Número Identificador

RES2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO

Recurrido

v.

WILL A. RIVERA 

MERCADO

Peticionario

KLCE202400317

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia

Sala Superior de 

San Juan

Civil Núm.:

ISCR202300795-796

Sobre: 

ART. 7.06 LEY 22,

ART. 5:07 (c) Ley 

22

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y 

la Jueza Prats Palerm.

Bonilla Ortiz, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico a 28 de mayo de 2024.

Comparece ante este foro, el Sr. Will A. Rivera 

Mercado (señor Rivera o “el peticionario”) y solicita 

que revisemos la Resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, con fecha 

del 25 de enero de 2024, siendo notificada el 29 de enero 

de 2024. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

declaró No Ha Lugar a una moción de desestimación 

presentada por el peticionario, de conformidad con la 

Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 64(p).

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS el certiorari de epígrafe.

I.

El 6 de julio de 2022, el Ministerio Público 

presentó cuatro denuncias en contra del peticionario, 

por violación al Artículo 4.08; 5.07; 7.02; 7.06 de la 

Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como la Ley 
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de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA sec. 5001 

et seq. Tras llevar a cabo la vista preliminar los días 

25 de enero de 2023, 6 de junio de 2023 y 20 de octubre 

de 2023, el foro primario halló no causa por el cargo 

del Artículo 4.02 de la Ley Núm. 22, y causa para acusar 

por los Artículos 5.07 y 7.06 de la precitada Ley.1

Así las cosas, el 20 de octubre de 2023, el 

Ministerio Público presentó dos acusaciones contra el 

señor Rivera, una bajo el Artículo 7.06 y la segunda, 

por el Artículo 5.07(c) de la Ley Núm. 22, ello por 

conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y 

arrojar .127% de alcohol, e impactar al Sr. Alex 

Maldonado, quien caminaba por el área del paseo, 

ocasionándole la muerte en el acto. Como consecuencia, 

el 23 de octubre de 2023, fue celebrada la lectura de 

acusación y el caso fue señalado para juicio.

Sin embargo, el 27 de noviembre de 2023, el 

peticionario presentó Moción en Solicitud de 

Desestimación del Pliego Acusatorio al Amparo de la 

Regla 64(p) por Determinación de Causa Ausencia Total de 

Prueba al Amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento 

Criminal.2 En esencia, adujo que procedía la 

desestimación de los pliegos acusatorios, debido a que 

el Ministerio Público no presentó prueba alguna que 

lograra establecer la relación causal o elemento de 

causalidad entre la alegada conducta del peticionario y 

la muerte del señor Monserrate. Por lo tanto, sostuvo 

que la determinación de causa fue contraria a derecho, 

por no estar presente el elemento de causalidad. 

1 Acusación, anejo V, págs 32-35 del apéndice del recurso.

2 Moción en Solicitud de Desestimación del Pliego Acusatorio al 

Amparo de la Regla 64P por Determinación de Causa Ausencia Total de 

Prueba al Amparo de la Regla 64(P) de Procedimiento Criminal, anejo 

II, págs. 7-21 del apéndice del recurso.
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Por su parte, el 9 de enero de 2024, el Ministerio 

Publico presentó su oposición a la solicitud de 

desestimación.3 Plantearon que, en la etapa del 

procedimiento criminal que se encontraba el caso, 

lograron satisfacer el “quantum” de prueba requerido 

para demostrar que el señor Rivera probablemente había 

cometido el delito imputado.

Evaluados los argumentos de las partes, el 25 de 

enero de 2024, el foro primario emitió la Resolución

recurrida.4 Mediante esta, declaró No Ha Lugar a la 

moción de desestimación bajo la Regla 64(p) presentada 

por el peticionario. En específico, el foro primario 

concluyó lo siguiente: 

En el presente asunto, el Ministerio 

Público a través de los testimonios de los 

agentes Raymond Rivera Troche, Luis Torré 

Lugo y Marcos Dominicci Alameda presentó a 

nivel de Vista Preliminar la prueba que 

entendió necesaria para probar los 

elementos de los delitos imputados y la 

conexión con él acusado. Es a través del 

testimonio del agente Raymond Rivera Troche 

que se comenzó con la investigación de un 

accidente fatal con peatón. Este agente 

corroboró una confidencia recibida sobre 

una persona muerta en la carretera y a su 

vez la trasmitió al agente Luis Torré Lugo. 

Por su parte, el agente Marcos Dominicci 

Alameda, como parte de sus funciones e 

información recibida por su supervisor, 

decidió investigar lo ocurrido con unos 

vehículos que se encontraban estacionados 

en la carr. #100 en Cabo Rojo. Al así 

hacerlo logró obtener, garantizándole los 

derechos del acusado, una manifestación por 

parte del acusado la cual fue transmitida 

al agente Luis Torré Lugo. Por otro lado, 

es a través de la investigación del agente 

Luis Torré Lugo que se logró obtener las 

piezas de evidencia del lugar de los hechos 

y poder compararlas con las piezas que le 

faltaban a la Mazda tribute ocupada. En 

adición, es a través de esa investigación 

que se logró obtener las muestras de tejidos 

del poste derecho del Mazda tribute 

obteniendo resultados compatibles con el 

3 Oposición a Solicitud de Desestimación al Amparo de la Regla 64 

(P) de Procedimiento Criminal, anejo VII, págs. 36-46 del apéndice 

del recurso.

4 Resolución, anejo I, págs. 1-6 del apéndice del recurso.
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occiso y con el impacto que presentaba en 

la parte posterior de su cabeza. A través 

de estos testimonios el Ministerio Público 

estableció una cadena de eventos que 

resultó en la radicación de cargos 

criminales al acusado.

Por cuanto, al analizar todo lo 

anteriormente discutido, este tribunal 

entiende que el Ministerio Público cumplió 

totalmente con su obligación de presentar 

el “quantum” de prueba requerido en vista 

preliminar. [...]

En desacuerdo, el 12 de febrero de 2024, el señor 

Rivera presentó una Moción de Reconsideración.5 Sin 

embargo, el 21 de febrero de 2024, mediante Resolución 

y Orden, el foro primario la denegó.6

Aún insatisfecho, el 15 de marzo de 2024, el señor 

Rivera acudió ante este foro. Mediante el recurso 

presentado, alegó que el foro primario cometió el 

siguiente error:

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la 

Moción en Solicitud de Desestimación del 

Pliego Acusatorio al Amparo de la Regla 

64(p) por Determinación de Causa Ausencia 

Total de Prueba al Amparo de la Regla 64(p) 

de Procedimiento Criminal.

El 20 de marzo de 2024, emitimos una Resolución

mediante la cual le concedimos quince (15) días a la 

parte recurrida para que presentara su oposición al 

recurso.

El 3 de abril de 2024, el Pueblo de Puerto Rico 

compareció por conducto de la Oficina del Procurador

General, mediante Escrito en Cumplimiento de Orden y 

Solicitud de Desestimación. En síntesis, alegó que el 

recurso del peticionario no cumple con los requisitos 

mínimos para que este foro lo tome en consideración, 

puesto que, no incluye la regrabación de los días que 

5 Moción de Reconsideración, anejo III, págs. 22-29 del apéndice 

del recurso. 

6 Resolución y Orden, anejo IV, págs. 30-31 del apéndice del recurso.
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fue celebrada la vista preliminar. Sostienen que las 

regrabaciones eran indispensables, ya que el 

planteamiento del señor Rivera se basa en incumplimiento 

de la carga probatoria por parte del Ministerio Público.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe.

II.

-AEl certiorari es un recurso extraordinario 

discrecional expedido por un tribunal superior a otro 

inferior, mediante el cual el tribunal revisor está 

facultado para enmendar errores cometidos por el foro 

revisado, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase, 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491. Véase, además, IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917-918 (2009).

La expedición del auto descansa en la sana 

discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016). De este modo, 

este auto discrecional debe utilizarse “con cautela y 

solamente por razones de peso.” Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 DPR 4, 18 (1948). Respecto a la utilización 

del certiorari, en Pérez v. Tribunal de Distrito, supra, 

nuestro Tribunal Supremo expresó que este recurso 

extraordinario discrecional procede “para revisar 

errores cometidos por las cortes inferiores no importa 

la naturaleza del error imputado.” Véase, además, 

Pueblo v. Díaz de León, supra, pág. 918.

No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

sido muy claro al aclarar que este recurso no equivale 
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a una apelación. Íd. Además, ha enfatizado que su 

utilización procede únicamente en aquellos casos en que 

no exista un recurso de apelación disponible u otro 

mecanismo ordinario “que proteja eficaz y rápidamente 

los derechos del peticionario.” Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960); Pueblo v. Díaz De León, 

supra.

Por otra parte, para un certiorari de toda 

naturaleza la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los 

criterios que este foro debe tomar en consideración al

atender una solicitud de expedición de este recurso 

discrecional. Estos son:

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 

problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.

-BLa Regla 64(p), 34 LPRA Ap. II, R. 64, dispone que 

una vez el foro de instancia determine causa probable 
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para acusar, y se haya presentado la correspondiente 

acusación por el Ministerio Público, el acusado puede 

someter una moción de desestimación por no haberse 

determinado causa probable conforme a derecho. Pueblo 

v. Rivera Cuevas, supra; Pueblo v. Kelvin Branch, 154 

DPR 575, 584 (2001).

Al evaluar una moción de desestimación de una 

acusación bajo la Regla 64(p), supra, el elemento a 

considerarse es si existe o no ausencia total de prueba 

que tienda a demostrar que se ha cometido el delito 

imputado o que el acusado lo cometió. Pueblo v. Rivera 

Cuevas, supra; Pueblo v. Rivera Rivera, 141 DPR 121, 131 

(1996); Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 DPR 685, 692 

(1994).

Al hacer este ejercicio, el tribunal debe 

determinar si durante la vista preliminar el magistrado 

que la presidió tuvo ante sí prueba que pueda 

considerarse suficiente en derecho para la determinación 

de causa probable. Si concluye que en dicha 

determinación medió esa prueba, no procede la 

desestimación de la acusación bajo la Regla 64(p), 

supra. En cuanto al alcance de esa discreción, el 

Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente:

Este ejercicio evaluativo discrecional “en 

cuanto al extremo de ausencia total de la 

prueba” es crucial. Su significado está 

estrechamente vinculado a las razones 

principales que jurisprudencialmente hemos 

reconocido que inspiran la vista 

preliminar, a saber: (1) el objeto central 

de la vista preliminar no es hacer una 

adjudicación en los méritos en cuanto a la 

culpabilidad o inocencia del acusado; (2) 

aunque se trata de una función propiamente 

judicial, no es ‘un mini juicio’; (3) el 

fiscal no tiene que presentar toda la prueba 

que posea; (4) la vista está encaminada a 

proteger a la persona imputada a través de 

un filtro o cedazo judicial por el cual el 

Estado tiene que pasar prueba, y demostrar 
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si está justificado o no a intervenir con 

la libertad de un ciudadano y someterlo a 

los rigores y contingencias de un juicio 

plenario, y (5) una vez se demuestra y se 

justifica esta intervención, la vista ha 

cumplido su propósito de ley. Pueblo v. 

González Pagán, 120 DPR 684, 688 (1988).

Además, nuestro Tribunal Supremo ha delineado 

específicamente los parámetros o criterios que deben 

guiar al juzgador que enfrenta una moción de 

desestimación bajo la Regla 64(p), supra, a saber: (1) 

examinar la prueba de cargo y defensa vertida en la vista 

preliminar, así como la prueba del acusado en apoyo de 

la moción; (2) determinar si esa prueba establece la 

probabilidad de que estén presentes todos los elementos 

del delito, así como la existencia de prueba que conecte 

al imputado con su comisión; (3) el hecho de que a juicio 

del magistrado la prueba presentada demuestre, con igual 

probabilidad, la comisión de un delito distinto al 

imputado, no debe dar fundamento a una desestimación; y 

(4) sólo en total ausencia de prueba sobre la 

probabilidad de que estén presentes uno, varios o todos 

los elementos del delito o de la conexión del imputado 

con tal delito, procede la desestimación de la 

acusación. Pueblo v. Rivera Cuevas, supra; Pueblo v. 

Rivera Alicea, 125 DPR 37, 42-43 (1989).

Debe tenerse presente que la determinación de causa 

probable en la vista preliminar goza de una presunción 

legal de corrección. Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 

656, 662 (1997); Pueblo v. Rivera Alicea, supra, pág. 

42. Como dicha presunción es una controvertible, 

corresponde al acusado la obligación de presentar 

evidencia para persuadir al tribunal de que no existía 

causa probable para acusarlo. Para ello tiene que 

convencer al tribunal de que en la vista preliminar hubo 
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ausencia total de prueba sobre algún elemento del delito 

o sobre su conexión con el mismo.

III.

Mediante el único señalamiento de error, el 

peticionario alega que incidió el foro primario al 

declarar No Ha Lugar su solicitud de desestimación al 

amparo de la Regla 64(p). Ello, debido a que estuvo 

totalmente ausente el elemento de la causalidad. A su 

vez, arguye que de la prueba desfilada por el Ministerio 

Público “hay ausencia total de que la muerte tenga una 

relación causal con manejar en alegado estado de 

embriaguez, lo cual es un elemento indispensable para el 

Artículo 7.06 de la Ley 22-2000.”

No obstante, luego de examinar la totalidad del 

recurso ante nos, concluimos que el caso de epígrafe no 

satisface los requisitos de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, por lo que procede denegar el auto 

solicitado. Ante los hechos expuestos en el presente 

caso, no consideramos que el foro primario haya actuado 

con prejuicio, parcialidad o error manifiesto. En 

consecuencia, nos vemos imposibilitados de intervenir en 

esta etapa de los procedimientos. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se DENIEGA la 

expedición del certiorari de epígrafe.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones