

por temeridad contra la parte demandante en la 

cantidad de $4,000.00 a favor de la parte demandada.9

Inconforme, el 13 de julio de 2022, la apelante presentó una

Moción Solicitando Determinaciones de Hechos y de Derecho y Moción 

de Reconsideración.

10 En su escrito, la señora Muñiz esbozó que el 

TPI se equivocó en cuanto a su apreciación de la prueba en el juicio 

y que por ello debía realizar determinaciones de hechos adicionales 

los cuales servirían para reconsiderar la Sentencia según emitida. 

Por su parte, el 9 de agosto de 2022, el apelado presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden.

11 En esta, adujo que presentó dicho escrito 

en cumplimiento con una orden previa del TPI, en el cual el foro 

primario le solicitó que respondiera a la moción de reconsideración

9Id., a las págs. 38-39.

10Id., a las págs. 8-15.

11Id., a las págs. 2-7.
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de la apelada. Así pues, el señor Durant realizó sus planteamientos 

en cuanto al por qué el TPI no debía reconsiderar su Sentencia.

Posteriormente, mediante Orden emitida el 16 de agosto de 2022, el 

foro primario declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración

presentada por la apelante.

En desacuerdo aún, el 21 de septiembre de 2022, la apelante

presentó un recurso de Apelación, mediante el cual esgrimió la 

comisión de tres (3) errores por el foro primario, a saber:

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

en la apreciación de la prueba, al emitir 

determinaciones de hechos que no van acorde con la 

prueba testifical ni documental desfilada; y basar sus 

conclusiones en hechos particulares y no en la totalidad 

de la prueba, por lo que cometió error manifiesto al 

aquilatar la prueba.

SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia, en la aplicación del derecho respecto a los 

créditos concedidos al demandado, como parte de los 

pagos emitidos por la demandante a la hipoteca 

ganancial.

TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia, 

en la aplicación del derecho en relación a no permitir 

pasar prueba sobre los alegatos de la demandante, en 

relación a la corporación cuya co-administración había 

sido ordenada por el Tribunal, para poder establecer 

que se desviaron dineros pertenecientes a la comunidad 

post-ganancial sujeta a división, y que dichos ingresos 

no fueran considerados como parte del inventario.

Luego de que la parte apelante presentara la transcripción de 

la prueba oral (en adelante, TPO) y de que la parte apelada no 

presentara objeción alguna sobre la misma, dimos por estipulada 

dicha transcripción. De igual manera, el 4 de abril de 2023, la 

apelante presentó su alegato suplementario. Finalmente, el 6 de 

junio de 2023, el apelado compareció con su Alegato en Oposición

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procederemos a exponer el derecho aplicable.
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II

A. Recurso de Apelación

La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil,12

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro 

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en 

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es 

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere 

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su 

incumplimiento es insubsanable.13 La correcta notificación de una 

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso 

judicial.14 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del 

Reglamento de este Tribunal establece que: 

Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos 

civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se 

presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta 

días contados desde el archivo en autos de una copia de 

la notificación de la sentencia.

En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus funcionarios y funcionarias, o una de 

sus instrumentalidades que no fuere una corporación 

pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus 

funcionarios y funcionarias sean parte en un pleito, el 

recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte 

en el pleito que haya sido perjudicada por la sentencia, 

presentando un escrito de apelación dentro del término 

jurisdiccional de sesenta días, contados desde el 

archivo en autos de una copia de la notificación de la 

sentencia dictada por el tribunal apelado. 15

No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en 

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.16 En tal 

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo 

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la 

12 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).

13 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. FSE, 145 

DPR 122, 131 (1998); Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).

14 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).

15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).

16 32 LPRA Ap. V, R. 47.
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moción.17 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha 

Lugar.

B. Sociedad Legal de Gananciales y Comunidad de Bienes 

Post-Ganancial

En nuestro ordenamiento jurídico la Sociedad Legal de 

Gananciales (en adelante, SLG) es el régimen económico que 

habitualmente regula la institución del matrimonio en nuestro 

país.18 La SLG comienza el mismo día que se realiza el matrimonio.19

Luego de contraído el matrimonio bajo este régimen, la gestión 

económica que realiza cada cónyuge se hace en beneficio de la 

sociedad y no para beneficio individual.20

En la SLG, los cónyuges figuran como codueños y 

administradores de todo el patrimonio matrimonial sin adscribírsele 

cuotas específicas a cada uno.21 Además, la SLG es una entidad con 

personalidad jurídica propia, por lo que es distinta y separada de los 

dos (2) miembros que la componen.22 A la luz de lo anterior, esta no 

absorbe la personalidad individual de los cónyuges que la 

integran.23 A raíz de ello, la SLG es una entidad económica 

familiar sui generis que no tiene el mismo grado de personalidad 

jurídica que las sociedades ordinarias o entidades corporativas.24

El Código Civil de Puerto Rico (en adelante, Código Civil) 

menciona cuales son los bienes que se consideran gananciales:

(1) Los adquiridos por título oneroso durante el 

matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la 

adquisición para la comunidad, bien para uno solo de 

los esposos. 

(2) Los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de 

los cónyuges o de cualquiera de ellos. 

17 Id.

18 Torres Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458, 465 (2017); SLG Báez-Casanova 

v. Fernández, 193 DPR 192, 211 (2015); Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 

420 (2004).

19 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 978 (2010).

20 Id.

21 Id.; Roselló Puig v. Rodríguez Cruz, 183 DPR 81, 93 (2011).

22 Pauneto v. Núñez, 115 DPR 591, 594 (1984).

23 Id.; Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522, 542 (2009).

24 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra.
KLAN202200747 13

(3) Los frutos, rentas o intereses percibidos o 

devengados durante el matrimonio, procedentes de los 

bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los 

cónyuges.25

No obstante, la naturaleza ganancial de los bienes adquiridos 

durante el matrimonio, al igual que la de las deudas es 

controvertible.26 Para esto, la parte que alegue el carácter privativo 

tendrá el peso de la prueba para derrotar esta presunción de 

ganancialidad.27

Con ello en mente, debemos hacer mención sobre el Código 

Civil, el cual lee:

Serán a cargo de la sociedad de gananciales: 

(1) Todas las deudas y obligaciones contraídas durante 

el matrimonio por cualquiera de los cónyuges.

(2) Los atrasos o créditos devengados durante el 

matrimonio, de las obligaciones a que estuviesen 

afectos así los bienes propios de los cónyuges como los 

gananciales. 

[...] 

(5) El sostenimiento de la familia y la educación de los 

hijos comunes y de cualquiera de los cónyuges. 

(6) Los préstamos personales en que incurra cualquiera 

de los cónyuges. 28

Por su parte, las deudas contraídas por alguno de los 

cónyuges desde la fecha de presentación de la demanda de divorcio 

hasta la fecha en que la sentencia dictada en el caso se convierte en 

firme, son responsabilidad exclusiva del cónyuge que las contraiga, 

salvo que cuente con la autorización expresa del tribunal.29

Aunque la disolución del matrimonio acarrea la terminación 

del régimen de la SLG, la liquidación del capital común de los 

excónyuges no siempre ocurre simultáneamente a esta 

25 31 LPRA § 3641, Art. 1301. El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado 

por el Código Civil de Puerto Rico de 2020 aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 

1 de junio de 2020. Para fines de la presente, se hace referencia únicamente al 

Código Civil derogado por ser la ley vigente y aplicable a la controversia que nos 

ocupa.

26 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, 980-981.

27 Id.

28 31 LPRA § 3661. Art. 1308. 

29 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, 982.
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disolución.30 Al concluir la SLG, se forma con los bienes existentes 

hasta ese momento una comunidad ordinaria. En ese momento 

sobreviene un período en el que se mezclan y confunden 

provisionalmente los bienes de los excónyuges, hasta que se 

liquida finalmente la comunidad de bienes post ganancial que se 

crea entre ellos una vez se disuelve el matrimonio.31 Sus comuneros, 

en este caso los excónyuges, ostentan una cuota abstracta sobre la 

masa ganancial, y no una cuota concreta sobre cada uno de los 

bienes.32 Presentada la demanda para liquidar y dividir la SLG se 

procederá a la formación de un inventario, el cual comprenderá 

numéricamente, para colacionar las cantidades que, habiendo sido 

pagadas por la SLG, deban rebajarse del capital de cada uno de los 

excónyuges.33

C. Pensión Alimentaria a Menores de Edad

En Puerto Rico, los menores de edad tienen un derecho 

fundamental a recibir alimentos el cual emana de la cláusula

constitucional del derecho a la vida consagrado la Carta de Derechos 

de la Constitución de Puerto Rico.34 Es por ello que este tipo de casos 

está revestido del más alto interés público, siendo así el interés

principal, el mejor el bienestar del menor.35

A tono con lo anterior, el Código Civil de Puerto Rico de 1930 

definía el concepto de alimentos como “todo lo que es indispensable 

para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la 

posición social de la familia”.36 En ese sentido, nuestro 

ordenamiento jurídico dispone que la obligación de alimentar al 

menor de edad es inherente a la maternidad y paternidad, y por lo 

cual la obligación recae en estos desde el momento en que la relación

30 Id.

31 Id., 982-983.

32 Id., 983.

33 Id., 983-984.

34 Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 717 (2022).

35 Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 559 (2012),

36 31 LPRA § 561. Art. 142.
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filial queda establecida legalmente.37Asimismo la cuantía de los 

alimentos será proporcional a los recursos del que los da y a las 

necesidades del que los recibe.38 Del mismo modo se reducirán o 

aumentarán en proporción a los recursos del alimentante y a las 

necesidades del alimentista.39

Es preciso destacar que, pese a que los progenitores 

estuviesen divorciados, esta obligación es personal de cada uno de 

los excónyuges, por tal motivo debe ser satisfecha del propio peculio 

y de forma proporcional a sus recursos y a la necesidad del menor 

una vez decretado el divorcio. Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202 

DPR 93, 108 (2019) La doctrina jurídica ha establecido que, las 

determinaciones de alimentos y de custodia de menores de edad no 

constituyen propiamente cosa juzgada, ya que están sujetas a 

revisión judicial, en el TPI, si ocurre un cambio en las circunstancias 

que así lo justifique, siempre, claro está, tomando en consideración 

los mejores intereses y el bienestar de los menores.40

D. Estipulaciones

Las admisiones judiciales son las que hace una parte en el 

transcurso de un proceso civil al contestar una demanda o estipular 

unos hechos, por lo que éstas no son controvertibles.41 A raíz de ello, 

cuando una parte hace una alegación o acepta una estipulación, 

queda obligada por la alegación salvo que el tribunal le permita 

retirarla.42 A la luz de lo anterior, las estipulaciones son admisiones 

judiciales que implican un desistimiento formal de cualquier 

contención contraria a ellas.43 No obstante, deben de interpretarse 

liberalmente y de forma compatible con la intención de las partes 

37 Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, 718.

38 31 LPRA § 565. Art. 146.

39 Id.

40 Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128 (1998).

41 Díaz Ayala et. als. v. ELA, 153 DPR 675, 693 (2001). 

42 Id.

43 Id.; Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 439 (2012).
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con el propósito de hacer justicia.44 Sin embargo, de existir duda en 

cuanto a la intención de las partes, se debe adoptar la contención 

que sea más favorable para la persona a cuyo favor se hizo la 

estipulación.45

Es decir, la estipulación constituye un acuerdo de las partes 

que litigan ante un tribunal, sobre algún asunto o incidente del 

litigio.46 En esencia, estas son herramientas esenciales en las etapas 

iniciales del proceso judicial y su uso es promovido por las Reglas 

de Procedimiento Civil.47 A tales efectos, por medio de las 

estipulaciones se busca evitar dilaciones, inconvenientes y gastos, 

es por eso por lo que nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico 

promueve su uso para lograr justicia rápida y económica.48 Esto se 

debe a que, estas son favorecidas en nuestro ordenamiento porque 

eliminan desacuerdos, y de esa forma, facilitan y simplifican la 

solución de las controversias jurídicas.49

En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido tres (3) 

clases de estipulaciones.50 La primera clase trata sobre las 

admisiones de hechos y tienen el efecto de relevar a la parte del 

requisito de probarlos.51 Así, las cosas, una vez un hecho es 

estipulado, este no puede ser impugnado.52 Como corolario de lo 

anterior, la estipulación del hecho, de ordinario, constituye una 

admisión de su veracidad y obliga tanto a las partes como al 

tribunal.53 Por su parte, la segunda clase es la que reconoce 

derechos y tienen el alcance de una adjudicación.54 Por otro lado, la 

tercera clase es aquella que trata sobre materias procesales, donde 

44 Id.; Ramos Rivera v. ELA, 148 DPR 118, 126 (1999).

45 Ramos Rivera v. ELA, supra.

46 Black’s Law Dictionary, 6ta Ed., West Pub. Co., St. Paul, 1990, pág. 1415.

47 Rivera Menéndez v. Action Service, supra.

48 Ramos Rivera v. ELA, supra.

49 Rivera Menéndez v. Action Service, supra.

50 Id.

51 Id.

52 Id., 439-440.

53 Id.

54 Id., 439.
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las partes pueden estipular la forma y manera en la que llevarán 

determinado curso de acción o el que se admita determinada 

prueba.55 Cabe señalar que, la estipulación de un hecho, contrario 

a la estipulación sobre la autenticación de evidencia, implica el 

relevo de prueba de ese hecho, por tal razón, los tribunales no 

debemos dar un hecho por estipulado si ello no surge claramente de 

lo acordado por las partes.56

E. Las Corporaciones en Puerto Rico

La Ley Núm. 164-2009, según enmendada, mejor conocida 

como la Ley General de Corporaciones,

57 es el estatuto que instaura 

las corporaciones en Puerto Rico. Estas son una ficción jurídica que 

está facultada para realizar cualquier tipo de gestión lucrativa o sin 

lucro, siempre y cuando sea lícita.58 Estas entidades facilitan el 

desarrollo de las empresas toda vez que poseen personalidad 

jurídica propia, independiente y distinta a la de sus dueños o 

miembros quienes por lo general no responderán con su patrimonio 

por aquellos actos de la corporación sino hasta el monto de su 

inversión.59

De esta manera, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la 

existencia de las corporaciones con fines lucrativos, las cuales se 

dedican a hacer negocios y se distinguen por repartir las ganancias 

que generan con sus accionistas.60 En tal sentido, son esos 

accionistas quienes se denominan como los propietarios de la 

corporación con fines lucrativos.61 Así pues, aquellos que son 

titulares de las acciones de una corporación, posee entonces una 

parte alícuota de su capital, un derecho general a participar de sus 

55 Id., 440.

56 Id., 443.

57 14 LPRA sec. 3501 et seq.

58 Rivera Sanfeliz y otros v. Junta de Directores de Firstbank Corporate, 193 DPR 

38, 49 (2015).

59 Santiago et al. v. Rodríguez et al., 181 DPR 204, 214 (2011) citando a: C.E. Díaz 

Olivo, Corporaciones, San Juan, Publicaciones Puertorriqueñas, 2005, pág. 11. 

60 Id., 215.

61 Id.
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ganancias y además, posee un derecho sobre la distribución de sus 

activos en caso de liquidación. 62

F. Apreciación de la Prueba, Deferencia Judicial y Discreción 

Judicial

Como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de 

la prueba que ejerce el TPI y las determinaciones que realiza están 

revestidas de confiabilidad y merecen respeto y deferencia.63 Por 

ello, la valoración que lleva a cabo el foro primario se presume 

correcta, toda vez que es este quien tiene la oportunidad de ver, 

escuchar y valorar las declaraciones de los testigos, así como sus 

lenguajes no verbales.64 Por su parte, un foro apelativo cuenta 

solamente con “récords mudos e inexpresivos”, por lo que se le debe 

respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador 

primario de los hechos.65 En ese sentido, y como regla general, no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos formuladas 

por el foro primario en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto.66

En vista de lo anterior, nuestro máximo foro ha resuelto que 

un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de 

instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o cuando un análisis integral de la prueba así lo 

justifique, o cuando haya indicios de pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto.

67 El Alto Foro ha determinado que un juzgador 

incurre en pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido por 

inclinaciones personales de tal intensidad que adopta posiciones, 

62 Id.

63 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero, 

120 DPR 92, 111 (1987); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001).

64 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021); Meléndez Vega v. 

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013); Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 148 

(2009); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 

65 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356 

(2009); Trinidad v. Chade, supra, 291.

66 Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR 850, 864 (2022).

67 Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996); Coop. Seguros Múltiples 

de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 

8, 14 (1987); Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).
KLAN202200747 19

preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus causas que 

no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala 

e incluso antes de que se someta prueba alguna.68 En consecuencia, 

al este tribunal apelativo enfrentarse a la tarea de revisar las 

determinaciones del foro de instancia, no debe intervenir con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con 

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el mismo, excepto en 

aquellas situaciones en que se demuestre que este último: (i) actuó 

con prejuicio o parcialidad, (ii) incurrió en un craso abuso de 

discreción, o (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.69

Con relación al error manifiesto, un juzgador incurre en este 

cuando de un análisis de la totalidad de la evidencia, este Tribunal

queda convencido de que las conclusiones están en conflicto con el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida.70 Por tanto, debe existir base suficiente en la 

prueba admitida que apoye la determinación del foro.71

De igual forma, se podrá intervenir con la determinación del 

TPI cuando la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o 

resulte inherentemente imposible o increíble; de lo contrario, el 

tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con la apreciación 

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos.72

Ahora bien, cabe destacar que, el Tribunal Supremo ha 

resuelto que, en instancias en que las conclusiones de hecho que 

realice el TPI estén basadas en prueba pericial o documental, un 

68 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).

69 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011); Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009); Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002);

Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62-63 (1991).

70 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 772.

71 Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018); Pueblo v. Irizarry, supra.

72 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra; Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR 

117, 148 (2020); Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 (2019) citando a 

Pueblo v. Maisonave, supra, 63; Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 

(2009); Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. Acevedo Estrada, supra. 
KLAN202200747 20

tribunal revisor estará en la misma posición que el tribunal a quo.

73

Por tanto, ante dichas instancias, este tribunal apelativo “tendrá la 

facultad para adoptar su propio criterio en la apreciación y 

evaluación de la prueba pericial, y hasta para descartarla, aunque 

resulte técnicamente correcta”.74

A esos efectos, aunque no está exenta de la posibilidad de toda 

revisión, si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

lo lógico es que prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la 

dirección del proceso.75 Los foros apelativos podremos intervenir con 

tal apreciación luego de realizar una evaluación rigurosa y que, de 

esta, surjan serias dudas, razonables y fundadas.76

Las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán 

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su 

discreción.77 Un tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción cuando el juez: (i) no toma en cuenta e ignora en la 

decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto; (ii) por el contrario, sin 

justificación ni fundamento alguno, concede gran peso y valor a un 

hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en 

éste; o, (iii) no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 

hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, los 

sopesa y calibra livianamente.78

A su vez, es una norma bien establecida de nuestro sistema 

de justicia que la discreción judicial permea la evaluación de la 

evidencia presentada en los casos y controversias.79 No obstante, 

73 González Hernández v. González Hernández, supra, 777.

74 Id.

75 Sierra v. Tribunal Superior, supra.

76 Pueblo v. Pérez Núñez, supra. 

77 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013); Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).

78 Pueblo v. Rivera Santiago, supra.

79 González Hernández v. González Hernández, supra, 776.
KLAN202200747 21

una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal revisor.80 A 

esos efectos, conviene destacar que, la intervención del foro 

apelativo con la prueba desfilada tiene que estar basada en un 

análisis independiente y no a base de los hechos que exponen las 

partes.81

III

En el caso ante nuestra consideración, la apelante nos plantea 

que el foro primario erró al formular unas determinaciones de 

hechos que no iban acorde con la prueba testifical ni documental 

desfilada en el juicio y al no fundamentar sus conclusiones de hecho 

en la totalidad de la prueba presentada. Además, esboza que el TPI 

incidió en aplicar unos créditos concedidos al apelado como parte 

de unos pagos que este realizó a una hipoteca ganancial. Por último, 

la apelante sostiene que la primera instancia judicial erró al no 

permitir desfilar prueba relacionada a una corporación

coadministrada por las partes, para así poder establecer que se 

desviaron fondos pertenecientes a la comunidad de bienes postganancial sujetos a división. Veamos.

-aEn primer lugar, es preciso resaltar, que las determinaciones 

de hechos que le corresponde hacer al TPI en una sentencia, es un 

ejercicio fundado en su discreción judicial basado en su apreciación 

de la prueba. Por tal motivo, como foro revisor, a no ser que se 

encuentre presente los elementos de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto, estaremos impedidos de intervenir.

En su primer señalamiento de error, la apelante impugna

ciertas conclusiones a las que arribó el TPI, ya que, presuntamente, 

el foro primario erró en su apreciación de la prueba que tuvo ante 

80 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, supra. 

81 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001). 
KLAN202200747 22

sí. Específicamente, en su recurso, la apelante sostiene que el TPI 

incidió en determinar que la cuantía de noventa mil dólares

($90,000.00) retirada por la apelante no benefició a la comunidad

post-ganancial y al determinar que dicho retiro se hizo con la 

intención de defraudar.

82 Asimismo, impugna la credibilidad que le

otorgó el foro primario al testimonio del apelado en torno al asunto 

de una cuantía de cien mil dólares ($100,000.00) aparentemente 

retirado de un banco, por el señor Durant y su posterior depósito en 

una caja fuerte.83

Tras haber examinado con detenimiento los documentos que 

obran en el expediente, así como la TPO y los autos originales, no 

encontramos los elementos que justifiquen nuestra intervención con 

las determinaciones de hechos por el TPI. Insistimos en que esta 

Curia, como foro revisor, únicamente tiene facultad para intervenir 

con la apreciación de la prueba que ejerce el TPI en caso de que haya 

mediado error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad,84 o, en 

caso de que la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o 

resulte inherentemente imposible o increíble.85 En ausencia total de 

cualquiera de las circunstancias que nos permitirían intervenir en

la apreciación de la prueba realizada por el foro de instancia, 

colegimos que el primer señalamiento de error no se cometió.

Por otra parte, en su segundo señalamiento de error, la 

apelante cuestiona la concesión de un crédito otorgado al apelado 

referente a unos pagos que este le realizó a una hipoteca ganancial.

Surge de los autos que, en el caso de divorcio de las partes, el cual

está identificado con la designación alfanumérica ISRF2016-00483,

como parte del proceso para establecer la pensión alimentaria a 

82 Apéndice de la apelante, a la pág. 33.

83 Id., a la pág. 34.

84 González Hernández v. González Hernández, supra; Ramírez Ferrer v. Conagra 

Foods PR, supra; Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. Maisonave, supra.

85 Pueblo v. Martínez Landrón, supra, citando a Pueblo v. Maisonave, supra, a la 

pág. 63; Pueblo v. Viruet Camacho, supra; Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra.
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favor de las dos hijas de las partes, la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias (EPA) emitió una Acta con sus recomendaciones para 

la consideración del TPI, en cuanto al establecimiento de la pensión 

alimentaria de las hijas menores de edad del señor Durant y la 

señora Muñiz.

86 Del Acta se desprende que la EPA recomendó la 

estipulación sometida por las partes en la cual se acordó que el 

señor Durant pagaría mil seiscientos cincuenta dólares ($1,650.00) 

mensuales en concepto de pensión alimentaria de manera final. 

Igualmente, surge del Acta que, “[c]omo parte de su 

responsabilidad alimentaria, el [señor] Durant pagará al Banco 

Popular de Puerto Rico la hipoteca de la residencia que ocupa la 

demandante [apelante] junto a las menores, cuyo pago asciende a 

$1,500.00 dólares mensuales”.

87 Sin pormenorizar por juzgarlo 

innecesario, la EPA también recomendó, como parte de la 

estipulación sometida por las partes, el pago de otros gastos de 

pensión alimentaria suplementaria.

Las recomendaciones antes mencionadas fueron recibidas,

aprobadas y adoptadas por el TPI mediante una Resolución emitida 

el 14 de febrero de 2017.88 Nótese que, en este caso, la EPA en 

cumplimiento con su facultad delegada por la Ley Orgánica de la 

Administración Para el Sustento De Menores,

89 recomendó que se 

acogiera la estipulación que las partes presentaron luego de que se 

celebrara una vista.90 En ese sentido, la EPA tras recibir la 

estipulación de las partes, recomendó que, como parte de la 

obligación alimentaria del señor Durant hacia sus hijas, debía pagar 

la hipoteca de la residencia donde habitaban. Así las cosas, y según 

hemos expuesto, el 14 de febrero de 2017, el foro primario las 

86 Apéndice del alegato suplementario de la apelante, pág. 77.

87 Id. (Énfasis en el original)

88 Apéndice del alegato suplementario de la apelante, pág. 77.

89 Ley Núm 5 del 30 de diciembre de 1985, 8 LPRA § 501 et seq. 

90 8 LPRA § 513, Art. 14.
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aprobó y adoptó mediante una Resolución, la cual constituye la ley 

del caso y cuya efectividad fue establecida al 1 de marzo de 2017.

Es preciso traer a colación la doctrina reiterada en nuestro 

ordenamiento jurídico referente a que “el derecho a alimentos 

corresponde al menor y lo hace acreedor de aquellos alimentos que 

satisfagan lo indispensable para su sustento según los medios y la 

posición social de los obligados”.91 Conforme se desprende de los 

autos y luego de evaluar minuciosamente el expediente ante nuestra 

consideración, así como las determinaciones de hechos relacionadas 

a este asunto, el pago de la hipoteca que realizó el señor Durant

como parte de la estipulación reducida a escrito en el Acta de la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias, así como de la Resolución

del TPI del 14 de febrero de 2017, es claro que constituían parte del 

pago de su responsabilidad alimentaria y por tanto se hizo en 

beneficio de sus hijas menores de edad y no de la comunidad postganancial. Puntualizamos que cuando una parte hace una alegación 

o acepta una estipulación queda obligada por la alegación, salvo que 

el tribunal le permita retirarla.92 Es por todo lo anterior que es 

forzoso concluir que el TPI cometió el segundo señalamiento de error 

imputado por la apelante. 

-cPor último, nos resta examinar el tercer señalamiento de error. 

En este, la apelante sostiene que el TPI debió haberle permitido 

presentar prueba en torno a planteamientos relacionados a una 

corporación cuya coadministración había sido ordenada por el foro 

primario. La consecuencia de esto fue que no se pudo establecer el 

reclamo de créditos y de ingresos dejados de reportar por el apelado.

Conforme surge de la TPO, el foro primario fue enfático al tipo de 

91 Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, 724.

92 Díaz Ayala et. als. v. ELA, supra, 693.
KLAN202200747 25

prueba que se iba permitir en cuanto a la Corporación.93 Así pues, 

el TPI únicamente permitió preguntas dirigidas a aquellas 

aportaciones que hizo la Sociedad Legal de Gananciales a la 

Corporación, más no permitió aquella evidencia relacionada a los 

ingresos de la Corporación.

94 De igual manera, expresó que los 

negocios de la Corporación tales como el depósito en una cuenta de 

banco corporativa eran eventos que no se tomarían en 

consideración.

95 El fundamento de esto responde a que esta 

Corporación, al ser una persona jurídica se considera como un 

tercero que debió haber sido traído al pleito. De hecho, conforme 

surge de la propia sentencia apelada y de los autos originales, el foro 

primario le concedió oportunidad a la apelante, para que enmendara 

su Demanda e incluyera a las corporaciones, incluyendo aquella a 

la que se ordenó la coadministración, pero la apelante optó por no 

realizar gestión alguna a esos efectos.

96 Por tal motivo, el foro 

primario no incidió al no tomar en consideración la situación de los 

ingresos de la Corporación toda vez esta no se trajo al pleito y por 

consiguiente el tercer señalamiento de error no se cometió.

En resumen, atendidos los errores esgrimidos por la apelante 

y luego de examinar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, incluyendo las posiciones de las partes y la TPO, 

colegimos que corresponde modificar la sentencia apelada a los 

únicos efectos de revocar la determinación de la concesión del 

crédito al apelado por concepto del pago de hipoteca que realizó a 

partir de 1 de marzo de 2017 -y hasta que fue relevado del pago de 

pensión alimentaria-, a la luz de las incidencias procesales del 

alfanumérico ISRF2016-00483, emitida el 14 de febrero de 2017. Así 

modificada, confirmamos. 

93 Véase la TPO a la pág. 34, líneas 5-13.

94 Id., a la pág. 125, líneas 6-23; pág. 126, línea 1-2.

95 Id., a la pág. 140, líneas 13-23; pág. 141, líneas 1-15.

96 Apéndice de la apelante, a la pág. 33.
KLAN202200747 26

IV

Por los fundamentos que anteceden, se modifica la Sentencia 

apelada según la discusión que antecede y así modificada se 

confirma.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. El Juez Rodríguez Flores concurre sin 

escrito.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones