NÚMERO IDENTIFICADOR

SEN2024___________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel VIII

CÉSAR VÁZQUEZ CLASS

Recurrida

v. 

CONSEJO DE TITULARES Y

JUNTA DE DIRECTORES DEL

CONDOMINIO CRYSTAL HOUSE

Recurrente

KLRA202400426

Revisión Judicial 

procedente del 

Departamento de 

Asuntos del 

Consumidor 

Caso Núm.

C-SAN-2018-0003651

Sobre: 

Ley de Condominios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Adames 

Soto y la Jueza Santiago Calderón

Adames Soto, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2024.

Comparece el Consejo de Titulares del Condominio Crystal House 

(Consejo o recurrente) mediante recurso de revisión judicial, solicitando que 

revoquemos una Notificación y Orden emitida por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo), el 31 de julio de 2024. Mediante dicho 

dictamen, el DACo declaró No Ha Lugar la Moción sobre Acumulación de 

Parte Indispensable y Paralización de Procedimientos presentada por el 

Consejo. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, corresponde

desestimar el recurso presentado. 

I. Resumen del tracto procesal 

El 22 de mayo de 2018, el señor César Vázquez Class (señor Vázquez 

Class o recurrido), presentó Querella contra el Consejo y la Aseguradora 

ABC (nombre ficticio por desconocer el verdadero), alegando haber sufrido

daños continuos como consecuencia de filtraciones en el área de las 

piscinas del Condominio. En esencia, este adujo que las referidas

filtraciones no habían sido atendidas por el Consejo, impidiendo que 

pudiera vivir y disfrutar de su apartamento desde noviembre de 2015. De 

igual forma, aseveró que las filtraciones provocaron que se marcharan unos 
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inquilinos que tenía en la propiedad, y se reflejaban en el sistema eléctrico, 

pues caía agua por las lámparas del apartamento. Añadió a sus 

alegaciones, el haber perdido mobiliario por la misma causa, más reparar

los pocos muebles que le quedaban. A tenor de lo alegado, solicitó ser 

indemnizado con una suma no menor de $150,000.00, más $5,000.00 por 

los daños a otros bienes muebles. 

El 12 de abril de 2019, el Consejo presentó Contestación a Querella. 

En síntesis, arguyó haber actuado de forma diligente en el proceso de 

contratación de las obras de reparación y sellado del techo del edificio. 

Esgrimió que las filtraciones habían sido reparadas, añadiendo que el 

Condominio no contaba con certificación alguna que indicara que hubiera 

filtraciones reflejadas por el sistema eléctrico en el apartamento del 

recurrido. A su vez, alzó como defensa afirmativa, la omisión de incluir en 

la Querella una parte indispensable. 

Luego de varios trámites procesales, el 13 de marzo de 2024, el 

Consejo presentó Moción Solicitando Desestimación por Falta de Parte 

Indispensable. A estos fines arguyó que, en su Querella el recurrido había 

hecho alegaciones específicas en contra de un querellado desconocido, la 

Aseguradora ABC, como responsable de los daños, por lo que dicha parte

resultaba indispensable, pues sin su presencia no podía adjudicarse el 

caso. A esto añadió, que la ausencia en el litigio de dicha parte obedecía a 

la falta de diligencia del señor Vázquez Class para identificar el nombre de 

la compañía aseguradora, y enmendar oportunamente la Querella para 

incluir su nombre. A tenor, razonó que el recurrido estaba impedido de 

poner en condiciones al DACo de conocer el nombre de la parte 

indispensable. 

En respuesta, el 14 de marzo de 2024, el recurrido presentó 

Oposición a Desestimación. Sostuvo que, luego de 5 años de litigio, el 

Consejo, ni su Junta de Directores, le habían notificado el nombre de su 

aseguradora, aunque ahora alegaran su existencia. No obstante, también
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esgrimió que la aseguradora no era una parte indispensable cuyos derechos 

e intereses podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por una 

sentencia dictada, estando esta persona ausente del litigio.1 Sobre el mismo 

asunto abundó, que el Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 

19 de junio de 1957, según enmendado, 26 LPRA sec. 101 et seq., (Código 

de Seguros), le permitía recobrar los daños contra una aseguradora luego 

de recaída la sentencia, por lo que nada impedía que se adjudicara la 

controversia sin la presencia de dicha entidad. 

Sopesada la argumentación de las partes, el 17 de mayo de 2024, el 

DACo notificó Orden declarando No Ha Lugar la Moción de Desestimación 

por Falta de Parte Indispensable, por lo que ordenó la continuación de los 

procedimientos. 

Sin embargo, el 23 de julio de 2024, el Consejo presentó Moción sobre 

Acumulación de Parte Indispensables y Paralización de Procedimientos, 

solicitando que se le permitiera incluir en el caso a Chubb Insurance 

Agency, Inc. Aseveró que esta había sido la aseguradora contratada por el 

Condominio para cubrir: (1) riesgos en los inmuebles; (2) áreas comunes 

generales, procomunales y limitadas; (3) así como otros riesgos no 

relacionados a la propiedad privada de los titulares. En específico, adujo 

que, la referida póliza cubría los riesgos de la reclamación del caso de 

epígrafe, por lo que, estando directamente relacionada con la causa de 

acción, sus derechos e intereses podrían verse afectados por una

determinación del DACo, de no ser incluida como parte. 

A raíz de ello, el 29 de julio de 2024, el señor Vázquez Class presentó 

Oposición a Moción sobre Acumulación de Parte Indispensable y Paralización 

de Procedimientos. En lo pertinente, expuso que la controversia sobre 

presunta ausencia de una parte indispensable había sido atendida, 

mediante la Orden emitida el 17 de mayo de 2024. 

1 Anejo IV del recurso de revisión judicial, pág. 30. Citando a J. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, Puerto Rico, 2000, Publicaciones JTS, Tomo I, Pág. 371. 
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Es así como, el 31 de julio de 2024, el DACo emitió una Notificación 

y Orden declarando No Ha Lugar la Moción sobre Acumulación de Parte 

Indispensable y Paralización de Procedimientos, presentada por el Consejo, 

y ordenó la continuación de los procedimientos. Es de esta Resolución

interlocutoria de la cual recurre ante nosotros el Consejo.

En específico, el Consejo señala ante nosotros que el DACo incidió, 

al cometer el siguiente error:

Erró el DACO al emitir Orden que impide a la parte recurrente 

el traer el caso a la parte indispensable omitida, CHUBB 

INSURANCE AGENCY, INC., quien se encuentra directamente 

relacionada con la causa de acción que motiva la Querella y 

sus derechos e intereses pudieran quedar afectados por una 

resolución dictada en este foro (DACO) estando ausente del 

litigio. Dichos intereses afectados son de índole real e 

inmediatos, al extremo que impiden la preparación de un 

decreto final adecuado.

El 21 de agosto de 2024, el recurrido presentó Comparecencia 

Especial para Solicitar Desestimación por Falta de Jurisdicción. 

II. Exposición de Derecho

A. Jurisdicción 

La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Allied MGMT.

Group, v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020); Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); Horizon v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de instancia como los 

foros apelativos tienen el deber de, primeramente, analizar en todo caso si 

poseen jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto que 

los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal 

defecto. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra, pág. 234; Shell v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Ello responde a que las 

cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben resolverse con 

preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, 190 
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DPR 652, 660 (2014); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 

(2007). 

En consonancia, constituye norma reiterada el de la importancia de 

cumplir con los términos, debido a que un recurso presentado de modo 

prematuro, al igual que tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). Por 

tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un recurso o 

sobre una controversia, debemos así declararlo y proceder a desestimarlo. 

Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, supra. 

B. Revisión Judicial de Decisiones Administrativas

El Art. 4.002 de la Ley Núm. 201-2003, Ley de la Judicatura del 

Estado libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, dispone, en lo 

pertinente, que el Tribunal de Apelaciones revisará, como cuestión de 

derecho, las decisiones finales de los organismos y agencias 

administrativas que hayan sido tramitadas conforme con las disposiciones 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Art. 4.002 de 

la Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24 (u). (Énfasis provisto).

Por su parte, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq. 

(LPAUG), define el ámbito de la revisión judicial. Conforme lo dispone la 

Sección 4.2 de esta Ley, solamente las órdenes o resoluciones finales

dictadas por las agencias o funcionarios administrativos pueden ser 

revisadas judicialmente. La sección aludida establece, en lo pertinente, lo 

siguiente: 

[u]na parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia que haya agotado todos 

los remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente podrá 

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha de archivo en autos de la copia 

de la notificación de la orden o resolución final de la 

agencia o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en 

la sec. 9655 de este título, cuando el término para solicitar 

la revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de reconsideración.

Íd. (Énfasis provisto).
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Cabe aquí añadir la expresión de nuestro Tribunal Supremo al 

advertir que la sección de la LPAU citada, limitó la revisión judicial de 

decisiones administrativas a aquellas instancias que cumplan con dos 

requisitos, a saber: (1) que se trate de órdenes o resoluciones finales y (2) 

que la parte que solicita la revisión haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia administrativa. AAA v. UIA, 200 DPR 903, 912, 

(2018). La orden o resolución final debe incluir y exponer de forma separada, 

determinaciones de hechos, si éstas no se han renunciado, conclusiones 

de derecho que fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del recurso 

de reconsideración o revisión, según sea el caso, y la firma del jefe de la 

agencia o cualquier otro funcionario autorizado por ley. AAA v. UIA, 199 

DPR 638, 659 (2018).

A su vez, el mismo alto Foro ha manifestado que una orden o 

resolución final, es aquella determinación de la agencia administrativa que 

pone fin a los procedimientos en un foro determinado y tiene un efecto 

sustancial para las partes. AAA v. UIA, supra a la pág. 913. (Énfasis 

nuestro). 

III. Aplicación del Derecho a los hechos

Según advertimos en la exposición de derecho, los tribunales 

estamos llamados a auscultar primeramente si contamos con jurisdicción 

para atender la controversia traída ante nuestra consideración. Shell v. Srio 

Hacienda, supra. Esto pues, de concluir que carecemos de jurisdicción sólo 

nos correspondería desestimar el recurso instado. 

Conforme surge del tracto procesal, el recurrente solicita que 

revoquemos la Notificación y Orden suscrita por el DACo, mediante la cual

fue denegada su petición para incluir como parte indispensable a la 

aseguradora Chubb Insurance Agency, Inc. 

Según enfatizamos en la exposición de derecho, la LPAU limitó 

nuestra facultad de revisión judicial a decisiones que cumplieran con dos 

requisitos esenciales: (a) que fueran órdenes o resoluciones finales de la 
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agencia, y (b) que la parte adversamente afectada hubiese agotado todos 

los remedios provistos por la agencia administrativa. AAA v. UIA, 199 

supra pág. 657 (2018). (Énfasis nuestro). Ninguna de estas dos condiciones 

concurre en el caso ante nuestra consideración, pues carecemos de una 

resolución final emitida por el órgano administrativo que se nos solicita

revisar, solo estando ante nuestra consideración una resolución

interlocutoria. Aunque resulte reiterativo, sépase que, por disposición tanto 

de la Ley de la Judicatura, supra, como de la LPAU, supra, en el ámbito de 

la revisión judicial nuestra jurisdicción está limitada a solo atender 

determinaciones finales de las agencias administrativas, lo que resulta en 

la exclusión de las resoluciones interlocutorias.

La denegatoria de la solicitud emitida por el DACo para que se 

incluyera en el proceso administrativo que se sigue en este es una 

resolución interlocutoria, ergo, no revisable. Por ello, corresponde 

desestimar el recurso de revisión judicial, por falta de jurisdicción. 

IV. Parte Dispositiva

Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar 

parte de este dictamen, se desestima el recurso presentado por 

el Consejo de Titulares del Condominio Crystal House, por falta de 

jurisdicción.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones