EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

In re:

Héctor R. Díaz Vanga

(TS-15,464)

2024 TSPR 1

213 DPR ___

Número del Caso: AB-2022-0120

Fecha: 3 de enero de 2024

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Omar Andino Figueroa

Subprocurador General

Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Melanie M. Mercado Méndez

Procuradora General Auxiliar

Abogado del Promovido:

Por derecho propio

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida 

del ejercicio de la abogacía por su incumplimiento con los 

requerimientos del Tribunal Supremo.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso 

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal 

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio 

público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Héctor R. Díaz Vanga

(TS-15,464)

AB-2022-0120

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de enero de 2024.

Nuevamente ejercemos nuestra facultad disciplinaria 

contra un miembro de la profesión legal por su incumplimiento 

con los requerimientos de este Tribunal. A pesar de las 

oportunidades concedidas, nos vemos en la obligación de 

imponer la más severa de las sanciones.

I

El Lcdo. Héctor R. Díaz Vanga (licenciado Díaz Vanga) 

fue admitido al ejercicio de la abogacía el 23 de agosto de 

2005.1

El 21 de junio de 2022, la Sra. Arelis Rivera Colón 

presentó una queja contra el licenciado Díaz Vanga. Sostuvo 

que este fue contratado para asistir y representar a su hijo 

mayor de edad, el Sr. Danny Torres Rivera. No obstante, 

indicó que el letrado no respondió a sus llamadas ni mensajes 

1 El Lcdo. Héctor R. Díaz Vanga fue suspendido indefinidamente del 

ejercicio de la abogacía el 30 de noviembre de 2018 y reinstalado el 9 

de mayo de 2019.
AB-2022-0120 2

y que tampoco devolvió los $3,500 dólares que le fueran 

pagados a pesar de no rendir sus servicios. 

Por otro lado, el promovido compareció y puntualizó que 

su cliente era el señor Torres Rivera, que fue con este con 

quien mantuvo comunicación, a quien brindó consejo 

profesional y realizó gestiones en su representación. Por 

ello, sostuvo que no tenía ninguna obligación de dar 

información a la señora Rivera Colón.

Así las cosas, la Oficina del Procurador General emitió 

un Informe el 16 de marzo de 2023. En este expresó que ante 

la incomparecencia del señor Torres Rivera, no contaba con 

prueba para rebatir lo alegado por el promovido con relación 

a su representación ni para evaluar la cantidad retenida por 

sus servicios. No obstante, en vista de que el licenciado 

Díaz Vanga valoró su gestión profesional en $2,500 y 

reconoció que estuvo dispuesto a devolver a su cliente $1,000 

al culminar la relación profesional, concluyó que el 

promovido no podía retener los $1,000 y que se apartó de los 

Cánones 20 y 23 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. 

IX, por no devolver los honorarios pagados por servicios no 

prestados. 

Así las cosas, mediante Resolución de 24 de marzo de 

2023 le concedimos al licenciado Díaz Vanga un término de 

veinte (20) días para expresarse sobre el Informe de la 

Oficina del Procurador General, con el apercibimiento de que 

transcurrido ese término, se entendería que se allanaba a 

las recomendaciones en él presentadas. Ante la 
AB-2022-0120 3

incomparecencia del licenciado Díaz Vanga, el 26 de mayo de 

2023 le ordenamos a devolver a su cliente la cantidad de 

$1,000 dólares que había indicado que le devolvería y a

acreditar su cumplimiento. Le indicamos que entonces 

archivaríamos la queja ante nuestra consideración. No 

obstante, nuevamente nos vimos obligados a emitir una 

Resolución el 20 de julio de 2023 concediéndole un término 

de diez (10) días para informar sobre las gestiones 

realizadas para devolver los honorarios no devengados a su 

cliente. Tras su incomparecencia, emitimos una Resolución 

el 10 de octubre de 2023 otorgándole un término final e 

improrrogable de diez (10) días para cumplir con nuestras 

órdenes. Además, se le apercibió que su incumplimiento 

podría conllevar sanciones severas, incluyendo la suspensión 

del ejercicio de la profesión. Esta resolución fue 

notificada personalmente al licenciado Díaz Vanga el 13 de 

octubre de 2023, quien a la fecha no ha comparecido. 

 II

El Código de Ética Profesional constituye las normas 

mínimas que fijan la conducta que la sociedad le exige a los 

miembros del foro. Preámbulo de los Cánones de Ética 

Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Por lo tanto, incumplir con los 

deberes que impone la ley y el ordenamiento ético acarrea 

sanciones disciplinarias. In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 

368 (2014). 

Específicamente, el Canon 9 del Código de Ética 

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone que todo abogado deberá 
AB-2022-0120 4

observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice 

por el mayor respeto. La naturaleza de la función de abogado 

requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las 

órdenes de este Tribunal, por lo que debe responder oportuna 

y diligentemente a nuestros requerimientos, particularmente 

cuando se trata de procedimientos sobre su conducta 

profesional. In re Carmona Rodríguez, 206 DPR 863 (2021); In 

re Bello Rivera, 192 D.P.R. 812 (2015). 

Además, reiteradamente hemos señalado que desatender 

las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la 

autoridad de los tribunales, pues demuestra menosprecio 

hacia nuestra autoridad e infringe las disposiciones del 

Canon 9. In re Lajara Radinson, 207 DPR 854, 863 (2021).

Asimismo, hemos advertido que procede la suspensión 

inmediata e indefinida del ejercicio de la profesión cuando 

un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos 

y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de 

imponerle sanciones disciplinarias. In re Carmona Rodríguez, 

supra; In re Alers Morales, 204 DPR 515 (2020).

III

Según relatáramos, el licenciado Díaz Vanga no ha 

cumplido con nuestros requerimientos. No hizo esto, a pesar 

de que se le apercibiera que su incumplimiento podría 

conllevar sanciones severas, incluyendo la suspensión del 

ejercicio de la profesión, y de que fuera notificado 

personalmente. Sin embargo, el licenciado Díaz Vanga no ha 

comparecido. 
AB-2022-0120 5

Durante el trámite disciplinario, el licenciado Díaz 

Vanga reconoció que debía devolver $1,000 a su cliente. No 

obstante, se ha mostrado indiferente a nuestra orden de 

devolver tal suma de dinero y acreditar su cumplimiento. Esa 

conducta es incompatible con el ejercicio de la profesión. 

En vista de su desatención con nuestras órdenes, 

decretamos su suspensión inmediata e indefinida del 

ejercicio de la abogacía. En consecuencia, se le impone el 

deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad 

para continuar representándolos y devolverles cualesquiera 

honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar 

oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y 

administrativos en donde tenga casos pendientes. Asimismo, 

deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo 

anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros 

a quienes le notificó de su suspensión, dentro del término 

de treinta (30) días a partir de la notificación de esta 

Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar 

que no se le reinstale a la práctica de la profesión legal, 

de solicitarlo en el futuro.

Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Héctor R. Díaz Vanga

(TS-15,464)

AB-2022-0120

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de enero de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam 

que antecede y en vista de su desatención con nuestras 

órdenes, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del 

ejercicio de la abogacía. En consecuencia, se le impone el 

deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad 

para continuar representándolos y devolverles cualesquiera 

honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar 

oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y 

administrativos en donde tenga casos pendientes. Asimismo, 

deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo 

anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros 

a quienes le notificó de su suspensión, dentro del término 

de treinta (30) días a partir de la notificación de esta 

Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar 

que no se le reinstale a la práctica de la profesión legal, 

de solicitarlo en el futuro.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor 

Rivera García y el Juez Asociado señor Estrella Martinez no 

intervinieron.

 Javier O. Sepúlveda Rodríguez

 Secretario del Tribunal Supremo