NÚMERO IDENTIFICADOR

SEN2023___________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

ÁNGEL MARTÍNEZ REYES

PETICIONARIO

V.

JUNTA DE LIBERTAD BAJO

PALABRA

RECURRIDA

KLRA202300542

REVISIÓN JUDICIAL

procedente de

Gobierno de Puerto 

Rico, Junta de 

Libertad Bajo 

Palabra

_____________

Caso Número:

147489

Confinado Número: 

1-701567

______________

SOBRE:

No Concesión del 

Privilegio de 

Libertad Bajo 

Palabra-Volver a 

Considerar

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, 

el Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro.

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente.

SENTENCIA 1

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

Comparece ante nos, por derecho propio, el Sr. Ángel

Martínez Reyes (señor Martínez Reyes o Peticionario) y 

solicita que revisemos una Resolución emitida por la Junta de 

Libertad Bajo Palabra (en adelante Junta) el 20 de junio de 

2023, archivada en autos el 3 de julio de 2023. Por medio del 

referido dictamen, la Junta determinó que el señor Martínez 

Reyes no cualificaba para beneficiarse del privilegio de 

libertad bajo palabra.

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos desestimarlo por falta de jurisdicción.

-IEl 7 de junio de 2023, la Junta celebró una vista para 

la consideración del peticionario al privilegio de libertad 

bajo palabra. Así pues, el señor Martínez Reyes compareció 

1 Conforme a la Resolución emitida por la Junta el 20 de junio de 2023,

el caso del señor Ángel Martínez Reyes volverá a ser considerado para el 

privilegio de libertad bajo palabra en enero de 2024.
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desde la Institución Correccional de Ponce Principal, 

mediante el sistema de videoconferencia. Además, compareció a 

la vista el técnico de servicios sociopenales, Dimas Torres 

Sánchez. 

Así las cosas, el 20 de junio de 2023, la Junta emitió 

una Resolución mediante la cual esbozó las siguientes 

determinaciones de hechos:

1- El peticionario está clasificado en custodia 

mínima desde el 11 de junio de 2019.

2- El peticionario extingue sentencia de ciento 

catorce (114) años por Asesinato en primer 

grado e Infracción a la Ley de Armas.

3- Al peticionario le fue realizada la toma de 

muestra de ADN el 28 de marzo de 2007.

4- El peticionario cuenta con las terapias de 

Trastornos Adictivos desde el 9 de 

septiembre de 2003.

5- El peticionario completó las terapias 

psicológicas de Aprendiendo a Vivir sin 

Violencia el 26 de junio de 2003 de la 

Sección del Programa de Evaluación y 

Asesoramiento (SPEA). Cuenta con evaluación

psicológica de 28 de agosto de 2020. 

Conforme a los hallazgos de la evaluación

psicológica realizada al peticionario el 10 

de junio de 2003, requerimos que este le sea 

realizada una evaluación psiquiátrica por 

Salud Correccional, que incluya diagnósticos

y si amerita tratamiento farmacológico.

6- El peticionario no propuso oferta de empleo. 

Sin embargo, este está exento de este 

requisito debido a que cuenta con más de 

sesenta (60) años de edad.

7- El peticionario no propuso amigo consejero. 

Sin embargo, este está exento de este 

requisito debido a que cuenta con más

sesenta (60) años de edad.

8- El peticionario propuso residir en el hogar 

de su hermana, María Martínez Reyes en Toa 

Baja. Sin embargo, de la investigación

realizada en la comunidad surgió que este 

hogar no resultó viable. El peticionario 

deberá someter otro hogar.

Conforme a lo anterior, la Junta determinó que el señor 

Martínez Reyes no cumplió con los requisitos para ser 

elegible para el beneficio de libertad bajo palabra. Ello, 

debido a que el peticionario no propuso oferta de empleo, ni 

amigo consejero y el hogar propuesto para residir no resultó 

viable, así como otros factores. Sin embargo, la Junta indicó 
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en su Resolución que el caso del señor Martínez Reyes volverá

a ser considerado para el privilegio de libertad bajo palabra 

en enero del 2024.

Finalmente, en lo pertinente al presente caso, en dicho 

dictamen se apercibió al peticionario de lo siguiente:

“La parte afectada por la presente Resolución, 

podrá radicar ante la Junta, una Reconsideración

de la misma, dentro del plazo de veinte (20) días 

contados a partir de la fecha en que fue 

notificada. Dicha solicitud de Reconsideración

deberá presentarse por escrito, consignando 

claramente la palabra Reconsideración como título 

y así como también en el sobre de envío.

[...]

De no optar por el procedimiento de 

Reconsideración ante la Junta, la parte afectada 

podrá, dentro del término de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha del archivo en 

autos de esta Resolución, presentar un recurso de 

revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones.”

No surge del expediente que el recurrente haya 

solicitado una reconsideración de la resolución emitida por 

la Junta.2

Finalmente, el 18 de octubre de 2023, el señor Martínez 

Reyes presentó el recurso ante nuestra consideración. En 

síntesis, alegó que la Junta no consideró otros recursos que 

existen en la comunidad para determinar su elegibilidad al 

programa de libertad bajo palabra. 

Luego de examinar el expediente ante nuestra 

consideración, estamos en posición de resolver. 

2 El recurrente hizo formar parte del presente recurso los siguientes 

documentos: (a) la portada de un sobre titulado "Reconsideración"; (b) un 

Recibo de Formulario o Correspondencia dirigido a la Junta de Libertad 

Bajo Palabra con fecha de 2 de agosto de 2023; (c) un Recibo de 

Formulario o Correspondencia dirigido a la Lcda. Aixa Pérez Mink con

fecha de 21 de septiembre de 2023; (d) un escrito titulado Moción de 

Reconsideración, sin evidencia alguna de si fue presentado o no; (e) una 

Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra el 20 de junio 

de 2023; (f) un Acuerdo del Comité de Clasificación y Tratamiento con 

fecha de 21 de julio de 2023 y; (g) una Escala de Reclasificación de 

Custodia.
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-IIA. Jurisdicción

Según ha expresado el Tribunal Supremo de Puerto Rico,

resulta indispensable que los recursos apelativos se 

perfeccionen según lo exige la ley y el Reglamento de este 

Tribunal.3 Las partes tienen la responsabilidad de observar 

rigurosamente el cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios para perfeccionar los recursos presentados

ante la consideración del Tribunal Supremo y el Tribunal de 

Apelaciones.4

Es norma reiterada, que el comparecer por derecho 

propio, por sí solo, no justifica el incumplimiento con las 

reglas procesales.5 Por tanto, el incumplimiento con las 

normas jurídicas pertinentes para la presentación y 

perfeccionamiento del recurso ante nuestra consideración nos

priva de jurisdicción para atenderlo.

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un 

tribunal para considerar y decidir casos o controversias.6

Conforme a ello, en toda situación jurídica que se presente 

ante un foro adjudicativo, lo primero que se debe considerar 

es el aspecto jurisdiccional.7 Esto, debido a que los 

tribunales tienen la responsabilidad indelegable de examinar, 

en primera instancia, su propia jurisdicción.8

Así pues, los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción, por lo cual los asuntos relacionados

3 Lugo Rodríguez v. Suárez Camejo, 165 DPR 729, 737 (2005); Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000).

4 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); DACO v. Servidores 

Públicos Unidos, 187 DPR 704, 707 (2013); M-Care Compounding v. Dpto. de 

Salud, 186 DPR 159, 176 (2012).

5 Febles v. Romar Pool Construction, 159 DPR 714, 722 (2003).

6 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc, 200 DPR 254, 267 (2018). Véanse, 

además: Yumac Home v. Empresas Massó, supra; Mun. de San Sebastián v. QMC 

Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 

445, 456 (2012); Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012); Cruz 

Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); S.L.G. Solá-Moreno 

v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).

7 Id., pág. 268; Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233-

234 (2014); Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457; Cruz Parrilla 

v. Depto. Vivienda, supra, pág. 403.

8 Id.; Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457.
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con ésta son privilegiados y deben atenderse de manera

preferente.9 Como es sabido, es deber ministerial de todo 

tribunal, cuestionada su jurisdicción por alguna de las 

partes o incluso cuando no haya sido planteado por éstas, 

examinar y evaluar con rigurosidad el asunto jurisdiccional, 

pues éste incide directamente sobre el poder mismo para 

adjudicar una controversia.10 

En consonancia, constituye norma reiterada el de la 

importancia de cumplir con los términos, debido a que un 

recurso presentado de modo prematuro, al igual que uno 

tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre.11 En consecuencia, su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el 

momento de su presentación no ha habido autoridad judicial o

administrativa para acogerlo.12

Finalmente, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones disponen lo siguiente: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 

la desestimación de un recurso por los motivos 

siguientes:

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;

[...]

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional por cualesquiera de los 

motivos consignados en el inciso (B) precedente.13

-IIILuego de analizar el recurso ante nuestra consideración, 

concluimos que el peticionario presentó tardíamente el mismo.

Veamos.

9 Id.; Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra, pág.660; Horizon v. 

Jta. Revisora, RA Holdings, supra, pág.234; Cordero et al. v. ARPE et 

al., supra, pág.457.

10 Id.; Shell v. Srio. Hacienda, supra, pág. 123; Yumac Home v. Empresas 

Massó, supra, pág. 103; Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 

1, 22 (2011); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).

11 Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).

12 Rodríguez v. Segarra, 150 DPR 649 (2000).

13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) y (C).
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En el presente caso, el señor Martínez Reyes alegó que 

presentó una reconsideración ante la Junta. Sin embargo, no 

surge del expediente evidencia alguna que indique que el 

escrito de reconsideración fue presentado por el 

peticionario. A pesar de que el señor Martínez Reyes incluyó 

en su recurso de revisión una copia de un escrito titulado

Moción de Reconsideración, dicho escrito no aparece ponchado

y tampoco encontramos evidencia en el expediente que indique 

que el mismo fue presentado. Siendo ello así, esta Curia está 

impedida de tomar como cierto el hecho de que una 

reconsideración haya sido presentada. Por lo cual, el término 

de treinta (30) días para solicitar revisión judicial comenzó

a contar desde que la Resolución emitida por la Junta fue 

archivada en autos, a saber: el 3 de julio de 2023.

Aquí, la Junta emitió una Resolución el 20 de junio de 

2023, la cual fue archivada en autos el 3 de julio de 2023.

Es decir, el peticionario tenía hasta el 3 de agosto de 2023,

para presentar el recurso de revisión judicial ante este 

Tribunal de Apelaciones. No obstante, el recurso de revisión

ante nuestra atención fue presentado el 18 de octubre de

2023. En otras palabras, el señor Martínez Reyes presentó el 

recurso ante nos tardíamente. En consecuencia, estamos 

impedidos de acoger el presente recurso por falta de 

jurisdicción.

-IVPor los fundamentos antes expresados, se desestima el 

recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones