Número Identificador

RES2024_______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

ZAILIZ PAOLA 

AMADOR RIVERA

RECURRIDA

v.

AEROTEK como compañía 

de empleo temporero y copatrono de la Querellante y 

BRISTOL MYERS SQUIBB 

PETICIONARIOS

KLCE202400212

cons.

KLCE202400213

Certiorari procedente 

del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior 

de Arecibo

Caso Número:

AR2020CV00437

Sobre: Discrimen por 

Madre Obrera, 

Procedimiento Sumario

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera 

Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2024.

Bristol Myers Squibb y Aerotek, Inc. comparecen ante este Tribunal 

de Apelaciones mediante los recursos de certiorari de autos en los que 

impugnan la Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Arecibo. Los peticionarios aducen que el foro de instancia erró 

al no dictar sentencia sumaria, cuando no existían controversias de hecho 

que impidieran el dictamen.

Por los fundamentos a continuación, denegamos la expedición de

los recursos de certiorari.

I

El 6 de marzo de 2020, Zailiz Paola Amador Rivera (en adelante, 

recurrida) presentó una querella sobre discrimen contra los peticionarios. 

En esencia sostuvo que fue despedida discriminatoriamente de su empelo 

temporero, a consecuencia de su estado de gestación. Precisó que informó 

a su supervisora, Nilka Egipciaco, al respecto. Además, adujo que se le 

informó que el despido se debió a desviaciones a los procesos, sin 

embargo, esta alegó que no realizó dichas gestiones. Finalmente, arguyó 

que tan pronto advino en conocimiento de dicha situación informó al 

personal de los peticionarios, quienes le indicaron que continuarían a pesar 
KLCE202400212 cons. KLCE202400213 2

de ello. A pesar de estas circunstancias, señaló que los peticionarios 

mantuvieron trabajando a todos los demás empleados y a quien 

únicamente despidieron fue a ella. Por consiguiente, solicitó la reinstalación 

a su empleo, los sueldos dejados de percibir, daños y perjuicios no 

menores a $150,000.00, y una suma de igual cantidad como penalidad.

Bristol Myers contestó que no era el patrono de la recurrida, sino que 

era Aerotek. Añadió que esta ocupaba un empleo temporero por lo que su 

salida se debió a la culminación de su empleo de acuerdo con los términos 

del contrato, así como a su incumplimiento y desvío de las normas de la 

empresa. En esencia, sostuvo que el despido no obedeció razones 

discriminatorias. Por su parte, Aerotek negó la alegación de discrimen y 

sostuvo que desconocía el estado de embarazo de esta. 

Así las cosas, los peticionarios presentaron mociones de sentencia 

sumaria en la que sostuvieron, nuevamente, que desconocían el estado de 

embarazo de la recurrida. Añadieron que dieron por terminada la 

asignación de esta tras una investigación sobre sus faltas a los estándares 

de la empresa. La recurrida se opuso a la solicitud de sentencia sumaria y 

expuso que permanecían hechos en controversia que requerían la 

celebración de un juicio para dirimir elementos de credibilidad. 

Sometidas las mociones ante el Tribunal de Primera Instancia, así 

como réplicas de los peticionarios, el foro recurrido dictó Resolución en la 

que declaró no ha lugar las mociones de sentencia sumaria. El foro primario 

determinó que no estaban en controversia treinta y tres (33) 

determinaciones de hechos propuestas por los peticionarios. Sin embargo, 

sostuvo que permanecían en controversia los siguientes hechos 

propuestos por el peticionario Bristol:

1. La querellante no logró comunicarse con otra persona 

antes de que se continuara el proceso de media fill. Véase, 

“Moción de sentencia sumaria” [48], VI. Hechos Materiales 

que no están en controversia, Hecho #19.

2. La querellante no paralizó el proceso de media fill

nuevamente, además de las intervenciones normales y el 

evento atípico de la rotura del equipo. Id, Hecho #21.

3. A raíz de la investigación y de su desenlace, los altos 

gerenciales Bristol tomaron la decisión de terminación la 
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asignación de la querellante por su violación a los procesos y 

repercusiones. Id, Hecho #30. 

4. Incluso, la querellante no tiene conocimiento alguno de que 

las personas que evaluaron y tomaron la decisión de terminar 

su asignación temporera, ni de si éstas supieran sobre su 

embarazo. Id, Hecho #32.

5. Las que tomaron la decisión de terminar la asignación 

temporera de la querellante fueron Carmen Amador, 

Directora de Control de Calidad de Bristol en el tiempo de los 

hechos del caso del epígrafe y Jorge López, anterior General 

Manager de Bristol. Id, Hecho #33. 

6. Frances Albors, Senior Client Services Manager –

Contingent Workforce de Bristol, le comunica a Aerotek que 

debido a un evento ocurrido en el cual la querellante estaba 

involucrada, se estaba dando por terminada la asignación 

temporera de Amador. Id, Hecho #34.

7. La querellante tiene conocimiento de que la terminación de 

su asignación temporera con Bristol se debe a la violación a 

los procedimientos y las repercusiones de dichas violaciones 

ocurridas durante el evento de media fill del 18 de diciembre 

de 2018. Id, Hecho #37.

De igual forma, el tribunal recurrido determinó que se encontraban 

en controversia los siguientes hechos propuestos por el peticionario 

Aerotek: 

1. En dicho proceso de media fill, se dio la contaminación en 

un vial, por lo que no se cumplió con tener un proceso 

completamente limpio. Véase, “Moción de sentencia sumaria 

de reclamación en contra de Aerotek” [49], V. Hechos 

materiales que no están en controversia, Hecho #15. 

2. A raíz de la investigación y de su desenlace, los altos 

gerenciales de Bristol tomaron la decisión de dar por 

terminada la asignación de la querellante. Id, Hecho #18.

3. El 13 de marzo de 2019, Vázquez recibió una 

comunicación de Frances Albors, Senior Clinet Services 

Manager – Contingent Workforce de Bristol, para informar 

que debido a un evento ocurrido en el cual la querellante 

estaba involucrada, se estaba dando por terminada la 

asignación temporera de Amador, con fecha efectiva el 15 de 

marzo de 2019. Id, Hecho #19. 

4. El 15 de marzo de 2019, Vázquez se comunicó mediante 

llamada telefónica con la querellante para notificarle de la 

terminación de su asignación temporera en Bristol. Id, Hecho 

#20.

5. Durante la llamada del 15 de marzo de 2019, luego de 

notificarle la terminación de su asignación temporera, Amador 

le notificó por primera vez a Aerotek, a través de Vázquez, 

que se encontraba embarazada. Id, Hecho #21. 

6. Vázquez citó a Amador a una reunión presencial el 18 de 

marzo de 2019 para dialogar sobre la terminación de la 

asignación temporera en Bristol. Id, Hecho #22.

7. El 18 de marzo de 2019, la querellante y Vázquez se 

reunieron personalmente, y Vázquez le explicó en más 

detalle la razón que Bristol había dado para dar por terminada 

la asignación temporera de Amador. Id, Hecho #23.

8. Durante dicha reunión, Vázquez le explicó a la querellante 

que su terminación se debió a que, a raíz de una investigación 

realizada por Bristol, se concluyó que la querellante incurrió 
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en una serie de desviaciones a los procedimientos ocurridos 

durante el proceso de media fill. Id, Hecho #24.

9. Durante dicha comunicación, la querellante le indicó a 

Vázquez que no había notificado de su embarazo a Aerotek 

dado a que anteriormente había tenido una pérdida de otro 

embarazo, y, por tanto, en este nuevo embarazo estaba 

esperando más tiempo para notificar. Id, Hecho #26.

10. La querellante nunca fue despedida de Aerotek. Id, Hecho 

#27.

11. Aerotek le informó a la querellante que debía continuar 

comunicándose con Aerotek para futuras oportunidades de 

empleo. Id, Hecho #28. 

12. Incluso, Aerotek procesó la terminación de la asignación 

temporera de la querellante como un End of Assignment, con 

el fin de que pudiese seguir recibiendo ofertas de empleo 

temporero. Id, Hecho #29.

13. La querellante continuó en comunicación con Aerotek 

después de la terminación de la asignación temporera con 

Bristol con miras a considerar más oportunidades de trabajo. 

Id, Hecho #30.

14. Según acordado, en o alrededor del 22 de abril de 2020 y 

19 de mayo de 2020, Aerotek intentó comunicarse con la 

querellante para discutir posibles oportunidades de empleo, 

pero no logró conseguirla mediante llamada telefónica. Id, 

Hecho #31.

15. El 27 de mayo de 2020, Aerotek tuvo una llamada con la 

querellante para actualizar su resume y perfil a fin de que el 

mismo estuviese actualizado para ofrecerle cualquier 

oportunidad de empleo disponible. Id, Hecho #32.

Inconformes con dicha determinación, los peticionarios acudieron 

ante este Tribunal de Apelaciones. Ambos, precisaron que el Tribunal de 

Primera Instancia:

Erró el TPI al denegar la moción de sentencia sumaria de 

BMS y no desestimar el pleito con perjuicio.

Concedimos término hasta el 1 de marzo de 2024 para que la 

recurrida presentara su posición respecto a la expedición de los recursos,

consolidados. El 14 de marzo de 2024, luego de una moción de prórroga, 

se presentó el Alegato en oposición a petición de certiorari. Resolvemos 

con el beneficio de los escritos de las partes. 

II

A.

El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional que permite 

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016). 

En esencia consiste en un recurso extraordinario caracterizado por que 

descansa en la discreción del tribunal para su expedición, la cual no es 
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irrestricta. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). El tribunal 

tiene discreción para atender el asunto planteado, bien sea para expedir o 

denegar el auto. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 

(2011). En estos casos procede un análisis dual para determinar si se 

expide o no un recurso de certiorari, el cual consta de una parte objetiva y 

otra subjetiva.

Primero, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LRPA Ap. V, R. 52.1, establece que el recurso de certiorari para revisar 

resoluciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia será 

expedido, entre otros, cuando se recurra de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo u alguna orden bajo las Reglas 56 y 57. A esos 

efectos, el primer examen para que un recurso de certiorari sea expedido 

es que tenga cabida bajo uno de los escenarios contemplados en la Regla 

52.1, supra.

Superada esta primera etapa, procede examinar si se justifica 

nuestra intervención a la luz de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Recuérdese que es un recurso que 

depende de la discreción del tribunal revisor. Conforme a esta Regla, los 

criterios que justifican nuestra intervención son los siguientes:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.

Por lo tanto, la discreción judicial no opera en el vacío. En etapa de 

revisión judicial es norma reiterada que el Tribunal de Apelaciones no habrá 

de intervenir con el ejercicio de discreción del Tribunal de Primera 
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Instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, 

prejuicio, error manifiesto o parcialidad”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012) (citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos 

uno de estos criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido, por tanto, 

debemos ejercer nuestra discreción para evaluar si, a la luz de estos 

criterios, se requiere nuestra intervención. Si no fuera así, procede que nos 

abstengamos de expedir el auto, de manera que se continúen los 

procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro de primera instancia.

B.

En nuestro ordenamiento jurídico, la sentencia sumaria responde al 

propósito de aligerar la conclusión de los pleitos eliminando el juicio en su 

fondo, pero siempre y cuando no exista una legítima disputa de hecho a 

ser dirimida, de modo que lo restante sea aplicar el derecho 

solamente”. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001). Véase, 

además, Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018). 

Conforme a la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, para adjudicar una 

moción de sentencia sumaria se requiere la presentación de “una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente” bien sea 

sobre la totalidad de la reclamación o parte de esta. En este sentido, un 

hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Por ello, “[l]a controversia debe 

ser de una calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la 

dirima a través de un juicio plenario”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213 (2010).

En armonía con lo anterior, la sentencia sumaria solo debe dictarse 

en casos claros. Si no existe certeza sobre todos los hechos materiales en 

la controversia, no procede que se dicte sentencia sumaria. Sin embargo, 
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se ha establecido que la sentencia sumaria, “[p]rocede, aunque se hayan 

alegado hechos que aparenten estar en controversia, pero cuando el 

promovente logre demostrar preponderantemente, y mediante dicha 

prueba documental, que en el fondo no existe controversia sobre los 

hechos medulares.” Jusino et als. v. Walgreens, supra, a la pág. 577. Ante 

esta situación, la parte promovida debe “defenderse de la misma forma, es 

decir, apoyándose a su vez de documentos u otra evidencia admisible.” Id.

En fin, toda vez que la sentencia sumaria es un remedio de carácter 

discrecional, “[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su uso 

porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su 

día en corte’, principio elemental del debido proceso de ley.” Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). Siendo esto así, solo 

procede que se dicte la sentencia sumaria “cuando surge de manera clara 

que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no puede 

prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de 

todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia.” Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a las págs. 109-

110. De haber alguna duda acerca de la existencia de una controversia 

sobre los hechos medulares y sustanciales del caso deberá resolverse 

contra la parte que solicita la moción, haciendo necesaria la celebración de 

un juicio. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al, 132 DPR 115,133 (1992).

Según se ha reiterado jurisprudencialmente, este tribunal revisor se 

encuentra en la misma posición que el foro de primera instancia al 

determinar si procede o no una sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar 

la determinación del tribunal primario, estamos limitados de dos maneras: 

(1) considerar solamente los documentos que se presentaron ante el foro 

de primera instancia; y (2) determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. Esto es, estamos impedidos de adjudicar los hechos 

materiales esenciales en disputa. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 

(2004). El deber de adjudicar hechos materiales y esenciales es una tarea 
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que le compete al Tribunal de Primera Instancia y no al foro intermedio. Por 

consiguiente, el Tribunal Supremo en Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, estableció el estándar que debemos utilizar como tribunal 

revisor al momento de evaluar determinaciones del foro primario en las que 

se conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria.

En lo pertinente, se dispuso que “[l]a revisión del Tribunal de 

Apelaciones es de novo y debe examinar el expediente de la manera más 

favorable hacia la parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 

en el foro primario”. Id. en la pág. 118. Además, reiteró que por estar en la 

misma posición que el foro primario, debemos revisar que tanto la moción 

de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de 

forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento Civil. Id.

III

Conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos 

encontramos ante uno de los escenarios contemplados por dicha 

disposición para presentar recursos de certiorari ante este Tribunal de 

manera interlocutoria. No obstante, el ejercicio de discreción que nos 

compete realizar no culmina con la aplicación de esta regla. Entiéndase, no 

basta con que se trata de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo como la moción de sentencia sumaria del caso de autos. 

Nos corresponde analizar si procede la expedición del recurso de 

certiorari a la luz de los criterios dispuestos por la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. Tras un análisis cuidadoso de los expedientes, 

así como las determinaciones de hechos realizadas por el foro recurrido, 

resolvemos que no se justifica nuestra intervención en esta etapa del 

procedimiento judicial. Habiendo considerado de novo el listado de hechos 

controvertidos incluidos en el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, 

nos resulta evidente que su juicio sobre la existencia de hechos en 

controversia tiene base adecuada y racional. Este hecho impide la 

disposición sumaria y amerita la continuación del proceso judicial para 

dirimir asuntos de apreciación.
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Cónsono con lo anterior, no encontramos que el tribunal primario 

haya incurrido en abuso de discreción o que haya actuado bajo prejuicio o 

parcialidad que acarree un fracaso de justicia. Tampoco se demostró que 

el foro recurrido se haya equivocado en la interpretación o aplicación de 

una norma procesal ni que intervenir en esta etapa evitaría un perjuicio 

sustancial contra los peticionarios, razón por la cual denegamos la 

expedición del certiorari.

IV

Por los fundamentos anteriores, a la luz de los criterios que guían 

nuestra discreción, declaramos no ha lugar la expedición de los recursos

de certiorari.

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones