EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

Héctor Juan Matos Rivera

Recurrido

v.

Aleida Soler Ortiz

Peticionaria

Certiorari

2024 TSPR 50

213 DPR ___

Número del Caso: CC-2023-0480

Fecha: 21 de mayo de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel II

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcdo. Domingo Rivera Colomer

Lcda. Jinelly Laureano Vázquez

Representante legal de la parte recurrida:

Lcdo. Wilson Galarza Galarza

Materia: Derechos Reales – Si un cónyuge o una cónyuge debe ser 

privada de su cuota de participación, cuando contrajo matrimonio 

bajo el régimen de separación de bienes y adquirió el 50% de 

participación en común pro indiviso de un inmueble, por razón de que 

no contribuyó a la deuda hipotecaria.

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de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal 

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público 

a la comunidad.
 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Juan Matos Rivera

Recurrido

v.

Aleida Soler Ortiz

Peticionaria

CC-2023-0480 Certiorari

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor 

ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2024.

El caso que está hoy ante nuestra consideración nos 

exige contestar la interrogante siguiente: ¿Debe ser privada 

de su cuota de participación una excónyuge que contrajo 

matrimonio bajo el régimen de separación de bienes y adquirió 

el 50% de partición en común pro indiviso de un inmueble por 

razón de que no contribuyó a la deuda hipotecaria durante la 

vigencia del vínculo? Adelantamos que, de acuerdo con los 

términos pactados en las escrituras de capitulaciones, de 

compraventa y de hipoteca entre los entonces cónyuges, la 

respuesta es en la negativa.

Expuesta la médula de la controversia, procedo a exponer 

los antecedentes fácticos que la originaron.
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I

El 7 de marzo de 2019, el Sr. Héctor Juan Matos Rivera 

(señor Matos Rivera o Recurrido) presentó una Demanda de

liquidación de comunidad de bienes en contra de la Sra. 

Aleida Soler Ortiz (señora Soler Ortiz o Peticionaria). En 

esta sostuvo que el 20 de diciembre de 2015, contrajo nupcias

con la señora Soler Ortiz bajo el régimen económico de 

separación de bienes, pero que durante la vigencia del 

matrimonio adquirieron deudas y bienes muebles e inmuebles 

en comunidad sujetos a liquidación.1 Añadió que durante el 

matrimonio adquirieron un bien inmueble residencial ubicado 

en Toa Alta cuyo uso y disfrute la señora Soler Ortiz le 

privó a pesar de haber sido quien efectuó los pagos del 

préstamo hipotecario desde el inicio. Por todo ello, el señor 

Matos Rivera solicitó la partición de la comunidad de bienes

adjudicándole a cada parte lo que le corresponda, así como 

el pago del crédito correspondiente al tiempo privado del 

uso y el pago mensual.

El 9 de abril de 2019, la señora Soler Ortiz presentó

su contestación a la demanda. En síntesis, negó la privación 

del uso y disfrute del inmueble y alegó que existía una orden 

de protección en contra del señor Matos Rivera que le ordenó

a no tener comunicación con ella y a desalojar la residencia.

 

1El matrimonio entre la señora Soler Ortiz y el señor 

Matos Rivera se disolvió el 4 de enero de 2019 mediante 

Sentencia final y firme. 
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De igual forma, negó la existencia de los créditos 

solicitados por el Recurrido y presentó una reconvención para 

peticionar el crédito por las mejoras que realizó al inmueble 

con aportaciones privativas y su labor doméstica, lo cual 

adujo sobrepasaba la participación que pudiera tener el señor 

Matos Rivera. De igual forma, solicitó que se le adjudicara 

el inmueble a su favor. 

El 26 de abril de 2019, el señor Matos Rivera contestó 

la reconvención y alegó que fue quien exclusivamente: 1) 

aportó la cantidad por concepto de pronto para la compra del 

inmueble; 2) pagó todas las mensualidades del préstamo 

hipotecario, y 3) pagó con un préstamo personal las mejoras 

realizadas. Añadió que la señora Soler Ortiz figuró en la 

escritura de compraventa del inmueble únicamente debido a 

que el tipo de préstamo para adquirir la propiedad requería 

tomar en consideración las responsabilidades económicas de 

esta, pero que no aportó dinero alguno.

Tras varios incidentes procesales, el 20 y 21 de 

septiembre de 2021, se llevó a cabo el juicio en su fondo. 

El 28 de noviembre de 2022, el Tribunal de Primera Instancia

notificó la Sentencia que declaró con lugar la demanda sobre 

liquidación de comunidad de bienes y le adjudicó al señor 

Matos Rivera el 100% de titularidad del inmueble. En cuanto 

a esto, el foro primario resolvió que se estableció que fue 

el Recurrido quien pagó el precio de la opción de compra, 

los gastos de cierre, las mensualidades del préstamo 
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hipotecario, los muebles y las mejoras realizadas con bienes 

privativos. Además, le ordenó a la Peticionaria a pagar 

$5,688.00 por concepto de renta correspondiente al periodo 

de tiempo en que privó al Recurrido del uso y disfrute del 

inmueble.2 Asimismo, incluyó una orden dirigida al 

Registrador de la Propiedad para que efectuara la anotación 

correspondiente en torno a la titularidad del inmueble a 

favor del señor Matos Rivera.

Respecto a la reconvención, resolvió que la 

Peticionaria poseía un crédito de $846.00 por el saldo de 

una tarjeta de crédito y la compra de unas palmas, pero que 

no presentó prueba que sustentara los créditos reclamados 

por el aumento en valor, los intereses del préstamo 

hipotecario o por tareas domésticas realizadas. Finalmente,

dictaminó que no le mereció credibilidad el testimonio de la 

Peticionaria sobre las mejoras realizadas con dinero 

privativo, puesto que no trabajaba para la fecha en que se 

adquirió el inmueble y se realizaron las mejoras. Añadió que 

tampoco colocó al foro en posición de determinar el aumento 

en el valor de la propiedad como consecuencia de tales 

mejoras por no haberse tasado la propiedad para propósitos 

de la acción judicial de partición.

 

2El foro de primera instancia calculó la renta a razón 

del 50% del pago del préstamo hipotecario mensual ($237.00 

mensuales) y desde que se presentó la demanda en marzo de 

2019 hasta febrero de 2021 (24 meses), cuando le ordenó a la 

señora Soler Ortiz pagar el 50% del préstamo a modo de renta.
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En desacuerdo, el 22 de diciembre de 2022, la señora 

Soler Ortiz presentó en el Tribunal de Apelaciones un recurso 

de apelación. En esencia, sostuvo que: 1) lo resuelto es 

contrario a los acuerdos pactados por las partes en las 

escrituras de capitulaciones matrimoniales, de compraventa 

y constitución de hogar seguro y de hipoteca, y 2) que la 

división de la comunidad se hizo en contravención al pacto 

expreso de los comuneros al privar a la Peticionaria del 

hogar seguro y utilizando un cómputo especulativo. 

El 23 de junio de 2023, el foro apelativo intermedio

dictó una Sentencia en la que confirmó el dictamen del foro 

primario. Resolvió que procede el canon en concepto de renta 

por el periodo en que la señora Soler Ortiz excluyó del uso 

y disfrute del inmueble al Recurrido desde el acto obstativo 

de la presentación de la demanda. Asimismo, concluyó que fue 

el Recurrido quien único compareció como deudor en la 

escritura de hipoteca y realizó los pagos mensuales de la 

hipoteca. Finalmente, determinó que la señora Soler Ortiz 

continuó viviendo en la propiedad común sin aportar a los 

pagos mensuales, a pesar de haber terminado la vigencia de 

la orden de protección.

En desacuerdo, el 24 de julio de 2023, la Peticionaria 

presentó la Solicitud de certiorari ante nuestra 

consideración. Mediante esta, esbozó los siguientes 

señalamientos de error:

PRIMER ERROR: Erró manifiestamente el 

Tribunal de Apelaciones... al negarle validez
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y eficacia jurídica a los convenios 

bilaterales libre y autónomamente pactados 

por las partes en el ejercicio de sus 

voluntades; según surgen de los documentos 

públicos admitidos en evidencia que 

establecen la improcedencia de los créditos

reclamados por la parte demandante-recurrida 

en la acción de división de la comunidad de 

bienes sobre el inmueble adquirido durante el 

matrimonio de las partes...

SEGUNDO ERROR: Erró el TPI y el Tribunal de 

Apelaciones al dividir la comunidad de bienes 

en contravención al pacto expreso de los 

comuneros, privando a la Sra. Soler a su Hogar 

Seguro. Al así hacerlo el TPI y el Tribunal 

de Apelaciones al confirmar la Sentencia, 

utilizó un cómputo especulativo, actuando con 

pasión, prejuicio o parcialidad, o incurrió 

en error manifiesto ante la ausencia total de 

prueba admitida, o en la alternativa, prueba 

insuficiente para estimar probados los 

créditos que tenían derecho las partes.

Esbozó que ante la claridad de los acuerdos pactados 

era innecesario recurrir a normas interpretativas 

supletorias sobre la comunidad de bienes referentes al 

reconocimiento de créditos a concederse al momento de la 

partición, como lo fue el crédito reconocido por renta por 

la posesión exclusiva del bien.3 Como planteamiento alterno, 

adujo que el foro primario no tuvo ante sí prueba admisible 

que le permitiera computar el valor del inmueble o de las 

participaciones indivisas de los comuneros, ni prueba que 

 

3La Peticionaria también arguyó que su interés 

propietario sobre el inmueble está protegido por garantías 

constitucionales y bajo el Art. 8 de la Ley de Derecho a la 

Protección del Hogar Seguro, infra, según se pactara en la 

escritura de compraventa.
 CC-2023-0480 7

demostrara las sumas solicitadas por el señor Matos Rivera 

por las mejoras.

Oportunamente, el Recurrido presentó su Alegato. 

Expresó que fue en el Tribunal de Apelaciones donde por

primera vez la parte peticionaria levantó como defensa

afirmativa que el inmueble constituye su hogar seguro, mas

detalló que esta es inaplicable en la controversia de autos.

A su vez, adujo que la parte Peticionaria solicitó créditos 

en el foro de primera instancia, pero que posteriormente en 

su apelación y solicitud de certiorari alegó que su concesión 

es contraria a los términos pactados en la escritura de 

capitulaciones. Sostuvo que existe una comunidad de bienes 

sobre el inmueble y que en las capitulaciones no hubo una 

renuncia a reclamar los créditos, particularmente dado al 

uso exclusivo del inmueble por parte de la Peticionaria. 

Además, abundó en que el hecho que solo él compareciera 

a la escritura de hipoteca como deudor, no constituyó un 

pacto expreso de que la Peticionaria no tenía que aportar de 

acuerdo con su participación en los gastos de la comunidad

de bienes. Por último, expuso que el hecho que ninguna de 

las partes hubiese presentado un informe de tasación que 

acreditara el valor actual del inmueble, no limita la 

autoridad del foro de primera instancia de basar su 

determinación en la prueba recibida en el juicio.

Así las cosas, expedido el recurso de certiorari y 

evaluados los argumentos de ambas partes, procedemos a 
 CC-2023-0480 8

resolver el asunto, no sin antes repasar el Derecho aplicable 

que rige esta controversia.

II

A.

En nuestro ordenamiento, el alcance jurídico del 

matrimonio es bidimensional puesto que surte efectos 

personales y patrimoniales.4 Por ello, las personas que se 

unirán en matrimonio pueden escoger, mediante capitulaciones 

matrimoniales, el régimen económico que regirá durante su 

matrimonio.5 Como resultado, el contrato de capitulaciones 

matrimoniales permite 

regular los derechos de los esposos sobre sus 

bienes respectivos; los derechos sobre las 

ganancias realizadas por ellos durante su 

unión; los intereses de los hijos y de la 

familia; los intereses de los terceros que 

contratan con uno u otro de los esposos, y, 

en definitiva, el interés económico y 

social.6

 

4Roselló Puig v. Rodríguez Cruz, 183 DPR 81, 92 (2011).

5Scotiabank v. TCG et al., 198 DPR 158, 166-167 (2017). 

Se clarifica que el derogado Código Civil de Puerto Rico de 

1930 (Código Civil de 1930) es el aplicable a la controversia 

de autos, puesto que los hechos se suscitaron durante su 

vigencia. Al respecto, adviértase que la Ley Núm. 62-2018 

enmendó el Código Civil de 1930 e introdujo en nuestro 

ordenamiento el principio de la mutabilidad de las 

capitulaciones matrimoniales y las mismas se pueden otorgar, 

modificar o sustituir antes o después de celebrado el 

matrimonio. Esta normativa se mantiene en el Código Civil de 

2020. Véanse, Arts. 488 y 491 del Código Civil de 2020, Ley 

Núm. 55-2020, 31 LPRA secs. 6911, 6914.

6(Énfasis en el original omitido). Guadalupe Solís v. 

González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007) citando a Maldonado 

v. Cruz Dávila, 161 DPR 1 (2004).
 CC-2023-0480 9

Por este motivo, cuando los cónyuges pactan el régimen 

económico que regirá durante su matrimonio, les aplica el 

principio de autonomía de la voluntad y la libertad 

individual de ambos cónyuges.7 Es al amparo de dicha libertad 

que al pactarse las capitulaciones la pareja puede optar 

por: 1) la separación de bienes, pero con participación en 

las ganancias; 2) sociedad de gananciales; 3) renuncia al 

régimen legal de gananciales; 4) total separación de bienes,

o 5) elegir cualquier otro régimen que combine estas 

posibilidades, siempre que sea acorde a la ley, la moral o 

el orden público.8

En cuanto a esto último, es norma conocida que los 

otorgantes no podrán estipular algo que sea contrario a las 

leyes y toda estipulación que no se ajuste a ello se tendrá 

por nula.9 Consecuentemente, se ha reconocido que en las 

capitulaciones las partes pueden pactar asuntos ajenos al 

régimen patrimonial y ello, por sí solo, no conllevará su 

nulidad.10

Ahora bien, ante la falta de capitulaciones 

matrimoniales o si estas son declaradas nulas o 

 

7Maldonado v. Cruz, supra, págs. 16-17 (cita omitida).

8Guadalupe Solís v. González Durieux, supra; Maldonado 

v. Cruz, supra, pág. 17.

9Art. 1268 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

3552. Para una referencia a la disposición equivalente bajo 

el Código Civil de 2020, véase, Art. 498, 31 LPRA sec. 6931.

10Véase, Maldonado v. Cruz, supra, págs. 20-21; Umpierre 

v. Torres Díaz,114 DPR 449, 459-460 (1983).
 CC-2023-0480 10

insuficientes, se entenderá que el matrimonio se contrajo 

bajo el régimen de sociedad legal de gananciales.11 Bajo dicho 

régimen se reconoce la titularidad conjunta y sin especial 

atribución de cuotas de todos los bienes del matrimonio, así 

como sobre las deudas y obligaciones que fueron asumidas por 

cualquiera de los cónyuges durante el mismo.12

De contraerse el matrimonio bajo este régimen

ganancial, las siguientes obligaciones, entre otras, serán 

a cargo de la sociedad: (1) toda deuda u obligación contraída 

por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio, (2) 

las reparaciones mayores o menores de los bienes gananciales,

y (3) los préstamos personales en los que incurra cualquiera 

de los cónyuges.13

Al momento de disolverse el matrimonio bajo este 

régimen, surge entre los cónyuges una comunidad ordinaria 

compuesta por todos los bienes que eran gananciales y en los 

que ambos participan por partes iguales mediante cuotas 

 

11Art. 1267 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

3551. Véase, Betancourt González v. Pastrana Santiago, 200 

DPR 169, 178 (2018); SLG Báez-Casanova v. Fernández et al., 

193 DPR 192 (2015)(Sentencia); Roselló Puig v. Rodríguez 

Cruz, supra; Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967 

(2010).

12Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 716 

(2022); Roselló Puig v. Rodríguez Cruz, supra, pág. 93; Arts. 

1295, 1307 y 1308 del Código Civil de 1930, 31 LPRA secs. 

ant. 3621, 3647-3648. 

13Art. 1308 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

3661.
 CC-2023-0480 11

independientes, alienables y homogéneas.14 Esta comunidad 

post-ganancial, a falta de un contrato o de disposiciones 

especiales, estará gobernada por las normas establecidas en 

el Código Civil referentes a la figura de la comunidad de 

bienes.15 A su vez, ambos excónyuges pueden administrar la 

comunidad, así como solicitar su división, puesto que ninguno 

está obligado a permanecer en comunidad.16 Cuando uno de los 

excónyuges solicita la división, se liquidan los bienes que 

pertenecían a la sociedad legal de gananciales y deja de 

existir la comunidad post-ganancial.

Precisamente, por ser el régimen ganancial la 

consecuencia de la ausencia de capitulaciones matrimoniales, 

hemos sostenido que las estipulaciones que se recogen en el 

contrato de capitulaciones deben ser claras y precisas.17 De 

igual forma, dichas estipulaciones se deben interpretar 

 

14Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, pág. 716; 

Betancourt González v. Pastrana Santiago, supra; BL 

Investment Inc. v. Registrador, 181 DPR 5, 15 (2011); 

Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 421-422 (2004).

1531 LPRA secs. ant. 1271-1285. Véase, Rivera Lamberty 

v. Rodríguez Amador, supra, pág. 205 (Sentencia); BL 

Investment Inc. v. Registrador, supra, pág. 24; Montalván v.

Rodríguez, supra, págs. 421-422. El Código Civil de Puerto 

Rico de 2020 recoge la doctrina y la jurisprudencia sobre la 

comunidad post-ganancial en los Arts. 547 al 554 (31 LPRA 

secs. 7041–7048), así como las disposiciones relacionadas a 

la comunidad de bienes en los Arts. 835-859, 31 LPRA secs. 

8191-8232.

16Art. 334 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

1279; Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 422.

17Guadalupe Solís v. González Durieux, supra, pág. 684.
 CC-2023-0480 12

estrictamente en todo lo que afecten al régimen económico 

matrimonial.18 Ahora bien, hay instancias en que la escritura 

de capitulaciones, como un contrato al fin, requerirá un 

ejercicio de interpretación y ante ese tipo de controversia, 

“los tribunales deberán ejercer su facultad interpretativa

conforme a las normas de hermenéutica contractual dispuestas 

en el Código Civil”.19

B.

La comunidad de bienes existe cuando la propiedad de 

una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias 

personas.20 La distribución de la comunidad se rige por una 

presunción de igualdad en la participación y el concurso de 

sus partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, 

será proporcionado a sus respectivas cuotas.21 En nuestro 

ordenamiento, el Código Civil de 1930 regula la comunidad de 

procedencia romana en la que cada comunero tiene una cuota 

alícuota de la cosa.22 A falta de un contrato o disposiciones 

 

18Íd., citando a Vilariño Martínez v. Registrador, 88 

DPR 288, 293 (1963). 

19Guadalupe Solís v. González Durieux, supra, pág. 684. 

Véanse los Arts. 1233-1241 del Código Civil de 1930, 31 LPRA 

secs. ants. 3471-3479.

20Art. 326 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

1271. Véanse los Art. 835-836 en el Código Civil de 2020, 31 

LPRA secs. 8191-8192.

21Art. 327 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

1272; Molina González v. Álvarez Gerena, 203 DPR 442 (2019).

22Díaz v. Aguayo, 162 DPR 801, 808 (2004) (citas 

omitidas).
 CC-2023-0480 13

especiales, la comunidad se regirá de manera supletoria por 

las disposiciones del Código Civil aplicables a la comunidad 

de bienes.23

Para que la compraventa de una finca en común pro 

indiviso sea válida, se requiere que se efectúe mediante 

escritura pública en la cual se haga constar la porción o la 

participación en común pro indiviso que le corresponde al 

comprador, así como las advertencias legales

correspondientes y la aceptación del comprador de adquirir 

en dicha capacidad.24

En cuanto al uso de los bienes, se reconoce que cada 

partícipe puede servirse de las cosas comunes, siempre que 

disponga de ellas conforme a su destino y de forma que no 

perjudique el interés de la comunidad, ni les impida a los 

demás coparticipes utilizarlas según su derecho.25 En 

atención a ello, en ausencia de prueba en contrario, se 

presume que un comunero consintió tácitamente a que el otro 

comunero ocupara el bien común.26

 

23Art. 326 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

1271. 

24Art. 330-A del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

330-1275a.

25Art. 328 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

1273. 

26Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador, 205 DPR 194, 212 

(2020)(Sentencia).
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Así, por ejemplo, hemos expresado que mientras dure una 

comunidad post ganancial cada excónyuge puede usar la cosa 

común, aunque ninguno podrá tener el control total sobre sus 

bienes.27 En cuanto esto, hemos resuelto que el comunero está 

impedido de utilizar la cosa común para su particular y 

exclusivo beneficio y sin pagar una adecuada compensación a 

la comunidad.28 Ello se da porque el uso exclusivo del bien 

común por uno solo de los comuneros es contrario a los 

principios elementales de derecho basados en la equidad, los 

cuales no permiten el enriquecimiento injusto.29 En atención 

a esto, se reconoce que el uso de un bien común para el 

beneficio exclusivo de uno de los comuneros conllevará el 

pago de una compensación a la comunidad.30

Sin embargo, este Tribunal ha expresado que el uso 

exclusivo del bien por uno solo de los comuneros no siempre 

conllevará el pago de una compensación a los demás.31

 

27Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador, supra, pág. 205; 

Betancourt González v. Pastrana Santiago, supra, pág. 180. 

28Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador, supra, pág. 205;

Díaz v. Aguayo, supra, págs. 813-814; De La Fuente v. A. 

Roig Sucrs., 82 DPR 514, 534 (1961). 

29Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador, supra, pág. 207; 

Díaz v. Aguayo, supra, pág. 814.

30De la Fuente v. A. Roig Sucrs., supra, pág. 534. Para 

una discusión sobre los remedios que tienen a su alcance los 

comuneros para recobrar la posesión, véanse, Cintrón Vélez 

v. Cintrón de Jesús, 120 DPR 39, 51 (1987) y González v. 

Quintana, 145 DPR 463 (1998).

31Molina González v. Álvarez Gerena, supra, en la pág.

455. Véase, Díaz v. Aguayo, supra, págs. 820-823 (Opinión de 

conformidad del Juez Presidente Señor Hernández Denton). 
 CC-2023-0480 15

Similarmente, el hecho de que solo uno de los comuneros use 

la cosa común no convierte por sí solo ese uso en uno 

ilícito.32 Esto es porque no se puede descartar la posibilidad 

de que se prestara un consentimiento expreso o tácito o que 

los comuneros llegaran a un acuerdo sobre el uso del bien.33

Por ello, para que el uso del bien por solo uno de los 

comuneros sea uno ilícito y exista una acción por

resarcimiento mediante crédito es necesario que el otro 

comunero infrinja una reglamentación específica del uso o 

que al comunero afectado se le impida utilizar el bien o 

requiera una compensación económica por ese uso incompatible 

con su derecho, como lo sería una renta.34

Ahora bien, es norma reconocida en nuestro ordenamiento 

que para que un comunero tenga derecho al pago de una 

compensación por el tiempo que fue excluido de su 

participación en la comunidad, deberá identificar un acto 

obstativo que suponga tal exclusión o haber realizado un 

requerimiento afirmativo.35 Es decir, será a partir de dicho 

 

32Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador, supra, pág. 213.

33Díaz v. Aguayo, supra, pág. 814, esc. 2.

34Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador, supra, en las 

págs. 212-214(citas omitidas).

35Molina González v. Álvarez Gerena, supra, pág. 457. 

Véase, además, Meléndez Berríos v. Maldonado Dieppa, 175 DPR 

1007, 1018 (2009) (Sentencia con Opinión de Conformidad de 

la Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez). Hemos 

reconocido que la efectividad del requerimiento no dependerá 

de requisitos de forma alguna, sino que será un asunto de 

prueba que se deberá dirimir conforme a la normativa de 
 CC-2023-0480 16

acto o requerimiento que se considerará que nació la 

obligación de resarcir al comunero que fue excluido de la 

posesión y el uso mediante la compensación o un crédito. 

Así por ejemplo, en Molina González v. Álvarez Gerena, 

supra, resolvimos que el acto obstativo se concretizó

mediante la presentación de la demanda en la que una de las 

comuneras solicitó particularmente la división de la 

comunidad y el pago de rentas correspondientes al uso 

exclusivo del inmueble por parte del otro comunero.36 Bajo 

los hechos particulares de dicho pleito, se determinó que la 

compensación por el uso y disfrute exclusivo del bien común 

debía computarse desde la fecha de interponerse la demanda

hasta que se dictó la sentencia dividiendo la comunidad.37

 

derecho probatorio. Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador,

supra, págs. 215-216.

36Todo ello, claro está, ante la ausencia de prueba de 

un acto obstativo realizado previo a la presentación de la 

demanda. Véase, Molina González v. Álvarez Gerena, supra, 

págs. 459, 461-462 (Opinión de conformidad del Juez Asociado 

Señor Martínez Torres). Adviértase que no necesariamente la 

presentación de la demanda será el momento del acto 

obstativo. Así, por ejemplo, en Rivera Lamberty v. Rodríguez 

Amador, supra, se determinó que la solicitud de crédito no 

se incluyó como reclamación original de la demanda, sino que 

surgió en una moción posterior en oposición que se presentó 

durante el litigio. Íd., pág. 216. Por lo tanto, el cálculo 

de la compensación por el uso exclusivo se hizo desde la 

presentación de esa moción. 

37Molina González v. Álvarez Gerena, supra, pág. 459. 

Dicho pleito se trató de una comunidad de bienes hereditaria 

y la valorización se llevó a cabo utilizando como base la 

fórmula contenida en el informe que el perito presentó en el 

foro de primera instancia, que correspondía a la mitad de la 

renta mensual de la propiedad. Íd., esc. 10, pág. 459. 

Además, en cuanto a la cuantía correspondiente a la 
 CC-2023-0480 17

Por otra parte, y en lo aquí pertinente, ningún comunero 

está obligado a permanecer en la comunidad, por lo que cada 

uno podrá solicitar en cualquier momento que se divida la 

cosa común.38 Esta acción de un comunero para solicitar la 

división de la cosa común es imprescriptible.39 Ahora bien, 

como excepción, la cosa común no podrá dividirse si al 

hacerlo resulta inservible para el uso a que se destina.40 A 

su vez, para que sea posible la división física, el bien 

debe ser susceptible de fraccionamiento, tanto física como 

jurídicamente.41 Por ello, cuando la cosa común fuera 

esencialmente indivisible y los comuneros no convinieren en 

 

participación, se mencionó que en sus determinaciones de 

hecho el foro de instancia determinó la cuantía a partir del 

cincuenta por ciento del valor tasado del inmueble. Íd., 

pág. 461, esc. 13.

38Art. 334 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

1279. Véase, Art. 849 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 

8222. 

39Art. 1865 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

5295. Véase, Art. 1205 del Código Civil de 2020, 31 LPRA 

sec. 9497. La llamada actio acommuni dividundo, que se 

refiere a la acción que inicia uno o varios comuneros de una 

comunidad ordinaria para lograr la división de la cosa común 

y la consecuente adjudicación de lo que a cada cual 

corresponde. L.M. Argüelles, Lecciones sobre derechos reales 

(Conforme al Código Civil de 2020), 1era ed., San Juan, 

Bibliográficas, 2023, págs. 289-290.

40Art. 335 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

1280. Cf., Art. 850 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 

8223.

41L.M. Argüelles, op. cit. pág. 290.
 CC-2023-0480 18

que se le adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, 

la cosa se venderá y su precio será repartido.42

Además, la división de la cosa común no perjudicará el 

derecho que terceros posean sobre la cosa común, como el 

hipotecario, servidumbre o algún otro derecho real.43 Como 

resultado, dichos acreedores o terceros de buena fe podrán 

intervenir en el proceso de división de la comunidad en 

protección de sus intereses.44 Asimismo, el Código Civil 

establece que, al momento de dividir una comunidad de bienes, 

serán aplicables las reglas concernientes a la división de 

la comunidad hereditaria.45

En consecuencia, el procedimiento será uno similar al 

de partición de herencia, el cual consiste en tres 

operaciones principales: 1) inventario y avalúo; 2) 

liquidación, y 3) división y adjudicación.46 El inventario 

 

42Art. 338 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

1283. Cf., Art. 857 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 

8230, este añadió que, de no lograrse acuerdo mayoritario de 

los comuneros en la adjudicación, se venderá la cosa en 

pública subasta y se partirá el precio entre ellos. 

43Art. 339 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

1284.

44L.M. Argüelles, op. cit., pág. 291.

45Art. 340 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

1285. Véase, Saurí v. Saurí, 39 DPR 511 (1929). Para la 

distinción entre la comunidad hereditaria y la comunidad de 

bienes, refiérase a Kogan v. Registrador, 125 DPR 636, 651-

652 (1990).

46González Tejera, E., Derecho Sucesorio Puertorriqueño, 

1983, Volumen I, págs. 361 – 374. Véase, además, José Ramón 

Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, Derecho de Sucesiones, 

2010, Tomo IV, Volumen III, págs. 523-526.
 CC-2023-0480 19

consiste en una relación de bienes -descritos o detalladosde manera que queden suficientemente individualizados e 

identificados.47 Por su parte, el avalúo es la tasación o 

valoración de cada uno de los bienes del inventario y debe 

referirse al estado de dichos bienes al momento de la 

partición.48 Luego procede hacer la liquidación, que consiste 

en deducir de los bienes inventariados los pasivos y fijar 

el activo neto.49

Posteriormente se hará la división, que consiste en el 

señalamiento de la cuota del haber de cada comunero y, en 

virtud de ello, separar determinados grupos de bienes para 

pagar cada partición.50 Finalmente, la adjudicación es la 

última operación de la partición y es el hecho de entregar 

a cada comunero lo que le corresponde con exclusión de los 

demás.51

C.

La hipoteca es un derecho real que sujeta o vincula lo 

hipotecado a que eventualmente su titular pueda exigir la 

realización de su valor, así como tomar medidas para 

salvaguardarlo, en seguridad o garantía de la efectividad de 

 

47José Ramón Vélez Torres, op. cit., pág. 523.

48Íd.

49Íd.

50Íd., pág. 524.

51Íd., pág. 525.
 CC-2023-0480 20

alguna obligación dineraria.52 De esta forma, la hipoteca 

es un derecho de realización de valor, ya que, ante el 

incumplimiento del deudor con la obligación principal dentro 

del plazo pactado, el acreedor tiene la facultad de recobrar 

su acreencia mediante la enajenación del inmueble 

hipotecado.53 Como resultado, la hipoteca sujetará directa e 

inmediatamente los bienes y derechos sobre los cuales se 

impone -cualquiera sea su poseedor o titular— al cumplimiento 

de la obligación para cuya seguridad se constituyó.54

Al mismo tiempo, para que la hipoteca quede 

constituida se requiere inscripción registral, ya que es 

mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad que 

la hipoteca adviene a la vida jurídica y la garantía de un 

crédito personal se convierte en real, para que así el 

acreedor hipotecario pueda enajenar el inmueble hipotecado.55

A causa de ello, la hipoteca debidamente constituida le 

permitirá al acreedor hipotecario perseguir el bien 

hipotecado y proceder contra el deudor original, el 

cesionario de este, o contra quien haya comprado la 

propiedad, si este último asumió el pago de la hipoteca. 

 

52Bco. Popular v. Registrador, 181 DPR 663, 673 

(2011)(cita omitida).

53Íd.

54Art. 54 de la Ley Núm. 210-2015, según enmendada, 30 

LPRA sec. 6081.

55Crespo Rodríguez v. González González, 208 DPR 557 

(2022).
 CC-2023-0480 21

En lo pertinente, en el lado pasivo de la relación 

hipotecaria es posible la participación de una tercera 

persona extraña a la obligación principal, a quien la 

doctrina nombra como hipotecante no deudor.56 Dicha figura 

se caracteriza porque constituye la hipoteca sobre un bien 

propio, pero en seguridad de una deuda ajena.57 Así, la 

responsabilidad de este tercero no hipotecante queda 

limitada al bien hipotecado, pues no es el deudor personal 

de la obligación asegurada.58

III

Durante la vigencia de su matrimonio bajo el régimen de 

separación de bienes, la señora Soler Ortiz y el señor Matos 

Rivera adquirieron un inmueble para residencia conyugal en 

comunidad pro indiviso y con igual cuota de participaciones. 

Concluido el vínculo matrimonial, en la acción judicial para 

extinguir dicha comunidad los foros recurridos le 

adjudicaron al señor Matos Rivera el 100% de la titularidad 

 

56L. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario 

Puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, Jurídica Editores, 2012, 

pág. 504. Véase, Art. 1756 del Código Civil de 1930, 31 LPRA 

ant. sec. 5001 (“Las terceras personas extrañas a la 

obligación principal, pueden asegurar ésta pignorando o 

hipotecando sus propios bienes”).

57Íd., citando a R. Carpi Martín, La hipoteca en garantía 

de deuda ajena, Madrid, Marcial Pons, 2002.

58Íd. Véase, además, Roca Sastre y otros, Derecho 

Hipotecario, 9na ed., Barcelona, Bosch, 2009, T. VIII, págs. 

220-221. (“El hipotecante no deudor es el que, sin estar 

personalmente obligado por un débito, ha hipotecado 

voluntariamente un bien propio en garantía de dicho débito 

ajeno. Concede, pues, una hipoteca en seguridad del débito 

de otro”). Íd., pág. 220.
 CC-2023-0480 22

del inmueble. De una lectura sosegada de los dictámenes se 

desprende que para ambos foros fue un factor determinante el 

que el señor Matos Rivera declarara en el juicio en su fondo 

que fue quien asumió y realizó los pagos principales 

asociados con el inmueble. Así, por ejemplo, el foro primario 

expresó que de la evidencia admitida y creída se estableció 

que este pagó, entre otros, las mensualidades del préstamo 

hipotecario, los muebles y las mejoras al inmueble, todo 

ello con bienes privativos.59 

Similarmente, el Tribunal de Apelaciones determinó, 

entre otros asuntos, que fue el Recurrido quien compareció 

como único deudor en la escritura de hipoteca y realizó los 

pagos mensuales del préstamo hipotecario. Por ello, confirmó 

la sentencia tras resolver que actuó correctamente el foro 

primario al concederle el 100% de la titularidad del inmueble 

al señor Matos Rivera. 

Así las cosas, la señora Soler Ortiz cuestiona tales 

determinaciones ante este Tribunal, por lo que nos 

 

59Véase, Sentencia, Apéndice, Solicitud de Certiorari, 

pág. 109. Es meritorio señalar que existe una aparente 

contradicción en la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, pues en la sentencia se reconoció que los créditos 

reclamados por el demandante (señor Matos Rivera) eran 

improcedentes por responder a deudas adquiridas por este de 

manera privativa. Íd., pág. 108. El señor Matos Rivera 

solicitó en dicho foro un crédito de $63,165.16 que incluía 

el pago de la opción de compra, el pronto para adquirir la 

propiedad, pago de un préstamo personal para mejoras, pago 

de un financiamiento para los muebles en Home Patio Gallery, 

entre otros. Íd., pág. 99. Pero, al disponer de la 

controversia el foro primario procedió a adjudicarle el 100% 

de titularidad a este con exclusión de la señora Soler Ortiz.
 CC-2023-0480 23

corresponde dictaminar si lo resuelto –tanto por el foro 

primario y el foro apelativo intermedio— tuvo el efecto de 

privarle de sus intereses propietarios y negarle validez a 

los términos pactados expresamente en las escrituras de 

capitulaciones, de compraventa e hipoteca. Particularmente, 

lo referente a la adquisición del bien inmueble con un 50% 

de participación en común pro indiviso. Adelantamos que los 

foros recurridos incurrieron en dicho error. Veamos.

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que cuando 

los términos de un contrato son claros y no dejan duda alguna 

sobre la intención de las partes contratantes, se utilizará 

el sentido literal de sus cláusulas.60 A causa de ello, se 

ha reiterado que se debe seguir la letra clara del contrato, 

cuando ésta refleja inequívocamente la voluntad de las 

partes.61 Es por ello que la intención de las partes será 

el criterio fundamental para fijar el alcance de las 

obligaciones contractuales.62

 

60Art. 1233 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

3471; Guadalupe Solís v. González Durieux, supra; Trinidad 

v. Chade, 153 DPR 280 (2001). 

61S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 726 

(2001); C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 450 

(2007); Marcial v. Tomé, 144 DPR 522 (1997).

62Merle v. West Bend Co., 97 DPR 403, 409 (1969). Véase, 

Art. 1233 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3471. 

En ese sentido, al momento de juzgar la intención de las 

partes contratantes, se deben evaluar los actos coetáneos y 

posteriores al contrato. Art. 1234 del Código Civil de 1930, 

31 LPRA ant. sec. 3472. Véase, Suárez Figueroa v. Sabanera 

Real, Inc., 173 DPR 694 (2008).; García López v. Méndez 

García, 102 DPR 383 (1983).
 CC-2023-0480 24

Por el contrario, hemos reconocido que cuando las 

cláusulas no son claras o no permiten una comprensión única 

de lo pactado, serán los tribunales los llamados a 

interpretar el contrato partiendo de la verdadera y común 

intención de las partes. A su vez, se debe presuponer la 

lealtad, corrección y buena fe en su redacción y se debe 

interpretar de manera que lleve a resultados conformes a la 

relación contractual y que estén de acuerdo con las normas 

éticas.63

Dicho esto, como punto de partida debemos evaluar los

términos pactados por los excónyuges referente a sus

respectivos derechos y obligaciones bajo su régimen

económico matrimonial.

El 17 de noviembre de 2015, el señor Matos Rivera y la

señora Soler Ortiz suscribieron la Escritura Núm. 45 de 

Capitulaciones Matrimoniales. En esta contrataron que su

matrimonio no se entendería contraído bajo una sociedad legal

de gananciales y seleccionaron la separación de bienes como

el régimen económico matrimonial. Ahora bien, y en lo aquí

pertinente, en la Cláusula Doce (12) dispusieron que “[l]a

participación de cada compareciente en los bienes

pertenecientes al nuevo régimen, si alguno, a constituirse

 

63S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra, pág. 726. 
 CC-2023-0480 25

por ellos, lo será según lo determinen las partes en cada

situación particular”.64

Además, convinieron en la Cláusula Dieciséis (16) que

“[l]as deudas, demandas y obligaciones individuales

contraídas por cualesquiera de los cónyuges, continuarán

siendo privativas y no podrá afectar al otro cónyuge, a menos

que específicamente y por escrito éste o ésta acepte dicha

deuda en obligación”.65 Similarmente, estipularon en la

Cláusula Diecisiete (17) que “[l]os atrasos o créditos de

los bienes privativos de cada uno de los cónyuges no

afectaría los bienes o el crédito del otro”.66

En cuanto a la contratación entre ellos, acordaron que

ambos podían “otorgar cualquier tipo de contrato entre sí

durante su matrimonio, incluyendo compraventa, préstamo,

hipoteca, cancelación de deudas y/o créditos...o cualquier

acto jurídico válido en Puerto Rico, así como firmar los 

documentos pertinentes para esto”.67 En particular, las 

partes estipularon:

VEINTIUNA: En el caso que por virtud de 

cualquier disposición de ley en cualquier 

jurisdicción, no obstante haberse pactado el 

régimen de separación de bienes entre los

cónyuges, mediante este contrato así como todo

lo demás pactado, se necesitare el concurso o

consentimiento de ambos para poder llevar a

 

64(Negrillas suplidas). Capitulaciones matrimoniales, 

Apéndice 32 

65(Negrillas suplidas). Íd.

66(Negrillas suplidas). Íd.

67Íd., pág. 33. 
 CC-2023-0480 26

cabo cualquier transacción, negocio o 

transferencia, contrato o acuerdo en relación 

con cualquier derecho o bien perteneciente a 

uno o a ambos de los cónyuges; los 

comparecientes se comprometen, mutuamente a 

prestar dicho concurso o consentimiento a 

requerimiento del otro, y en su consecuencia, 

a otorgar y firmar los documentos para que 

estos fueren pertinentes, sin menoscabo de la 

firme intención de continuar bajo el régimen 

de separación de bienes y todo lo demás aquí 

pactado.

VEINTIDOS: Se entenderá también que el 

concurso o la prestación del consentimiento 

por cualquiera de los cónyuges conforme a lo 

anteriormente expresado en este inciso no se 

entenderá como sometimiento a régimen 

distinto ni renuncia parcial o total a todo 

lo demás aquí pactado respecto de sus bienes 

o matrimonio.68

En apretada síntesis, del contrato de capitulaciones 

surge que el régimen matrimonial económico seleccionado por 

la señora Soler Ortiz y el señor Matos Rivera fue el de 

separación de bienes. No obstante, los contratantes 

reconocieron la posibilidad de adquirir bienes en conjunto

bajo dicho régimen. En cuanto esto, se pactó que la 

participación de cada cónyuge en dichos bienes sería 

determinada por las partes en cada situación específica.

Similarmente, en las Cláusulas Veintiuna (21) y Veintidós

(22) se dispuso que, aunque los entonces cónyuges llevaran

a cabo transacciones o contratos relacionados sobre un bien

o un derecho de alguno de ellos o de ambos, ello no

 

68(Negrillas suplidas). Íd.
 CC-2023-0480 27

significaría una renuncia parcial o total al régimen de

separación de bienes.

Así las cosas, luego de contraer matrimonio, el 27 de 

abril de 2018, los entonces cónyuges comparecieron en 

capacidad de compradores en la Escritura Núm. 10 de 

Compraventa y Constitución de Hogar Seguro. La compraventa 

se trató del bien inmueble objeto del presente pleito, por 

el precio cierto y convenido de $40,000.00. En lo pertinente, 

se detalló en la comparecencia que:

Los COMPRADORES adquieren la propiedad objeto

de esta transacción en partes iguales,

entiéndase en un cincuenta por ciento (50%)

de participación cada uno en virtud de las

Capitulaciones Matrimoniales otorgadas en

Vega Alta, Puerto Rico, el día diecisiete

(17) de noviembre de dos mil quince (2015)

por Don Héctor Juan Matos Rivera y doña Aleida

Soler Ortiz, mediante la Escritura Número

cuarenta y cinco (45) de Capitulaciones

Matrimoniales ante la Notario Marilú Méndez

Oliveras.69

En específico, se detalló en la Cláusula Decimotercera 

que “[l]os COMPRADORES adquieren la propiedad por partes 

iguales, entiéndase que cada uno adquiere un cincuenta por 

ciento (50%) común pro indiviso de la propiedad antes 

descrita”.70 Similarmente, ambos comparecientes manifestaron 

comprender que la compraventa del inmueble sería en calidad 

de comuneros, pues en la Cláusula Decimocuarta se estableció 

que 

 

69(Negrillas suplidas). Íd., pág.36.

70(Negrillas suplidas). Íd., pág. 46. 
 CC-2023-0480 28

[l]os COMPRADORES han sido advertidos sobre 

los efectos legales de la comunidad de 

bienes, en específico que quien adquiere una 

cuota o porción abstracta de un bien la 

adquiere en común pro indiviso como un 

comunero, por no ser una cuota o porción 

definida y específica...Igualmente se ha 

advertido que la participación adquirida por 

el comprador es abstracta o indefinida y que 

cualquier arreglo, convenio o pacto para 

segregar, lotificar, marcar o de algún modo 

identificar será nulo e ineficaz y podría 

constituir delito grave, si no existiese el 

correspondiente permiso de las agencias 

reguladoras. Los COMPRADORES manifiestan que 

han entendido la advertencia aquí consignada 

y expresamente aceptan adquirir la propiedad 

en su capacidad de comuneros.71

El mismo día en que el señor Matos Rivera y la señora

Soler Ortiz firmaron la escritura de compraventa en calidad 

de comuneros, también suscribieron la Escritura Núm. 64 de 

Primera Hipoteca. Ahora bien, y en lo material a la 

controversia principal ante nos, en la Sexta Cláusula, al 

identificarse a los comparecientes se dispuso:

SEXTA: DEUDOR: El Deudor es (son):

HECTOR JUAN MATOS RIVERA Y ALEIDA SOLER 

ORTIZ, mayores de edad, casados entre sí bajo 

Capitulaciones Matrimoniales conforme la 

escritura número Cuarenta y Cinco (45) 

...empleados, propietarios y vecinos de Toa 

Alta, Puerto Rico. ALEIDA SOLER ORTIZ, 

comparece como Cónyuge No Deudor.72

De tal modo, de la escritura de compraventa se desprende

que los entonces cónyuges adquirieron un bien inmueble en 

comunidad de bienes con una participación de 50% cada uno y 

 

71(Negrillas suplidas). Íd., págs. 46-47.

72(Énfasis en original). Íd., pág. 73. (“ALEIDA SOLER 

ORTIZ, appears as a “Non-Borrower Spouse”). Íd. 
 CC-2023-0480 29

a su vez, que en la escritura de constitución de hipoteca 

solamente el señor Matos Rivera asumió la deuda hipotecaria 

del referido inmueble. Como vimos, la señora Soler Ortiz 

compareció a la escritura de constitución de hipoteca como

Cónyuge No Deudor o, como la doctrina en materia registral 

nombra, en calidad de hipotecante no deudora. Hoy debemos 

reconocer que la responsabilidad de un tercero no hipotecante 

queda limitada al bien hipotecado, pues no es el deudor 

personal de la obligación asegurada.73

Con su comparecencia como cónyuge no deudora la señora 

Soler Ortiz brindó su consentimiento expreso a que el 

inmueble adquirido en comunidad para constituir el hogar 

conyugal fuera gravado en seguridad de la deuda. Ahora bien, 

y de acuerdo con lo convenido, dicha deuda hipotecaria le es 

ajena por pertenecerle exclusivamente al señor Matos Rivera, 

pues fue quién se obligó a ser el deudor hipotecario.

Adviértase que dicho acuerdo entre los entonces esposos 

es cónsono con las escrituras de capitulaciones pactadas y 

con el régimen económico de separación de bienes 

seleccionado. Particularmente, según vimos, en la Cláusula 

Doce (12) en la que dispusieron que la participación de cada

uno en los bienes pertenecientes al nuevo régimen, si alguno,

a constituirse por ellos, lo sería según lo determinasen las

partes en cada situación particular. Es decir, cada uno de

los esposos participaría en los bienes adquiridos según lo

 

73L. Rivera Rivera, op. cit., pág. 504.
 CC-2023-0480 30

acordaran ambos en cada eventualidad. Ello precisamente 

ocurrió mediante la compraventa en comunidad de bienes de la 

residencia matrimonial con una cuota del 50% para cada 

cónyuge, pero solamente el señor Matos Rivera obligándose

como deudor hipotecario.

Paralelamente, bajo la Cláusula Diecisiete (17) de la

escritura de capitulaciones, los entonces esposos

convinieron que los atrasos o las deudas privativas de cada

uno no afectarían los bienes o el crédito del otro cónyuge.

De igual forma, al amparo del texto de la Cláusula Dieciséis

(16) del contrato de capitulaciones, los excónyuges

convinieron en que las deudas y obligaciones individuales

contraídas por cualesquiera de ellos continuarían siendo

privativas y no podían afectar al otro cónyuge, a menos que

específicamente y por escrito dicho cónyuge hubiese aceptado

dicha deuda en obligación. Como vimos, la Peticionaria no

aceptó por escrito la deuda hipotecaria, por el contrario,

no se obligó. Por consiguiente, el Recurrido asumió como 

deuda privativa su obligación con el acreedor hipotecario y 

se obligó personalmente a realizar los pagos mensuales del 

préstamo que grava la propiedad. 

Así las cosas, contrario a lo resuelto por los foros 

recurridos, resolvemos que el que solamente el señor Matos 

Rivera hubiese realizado los pagos hipotecarios durante la 

duración del matrimonio no puede tener el alcance de privar 

a la Peticionaria de su cuota de participación en el inmueble 
 CC-2023-0480 31

al momento de la extinción de la comunidad. Sencillamente, 

esto ocurre porque su porcentaje de participación en la 

titularidad del inmueble no puede responder a modo de crédito 

por las deudas que el señor Matos Rivera se obligó 

voluntariamente y asumió de forma exclusiva.74 Como 

resultado, y según los términos pactados en las 

capitulaciones, las deudas privativas de cada cónyuge no 

pueden ser consideradas como créditos al momento de liquidar 

la comunidad de bienes. 

Contrario a esa realidad jurídica, el foro apelativo 

intermedio hizo referencia errónea a la presunción de 

igualdad de cuotas y de participación proporcional de los 

comuneros respecto a los beneficios y las cargas bajo el 

derogado Art. 327 del Código Civil de 1930.75 Con ello, ese 

foro obvió que siempre que lo pactado no sea contrario a la 

ley, la moral o el orden público, de ser clara la voluntad 

de las partes contratantes esta será vinculante y sus 

términos no pueden estar supeditados o sustituirse mediante 

normas supletorias. Recordemos que solo a falta de contratos 

o disposiciones especiales es que la comunidad de bienes se 

 

74Este análisis se extiende a todas aquellas solicitudes 

de crédito que de la prueba vertida en el juicio en su fondo 

surgió fueron deudas privativas, como los préstamos 

personales y el financiamiento de muebles. Asimismo, se 

clarifica que dicho resultado opera para ambos cónyuges. 

Entiéndase, las deudas privativas de la señora Soler Ortiz 

tampoco pueden ser consideradas como crédito a su favor al 

momento de extinguir la comunidad. 

75Art. 327 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 1272.
 CC-2023-0480 32

regirá de manera supletoria por las disposiciones del Código 

Civil aplicables a la comunidad de bienes.76

Por todo ello, resolvemos que los foros recurridos 

erraron al adjudicar el 100% de titularidad del inmueble en 

común al señor Matos Rivera por ello ser contrario a los 

términos contratados por los excónyuges al momento de 

seleccionar su régimen matrimonial y de comprar e hipotecar 

el referido bien. Resolver lo contrario, y como muy bien 

alegó la Peticionaria, sería convertirla mediante fiat

judicial en deudora obligacional e hipotecaria, a pesar de 

haber sido un gravamen contraído exclusivamente por el señor 

Matos Rivera al momento de la compraventa.

Por otra parte, es meritorio señalar que, en toda acción 

judicial de partición de una comunidad de bienes, es 

necesario realizar ciertas operaciones particionales previas 

para así poder lograr el ejercicio final de adjudicación. De 

esta forma, la operación inicial de inventario y avalúo 

requerirá identificar y tasar cada uno de los bienes 

pertenecientes a la comunidad.77 En específico, el avalúo 

requerirá la valoración del estado del bien al momento de la 

partición.78 Dicha operación permitirá conocer la cuantía 

bruta de las participaciones indivisas de los cotitulares.79 

 

76Art. 326 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 1271. 

77Véase, José Ramón Vélez Torres, op. cit., pág. 523.

78Íd.

79Íd. 
 CC-2023-0480 33

Surge de un examen de autos que, durante el juicio en 

su fondo, ninguna de las partes presentó un informe de 

tasación o algún perito que consignara el valor actual del 

inmueble común objeto de la solicitud de liquidación.80

Determinamos que esto fue un asunto material que infringió 

en la correcta resolución del pleito, puesto que el foro 

adjudicador no tuvo ante sí todos los elementos para poder 

determinar el valor de la participación de cada uno de los 

comuneros y así completar la partición.81 Por lo tanto, y más 

allá del error cometido respecto a la adjudicación de 

titularidad, no cabe duda que la determinación final de los 

foros recurridos se fundamentó en un cómputo especulativo 

sobre el valor de las cuotas indivisas que al final tuvo el 

efecto de privar a la Peticionaria de su participación en el 

inmueble sin llevarse a cabo el procedimiento adecuado.

En consecuencia, se devuelve el caso al foro primario 

para que se realice la operación particional según nuestros 

 

80De una revisión de autos surge que el 15 de noviembre 

de 2019, el foro primario ordenó al señor Matos Rivera a 

notificar el informe del perito tasador anunciado en la 

Conferencia Inicial y a la señora Soler Ortiz a anunciar el 

nombre y credenciales de su perito tasador o cualquier otro, 

así como a notificar su informe pericial. Véase, Exhibit 6, 

Solicitud de Certiorari, pág.21. Sin embargo, en la Sentencia

se mencionó que “ninguna de las partes presentó ni ofreció 

prueba sobre la valoración de la propiedad”. Íd., Exhibit, 

14, pág. 108.

81Cf., Regla 23 (c)(4) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. (“El tribunal tendrá facultad para citar testigos 

periciales ajenos a los de las partes con sujeción a aquellas 

condiciones que discrecionalmente considere apropiadas, 

incluyendo el disponer su compensación por uno o ambas partes

litigantes”). 
 CC-2023-0480 34

lineamientos previos, lo que incluye realizar el inventario 

y tasación del inmueble y reconocerle a la Peticionaria su 

participación en la titularidad del bien inmueble, de 

conformidad con lo resuelto en esta Opinión. Como resultado, 

se deja sin efecto la orden que emitiera el foro primario al 

Registrador de la Propiedad para la inscripción del referido 

inmueble.

Finalmente, la Peticionaria sostuvo que los foros 

recurridos erraron al concederle un crédito al señor Matos 

Rivera de $5,688.00 en concepto de renta por el periodo que 

la señora Soler Ortiz usó exclusivamente el inmueble en 

común. Al respecto, la Peticionaria manifestó que el hecho

de que como comunera adviniera en la posesión como 

consecuencia de una orden de protección contra el Recurrido

no es causa para justificar un crédito por dicha posesión 

exclusiva.82 Por ello, adujo que los foros erraron en 

establecer que la presentación de la demanda constituyó un 

acto obstativo, máxime cuando el señor Matos Rivera se allanó 

a la orden que le impuso el desalojar la residencia 

conyugal.83 Adelantamos que no le asiste la razón a la 

Peticionaria, pues el error no fue cometido. Veamos.

 

82La referida Orden de Protección tuvo una vigencia de 

un año, desde el 26 de noviembre de 2018 a 26 de noviembre 

de 2019. 

83Véase, Exhibit 11, Orden de Protección, Solicitud de 

Certiorari, págs. 79-84. 
 CC-2023-0480 35

Según expresamos, este Tribunal ha reconocido que en 

una comunidad de bienes los comuneros están impedidos de 

utilizar la cosa común para su particular y exclusivo 

beneficio sin pagar una adecuada compensación a la 

comunidad.84 Ello se da porque el uso exclusivo del bien común 

por uno solo de los comuneros es contrario a los principios 

elementales de derecho basados en la equidad, los cuales no 

permiten el enriquecimiento injusto.85 Por ello, se reconoce 

que el uso de un bien común para el beneficio exclusivo de 

uno de los comuneros conllevará el pago de una compensación 

a la comunidad.86

Es preciso señalar que hemos reconocido dificultades 

inherentes al momento de determinar desde qué momento se 

entiende que un comunero excluyó al otro de su participación 

en el bien común y, por lo tanto, tendrá el deber de

compensar. Al respecto, este Tribunal ha manifestado que el 

“análisis requiere un examen detenido de los hechos de cada 

caso y, forzosamente, que se tome en consideración la 

relación entre los comuneros”.87

 

84Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador, supra, pág. 205; 

Díaz v. Aguayo, supra, págs. 813-814; De La Fuente v. A. 

Roig Sucrs., supra, pág. 534. 

85Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador, supra, pág. 207; 

Díaz v. Aguayo, supra, pág. 814.

86De la Fuente v. A. Roig Sucrs., supra, pág. 534.

87(Negrillas suplidas). Molina González v. Álvarez 

Gerena, supra, pág. 457.
 CC-2023-0480 36

En cuanto a esto último, no existe controversia con 

respecto a que los entonces cónyuges señor Matos Rivera y 

señora Soler Ortiz adquirieron el bien inmueble en comunidad 

pro indiviso para ser utilizado como residencia conyugal. 

Por ello, en la referida escritura de compraventa también 

solicitaron al Registrador de la Propiedad la inscripción de 

su derecho a hogar seguro al amparo de la Ley Núm. 195-2011, 

conocida como Ley del Derecho a la Protección del Hogar 

Principal y el Hogar Familiar, (Ley Núm. 195-2011), 31 LPRA 

sec. 1858 et seq.88

 

88Véase, Exhibit 9, Solicitud de Certiorari, pág. 45.

Es pertinente clarificar que la Ley Núm. 195-2011

establece como política pública el asegurar que todo 

individuo domiciliado en Puerto Rico goce de protección que 

cobije la posesión y el disfrute de su residencia principal 

contra el riesgo de ejecución de esa propiedad. La protección 

económica se dirige exclusivamente a dictar las reglas para 

proteger el derecho a hogar seguro de las ventas promovidas 

por acreedores en virtud de una sentencia o ejecución.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 195-2011. Es decir, el 

derecho de hogar seguro protegerá a la propiedad de embargo, 

sentencia o ejecución enmarcada en las obligaciones entre 

acreedor y deudor.

Por otra parte, también en nuestro ordenamiento se le 

reconoce al cónyuge que por razón de divorcio se le conceda 

la custodia de los hijos del matrimonio el derecho a reclamar 

como hogar seguro la vivienda matrimonial perteneciente a la 

sociedad legal de gananciales. Art. 109A del Código Civil de 

1930, 31 LPRA ant. sec. 385a. A su vez, basado en normas de 

equidad y política pública hemos extendido este derecho de 

hogar seguro a la vivienda familiar habitual, aunque no 

constituya un bien ganancial, sino un bien común entre los 

excónyuges o constituya el bien privativo de uno de los 

progenitores. Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 171 DPR 530, 

545 (2007).

Si bien la Peticionaria no planteó este reclamo de hogar 

seguro ante el foro primario, y aunque como regla general un 

tribunal apelativo no debe entrar a resolver cuestiones no 

planteadas a nivel de primera instancia, en este caso a 

manera de excepción sí lo haremos, pues en miras de impartir 
 CC-2023-0480 37

Una vez disuelto el matrimonio, el señor Matos Rivera 

presentó la demanda de liquidación de comunidad de bienes y 

solicitó una suma líquida correspondiente al tiempo en que 

fue privado del uso y disfrute del inmueble común. En su 

sentencia, el tribunal de primera instancia determinó como 

un hecho que, desde noviembre de 2018 cuando las partes se 

separaron y hasta febrero de 2021, la señora Soler Ortiz 

utilizó el inmueble de forma exclusiva. A su vez dictaminó 

que debido a que las partes no presentaron prueba de cánones 

de arrendamiento comparables para el inmueble,89 la renta a 

pagarse debía computarse a razón de la mitad del pago mensual 

de hipoteca ($237.00 mensuales) y desde que se presentó la 

demanda en marzo de 2019 hasta febrero de 2021 (24 meses), 

cuando el tribunal le ordenó a la señora Soler Ortiz pagar 

el 50% del préstamo a modo de renta.90

 

justicia un tribunal apelativo puede considerar 

señalamientos que no e han esbozados desde el principio, 

sobre todo cuando aquí ambas partes los discutieron 

detalladamente en sus comparecencias ante nos. Véase, E.L.A.

v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40, 55 (2012). 

Nótese que contrario a lo que aduce la Peticionaria, en 

este caso no están presentes las circunstancias que 

brindarían la protección al bien inmueble. En primer lugar,

no se trata de una acción de un acreedor para enajenar el 

bien y, en segundo lugar, de una revisión cuidadosa de autos 

surgió que no hubo una adjudicación de custodia a ninguna de 

las partes, puesto que el matrimonio no tuvo hijos en común. 

Por tanto, no tiene méritos la alegación de la Peticionaria 

para proteger el referido bien inmueble bajo las 

disposiciones de hogar seguro. 

89Véanse, Díaz v. Aguayo, supra, pág. 817.

90Por su parte, el foro apelativo intermedio confirmó

el crédito en concepto de renta por uso exclusivo y resolvió 
 CC-2023-0480 38

Así las cosas, y evaluada la normativa aplicable 

resolvemos que los foros recurridos actuaron correctamente 

al reconocerle un crédito al señor Matos Rivera como 

compensación por el tiempo en que ha sido privado del uso y 

disfrute del bien común. Nótese que dicha compensación por 

privación de uso es distinta a la deuda hipotecaria que 

asumió de manera privativa el señor Matos Rivera y que 

discutimos en el apartado anterior. Según consignamos, esta 

compensación o crédito por privación de uso se reconoce en 

nuestro ordenamiento para resarcir al comunero que fue 

excluido de su posesión.91 Tal situación ocurrió aquí tras 

la separación matrimonial y el uso del inmueble por parte de 

la señora Soler Ortiz con exclusión del Recurrido como 

comunero.

Ahora bien, surge de la orden de protección estipulada 

que el señor Matos Rivera se allanó voluntariamente a 

desalojar la residencia. Por lo tanto, no fue la Peticionaria

quien inicialmente excluyó a su excónyuge del uso y disfrute

de la propiedad proindiviso, sino la orden de protección 

misma. Como mencionáramos anteriormente, el comunero que 

 

que durante la vigencia de la orden de protección no se 

excluyó al señor Matos Rivera del uso y disfrute del bien 

común, y que, por tanto, fue a partir de la presentación de 

la demanda que se materializó el requerimiento afirmativo al 

solicitar la renta. Véase, Sentencia, Apéndice, Solicitud de 

Certiorari, pág. 469. 

91Véanse, Díaz v. Aguayo, supra, págs. 813-814; Soto 

López v. Colón, 143 DPR 282 (1997); De La Fuente v. A. Roig 

Sucrs., supra, pág. 534.
 CC-2023-0480 39

alega haber sido excluido de su participación en la comunidad 

deberá identificar un acto obstativo que exhiba tal exclusión 

o, por el contrario, un requerimiento afirmativo del comunero 

que alega ser excluido.92 Si bien es cierto que el Recurrido 

presentó la demanda en marzo de 2019 y ello representó el 

requerimiento afirmativo requerido por la jurisprudencia, 

esta fecha no puede utilizarse como punto de partida para el 

cómputo, pues surge de autos que la referida orden venció en 

noviembre de ese mismo año. Así, en el ejercicio de nuestra 

función revisora resolvemos que el mencionado canon no puede 

incluir para su cómputo los periodos en que la orden de 

protección estuvo vigente. Por esta razón, se ordena al foro 

de primera instancia a modificar la suma concedida según 

nuestros lineamientos. 

IV.

Por los fundamentos que anteceden, se revocan

parcialmente las Sentencias de los foros recurridos. En 

consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que continúe con los procedimientos de forma 

compatible con lo aquí resuelto. En específico, el foro 

primario deberá realizar la operación particional según 

nuestros lineamientos previos, lo que incluye realizar el 

inventario y tasación del inmueble, reconociéndole a la 

Peticionaria su participación en la titularidad del referido 

 

92 Molina González v. Álvarez Genera, supra, págs. 

456-457.
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bien, de conformidad con lo resuelto en esta Opinión. De 

igual forma, deberá modificar el crédito concedido por 

concepto de uso exclusivo del bien común, según lo aquí 

reseñado. Como resultado, se deja sin efecto la Orden que 

emitiera el foro primario al Registrador de la Propiedad de 

Toa Alta para la inscripción del referido inmueble a nombre 

del señor Matos Rivera.

Se dictará Sentencia de conformidad. 

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Juan Matos Rivera

Recurrido

v.

Aleida Soler Ortiz

Peticionaria

CC-2023-0480 Certiorari

Sentencia 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que 

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la 

presente Sentencia, se revocan parcialmente las Sentencias 

de los foros recurridos. En consecuencia, se devuelve el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe 

con los procedimientos de forma compatible con lo aquí 

resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del 

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García no 

intervino. 

 Javier O. Sepúlveda Rodríguez

 Secretario del Tribunal Supremo