Número Identificador

SEN2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

DR. PORFIRIO RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ Y OTROS

Parte Recurrida

v.

UNIVERSAL INSURANCE 

COMPANY

Parte Peticionaria

KLCE202400538

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Bayamón

Civil Núm.:

BY2022CV04425

Sobre:

Incumplimiento 

de Contrato

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de julio de 2024.

Comparece Universal Insurance Company (Universal) 

mediante el presente recurso de certiorari y solicita que revoquemos 

la Resolución emitida el 8 de febrero de 2024, y notificada el 9 de 

febrero de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

Superior de Bayamón. Mediante el referido dictamen el foro primario 

denegó la solicitud de sentencia sumaria promovida por Universal, 

al concluir que existen controversias sobre hechos medulares del 

caso que deben dilucidarse en un juicio en su fondo, y no mediante 

el mecanismo de sentencia sumaria.

La parte recurrida (Dr. Porfirio Rodríguez González, la señora 

Zoraida Colón, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos y el Hogar Juan de Dios) presentaron su escrito en Oposición 

a Expedición a Auto de Certiorari.

Examinado el recurso, así como el escrito en oposición, y a

tenor con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, y los criterios (A), (C) y (E) de la Regla 40 de nuestro 
KLCE202400538 2

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la resolución recurrida.

I.

El 30 de agosto de 2022, el Dr. Porfirio Rodríguez González, la 

señora Zoraida Colón, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos y el Hogar Juan de Dios (en conjunto, Dr. Rodríguez 

González), incoaron una demanda sobre incumplimiento de contrato 

y daños y perjuicios contra Universal (civil núm.BY2022CV04425).

El Dr. Rodríguez González alegó que es el administrador del centro 

de envejecientes Hogar Juan de Dios y que, allá para el 17 de febrero 

de 2014, la Sra. Carmen D. Mateo Molina sufrió una caída mientras 

se encontraba recluida en la referida institución. Según adujo, para 

la fecha de los hechos, el Hogar Juan De Dios estaba cubierto por la 

póliza de responsabilidad general comercial número 560-

000307882 expedida por Universal, razón por la cual solicitó 

cubierta y defensa a la aseguradora al amparo de la póliza. Expuso 

que Universal denegó la petición “a raíz de las alegaciones” de la 

demanda civil en daños y perjuicios instada en otro pleito por los

miembros de la sucesión de la Sra. Carmen D. Mateo Molina contra 

el Dr. Rodríguez González con motivo del mismo accidente sufrido 

por ésta en el hogar, lo que dio lugar a que instara la presente 

reclamación. 

El 7 de noviembre de 2022, Universal presentó una Solicitud 

de Sentencia Sumaria. En síntesis, argumentó que en el presente 

caso opera la doctrina de res judicata en sus modalidades de 

impedimento colateral por sentencia y fraccionamiento de causas de 

acción. Ello, en vista de la sentencia parcial por desistimiento 

voluntario con perjuicio emitida a favor de Universal en el caso sobre 

daños y perjuicios instado por la Sucesión Carmen D. Mateo Molina 

y otros v. Dr. Porfirio Rodríguez González h/n/c Hogar Juan de Dios 
KLCE202400538 3

y otros, a raíz de la caída sufrida por la Sra. Carmen D. Mateo Molina 

en el mencionado lugar (civil núm. BY2019CV00538). 

En la alternativa, Universal sostuvo que la póliza suscrita a 

favor del Dr. Porfirio Rodríguez González h/n/c Hogar Juan De Dios 

tiene una cláusula de exclusión, que negaba cubierta sobre

cualquier reclamación ocasionada por falta de cuidado o negligencia 

en la prestación de servicios en la institución asegurada, como era 

el caso de la demanda del caso civil núm. BY2019CV00538.

En específico, Universal adujo que en el citado caso civil núm. 

BY2019CV00538, se alegó que la Sra. Carmen D. Mateo Molina, 

para la fecha de su caída, residía en el Hogar Juan De Dios, bajo el 

cuidado personal de dicha institución y que la causa de la caída 

fueron los actos y omisiones negligentes del Dr. Rodríguez González 

y el personal del Hogar Juan De Dios, quienes no proveyeron la 

atención y cuidados necesarios que requería la edad y condición de 

la paciente. Universal explicó que, en dicho caso civil núm. 

BY2019CV00538, el 11 de noviembre de 2020, notificada al día 

siguiente, el TPI había dictado sentencia parcial por desistimiento 

voluntario con perjuicio en cuanto a Universal como aseguradora 

del Dr. Rodríguez González y el Hogar Juan De Dios, y que la referida 

sentencia parcial había advenido final y firme. 

Entonces, a base de las alegaciones del caso civil núm. 

BY2019CV00538, Universal sostuvo que la póliza de 

responsabilidad general comercial número 560-000307882,

expedida a favor del Dr. Rodríguez González y el Hogar Juan De 

Dios, no ofrecía cubierta para los daños reclamados, por éstos estar 

expresamente excluidos en la póliza, al presuntamente haber sido 

causados en el ofrecimiento de los servicios profesionales que presta 

la institución asegurada. En virtud de ello, Universal planteó que 

conforme a las exclusiones específicas de la póliza y lo resuelto en 

Viruet et al. v. SLG Casiano Reyes, 194 DPR 271 (2015), en el 
KLCE202400538 4

presente caso debía dictarse sentencia sumaria desestimatoria a su 

favor. 

El 8 de diciembre de 2022, el Dr. Rodríguez González presentó 

su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, mediante la cual 

sostuvo que existía controversia sobre si la póliza de responsabilidad 

general comercial número 560-000307882 ofrece cubierta para los 

hechos alegados en la demanda del caso civil núm. 

BY2019CV00538, asunto que solamente se podía dilucidar después 

de concluido el descubrimiento de prueba en el caso ante nuestra 

consideración.

Evaluados los escritos, el 8 de febrero de 2024, el TPI emitió 

la Resolución recurrida. En específico, el tribunal enumeró las 

siguientes catorce (14) determinaciones de hechos incontrovertidos:

1. Universal Insurance Co., suscribió la póliza comercial 

y de responsabilidad pública número 560-000307882 a 

favor de Porfirio Rodríguez González (DR) DBA Hogar de 

Envejecientes, con vigencia del 10/12/2013 al 

10/12/2014, clasificación Health Care Facilities –

Home for the Aged.

2. El acuerdo de seguro de la póliza de responsabilidad 

pública número 560-000307882, dispone lo siguiente:

SECTION I- COVERAGES: 

Coverage A-Bodily Injury And Property Damage 

Liability 

1. Insuring Agreement 

a. We will pay those sums that the insured 

becomes legally obligated to pay as damages 

because of "bodily injury" or "property damage" 

to which this Insurance applies. We will have the 

right and duty to defend the insured against any 

"suit" seeking those damages. However, we will 

have no duty to defend the insured against any 

"suit" seeking damages for "bodily injury" or 

"property damage" to which this insurance does 

not apply. We may, at our discretion, investigate 

any "occurrence" and settle any claim or "suit" 

that may result. But: 

1. The amount we will pay for damages is 

limited as described in Section III – Limits 

Of Insurance; and 

2. Our right and duty to defend ends when 

we have used up the applicable limit of 
KLCE202400538 5

insurance in the payment of judgments or 

settlements under Coverage A or B or 

medical expenses under Coverage C. No 

other obligation or liability to pay sums or 

perform acts or services is covered unless 

explicitly provided for under 

Supplementary Payments – Coverage A and 

B.

3. La póliza de responsabilidad pública número 560-

000307882 a nombre del Hogar Juan de Dios, incluye 

como endoso de exclusión la forma CG2244 Exclusion 

– Services Furnished By Health Care Providers, la cual 

lee como sigue:

This endorsement changes the policy. Please 

read it carefully.

EXCLUSION – SERVICES FURNISHED BY 

HEALTH CARE PROVIDERS

This endorsement modifies insurance provided 

under the following:

COMMERCIAL GENERAL LIABILITY 

COVERAGE PART

a. SCHEDULE 

... 

The following exclusion is added to Paragraph 

2., Exclusions of COVERAGE A – BODILY 

INJURY AND PROPERTY DAMAGE LIABILITY 

(Section I – Coverages) and paragraph 2., 

Exclusions of COVERAGE B – PERSONAL AND 

ADVERTISING INJURY LIABILITY (Section I –

Coverages):

With respect to any operation shown in the 

Schedule, this insurance does not apply to 

“bodily injury”, “property damage”, “personal 

injury” or “advertising injury” arising out of:

1.The rendering or failure to render: 

i. Medical, surgical, dental, x-ray or 

nursing service, treatment, advice or 

instruction, or the related furnishing of 

food or beverages; 

ii. Any health or therapeutic service, 

treatment, advice or instruction; or iii. Any 

service, treatment, advice or instruction for 

the purpose of appearance or skin 

enhancement, hair removal or replacement 

or personal grooming.

4. Además, la póliza de responsabilidad pública número 

560-000307882 a nombre del Hogar Juan de Dios tiene 

el endoso CG-21 16 “Exclusion - Designated 

Professional Services”, el cual excluye de cubierta 

cualquier reclamación ocasionada por los servicios que 
KLCE202400538 6

presta el asegurado en la institución asegurada, la cual, 

en lo pertinente, lee como sigue:

CG-21 16 Designated Professional Services 

EXCLUSION – DESIGNATED PROFESSIONAL 

SERVICES

This endorsement modifies insurance provided under 

the following: COMMERCIAL GENERAL LIABILITY 

COVERAGE PART. SCHEDULE 

Description of Professional Services: 

(If no entry appears above, information required to 

complete this endorsement will be shown in the 

Declarations as applicable to this endorsement.) 

With respect to any professional services shown in the 

Schedule, the fallowing exclusion is added to Paragraph 

2. Exclusions of Section I – Coverage A – Bodily Injury 

and Property Damage Liability and Paragraph 2., 

Exclusions of Section I – Coverage B – Personal and 

Advertising Injuring Liability: This insurance does not 

apply to "bodily injury," "property damage," "personal 

injury," or "advertising injury" due to the rendering or 

failure to render any professional service. (Énfasis 

nuestro.)

5. La parte demandante señala en su actual demanda 

que recibió una reclamación, donde se alegó que la Sra. 

Carmen D. Mateo Molina, sufrió una caída, en el Hogar 

Juan de Dios, el 17 de febrero de 2014, la cual notificó 

a Universal.

6. Sobre dicha reclamación, el 5 de febrero de 2019, se 

presentó la demanda civil, en daños y perjuicios, 

Sucesión Carmen D. Mateo Molina y otros v. Dr. Porfirio 

Rodríguez González h/n/c Hogar Juan de Dios y otros, 

caso civil núm. BY2019CV00538, de la cual el Dr. 

Porfirio Rodríguez, como director y dueño del Hogar 

Juan de Dios, Zoraida Colon, la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos y Universal 

Insurance Co., como su aseguradora, fueron incluidos 

como parte demandada.

7. Dicha demanda fue enmendada en dos ocasiones 

consecutivas, para sustituir el nombre del 

codemandado, Hogar Juan de Dios.

8. En la referida demanda del caso civil núm. 

BY2019CV00538, se alegó que la señora Mateo Molina, 

para la fecha de su caída, residía en el Hogar Juan de 

Dios, bajo el cuidado del personal de dicha institución 

y que la causa de la caída de la señora Mateo Molina 

fueron los actos y omisiones negligentes del doctor 

Rodríguez González, y el personal del Hogar Juan de 

Dios, quienes no proveyeron la atención y cuidado 

necesario que requería la edad y condición de ésta.

9. La parte aquí demandante, en el caso civil núm. 

BY2019CV00538 contestó la Segunda demanda 
KLCE202400538 7

enmendada, el 2 de junio de 2022, aceptando que la 

señora Mateo Molina era residente del Hogar Juan de 

Dios, al momento de la alegada caída y negando la 

negligencia.

10. Universal, en el caso civil núm. BY2019CV00538, 

presentó una solicitud de sentencia sumaria, donde 

planteó que, conforme las exclusiones específicas de la 

póliza a nombre del Dr. Porfirio Rodríguez González y 

del hogar, así como lo resuelto por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico en Viruet Candelaria v. City of Angels, 

Inc., 194 DPR 271 (2015), debía dictarse sentencia 

sumaria parcial, a su favor.

11. El Dr. Porfirio Rodríguez González, la Sra. Zoraida 

Colón y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos, así como el Hogar Juan de Dios, 

siendo parte del caso civil núm. BY2019CV00538, no 

presentaron oposición alguna a la solicitud de sentencia 

sumaria, presentada por Universal.

12. El 6 de noviembre de 2020, la parte demandante en 

el caso civil núm. BY2019CV00538, presentó una 

moción de desistimiento voluntario, con perjuicio, 

contra Universal Insurance Company.

13. El 11 de noviembre de 2020, notificada el 12 de 

noviembre de 2020, en el caso civil núm. 

BY2019CV00538, se dictó Sentencia Parcial, 

archivando la demanda, con perjuicio, en cuanto a 

Universal Insurance Company, como aseguradora del 

Dr. Porfirio Rodríguez González y/o el Hogar Juan de 

Dios.

14. La Sentencia Parcial del 11 de noviembre de 2020, 

en el caso civil núm. BY2019CV00538, no fue apelada 

y hoy es final y firme. (Énfasis en el original).

Asimismo, el TPI delimitó varias controversias de hechos

materiales que ameritaban ser dirimidas en un juicio en su fondo, a 

decir:

1. Si la póliza a nombre del demandante contiene más 

de una exclusión aplicable a los hechos de este caso, 

que impide que Universal ofrezca cubierta y defensa en 

el caso original (BY2019CV00538).

2. Si la causa de la caída de la señora Carmen D. Mateo 

Molina fueron los actos y omisiones supuestamente 

negligentes del doctor Rodríguez González, y el personal 

del Hogar Juan de Dios, quienes según se alega, no 

proveyeron la atención y cuidado necesario que 

requería la edad y condición de ésta.

Así pues, en la Resolución, el TPI concluyó que la alegación de 

res judicata debía establecerse mediante preponderancia de 

evidencia y no mediante la mera presentación de una sentencia. 
KLCE202400538 8

Coligió que la sentencia de desistimiento en el caso civil núm. 

BY2019CV00538, aludida por Universal, no adjudicó controversia 

alguna respecto a la póliza en controversia, sino que solamente 

acogió el desistimiento voluntario. Por tanto, el TPI resolvió que la 

defensa de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral 

por sentencia resultaba inaplicable al caso de autos. De igual modo, 

el TPI resolvió que no se cumplían los requisitos de la modalidad de 

cosa juzgada por fraccionamiento, puesto que entre el caso civil 

núm. BY2019CV00538 y el presente caso no existe identidad en las 

causas y las personas de los litigantes, ni en la calidad en que lo 

fueron. Por último, el TPI concluyó que existían controversias sobre 

los hechos medulares del caso, lo que hacía inapropiado utilizar el 

mecanismo procesal de sentencia sumaria para disponer del pleito. 

De tal forma, denegó la solicitud de sentencia sumaria promovida 

por Universal. 

En desacuerdo con dicha determinación, el 26 de febrero de 

2024, Universal presentó una Moción de Reconsideración a 

Resolución sobre Sentencia Sumaria. En cumplimiento con una 

orden del TPI, el Dr. Rodríguez González presentó su escrito en 

oposición a la reconsideración solicitada por Universal.

El 17 de abril de 2024, el TPI notificó la Resolución emitida el 

15 de abril de 2024, mediante la cual declaró “sin lugar” la moción 

de reconsideración promovida por Universal.

Inconforme, el 17 de mayo de 2024, Universal acudió ante este 

Tribunal y apuntó el siguiente señalamiento de error:

Erró el Tribunal de Instancia al dejar de resolver la 

solicitud de sentencia sumaria conforme a derecho, a 

pesar de que no existe una controversia de hechos 

materiales que lo impida. 

Por su parte, en su escrito en Oposición a Expedición de Auto 

de Certiorari, el Dr. Rodríguez González, expuso las razones por las 
KLCE202400538 9

cuales entiende que el recurso no cumple con los criterios para su 

expedición. 

II.

A.

El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36 

de Procedimiento Civil1 permite al tribunal disponer de un caso sin 

celebrar vista en su fondo.2

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil3, establece que una 

moción de sentencia sumaria debe estar fundada en declaraciones 

juradas, o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes.4 Por 

tanto, el Tribunal podrá dictar sentencia sumaria si de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones, interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, junto a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surge que no exista ninguna controversia real sobre los 

hechos materiales y esenciales del caso y solo resta por resolver una 

controversia de estricto derecho.5

En otro extremo, la sentencia sumaria resulta improcedente 

cuando: (1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 

(2) haya alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido 

refutadas; (3) surja de los propios documentos que se acompañan 

con la moción una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial, o (4) como cuestión de derecho, no proceda.6

1 32 LPRA Ap. V, R. 36.

2 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR 310, 334 (2021); León Torres 

v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 

932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 

3 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.

4 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, pág. 335; Rodríguez García v. 

UCA, 200 DPR 929, 940 (2018).

5 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); León Torres v. Rivera Lebrón, supra; SLG ZapataRivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et 

al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006).

6 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, págs. 335-336; Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

117 DPR 714 (1986).
KLCE202400538 10

La parte promovida tiene el deber de refutar los hechos 

alegados, con prueba que controvierta la exposición de la parte que 

solicita la sentencia sumaria.7 En este sentido, la parte que desafía 

una solicitud de sentencia sumaria no puede descansar en las 

aseveraciones o negaciones consignadas en su alegación. Dicha 

parte está obligada a controvertir la moción de su adversario de 

forma tan detallada y específica como lo ha hecho el promovente en 

su solicitud, ya que, de no hacerlo, corre el riesgo de que se dicte 

sentencia sumaria en su contra, de proceder en derecho.8

Sin embargo, el hecho de que la otra parte no presente prueba 

que controvierta la evidencia presentada por la parte promovente de 

la moción de sentencia sumaria, no implica necesariamente que 

dicha moción procederá automáticamente si realmente existe una 

controversia sustancial sobre hechos esenciales y materiales.9

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma.10 A tono con este principio, el Tribunal 

Supremo ha indicado que, “[a]l considerar la moción de sentencia 

sumaria se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos que 

consten en los documentos y las declaraciones juradas ofrecidas por 

la parte promovente.”11

En el caso de un foro apelativo, este debe utilizar los mismos 

criterios que el tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, sin embargo: (1) sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia; y 

7 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, pág. 336; León Torres v. Rivera 

Lebrón, supra, pág. 44; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215.

8 León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 43.

9 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, pág. 337.

10 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 300; Corp. Presiding Bishop CJC 

of LDS v. Purcell, supra, pág. 721.

11 Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).
KLCE202400538 11

(2) sólo puede determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta.12

Así pues, por estar en la misma posición que el foro primario 

al momento de revisar las solicitudes de sentencia sumaria, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar específico, 

que, como foro apelativo, debemos utilizar. A tales efectos, en

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas13, indicó que, de entrada, 

debemos revisar que tanto la moción de sentencia sumaria, así como 

su oposición, cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil.14 Subsecuentemente, si existen 

hechos materiales controvertidos, “el foro apelativo intermedio tiene 

que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 

y debe exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 

que están en controversia y cuáles están incontrovertidos”.15 Por el 

contrario, si encontramos que los hechos materiales del caso son 

incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario aplicó 

correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo 

ante sí.16

El mecanismo de sentencia sumaria es un remedio 

discrecional que procederá solo cuando el tribunal quede 

claramente convencido de que tiene ante sí documentos no 

controvertidos, que no existen controversias sobre hechos 

materiales y esenciales, y que, por lo tanto, lo que resta es aplicar el 

derecho, ya que una vista en los méritos resultaría innecesaria.17

12 SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, págs. 337-338; Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012).

13 193 DPR 100 (2015).

14 Íd., pág. 118.

15 Íd., pág. 119.

16 Íd.

17 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). Véase, además, González Santiago 

v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Pérez Vargas v. Office Depot, 203 

DPR 687, 699 (2019).
KLCE202400538 12

Hay que señalar que una sentencia sumaria, por constituir 

una decisión en los méritos es el precedente de cosa juzgada18

cuando se opone entre partes debidamente relacionadas.19 Por ello, 

se ha advertido que, antes de resolver una controversia por la vía 

sumaria, el juzgador habrá de discernir cuidadosamente al respecto, 

pues “mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de 

su ‘día en corte’, principio elemental del debido proceso de ley”20. 

B.

La industria de seguros es considerada como una de alto 

interés público, debido a la importancia que implican los seguros en 

nuestra estabilidad social.21

El Artículo 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico 

establece que, mediante el contrato de seguros, “una parte se obliga 

a indemnizar a otra, a pagarle o a proveerle un beneficio específico 

o determinable al producirse un suceso incierto previsto en el 

mismo”.

22 Por ende, su propósito principal es “indemnizar y proteger 

al asegurado mediante el traslado del riesgo a la aseguradora si 

ocurre un evento específicamente pactado en el contrato”.

23 Dicho 

de otro modo, “a cambio del pago de una prima, se transfiere el 

riesgo de un evento específico a la aseguradora, quien está obligada 

a cubrir los daños económicos por los que el asegurado deba 

responder”.

24 De igual forma, el Tribunal Supremo ha sostenido que 

la aseguradora “no responde por toda gestión imaginable del 

18 El efecto de la aplicación de la doctrina de cosa juzgada es que la sentencia 

emitida en un pleito anterior impide que se litiguen posteriormente, entre las 

mismas partes y sobre las mismas causas de acción y cosas, las controversias ya 

litigadas y adjudicadas, y aquellas que se pudieron haber litigado. Mun. De San 

Juan v. Bosque Real, S.E., 58 DPR 743, 769 (2003).

19 Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 335.

20 González v. Alicea, Dir. Soc. Asist. Legal, 132 DPR 638, 646-647 (1993).

21 Rivera Matos el al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1019 (2020); R.J. Reynolds 

v. Vega Otero, 197 DPR 699, 706 (2017).

22 26 LPRA sec. 102; ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 280 (2020); Rivera 

Matos el al. v. Triple-S et al., supra, pág. 1020.

23 Rivera Matos et al. v. ELA, supra, citando a R.J. Reynolds v. Vega Otero, 197 

DPR 699, 707 (2017).

24 OSC v. CODEPOLA, 202 DPR 842, 859 (2019); Savary et al. v. Mun. Fajardo et 

al., 198 DPR 1014, 1023 (2017).
KLCE202400538 13

asegurado”, circunscrita la cubierta a lo acordado por las partes en 

la póliza.25

Conforme dispone el propio Código de Seguros, se denomina 

póliza el documento donde se consignan los términos que rigen el 

contrato de seguro. Art. 11.140 del Código de Seguros.

26 En primera 

instancia las cláusulas de una póliza se interpretarán de manera 

global, examinando el conjunto total de las disposiciones, términos 

y condiciones vigentes a la fecha que se juzgue relevante.27

Además, se ha establecido que “[t]odo contrato de seguro 

deberá interpretarse globalmente, a base del conjunto total de sus 

términos y condiciones, según se expresen en la póliza y según se 

hayan ampliado, extendido, o modificado por aditamento, endoso o 

solicitud adherida a la póliza y que forme parte de ésta”. Artículo 

11.250 del Código de Seguros de Puerto Rico.

28 Asimismo, los 

términos utilizados en la póliza o el contrato de seguro se 

entenderán en su significado común y corriente, conforme al uso 

popular o general de las palabras.29

El contrato de seguros se considera un contrato de adhesión. 

Por ello, toda cláusula ambigua debe ser interpretada de forma 

liberal y a favor del asegurado.30 Sin embargo, también es necesario 

examinar si existen cláusulas de exclusión en el contrato mediante

las cuales la aseguradora limita la cubierta provista, exceptuando 

determinados eventos, riesgos o peligros.31

Como regla general, las cláusulas de exclusión son 

desfavorecidas, por lo que deben interpretarse restrictivamente en 

25 R.J. Reynolds v. Vega Otero, supra, pág. 710.

26 26 LPRA sec. 1114(1).

27 Art. 11.250 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1125; Rivera Matos, et al. v. 

Triple-S et al., supra, pág. 1020, citando a R.J. Reynolds v. Vega Otero, supra; 

págs. 707-708, y Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271, 279 (2015).

28 26 LPRA sec. 1125; Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra, pág. 1020.

29 Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra. 

30 Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra, pág. 1021.

31 Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra; Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 

194 DPR 271, 279 (2015).
KLCE202400538 14

contra del asegurador.32 No obstante, al igual que la interpretación 

del resto de la póliza, “si los términos de las cláusulas de exclusión 

son claros y aplican a una situación determinada, no podrá 

responsabilizarse a la aseguradora por aquellos riesgos 

expresamente exceptuados”.

33

En vista de lo anterior, el Tribunal Supremo ha advertido que 

corresponde a la aseguradora el peso probatorio para evidenciar la 

aplicación de alguna exclusión.34

C.

En Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271 (2015), el 

Tribunal Supremo analizó si procedía la desestimación de la 

demanda de daños en cuanto a una aseguradora demandada que 

había expedido una póliza de responsabilidad comercial general, que 

contenía una cláusula de exclusión de servicios profesionales. En 

ese caso, una paciente que no podía moverse por sí sola y que se 

encontraba bajo el cuidado de un centro de cuido de personas de 

edad avanzada, ingirió unos pedazos de plástico y sufrió una 

obstrucción intestinal que requirió hospitalización. A raíz de esos 

eventos sus familiares presentaron una demanda sobre daños y 

perjuicios en contra del centro de cuido. Adujeron que la empresa 

fue negligente al no brindar los servicios de cuidado adecuados y no 

estar pendiente del bienestar de la paciente. 

La aseguradora demandada solicitó la desestimación de la 

causa de acción en su contra alegando que la conducta que dio base 

a la demanda estaba comprendida entre las exclusiones de la póliza, 

por haber surgido como resultado de la prestación de servicios 

profesionales o de salud. Los familiares de la paciente se opusieron 

razonando que su reclamación no se fundamentaba en la 

32 Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, supra.

33 Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra, págs. 1021-1022 citando a Viruet et 

al. v. SLG Casiano-Reyes, supra.

34 Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra, pág. 1022.
KLCE202400538 15

negligencia en el tratamiento médico, sino en la negligencia de no 

velar por la seguridad de la paciente. 

El asunto por resolver ante el Tribunal Supremo radicó en 

determinar si, a tenor con las exclusiones de la póliza expedida por 

la aseguradora a favor del centro de cuido, existía cubierta para los 

eventos consignados en la demanda.

Tras exponer la norma aplicable a los contratos de seguros, el

Tribunal Supremo destacó la siguiente distinción:

El seguro de responsabilidad civil o pública, como es el 

caso del seguro de Responsabilidad Comercial General, 

protege al asegurado ante un tercero que ha sufrido 

daños por su causa. Integrand Assurance v. CODECO et 

al., 185 DPR 146 (2012). “[E]l asegurador se 

compromete, conforme a las condiciones estipuladas en 

el contrato, a indemnizar a un tercero por aquellos 

daños y perjuicios que le ha causado el asegurado”. 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 900.

Existe otra categoría de pólizas, denominadas de 

“Responsabilidad Profesional”, que protegen al 

asegurado “contra la responsabilidad legal de éste por 

los daños o lesiones causadas a terceras personas como 

consecuencia del rendimiento negligente de sus 

servicios profesionales”. Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 

DPR 675, 690 (2001). Como regla general, las pólizas de 

responsabilidad pública comercial no cubren 

reclamaciones basadas en servicios profesionales. 

Véanse: B.R. Ostrager y T.R. Newman, Handbook on

Insurance Coverage Disputes, 10ma ed., Nueva York, 

Aspen Law & Business, 2000, Sec. 7.02[b][6], pág. 319; 

S.T. Devenney y G. Bundschuh, Is the Line Blurring 

between General and Professional Liability?, 29 Constr. 

Law 15 (Spring, 2009). Los riesgos concernientes a estos 

servicios típicamente se atienden a través de seguros de 

responsabilidad profesional. Tri-Etch, Inc. v. Cincinnati 

Ins. Co., 909 N.E.2d 997, 1002 (Ind. Sp. Ct. 2009). 

Véase, además, 4 New Appleman on Insurance Law 

Library Edition, Sec. 25.01[1], págs. 25-6 y 25-7 (Rel. 

11/9/2014).

En el campo de seguros, en ocasiones resulta difícil 

distinguir entre una reclamación civil basada en 

negligencia y una asentada en responsabilidad 

profesional, a fin de determinar si la causa de acción 

surge como resultado de una conducta u omisión 

asociada con la prestación de servicios profesionales.35

35 Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, supra, págs. 279-280.
KLCE202400538 16

Más adelante, el Tribunal Supremo se expresó sobre qué 

constituye un servicio profesional para propósitos de una cláusula 

de exclusión en una póliza de seguro. De tal forma, consignó:

En aquellos casos en que la póliza no incluye una 

definición del término "servicios profesionales" se utiliza 

su acepción legal. En el contexto de cláusulas de 

exclusión en materia de seguros, se ha resuelto que un 

servicio profesional conlleva una vocación, llamado, 

ocupación o empleo que supone, además, algún tipo de 

conocimiento, labor o destreza especializada. Asimismo, 

las habilidades que requiere un servicio profesional son 

predominantemente intelectuales o mentales, no físicas 

o manuales. Am. Econ. Ins. Co. v. Jackson, 476 F.3d 620 

(8vo Cir. 2007); Hurst-Rosche Engineers, Inc. v. 

Commercial Union Ins. Co., 51 F.3d 1336 (7mo Cir. 

1995); David Lerner Assoc., Inc. v. Phila. Indem. Ins. Co., 

934 F.Supp.2d 533 (E.D. N.Y. 2013); Neighborhood 

Housing Services v. Turner-Ridley, 742 F.Supp.2d 964 

(N.D. Ind. 2010).

El término "profesional" implica forzosamente el uso de 

discernimiento, según criterios inculcados mediante 

estudios o a base de algún conocimiento especializado. 

Penn Star Ins. Co. v. Real Estate Consulting Specialists, 

Inc., 1 F.Supp.3d 1168 (D. Mont. 2014). En otras 

palabras, un servicio profesional depende de si la 

persona actúa empleando el ingenio y adiestramiento 

especial propio de un profesional. David Lerner Assoc., 

Inc. v. Phila. Indem. Ins. Co., supra. A base de lo 

anterior, quedan excluidas las actividades que 

envuelven simplemente tareas físicas, manuales o 

clericales. Neighborhood Housing Services v. TurnerRidley, supra. De igual forma, resultan ineficientes las 

alegaciones de mera negligencia. Penn Star Ins. Co. v. 

Real Estate Consulting Specialists, Inc., supra. Véase, 

además, Hartford Cas. Ins. Co. v. New Hope Healthcare, 

Inc., 803 F.Supp.2d 339 (E.D. Pa. 2011). 

Por último, es importante señalar que la exclusión de 

servicios profesionales no se limita a las profesiones 

tradicionales tales como abogados, médicos, 

arquitectos e ingenieros. David Lerner Assoc., Inc. v. 

Phila. Indem. Ins. Co., supra.36

Al aplicar los principios esbozados a los hechos alegados en la 

demanda, el Tribunal Supremo sostuvo que “las alegaciones giran 

en torno a la supuesta deficiencia en el cuidado brindado a la 

[paciente] durante su estadía en [el centro de cuido demandado], lo 

cual le permitió acceso a [los pedazos de plástico]”.

37

36 Íd., págs. 280-281.

37 Íd., pág. 284. 
KLCE202400538 17

Finalmente, resolvió el Tribunal Supremo que:

A base de lo discutido anteriormente, entendemos que 

la negligencia señalada en la Demanda está cimentada 

en la omisión de servicios especializados que el Centro 

venía obligado a proveer a la [paciente]. Esta obligación 

implica necesariamente, limitar todo riesgo potencial de 

daño a través de una supervisión profesional adecuada. 

Para velar por su bienestar y seguridad, función que, 

bajo las circunstancias particulares de este caso, 

cualifica como servicios profesionales.

Por consiguiente, y por los fundamentos antes 

expresados, concluimos que la demanda invoca una 

violación a deberes profesionales. La reclamación surge 

debido a que el Centro no prestó los servicios 

especializados requeridos por la condición de la 

[paciente]. Esta omisión queda, por lo tanto, fuera de la 

cubierta, brindada en la póliza expedida por [la 

aseguradora] en función de la exclusión de servicios 

profesionales. Para efectos de este caso, el riesgo del 

cual se protege a los asegurados a través de la póliza en 

cuestión comprende únicamente aquellos daños que 

ocurran como consecuencia de una conducta negligente 

del personal del Centro, pero que surjan de actos u 

omisiones independientes a los servicios profesionales 

de cuido y supervisión que la empresa viene obligada a 

brindar a los residentes [del Centro]. (Cursivas en el 

original).38

A tenor con la norma jurídica esbozada, resolvemos. 

III.

El presente recurso versa sobre la denegatoria de una 

sentencia sumaria. Así pues, procedemos conforme al estándar de 

revisión según lo resuelto en Meléndez González v. M. Cuebas, 

supra. Así, en primer lugar, nos compete examinar si ambas partes 

cumplieron con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. 

En su Solicitud de Sentencia Sumaria, Universal solicitó la 

desestimación de la demanda incoada por el Dr. Rodríguez González 

al amparo de lo resuelto en Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, supra. 

Para sustentar su solicitud, enumeró doce (12) hechos como 

incontrovertidos. Además, para respaldar sus alegaciones 

acompañó copia de la póliza en controversia y los siguientes 

38 Íd., pág. 286.
KLCE202400538 18

documentos concernientes al caso civil núm. BY2019CV00538: (1) 

demanda, (2) demanda enmendada, (3) contestación a la demanda 

enmendada, (4) solicitud de sentencia sumaria parcial instada por 

Universal, (5) moción solicitando desistimiento voluntario con 

perjuicio contra Universal, y (6) sentencia parcial por desistimiento 

voluntario dictada el 11 de noviembre de 2020, en el caso civil núm. 

BY2019CV00538.

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria de Universal, 

concluimos que ésta cumplió con los requisitos de forma 

establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Así pues, 

correspondía al Sr. Rodríguez González refutar los hechos alegados, 

con prueba que controvirtiera la exposición de Universal. 

En su Oposición a Sentencia Sumaria, el Dr. Rodríguez 

González adujo que existía controversia en cuanto a la 

interpretación de la cláusula de exclusión de la póliza expedida a su 

favor por Universal; en específico, si la póliza excluía los hechos 

alegados en la demanda. Aseveró que la aseguradora no podía negar 

cubierta y defensa bajo la póliza basándose únicamente en las 

alegaciones de la demanda del caso BY2019CV00538. Menos aún 

sin presentar evidencia y sin que se realizara un descubrimiento de 

prueba respecto a la forma y manera en que ocurrieron los hechos,

previo a alegar que aplicaba la exclusión invocada por servicios 

profesionales. Sin embargo, el Dr. Rodríguez González no refutó los 

hechos alegados con prueba que controvirtiera la exposición de 

Universal. Éste se limitó a realizar planteamientos generales 

relacionados con los hechos materiales que Universal consignó que 

no estaban en controversia. Es decir, el Dr. Rodríguez González no 

logró controvertir los hechos propuestos por Universal. 

No obstante, solamente podría dictarse sentencia sumaria si 

no existiera ninguna controversia real sobre los hechos materiales y 

esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable lo justifica. 
KLCE202400538 19

Universal no cuestionó las determinaciones de hechos 

incontrovertidos consignadas en la decisión recurrida. Más bien, sus 

señalamientos de error van dirigidos a cuestionar la aplicación del 

derecho por parte del foro primario. Por consiguiente, ante los 

hechos incontrovertidos expuestos en el dictamen recurrido, 

debemos revisar de novo si el foro de primera instancia aplicó 

correctamente la norma jurídica pertinente a la controversia que 

tuvo ante su consideración.

De los hechos incontrovertidos expuestos en la Resolución 

recurrida surge el texto de la cláusula de exclusión de servicios 

profesionales incluida como endoso a la póliza de responsabilidad 

comercial número 560-000307882. Conforme sus propios términos, 

dicha cláusula excluye de cubierta cualquier reclamación suscitada 

por los servicios profesionales que presta el asegurado en la 

institución asegurada. 

De los hechos incontrovertidos surge además que la demanda 

presentada por el Dr. Rodríguez González emana de la negativa de 

Universal en proveer defensa y cubierta en la demanda sobre daños 

y perjuicios presentada por el incidente de la caída de la Sra. 

Carmen D. Mateo Molina mientras ésta residía en el Hogar Juan de 

Dios (civil núm. BY2019CV00538). La negligencia señalada en dicha 

demanda está basada en los actos y omisiones negligentes del Dr. 

Rodríguez González y el personal del Hogar Juan de Dios, por 

presuntamente no proveer la atención y cuidados necesarios que 

requería la edad y condición de la paciente. Dicho de otro modo, en 

esa demanda se alegó que se incumplió con el deber de velar por el

bienestar y la seguridad de la paciente, función que, bajo las 

circunstancias particulares de este caso, y a la luz de caso Viruet, 

cualifica como servicios profesionales. Por tanto, según resuelto en 

el citado caso, y en función de la exclusión de servicios profesionales

de la póliza del caso ante nuestra consideración, la omisión o 
KLCE202400538 20

negligencia en la prestación de los servicios de supervisión y 

atención necesaria a los pacientes recluidos en el Hogar Juan De 

Dios, queda fuera de la cubierta expedida por Universal a favor del 

Dr. Rodríguez González.

En fin, la prueba documental demuestra la ausencia de 

controversia sobre los hechos materiales del caso y, además, el caso 

reúne las circunstancias del caso Viruet. Los hechos en controversia 

enumerados por el TPI realmente establecen preguntas de derecho 

cuya dilucidación no requerían la celebración de un juicio. 

Por consiguiente, erró el foro primario al denegar la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por Universal. En su lugar, 

procedía acoger la moción de sentencia sumaria de Universal y 

desestimar la demanda, con perjuicio. Por tanto, resolvemos que se 

cometió el error señalado.

IV.

A la luz de lo expuesto, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la resolución recurrida. Se declara ha lugar la solicitud 

de sentencia sumaria promovida por Universal y se desestima la 

demanda con perjuicio, a la luz de lo resuelto en Viruet et al. v. SLG 

Casiano-Reyes, 194 DPR 271 (2015).

Notifíquese.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones