Número Identificador

SEN2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

PRODUCTOS MAMA DELIA, 

INC.

Parte Apelada

v.

HIRAM GONZÁLEZ GERENA, 

MOISÉS CARABALLO 

MORALES Y JUAN MANUEL 

GALÁN

Parte Apelante

KLAN202400147

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Utuado

Civil Núm.:

UT2023CV00570

Sobre:

Injunction 

(Entredicho 

Provisional, 

Injunction 

Preliminar y 

Permanente) 

Interdicto 

Posesorio

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2024.

Comparecen los señores Hiram González Gerena, Moisés 

Caraballo Morales y Juan Manuel Galán (en adelante los apelantes) 

y solicitan que revoquemos la Sentencia emitida el 23 de enero de 

2024, y notificada el 24 de enero de 2024, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado (TPI). Mediante el referido dictamen, el 

foro de instancia declaró con lugar la demanda de interdicto 

posesorio instada por la parte apelada, Productos Mamá Delia, Inc.

(PMD o parte apelada) y ordenó a los apelantes remover la verja 

construida por éstos y restituir la posesión de la finca a PMD, así 

como el pago de $1,000.00 en honorarios de abogado por temeridad.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, y con

el beneficio de la comparecencia de PMD, se confirma la 
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determinación de temeridad y el pago de honorarios de abogados 

impuestos a los apelantes en la sentencia apelada.

I.

El 11 de diciembre de 2023, PMD presentó una Demanda 

Jurada de Interdicto Posesorio. En ésta, solicitó la expedición del 

interdicto para recuperar la posesión material de su propiedad y que 

ordenara a los apelantes el cese de los actos de dominio ejercidos 

por éstos, consistentes en instalar una verja con postes y alambres 

de púas, con el propósito y efecto de privarle el acceso a su finca, así 

como de su derecho a continuar el goce y disfrute pacífico del 

inmueble y su operación de actividad comercial agrícola. 

El 15 de diciembre de 2023, los apelantes presentaron su 

contestación a la demanda. En síntesis, negaron haber realizado 

actos con la intención de despojar a PMD de la posesión de su finca.

En cuanto a la verja, los apelantes adujeron que está dentro de los 

límites de su propiedad.

El 22 de diciembre de 2023, el TPI celebró la vista sobre 

interdicto posesorio. Las partes comparecieron representadas por 

sus respectivos abogados. El foro primario recibió prueba testifical 

de ambas partes. La prueba documental consistió en dieciocho 

documentos1, los que se admitieron por estipulación de las partes.

Evaluada la prueba desfilada, el foro primario dictó la Sentencia 

cuya revisión nos ocupa y en la que formuló las siguientes 

determinaciones de hecho: 

1. La Demandante Productos Mama Delia Corp. (“PMD”) 

es una corporación íntima con fines de lucro organizada 

bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

1 Exhibit 1-Carta del 6/julio/2023; Exhibit 2-Foto #5; Exhibit 3-Foto #6; Exhibit 

4-Foto #7; Exhibit 5-Foto #8; Exhibit 6-Foto #2; Exhibit 7-Carta con fecha 

18/octubre/2023; Exhibit 8-Informe de Incidente de la policía del 1/julio/2023; 

Exhibit 9-Patente Municipal año 2012; Exhibit 10-Patente Municipal año 2021; 

Exhibit 11-Patente Municipal año 2023; Exhibit 12-Permiso de Uso 321874; 

Exhibit 13-Permiso de Uso 321875; Exhibit 14-Factura Energía Eléctrica año 

2017; Exhibit 15-Factura Energía Eléctrica año 2018; Exhibit 16-Factura de 

LUMA año 2023 (consta de 4 folios); Exhibit 17-Agricultor Bonafide 

29/diciembre/2009; Exhibit 18-Certificación Agricultor Bonafide (año 2010).
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y registrada ante el Departamento de Estado con el 

número 191550. 

2. El Sr. Luis F. González Gerena es el Presidente y 

accionista de PMD y como tal tiene la autoridad para 

representarla y ejercitar sus derechos en esta acción 

judicial.

3. PMD es dueña en pleno dominio de la siguiente 

propiedad localizada en el Municipio de Utuado; con la 

siguiente descripción registral: 

A: RUSTICA: Parcela de terreno radicada en el 

Barrio Ángeles de Utuado con una cabida 

superficial de once (11.00) cuerdas, más o 

menos equivalentes a cuatro hectáreas, treinta 

y dos áreas, treinta y cuatro centiáreas y 

cuarenta miliáreas. En lindes por el Norte, con 

Gregorio Pérez Roldán; por el Sur, con 

Salustiano Vélez Nieve[s]; por el Este, con 

Andrés y Juana González Díaz y por el Oeste, 

con Juan Modesto González. Es segregación de 

la finca 6,470 inscrita al folio 15 del tomo 213 

de Utuado. 

-Inscrita al Folio ciento noventa y cuatro (194), 

del Tomo doscientos setenta y cuatro (274) de 

Utuado, Finca once mil cuarenta (11,040).ado:

(sic).

4. El demandado Hiram Modesto González Gerena es 

mayor de edad, casado con Abdia Feliciano Díaz, 

comerciante y vecino de Manatí, P.R.

5. El demandado Moisés Caraballo es mayor de edad, 

comerciante y vecino del Bo. Ángeles, Sector El 

Componte, Utuado, P.R. 00641.

6. El demandado Juan Manuel Galán es mayor de edad 

y vecino de Bo. Ángeles, Utuado, P.R. 00641.

7. PMD fue certificada por el Departamento de 

Agricultura como: “Agricultor Bonafide” el 29 de 

diciembre de 2009 (Exh. 17) y opera un cultivo 

hidropónico en la Carretera 6602, Bo. Ángeles, Sector 

La Altura, Utuado, Puerto Rico, en la finca ante[s]

descrita, desde el año 2009. 

8. La prueba documental acredita la expedición de 

Permiso de Uso Hidropónico por la Administración de 

Reglamentos y Permisos número 321874, fechado 14 de 

mayo de 2010 (Exh. 12).

9. La demandante PMD presentó prueba documental 

que acredita que el Municipio de Utuado le ha expedido 

patentes municipales para cultivo de alimentos en 

invernadero, incluyendo el año 2023 (Exh. 9, 10, 11).

10. La testigo Madeline Rodríguez Rosado, estableció 

que es empleada de PMD por muchos años y desde que 

PMD inició operación, accede al área de trabajo por el 
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camino en brea que discurre desde la Carretera 6602 

hasta las estructuras (umbráculos hidropónicos), que 

actualmente se encuentran bloqueados por la verja 

instalada a la entrada del camino lo que ha provocado 

que no se pueda cultivar nada. Declaró que como parte 

de sus funcione lleva a cabo tareas de empaque, 

siembra, cultivo, mantenimiento y limpieza en el 

sistema hidropónico. Explicó que, para ejecutar las 

tareas de limpieza, se requiere ocupar el mencionado 

camino para poder introducir la tubería de cincuenta 

pies dentro del sistema de tubería hidropónica, pero 

aclaró que, al presente, la verja de púas y alambres 

instalada por la parte demandada no le permite realizar 

las tareas de mantenimiento, por lo que no se puede 

realizar trabajos de cultivo en esa área. Estableció que 

hace 20 años estaban los umbráculos y que ella y los 

empleados usaban el camino bloqueado para llegar a 

los umbráculos; que la finca no tiene otra entrada para 

llegar en carro que no sea la que fue bloqueada. 

11. Surge de la prueba documental fotográfica (cinco 

fotos) contenida en los Exhibits 2 al 6, que se instaló 

una verja con postes de madera con alambres de púas 

al borde de la Carretera 6602 e inmediatamente al 

frente de las estructuras de cultivo que impiden el paso 

al camino de brea que conduce al área de cultivo y la 

finca antes descrita donde ubica el cultivo que ilustran 

las fotos.

12. Durante el testimonio del codemandado Hiram M. 

González Gerena, este admitió que fue [é]l quien instaló 

la verja. También admitió que previo a la instalación fue 

notificado por Luis Francisco González Gerena el 6 de 

julio de 2023, mediante correo electrónico donde se le 

pidió que no instalara la verja ni interrumpiera el acceso 

al camino que conduce al cultivo de PMD, lo que 

posteriormente hizo sin la autorización de la parte 

peticionaria. Reconoció que para el fin de semana de 

acción de gracias de 2023 ya sabía de dos advertencias 

del hermano del 1 de julio y 7 de julio para que no 

levantara verja, pero aun así contrató a Moisés 

Caraballo para poner verja y la montaron. Se le 

mostraron varias fotos de los exhibits 2 al 6 y reconoció 

que los postes que se observan están en la carretera 

ramal 6602, que el camino entre tierra y piedra que se 

observa conduce a los umbráculos y afirmó que puso 

alambre de púas con el propósito de evitar paso de 

camino para que robaran productos y que las verjas 

impiden camino al área de umbráculos propiedad de 

Productos Mama Delia. 

13. El codemandado Moisés Caraballo Morales admitió 

que ayudó voluntariamente al codemandado Hiram M. 

González Gerena a la instalación de la verja y que sabe 

que al poner la verja se limitó el camino hasta los 

umbráculos.

14. El testigo Luis Francisco González Gerena, 

presidente de PMD, declaró que la operación agrícola de 

PMD se originó en el año 2009, originalmente bajo 

contrato de arrendamiento, hasta que se adquirió el 
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inmueble mediante escritura de compraventa en la 

fecha del 20 de abril de 2022. También declaró que la 

operación agrícola se ha extendido 

ininterrumpidamente hasta el presente, período por el 

cual ha estado en posesión de la finca junto con el 

camino que hoy día se encuentra obstruido por la verja 

instalada por Hiram M. González Gerena; que ha 

poseído PMD desde el año 2009. Declaró que el sábado 

1 de julio de 2023, el codemandado Hiram M. González

Gerena, estaba junto a otras personas en su propiedad, 

que incluye el camino donde se instaló la verja. En esa 

ocasión, el testigo les pidió a las personas que estaban 

instalando la verja que suspendieran las labores y 

salieran de su propiedad, lo que hicieron

posteriormente. Explicó que ese mismo día presentó la 

querella 2023-11-273-000734, en la Policía de Puerto 

Rico (Exh. 8). También declaró que posteriormente, el 6 

de julio de 2023 le escribió una carta al Sr. Hiram M. 

González Gerena que envió por correo electrónico sobre 

el incidente antes descrito, en la que le informó su 

interés de resolver la controversia fuera del tribunal y le 

advirtió que no podía imponerse por la fuerza, privar el 

acceso al camino y que no podía permitir que levantara

una verja y lo dejara sin acceso a la finca de su 

propiedad, sin su autorización o mediante un acuerdo 

justo (Exh. 1). Sin embargo, el codemandado Hiram M. 

González Gerena no le respondió. Estableció que el fin 

de semana de Acción de Gracias del mes de noviembre 

de 2023, la parte demandada instaló la verja objeto de 

esta acción, le cerraron el acceso y no pudo entrar el 

auto, siendo perturbada y despojada de la posesión y 

tenencia de la propiedad la parte peticionaria, lo que ha 

interrumpido e impedido las labores de cultivo en las 

estructuras hidropónicas donde se instaló la verja hasta 

el presente. Estableció que, al día de hoy no hay acceso 

a los ranchos; y que durante el año anterior a este pleito 

PMD ha estado en posesión del lugar en donde están las 

verjas. 

15. El 18 de octubre de 2023, el representante legal del 

codemandado Hiram M. González Gerena dirigió una 

comunicación al abogado de la parte demandante y en 

lo pertinente, indicó que concedía treinta (30) días para 

que la parte demandante reaccionara a una 

certificación de mensura, ello sin acompañar plano de 

mensura alguno. Además, advirtió que vencido el 

término (de 30 días) se habría de “preparar una verja de 

acuerdo a los puntos expresados por el Agrimensor”; 

con la advertencia de que la parte demandante debería 

“preparar una entrada a su finca por otro lugar” (Exh.7).

16. La prueba admitida demuestra que la parte 

demandada-peticionada hizo valer su advertencia de 

que instalaría una verja, lo cual hizo en noviembre del 

año 2023, luego de su carta de 18 de octubre de 2023, 

ello a pesar de que la parte peticionaria se encontraba 

en posesión del área donde se instaló la verja, razón por 

la cual la parte peticionaria presentó el recurso de 

autos.
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En sus conclusiones de derecho, el TPI señaló que la prueba 

testifical y documental estableció de manera incontrovertida la 

existencia de un camino embreado que conduce de la Carretera 

6602 hasta las estructuras de cultivo hidropónicos de PMD. 

También concluyó que PMD demostró estar en la posesión real de la 

finca desde el año 2009, incluyendo la posesión dentro del año 

precedente a la presentación de la demanda. Al respecto, el foro 

primario destacó que la prueba documental había corroborado los 

testimonios de los testigos de PMD, a los que atribuyó entera 

credibilidad. Mencionó que los apelantes no habían presentado 

prueba en apoyo de sus defensas, así como tampoco rebatieron la 

alegación de PMD sobre la ocupación y posesión ininterrumpida de 

la finca desde el año 2009. 

A su vez, el TPI consignó que la actitud de los apelantes de 

optar por construir una verja - a pesar de las comunicaciones 

previas cursadas por PMD para levantar un plano de mensura en 

ánimo de resolver la controversia de forma extrajudicial – para luego 

negar responsabilidad sobre las alegaciones en su contra y dejar de 

presentar prueba en apoyo de sus defensas, había propiciado un 

pleito judicial innecesario. Más aun cuando los apelantes habían 

informado al tribunal su intención de presentar una acción judicial 

de deslinde. 

En virtud de lo anterior, el foro primario declaró Con Lugar la 

demanda sobre interdicto posesorio instada por PMD. En 

consecuencia, ordenó a los apelantes remover a su costo la verja y 

todos sus componentes que limitaban el paso desde el camino de la 

Carretera 6602 hasta las estructuras de cultivo hidropónicos de 

PMD. También les ordenó restituir a PMD la posesión de la finca y 

el camino, y que se abstuvieran de perturbar, despojar e inquietar 

la posesión que PMD disfrutaba sobre su finca desde 2009. Además, 
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condenó a los apelantes al pago de $1,000.00 en concepto de 

honorarios de abogado por temeridad.

Inconformes, el 6 de febrero de 2024, los apelantes

presentaron una Moción Informativa y Solicitud de Reconsideración

al amparo de la Regla 47 de las de Procedimiento Civil. En ésta, 

informaron que, en cumplimiento con la sentencia emitida, 

removieron el portón de acceso al camino embreado que conduce a

la Carretera 6602 y abrieron la entrada a la finca que da acceso a 

las estructuras de cultivos hidropónicos de PMD. En cuanto a la 

solicitud reconsideración, ésta recayó solamente sobre la 

determinación de temeridad que dio lugar a la imposición de 

honorarios de abogado. 

Por su parte, PMD presentó Moción en Oposición a Moción 

Informativa y Reconsideración. Sostuvo que los apelantes no 

cumplieron con la totalidad de lo ordenado en la sentencia, ya que 

el dictamen requirió la remoción de la verja con todos sus 

componentes, y no solamente la eliminación de los portones. 

Respecto a la solicitud de reconsideración de honorarios de abogado 

por temeridad, PMD señaló que procedía imponer tales honorarios 

porque los apelantes promovieron de forma frívola e innecesaria un 

pleito que se pudo evitar. 

El 12 de febrero de 2024, notificada el 13 de febrero de 2024, 

el TPI emitió Resolución en la que dio por cumplida, parcialmente, 

la sentencia y ordenó a los apelantes remover el resto de la verja con 

todos sus componentes que limitan el paso desde el camino 

embreado hasta las estructuras de cultivo hidropónico propiedad de 

PMD. Además, declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración

de honorarios de abogado por temeridad.

2 

2 El 15 de febrero de 2024, notificada en esa misma fecha, el TPI emitió Resolución 

Enmendada Nunc Pro Tunc, con idéntico lenguaje/pronunciamiento. Esta se 

distingue de la resolución emitida el 12 de febrero de 2024 únicamente en el 

tamaño de la letra y en que los incisos están enumerados. 
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Insatisfechos con el dictamen, los apelantes acuden a este foro 

intermedio y formularon los siguientes señalamientos de error:

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia en su 

Sentencia dictada al conceder una posesión a la 

parte Demandante Productos Mamá Delia, Inc., 

representada por Luis Francisco González Gerena, 

sin esta parte presentar de que poseía tal derecho 

mediante un contrato firmado por la otra parte para 

que la Demandante-Apelada así lo hiciera, lo cual 

consiste en un error de derecho.

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer 

unos honorarios por temeridad cuando en realidad 

la Parte Demandada-Apelante hizo todas las 

gestiones para que se reconociera que la parte 

Demandante-Apelada, Productos Mamá Delia, Inc., 

representada por don Luis Francisco González 

Gerena, no tenía derecho a posesión alguna porque 

no estaba autorizada, lo cual también consiste en 

otro error de derecho. 

Por su parte, PMD presentó su Alegato Parte Apelada el 27 de 

marzo de 2024. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, estamos en posición de resolver.

II.

En su primer señalamiento de error, los apelantes cuestionan,

por primera vez, la decisión del TPI de declarar con lugar la solicitud 

de interdicto posesorio presentada por PMD. En específico, plantean 

que, en ausencia de un contrato que autorizara a PMD a operar el 

negocio de productos hidropónicos, no se probó el derecho de PMD 

a mantenerse en la posesión del inmueble. 

Sin embargo, según se desprende de la moción de 

reconsideración, ésta se limitó a una sola controversia, entiéndase 

la imposición de honorarios de abogado por temeridad. Dicha 

moción no se fundamentó en cuestiones sustanciales relacionadas 

con las determinaciones de hechos pertinentes y con las 

conclusiones de derecho materiales atinentes a la concesión del 

interdicto posesorio.
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A.

Es norma conocida que los foros apelativos no pueden 

considerar una controversia que no fue planteada en el tribunal de 

instancia, a menos que sea necesario para evitar una injusticia 

manifiesta.3 Empero, un tribunal no debe negarse a considerar la 

cuestión planteada por primera vez en apelación si ésta no suscita 

ninguna controversia de hecho y solo implica una cuestión de 

derecho cuya solución basta para dictar en apelación un decreto 

final.4

La moción de reconsideración es el mecanismo provisto por 

nuestro ordenamiento jurídico para modificar las órdenes, 

resoluciones y sentencias. Su objetivo principal es dar oportunidad 

a los tribunales para enmendar o corregir sus errores.5 Además, 

evita que las partes incurran en los gastos que conlleva la 

presentación de un recurso de revisión.6

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

que la parte afectada por una sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia podrá presentar una moción de reconsideración 

dentro del término jurisdiccional de quince días contado desde la 

fecha en que el tribunal archive en autos de copia de la sentencia, 

resolución u orden. Cuando el dictamen es una sentencia, el término 

es jurisdiccional; si se trata de resoluciones u órdenes, el plazo es 

de cumplimiento estricto.7 La solicitud de reconsideración 

interrumpe automáticamente el plazo para acudir en alzada para 

todas las partes y este vuelve a transcurrir una vez se archiva en 

3 Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 527 (2014); ELA v. Northwestern Selecta, 185 DPR 

40, 55 (2012); Granados v. Rodriguez Estrada I, 124 DPR 1, 46-47 (1989).

4 ELA v. Northwestern Selecta, supra, pág. 56, citando a Piovanetti v. Vivaldi, 80 

DPR 108, 122 (1957).

5 Simons y otros v. Leaf Petroleum Corp., 209 DPR 216, 223-224 (2022); Medina v. 

Mc Neil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 731 (2016); Mun. de Rincón v. Velázquez 

Muñiz, 192 DPR 989, 996 (2015).

6 Medina v. Mc Neil Healthcare LLC, supra. 

7 Simons y otros v. Leaf Petroleum Corp., supra, pág. 224; Morales y otros v. The 

Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7 (2014).
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autos copia de la resolución que resolvió la moción de 

reconsideración. Regla 47 de Procedimiento Civil, supra. 

Ahora bien, para saber si una moción de reconsideración 

interrumpió el término para acudir en alzada, una vez el foro 

adjudicativo evalúe que la presentación y la notificación fueron 

oportunas, resta que examine la particularidad y especificidad de 

los hechos y el derecho que el promovente entiende que el tribunal 

debe reconsiderar.8 Así pues, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 

supra, establece de manera clara que [l]a moción de reconsideración 

debe exponer con suficiente particularidad y especificidad los 

hechos y el derecho que la parte promovente estiman que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas 

con las determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de 

derecho materiales”. 

En Morales y otros v. The Sheraton Corp., supra, el Tribunal 

Supremo explicó que, salvo mociones escuetas y sin fundamentos 

de clase alguna, una moción que razonablemente cuestiona la 

decisión y la cual fundamente su planteamiento será suficiente para 

cumplir con la regla.9

B.

La moción de reconsideración presentada por los apelantes 

ante el TPI se circunscribió a solicitar que dicho foro revisara la 

imposición de los honorarios de abogado por temeridad. Dicha 

moción no incluyó planteamientos de naturaleza sustantiva 

referentes a la decisión del tribunal de declarar con lugar la 

demanda de interdicto posesorio. Por consiguiente, la moción de 

reconsideración – limitada a la controversia de la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad - no tuvo el efecto de 

8 Simons y otros v. Leaf Petroleum Corp., supra.

9 Véase, además, Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, 201 DPR 330, 338-339 

(2018).
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interrumpir el término para recurrir ante este Tribunal a impugnar 

los méritos de la sentencia. Esto pues, porque en ésta los apelantes 

no cuestionaron ni hicieron una exposición específica y particular 

sobe los hechos y el derecho relacionados a la figura del interdicto 

posesorio. 

La moción de reconsideración no solo tenía que ser oportuna, 

sino también específica. Por otro lado, tampoco estamos ante 

circunstancias que nos muevan a concluir que el dejar de atender 

el señalamiento de error conlleve una grave injusticia. Así pues,

colegimos que el primer señalamiento de error apuntado en este 

recurso concierne a un asunto no planteado oportunamente ante el 

TPI y, por tanto, nos adherimos a la norma vigente de que en 

apelación nos abstendremos de adjudicar cuestiones no planteadas 

ante el foro de primera instancia.

Siendo así, nuestra facultad revisora se ciñe a revisar el 

asunto de la imposición de honorarios de abogado por temeridad, 

por ser la controversia sobre la cual los apelantes interrumpieron el 

término para apelar.

III.

A.

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, 

establece lo referente a la concesión de costas y honorarios de 

abogado(a) a favor de una parte. Específicamente, la citada regla 

permite a los tribunales imponer el pago de una suma por concepto 

de honorarios de abogado a una parte que actúa con temeridad 

durante el proceso judicial.10 A esos efectos, el inciso (d) de la Regla 

44.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone: 

(d) En caso [de] que cualquier parte o su abogado o 

abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia al 

responsable el pago de una suma por concepto de 

10 SLG González Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 138, 145 (2022).
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honorarios de abogado que el tribunal entienda 

correspondan a tal conducta [...].

El Tribunal Supremo ha definido el concepto temeridad como 

la actuación terca, obstinada, contumaz y sin fundamentos, de un 

litigante que obliga a la otra parte innecesariamente a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito.11 La 

conducta temeraria es una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y afecta el buen funcionamiento y administración de 

la justicia.12

El Tribunal Supremo también ha resuelto que no es temerario 

quien plantea asuntos complejos y novedosos, sobre los cuales no 

existan precedentes vinculantes, o cuando exista alguna 

desavenencia honesta en cuanto al derecho aplicable a los hechos 

del caso. Por el contrario, ha dicho que es temeraria una parte que 

insiste contumazmente en sus alegaciones sin prueba fehaciente 

alguna que las sostenga, que niega los hechos que le constan o son 

de fácil corroboración y dilata los procedimientos judiciales para no 

responder por sus obligaciones.13

Ahora bien, la determinación de temeridad es un asunto 

discrecional de los tribunales de primera instancia y los tribunales 

apelativos solo pueden intervenir cuando aquellos se exceden en el 

ejercicio de su discreción.14 El requisito de la existencia de una 

actuación temeraria hace que la Regla 44.1 de Procedimiento Civil,

supra, tenga el propósito de penalizar o sancionar a la parte que 

incurre en la conducta proscrita por dicha regla.15 No obstante, hay 

que señalar que el Tribunal Supremo ha relevado del pago de 

honorarios de abogado a litigantes que pierden un pleito donde hubo 

11 SLG González Figueroa v. SLG et al., supra, págs. 148-149.

12 Íd., pág. 149.

13 Íd.

14 Íd.

15 Íd.
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controversias fácticas reales que requerían el examen de la prueba 

testifical y documental.16

B.

En su segundo señalamiento de error, los apelantes aducen 

que el TPI incidió al imponerles el pago de $1,000.00 de honorarios 

de abogado por temeridad. 

El TPI concluyó que los apelantes fueron temerarios al 

construir una verja - a pesar de las comunicaciones previas 

cursadas por PMD para levantar un plano de mensura en ánimo de 

resolver la controversia de forma extrajudicial – para luego negar 

responsabilidad sobre las alegaciones en su contra y dejar de 

presentar prueba en apoyo de sus defensas, propiciando así un 

pleito judicial innecesario. 

La decisión del TPI acerca de si una parte se condujo o no de 

forma temeraria es de naturaleza discrecional. Por ello, nuestra 

intervención se sujeta únicamente a las instancias en que el foro 

sentenciador haya abusado de su discreción. Del expediente ante 

nuestra consideración surge que las actuaciones de los apelantes 

ocasionaron gastos, molestias e inconvenientes a PMD. Los 

apelantes no presentaron evidencia para refutar la determinación de 

temeridad, que se basó en la apreciación de prueba del tribunal. Por 

tanto, en ausencia de indicios de arbitrariedad o abuso de discreción 

por parte del TPI, estamos impedidos de intervenir con la 

determinación de temeridad y la cuantía impuesta por dicho 

concepto.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

determinación de temeridad y el pago de honorarios de abogados 

impuestos a los apelantes en la sentencia apelada.

16 Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 DPR 351, 357-358 (1989).
KLAN202400147 14

Notifíquese.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones