Número Identificador

SEN2024_________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

LUIS ALBERTO 

VALLEJOS CRUZ

Recurrente 

V.

ESTHER RÍOS 

RODRÍGUEZ

Recurridos

KLRA202400141 

REVISIÓN

ADMINISTRATIVA

procedente de la

Oficina de Gerencia 

de Permisos

Caso Núm.: 2024-

542455-SDR-300326

Sobre:

CONSTRUCCIÓN

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2024.

 Comparece ante nos, Luis Alberto Vallejos Cruz (recurrente), 

y nos solicita que revisemos la Notificación No Acogiendo Solicitud de 

Revisión Administrativa emitida por el Departamento de Desarrollo 

Económico, Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe o recurrida) el 

15 de febrero de 2024. Mediante dicho dictamen, la OGPe denegó 

acoger la Solicitud de Revisión Administrativa que presentó el 

recurrente ante dicho foro.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Notificación No Acogiendo Solicitud de Revisión 

Administrativa que emitió la OGPe.

I.

Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 17 de 

enero de 2024, la OGPe emitió una Resolución de Consulta de 

Construcción en el caso 2022-441663-CCO-009883. Ese mismo día, 

la Resolución de Consulta de Construcción fue notificada al 

recurrente mediante correo postal. Inconforme, el 6 de febrero de 

2024, la parte recurrente presentó una Solicitud de Revisión 
KLRA202400141 2

Administrativa. A esos efectos, el recurrente pagó el arancel 

requerido para la presentación de la Solicitud de Revisión 

Administrativa. 

El 15 de febrero de 2024, la OGPe emitió una Notificación No 

Acogiendo Solicitud de Revisión Administrativa. En esencia, la OGPe 

señaló que la Solicitud de Revisión Administrativa se había 

presentado fuera del término jurisdiccional de veinte (20) días. 

Aseveró que la determinación objeto de revisión fue emitida el 17 de 

enero de 2024, y Solicitud de Revisión Administrativa se presentó el 

7 de febrero de 2024. 

Insatisfecho aun, el 18 de marzo de 2024, la parte recurrente 

acudió ante nos mediante un recurso de revisión judicial, y alegó la 

comisión del siguiente error:

Erró la OGPE al decretar la Notificación No 

Acogiendo la Solicitud de Revisión Administrativa, 

privando así a la parte recurrente de tener su día en 

corte y menoscabando el debido proceso de ley.

Examinado el Recurso de Revisión Judicial, este Tribunal 

emitió una Resolución el 21 de marzo de 2024, concediéndole un 

término de veinte (20) días a la parte recurrida para que expresara 

su posición al recurso. El 22 de abril de 2024, la parte recurrida 

presentó un Alegato de la Oficina de Gerencia de Permisos al Recurso 

de Revisión Judicial. Contando con el beneficio de la comparecencia 

de todas las partes procedemos a resolver. 

II.

A. Revisión judicial de las determinaciones administrativas

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según enmendada, (3 

LPRA sec. 9601 et seq.) (LPAU), se creó a los fines de uniformar los 

procedimientos administrativos ante las agencias. 

Consecuentemente, desde la aprobación del procedimiento provisto 

por la LPAU, los entes administrativos están precisados a conducir 
KLRA202400141 3

sus procesos de reglamentación, adjudicación y concesión de 

licencias y permisos de conformidad con los preceptos de este 

estatuto y el debido proceso de ley. López Rivera v. Adm. de 

Corrección, 174 DPR 247, 254-255 (2008).

La Sección 4.1 de la LPAU, dispone que las decisiones 

administrativas finales pueden ser revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones. (3 LPRA sec. 9671). La finalidad de esta disposición es 

delimitar la discreción de los organismos administrativos para 

asegurar que estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de 

forma razonable. Capó Cruz v. Jta. de Planificación et al., 204 DPR 

581, 590-592 (2020); Empresas Ferrer, v. ARPe, 172 DPR 254, 264 

(2007). Es decir, la revisión judicial permite a los tribunales 

garantizar que las agencias administrativas actúen dentro de los 

márgenes de las facultades que le fueron delegadas por ley. Capote 

Rivera y otros v. Voilí Voilá Corp. y otros, 2024 TSPR 29, 213 DPR 

___ (2024). A su vez, posibilita el poder constatar que los organismos 

administrativos “cumplan con los mandatos constitucionales que 

rigen el ejercicio de su función, especialmente con los requisitos del 

debido proceso de ley”. Íd. Así, la revisión judicial constituye el 

recurso exclusivo para revisar los méritos de una decisión 

administrativa sea esta de naturaleza adjudicativa o de naturaleza 

informal. Capote Rivera y otros v. Voilí Voilá Corp. y otros, supra; 

Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527 (2006). 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección, OCS v. CODEPOLA, 202 DPR 842, 852-853 (2019). Esto 

debido a que, mediante esta norma se reconoce el peritaje del que 

gozan los organismos administrativos en aquellas materias que le 

han sido delegadas por ley. OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 
KLRA202400141 4

(2012); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821

(2012).

Nuestro máximo Foro ha establecido que, al ejercer la revisión 

judicial los tribunales no pueden descartar de forma absoluta la 

determinación de una agencia, sino que primero tienen que 

examinar la totalidad del expediente y determinar si la 

interpretación de la agencia representó un ejercicio razonable de su 

discreción administrativa, así fundamentado en la pericia particular 

de esta, en consideraciones de política pública o en la apreciación 

de la prueba. Capote Rivera y otros v. Voilí Voilá Corp. y otros, supra; 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). 

Cónsono con lo anterior, la sección 4.5 de la LPAU establece 

que los tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de 

las agencias si están basadas en "evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo". (3 LPRA sec. 9675). Como vemos, la 

norma anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el 

Tribunal Supremo ha resuelto con igual firmeza que los tribunales 

no pueden extender un sello de corrección, so pretexto de 

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas 

irrazonables, ilegales, o simplemente, contrarias a derecho. Super 

Asphalt v. AFI y otro 206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez 

v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 127 (2019). 

Sin embargo, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone 

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la 

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que 

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v.

Supte. Policía, 201 DPR 26, 36-37 (2018). Por ende, "los tribunales 

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia 

realice de aquellas leyes particulares que administra". Torres Rivera 
KLRA202400141 5

v. Policía de PR, 196 DPR 606, 627 (2016). Lo anterior responde a 

la vasta experiencia y conocimiento especializado que tienen las 

agencias sobre los asuntos que le son encomendados. González 

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).

Al revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que 

debe guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación, 

aunque ésta no tiene que ser la única o la más razonable. Vargas 

Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230, 237 (2017). Por lo tanto, 

al momento de examinar un dictamen administrativo se determina 

que: (1) la decisión administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley (3) el 

organismo administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer v. ARPe, supra, pág. 264.

En esta tarea, los foros judiciales analizarán los aspectos 

siguientes: (1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; 

(2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial, y (3) si las conclusiones de 

derecho fueron correctas. Asoc. Fcias v. Caribe Specially et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010). Mientras que, las determinaciones de hecho 

se deben sostener si las mismas se basan en evidencia sustancial 

que surja de la totalidad del expediente administrativo, Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018), las 

determinaciones de derecho pueden ser revisadas en su totalidad. 

Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627. 

Si bien es cierto que la revisión judicial no equivale a la 

sustitución automática del criterio e interpretación del organismo 

administrativo, Rebollo v. Y Motors, 161 DPR 69, 77 (2004), los 

tribunales revisores descartarán el criterio de los entes 
KLRA202400141 6

administrativos cuando "no se pueda hallar fundamento racional 

que explique o justifique el dictamen administrativo". Rolón Martínez 

v. Supte. Policía, supra. Si la interpretación y la aplicación del 

derecho no es correcta, el foro apelativo está obligado a intervenir. 

JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). 

"En esas circunstancias, [el foro apelativo] cederá la deferencia que 

merecen las agencias en las aplicaciones e interpretaciones de las 

leyes y los reglamentos que administra". Super Asphalt Pavement, 

Corp. v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021). Véase, además, 

Capote Rivera y otros v. Voilí Voilá Corp. y otros, supra; Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, supra. 

B. Ley Núm. 161-2009

Mediante la Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para 

la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según 

enmendada (23 LPRA sec. 9011 et seq.), se crearon varios 

organismos destinados a atender los diversos aspectos del proceso 

de permisos, entre los cuales está la OGPe. Dicha ley creó la OGPe 

como el organismo administrativo encargado de evaluar, aprobar o 

denegar las solicitudes ante su consideración. Véase, Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 161-2009, supra. 

Con relación a la controversia que nos atañe, la Ley Núm. 161-

2009, supra, en su Artículo 11.1 crea la División de Revisiones 

Administrativas como un organismo adscrito a la OGPe. (23 LPRA 

sec. 9021m). Dicho organismo, tendrá la función de revisar las 

actuaciones y determinaciones de la Junta Adjudicativa, la OGPe, 

los Profesionales Autorizados y los Municipios Autónomos con 

Jerarquía de la I a la V. Íd. 

Cónsono con lo anterior, el Artículo 11.6 de la Ley Núm. 161-

2009 (23 LPRA sec. 9021r), establece, entre otras cosas, que:

[u]na parte adversamente afectada por una actuación o 

determinación final de la Oficina de Gerencia de Permisos, de la 
KLRA202400141 7

Junta Adjudicativa, de los Municipios Autónomos con Jerarquía de 

la I a la V o de un Profesional Autorizado, podrá presentar una 

solicitud de revisión administrativa ante la División de Revisiones 

Administrativas, dentro del término jurisdiccional de veinte (20) 

días contados a partir de la fecha de archivo en autos, de copia de 

la notificación de la actuación o determinación final [...].

III.

En su recurso, la parte recurrente sostiene que erró la OGPe 

al decretar la Notificación No Acogiendo la Solicitud de Revisión 

Administrativa, privando así a la parte recurrente de tener su día en 

corte y menoscabando el debido proceso de ley. Plantea, además, 

que la Notificación No Acogiendo la Solicitud de Revisión 

Administrativa es una contraria a derecho y menoscaba el debido 

proceso de ley. 

Por su parte, la parte recurrida señala que el recurrente 

presentó una Solicitud de Revisión Administrativa el último día hábil 

para presentar la misma, entiéndase, el 6 de febrero de 2024. En 

igual fecha, realizó el pago correspondiente de los aranceles. 

Expresó que, la parte recurrente diligentemente y con conocimiento 

de que existía un problema con el registro del pago del Single 

Business Portal, realizó una Solicitud de Ayuda en la plataforma el 7 

de febrero de 2024. Así pues, la parte recurrida adujo que no tuvo 

conocimiento directo de los problemas que presentó el Single 

Business Portal, por lo que al haberse adjudicado el pago de 

aranceles pasado el término jurisdiccional se emitió la Notificación 

No Acogiendo la Solicitud de Revisión Administrativa. 

De una revisión del expediente ante nos, junto a la ley y la 

jurisprudencia aplicable podemos colegir que claramente incidió la 

parte recurrida al decretar la Notificación No Acogiendo la Solicitud 

de Revisión Administrativa por falta de jurisdicción. De conformidad 

con los hechos aquí reseñados, ciertamente, la parte recurrente 

presentó su Solicitud de Revisión Administrativa dentro del término 

jurisdiccional de veinte (20) días. Así pues, fue una falla en la 
KLRA202400141 8

plataforma del Single Business Portal lo que no permitió que se 

adjudicara correctamente el pago del arancel el 6 de febrero de 2024.

Así, aun con la diligencia desplegada por la parte recurrente al 

presentar la Solicitud de Ayuda, la parte recurrida procedió a emitir 

arbitrariamente la Notificación No Acogiendo la Solicitud de Revisión 

Administrativa. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Notificación 

No Acogiendo Solicitud de Revisión Administrativa que emitió la 

OGPe. En consecuencia, se devuelve el caso a la parte recurrida para 

que evalúe la Solicitud de Revisión Administrativa que presentó la 

parte recurrente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones