Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

HÉCTOR ROMÁN 

MONTAÑEZ

Parte Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Parte Recurrida

KLRA202400007

consolidado con

KLRA202400020

Revisión Judicial,

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Caso Núm.: 

Confinado número 

P676-30292

Sobre: 

Revisión Programas de 

Desvíos (Pase Extendido 

con Monitoreo 

Electrónico)

Revisión Programas de 

Desvíos (Evaluación del 

Programa Religiosos y 

Hogar Crea)

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge 

Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2024.

Compareció ante este Tribunal la parte recurrente, el Sr. Héctor 

Román Montañez (en adelante, “el señor Román Montañez” o el 

“Recurrente”), quien se encuentra confinado en la Institución Correccional 

Guerrero Aguadilla, mediante dos recursos de revisión judicial bajo los 

alfanuméricos KLRA202400007 y KLRA202400020, presentados el 8 y el 

12 de enero de 2024, respectivamente. Nos solicitó la revocación de dos 

(2) determinaciones emitidas por la Oficina de Programa de Desvíos y 

Comunitario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (en 

adelante, “DCR”) el 27 de septiembre de 2023, ambas notificadas el 5 de 

diciembre de 2023. Dichas determinaciones fueron objeto de dos (2)

solicitudes de reconsideración presentadas por el señor Román Montañez 
KLRA202400007 cons. KLRA202400020 2

el 18 de diciembre de 2023. El DCR reafirmó sus conclusiones mediante

dictámenes emitidos el 20 de diciembre de 2023.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirman

las determinaciones de la DCR emitidas el 27 de septiembre de 2023. 

I.

El caso de autos se originó el 30 de junio de 2023, cuando el Comité 

de Clasificación y Tratamiento de la Institución Correccional Guerrero

Aguadilla (en adelante, “CCT”) determinó que el señor Román Montañez

se podía beneficiar de un nivel de supervisión menor en la institución penal. 

Así pues, fue reclasificado de custodia mediana a custodia mínima y 

referido tanto al Programa Pase Extendido con Monitoreo Electrónico,

como al Programa Religioso y Hogar CREA, respectivamente. Así las 

cosas, el 27 de septiembre de 2023, la Coordinadora de Programas de 

Desvíos, la Sra. Selma Ríos Calderón, denegó ambos referidos para 

participar de dichos programas, argumentando que el Recurrente no era

elegible debido a que el Artículo 3 de la derogada Ley Núm. 315-2004,

1

excluía a aquellas personas convictas por el delito de asesinato en primer 

grado de participar de cualquier de los programas de desvío disponibles.

En particular, ambas determinaciones administrativas indicaron lo 

siguiente: 

Desde la fecha de los hechos al presente bajo el Plan de 

Reorganización del DCR #2 del 21 noviembre de 2011 en su 

Artículo #16[,] según enmendado[,] se excluye del beneficio 

de Programas de Desvío el delito de Asesinato en Primer 

Grado[.]

El 18 de diciembre de 2023, el señor Román Montañez presentó dos

solicitudes de reconsideración. A través de estos escritos, alegó que las 

determinaciones del DCR fueron contrarias a derecho porque no se 

basaron en evidencia sustancial e incumplían con el mandato 

constitucional de rehabilitación promulgado en la Ley Núm. 2-2011, según 

enmendada, conocida como el “Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación”, 3 LPRA Ap. XVIII et seq., y con el 

1 La Ley Núm. 315 de 15 de septiembre de 2004 enmendó los Artículos 5, 10, 10A, 16, 17, 

20 y 50 de la derogada Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 

como la “Ley Orgánica de la Administración de Corrección”, 4 LPRA secs. 1101 et seq.
KLRA20240007 cons. KLRA202400020 3

Reglamento Núm. 9497, infra. Evaluados sus planteamientos, el 20 de 

diciembre de 2023, el DCR reiteró sus determinaciones. 

Inconforme con lo anteriormente resuelto, el Recurrente acudió ante

este Tribunal mediante los recursos de revisión judicial, bajo los 

alfanuméricos KLRA202400007 y KLRA202400020. En cuanto al caso 

núm. KLRA202400007, el Recurrente sostuvo que el DCR cometió los 

siguientes errores:

PRIMER ERROR: Erró el DCR al no basar su determinación 

en evidencia sustancial, erró en la aplicación e interpretación 

de las leyes y los reglamentos que se le han encomendado 

administrar, lesionando así los derechos fundamentales del 

recurrente, al actuar así, arbitraria, caprichosa, irrazonable e 

ilegalmente habiendo emitido una determinación carente de 

base racional y contraria a derecho.

SEGUNDO ERROR: Erró el DCR al aplicar [las] 

disposiciones de la Ley Núm. 315 del 15 de septiembre de 

2004[,] Art. 3(E), la cual fue derogada por el Plan de 

Reorganización del DCR #2 del 21 de noviembre de 2011. 

(Ley Núm. 182-2009).

TERCER ERROR: Erró el DCR al no conceder al recurrente 

poder participar del Programa de Pase Extendido con 

Monitoreo Electrónico, ignorando así que su actuación 

supone un grave perjuicio para el Recurrente, en tanto 

interrumpió el proceso de Rehabilitación emprendido por 

este, proceso que constituye la meta principal del sistema 

penal según la carta magna.

CUARTO ERROR: Erró el DCR al incumplir con el mandato 

constitucional de Rehabilitación al utilizar como único factor 

en la determinación denegada, que su delito de asesinato en 

primer grado lo excluye de participar en dicho programa, 

pasando por alto el Reglamento de Actividades y Nuevas 

Oportunidades de Rehabilitación y Tratamiento Núm. 9497 

del 11 de septiembre de 2023.

QUINTO ERROR: Erró el DCR al denegar el Programa de 

Paso Extendido con monitoreo electrónico al recurrente 

impidiendo y/o coartando la Política Pública de la Agencia, 

Art. VI sec. 19 de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico LPRA Tomo 1, ya que a través de dicho 

Programa, viabiliza que el confinado trabaje para el sustento

económico de sus familiares o estudios mientras utiliza un 

brazalete electrónico, el cual es el deseo e interés del 

suscribiente. (Trabajar o estudiar).

En lo que respecta al caso bajo el alfanumérico KLRA202400020, el 

señor Román Montañez le imputó al foro recurrido la comisión de los 

siguientes errores:

PRIMER ERROR: Erró el DCR al no basar su determinación 

en evidencia sustancial, erró en la aplicación e interpretación 

de las leyes y los reglamentos que se le han encomendado 

administrar, lesionando así los derechos fundamentales del 
KLRA202400007 cons. KLRA202400020 4

recurrente, al actuar así, arbitraria, caprichosa, irrazonable e 

ilegalmente habiendo emitido una determinación carente de 

base racional y contraria a derecho.

SEGUNDO ERROR: Erró el DCR al aplicar [las] 

disposiciones de la Ley Núm. 315 del 15 de septiembre de 

2004[,] Art. 3(E), la cual fue derogada por el Plan de 

Reorganización del DCR #2 del 21 de noviembre de 2011. 

(Ley Núm. 182-2009).

TERCER ERROR: Erró el DCR al no conceder al recurrente 

poder participar del Progr[ama] Religioso y Hogar Crea, 

ignorando así que su actuación supone un grave perjuicio 

para el recurrente, en tanto interrumpió el proceso de 

Rehabilitación emprendido por éste, proceso que constituye 

la meta principal del sistema penal según la carta magna.

CUARTO ERROR: Erró el DCR al incumplir con el mandato 

constitucional de Rehabilitación al utilizar como único factor 

en la determinación denegada, que su delito de asesinato en 

primer grado lo excluye de participar en dicho programa, 

pasando por alto el Reglamento de Actividades y Nuevas 

Oportunidades de Rehabilitación y Tratamiento Núm. 9497 

del 11 de septiembre de 2023.

QUINTO ERROR: Erró el DCR al denegar el Progr[ama]

Religioso y Hogar Crea al recurrente impidiendo y/o 

coartando la Política Pública de la Agencia, Art. VI sec. 19 de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

LPRA Tomo 1, ya que a través de dicho Programa viabiliza y 

promueve la Rehabilitación del confinado.

El 1 de marzo de 2024, el DCR presentó su alegato en oposición al 

recurso.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver.

II.

A.

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los 

tribunales apelativos están llamados a abstenerse de intervenir en las 

decisiones administrativas, ya que éstas poseen una presunción de 

legalidad y corrección. ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 281 

(2020); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016). Cónsono 

con ello, se ha resuelto que las decisiones de las agencias administrativas 

gozan de la mayor deferencia por los tribunales. Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-89 (2022). Ello debido 

a que dichos entes gubernamentales son los que poseen el conocimiento 

especializado y experiencia en los asuntos que les son encomendados. 
KLRA20240007 cons. KLRA202400020 5

Super Asphalt v. AFI, 206 DPR 803, 819 (2021). En los casos de revisión 

judicial, “[e]l criterio a aplicarse no es si la decisión administrativa es la más 

razonable o la mejor al arbitrio del foro judicial; es, repetimos, si la 

determinación administrativa, en interpretación de los reglamentos y las 

leyes que le incumbe implementar, es una razonable”. Rivera Concepción 

v. A.R.Pe, 152 DPR 116, 124 (2000).

La Sección 4.5 de la LPAU, dispone que “[l]as determinaciones de 

hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, 

si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo”. 3 LPRA sec. 9675. Así pues, la intervención judicial en 

estos casos ha de centrarse en tres aspectos principales: (1) si el remedio 

concedido fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y (3) si las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo son correctas. P.R.T.C. Co. v. J. Reg. 

Tel. de P.R., 151 DPR 269, 281 (2000). Podemos decir que la deferencia 

reconocida a la decisión de una agencia administrativa cede en las 

siguientes circunstancias: cuando no está basada en evidencia sustancial, 

cuando el organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley y 

cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal. T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999).

Las determinaciones de hechos de los organismos y agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección. Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 

(1987). De manera que los tribunales apelativos no intervienen con las 

determinaciones de hechos formuladas por una agencia administrativa si 

éstas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 

(2000).

Según lo ha definido el Tribunal Supremo en diversas ocasiones, 

evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. 

Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). Por ello, 
KLRA202400007 cons. KLRA202400020 6

quien impugne las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa tiene el deber de presentar ante el foro judicial la evidencia 

necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la presunción 

de corrección de la determinación administrativa. El peso de la prueba 

descansa entonces sobre la parte que impugna la determinación 

administrativa. Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999). 

Además, debe demostrar que existe otra prueba en el expediente que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta 

el punto de que no se pueda concluir que la determinación de la agencia 

fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 (2002).

Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la Sección 4.5 de 

la LPAU, supra, pueden ser revisadas en todos sus aspectos. 3 LPRA sec. 

9675. Sin embargo, esto no significa que, al ejercer su función revisora, 

podamos descartar liberalmente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia, sustituyendo el criterio de ésta por el propio. “Al evaluar los casos 

es necesario distinguir entre cuestiones de interpretación estatutaria, en la 

que los tribunales son especialistas, y cuestiones propias para la discreción 

o pericia administrativa”. Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 195 

(1990).

El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo administrativo 

por el propio únicamente en aquellas ocasiones que no encuentre una base 

racional que fundamente la actuación administrativa. No obstante, es 

axioma judicial que, ante la prueba pericial y documental, el tribunal revisor 

se encuentra en igual posición que el foro recurrido y, por tanto, está 

facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio. DyeTex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 662 (2000).

Sin embargo, la deferencia judicial en la revisión de determinaciones 

administrativas no conlleva la renuncia de este Tribunal a su función 

revisora. Simplemente, define el carácter limitado de la función revisora a 

casos apropiados. La deferencia reconocida no equivale a la dimisión de la 

función revisora de este foro apelativo intermedio en instancias adecuadas 
KLRA20240007 cons. KLRA202400020 7

y meritorias, como resulta ser cuando la agencia ha errado en la aplicación 

de la ley. Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 94 (1987).

B.

El Artículo VI, Sección 19 de nuestra Carta Magna establece la 

política púbica del Estado de “reglamentar las instituciones penales para 

que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los 

recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para 

hacer posible su rehabilitación moral y social”. Art. VI, Sec. 19, Const. PR, 

LPRA, Tomo 1.

De conformidad con dicho axioma constitucional, el Artículo 2 del 

Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, conocido como 

el “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011”, 3 LPRA Ap. XVIII (en adelante, el “Plan de 

Reorganización), dispone que: 

La política pública del Gobierno de Puerto Rico a través de la 

creación de un sistema integrado de seguridad y 

administración correccional donde las funciones y deberes se 

armonicen en un proceso facilitador a la imposición de penas 

y medidas de seguridad, así como a la custodia de 

ciudadanos que han sido encontrados incursos en la 

comisión de un delito o falta y que establezcan procesos de 

rehabilitación moral y social del miembro de la población 

correccional o transgresor, a fin de fomentar su 

reincorporación a la sociedad. 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 2.

En lo concerniente a la controversia ante nos, la implementación de 

Programas de Desvíos es uno de los métodos para alcanzar la 

rehabilitación. Esto es, programas que permiten que las personas convictas 

cumplan parte de su sentencia fuera de la institución correccional. 3 LPRA, 

Ap. XVIII, Art. 3 (v). Sin embargo, el Artículo 16 del Plan de Reorganización,

supra, excluye la participación de ciertos miembros de la comunidad 

correccional en los programas de desvíos establecidos por el DCR. Así 

pues, las personas que han sido convictas por los siguientes delitos no son 

elegibles: (1) producción, posesión y distribución de pornografía y la 

utilización de un menor para la pornografía infantil; (2) violaciones a la Ley 

Núm. 4 de 23 de junio de 1971, conocida como la “Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico”, según enmendada, excepto las violaciones al 
KLRA202400007 cons. KLRA202400020 8

Artículo 404 de dicho estatuto, 24 LPRA sec. 2402; (3) violaciones a la Ley 

Núm. 134 de 28 de junio de 1969, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Explosivos de Puerto Rico”, 25 LPRA secs. 561 et seq.; y (4) toda 

persona convicta por delito grave de primer grado, entre otros. 3 LPRA 

Ap. XVIII, Art. 16 (énfasis suplido).2

Por otra parte, a tenor con las disposiciones del Artículo 7, inciso 

(aa), del Plan de Reorganización, el DCR tendrá la facultad para:

[A]doptar, establecer, desarrollar, enmendar, derogar e 

implementar reglas, reglamentos, órdenes, manuales, 

normas y procedimientos para el funcionamiento efectivo del 

Departamento y de los organismos bajo su jurisdicción, a los 

fines de regir la seguridad, la disciplina interna y la conducta 

de funcionarios, empleados y de la clientela, así como los 

programas y servicios. 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 7 (aa).

En concordancia con las facultades previamente especificadas, el 

DCR adoptó el Reglamento Núm. 9497 de 11 de septiembre de 2023, 

conocido como el “Reglamento de Actividades y Nuevas Oportunidades de 

Rehabilitación y Tratamiento” (en adelante, “Reglamento Núm. 9497”). Éste 

fue creado con el objetivo de propiciar la rehabilitación y preservar el orden 

y la seguridad tanto en las instituciones correccionales, como en la 

comunidad. Así, aborda las normas relacionadas a la participación de los 

miembros de la población correccional en las actividades, dentro y fuera de 

las instituciones correccionales.3 Específicamente, regula los siguientes 

programas: (1) bandas musicales, (2) teatro correccional, (3) atletas de alto 

rendimiento, (4) brigadas y (5) artesanal.

Según el aludido Reglamento, los miembros de la población 

correccional clasificados en custodia mínima pueden participar de las 

actividades en la libre comunidad, siempre que presenten un estado 

emocional estable y hayan arrojado negativo en las pruebas de dopaje en 

el último año. Véase, Art. VII (B) (1) (a) del Reglamento Núm. 9497, supra.

No son elegibles para participar de estos programas las personas que: (1) 

tengan historial de delito de fuga o su tentativa en los últimos dos (2) años,

incluyendo cargos actuales pendientes de resolver; (2) que tengan casos 

2 Esta disposición estatutaria fue enmendada mediante la aprobación de la Ley Núm. 79-

2022, para incluir el alcance legal actual del Artículo 16 del Plan de Reorganización.

3

Introducción al Reglamento Núm. 9497, supra.
KLRA20240007 cons. KLRA202400020 9

pendientes por resolver; o (3) que pese una resolución administrativa 

disciplinaria por haber incurrido en actos prohibidos en los últimos seis (6) 

meses. Véase, Art. VII (B) (1) (b) del Reglamento Núm. 9497, supra. No 

obstante, los miembros de la comunidad correccional que estén 

cumpliendo una pena por cualquier delito grave de segundo grado o un 

delito de mayor severidad pueden participar en actividades, siempre y 

cuando hayan obtenido una dispensa o permiso especial. (Énfasis suplido). 

Respecto a su vigencia, el Reglamento dispone lo siguiente: 

Este Reglamento, una vez promulgado por el (la) 

Secretario(a), comenzará a regir a los treinta (30) días, luego 

de haber sido aprobado por el Departamento de Estado y de 

haber cumplido con las formalidades de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico. Véase, Art. XVII del Reglamento Núm. 9497, 

supra.

III.

Por estar íntimamente relacionados los señalamientos de error en 

ambos recursos presentados por el Recurrente, procedemos a discutirlos 

en conjunto. 

En síntesis, el señor Román Montañez alega que el DCR erró: (1) al 

no basar sus determinaciones en evidencia sustancial; (2) en la aplicación 

e interpretación de las leyes y reglamentos; (3) al aplicar disposiciones de 

la Ley Núm. 315-2004; (4) al no conceder al recurrente poder participar de 

en el Programa Pase Extendido con Monitoreo Electrónico y en el 

Programa Religioso y Hogar CREA, respectivamente; y al (5) pasar por alto 

el Reglamento Núm. 9497, supra. No nos convence su postura. Veamos 

por qué. 

Surge del expediente de nuestro caso que, el 18 de octubre de 2011,

el Recurrente fue sentenciado a una pena de reclusión de 129 años por los 

delitos de asesinato en primer grado, amenaza o intimidación a testigos e 

infracción a los Artículos 5.04 y 5.15 de la derogada Ley Núm. 404-2000, 

según enmendada, conocida como la “Ley de Armas de Puerto Rico”, 25 

LPRA secs. 458c y 458n, respectivamente. Así las cosas, el 30 de junio de 

2023, fue reclasificado a custodia mínima y referido a los programas de 

desvío en controversia. El 27 de septiembre de 2023, le denegaron las 
KLRA202400007 cons. KLRA202400020 10

solicitudes para disfrutar de ambos Programas, bajo el fundamento de que 

el delito de asesinato en primer grado es un delito excluido de dichos 

beneficios. 

Sobre el particular, es menester destacar que la Ley Núm. 315-2004, 

vigente al momento de la comisión de los delitos y de que el Recurrente 

fuera sentenciado, disponía que las personas que estuvieran cumpliendo 

una sentencia por el delito de asesinato no serían elegibles para participar 

en los programas de desvío o tratamiento y rehabilitación establecidos por 

el DCR. De igual manera, el Artículo 16 del Plan de Reorganización, supra, 

actualmente establece que las personas que han sido convictas por 

delitos grave de primer grado no son elegibles para participar de 

Programas de Desvíos. 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 16. 

Por otra parte, si bien es cierto que el Reglamento 9497, supra,

permite que los miembros de la comunidad correccional que estén 

cumpliendo una pena por cualquier delito grave de segundo grado o un 

delito de mayor severidad participen de ciertas actividades recreativas, no 

es menos cierto que dicho cuerpo reglamentario fue aprobado el 7 de 

septiembre de 2023 y entró en vigor el 11 de octubre de 2023. Por tanto, el 

aludido Reglamento fue efectivo luego de realizarse las determinaciones

impugnadas en los casos de epígrafe, respecto a la elegibilidad del señor 

Román Montañez a los Programas. Nótese que los referidos se realizaron

en el mes junio de 2023, se denegaron en septiembre de 2023 y no fue 

hasta octubre del mismo año que el referido Reglamento comenzó a regir.

Además, aún si ignoráramos lo anterior, si las solicitudes hubieran

sido presentadas en un momento posterior a la vigencia del Reglamento, 

nuestra conclusión hubiera sido la misma. La disposición máxima aplicable 

a los hechos de nuestro caso lo es el Artículo 16 del Plan de 

Reorganización, supra, que excluye a las personas que han cometido el 

delito de asesinato en primer grado de participar de programas de desvío.

3 LPRA Ap. XVIII, Art. 16. A causa de lo antes establecido, es patente que 

el señor Román Montañez no es elegible para participar de los programas
KLRA20240007 cons. KLRA202400020 11

de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico ni del Programa Religioso y 

Hogar CREA.

En vista de lo anterior, concluimos que el DCR actuó correctamente 

al denegar las peticiones del Recurrente, pues del expediente ante nuestra 

consideración se desprende que éste fue sentenciado por el delito de 

asesinato en primer grado, el cual está excluido de los beneficios de los

programas de desvío, por disposición del Artículo 16 del Plan de 

Reorganización, supra.

Así pues, concluimos expresamente que el Recurrente no aportó 

evidencia suficiente para derrotar la presunción de corrección de la cual 

están investidas las decisiones del foro administrativo. En el ejercicio de 

nuestra función revisora, venimos compelidos a darle deferencia a la 

especialización, experiencia y las cuestiones propias de la discreción o 

pericia de las agencias administrativas. Tal y como hemos adelantado, 

somos de la opinión de que la agencia recurrida no actuó de manera 

arbitraria, ilegal, irrazonable o fuera del marco de los poderes que se le 

delegaron.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar 

parte de la presente Sentencia, confirmamos las determinaciones emitidas

por el DCR el 27 de septiembre de 2023 mediante las que se le denegó al 

señor Román Montañez el beneficio de participar del Programa Pase 

Extendido con Monitoreo Electrónico y del Programa Religioso y Hogar 

CREA, respectivamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones