Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

JUAN ORTA CRUZ Apelación

procedente del

Apelante Tribunal de Primera

Instancia, Sala de

y. Guayama

AGTE. JUAN C. Sobre:

RODRiGUEZ HEREDIA Y Libelo, Calumnia o

OTROS Difamación;

Violación de

Apelados Derechos Civiles;

Daños y Perjuicios

Caso Núm.

KLAN202400345 GM202 1 CVO 1051

Consolidado Con

KLCE202400430 Certiorari

JUAN ORTA CRUZ procedente del

Tribunal de Primera

Recurrido Instancia, Sala de

Guayama

V.

Sobre:

HON. ANTONIO LÓPEZ Libelo, Calumnia o

FIGUEROA Y OTROS Difamación;

Violación de

Peticionario Derechos Civiles;

Daños y Perjuicios

Caso Número:

GM202 1CV0 1051

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la

Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2024.

El apelante, señor Juan Orta Cruz, comparece ante nos para

que revoquemos la Sentencia Parcial Enmendada emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, el 8 de noviembre

de 2023, notificada el 14 de febrero de 2024. Mediante la misma, el

foro primario, en reconsideración, decretó la desestimación parcial

de una demanda sobre violación a derechos civiles, daños y

perjuicios, libelo, calumnia y difamación, manteniendo vigente solo

esta última causa de acción. La demanda de autos se promovió en

Número Identificador

SEN2024
KLAN202400345 Consolidado con KLCE202400430 2

contra de los agentes del orden público y aquí apelados, Juan C.

Rodríguez Heredia, Antonio Santiago Espada, Alex Díaz Sánchez y

la Policía de Puerto Rico. Ante nos, y mediante un recurso

independiente de certiorari, también comparece el apelado Agente

Díaz Sánchez.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

revoca la Sentencia Parcial Enmendada apelada.

I

El 23 de diciembre de 2021, el apelante presentó la demanda

de epígrafe. En esencia, alegó que los aquí apelados, todos

miembros de la División de Vehículos Hurtados de la Policía de

Puerto Rico, llevaron a cabo un registro ilegal en un local comercial

de su propiedad destinado a la operación de un taller de mecánica

y venta de piezas de vehículos de motor. Como consecuencia de ello,

arguyó que su arresto también fue uno contrario a ley. De igual

modo, entre sus alegaciones, el apelante sostuvo que, durante la

intervención en controversia, y en presencia de las personas que allí

se encontraban, el apelado Agente Díaz Sánchez hizo la siguiente

expresión: "Este se roba la luz".1 A su vez, sostuvo que, mientras se

efectuaba el diligenciamiento de la orden de allanamiento en

controversia, este comenzó a llamar a varios de sus clientes,

notificándoles que pasaran por el taller para recoger sus vehículos

porque se trataba de un "negocio clandestino".2

El apelante sostuvo que las actuaciones de todos los apelados

constituyeron serias violaciones a sus derechos civiles, así como a

sus derechos propietarios, que le causaron serios daños y perjuicios

y angustias mentales. Por igual, calificó las expresiones antes

indicadas, alegadamente proferidas por el Agente Díaz Sánchez,

como calumniosas y libelosas. Así, a tenor con sus alegaciones,

1 Véase: Apéndice, Anejo 1: Demanda, pág. 5.

2 Íd. pág. 6.
KLAN202400345 Consolidado con KLCE202400430 3

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que declarara con lugar su

demanda y ordenara a los apelados a satisfacer una suma de

$800,000.00 por concepto de la compensación correspondiente.

Tras acontecidos ciertos trámites, los apelados presentaron

sus respectivas mociones de desestimación en cuanto a la demanda

de epígrafe. Destacamos que, el 22 de febrero de 2022, el Estado

efectuó una Comparecencia Especial en Solicitud de Desestimación,

ello sin someterse a la jurisdicción del tribunal. Tras entender sobre

los antedichos pliegos, así como sobre los escritos en oposición del

apelante, y luego de la celebración de una vista argumentativa, el 20

de diciembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia notificó una

Sentencia. Mediante la misma, resolvió que las actuaciones de los

agentes apelados, según alegado, resultaron del ejercicio de sus

deberes y funciones oficiales, por lo que estos estaban cobijados por

la doctrina de la inmunidad condicionada. Así, dispuso que el

apelante estaba impedido de reclamarles en su carácter personal,

incluyendo, ello, la causa de acción sobre difamación. De igual

modo, el tribunal primario concluyó que el apelante no notificó de

manera oportuna al Estado sobre la radicación del pleito de epígrafe.

De este modo, declaró Ha Lugar todas las solicitudes de

desestimación promovidas por los apelados, así como la

comparecencia especial de referencia. En consecuencia, desestimó,

con perjuicio, la demanda de epígrafe.

En desacuerdo, el 11 de enero de 2024, a veintidós (22) días

de notificada la antedicha Sentencia, el apelante presentó una

Moción de Reconsideración. El Tribunal de Primera Instancia

entendió sobre la misma y, como resultado, el 14 de febrero de 2024,

notificó la Sentencia Parcial Enmendada aquí apelada. En virtud de

la misma, el foro primario modificó su previo dictamen y reinstaló la

causa de acción por difamación promovida por el apelante en contra

del apelado, Agente Díaz Sánchez.
KLAN202400345 Consolidado con KLCE202400430 4

No conforme con ello, 29 de febrero de 2024, el apelado,

Agente Díaz Sánchez, presentó una Moción de Reconsideración.

Mediante Resolución notificada el 15 de marzo de 2024, el Tribunal

de Primera Instancia la declaró No Ha Lugar.

Inconforme con lo resuelto mediante la Sentencia Parcial

Enmendada, el 8 de abril de 2024, el apelante compareció ante nos

mediante el recurso de apelación KLAN202400345. En el mismo, y

sin exponer un señalamiento de error específico, adujo que el foro

primario incidió al no sostener la totalidad de las causas de acción

que promovió en la demanda de epígrafe. Específicamente, afirmó

que, en su gestión adjudicativa, el tribunal sentenciador no

consideró que fue víctima de violaciones a sus derechos civiles y

constitucionales.

Por su parte, y también en desacuerdo con parte del referido

dictamen, el 12 de abril de 2024, el apelado, Agente Díaz Sánchez,

compareció ante nos mediante el recurso de certiorari

KLCE202400430. En el mismo expuso el siguiente señalamiento:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que las

expresiones del Sargento Díaz Sánchez durante el

diligenciamiento de una orden de registro y

allanamiento no se encuentran protegidas por la

doctrina de inmunidad condicionada, a pesar de que,

tomando como ciertos los hechos bien alegados en la

demanda, estas fueron realizadas durante sus

funciones y, de todas formas, únicamente constituirían

un acto negligente cobijado por la mencionada doctrina.

Toda vez que los comparecientes recurren de la Sentencia

Parcial Enmendada del 14 de febrero de 2024, se provee para la

consolidación de sus respectivos recursos en alzada, a tenor con lo

dispuesto en la Regla 80.1 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 80.1. Así, y luego de entender

sobre los mismos, procedemos a expresarnos.

II

La moción de reconsideración constituye el mecanismo

procesal que facilita al juzgador de hechos reexaminar su proceder
KLAN202400345 Consolidado con KLCE202400430 5

en cuanto a una controversia sometida a su escrutinio para que, en

determinado p nodo, resuelva si es meritorio que sea enmendado o

que quede sujeto a una mayor evaluación. Caro u. Cardona, 158

DPR 592, 597 (2003). De este modo, los foros judiciales tienen la

facultad de reconsiderar sus dictámenes, siempre que ostenten

jurisdicción sobre el caso. Div. Empleados Públicos UGT u.

CEMPR, 212 DPR 742, 748 (2023).

En lo aquí atinente, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 47, dispone que, la parte adversamente afectada por

una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia tendrá

un término de quince (15) días desde la fecha de notificación de la

misma, para solicitar su reconsideración mediante moción a tal

fin. Conforme expresamente dicta el referido estatuto, el plazo antes

indicado es uno de carácter jurisdiccional.

En este último contexto, sabido es que los términos

jurisdiccionales son los que no están sujetos a ser interrumpidos o

a que se cumplan de forma tardía. Cruz Parrilla u. Depto. Vivienda,

184 DPR 393, 403 (2012). Contrario a los de cumplimiento estricto,

estos son fatales, improrrogables e insubsanables, rasgos que

explican por qué no pueden acortarse, como tampoco

extenderse. Con. Tít. 76 Kings Court y. MAPFRE, 208 DPR 1027

(2022); Rosario Domínguez et als. u. ELA et al., 198 DPR 197, 208

(2017). De ahí que su incumplimiento priva al tribunal de autoridad

para adjudicar el asunto que se intenta traer ante su consideración.

Con. Tit. 76 Kings Court u. MAPFRE, supra; Domínguez et als. u. ELA

et al., supra, págs. 208-209.

Los términos jurisdiccionales, o fatales, se denominan como

tal "porque transcurren inexorablemente, no importa las

consecuencias procesales que su expiración provoque". R.

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal

Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis de Puerto Rico, 2017, pág.
KLAN202400345 Consolidado con KLCE202400430 6

234. Por ello, nuestro Tribunal Supremo ha llamado la atención

hacia "las graves consecuencias que acarrea el determinar que un

término es de naturaleza jurisdiccional". Cruz Parrilla u. Depto.

Vivienda, supra, pág. 403-404. Esta es la razón por la cual, tal

calificativo "debe surgir claramente la intención legislativa del

legislador de imponerle esa característica al término". Cruz Parrilla

y. Depto. Vivienda, supra; Con. Tit. 76 Kings Court y. MAPFRE, pág.

1028.

III

En la presente causa, tanto el apelante, Orta Cruz, como el

apelado, Agente Díaz Sánchez, impugnan, mediante sus respectivos

recursos en alzada, los términos de la Sentencia Parcial Enmendada

del 14 de febrero de 2024. No obstante, intimamos que una cuestión

medular de carácter procesal nos impone el deber de dejar sin efecto

el referido dictamen y, en consecuencia, de reinstalar aquel emitido

previamente, por haber sido reconsidérado contrario a derecho.

Mediante la Sentencia del 20 de diciembre de 2023, el

Tribunal de Primera Instancia desestimO, con perjuicio, la demanda

de epígrafe. Ahora bien, el 11 de enero de 2024, el apelante presentó

una Moción de Reconsideración. Dicha gestión se efectuó a veintidós

(22) días de notificada la Sentencia y en claro exceso del término de

quince (15) días jurisdiccionales estatuido por la Regla 47, supra,

para actuar de conformidad. En específico, la solicitud de

reconsideración se presentó a siete (7) días de vencido el plazo

jurisdiccional de quince (15) días, por lo que, a la luz de la norma

antes esbozada, toda vez su carácter fatal, y las consecuencias

procesales de su expiración, el Tribunal de Primera Instancia estaba

impedido de atenderla. Como resultado, el tribunal primario estaba

obligado a no entender sobre la misma, puesto que, la falta del

apelante, ello en cuanto a no actuar de manera oportuna, sustrajo

la autoridad del tribunal para poder atender sus méritos. Por tanto,
KLAN202400345 Consolidado con KLCE202400430 7

al disponer de la Moción de Reconsideración en controversia y, como

resultado, al reconsiderar la Sentencia del 20 de diciembre de 2023,

el Tribunal de Primera Instancia actuó sin jurisdicción.

Sabido es que una sentencia se considera nula cuando el

tribunal actuó sin jurisdicción o cuando se quebranto el debido

proceso de ley de alguna de las partes. García Colón et al. y. Sucn.

González, 178 DPR 527, 543 (2010). Ante ello, se reconoce que "si

una sentencia es nula, tiene que dejarse sin efecto

independientemente de los méritos que pueda tener la defensa o la

reclamación del perjudicado". Íd., 543-544. Siendo así, por

concurrir la causa de falta de jurisdicción del tribunal primario, nos

vemos precisados en decretar la nulidad de la Sentencia Parcial

Enmendada del 14 de febrero de 2024. De este modo, únicamente

procede revocar la misma y reinstalar lo resuelto mediante la

Sentencia del 20 de diciembre de 2023.

Adoptar la postura emitida en el disenso a lo aquí resuelto por

la mayoría del Panel, implicaría que nuestra función se limite solo a

declarar nuestra falta de jurisdicción en el caso, quedando privados,

incluso, de decretar la nulidad de la Sentencia apelada. Lo anterior,

propendería a sostener la validez de un dictamen que carece de

eficacia legal sobre los respectivos derechos y obligaciones de las

partes. Nuestro ordenamiento jurídico es enfático al sostener que,

ante una falta de jurisdicción, los tribunales solo podemos, sin más,

declarar que carecemos de autoridad para intervenir. El disenso

emitido por la compañera Jueza del Panel, llega a la conclusión de

que no tenemos jurisdicción para entender sobre el recurso de

autos. Sin embargo, culmina el mismo, decretando la nulidad de la

Sentencia apelada, pronunciamiento que, en estricto derecho, está

vedado.
KLAN202400345 Consolidado con KLCE202400430 8

Iv

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia

Parcial Enmendada. Se ordena la reinstalación de los términos de la

Sentencia notificada el 20 de diciembre de 2023.

Lo acordO y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. La Juez Grana Martínez disiente mediante

voto escrito.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

JUAN ORTA CRUZ Apelación

procedente del

Apelante Tribunal de Primera

Instancia, Sala de

y. Guayama

AGTE. JUAN C.

RODRIGUEZ HEREDIA Y

OTROS

Apelados

KLAN202400345

Consolidado Con

KLCE202400430

JUAN ORTA CRUZ

Recurrido

V.

HON. ANTONIO LÓPEZ

FIGUEROA Y OTROS

Peticionario

Sobre:

Libelo, Calumnia o

Difamación;

Violación de

Derechos Civiles;

Daños y Perjuicios

Caso Núm.

GM202 1CV0 1051

Certiorari

procedente del

Tribunal de Primera

Instancia, Sala de

Guayama

Sobre:

Libelo, Calumnia o

Difamación;

Violación de

Derechos Civiles;

Daños y Perjuicios

Caso Número:

GM202 1CVO 1051

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la

Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GHANA MARTÍNEZ

I.

El 20 de diciembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

dictó Sentencia desestimando con perjuicio la Demanda, presentada

por el Sr. Juan Orta Cruz.

El 11 de enero de 2024, el demandante presentó una solicitud

de reconsideración tardía cuestionando los fundamentos de la

Sentencia emitida.

Así las cosas, el foro primario, sin jurisdicción, a mi entender

reconsiderO su Sentencia y el 14 de febrero de 2024 emitió una
KLAN202400345 Consolidado con KLCE202400430 2

Sentencia Parcial Enmendada. En esta declaró ha lugar la Moción

de Desestimación presentada por el Agente Juan C. Rodríguez

Heredia y el Sargento Antonio Santiago Espada, así también, la

Comparecencia Especial en Solicitud de Desestimación presentada

por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por el contrario, declaró

no ha lugar de manera parcial, la Moción de Desestimación

presentada por el Sargento Alex R. Díaz Sánchez, prevaleciendo la

causa de acción por sus expresiones públicas, imputándole el hurto

de la luz al demandante. Cabe señalar que este último presentó

moción de reconsideración a la reinstalación de la causa de acción I

en su contra alegando que sus actos fueron todos en su carácter

oficial.

El 4 de marzo de 2024, el demandante presentó nuevamente

una Moción de reconsideración tardía, esta vez cuestionando la

desestimación contra el ELA. Finalmente, el 15 de marzo de 2024,

el TPI declaró no ha lugar la solióitud de reconsideración del

Sargento Alex R. Díaz Sánchez. En igual fecha reconoció que la

reconsideración del demandante era tardía y la declaró fuera de

término.

El 8 de abril del año en curso, el demandante presentó ante el

Tribunal de Apelaciones el recurso que nos ocupa. Por su parte, el

Sargento Alex R. Díaz Sánchez, por conducto de la Oficina del

Procurador General, presentó un recurso de certiorari solicitando la

desestimación de la Demanda en su contra con o sin perjuicio.

II.

Como asunto de umbral, el primer aspecto a evaluar en toda

situación jurídica que se presente ante un foro adjudicativo es el

aspecto jurisdiccional. R&13 Power, Inc. y. Junta de Subasta ASG,

2024 TSPR 24, 213 DPR (2024); Torres Alvarado y. Madera

Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019). La jurisdicción es el poder o la

autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir casos o
KLAN202400345 Consolidado con KLCE202400430 3

controversias que tiene ante sí. R&B Power, Inc. y. Junta de Subasta

ASG, supra; Pueblo y. Torres Medina, 211 DPR 950 (2023); Cobra

Acquisitions, LLC y. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384, 394 (2022);

Pueblo u. Rivera Ortiz, 209 DPR 402, 414 (2022).

La razón para ello es que un tribunal sin jurisdicción está

impedido de atender los méritos de la controversia. Oriental Bank y.

Registrador, 209 DPR 384, 390 (2022); Matos, Sostre y. Registradora,

2023 TSPR 148, 213 DPR (2024).

Por otro lado, la parte adversamente afectada por una

sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá presentar, dentro

del término jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de

archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, una

moción de reconsideración de la sentencia. ... 32 LPRA Ap. V, R. 47.

La moción de reconsideración es el "mecanismo que provee nuestro

ordenamiento para permitir que un tribunal modifique su fallo y

enmiende o corrija los errores en que haya incurrido". Div.

Empleados Públicos UGT u. CEMPR, 212 DPR 742, 748 (2023);

Interior Developers u. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 701 (2009).

Un término jurisdiccional, como en este caso, el de la

presentación de una moción de reconsideración, es uno fatal,

improrrogable e insubsanable, rasgos que explican por qué no

puede acortarse, como tampoco es susceptible de extenderse.

Insular Highway y. A.I.I. Co., 174 DPR 793, 807 (2008); Martínez,

Inc. y. Abjoe Realty Coip., 151 DPR 1, 7 (2000); R. Hernández Colón,

Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed. Michie, 1997, págs. 154-155.

De igual manera, los recursos de apelación al Tribunal de

Apelaciones para revisar sentencias deberán presentarse dentro del

término jurisdiccional de treinta (30) días, contados desde el archivo

en autos de copia de la notificación de la sentencia dictada por el

tribunal apelado. 32 LPRA Ap. V., R. 52.2 (a). En aquellos casos en

que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los municipios, sus
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funcionarios(as) o una de sus instrumentalidades, excluyendo a las

corporaciones públicas, sean parte en un pleito, el recurso de

apelación para revisar sentencias del Tribunal de Primera Instancia

o el recurso de certiorari para revisar discrecionalmente las

séntencias o resoluciones del Tribunal de Apelaciones en recursos

de apelación, deberán ser presentados por cualquier parte en el

pleito perjudicada por la sentencia o la resolución, dentro del

término jurisdiccional de sesenta (60) días contados desde la fecha

del archivo en autos de copia de la sentencia o resolución recurrida.

32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (c).

III.

La primera Sentencia que dispuso en su totalidad de las

causas de acción presentadas por el demandante se notificó el 20

de diciembre de 2023. No es hasta el 11 de enero de 2024 que el

señor Orta Cruz presenta una inoportuna moción de

reconsideración, pues fue radicada en exceso del término

jurisdiccional de 15 días. Por lo tanto, dicha moción no interrumpió

el término para acudir en revisión ante el Tribunal de Apelaciones

Habiéndose notificado la Sentencia el 20 de diciembre de 2023,

aquella parte que quisiera presentar un recurso de apelación tenía

hasta el 19 de febrero para presentar su recurso ante este foro. El

señor Orta Cruz presentó su recurso el 8 de abril del año en curso,

por lo que no tenemos jurisdicción para atender la apelación en sus

méritos.

Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así declararlo

y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la

controversia. Mun. de San Sebastián u. QMC Telecom, 190 DPR 652,

660 (2014). Cuando un tribunal emite un dictamen sin jurisdicción,

ello acarrea su nulidad. FCPR y. ELA et al., 211 DPR 521, 530 (2023);

González u. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).
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Por tal razón, no puedo suscribir el dictamen revocatorio de la

Opinión mayoritaria.

La ausencia de jurisdicción trae varias consecuencias, tales

como: (1) que no sea susceptible de ser subsanada; (2) las partes no

puedan conferírsela voluntariamente a un tribunal como tampoco

puede este arrogársela; (3) conlieva la nulidad de los dictámenes

emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar

su propia jurisdicción; (5) obliga a los tribunales apelativos a

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso; y (6)

puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia

de las partes o por el tribunal motu proprio. Allied Mgmt. Group y.

Oriental Bank, 204 DPR 374, 386 (2020).

Por otro lado, el Sargento Díaz Sanchez presentó su recurso

el 12 de abril de 2024. De igual manera, a mi entender, este tribunal

no ostenta jurisdicción para atender este recurso en sus méritos. Al

ser final y firme la Sentencia emitida' el 20 de diciembre de 2023,

todos los dictámenes posteriores que el TPI haya emitido son nulos,

por lo que desestimaría ambos recursos ante su presentación tardía.

En San Juan, Puerto Rico, a2f-de junio de 2024.

Grace M. Grana Martínez

Jueza del Tribunal de Apelaciones