Número Identificador

SEN2024____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

DAWN MARIE ALMEYDA

COLLAZO

Apelante

v.

DIANA ALMEYDA ORTIZ,

KIMBERLY ROSADO

ALMEYDA Y ROBERTO

LÓPEZ MORALES

Apelados

KLAN202400453

Apelación

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Aguadilla 

Caso Civil Núm.:

AG2023CV00850

Sobre:

Retracto de 

Comuneros 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez

Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez.

Rivera Pérez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de julio de 2024.

Comparece la parte apelante, Dawn Marie Almeyda Collazo

(en adelante, parte apelante o Sra. Almeyda Collazo), mediante un 

recurso de Apelación y nos solicita que revisemos la Sentencia

emitida el 18 de abril de 2024 y notificada al día siguiente por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en 

adelante, TPI). Mediante este dictamen, el TPI declaró “No Ha Lugar” 

la demanda sobre retracto legal presentada por la parte apelante 

contra Diana Almeyda Ortiz (en adelante, Sra. Almeyda Ortiz), 

Kimberly Rosado Almeyda (en adelante, Sra. Rosado Almeyda) y 

Roberto López Morales (en adelante, Sr. López Morales) (en conjunto 

parte apelada). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación,

revocamos la Sentencia apelada.
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I.

El 29 de mayo de 2023, la Sra. Almeyda Collazo presentó una 

Demanda sobre retracto legal contra la parte apelada.1 En síntesis, 

adujo que era comunera, junto a la Sra. Almeyda Ortiz, de los bienes 

que componen la comunidad hereditaria de la Sucesión del Sr.

Próspero Almeyda y la Sra. Esmeralda Ortiz. Indicó, además, que el 

24 de enero de 2024 advino en conocimiento de que la Sra. Almeyda 

Ortiz había suscrito un contrato de opción y promesa de 

compraventa con el Sr. López Morales, quien era extraño a la 

comunidad hereditaria, mediante el cual se obligó a venderle su 

participación en la comunidad hereditaria por la suma de 

$40,000.00. De este modo, la Sra. Almeyda Collazo señaló que el 13 

de febrero de 2023 le envió una misiva a la Sra. Almeyda Ortiz, con 

copia al Sr. López Morales, en la cual le expresaba su intención de 

ejercer su derecho preferente (retracto legal) sobre la participación 

de la comunidad hereditaria que se pretendía enajenar. No obstante,

el 18 de mayo de 2023, la Sra. Almeyda Collazo recibió una carta 

mediante la cual se le informaba que el 15 de mayo de 2023 se había 

materializado la compraventa de su participación hereditaria al Sr. 

López Morales. Así pues, solicitó al TPI que se le autorizara 

consignar la suma de $40,000.00, declarara ha lugar la acción de 

retracto, ordenara la venta forzosa de la participación hereditaria 

enajenada, y la imposición a la parte apelada de costas y honorarios 

de abogados. 

Al siguiente día, la Sra. Almeyda Collazo presentó una Moción 

sobre consignación de fondos, esto en cumplimiento con el Artículo 

1051 del Código Civil de 2020.2 Anejó a dicha moción un cheque por 

la suma de $3,550.00.

1 Apéndice de la Apelación, págs. 14- 17.

2 Entrada Núm. 3 del expediente digital del caso AG2023CV00850 en el Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
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Posteriormente, el 10 de julio de 2023, la Sra. Almeyda Collazo 

presentó una Moción informativa sobre consignación de fondos.

3

Mediante esta señaló que por error clerical anejó en SUMAC copia 

de otro cheque que no correspondía al acompañado en la Demanda.

Por tal razón, le solicitó al TPI que le autorizara la consignación de 

los fondos en la unidad de cuentas del tribunal. El TPI emitió la 

siguiente Orden:  ̈No ha lugar por este momento ̈.4

Por su parte, el 10 de julio de 2023, la Sra. Almeyda Ortiz y 

su hija, la Sra. Rosado Almeyda, presentaron su Contestación a 

Demanda en la cual negaron las alegaciones presentadas en su 

contra y levantaron sus defensas afirmativas.5 En lo pertinente, 

negaron que haya sido el 24 de enero de 2023 la fecha en que la Sra. 

Almeyda Collazo advino en conocimiento de las gestiones sobre la 

venta de la única propiedad del caudal hereditario de estas.

Asimismo, sostuvieron que desde los años 2007 y 2008, la Sra. 

Almeyda Collazo conocía del estado deteriorado de la propiedad, así 

como las gestiones realizadas para la venta. De igual forma, 

adujeron que desde los inicios de las negociones con el Sr. López 

Morales, mantuvieron informada a la Sra. Almeyda Collazo de las 

intenciones de este de comprar la propiedad. Señalaron, además,

que el Sr. López Morales estuvo continuamente en comunicación 

con la Sra. Almeyda Collazo.

Al mismo tiempo, la Sra. Almeyda Ortiz y la Sra. Rosado 

Almeyda presentaron Reconvención en la cual reprodujeron sus 

alegaciones y defensas afirmativas. Asimismo, reclamaron la suma 

de $20,000.00 en concepto de daños y perjuicios por temeridad y 

las costas, gastos y honorarios de abogados. A la referida 

3 Apéndice de la Apelación, págs. 30-31.

4 Apéndice de la Apelación, pág. 32.

5 Apéndice de la Apelación, págs. 33-35.
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Reconvención se opuso la Sra. Almeyda Collazo el 13 de julio de 

2023.6

El 18 de julio de 2023, el Sr. López Morales presentó 

Contestación a Demanda.

7 Mediante esta negó las alegaciones 

presentadas en su contra y levantó sus defensas afirmativas. En lo 

pertinente, señaló que la demanda sobre retracto de comuneros 

estaba prescrita; que desde los años 2007 al 2008 la Sra. Almeyda 

Collazo sabía sobre las gestiones que se realizaban para la venta de 

la propiedad a un tercero; que la Sra. Almeyda Collazo no expresó 

en ningún momento su intención de adquirir la propiedad para sí; 

que entre la Sra. Almeyda Collazo y el Sr. López Morales se habían 

iniciado conversaciones dirigidas a que este le compraría su 

participación en la propiedad; y que dicha comunicación entre 

ambos fue continua y abundante. 

El 26 de julio de 2023, el TPI emitió una Orden donde autorizó 

a la Sra. Almeyda Collazo a consignar los fondos.8 Así pues, el 2 de 

agosto de 2023, la Sra. Almeyda Collazo consignó la suma de 

$40,000.00 en la secretaría del tribunal.9

Luego de varios trámites procesales, el 22 de enero de 2024,

el TPI de Aguadilla celebró juicio en su fondo.

10 Asimismo, la prueba 

desfilada en el juicio consistió en el testimonio de la Sra. Almeyda 

Collazo y del Sr. López Morales.11

El TPI dictó Sentencia, el 18 de abril de 2024, la cual notificó 

al siguiente día.12 En su dictamen el foro primario realizó las

siguientes determinaciones de hechos: 

1. Según lo alegado en la demanda radicada, la 

demandante y la codemandada Diana Almeyda Ortiz 

6 Apéndice de la Apelación, págs. 36-38.

7 Véase la entrada Núm. 15 del expediente digital del Caso Núm. AG2023CV00850 

en el sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).

8 Apéndice de la Apelación, pág. 39.

9 Apéndice de la Apelación, pág. 40.

10 Apéndice de la Apelación, págs. 180-197.

11 Véase Transcripción de la Prueba Oral del juicio en su fondo del 22 de enero de 

2024 (en adelante, TPO).

12 Apéndice de la Apelación, págs. 199-202.
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son las únicas co-herederas de su difunto abuelo y 

padre respectivamente Don Próspero Almeyda de 

acuerdo con el testamento de éste. 

La demandante Dawn Marie Almeyda Collazo 

declaró que tiene un bien en común, casa en Aguadilla, 

con su tía Diana Almeyda Ortiz. La testigo hizo 

referencia al testamento donde se le dejó su parte. Dijo 

que heredaron su primo Kevin, su tía Diana y ella. 

2. Dawn y Diana son co-herederas de su difunta 

abuela y madre respectivamente Doña Esmeralda Ortiz 

a base de la declaratoria de herederos de ésta. 

3. El caudal de ambos causantes lo compone una 

residencia ubicada en el Barrio Camaseyes de 

Aguadilla. La demandante indicó que conoce que Diana 

vendió su participación (3 partes) a Roberto. Se enteró 

el 24 de enero de 2023 a través de su abogada. 

4. Explicó que el acuerdo entre Roberto y Diana 

fue por $40,000.00 y el pago de impuestos. La 

información se la dio su abogada. Declaró que le dijo a 

la abogada que quería comprar la parte de su tía y se 

depositó $40,000.00 en el Tribunal. La participación de 

la codemandada Diana Almeyda Ortiz le fue vendida por 

ésta al codemandado Roberto López Morales por la 

suma de $40,000.00 más el pago de la deuda con el 

CRIM ascendente a sobre veintitrés mil dólares 

($23,000.00) adicionales. 

5. Señaló que la intención de adquirir la casa se 

notificó mediante carta de su abogada (Exhibit 11).

Indicó que Diana no se comunicó con ella y reconoció a 

Kimberly como su prima. 

6. En el contrainterrogatorio, indicó que conoce el 

testamento preparado por su abuelo. Dijo que no puede 

leer en español. Sabe que heredaron, su primo (que 

murió), su tía y ella. Sostuvo que heredó la mitad de 

una tercera parte. Que el único bien es una casa y que 

Diana vendió su derecho a Roberto. Explicó que la 

propiedad tasó $116,000.00 muchos años atrás. Dijo 

que ella podía dar más de $40,000.00. 

7. El 22 de octubre de 2022 se otorgó contrato de 

opción y promesa de compraventa entre los codemandados Diana Almeyda Ortiz y Roberto López 

Morales.

8. El 15 de mayo de 2023 se otorgó la Escritura 

número 62 sobre Compraventa entre Diana Almeyda 

Ortiz y Roberto López Morales ante el notario Pedro L. 

García Morell. 

9. Se estipuló que Diana no le hizo oferta por 

$40,000.00 en venta a Dawn. Además, que Dawn 

tampoco a Diana. También que Diana recibió las cartas 

(Exhibits 10 y 11). 

10. Roberto declaró que se interesó en la casa 

abandonada empezando el 2022. Dijo que logró 

conseguir a Diana, pues vivía cerca. Kimberly le informó 

que su prima Dawn vivía en Estados Unidos. Indicó, que 

a ésta, la encontró en las “redes” (Facebook) y le expresó 

su interés por la propiedad. 

11. Explicó que al final del 2022, Dawn le dijo que 

hablara con su tía. Éste contestó que lo había hecho y 

que le ofreció pronto de $2,000.00 y pagar $40,000.00. 

Dawn le contestó, que él tenía qua hablar con su 

abogada y hacerle la oferta. 
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12. Roberto habló de las negociaciones con 

Diana. Señaló que pagó $40,000.00 y asumió la deuda 

en el CRIM. Además, pagó la escritura. 

13. Hubo comunicaciones entre el co-demandado 

Roberto y la demandante mediante varios mensajes de 

textos. Éste le hizo oferta de $30,000.00 a Dawn y no 

fue aceptada. Expresó que la propiedad sigue 

abandonada y podría ser considerada estorbo público.

El TPI concluyó que la Sra. Almeyda Collazo no había ejercido 

su derecho de retracto de comuneros dentro del término de treinta 

(30) días que dispone la ley, contados a partir de que esta conoció 

del incidente de la compraventa. En consecuencia, el foro primario 

declaró No ha Lugar la demanda.

Inconforme con esta determinación, la Sra. Almeyda Collazo 

interpuso el presente recurso de Apelación el 7 de mayo de 2024 

ante este foro revisor y señaló la comisión del siguiente error:

ERRÓ EL TPI AL COMPUTAR EL TÉRMINO PARA 

EJERCER DE LA ACCIÓN DE RETRACTO. EL FORO DE 

INSTANCIA SOSLAYÓ EL DERECHO VIGENTE EN 

CUANTO A QUE EL TÉRMINO DE 30 DÍAS QUE 

ESTABLECE EL ARTÍCULO 1058 DEL CÓDIGO CIVIL 

COMIENZA A COMPUTARSE DESDE QUE LA 

RETRAYENTE CONOCIÓ “LA VENTA” (TRASPASO) Y 

NO DESDE QUE LA APELANTE CONOCIÓ DEL 

“INCIDENTE DE LA COMPRAVENTA” (ACTOS

PREPARATORIOS). SIENDO ASÍ QUE, DICHA VENTA 

TENÍA QUE REALIZARSE EN ESCRITURA PÚBLICA 

PARA QUE EN EFECTO SE PERFECCIONARA LA 

VENTA. DICHO EVENTO OCURRIÓ EL 15 DE MAYO 

DE 2023 Y LA DEMANDA SE INTERPUSO EL 29 DE 

MAYO DE 2023.

El mismo día, la Sra. Almeyda Collazo presentó una Moción 

solicitando autorización para que se permita transcribir la prueba 

oral. Ante ello, el 10 de mayo de 2024 emitimos una Resolución

concediéndole treinta (30) días para presentar la transcripción de la 

prueba oral por estipulación de las partes. En cumplimiento con lo 

ordenado, el 4 de junio las partes presentaron ante nos Moción 

Conjunta Sometiendo Transcripción. 

El 17 de junio de 2024, la parte apelante presentó su Alegato

Suplementario haciendo referencia a la transcripción de la prueba 

oral. Al día siguiente, emitimos una Resolución para que la parte 
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apelada cumpliera con lo dispuesto en la resolución de 5 de junio 

de 2024.

En cumplimiento con lo ordenado, el 8 de julio de 2024 la 

parte apelada presentó su Oposición a Apelación Civil. Contando con 

el beneficio de la trascripción de la prueba oral y de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II.

A.

Es norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico que, 

“ante la ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o 

pasión, no se favorece la intervención de los tribunales apelativos 

para revisar la apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad o las determinaciones de hechos formuladas por el 

Tribunal de Primera Instancia”. Ortiz Ortiz v. Medtronic., 209 DPR 

759, 778 (2022), citando a Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 

DPR 194, 219 (2021). Ello implica que un tribunal apelativo debe 

abstenerse de intervenir con las determinaciones de hechos y la 

adjudicación de credibilidad que realizó el foro primario, evitando 

descartarlas, modificarlas o sustituirlas por su criterio, aun cuando 

en su evaluación particular hubiera emitido un juicio distinto. 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Argüello 

v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001). 

El fundamento de esta norma, en cuanto a la prueba testifical, 

yace en que es el foro primario quien de ordinario se encuentra en 

mejor posición para aquilatarla, ya que es quien ve y oye a los 

testigos, pudiendo apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, 

dudas, vacilaciones y, por consiguiente, formar en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen o no la verdad. Suárez Cáceres v. 

Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 67-68 (2009). En contraste, 

los foros apelativos solo contamos con récords mudos e 

inexpresivos. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). Esta 
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norma, sin embargo, no es absoluta, pudiendo un apelante 

presentar prueba que demuestre que la apreciación realizada por el 

foro sentenciador no fue correcta o no está refrendada por la prueba 

presentada y admitida. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra, pág. 

741. Por todo lo cual, se ha establecido la regla fundamental en 

nuestro ordenamiento de que los tribunales apelativos no 

intervendremos con la apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y las determinaciones de hechos que realiza el Tribunal 

de Primera Instancia, a menos que se demuestre que el juzgador 

actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o que incurrió en 

error manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 753 

(2013). Véase la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 42.2. 

En cuanto a la prueba testifical, procede nuestra intervención 

con la apreciación de la prueba o la adjudicación de credibilidad de 

los testigos en aquellos casos en que, luego de un análisis integral 

de la prueba, nos cause una insatisfacción o intranquilidad de

conciencia tal que conmueva nuestro sentido básico de justicia. 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). Por tanto, quien 

impugne una sentencia o resolución bajo estos parámetros deberá 

presentar evidencia sustancial que derrote la presunción de 

corrección que cobija la decisión del foro primario. Esto es, evidencia 

que en una mente razonable pueda aceptarse como adecuada para 

sostener una conclusión. Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 

DPR 1, 25 (2007).

No obstante, esta norma de deferencia no alcanza la 

apreciación de la prueba documental o pericial realizada por el foro 

de primera instancia. En ese sentido, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo ha sido consistente en que los foros revisores nos 

encontramos en igualdad de condiciones con el foro sentenciador 

para evaluar y apreciar la prueba documental admitida en evidencia. 
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Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007).

B.

El Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020, 

según enmendado (en adelante, Código Civil), establece que los 

derechos de adquisición preferente son “aquellos derechos limitados 

que facultan para conseguir la transmisión de una cosa o de un 

derecho, por quien sea su dueño o titular, mediante el pago de su 

precio y el cumplimiento de los demás requisitos dispuestos en el 

negocio jurídico o la ley.” Artículo 1022, 31 LPRA sec. 8801. 

Asimismo, el referido estatuto establece que la opción de compra, el

tanteo y el retracto conforman la categoría de derechos reales de 

adquisición preferente. Íd.

En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de tanteo 

autoriza a su titular para la adquisición preferente de una cosa, en 

caso de que el propietario de esta quiera enajenarla mediante un 

acto oneroso. Artículo 1033 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8831. De 

otra parte, la figura del retracto es el derecho de subrogarse, con las 

mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar de la 

persona que adquiere una cosa por compra o dación en pago. 

Artículo 1055 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8871. 

Estos derechos pueden constituirse por actos entre vivos, a 

título oneroso o gratuito o por causa de muerte, o mediante cesión, 

reserva o división. Artículo 1023 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8802. 

La constitución puede realizarse mediante un negocio jurídico, pacto 

o estipulación, expresos e independientes, que se integran en otro 

negocio jurídico. Íd. Además, el Código Civil nos dice que el retracto 

y el tanteo pueden disponerse por la ley. Íd. De igual modo, el 

derecho de tanteo y retracto pueden ser de naturaleza real o 

personal. Artículo 1024 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8803.

En el caso en que ya se haya consumado la transmisión de la 

propiedad, el titular del derecho puede subrogarse en la posición del 
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tercero adquirente mediante el derecho de retracto. Artículo 1033 

del Código Civil, supra.

El tanteo y el retracto pueden ser convencionales o legales. 

González v. Sucn. Cruz, 163 DPR 449, 456 (2004). En particular, la 

controversia ante nos gira en torno al tanteo y retracto legal de la 

comunidad hereditaria. Según el Código Civil, “[e]l coheredero puede 

ejercer el derecho de tanteo si alguno de los coherederos decide 

enajenar su cuota a un extraño.” Artículo 1605 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 11077. El coheredero tiene un término de treinta (30) días 

para ejercer su derecho de tanteo. Íd; M. R. Garay Aubán, Código 

Civil 2020 y su historial legislativo: Artículo, Referencias, 

Concordancias, Notas del Compilador y Memoriales Explicativos, 2da. 

ed., San Juan, Ed. Situm, 2021, T. 3, pág. 427-428. El referido 

derecho de tanteo de la comunidad hereditaria está en armonía con 

el derecho de tanteo de la comunidad de bienes. Íd., T. 5, pág. 93-

94.

Asimismo, el Capítulo VI del Código Civil regula lo 

concerniente a la comunidad hereditaria. En lo pertinente, el 

Artículo 1601, 31 LPRA sec. 11073, dispone que  ̈[e]n lo que no está 

previsto en este capítulo, el estado de comunidad hereditaria se rige 

por las disposiciones relacionadas con la administración de la 

herencia y con las de la comunidad de bienes.  ̈ (Énfasis nuestro).

Así pues, se establece un carácter supletorio sobre las normas de la 

comunidad de bienes. Garay Aubán, op. cit., T. 5, pág. 89. Por su 

parte, el Artículo 1058 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8874, dispone 

que “[n]o puede ejercitarse el derecho de retracto legal sino dentro 

de treinta (30) días contados desde la inscripción en el registro, 

y en su defecto, desde que el retrayente haya tenido 

conocimiento de la venta.” (Énfasis nuestro). El derecho de 

retracto es subsidiario al tanteo legal cuando este último no se 

puede ejercer por causas no imputables al retrayente. Garay Aubán, 
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op. cit., T. 3, pág. 450.

De igual modo, el Código Civil establece que: 

El derecho de tanteo se convierte en derecho de 

retracto si falta la notificación fehaciente del acuerdo de 

enajenación, o si esta se ha realizado en condiciones 

distintas de las que constan en la notificación. El 

retracto debe ejercerse dentro de un plazo igual al 

pactado para el ejercicio del tanteo. 

Si no se ha pactado un plazo, o si se trata de un 

tanteo legal, el plazo del retracto es de sesenta (60) días.

El plazo comienza a contar, en todos los casos, 

desde la fecha de la inscripción registral o del 

conocimiento de la enajenación. (Énfasis nuestro) 

Artículo 1038 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8836.

El término de sesenta (60) días que dispone el Artículo 1038, 

supra, es contradictorio al término de treinta (30) días que dispone 

el Artículo 1058, supra. Sobre esto, el profesor Garay es de la 

posición que el término de sesenta (60) días debe prevalecer. Garay 

Aubán, op. cit., pág. 453. No obstante, en lo que sí existe 

concordancia es desde cuando puede ejercitarse el derecho, esto es, 

desde la inscripción en el registro, y en su defecto, desde que el 

retrayente haya tenido conocimiento de la venta.

Cabe aclarar que nuestro más alto foro ha señalado que  ̈el 

retracto de coherederos, es una especie o subespecie del retracto de 

comuneros, pues en ambos se trata de una situación de indivisión, 

sólo que el primero presenta una variante por razón del objeto sobre 

el cual recae la comunidad. ̈ Así pues, en el retracto sucesorio el 

objeto de la transmisión es la cuota o participación hereditaria del 

heredero en el caudal mientras que en el retracto de comuneros, el 

objeto es la participación determinada del comunero en el bien 

poseído en común proindiviso. Rivera Esbri v. Archevald, 83 DPR 

604, 614 (1961).

Por otro lado, el Artículo 1051 del Código Civil, 31 LPRA sec.

8862, dispone que: 

El vendedor no puede hacer uso del derecho de 

retracto sin reembolsar al comprador el precio de la 

venta, y, además:
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(a) los gastos del contrato, y cualquier otro pago legítimo 

para la venta; y

(b) los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa 

vendida.

Para que pueda darse curso a las demandas de 

retracto, se requiere que se consigne el precio si es 

conocido, o si no lo es, que se dé fianza de consignarlo 

luego que lo sea.

El Artículo 1051 tiene procedencia en el Artículo 1407 del 

Código Civil de 1930 y mantiene un lenguaje similar. Garay Aubán, 

op. cit., T. 3, pág. 449. La consignación es un requisito estatuario 

que se debe cumplir para poder ejercer el derecho de retracto.

Moreno v. Morales et al., 187 DPR 429, 437 (2012). Al presentarse la 

demanda de retracto se deben consignar a la misma vez el precio de 

venta dentro del término para ejercitar el retracto. Gallardo v. Petiton

y V.T.N., Inc., 132 DPR 39, 50 (1992). Dichos términos son fatales e

improrrogables. Moreno v. Morales et al., supra. Así pues, contrario 

al principio de la libre contratación, las condiciones requeridas para 

su ejercicio deben cumplirse estrictamente. González de Salas v. 

Vda. de González, 99 DPR 577, 583 (1971). Asimismo, nuestro 

Tribunal Supremo ha señalado que  ̈[l]a potestad de ejercer el 

retracto se considera como un privilegio que afecta los derechos de 

propiedad de un adquirente, por lo que no admite ningún tipo de 

flexibilidad en sus términos.  ̈ Íd., pág. 437.

III.

En su recurso de Apelación, la Sra. Almeyda Collazo alegó en 

su único señalamiento de error que incidió el foro apelado al 

determinar que el término de treinta (30) días para ejercer la acción 

de retracto establecido en el Artículo 1058 del Código Civil, supra,

debió de computarse desde que la retrayente conoció “la venta” 

(traspaso) y no desde que la apelante conoció del “incidente de la 

compraventa” (actos preparatorios). Así las cosas, sostiene que 

dicha venta tenía que realizarse en escritura pública para que en 
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efecto se perfeccionara la venta evento que ocurrió el 15 de mayo de 

2023 y la demanda se interpuso el 29 de mayo de 2023.

El Código Civil establece que un coheredero tiene un término 

de treinta (30) días para ejercer su derecho de tanteo cuando otro 

coheredero desea enajenar su cuota a un extraño. Artículo 1605 del 

Código Civil, supra. No obstante, cuando falte la notificación

fehaciente del acuerdo de enajenación, o si esta se realizó en 

condiciones distintas de las que constan en la notificación-si no se 

ha pactado un plazo, o si se trata de un tanteo legal- el derecho de

tanteo se convertirá en un derecho de retracto y tendrá un plazo de 

sesenta (60) días. Artículo 1038 del Código Civil, supra. Asimismo,

el plazo comienza a contar, en todos los casos, desde la fecha de la 

inscripción registral o del conocimiento de la enajenación. Íd. En 

cuanto al retracto legal, este puede ejercitarse dentro de treinta (30) 

días contados desde la inscripción en el registro, y en su defecto, 

desde que el retrayente haya tenido conocimiento de la venta.

Artículo 1058 del Código Civil, supra. El retracto legal es subsidiario 

al tanteo legal. Garay Aubán, op. cit. Además, señalamos que lo que 

no está previsto en el capítulo de la comunidad hereditaria se rige 

por las disposiciones relacionadas con la administración de la 

herencia y con las de la comunidad de bienes. Artículo 1601 del 

Código Civil, supra.

De las determinaciones de hechos del TPI surge que la Sra. 

Almeyda Collazo indicó que se enteró, el 24 de enero de 2023, que

la Sra. Almeyda Ortiz vendió su participación al Sr. López Morales. 

No obstante, también surge de las determinaciones de hechos del 

TPI que la compraventa de la participación entre la Sra. Almeyda 

Ortiz y el Sr. López Morales se llevó a cabo el 15 de mayo de 2023 

mediante la Escritura Núm. 62 sobre Compraventa. 

Los términos reseñados previamente-y que el TPI encontró 

probados- son contradictorios. A pesar de esto, se desprende de la 
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prueba documental y la TPO que de lo que se enteró la Sra. Almeyda 

Collazo el 24 de enero de 2023 fue del Contrato de Opción y Promesa 

de Compraventa suscrito entre la Sra. Almeyda Ortiz y el Sr. López

Morales, el cual tiene fecha del 28 de octubre de 2022.

13 Desde ese 

momento, es decir, desde el conocimiento de la intención de vender,

la Sra. Almeyda Collazo tenía un término de treinta días (30) para 

ejercer su derecho de tanteo legal como coheredera. Sobre esto, 

surge de una misiva enviada por la representación legal de la Sra.

Almeyda Collazo que intentó ejercer su derecho de tanteo dentro del 

término establecido, esto es, el 13 de febrero de 2023.14

A pesar de que la Sra. Almeyda Collazo levantó su derecho 

preferente, la venta de la participación de la Sra. Almeyda Ortiz se 

llevó a cabo el 15 de mayo de 2023 mediante la Escritura Núm. 62 

sobre Compraventa.

15 Ante ello, el derecho de tanteo de la Sra.

Almeyda Collazo se convirtió en un derecho de retracto legal. Así 

pues, una vez esta se entera de la venta, interpuso la acción

correspondiente de retracto el 29 de mayo de 2023 ante el TPI. Es 

decir, catorce (14) días luego de haberse llevado a cabo la venta

mediante escritura pública. Por tanto, ante la notificación fehaciente 

de la intención de vender, aplicamos el término de treinta (30) días 

de retracto legal y no el de sesenta (60) de la conversión del tanteo 

al retracto contemplado en el Artículo 1038 del Código Civil, supra, 

toda vez que este último solo aplica para situaciones en donde no se 

dio la notificación fehaciente.

En este caso, ante las actuaciones de la Sra. Almeyda Ortiz 

por la venta de la participación luego de que la Sra. Almeyda Collazo 

intentara ejercer su derecho de tanteo mediante carta, es aplicable 

el derecho de retracto legal de treinta (30) días establecido en el 

13 Apéndice de la Apelación, págs. 157-159 y 184. Véase apéndice de la 

Apelación, pág. 184 (Exhibit 3).

14 Apéndice de la Apelación, pág. 163. 

15 Apéndice de la Apelación, págs. 102-111. Véase apéndice de la Apelación, pág. 

184. (Exhibit 2).
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Artículo 1058 del Código Civil, supra. No existen causas imputables 

a la Sra. Almeyda Collazo por las cuales esta no pudo ejercer su 

derecho de tanteo, por lo que hubo conversión de tanteo a retracto 

legal. De este modo, el término de treinta (30) días de la comunidad 

de bienes aplica supletoriamente a la comunidad hereditaria. Por lo 

tanto, la Sra. Almeyda Collazo ejerció su derecho de retracto desde 

que tuvo conocimiento de la venta, el cual fue dentro del término de 

treinta (30) días que dispone el Código Civil. Es decir, la 

compraventa se llevó a cabo el 15 de mayo de 2023 y la causa de 

acción se interpuso el 29 de mayo de 2023.

Por otro lado, no nos mueve la contención de la parte apelada 

a los efectos de que la consignación fue tardía. Se desprende del 

expediente del caso de epígrafe que la Sra. Almeyda Collazo solicitó

la consignación de $40,000.00 desde el día que interpuso la 

Demanda, por lo que, en unión con lo resuelto anteriormente, esta 

solicitud se realizó dentro del término de treinta (30) para ejercer el 

retracto. Fue el TPI, ante su manejo de caso, quien no aceptó la 

consignación al inicio del pleito. Sin embargo, la consignación fue 

aceptada posteriormente para la continuación de los procedimientos

en el foro inferior. 

Concluimos que, a la luz del derecho aplicable, la Sra. 

Almeyda Collazo presentó su causa de acción de retracto legal 

dentro del término de treinta (30) días dispuesto en el del Código 

Civil. Lo aquí resuelto es cónsono con el principio de excluir extraños 

en la comunidad en aras de evitar pugnas y conflictos. 

IV.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revoca la 

Sentencia apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos ulteriores a 

tenor con lo aquí resuelto.
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones