EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Juan Matos Rivera

Recurrido

v.

Aleida Soler Ortiz

Peticionaria Certiorari

2024 TSPR 50
213 DPR ___

Número del Caso: CC

- 2023

- 0480

Fecha: 21 de mayo de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel II

Representantes legales de la parte peticionaria:
Lcdo. Domingo Rivera Colomer Lcda. Jinelly Laureano Vázquez

Representante legal de la parte recurrida:

Lcdo. Wilson Galarza Galarza

Materia : Derechos Reales

– Si un c ónyuge o una c ónyuge debe ser privada de su cuota de participación , cuando contrajo matrimonio bajo el régimen de separación de bienes y adquirió el 50% de participación en común pro indiviso de un inmueble , por razón de que no contribuyó a la de uda hipotecaria.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE P UERTO RICO

Héctor Juan Matos Rivera

Recurrido

v.
Aleida Soler Ortiz

Peticionaria CC

- 2023

- 0 480 Certiorari

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado S eñor ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de m ayo de 20 2 4

.
El caso que está hoy ante nuestra consideración nos exige contestar la interrogante siguiente: ¿Debe ser privada
de su cuota de participación una excónyuge que contrajo
matrimonio bajo el régimen de separación de bienes y adquirió
el 50% de partición en común pro indiviso de un inmueble por
razón de que no contri buyó a la deuda hipotecaria durante la
vigencia del vínculo? Adelantamos que, de acue rdo con los
términos pactados en las escrituras de capitulaciones, de
compraventa y de hipoteca entre los entonces cónyuges, la
respuesta es en la negativa.
Expuesta la médula de la controversia, procedo a exponer
los antecedentes fácticos que la originaron

.CC

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I

El 7 de marzo de 2019 , el Sr. Héctor Juan Matos Rivera
(señor Matos Rivera o Recurrido) presentó una Demanda de
liquidación de comunidad de bienes en contra de la Sra.

Aleida Soler Ortiz (señora Soler Ortiz o Peticionaria). En

esta sos tuvo que el 20 de diciembre de 2015 , contrajo nupcias

con la señora Soler Ortiz bajo el régimen económico de
separación de bienes , pero que durante la vigencia d el

matrimonio adquirieron deudas y bienes muebles e inmuebles

en comunidad sujetos a liquidación. 1 Añadió que durante el
matrimonio adquirieron un bien inmueble residencial ubicado

en Toa Alta cuyo uso y disfrute la señora Soler Ortiz le
privó a pesar de haber sido quien efectu ó los pagos del
préstamo hipotecario desde el inicio. Por todo ello, el señor

Matos Rivera solicitó la partición de la comunidad de bienes
adjudicándole a cada parte lo que le corresponda , así como
el pago del crédito corres pondiente al tiempo privado del

uso y el pago mensual

.
El 9 de abril de 2019, la señora Soler Ortiz presentó

su contestación a la demanda

. En síntesis, negó la privación

del uso y disfrute del inmueble y alegó que exist ía una orden
de protección en contra del señor Matos Rivera que le ordenó

a no tener comunicación con ella y a desalojar la residencia

.

1 El matrimonio entre la señora Soler Ortiz y el señor Matos Rivera se disolvió el 4 de enero de 2019 mediante Sentencia final y firme.CC

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De igual forma, negó la existencia de los créditos
solicitados por el Recurrido y presentó una reconvención para
peticionar el crédito por las mejoras que realizó al inmueble

con aportaciones privativ as y su labor doméstica , lo cual
adujo sobrepasa ba la participación que pudiera tener el señor

Matos Rivera. De igual forma, solicitó que se le adjudicara

el inmueble a su favor

.
El 26 de abril de 2019 , el señor Matos Rivera contestó
la reconvención y alegó que fue quien exclusivamente : 1 )
aportó la cantidad por concepto de pronto para la compra del
inmueble; 2 ) pagó todas las mensualidades del préstamo
hipotecario , y 3 ) pagó con un préstamo personal las me joras

realizadas. Añadió que la señora Soler Ortiz figuró en la
escritura de compraventa del inmueble únicamente debido a
que el tipo de préstamo para adquirir la propiedad requería
tomar en consideración las responsabilidades económicas de

esta , pero que no aportó dinero alguno.
Tras varios incidentes procesales, el 20 y 2 1 de
septiembre de 2021 , se llevó a cabo el juicio en su fondo

.
E l 28 de noviembre de 2022 , el Tribunal de Primera Instancia

notificó la S entencia que declaró con lugar la demanda sobre
liquidación de comunidad de bienes y le adjudicó al señor

Matos Rivera el 100% de titularidad del inmueble. En cuanto

a esto , el foro primario resolvió que se estableció que fue
el Recurrido quien pagó el precio de la opción de compra,
los gastos de cierre, las mensualidades del préstamoCC

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hipotecario , los muebles y las mejoras realizadas con bienes
privativos

. Además , le ordenó a la Peticionaria a pagar
$ 5,688.00 por concepto de renta correspondiente al p eriodo
de tiempo en que privó al Recurrido del uso y disfrute del

inmueble. 2 Asimismo, incluyó una orden dirigida al
Registrador de la Propiedad para que efectuara la anotación
correspondiente en torno a la titularidad del inmueble a

favor del señor Matos Rivera.
Respecto a la reconvención , resolvió que la

Peticionaria poseía un crédito de $846.0 0 por el saldo de
una tarjeta de crédito y la compra de unas palmas, pero que

no presentó prueba que sustentara los créditos reclamados

por el aumento en valor , los intereses del préstamo
hipotecario o por tareas domésticas realizadas

. Finalmente,

dictaminó que no le mereció credibilidad el testimonio de la
Peticionaria sobre las mejoras realizadas con dinero
privativo, puesto que no trabajaba para la fecha en que se
adquirió el inmueble y se realizaron las mejoras

. Añadió que
tampoco colocó al foro en posic ión de determinar el aumento
en el valor de la propiedad como consecuencia de tales
mejor a s por no haberse tasado la propiedad para propósitos
de la acción judicial de partición.

2 El foro de primera instancia calculó la renta a razón del 50% del pago del préstamo hipotecario mensual ($237.00
mensua les) y desde que se presentó la demanda en marzo de 2019 hasta febrero de 2021 (24 meses), cuando le ordenó a la señora Soler Ortiz pagar el 50% del préstamo a modo de renta.CC

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En desacuerdo, e l 22 de diciembre de 20 22, la señora
Soler Ortiz presentó en el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación

. En esencia , sostuvo que: 1) lo resuelto es contrario a los acuerdos pactados por las partes en las
escrituras de capitulaciones matrimoniales , de compraventa
y constitución de hogar seguro y de hipoteca , y 2) que la
división de la comunidad se hizo en contravención al pacto
expreso de los comun eros al privar a la Peticionaria del
hogar seguro y utilizando un cómputo especulativo.

El 2 3 de junio de 2023, el foro apelativo intermedio

dict ó una S entencia en la que confirmó el dictamen del foro
primario

. R esolvió que procede el canon en concepto de renta
por el periodo en que la señora Soler Ortiz excluyó del uso
y disfrute del inmueble al Recurrido desde el acto obstativo
de la presentación de la demanda. Asimismo, concluyó que fue
el Recurrido quien único compareció como deudor en la

es critura de hipoteca y realizó los pagos mensuales de la
hipoteca. Finalmente, determinó que la señora Soler Ortiz

continuó vivie ndo en la propiedad común sin aportar a los
pagos mensuales, a pesar de haber terminado la vigencia de
la orden de protección.

En desacuerdo , el 24 de julio de 2023, la Peticionaria
presentó la Solicitud de c ertiorari ante nuestra

consideración

. Mediante esta, esboz ó los siguientes

señalamientos de error:

PRIMER ERROR: Erró manifiestamente el Tribunal de Apelaciones

... al negarle validezCC

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y eficacia jurídica a los convenios bilaterales libre y autó nomamente pactados por las partes en el ejercicio de sus voluntades ; según surgen de los documentos públicos admitidos en evidencia que establecen la improcedencia de los créditos reclamados por la parte demandante

- recurrida en la acción de división de l a comunidad de bienes sobre el inmueble adquirido durante el matrimonio de las partes

...
SEGUNDO ERROR: Erró el TPI y el Tribunal de Apelaciones al dividir la comunidad de bienes
en c ontravención al pa c to expreso de los
comuneros , privando a la Sra. Soler a su Hogar Seguro. Al así hacerlo el TPI y el Tribunal de Apelaciones al confirmar la Sentencia, utilizó un cómputo especulativo, actuando con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurrió en error manifiesto ante la ausencia total de prueba admitida, o en la alternativa, prueba insuficiente para estimar probados los crédito s que tenían derecho las partes.

Es bozó que ante la claridad de los acuerdos pactados

era inne cesario recurrir a normas interpretativas
supletorias sobre la comunidad de bienes referentes a l

reconocimiento de créditos a concederse al momento de la
partición , como lo fue el crédito reconocido por renta por
la posesión exclusiva del bien

. 3 Como plan teamiento alterno,
adujo que el foro primario no tuvo ante sí prueba admisible
que le permitiera computar el valor del inmuebl e o de las
participaciones indivisas de los comuneros , ni prueba que

3 La Peticionaria también arguyó que su interés propietario sobre el inmueble est á protegido por garantías constitucionales y bajo el Art. 8 de la Ley de Derecho a la Protección del Hogar Seguro, infra , según se pactara en la escritura de compraventa.CC

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demostrara las sumas solicitadas por el señor Matos Rivera
por las mejoras.
Oportunamente, el Recurrido presentó su Alegato

.
E xpresó que fue en el Tribunal de Apelaciones donde por
primera vez la parte peticionaria levantó como defensa

afirmativa que el inmueble constituye su hogar seguro , mas detalló que esta es inaplicable en la controversia de autos

. A su vez, adujo que la parte Peticionaria solicitó créditos
en el foro de primera instancia, pero que posteriormente en

su apelación y solicitud de certiorari alegó que su concesión

es contraria a los términos pactados en la escritura de
capitulaciones. S ostuvo que existe una comunidad de bienes
sobre el inmueble y que en las capitulaciones no hubo una
renuncia a reclamar los créditos, particularmente dado al
uso exclusivo del inmueble por parte de la Peticionaria.

A demás , abundó en que el hecho que solo é l compareciera
a la escritura de hipoteca como deudor, no constituyó un
pacto expreso d e que la Peticionaria no ten ía que aportar de

acuerdo con su participación en los gastos de la comunidad

de bienes. Por último, expuso que el hecho que ninguna de
las partes hubiese presentado un informe de tasación que

acreditara e l valor actual del inmueble , no limit a la

autoridad del foro de primera instanci a de basar su
determinación en la prueba recibida en el juicio.
Así las cosas, e xpedido el recurso de certiorari y evaluados los argumentos de ambas partes, procedemos aCC

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resolver el asunto , no sin antes repasar el Derecho aplicable

que rige esta controversia.

II

A

.
En nuestro ordenamient o, el alcance jurídico del

matrimonio es bidimensional puesto que surte efectos
personales y patrimoniales. 4 Por ello, las personas que se
unirán en matrimonio pueden escoger, mediante capitulaciones
matrimoniales, el régimen económico que regirá durante su

matrimonio. 5 Como resultado, el contrato de capitulaciones
matrimoniales permite

regular los derechos de los esposos sobre sus bienes respectivos; los derechos sobre las ganancias realizadas por ellos durante su unión; los intereses de los hijos y de la familia; los intereses de los terceros que contratan con uno u otro de los esposos, y, en definitiva, el in terés económico y social

. 6

4 Roselló Puig v. Rodríguez Cruz , 183 DPR 81, 92 (2011).

5 Scotiabank v. TCG et al. , 198 DPR 158, 166

- 167 (2017). Se clarifica que el derogado Código Civil de Puerto Rico de 1930 (Código Civil de 1930) es el aplicable a la controversia de autos, puesto que los hechos se suscitaron durante su vigencia. Al respecto, adviértase que l a Ley Núm. 62

- 2018 enmendó el Código Civil de 1930 e introdujo en nuestro ordenamiento el principio de la mutabilidad de las
c apitulaciones matrimoniales y las mismas se pueden otorgar, modificar o sustituir antes o después de celebrado el matrimonio. Esta normativa se mantiene en el Código Civil de 2020 . Véanse, Art s . 488 y 491 del Código Civil de 2020 , Ley Núm. 55

- 2020, 31 LPRA sec s . 6911 , 6914

.

6 (Énfasis en el original omitido). Guadalupe Solís v. González Durieux , 172 DPR 676, 683 (2007) citando a Maldonado v. Cruz Dávila , 161 DPR 1 (2004 ).CC

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Por este motivo, cuando los cónyuges pactan el régimen

económico que regirá durante su matrimonio, les aplica el
principio de autonomía de la voluntad y la libertad
individual de ambos cónyuges

. 7 Es al amparo de dicha libertad

que al pactarse las capitulaciones la pareja puede optar
por: 1) la separación de bienes, pe ro con participación en
las ganancias; 2) sociedad de gananciales; 3) renuncia al
régimen legal de gananciales; 4) total separación de bienes , o 5) elegir cualquier otro régimen que combine estas
posibilidades, siempre que sea acorde a la ley, la moral o

e l orden público

. 8
En cuanto a esto último, es norma conocida que los
otorgantes no podrán estipular algo que sea contrario a las
leyes y toda estipulación que no se ajuste a ello se tendrá
por nula. 9 Consecuentemente, se ha reconocido que en las
capitulaciones las partes pueden pactar asuntos ajenos al
régim en patrimonial y ello , por sí solo, no co nllevará su
nulida d. 10
Ahora bien, ante la falta de capitulaciones

matrimoniales o si estas son declaradas nulas o

7 Maldonado v. Cruz , supra, págs. 16

- 17 (cita omitida).

8 Guadalupe Solís v. González Durieux , supra ; Maldonado v. Cruz , supra, pág. 17

.

9 Art

. 1268 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant. sec. 3552. Para una referencia a la disposición equivalente bajo el Código Civil de 2020 , véase, Art. 498, 31 LPRA sec. 6931.

10 Véase, Maldonado v. Cruz , supra , págs. 20

- 21 ; Umpierre v. Torres Díaz , 114 DPR 449 , 459

- 460 (1983).CC

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insuficientes , se entenderá que el matrimonio se contrajo
bajo el régimen de sociedad legal de gananciales. 11 Bajo dicho
régimen se reconoce la titularidad conjunta y sin especial

atribución de cuotas de todos los bienes d el matrimonio, así

como sobre las deudas y obligaciones que fueron asumidas por
cualquiera de los cónyuges durante el mismo. 12
De contraerse el matrimonio bajo este régimen
ganancial , las siguientes obligaciones, entre otras, serán
a cargo de la sociedad: (1) toda deuda u obligación contraída
por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio, (2)
las reparaciones ma yores o menores de lo s bienes gananciales , y ( 3 ) los préstamos personales en los que incurra cualquiera
de los cónyuges. 13

Al mome nto de disolverse el matrimonio bajo este
régimen , surge entre los cónyuges una comunidad ordinaria
compuesta por todos los bienes que eran ganancia les y en los
que ambos participan por partes iguales mediante cuotas

11 Art

. 1267 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant. sec. 3551. Véase, Betancourt González v. Pastrana Santiago , 200 DPR 169, 178 (2018); SLG Báez

- Casanova v. Fernández et al

. , 193 DPR 192 (2015) (Sentencia) ; Roselló Puig v. Rodríguez Cruz , supra ; Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet , 177 DPR 967 (2010).

12 Díaz Rodríguez v. García Neris , 208 DPR 706, 716 (2022); Roselló Puig v. Rodríguez Cruz , supra, pág. 93 ; Arts. 1295, 1307 y 1308 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA secs. ant. 3621, 3647

- 3648.

13 Art. 1308 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant. sec. 3661

.CC

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independientes, alienables y homogéneas. 14 Esta comunidad
post

- ganancial , a falta de un contrato o de disposiciones
especiales, estará gobernada por las normas establecidas en
el Código Civil referentes a la figura de la comunidad de

bienes

. 15 A su vez, ambos excónyuges pueden administrar la

comunidad , así como solicitar su división , puesto que ningun o está obligado a permanecer en comunidad

. 16 Cu ando uno de los
excónyuges solicita la división, se liquidan los bienes que
pertenecían a la s ociedad legal de gananciales y deja de
existir la comunidad post

- ganancial

. Precisamente, por ser el régimen ganancial la

consecuencia de la ausencia de capitulaciones matrimoniales , hemos sostenido que las estipulaciones que se recogen en el
contrato de capitulaciones deben ser claras y precisas. 17 De
igual forma, dichas estipulaciones se deben interpretar

14 Díaz Rodríguez v. García Neris , supra, pág

. 716; Betancourt González v. Pastrana Santiago , supra ; BL Investment Inc. v. Re gistrador , 181 DPR 5, 15 (2011) ; Montalván v. Rodríguez , 161 DPR 411, 421

- 422 (2004).

15 31 LPRA secs. ant. 1271

- 1285. Véase, Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador , supra, pág. 205 ( Sentencia); BL Investment Inc. v . Registrador , supra, pág

. 24; Montalván v. Rodríguez , supra, págs. 421

- 422. El Código Civil de Puerto Rico de 2020 recoge la doctrina y la jurisprudencia sobre la comunidad post

- ganancial en los Arts. 5 4 7 al 554 (31 LPRA secs. 70 41

– 7048), así como las disposiciones relacionadas a la comunidad de bienes en los Arts. 835

- 859, 31 LPRA sec s . 8191

- 8232.

16 Art. 334 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant. sec. 1279; Montalván v. Rodríguez , supra, pág. 422.

17 Guadalupe Solís v. González Durieux , supra , pág. 684

.CC

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estrictamente en todo lo que afecten al régimen económico

matrimonial. 18 Ahora bien , hay instancias en que la escritura
de capitulaciones, como un contrato al fin, requ erirá un ejercicio de interpretación y ante es e tipo de controversia,

“ los tribunales deberán ejercer su facultad interpretativa
conforme a las normas de hermenéutica contractual dispuestas

en el Código Civil”. 19

B.

La comunidad de bienes existe cuando la propiedad de
una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias

personas . 20 La distribución de la comunidad se rige por una presunción de igualdad en la participación y el concurso de
sus partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas , será proporcionado a sus respectivas cuotas. 21 En nuestro

ordenamient o , el Código Civil de 1930 regula la comunidad de
procede ncia romana en la que cada comunero tiene una cuota

alícuota de la cosa. 22 A falta de un contrato o disposiciones

18 Íd., citando a Vilariño Martínez v. Registrador , 88 DPR 288, 293 (1963).

19 Guadalupe Solís v. González Durieux , supra, pág

. 684. Véanse los Arts. 1233

- 1241 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA secs. ants. 3471

- 3479.

20 Art. 326 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant. sec. 1271. Véanse los Art. 835

- 836 en el Código Civil de 2020, 31 LPRA secs. 8191

- 8192.

21 Art. 327 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant. sec. 1272; Molina González v. Álvar ez Gerena , 203 DPR 442 (2019).

22 Díaz v. Aguayo , 162 DPR 801, 808 (2004) (citas omitidas).CC

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especiales, la comunidad se reg irá de manera supletoria por las disposiciones del Código Civil aplicab les a la c omunidad

de bienes

. 23

Para que la compraventa de una finca en común pro
indiviso sea válida, se requiere que se efectúe mediante
escritura pública en la cual se haga constar la porción o la
participación en común pro indiviso que le corresponde al
comprador, así como las advertencias legales
correspondientes y la aceptación del compra dor de adquirir
en dicha capacidad. 24
En cuanto al uso de los bienes, se reconoce que cada
partícipe puede servirse de las cosas comunes, siempre que
disponga de ellas conforme a su destino y de forma que no
perjudique el interés de la comunidad, ni les im pida a los
demás coparticipes utilizarlas según su derecho. 25 En atención a ello, en ausencia de prueba en contrario, se

presume que un comunero consintió tácitamente a que el otro
comunero ocupara el bien común

. 26

23 Art. 326 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant. sec. 1271.

24 Art. 33 0

- A del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant. sec. 330

- 1275a

.

25 Art. 328 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant. sec. 1273.

26 R ivera Lamberty v. Rodríguez Amador , 205 DPR 194, 212 (2020) (Sentencia)

.CC

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Así, por ejemplo, hemos expresado que mientras dure una
comunidad post ganancial cada excónyuge puede usar la cosa
común, aunque ninguno podrá tener el control total sobre sus

bienes. 27 En cuanto es to , hemos resuelto que el comunero está impedido de utilizar la cosa común para su particular y

exclusivo beneficio y sin pagar una adecuada compensación a

la comunidad

. 28 Ello se da porque el uso exclusivo del bien común por uno solo de los comuneros es contrario a los
principios elementales de derecho basados en la equidad , los
cuales no permiten el enriquecimiento injusto

. 29 En atención

a esto , se reconoce que el uso de un bien común para el

beneficio exclusivo de uno de los comuneros conlleva rá el
pago de una compensación a la comunidad. 30
Sin embargo , est e Tribunal ha expresado que el uso

exclusiv o del bien por uno solo de los comuneros no siempre

conllevará el pago de una compensación a los demás. 31

27 Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador , supra, pág. 205; Betancourt González v. Pastrana Santiago , supra, pág. 180.

28 Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador , supra, pág. 205; Díaz v. Aguayo , supra, págs. 813

- 814; De La Fuente v. A. Roig Sucrs

. , 82 DPR 514, 534 (1961).

29 Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador , supra, pág. 207; Díaz v. Aguayo , supra, pág

. 814.

30 De la Fuente v. A. Roig S ucrs. , supra, pág. 534. Para una discusión sobre los remedios que tienen a su alcance los
comuner o s para recobrar la posesión, véanse, Cintrón Vélez v. Cintrón de Jesús , 120 DPR 39, 51 (1987) y González v. Quintana , 145 DPR 463 (1998).

31 Molina González v. Álvarez Gerena , supra, en la pág. 455. Véase, Díaz v. Aguayo , supra, págs. 820

- 823 ( Opinión de conformidad del Juez Presidente Señor Hernández Denton )

.CC

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Similarmente, el hecho de que solo uno de los comuneros use

la cosa común no convierte por sí solo ese u s o en uno
ilícito. 32 Esto es porque no se puede descartar la posibilidad
de que se prestara un consentimiento expreso o tácito o que

los comuneros llegaran a un acuerdo sobre el uso del bien. 33
Por ello, para que el uso del bien por solo uno de los

comuneros sea uno ilícito y exista una acción por
resarcimiento mediante crédito es necesario que el otro
comunero infrinja una reglamentación específica del uso o

que a l comunero afectado se le impid a utilizar el bien o requiera una compensación económica por ese uso incompatible

con su derecho , como lo sería una renta

. 34
Ahora bien, es norma reconocida en nuestro ordenamiento

que para que un comunero tenga derecho al pago de una
compensación por el tiempo que fue excluido de su
participación en la comunidad, deberá identificar un acto
obstativo que suponga tal exclusión o haber realizado un

re querimiento afirmativo

. 35 Es decir, será a partir de dicho

32 Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador , supra, pág. 213.

33 Díaz v. Aguayo , supra , pág. 8 14 , esc. 2

.

34 Rivera Lamberty v . Rodríguez Amador , supra, en las págs. 212

- 214(citas omitidas).

35 Molina González v. Álvarez Gerena , supra, pág. 457. Véase, además, Meléndez Berríos v. Maldonado Dieppa , 175 DPR 1007, 10 18 (2009) (Sentencia con O pinión de C onformidad de la Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez). Hemos reconocido que la efectividad del requerimiento no dependerá de requisitos de forma alguna, sino que será un asunto de prueba que se deberá dirimir confor me a la normativa deCC

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acto o requerimiento que se considerará que nació la
obligación de resarcir al comunero que fue excluido de la
posesión y el uso mediante la compensación o un crédito

. Así por ejemplo , en Molina González v. Álvarez Ge r e n a ,
supra, resolvimos que el acto o bstativo se concretizó
mediante la presentación de la demanda en la que un a de l a s

comuner a s solicitó particularmente la división de la
comunidad y el pago de rentas correspondientes a l uso

exclusivo del inmueble por parte del otro comunero

. 36 Bajo
los hechos particulares de dicho pleito, se determinó que la
compensación por el uso y disfrute exclusivo del bien común
debía computarse desde la fecha de interponerse la d emanda
hasta que se dictó la sentencia dividiendo la comunidad. 37

derecho probatorio. Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador , supra , págs. 215

- 21 6

.

36 Todo ello, claro está, ante la ausencia de prueba de un acto obstativo realizado previo a la presentación de la demanda. Véase, Molina González v. Álvarez Gerena , supra , págs. 459, 461

- 462 ( Opinión de conformidad del Juez Asociado Señor Martínez Torres). A dviértase que no necesariamente la presentación de la demanda será el momento del acto obstativo

. A sí , por ejemplo , en Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador , supra, se determinó que la solicitud de crédito no se incluyó como reclamación original de la demanda, sino que surgió en una moción posterior en oposición que se presentó durante el litigio. Íd. , pág. 216. Por lo tanto, el cálculo de la compensación por el uso excl usivo se hizo desde la presentación de esa moción.

37 Molina González v. Álvarez Gerena , supra, pág. 45 9

. Dicho pleito se trató de una comunidad de bienes hereditaria y la valorización se llevó a cabo utilizando como base la fórmula contenida en el informe que el perito presentó en el foro de primera instancia, que correspondía a la mitad de la renta mensual de la propiedad. Íd. , esc. 10, pág. 459. Además, en cuanto a la cuantía correspondiente a laCC

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Por otra parte, y en lo aquí pertinente , ningún comunero
está obligado a permanecer en la comunidad, por lo que cada
uno podrá solicitar en cualquier momento que se divida la

cosa común. 38 Esta acción de un comunero para solicitar la
división de la cosa común es imprescriptible. 39 Ahora bien,

c omo excepción, la cosa común no podrá dividirse si al
hacerlo resulta inservible para el uso a que se destina. 40 A

su vez, para que sea posib le la división física, el bien

debe ser su sceptible de fraccionamiento, tanto física como
jurídicamente. 41 Por ello, cuando la cosa común fuera
esencialmente indivisible y los comuneros no convinieren en

participación, se mencionó que en sus determinaciones de hecho el foro de instancia determinó la cuantía a partir del cincuenta por ciento del valor tasado del in mueble. Íd. , pág. 461, esc. 13.

38 Art. 334 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant. sec. 1279. Vé ase , Art. 849 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 8222.

39 Art. 1865 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant . sec. 5295. Véase, Art. 1205 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9497. La llamada actio acommuni dividundo , que se refiere a la acción que inicia uno o varios comuneros de una comunidad ordinaria para lograr la división de la cosa común y la consecuent e adjudicación de lo que a cada cual corresponde. L.M. Argüelles, Lecciones sobre derechos reales (Conforme al Código Civil de 2020) , 1era ed., San Juan, Bibliográficas, 2023, págs. 289

- 290.

40 Art. 335 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant . sec. 1280. Cf ., Art. 850 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 8223.

41 L.M. Argüelles, op. cit. pág. 290.CC

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- 0480 18

que se le adjudique a uno de ellos indemnizando a lo s demás,
la cosa se venderá y su precio será repartido. 42
Además, la división de la cosa común no perjudica rá el

derecho que terceros pos ean sobre la cosa común, como el
hipotecario, servidumbre o algún otro derecho real

. 43 Como
resultado, dichos acreedores o terceros de buena fe podrán
intervenir en el proceso de división de la comunidad en
protección de sus intereses. 44 Asimismo, el Código Civil

establece que, al momento de dividir una comunidad de bienes , serán aplicables las reglas concernientes a la división de

la comunidad hereditaria

. 45
En consecuencia, el procedimi ento será uno similar al
de partición de herencia, el cual consiste en tres
operaciones principales : 1) inventario y avalúo; 2)
liquidación , y 3) división y adjudicación. 46 El inventario

42 Art. 338 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant. sec. 1283. Cf ., Art. 857 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 8230, este añadió que, de no lograrse acuerdo mayoritario de los comuneros en la adjudicación, se venderá la cosa en pública subasta y se partirá el precio entre ellos.

43 Art. 339 del Código Civil de 193 0 , 31 LPRA ant. sec. 1284.

44 L.M. Argüelles, op. cit. , pág. 291.

45 Art. 340 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant. sec. 1285. Véase, Saurí v. Saurí , 39 DPR 511 (1929). Para la distinción entre la comunidad hereditaria y la comunidad de bienes, refiérase a Kogan v. Registrador , 125 DPR 636, 651

- 652 (1990).

46 González Tejera, E., Derecho Sucesorio Puertorriqueño , 1983, Volumen I, págs. 361

– 374. Véase , además, José Ramón Vélez Torres , Curso de Derecho Civil , Derecho de Sucesiones, 2010, Tomo IV, Volumen III, págs. 523

- 526.CC

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- 0480 19

consiste en una relación de bienes

- descritos o detallados

de manera que queden suficientemente individualizados e

identificados. 47 Por su parte, el avalúo es la tasación o

valoración de cada uno de los bienes del inventario y debe

referirse al estado de dichos bienes al momento de la
partición

. 48 Luego procede hacer la liquidación , que consiste
en deducir de los bienes inventariados los pasivos y fijar

el activo neto. 49

Posteriormente se hará l a división , que consiste en el
señalamiento de la cuota del haber de cada comunero y, en
virtud de ello, separar determinados grupos de bienes para
pagar cada partición

. 50 Finalmente, la adjudicación es la
última operación de la partición y es el hecho de en tregar a cada comunero lo que le corresponde con exclusión de los

demás. 51

C.

La hipoteca es un derecho real que sujeta o vincula lo
hipotecado a que eventualmente su titular pueda exigir la
realización de su valor, así como tomar medidas para
salvaguarda rlo, en seguridad o garantía de la efectividad de

47 José Ramón Vélez Torres, op. cit

. , pág. 523

.

48 Íd.

49 Íd.

50 Íd. , pág. 524.

51 Íd. , pág. 525.CC

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- 0480 20

alguna obligación dineraria. 52 De esta forma , la hipoteca
es un derecho de realización de valor, ya que, ante el
incumplimiento del deudor con la obligación principal dentro
del plazo pactado, el acreedor tiene la facultad de recobrar
su acreencia mediante la enajenación del inmueble
hipotecado. 53 Como resultado, la hipoteca sujetará directa e
inmediatamente los bienes y derechos sobre los cuales se
impone

- cualquiera sea su poseedor o titular

— al cumplimie nto de la obligación para cuya seguridad se constituyó. 54

Al mismo tiempo, para que la hipoteca quede
constituida se requiere inscripción registral , ya que es
mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad que
la hipoteca adviene a la vida jurídica y la garantía de un
crédito personal se convierte en real , para que así el
acreedor hipotecario pueda enajenar el inmueble hipotecado. 55

A causa de ello , la hipoteca deb idamente constituida le
permitirá al acreedor hipotecario perseguir el bien
hipotecado y proceder contra el deudor original, el
cesionario de este, o contra quien haya comprado la
propiedad, si este último asumió el pago de la hipoteca.

52 B co. Popular v. Registrador , 181 DPR 663, 673 (2011) (cita omitida)

.

53 Íd.

54 Art. 54 de la Ley Núm. 210

- 2015, según enmendada, 30 LPRA sec. 6081.

55 Crespo Rodríguez v. González González , 208 DPR 557 (2022)

.CC

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En lo pertinente, en el lado pasivo de la relación
hipotecaria es posible la participación de una tercera
persona extraña a la obligación principal, a quien la
doctrina nombra como hipotecante no deudor. 56 Dicha figura
se caracteriza porque constituye la hipoteca sobre un b ien
propio, pero en seguridad de una deuda ajena. 57 Así, la
responsabilidad de este tercero no hipotecante queda
limitada al bien hipotecado, pues no es el deudor personal
de la obligación asegurada. 58

II I Durante la vigencia de su matrimonio bajo el régimen de
separación de bienes, la señora Soler Ortiz y el señor Matos

Rivera adquirieron un inmueble para residencia conyugal en

comunidad pro indiviso y con igual cuota de participaciones.

Concluido el víncu lo matrimonial, en la acción judicial para
extinguir dicha comunidad los foros recurridos le
adjudicaron al señor Matos Rivera el 100% de la titularidad

56 L. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño , 3ra ed., San Juan, Jurídica Editores, 2012, pág. 504. Véase, Art. 1756 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5001 (“Las terceras personas extrañas a la obligación principal, pueden asegurar ésta pignorando o hipotecando sus propios bienes”).

57 Íd., citando a R. Carpi Martín, La hipoteca en garantía de deuda ajena, Madrid , Marcial Pons, 2002.

58 Íd. Véase, además, Roca Sastre y otros, Derecho Hipotecario , 9na ed., Barcelona, Bosch, 2009, T. VIII, págs. 220

- 221. (“El hipotecante no deudor es el que , sin estar personalmente obligado por un débito, ha hipotecado voluntariamente un bien propio en garantía de dicho débito ajeno. Concede, pues, una hipoteca en seguridad del débito de otro”). Íd. , pág. 220.CC

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del inmueble. De una lectura sosegada de los dictámenes se
desprende que para ambos foros fue un factor determinante el
que el señor Matos Rivera declarara en el juicio en su fondo
que fue quien asumió y realizó los pagos principales

asociados con el inmueble. Así, por ejemplo, el foro primario
expresó que de la evidencia admitida y creída se estableció

que este pagó, entre otros, las mensualidades del préstamo
hipotecario, los muebles y las mejoras al inmueble, todo
ello con bienes privativos. 59
Similarmente, el Tribunal de Apelaciones determinó,
entre otros asuntos, que fue el Recurrido quien compareció
como único deudor en la escritura de hipoteca y realizó los
pagos mensuales del préstamo hipotecario. Por ello, confirmó
la sentencia tras resolver que actuó correctamente el foro
primario al concederle el 100% de la titularidad del inmueble

al señor Matos Rivera.
Así las cosas, la señora Soler Ortiz cuestiona tales
determinaciones ante este Tribunal, por lo que nos

59 Véase, Sentencia , Apéndice, Solicitud de Certiorari , pág. 109. Es meritorio señalar que existe una aparente contradicción en la determinación del T ribunal de P rimera I nstancia , p ues en la sentencia se reconoció que los créditos reclamados por el demandante (señor Matos Rivera) eran i mprocedentes por responder a deudas adquiridas por este de manera privativa. Íd., pág. 108. El señor Matos Rivera solicitó en dicho foro un crédito de $63,165.16 que incluía el pago de la opción de compra, el pronto para adquirir la propiedad, pago de un p réstamo personal para mejoras, pago de un financiamiento para los muebles en Home Patio Gallery, entre otros. Íd. , pág. 99. Pero, al disponer de la controversia el foro primario procedió a adjudicarle el 100% de titularidad a este con exclusión de la señor a Soler Ortiz.CC

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- 0480 23

corresponde dictaminar si lo resuelto

– tanto por el foro
primario y el foro apelativo intermedio

— tuvo el efecto de
privarle de sus intereses propietarios y negarle validez a
los términos pactados expresamente en las escrituras de
capitulaciones , de compraventa e hipoteca . Particu larmente,
lo referente a la adquisición del bien inmueble con un 50%
de participación en común pro indiviso . Adelantamos que los

foros recurridos incurrieron en dicho error. Veamos.

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que cuando
los términos de un contrato son claros y no dejan duda alguna
sobre la intención de las partes contratantes, se utilizará

el sentido literal de sus cláusulas. 60 A causa de ello, se ha reiterado que se debe segui r la letra clara del contrato, cuando ésta refleja inequívocamente la voluntad de las
partes

. 61 Es por ello que la intención de las partes será
el criterio fundamental para fijar el alcance de las
obligaciones contractuales. 62

60 Art. 1233 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant. sec. 3471; Guadalupe Solís v. González Durieux , supra ; Trinidad v. Chade , 153 DPR 280 (2001).

61 S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García , 155 DPR 713, 726 (2001); C.F.S.E. v. Unión de Médicos , 170 DPR 443, 450 (2007); Marcial v. Tomé , 144 DPR 522 (1997).

62 Merle v. West Bend Co. , 97 DPR 403 , 409 (1969). Véase, Art. 1233 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant. sec. 3471. En ese sentido, al momento de juzgar la intención de las partes contratantes, se deben evaluar los actos coetáneos y posteriores al contrato. Art. 1234 del Código Civil de 1930 , 31 LPRA ant. sec. 3472. Véase, Su á rez Figueroa v. Sabanera Real, Inc. , 173 DPR 694 (2008)

. ; García López v. Méndez García , 102 DPR 383 (1983).CC

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- 0480 24

Por el contrario, hemos reco nocido que cuando las
cláusulas no son claras o no permiten una comprensión única
de lo pactado, serán los tribunales los llamados a
interpretar el contrato partiendo de la verdadera y común
intención de las partes. A su vez, se debe presuponer la
lealtad, corrección y buena fe en su redacción y se debe
interpretar de manera que lleve a resultados conformes a la

relación contractual y que estén de acuerdo con las normas

éticas. 63

Dicho esto, como punto de partida debemos evaluar los

términos pactados por l os excónyuges referente a sus respectivos derechos y obligaciones bajo su régimen

económico matrimonial.

E l 17 de noviembre de 2015, el señor Matos Rivera y la

señora Soler Ortiz suscribieron la Escritura Núm. 45 de
Capitulaciones Matrimoniales. En esta contrataron que su
matrimonio no se entendería contraído bajo una sociedad legal

de gananciales y seleccionaron la separación de bienes como

el régimen económico matrimonial

. Ahora bien, y en lo aquí
pertinente, en la Cláusula Doce (12) dispusieron que “ [l]a participación de cada compareciente en los bienes
pertenecientes al nuevo régimen , si alguno , a constituirse

63 S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García , supra, pág. 726.CC

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- 0480 25

por ellos , lo será según lo determinen las partes en cada

situación particular ”. 64
Además, convinieron en la Cláusula Dieciséis (16) que

“ [l]as deudas, demandas y obligaciones individuales

contraídas por cualesquiera de los cónyuges, continuarán

siendo privativas y no podrá afectar al otro cónyuge, a menos

que específicamente y por escrito éste o ésta acepte dich a

deuda en obligación ”. 65 Similarmente, estipularon en la

Cláusula Diecisiete (17) que “[l]os atrasos o créditos de

los bienes privativos de cada uno de los cónyuges no
afectaría los bienes o el crédito d el otro ”. 66

En cuanto a la contratación entre ellos, acordaron que

ambos podían “otorgar cualquier tipo de contrato entre sí

durante su matrimonio, incluyendo compraventa, préstamo,
hipoteca, cancelación de deudas y/o créditos...o cualquier

acto jurídico válido en Puerto Rico, así como firmar los
documentos pertinentes para esto ”

. 67 En particular, las
partes estipularon:

VEINTIUNA: En el caso que por virtud de cualquier disposición de ley en cualquier jurisdicción, no obstante haberse pactado el régimen de separación de bienes entre los cónyuges , mediante este contrato así como todo lo demás pactado, se necesitare el concurso o consentimiento de ambos para poder llevar a

64 (Negrillas suplidas). Capitulaciones matrimoniales , Apéndice 32

65 (Negrillas suplidas). Íd.

66 (Negrillas suplidas). Íd.

67 Íd. , pág. 33.CC

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cabo cualquier transacción , negocio o transferencia, contrato o acuerdo en relación con cualquier derecho o bien perteneciente a uno o a ambos de los cónyuges; los comparecientes se comprometen, mutuamente a prestar dicho concurso o consentimiento a requerimiento del otro, y en su consecuencia, a otorgar y f irmar los documentos para que estos fueren pertinentes, sin menoscabo de la firme intención de continuar bajo el régimen de separación de bienes y todo lo demás aquí pactado

. VEINTIDOS: Se entenderá también que el concurso o la prestación del consentimien to por cualquiera de los cónyuges conforme a lo anteriormente expresado en este inciso no se entenderá como sometimiento a régimen distinto ni renuncia parcial o total a todo lo demás aquí pactado respecto de sus bienes o matrimonio

. 68
En apretada síntesi s , del contrato de capitulaciones

surge que el régimen matrimonial económico seleccionado por
la señora Soler Ortiz y el señor Matos Rivera fue el de
separación de bienes. No obstante, los contratantes
reconocieron la posibilidad de adquirir bienes en conjunto
bajo dicho régimen. En cuanto esto, se pactó que la
participación de cada cónyuge en dichos bienes sería

determinada por las partes en cada situación específica

.
Similarmente , en las Cláusulas Veintiuna (21) y Veintidós
(22) se dispuso que, aunque los entonces cónyuges llevaran

a cabo transacciones o contratos relacionados sobre un bien

o un derecho de alguno de ellos o de ambos, ello no

68 (Negrillas suplidas). Íd.CC

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- 0480 27

significaría una renuncia parcial o total al régimen de separación de bienes.
Así las cosas, luego de contraer matrimonio, el 27 de
abril de 2018, los entonces cónyuges comparecieron en
capacidad de compradores en la Escritura Núm. 10 de
Compraventa y Constitución de Hogar Seguro. La compraventa se trató del bien inmueble objeto del presente pleito, por
el precio cierto y convenido de $40,000.00. En lo pertinente,
se detalló en la comparecencia que :

Los COMPRADORES adquieren la propiedad objeto de esta transacción en partes iguales, entiéndase en un cincuenta por ciento (50%) de participación cada uno en virtud de las Capitulaciones Matrimoniales otorgadas en Vega Alta , Puerto Rico, el día diecisiete (17) de noviembre de dos mil quince (2015) por Don Héctor Juan Matos Rivera y doña A leida Sole r Ortiz , mediante la Escritura Número cuarenta y cinco (45) de Capitulaciones Matrimoniales ante la Notario Marilú Méndez Oliveras. 69
En específico, se detalló en la Cláusula Decimotercera
que “ [l]os COMPRADORES adquieren la propiedad por partes iguales, entiéndase que cada uno adquiere un cincuenta por ciento (50%) común pro indiviso de la propiedad antes

descrita ”. 70 Similarmente, ambos comparecientes manifestaron
comprender que la compraventa del inmueble sería en calidad

de comuneros , pues en la Cláusula Decimocuarta se estableció

que

69 (Negrillas suplidas). Íd., pág.36.

70 (Negrillas suplidas). Íd., pág. 46.CC

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[l]os COMPRADORES han sido advertidos sobre los efectos legales de la comunidad de bienes, en específico que quien adquiere una cuota o porción abstracta de un bien la adquiere en común pro indiviso como un
comunero , por no ser una cuota o porción definida y específica...Igualmente se ha advertido que la participación adquirida por el comprador es abstracta o indefinida y que cualquier arreglo, convenio o pacto para segregar, lotificar, marcar o de algún modo identificar será nulo e ineficaz y podría constituir delito grave, si no existiese el correspondiente permiso de las agencias reguladoras. Los COMPRADORES manifiestan que han entendido la advertencia aquí consignada y expresamente aceptan adquirir la propiedad en su capacidad de comuneros

. 71

El mismo día en que el señor Matos Rivera y la señora
Soler Ortiz firmaron la escritura de compraventa en calidad
de comuneros, también suscribieron la Escritura Núm. 64 de
Primera Hipoteca. Ahora bien, y en lo material a la
controversia principal ant e nos, en la Sexta Cláusula, al
identificarse a los comparecientes se dispuso:

SEXTA: DEUDOR: El Deudor es (son): HECTOR JUAN MATOS RIVERA Y ALEIDA SOLER ORTIZ, mayores de edad, casados entre sí bajo Capitulaciones Matrimoniales conforme la escritura número Cuarenta y Cinco (45) ...empleados, propietarios y vecinos de Toa Alta, Puerto Rico. ALEIDA SOLER ORTIZ, comparece como Cónyuge No Deudor

. 72

De tal modo, de la escritura de compraventa se desprende
que los entonces cónyuges adquirieron un bien inmueble en
comunidad de bienes con una participación de 50% cada uno y

71 (Negrillas suplidas). Íd., págs. 46

- 47.

72 (Énfasis en original). Íd., pág. 73. (“ALEIDA SOLER ORTIZ, appears as a “Non

- Borrower Spouse”). Íd.CC

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- 0480 29

a su vez, que en la escritura de constitución de hipo teca solamente el señor Matos Rivera asumió la deuda hipotecaria

del referido inmueble

. Como vimos, l a señora Soler Ortiz
compareció a la escritura de constitución de hipoteca como Cónyuge No Deudor o , como la doctrina en materia registral
nombra, en calidad de hipotecante no deudora. Hoy debemos

reconocer que la responsabilidad de un tercero no hipotecante
queda limitada al bien hipotecado, pues no es el deudor personal de la obligación asegurada

. 73

C on su comparecencia como cónyuge no deudora la señora
Soler Ortiz brindó su consentimiento expreso a que el
inmueble adquirido en comunidad para constituir el hogar
conyugal fuera gravado en seguridad de la deuda. Ahora bien,
y de acuerdo con lo convenido, dicha deuda hipotecaria le es
ajena por pertenecerle exclusivamente al señor Matos Rivera, pues fue quién se obligó a ser el deudor hipotecario

. Adviértase que dicho acuerdo entre los entonces esposos
es cónsono con las escrituras de capitulaciones pactadas y
con el régimen económico de separación de bienes
seleccionado. Particularmente, según vimos, en la C láusula

Doce (12) en la que dispusieron q ue la participación de cada

uno en los bienes pertenecientes al nuevo régimen, si alguno,

a constituirse por ellos, lo sería según lo determinasen las
partes en cada situación particular. Es decir, cada uno de

los esposos participaría en los bienes adquiridos según l o

73 L. Rivera Rivera, op. cit

. , pág. 504.CC

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- 0480 30

acordaran ambos en cada eventualidad. Ello p recisamente
ocurrió mediante la compraventa en comunidad de bienes de la
residencia matrimonial con una cuota del 50% para cada
cónyuge, pero solamente el señor Matos Rivera obligándose

como d eudor hipotecario.
Paralelamente, bajo la Cláusula Diecisiete (17) de la

escritura de capitulaciones , los entonces esposos
convinieron que los atrasos o las deudas privativas de cada

uno no afectaría n los bienes o el crédito del otro cónyuge.
De igual for ma, al amparo d el texto de la Cláusula Dieciséis
(16) del contrato de capitulaciones , los excónyuges

convinieron en que las deudas y obligaciones individuales

contraídas por cualesquiera de ellos continuarían siendo
privativas y no podían afectar al otro cónyuge, a menos que específicamente y por escrito dicho cónyuge hubiese aceptado

dicha deuda en obligación

. Como vimos, la Peticionaria no aceptó por escrito la deuda hipotecaria, por el contrario,

no se obligó. Por consiguiente, el Recurrido asumió como
deuda privativa su obligación con el acreedor hipotecario y
se obligó personalmente a realizar los pagos mensuales del
préstamo que grava la propi edad.
Así las cosas, contrario a lo resuelto por los foros

recurridos , resolvemos que el que solamente el señor Matos
Rivera hubiese realizado los pagos hipotecarios durante la
duración del matrimonio no puede tener el alcance de privar
a la Peticionaria de su cuota de participación en el inmuebleCC

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- 0480 31

al momento de la extinción de la comunidad. Sencillamente,

esto ocurre porque su porcentaje de participación en la
titularidad del inmueble no puede responder a modo de crédito
por las deudas que el señor Matos Rivera se obligó
voluntariamente y asumió de forma exclusiva

. 74 Como resultado, y según los términos pactados en las
capitulaciones, las deudas privativas de cada cónyuge no
pueden ser consideradas como créditos al momento de liquidar

la comunidad de bienes.
Contrario a esa realidad jurídica, el foro apelativo

intermedio hizo referencia errónea a la presunción de
igualdad de cuotas y de participación proporcional de los
comuneros respecto a los beneficios y las cargas bajo el
derogado Art. 327 del Código Civil de 1930. 75 Con ello, ese
foro obvió que siempre que lo pactado no sea contrario a la
ley, la moral o el orden público, de ser clara la voluntad
de las partes contratantes e sta será vinculante y sus
términos no pueden estar supeditados o sustituirse mediante

normas supletorias. R ecordemos que solo a falta de contratos
o disposiciones especiales es que la comunidad de bienes se

74 Este análisis se extiende a todas aquellas solicitudes de crédito que de la prueba vertida en el juicio en su fondo surgió fueron deudas privativas, com o los préstamos personales y el financiamiento de muebles. Asimismo, se clarifica que dicho resultado opera para ambos cónyuges. Entiéndase, las deudas privativas de la señora Soler Ortiz tampoco pueden ser consideradas como crédito a su favor al momento d e extinguir la comunidad.

75 Art. 327 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 1272

.CC

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- 0480 32

regirá de manera supletoria por las disposiciones del Código
Civil aplicables a la comunidad de bienes

. 76
Por todo ello, resolvemos que los foros recurridos
erraron al adjudica r el 100% de titularidad del inmueble en
común al señor Matos Rivera por ello ser contrario a los
términos contratados por los excónyuges al momento de
seleccionar su régimen matrimonial y de comprar e hipotecar
el referido bien. Resolver lo contrario, y c omo muy bien
alegó la Peticionaria, sería convertirla mediante fiat
judicial en deudora obligacional e hipotecaria, a pesar de
haber sido un gravamen contraído exclusivamente por el señor
Matos Rivera al momento de la compraventa.
Por otra parte, es merit orio señalar que, en toda acción
judicial de partición de una comunidad de bie nes , es
necesario realizar ciertas operaciones particionales previas
para así poder lograr el ejercicio final de adjudicación. De
esta forma, la operación inicial de inventario y avalúo
requerirá identificar y tasar cada uno de los bienes
pertenecientes a la comunidad. 77 E n específico, el avalúo
requerirá la valoración del estado del bien al momento de la
partición. 78 Dicha operación permitirá conocer la cuantía
bruta de las participaciones indivisas de los cotitulares. 79

76 Art. 326 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 1271.

77 Véase, José Ramón Vélez Torres , op. cit

. , pág. 523

.

78 Íd.

79 Íd.CC

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- 0480 33

Surge de un examen de autos que , durante el juici o en

su fondo , ninguna de las partes presentó un informe de
tasación o algún perito que consignara el valor actual del
inmueble común objeto de la solicitud de liquidación. 80
Determinamos que esto fue un asunto material que infringió

en la correcta resoluc ión del pleito, puesto que el foro
adjudicador no tuvo ante sí todos los elementos para poder
determinar el valor de la participación de cada uno de los
comuneros y así completar la partición. 81 Por lo tanto, y más
allá del error cometido respecto a la adj udicación de
titularidad, no cabe duda que la determinación final de los
foros recurridos se fundamentó en un cómputo especulativo

sobre el valor de las cuotas indivisas que al final tuvo el
efecto de privar a la Peticionaria de su participación en el
inmueble sin llevarse a cabo el procedimiento adecuado.
En consecuencia, se devuelve el caso al foro primario para que se realice la operación particional según nuestros

80 De una revisión de autos surge que e l 15 de noviembre de 2019, el foro primario ordenó al señor Matos Rivera a notificar el informe del perito tasador anunciado en la Conferencia Inicial y a la señora Soler Ortiz a anunciar el nombre y credenciales de su perito tasador o cualquier otro, así como a notificar su informe pericial. Véase, Exhibit 6, Solicitud de Certiorari , pág.21. Sin embargo, en la Sentencia se mencionó que “ninguna de las partes presentó ni ofreció prueba sobre la valoración de la propiedad ”

. Íd. , Exhibit, 14, pág. 108.

81 Cf ., Regla 23 (c)(4) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. (“El tribunal tendrá facultad para citar testigos periciales ajenos a los de las partes con sujeción a aquellas condiciones que discrecionalmente considere apropiadas, incluyendo el disponer su comp ensación por uno o amb a s partes litigantes”).CC

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lineamientos previos, lo que incluye realiz ar el inventario y tasación del inmueble y reconocerle a la Peticionaria su participación en la titularidad de l bien inmueble , de

con formidad con lo resuelto en esta Opinión . Como resultado,
se deja sin efecto la o rden que emitiera el foro primario al
Registrador de la Propiedad para la inscripción del referido

inmueble.

Finalmente , la Peticionaria sostuvo que los foros

recurridos erraron al concederle un crédito al señor Matos Rivera de $5,688.00 en concepto de renta por el period o que
la señora Soler Ortiz usó exclusivamente el inmueble en

común. Al respecto , la Peticionaria manifestó que el hecho

de que como comunera adviniera en la posesión como
consecuencia de una orden de protección contra el Recurrid o no es causa para justifi car un crédito por dicha posesión

exclusiva

. 82 Por ello, adujo que los foros erraron en
establecer que la presentación de la demanda constituyó un
acto obstativo, máxime cuando el señor Matos Rivera se allanó
a la orden que le impuso el desalojar la reside ncia
conyugal. 83 Adelantamos que no le asiste la razón a la
Peticionaria, pues el error no fue cometido. Veamos.

82 La referida Orden de Protección tuvo una vigencia de un año, desde el 26 de noviembre de 2018 a 26 de noviembre de 2019.

83 Véase, Exhibit 11, Orden de Protección , Solicitud de Certiorari , págs. 79

- 84.CC

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- 0480 35

Según expresamos, este Tribunal ha reconocido que en

una comunidad de bienes los comuneros están impedidos de
utilizar la cosa común para su pa rticular y exclusivo

beneficio sin pagar una adecuada compensación a la

comunidad. 84 Ello se da porque el uso exclusivo del bien común
por uno solo de los comuneros es contrario a los principios
elementales de derecho basados en la equidad, los cuales no
permiten el enriquecimiento injusto

. 85 Por ello, se reconoce que el uso de un bien común para el beneficio exclusivo de uno de los comuneros conllevará el pago de un a compensación

a la comunidad

. 86
Es preciso señalar que hemos reconocido dificultades
inherentes al momento de determinar desde qué momento se
entiende que un comunero excluyó al otro de su participación
en el bien común y, por lo tanto, tendrá el deber de
compensar. Al respecto, este Tribunal ha manifestado que el “análisis requiere un examen detenido de los hechos de cada

caso y, forzosamente, que se tome en consideración la

relación entre los comuneros ”. 87

84 Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador , supra, pág. 205 ; Díaz v. Aguayo , supra, págs. 813

- 814; De La Fuente v. A. Roig Sucrs. , supra, pág. 534

.

85 Rivera Lamberty v. Rodríguez Amador , supra, pág. 207; Díaz v. Aguayo , supra, pág

. 814.

86 De la Fuente v. A. Roig Su crs. , supra , pág. 534

.

87 (Negrillas suplidas). Molina González v. Álvarez Gerena , supra , pág. 457.CC

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En cuanto a esto último, no existe controversia con
respecto a que los entonces cónyuges señor Matos Rivera y
señora Soler Ortiz adquirieron el bien inmueble en comunidad
pro indiviso para ser utilizado como residencia conyugal.
Por ello, en la referida es critura de compraventa también

solicitaron al Registrador de la Propiedad la inscripción de
su derecho a hogar seguro al amparo de la Ley Núm. 195

- 2011,

conocida como Ley del Derecho a la Protección del Hogar
Principal y el Hogar Familiar , ( Ley Núm. 195

- 20 11 ) , 31 LPRA

sec. 1858 et seq

. 88

88 Véase, Exhibit 9, Solicitud de Certiorari , pág. 45. Es pertinente clarificar que la Ley Núm. 195

- 2011 establece como política pública el asegurar que todo individuo domiciliado en Puerto Rico goce de protección que cobije la posesión y el disfrute de su residencia principal contra el riesgo de ejecución de esa propiedad

. La protección económica se dirige e xclusivamente a dictar las reglas para proteger el derecho a hogar seguro de las ventas promovidas por acreedores en virtud de una sentencia o ejecución

. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 195

- 2011. Es decir, el derecho de hogar seguro protegerá a la pro piedad de embargo, sentencia o ejecución enmarcada en las obligaciones entre acreedor y deudor. Por otra parte, también en nuestro ordenamiento se le reconoce al cónyuge que por razón de divorcio se le conceda la custodia de los hijos del matrimonio el de recho a reclamar como hogar seguro la vivienda matrimonial perteneciente a la sociedad legal de gananciales. Art. 109A del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 385 a . A su vez, basado en normas de equidad y política pública hemos extendido este derecho de hogar seguro a la vivienda familiar habitual, aunque no constituya un bien ganancial, sino un bien común entre los excónyuges o constituya el bien privativo de uno de los progenitores. Candelario Vargas v. Muñiz Díaz , 171 DPR 530, 545 (2007). Si bien la Peticionaria no planteó este reclamo de hogar seguro ante el foro primario, y aunque como regla general un tribunal apelativo no debe entrar a resolver cuestiones no pl anteadas a nivel de primera instancia, en este caso a
manera de excepción sí lo haremos , pues en miras de impartirCC

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Una vez disuelto el matrimonio, el señor Matos Rivera
presentó la demanda de liquidación de comunidad de bienes y solicitó una suma líquida correspondiente al tiempo en que fue privado del uso y disfrute del inmueble común

. E n su
sentencia, el tribunal de primera instancia determinó como
un hecho que, desde noviembre de 2018 cuando las partes se
separaron y hasta febrero de 2021, la señora Soler Ortiz

utilizó el inmueble de forma exclusiva . A su vez dictaminó
que debido a que las partes no presentaron prueb a de cánones
de arrendamiento comparables para el inmueble, 89 la renta a

pagarse debía computarse a razón de la mitad del pago mensual
de hipoteca ($237.00 mensuales) y desde que se presentó la
demanda en marzo de 2019 hasta febrero de 2021 (24 meses),

cua ndo el tribunal le ordenó a la señora Soler Ortiz pagar
el 50% del préstamo a modo de renta

. 90

justicia un tribunal apelativo puede considerar señalamientos que no e han esbozados desde el principio, sobre todo cuando aquí ambas partes los discutieron detalladamente en sus comparecencias ante nos. Véase, E

. L

. A

. v. Northwestern Selecta , 185 DPR 40, 55 (2012). Nótese que contrario a lo que aduce la Peticionaria , en este caso no están presentes las circunstancias que brindarían la protección al bien inmueble. En primer lugar, no se trata de una acción de un acreedor para enajenar el bien y, en segundo lugar, de una revisión cuidadosa de autos surgió que no hubo una adjudicación de custodia a ning una de las partes, puesto que el matrimonio no tuvo hijos en común. Por tanto, no tiene méritos la alegación de la Peticionaria para proteger el referido bien inmueble bajo las disposiciones de hogar seguro.

89 Véanse, Díaz v. Aguayo , supra, pág. 81 7

.

90 Por su parte, el foro apelativo intermedio confirmó el crédito en concepto de renta por uso exclusivo y resolvióCC

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Así las cosas, y evaluada la normativa aplicable
resolvemos que los foros recurridos actuaron correctamente

al reconocerle un crédito al señor Matos Rivera como compensación por el tiempo en que ha sido privado del uso y

disfrute del bien común

. Nótese que dicha compensación por
privación de uso es distinta a la deuda hipotecaria que
asumió de manera privativa el señor Matos Rivera y que
discutimos en el apartado anterior. Según consignamos, esta
compensación o crédito por privación de uso se reconoce en

nu estro ordenamiento para resarcir al comunero que fue
excluido de su posesión. 91 Tal s ituación ocurrió aquí tras

la separación matrimonial y el uso del inmueble por parte de

la señora Soler Ortiz con exclusión del Recurrido como

comunero.
Ahora bien, surge de la orden de protección estipulada
que el se ñor Matos Rivera se allanó voluntariamente a
desalojar la residencia. Por lo tanto, no fue la Peticionaria
quien inicialmente excluyó a su excónyuge del uso y disfrute
de la propiedad proindiviso, sino la orden de protección
misma. Como mencionáramos anteriormente, el comunero que

que durante la vigencia de la orden de protección no se excluyó al señor Matos Rivera del uso y disfrute del bien común, y que, por tanto, fue a partir de la presentación de l a demanda que se materializó el requerimiento afirmativo al solicitar la renta. Véase, Sentencia , Apéndice, Solicitud de Certiorari , pág. 469.

91 Véanse, Díaz v. Aguayo , supra, págs. 8 13

- 814; Soto López v. Colón , 143 DPR 282 (1997); De La Fuente v. A. Roig Sucrs ., supra, pág. 534.CC

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alega haber sido excluido de su participación en la comunidad

deberá identificar un acto obstativo que exhiba tal exclusión
o, por el contrar io, un requerimiento afirmativo del comunero
que alega ser excluido. 92 Si bien es cierto que el Recurrido
presentó la demanda en marzo de 2019 y ello representó el
requerimiento afirmativo requerido por la jurisprudencia,
esta fecha no puede utilizarse com o punto de partida para el
cómputo, pues surge de autos que la referida orden venció en

noviembre de ese mismo año. Así, en el ejercicio de nuestra
función revisora resolvemos que el mencionado canon no puede
incluir para su cómputo los periodos en que la orden de
protección estuvo vigente

. Por esta razón , se ordena al foro

de primera instancia a modificar la suma concedida según

nuestros lineamientos.

IV.
Por los fundamentos que anteceden, se revoca n parcialmente la s Sentencias de los foros recurridos. En
consecuencia, se devue lve el caso al Tribunal de Primera
Instancia para que continúe con los procedimientos de forma
compatible con lo aquí resuelto. En específico, el foro primario deberá realizar la operación particional segú n nuestros lineamientos previos, lo que incluye realizar el inventario y tasación del inmueble , reconociéndole a la Peticionaria su participación en la titularidad del referido

92 Molina González v. Álvarez Genera , supra, págs. 456

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bien, de conformidad con lo resuelto en esta Opinión

. De igual forma, deberá mo dificar el crédito concedido por
concepto de uso exclusivo del bien común , según lo aquí

reseñado. Como resultado, se deja sin efecto la Orden que
emitiera el foro primario al Registrador de la Propiedad de
Toa Alta para la inscripción del referido inmueble a nombre

del señor Matos Rivera.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Luis F. Estrella Martínez Juez AsociadoEN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Juan Matos Rivera

Recurrido

v.
Aleida Soler Ortiz

Peticionaria CC

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Sentencia
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 202 4

. Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente S entencia , se revocan parcialmente las Sentencias de los foros recurridos. En consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Garcí a no intervino.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo