Número Identificador

SEN2024_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

BILLY RIVERA JIMÉNEZ, 

MARÍA J. GORDILLO 

VARGAS Y LA SOCIEDAD 

LEGAL DE GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS

Apelantes

v.

ISLAND FINANCE, LLC; 

ISLAND FINANCE 

AGENCY, LLC;

ASEGURADORAS A, B; 

ASEGURADORAS C, D

Apelados

KLAN202400038

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Bayamón

Civil Núm.:

BY2019CV06648

Sobre:

Despido 

Injustificado (Ley 

Núm. 80)

Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza

Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 8 de mayo de 2024.

Comparece la parte demandante apelante, Billy Rivera

Jiménez (en adelante, “señor Rivera Jiménez” o “Apelante”)

mediante recurso de Apelación y solicita la revisión de la Sentencia 

dictada el 22 de noviembre de 2023 y notificada el 27 del mismo 

mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

(en adelante, “TPI”). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró 

Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria instada por Island 

Finance, LLC (en adelante, “Island Finance” o “Apelado”) y ordenó 

la desestimación con perjuicio de la demanda.

Por otro lado, el apelante solicita la revisión de la Resolución 

emitida y notificada el 13 de diciembre de 2023 por el TPI. 

Mediante el referido dictamen, el foro apelado declaró No Ha Lugar 

la solicitud de determinaciones de hechos adicionales presentada 

por el señor Rivera Jiménez.
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Por los fundamentes que expondremos a continuación, se 

Confirman los dictámenes apelados.

I.

El señor Rivera Jiménez comenzó a trabajar en Santander 

Financial, posteriormente adquirido por Island Finance, en el 

1995. El 20 de septiembre de 2019, el apelante fue despedido de 

su empleo por su patrono Island Finance. Al momento del despido, 

ocupaba el puesto de Gerente “Senior” en la sucursal de Bayamón 

Drive In.

El 13 de noviembre de 2019, el señor Rivera Jiménez, María 

J. Gordillo Vargas (en adelante, señora Gordillo Vargas”) y la 

Sociedad Legal de Gananciales (en adelante, “SLG”) compuesta por 

ambos presentaron una Demanda en contra de su antiguo 

patrono, Island Finance, sobre despido injustificado, al amparo de 

la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 

conocida como Ley Sobre Despidos Injustificados (en adelante, “Ley 

80-1976”), 29 LPRA sec. 185a et seq. Subsiguientemente, presentó 

una Demanda Enmendada el 5 de diciembre de 2019, a los efectos 

de enmendar el cómputo de la mesada.

El foro primario emitió una Sentencia Parcial el 12 de mayo 

de 2020, mediante la cual declaró Ha Lugar una solicitud de 

desestimación parcial instada por Island Finance y desestimó con 

perjuicio la acción presentada por la señora Gordillo Vargas y la 

SLG. Resolvió que la acción al amparo de la Ley 80-1976 es una 

personalísima y solo le corresponde reclamarla al empleado.

Luego de varios trámites procesales, que no son necesarios 

pormenorizar, el 30 de agosto de 2023, Island Finance presentó 

una Moción de Solicitud de Sentencia Sumaria. En síntesis, 

argumentó que el despido del señor Rivera Jiménez estuvo 

justificado debido a actos de hostigamiento sexual cometidos por el 

señor Rivera Jiménez en contra de Manuel Ginés (en adelante, 
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“señor Ginés”), empleado de Island Finance. Añadió que, conforme 

a las Normas Generales de Conducta y Trabajo que forman parte 

del Manual de Empleados, el incurrir en un cúmulo de cuatro (4) 

faltas a las normas del Manual en un periodo de dieciocho (18) 

meses o menos resultaría en el despido del empleado.

Island Finance sostuvo que, al recibir una queja de 

hostigamiento sexual en contra del señor Rivera Jiménez, condujo 

una investigación y esta demostró que el apelante incurrió en los 

actos alegados por el empleado quejoso. Particularmente, la 

investigación encontró que el apelante enviaba fotos y videos de 

índole sexual a otro empleado del apelado, lo cual provocó un 

ambiente hostil en el empleo. Por todo lo cual, arguyó que el 

despido fue justificado, conforme dispone la Ley 80-1976.

El 5 de octubre de 2023, el señor Rivera Jiménez presentó su 

Oposición a Solicitud Sumaria. La oposición del apelante se basó en 

que, la solicitud de sentencia sumaria descansó en una 

declaración jurada que contiene prueba de referencia. Además, 

sostuvo que los mensajes enviados al otro empleado ocurrieron 

fuera de horas laborables y en el contexto de amistad que 

guardaba con el empleado, por ende, no podía considerarse

hostigamiento sexual en el empleo.

El TPI emitió Sentencia el 22 de noviembre de 2023,

notificada el 27 de noviembre de 2023, mediante la cual declaró Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria instada por Island Finance 

y desestimó con perjuicio la Demanda presentada por el señor 

Rivera Jiménez. En resumidas cuentas, el foro de instancia 

concluyó que el despido fue justificado, como consecuencia de las 

reiteradas violaciones por el apelante al manual de normas de 

comportamiento del apelado. El foro primario señaló que el Manual

de Empleados expresamente establecía que de un empleado 

incurrir en un cúmulo de cuatro (4) faltas a cualquiera de sus 
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normas dentro del periodo de dieciocho (18) meses o menos

procedería su despido. Asimismo, concluyó que, con anterioridad 

a la queja del señor Ginés, y dentro de los dieciocho (18) meses 

anteriores al despido, el señor Rivera Jiménez ya había sido objeto 

de tres (3) acciones disciplinarias.

Por otro lado, el TPI determinó que en la Oposición a Solicitud 

de Sentencia Sumaria el apelante no hizo referencia a prueba 

admisible alguna para refutar la presentada por los apelados. Por 

el contrario, concluyó que, el señor Rivera Jiménez se limitó a una 

discusión genérica de los hechos, incumpliendo con los requisitos 

establecidos por las Reglas de Procedimiento Civil.

Por último, sobre la supuesta prueba de referencia 

presentada por Island Finance, el foro primario sostuvo que, de 

una lectura de la otra prueba documental sometida como parte de 

la solicitud de sentencia sumaria, se podía determinar que no 

existía controversia respecto a la investigación realizada por Island 

Finance. En otras palabras, la prueba de referencia no era 

necesaria para sostener sus determinaciones de hechos.

Inconforme, el 12 de diciembre de 2023, el señor Rivera 

Jiménez presentó una Solicitud de Reconsideración y 

Determinaciones de Hechos Adicionales. En lo aquí pertinente, el 

apelante le solicitó al foro de instancia que realizara las siguientes 

determinaciones de hechos adicionales:

1. [E]l cuatro (4) de mayo de 2019 Sr. Ginés acudió a 

trabajar exhibiendo y mostrando sus tatuajes en 

violación a la política, normas y reglamentos de la 

Demandada; (Sobre esta violación se documentó con la 

Sra. Angie Lugo. 

e [sic]. [E]l ocho (8) de junio de 2019, se notificó una 

queja a la Sra. Virgen Mejías por una falta de respeto 

al demandante, lo cual constituía una 

insubordinación[.]

2. [E]n junio de 2019, fue amonestado verbalmente por 

agredir verbalmente a empleados de edad avanzada 

durante horas laborables; Esto fue enviado a la Sra. 

Virgen Mejías mediante reporte de incidencias[.]
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3. [E]l uno (1) de agosto de 2019 fue transferido 

nuevamente de la Sucursal de Drive Inn Plaza a la 

Sucursal de Canton Mall en Bayamón; (Esa decisión la 

tomó la Sra. Virgen Mejías). 

6 [sic]. El Sr. Billy Rivera amonestó al Sr. Ginés por el 

uso de su teléfono celular durante horas laborables, 

contrario a la política, normas y reglamentos del 

patrono, por lo cual se le amonestó verbalmente en 

varias ocasiones. 

7 [sic]. El Sr. Billy Rivera y el Sr. Ginés eran amigos 

cuya amistad se había desarrollado por razón del 

empleo. Esta había surgido desde el año 2016 e 

incluso se extendía fuera del ámbito laboral. 

8 [sic]. El Sr. Ginés y el Sr. Billy Rivera en el mes de 

junio de 2018 hasta el 1 de mayo de 2019 no 

trabajaron en la misma Sucursal[.]

9 [sic]. El Sr. Ginés acudió a trabajar exhibiendo y 

mostrando sus tatuajes en violación a la política, 

normas y reglamentos de la Demandada por lo que fue 

amonestado por el Sr. Rivera[.]

10 [sic]. El Sr. Ginés nunca manifestó molestia al Sr. 

Billy Rivera por mensaje de tipo alguno[.]

El TPI declaró No Ha Lugar la referida solicitud mediante 

Resolución el 13 de diciembre de 2023.

Insatisfecho aun, el 12 de enero de 2024, el señor Rivera 

Jiménez presentó un recurso de Apelación y solicitó la revisión de 

la Sentencia dictada el 22 de noviembre de 2023 y notificada el 27 

de noviembre de 2023. El apelante realizó los siguientes 

señalamientos de error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 

Sentencia Sumaria, y concluir que el 

compareciente no controvirtió la solicitud de 

sentencia sumaria conforme la Regla 36.6 de las de 

Procedimiento Civil, y al conceder dicho remedio a 

pesar de la existencia de controversias de hechos 

que son medulares que lo impedían.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al conceder la 

Sentencia Sumaria, utilizando prueba de referencia 

bajo el fundamento de que se trataba de récord en 

curso ordinario de los negocios, contemplando la 

Regla 805 F de las de Evidencia.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver

sumariamente que el despido del apelante fue uno 

justificado por alegadas violaciones de normas por 

conducta fuera de obras [sic] laborables.
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No 

Ha Lugar la solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales, a pesar de que dichas propuestas de 

hechos surgían de las propias deposiciones

utilizadas por ambas partes para presentar 

respectivas posiciones.

El 12 de febrero de 2024, Island Finance presentó su alegato 

en oposición.

Perfeccionado el recurso y con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

II.

-AEl mecanismo de la sentencia sumaria, Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, le permite al tribunal 

disponer de un caso sin llevar a cabo una vista en su fondo. León 

Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020). Dicho mecanismo 

procesal, es un remedio discrecional; el cual tiene como fin, la 

solución justa, rápida y económica de controversias, en que lo 

único por dirimir sean controversias de derecho. Rodríguez Méndez 

et al. v. Laser Eye Surgery, 195 DPR 769, 785 (2016). 

Según el aludido precepto reglamentario, el promovente de la 

sentencia sumaria deberá establecer su derecho con claridad y 

demostrar que no existe controversia sustancial sobre algún hecho 

material. A su vez, el promovente deberá fundamentar su postura 

haciendo referencia con “indicación de los párrafos o las páginas 

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 

donde se establecen estos hechos”. Regla 36.3(a)(4) de 

Procedimiento Civil, supra. 

Por su parte, el promovido tiene que refutar los hechos 

alegados, con prueba que controvierta la exposición de la parte que 

solicita la sentencia sumaria. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, 

44. Así pues, la parte deberá contestar en forma tan detallada y 
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específica como lo haya hecho la parte promovente. De no hacerlo 

así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si procede. Regla 

36.3 (c) de Procedimiento Civil, supra; León Torres v. Rivera Lebrón, 

supra, pág. 43. Así las cosas, la parte que se oponga a una 

solicitud de sentencia sumaria, no podrá descansar en las 

aseveraciones o negaciones consignadas en su alegación. Regla 

36.3(c) de Procedimiento Civil, supra. 

Es conocido que, como regla general, para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. Ramos 

Pérez v. Univisión P.R., Inc., 178 DPR 200, 215 (2010).

Específicamente, la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R.36.5, establece que: 

[l]as declaraciones juradas para sostener u oponerse a 

la moción se basarán en el conocimiento personal del 

(de la) declarante. Contendrán aquellos hechos que 

serían admisibles en evidencia y demostrarán 

afirmativamente que el(la) declarante está 

cualificado(a) para testificar en cuanto a su contenido. 

32 LPRA Ap. V, R.36.5; Roldán Flores v. M. Cuebas, et 

al., 199 DPR 664, 677-678 (2018).

Con respecto a la interpretación de la precitada Regla, 

nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que las declaraciones 

juradas que contienen solo conclusiones, sin hechos específicos que 

las apoyen, no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, 

insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se 

concluye. Íd.; Ramos Pérez v. Univisión P.R., Inc., supra, pág. 216. 

Más allá de contener hechos específicos sobre los aspectos 

sustantivos del caso, la declaración debe incluir hechos que 

establezcan que el declarante tiene conocimiento personal del 

asunto declarado. Roldán Flores v. Cuebas et al., supra. 

Asimismo, al momento de resolver una moción de sentencia 

sumaria es necesario que el tribunal considere a fondo las 
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alegaciones de la demanda y las defensas presentadas. Ello, con el 

fin de establecer si existe controversia en cuanto a los hechos 

materiales o no. Por lo que, de existir dicha controversia, el 

tribunal no deberá declarar ha lugar una petición de sentencia 

sumaria. Además, cualquier duda habrá de resolverla en contra de 

la parte promovente. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 217.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que, como 

regla general, no procede la sentencia sumaria en casos donde 

estén en controversia elementos subjetivos, de intención, propósitos 

mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad es 

esencial y está en disputa. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

219. Tampoco procede emitir sentencia sumariamente cuando: (1) 

existan hechos materiales controvertidos (2) hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas (3) surge de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material o (4) como cuestión 

de derecho no procede. Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 333-

334 (2004).

Como al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, estamos en la misma posición que el foro primario; 

nuestra última instancia apelativa ha establecido que la revisión 

será de novo, limitándose a solo considerar los documentos que se 

presentaron ante el TPI. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100, 118 (2015). Por lo cual se descartan exhibit[s], 

deposiciones o affidávit[s] que no fueron presentadas oportunamente 

en el foro de primera instancia o teorías nuevas o esgrimir asuntos 

nuevos por primera vez ante el foro apelativo. Meléndez González et 

al. v. M. Cuebas, supra, págs. 114-115.

A tales efectos, este Tribunal de Apelaciones examinará el 

expediente de la manera más favorable hacia la parte que se opuso 

a la moción de sentencia sumaria en el foro primario. Además, 
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revisaremos que la moción de sentencia sumaria y su oposición,

cumplieron con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra. Por último, evaluaremos si existían hechos materiales 

en controversia, los que, en caso de haberlos, habremos de cumplir 

con los criterios de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, y 

procederemos a exponer concretamente cuáles hechos materiales 

se encontraron que estaban en controversia y cuáles estaban 

incontrovertidos. Íd. Por el contrario, si encontramos que los 

hechos materiales del caso son incontrovertidos, debemos revisar 

de novo si el foro primario aplicó correctamente la norma jurídica 

aplicable a la controversia que tuvo ante sí. Meléndez González et 

al. v. M. Cuebas, supra, pág. 119. 

-BLa Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida también 

como la Ley de Despido Injustificado, según enmendada, 29 LPRA 

sec. 185a et seq., fue creada con el fin primordial de proteger, de 

manera más efectiva, el derecho del obrero puertorriqueño a la 

tenencia de su empleo. A su vez, procura desalentar la práctica de 

despedir a los empleados de forma injustificada y otorga a los 

trabajadores remedios justicieros y consustanciales con los daños 

causados por un despido injustificado. Véase: Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 80, supra.; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 424 (2013); Feliciano Martes v. Sheraton, 

182 DPR 368 (2011).

El Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b, detalla 

las circunstancias que constituyen “justa causa” para el despido e 

incluye motivos fundados en la conducta del empleado, así como 

circunstancias de índole empresarial. Así pues, en lo pertinente, 

las causas atribuibles a los empleados que constituyen justa causa 

para el despido se preceptúan en los incisos (a), (b) y (c) del 

Artículo 2, y son las siguientes:
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(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia 

o desordenada.

(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en 

forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o 

en violación de las normas de calidad del producto que 

se produce o maneja por el establecimiento.

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas 

y reglamentos razonables establecidas por el 

funcionamiento del establecimiento siempre que 

copia escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado. [...]. (Énfasis suplido). 23 

LPRA sec.185b.

No obstante, a pesar de que la Ley Núm. 80 provee una lista 

de circunstancias que justifican el despido de un empleado o 

empleada, la precitada ley no pretende ser un código de conducta 

limitada a una lista de faltas claramente definidas con sus 

sanciones correspondientes. Jusino et als. V. Walgreens, 155 DPR 

560, 573 (2001). A estos efectos, el patrono tiene la potestad de 

adoptar reglamentos internos y establecer normas de conducta en 

el lugar de trabajo que estime necesarias para conseguir el buen 

funcionamiento de la empresa. Íd. Los empleados estarán sujetos 

a cumplir con dichos reglamentos y normas, siempre y cuando 

éstos cumplan con el criterio de razonabilidad. Íd. De este modo, 

para que las violaciones de las normas del empleo constituyan 

justa causa para el despido, el patrono tiene la obligación de 

probar la razonabilidad de las normas establecidas, que le 

suministró copia escrita de éstas al empleado y que el empleado 

las violó. Rivera Águila v. K-Mart de P.R., 123 DPR 599, 613-614

(1942). En cambio, no se considerará despido por justa causa 

aquel que se hace por el mero capricho del patrono o sin razón 

relacionada con el buen y normal funcionamiento del 

establecimiento. Srio. del Trabajo v. GP Inds., Inc., 153 DPR 223, 

241 (2001).

En fin, el principio rector que gobierna el despido por justa 

causa dispuesto en el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, es aquel 
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que delimita las circunstancias en que éste se produce. Es decir, 

cuando tiene su origen en alguna razón o motivo vinculado a la 

ordenada marcha y normal funcionamiento de una empresa y no 

en el libre arbitrio o capricho del patrono. Íd.

-CNuestra Constitución reconoce que la dignidad de todo ser 

humano es inviolable, prohíbe el discrimen por razón de raza, 

color, sexo, nacimiento, origen o condición social e ideas políticas o 

religiosas y protege a nuestros ciudadanos contra los ataques 

abusivos a su honra, reputación y vida privada o familiar. Art. II, 

Secs. 1 y 8, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1. En lo pertinente al caso 

de marras, la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, según 

enmendada, conocida como Ley para Prohibir el Hostigamiento 

Sexual en el Empleo (en adelante, “Ley 17-1988”), 29 LPRA sec. 155 

et seq., es una de varias leyes existentes en nuestro ordenamiento 

laboral que protege la dignidad del ser humano en el trabajo. 

Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 470 (2007). En su 

Exposición de Motivos se indica que:

La práctica del hostigamiento sexual en el empleo, en 

cualquiera de sus formas, infringe la inviolabilidad del 

ser humano y constituye un claro discrimen contra el 

hombre o mujer en el campo del trabajo. Obstaculiza 

la labor de la persona, privándola del goce y disfrute 

de una vida plena a la cual tiene derecho todo ser 

humano en igualdad de condiciones ante la ley, según 

lo expresa el mandato constitucional y es una de las 

formas en que se manifiesta el discrimen por razón de 

sexo.

Ahora bien, el Artículo 3 de la Ley Núm. 17, 

define hostigamiento sexual de la siguiente forma:

El hostigamiento sexual en el empleo consiste en 

cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, 

requerimientos de favores sexuales y cualquier otra 

conducta verbal o física de naturaleza sexual o que 

sea reproducida utilizando cualquier medio de 

comunicación incluyendo, pero sin limitarse, al uso 

de herramientas de multimedios a través de la red 

cibernética o por cualquier medio electrónico, cuando 

se da una o más de las siguientes circunstancias: 
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(a) Cuando el someterse a dicha conducta se 

convierte de forma implícita o explícita en un 

término o condición del empleo de una 

persona.

(b) Cuando el sometimiento o rechazo a dicha 

conducta por parte de la persona se convierte 

en fundamento para la toma de decisiones en 

el empleo o respecto del empleo que afectan a 

esa persona. 

(c) Cuando esa conducta tiene el efecto o 

propósito de interferir de manera irrazonable 

con el desempeño del trabajo de esa persona 

o cuando crea un ambiente de trabajo 

intimidante, hostil u ofensivo. (Énfasis 

suplido). 29 LPRA sec. 155b.

El Artículo 10 del estatuto establece que el patrono será 

responsable de: mantener el centro de trabajo libre de hostigamiento 

sexual e intimidación y deberá exponer claramente su política contra 

el hostigamiento sexual ante sus supervisores y empleados y 

garantizará que puedan trabajar con seguridad y dignidad. 29 

LPRA sec. 155i. A la luz de lo anterior, el patrono deberá tomar las 

medidas necesarias para cumplir con tal propósito, sin limitarse a 

las siguientes:

(a) Expresar claramente a sus supervisores y empleados 

que el patrono tiene una política enérgica contra el 

hostigamiento sexual en el empleo. 

(b) Poner en práctica los métodos necesarios para crear 

conciencia y dar conocer la prohibición del 

hostigamiento sexual en el empleo. 

(c) Dar suficiente publicidad en el lugar de trabajo, para 

los aspirantes a empleo, de los derechos y protección 

que se les confieren y otorgan bajo esta Ley, al 

amparo de la Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, de 

la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según 

enmendada, y de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. 

(d) Establecer un procedimiento interno adecuado y 

efectivo para atender querellas de hostigamiento 

sexual. Íd.

En virtud de lo anterior, el estado de derecho reconoce que la 

Ley Núm. 17, supra, provee unas guías mínimas y le confiere 

discreción a cada patrono para adoptar aquellas normas que 

entienda convenientes para cumplir con el deber afirmativo que le 
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impone [...]. Rosa Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368, 383 (2015). De 

este modo, cada patrono, a la luz de las particularidades 

pertinentes, tiene el deber de definir las medidas cautelares que 

estime necesarias para erradicar toda manifestación de 

hostigamiento sexual en su taller de empleo. Delgado Zayas v. 

Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994). 

-DLa prueba de referencia es aquella declaración que no sea la 

que la persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en 

evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Regla 801(c) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801(c); Toledo Maldonado v. 

Cartagena Ortiz, 132 DPR 249 (1992).

Como norma general, la prueba de referencia no será 

admisible en evidencia, salvo que de otra manera se disponga por 

ley. Regla 804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. R. 804. A manera de 

excepción, y en lo aquí pertinente, la Regla 805 (F), supra, de 

Evidencia dispone que los récords de actividades que se realizan 

con regularidad no están sujetos a la regla general de exclusión de 

prueba de referencia, aun cuando la persona declarante esté 

disponible como testigo. La propia Regla 805 (F), supra, define 

récords de actividades que se realizan con regularidad como:

Un escrito, informe, récord, memorando o compilación 

de datos -en cualquier forma- relativo a actos, sucesos, 

condiciones, opiniones o diagnósticos que se hayan 

preparado en o cerca del momento en que éstos 

surgieron, por una persona que tiene conocimiento de 

dichos asuntos, o mediante información transmitida 

por ésta, si dichos récords se efectuaron en el curso 

de una actividad de negocios realizada con 

regularidad, y si la preparación de dicho escrito, 

informe, récord, memorando o compilación de datos se 

hizo en el curso regular de dicha actividad de negocio,

según lo demuestre el testimonio de su custodio o 

de alguna otra persona testigo cualificada, o según 

se demuestre mediante una certificación que 

cumpla con las disposiciones de la Regla 902(K) o 

con algún estatuto que permita dicha certificación, a

menos que la fuente de información, el método o las 

circunstancias de su preparación inspiren falta de 

confiabilidad. [...] (Énfasis suplido).
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Nuestro más alto foro ha expresado que, “[l]os fundamentos 

de esta excepción a la regla general de exclusión de prueba de 

referencia descansan en razones de necesidad, confiabilidad, 

experiencia y en el carácter rutinario del documento.” Nereida 

Muñiz Noriega v. Bonet, 177 DPR 967 (2010).

La garantía de confiabilidad de esta excepción es la 

continuidad, regularidad y cotejo de los récords. E. L. 

Chiesa, Tratado de derecho probatorio: Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico y Federales, op. cit., pág. 803. Importante es que:

La confiabilidad de la anotación depende en gran 

medida de su carácter rutinario. Si siempre que ocurre 

determinado tipo de acto se hace rutinariamente el 

asiento correspondiente en el récord, la presencia del 

asiento es indicio de que ocurrió el acto, y la ausencia 

del asiento es indicio de que no ocurrió. Pero si el 

asiento o anotación no se hace rutinariamente, sino 

una veces pero no otras, se desvanece la garantía de 

confiabilidad o, al menos, desmerece. La falta de este 

elemento justifica la exclusión de la prueba de 

referencia. Íd. pág. 810.

Solo mediante la presentación de la antepuesta evidencia es 

que la parte que interesa someter como prueba los récords de 

actividades que se realizan con regularidad sienta adecuadamente 

las bases para su admisión y por tanto cumple con el requisito de 

autenticación. Así lo dispuso el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

en H.R. Stationary, Inc. v. E.L.A., 119 DPR 129 (1987), al discutir la 

derogada Regla 65 (F) de Evidencia, la cual es similar a la actual 

Regla 805 (F) de Evidencia, supra. 

Por otro lado, surge de la precipitada Regla, que no será

necesario el testimonio del custodio de unos récords u otro testigo 

que declare para autenticar los mismos y explicar el momento y 

método de su preparación. Hato Rey Stationery v. ELA, 119 DPR 

129 (1987). El testimonio del custodio podrá sustituirse por una 

declaración jurada que cumpla con las disposiciones de la Regla 

902 (K) de Evidencia. 32 LPRA Ap. VI, R. 902 (K). Conforme 
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dispone la Regla 902 (K), supra, la certificación jurada deberá 

certificar que dicho récord:

(1) se preparó en o cerca del momento en que 

ocurrieron los sucesos o las actividades mencionadas 

por una persona que tiene conocimiento de dichos 

asuntos, o mediante información transmitida por ésta; 

(2) se llevó a cabo en el curso de la actividad 

realizada con regularidad, y 

(3) se preparó como una práctica regular de 

dicha actividad.

-ELa Reglas 43.1 de Procedimiento Civil permite la solicitud de 

determinaciones de hechos o conclusiones de derecho iniciales, si 

estas no se hubiesen hecho por innecesarias, dentro de los quince 

(15) días después de haberse archivado copia de la notificación de 

una sentencia. 32 LPRA Ap. V, R. 43.1. Asimismo, el Tribunal 

podrá hacer las determinaciones de hechos adicionales o las 

enmiendas, en conformidad con lo solicitado. (Énfasis suplido). Íd.

De la letra de la citada disposición reglamentaria resulta a la 

vista que el foro primario no está obligado a emitir determinaciones

de hechos y de derecho adicionales, luego de solicitada, por una 

parte, si no proceden. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 319 

(1998). Sobre ello, el Tribunal Supremo ha dispuesto lo siguiente:

[l]a utilización de la palabra “podrá” le imparte un 

carácter discrecional para que el juez determine si 

las mismas proceden o no. En vista de ello, 

aplicamos el canon de hermenéutica consignado en la 

Sección 14 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 14, a 

los efectos de que cuando "...la ley es clara y libre de 

toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.

(Énfasis suplido). Íd. p. 319.

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha enfatizado que: [c]iertamente, 

el juez tiene discreción para denegar tal moción, pues, en esencia, 

sólo procede para corregir errores manifiestos de hechos o de 

derecho. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 358 

(2003).
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Por otra parte, si alguna parte interesa presentar una 

moción de enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales, 

reconsideración o de nuevo juicio, estas deberán presentarse un 

solo escrito, y el Tribunal resolverá de la misma manera. 32 LPRA 

Ap. V, R. 43.1.

Ahora bien, la parte que presenta una solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales deberá exponer con 

suficiente particularidad y especificidad los hechos que el 

promovente estime probados, y debe fundamentarse en cuestiones 

sustanciales relacionadas con determinaciones de hecho pertinentes 

o conclusiones de derecho materiales. 32 LPRA Ap. V, R. 43.2.

III.

En el presente caso, la parte apelante solicita que revisemos

la Sentencia dictada sumariamente el 22 de noviembre de 2023 y 

notificada el 27 de noviembre de 2023 por el TPI. Mediante el 

referido dictamen, el TPI desestimó con perjuicio la causa de 

acción instada en contra de Island Finance al amparo de la Ley 80-

1976, supra, por entender que el despido del señor Rivera Jiménez 

estuvo justificado. El Tribunal realizó un total de setenta y cinco 

(75) determinaciones de hechos, los cuales fueron sustentados por 

la prueba documental presentada por el apelado en su solicitud de 

sentencia sumaria.

El señor Rivera Jiménez alega que erró el TPI al declarar Con 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria bajo el fundamento de que 

el apelante no logró controvertir los hechos, conforme a los 

parámetros de la Regla 36 de Procedimiento Civil. Además, 

sostiene que la evidencia en la que Island Finance fundamentó su 

petición es inadmisible en evidencia, ya que utilizó declaraciones 

juradas que contienen prueba de referencia. Arguye, a su vez, que 

existe controversia sobre la justificación de su despido, ya que la 
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conducta imputada ocurrió fuera de horas laborables. Finalmente, 

impugna la Resolución mediante la cual el TPI declaró No Ha Lugar 

la solicitud de determinaciones de hechos adicionales instada por 

el apelante.

En cambio, Island Finance arguye que procede confirmar la 

sentencia sumaria apelada. El apelado sostiene que el apelante no 

presentó prueba admisible que controvirtiera los hechos 

presentados como incontrovertidos en la solicitud de sentencia 

sumaria. Además, alega que el Informe de Investigación no es 

prueba de referencia por tratarse sobre un récord de negocio en el 

que se detalla el proceso que realizó Island Finance para atender la 

queja de hostigamiento sexual. Señala, a su vez, que sus normas 

prohíben el hostigamiento sexual y que el patrono tiene la facultad 

de interpretar sus normas y reglamentos. Por último, expresa que 

los hechos adicionales propuestos por el apelante son inmateriales,

no están identificados con prueba admisible y algunos son 

argumentaciones o especulaciones que no contradicen las 

determinaciones de hechos del TPI.

Los errores primero y tercero serán discutidos en conjunto 

por ambos estar dirigidos a impugnar la resolución sumaria de la 

controversia.

En el ejercicio de nuestra función revisora debemos: 1) 

examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al 

foro primario; 2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria 

como su oposición cumplan con los requisitos de forma codificados 

en la referida Regla 36, supra; 3) revisar si en realidad existen 

hechos materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

de exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró que 

están en controversia y cuáles están incontrovertidos; 4) y de 
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encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el Tribunal de 

Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, 679.

Cónsono con lo anterior, al realizar nuestra revisión de novo, 

nos corresponde, en primer lugar, determinar si la parte 

promovente de la moción de sentencia sumaria cumplió con lo 

dispuesto en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.

Particularmente, si incluyó: (1) una exposición breve de las 

alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en 

controversia; (3) la causa de acción sobre la cual se solicita la 

sentencia sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en 

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra 

prueba admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, 

así como de cualquier otro documento admisible en evidencia que 

se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones por las

cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Véase 32 LPRA 

Ap. V. R. 36.3. Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., 203 

DPR 687 (2019).

Al evaluar la moción de Sentencia Sumaria instada por 

Island Finance, constatamos que, en efecto, la parte promovente 

cumplió cabalmente con la precipitada Regla. El apelado presentó 

una bien fundamentada moción de sentencia sumaria, en la cual 

elaboró un total de setenta y siete (77) hechos que, según señaló, 

no están en controversia.

Es meritorio puntualizar que, Island Finance cumplió 

cabalmente con las disposiciones de la Regla 36.1 y 36.3 (a), toda 

vez que, (1) hizo una exposición breve de las alegaciones de las 
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partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de 

acción sobre la cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una 

relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos 

los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen estos hechos, así como de cualquier 

otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal; (5) las razones por las cuales se debe 

dictar la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y (6) el 

remedio que debe ser concedido. Pudimos constatar que, en efecto, 

el apelado acompañó su solicitud de sentencia sumaria con la 

evidencia documental que apoya la misma debidamente 

identificada y sustentó en derecho su solicitud. 

De igual forma, nos corresponde evaluar si el señor Rivera 

Jiménez se opuso adecuadamente a la moción de sentencia 

sumaria. Al revisar ponderadamente la Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria interpuesta por el apelante, nos percatamos de 

que, esta se limitó a refutar mediante meras alegaciones la Moción

de Solicitud de Sentencia Sumaria. Consecuentemente, nos vemos 

forzados a concluir que el escrito en oposición presentado por el 

señor Rivera Jiménez incumplió con lo dispuesto en la Regla 36.3

(b), supra.

La única prueba admisible acompañada a la Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria fueron las deposiciones realizadas

al señor Rivera Jiménez y a su esposa. Tal y como reseñamos 

previamente, nuestra última instancia judicial ha resuelto que, el 

oponente debe controvertir la prueba presentada con evidencia 

sustancial y no puede simplemente descansar en sus alegaciones. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, 215-216. Las meras afirmaciones 

no bastan. Íd. Como regla general, para derrotar una solicitud de 
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sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., supra, 677. Surge del expediente que obra ante 

nosotros que, el señor Rivera Jiménez no presentó prueba 

documental para controvertir los hechos esbozados por Island 

Finance en la moción de sentencia sumaria. En cambio, el apelado

acompañó su solicitud de sentencia sumaria de declaraciones 

juradas y amplia evidencia documental, además de las 

deposiciones realizadas, en apoyo de los hechos elaborados. 

Ante la presentación de una causa de acción al amparo de la 

Ley 80-1976, supra, el foro primario únicamente venía obligado a 

determinar si el despido del apelante estuvo justificado, según las 

normas de comportamiento de Island Finance.

Cónsono con la política pública del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, todo patrono tiene la responsabilidad de mantener sus 

centros de trabajo libre de todo acto de hostigamiento sexual y de 

tomar las medidas necesarias para garantizarlo. 19 LPRA sec. 

155i. La Norma 47 del Manual de Empleados de Island Finance

expresamente prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo y 

dispone que un primer incidente de hostigamiento sexual es 

motivo de despido. Dichas normas eran conocidas por el señor 

Rivera Jiménez.

Conforme surge de la prueba documental, el señor Rivera 

Jiménez le enviaba al señor Ginés, quien era subgerente y, por lo 

tanto, ocupaba una posición de menor jerarquía, numerosos 

mensajes con fotos y videos de alto contenido sexual por 

WhatsApp. Las referidas fotos y videos contienen mujeres 

desnudas enseñando sus glúteos y áreas genitales, mensajes con 

doble sentido sexual y caricaturas en las cuales aparecen menores 
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de edad expuestos a contenido explícito. A pesar de que el 

empleado no respondía a los mensajes, el apelante continuó 

enviándolos.

A la luz de lo anterior, el 12 de septiembre de 2019, el 

empleado presentó una queja sobre hostigamiento sexual ante el 

Departamento de Recursos Humanos en contra del señor Rivera 

Jiménez. Como parte del proceso investigativo de Island Finance,

Recursos Humanos le requirió al empleado que enviara un correo 

electrónico detallando la situación de hostigamiento sexual. Surge 

del correo electrónico que, por más de ocho (8) meses, el empleado 

se había sentido acosado y limitado profesionalmente como 

consecuencia de los actos del apelante.

A pesar de que la conducta imputada al apelante ocurrió

fuera de horas laborables, es evidente que los efectos de sus actos 

afectaron negativamente al señor Ginés en el centro de empleo, 

toda vez que se creó un ambiente laboral hostil. Atinente a la 

obligación que le impone la Ley 17-1988, Island Finance despidió 

al señor Rivera Jiménez en aras de proteger a sus empleados y

mantener su centro de trabajo libre de hostigamiento sexual.

Resulta forzoso concluir que no erró el TPI al resolver por la 

vía sumaria que el despido del apelante estuvo justificado, al 

amparo de la Ley 80-1976.

Por otro lado, mediante el segundo señalamiento de error, el 

apelante arguye que incidió el foro primario al admitir prueba de 

referencia bajo la excepción de récords de negocios. 

Específicamente, el señor Rivera Jiménez impugna la admisibilidad 

del Informe de Investigación, ya que contiene expresiones del señor 

Ginés, quien no testificó en el caso de autos, lo que constituye 

prueba de referencia. Adelantamos que no se cometió el error 

levantado. Veamos.
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La declaración jurada de la Directora de Recursos Humanos 

que acompañó la Moción de Solicitud de Sentencia Sumaria

cualifica los documentos como récords de negocios, conforme 

dispone la Regla 902 (K) de Evidencia, supra. En especial, el 

Informe de Investigación fue preparado como una actividad regular 

de negocio, mediante el mecanismo habitual de recogido de insumo 

disciplinario de Island Finance. Toda vez que las declaraciones del 

señor Ginés fueron recopiladas como parte del procedimiento 

investigativo de Island Finance y forman parte del Informe de 

Investigación, el cual fue debidamente autenticado, no constituyen 

prueba de referencia.

Además, dentro del referido procedimiento, en el que se 

produjeron los documentos admitidos como récords de negocio, el 

apelante tuvo la oportunidad de expresarse sobre la materia, lo 

cual consta en el expediente. De las mismas declaraciones del 

apelante durante la investigación, surge que el señor Rivera 

Jiménez reconoció haber enviado los mensajes de índole sexual al 

señor Ginés. En otras palabras, las declaraciones del señor Ginés 

no eran necesarias para sostener las determinaciones de hechos 

realizadas por el TPI.

Por todo lo cual, no erró el foro primario al concluir que el

Informe de Investigación era un récord de negocio admisible en 

evidencia.

Finalmente, corresponde determinar si el foro apelado 

cometió el cuarto error señalado. El apelante señala que el TPI erró 

al declarar No Ha Lugar su solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales.

Como discutimos anteriormente, la Regla 43.1 de 

Procedimiento Civil, supra, no obliga al foro primario a emitir 

determinaciones de hechos adicionales, si considera que estas son 

improcedentes. En primer lugar, cabe destacar que, las
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determinaciones de hechos adicionales solicitadas por el apelante

no fueron sostenidas por prueba admisible alguna. En segundo 

lugar, las determinaciones de hechos adicionales solicitadas por el 

apelante no son pertinentes a la controversia de autos.

Las determinaciones solicitadas por el señor Rivera Jiménez 

intentan sostener que entre el apelante y el señor Ginés existía una 

relación de amistad. Recalcamos que la controversia medular de

hechos giraba en torno a determinar si el despido estuvo 

justificado luego de la violación a las normas de Island Finance.

Contrario a lo que el apelante intenta argumentar, la controversia 

medular nunca estuvo relacionada a la supuesta relación de 

amistad entre el señor Rivera Jiménez y el señor Ginés. Una 

alegada relación de amistad entre ambos no justifica el

hostigamiento sexual llevado a cabo por el apelante. Por otro lado, 

el apelante intenta que el foro apelado acoja determinaciones de 

hechos relacionadas a alegadas infracciones a las normas de 

comportamiento cometidas por el señor Ginés, lo cual tampoco 

guarda relación con la causa de acción ante la consideración del 

Tribunal.

En fin, el foro primario tenía discreción para denegar tal 

moción, ya que esta solo procede para corregir errores manifiestos 

de hechos o de derecho. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc.,

supra. Resulta forzoso concluir que el TPI no erró al declarar No Ha 

Lugar la solicitud de determinaciones de hechos adicionales.

Por todo lo anterior, corresponde confirmar la Sentencia 

apelada, toda vez que los hechos aceptados como incontrovertidos 

por el TPI, los cuales se sostienen por la prueba que obra en el 

expediente, validan la conclusión de que la causa de acción 

promovida por el señor Rivera Jiménez no procede en derecho.
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IV.

Por los fundamentos expuestos, se Confirman los dictámenes 

apelados.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones