Número identificador 

 SEN2024_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

OFICINA DE ÉTICA 

GUBERNAMENTAL,

Recurrida,

v.

MICHAEL CRUZ GUZMÁN,

Recurrente.

KLRA202400001

REVISIÓN 

procedente de la 

Oficina de Ética 

Gubernamental.

Caso núm.:

23-20.

Sobre:

violación a los incisos(g) 

y (s) del Art. 4.2 de la 

Ley Orgánica de la 

Oficina de Ética 

Gubernamental.

Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza 

Romero García y la jueza Martínez Cordero.

Romero García, jueza ponente. 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2024.

Comparece la parte recurrente, el señor Michael Cruz Guzmán y nos 

solicita que revoquemos la Resolución emitida por la recurrida Oficina de 

Ética Gubernamental el 29 de noviembre de 2023, archivada en autos el 

30 de noviembre de 2023. Mediante la misma, la agencia recurrida adoptó 

en su totalidad el informe del oficial examinador y determinó que el señor 

Cruz violó el inciso (g) del Art. 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, según emendada, 

intitulada Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto 

Rico, 3 LPRA sec. 1857a, por lo que le impuso una multa administrativa de 

$3,000.00. A su vez, recomendó el archivo de la imputación del inciso (s) 

del precitado artículo. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la Resolución recurrida. 

I 

El 16 de agosto de 2022, la OEG presentó una querella contra el 

señor Cruz1. En ella, alegó que el recurrente había violado los incisos (g) y 

(s) del Art. 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA sec. 1857a. En particular, 

1 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 21-24. 
KLRA202400001 2

sostuvo que el señor Cruz, siendo supervisor inmediato de su tío, el señor 

Luis Cruz Vázquez, certificó asistencias, licencias y transacciones 

personales de este último. Ello, en contravención a la política pública 

establecida y sin presentar mecanismo de inhibición alguno ante la OEG. 

Por su parte, el 6 de octubre de 2022, el señor Cruz presentó una 

contestación a la querella2. En lo pertinente, admitió su relación familiar con 

el señor Cruz Vázquez y se opuso a las alegaciones de la OEG que 

insinuaban alguna violación a la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA sec. 1854, et 

seq. 

Tras varias indecencias procesales, el 15 de diciembre de 2022, la 

OEG presentó una solicitud de sentencia sumaria3. En síntesis, planteó 

que, de conformidad con los documentos que adjuntó a su moción y las 

admisiones del recurrente, no quedaba controversia sobre los hechos 

materiales del caso que ameritasen la celebración de una vista 

adjudicativa. En lo pertinente, adujo que la controversia podía resolverse 

de modo sumario al amparo del Art. 7.2 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA 

sec. 1860a, y de conformidad con los procedimientos establecido en la Ley 

Núm. 38-2017, intitulada Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601, et seq. (LPAUG). 

El 18 de enero de 2023, el recurrente presentó su oposición a la 

solicitud de adjudicación sumaria4. En su escrito, aceptó que ciertos hechos 

no estaban en controversia. Sin embargo, sostuvo que la OEG no había 

logrado demostrar que no existían controversias sobre los hechos 

materiales, por lo que no procedía el método de adjudicación sumario sino 

la celebración de una vista en su fondo. En respuesta, el 13 de febrero de 

2023, la recurrida presentó una réplica con la cual reafirmó su postura 

respecto a que no existían hechos materiales en controversia5. 

2 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 25-28.

3

Íd., a las págs. 30-53. 

4

Íd., a las págs. 159-193. 

5

Íd., a las págs. 194-201.
KLRA202400001 3

El 27 de noviembre de 2023, el Oficial Examinador Jaime A. 

Vázquez Colón emitió su informe y consignó las siguientes 

determinaciones de hechos, cada una apoyada en los documentos 

adjuntados a la solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte 

recurrida6: 

1. El señor Cruz Guzmán comenzó a laborar en el Municipio 

de Bayamón el 1ro de mayo de 2012, y se desempeñó 

como supervisor de construcción en el Departamento de 

Servicios Generales de dicho Municipio.

2. Como supervisor de construcciones, el querellado tenía la 

facultad de supervisar y evaluar el trabajo del personal 

involucrado en los proyectos de construcción manejados 

por el Departamento de Servicios Generales.

3. El señor Luis Cruz Vázquez comenzó a trabajar en el 

Municipio de Bayamón el 10 de junio de 2013, como 

auxiliar de oficios diestros en el Departamento de 

Servicios Generales, puesto que por lo menos ocupó

hasta el 30 de abril de 2022; ello, tras múltiples 

renovaciones del nombramiento transitorio. El puesto del 

señor Cruz Vázquez estaba clasificado como transitorio 

trimestral.

4. La naturaleza del trabajo de auxiliar de oficios diestros era 

uno “semidiestro” (sic), que consiste en realizar tareas 

auxiliares relacionadas con el mantenimiento, 

conservación y construcción de edificios, estructuras y 

facilidades municipales. Entre los aspectos distintivos del 

puesto de auxiliar de oficios diestros que ocupaba el señor 

Cruz Vázquez estaban el de realizar trabajo de moderada 

complejidad y responsabilidad, que consiste en realizar 

tareas auxiliares, relacionadas con el mantenimiento, 

conservación y construcción de edificios, estructuras y 

facilidades municipales, mediante el uso de materiales y 

herramientas propias de diversos oficios diestros en el 

Municipio de Bayamón. Trabajaba bajo la supervisión 

general de un empleado de superior jerarquía, quien le 

impartía instrucciones generales en los aspectos 

comunes del puesto, y específicas en situaciones 

especiales.

5. El querellado es sobrino del señor Cruz Vázquez.

6. A partir del 16 de agosto de 2020, el querellado comenzó 

a fungir como subdirector de Servicios Generales del 

Municipio de Bayamón.

7. La naturaleza del trabajo del querellado como subdirector 

de Servicios Generales consiste en trabajo profesional y 

administrativo en el Departamento de Servicios 

Generales, que conllevaba asistir al director de Servicios 

Generales en la coordinación, dirección y supervisión de 

todas las actividades que se llevan a cabo en la Oficina de 

Servicios Generales en un gobierno municipal.

6 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 6-20. 
KLRA202400001 4

8. Como parte de las funciones como subdirector de 

Servicios Generales, el señor Cruz Guzmán supervisaba 

a los empleados adscritos al Departamento de Servicios 

Generales del Municipio de Bayamón.

9. A partir del 1ro de abril de 2021, el señor Cruz Guzmán 

pasó a ocupar un puesto de confianza como director del 

Departamento de Servicios Generales, cargo que ocupó 

por lo menos hasta el 30 de abril de 2022.

10.El trabajo del señor Cruz Guzmán como director de 

Servicios Generales es profesional, administrativo, y 

altamente complejo a nivel ejecutivo, que conlleva la 

planificación, dirección, supervisión y coordinación de las 

actividades, y de todos los aspectos comprendidos en la 

administración de los servicios de apoyo que se le 

proveen a las unidades de trabajo del Municipio. El 

querellado tenía las siguientes responsabilidades:

• Era responsable de la dirección y supervisión de los 

programas de apoyo tales como: almacenaje y 

distribución de suministros y equipos, mantenimiento y 

limpieza para la conservación de las facilidades, servicios 

de producción de impresos, servicios relacionados con 

comunicación telefónica y otros servicios de apoyo a las 

áreas de trabajo y dependencias municipales.

• Revisaba y evaluaba periódicamente la productividad y 

la efectividad de los programas de trabajo y los recursos 

de las unidades de trabajo, actividades y programas a su 

cargo, con el propósito de establecer y modificar los 

procedimientos y sistemas de trabajos más adecuados, 

económicos y viables para las operaciones que dirige.

11.El señor Cruz Guzmán era supervisor inmediato del señor 

Cruz Vázquez mientras este laboró como auxiliar de 

oficios diestros en el Departamento de Servicios 

Generales, desde el 1ro de enero de 2015, al 30 de abril 

de 2022.

12.Como supervisor del señor Cruz Vázquez, el querellado 

firmó cuatro (4) evaluaciones con las siguientes fechas: 

30 de junio de 2014, 30 de junio de 2019, 20 de enero de 

2020, 1ro de enero de 2020, al 30 de junio de 2020.

13.Como director del Departamento de Servicios Generales, 

el querellado firmó una (1) evaluación del señor Cruz 

Vázquez con respecto al periodo del 1ro de enero de 

2021, al 30 de junio de 2021.

14.Como director del Departamento de Servicios Generales, 

el 7 de mayo de 2021, el querellado firmó una (1) solicitud 

de licencia de vacaciones y, el 30 de junio de 2021, firmó 

una (1) solicitud de una licencia de enfermedad, ambas 

para el señor Cruz Vázquez.

15.Como supervisor, el querellado firmó seis (6) solicitudes 

de licencias de vacaciones del señor Cruz Vázquez en las 

siguientes fechas: 10 de abril de 2017, 16 de octubre de 

2017, 12 de enero de 2018, 18 de enero de 2019, y 9 de 

enero de 2020. Además, el 13 de abril de 2016, firmó una 
KLRA202400001 5

(1) solicitud de licencia para reportarse a la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado.

16.El señor Cruz Guzmán no presentó un mecanismo de 

inhibición ante su patrono, el Gobierno Municipal de 

Bayamón.

17.El querellado no presentó un mecanismo de inhibición 

ante la OEG, relacionado con las renovaciones de 

nombramientos del señor Cruz Vázquez.

18.Tras realizarse la investigación correspondiente, el 16 de 

agosto de 2022, a la 1:20 pm, la OEG presentó una 

querella contra el señor Cruz Guzmán por violación al 

Artículo 4.2, incisos (g) y (s), de la Ley 1, a la cual se le 

asignó el número 23-20.

A la luz de las determinaciones de hechos materiales no 

controvertidos, el Oficial Examinador recomendó que se determinara que 

el señor Cruz Guzmán no había incurrido en violación al Art. 4.2 (s), 3 LPRA 

sec. 1857a, según le fuera imputado en la querella, pero que sí se le 

encontrara incurso en violación al inciso (c) del referido artículo. Además,

recomendó que se le impusiera la multa administrativa que se considerase

adecuada de conformidad con el Art 5.7 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA 

sec. 1858f. 

El 30 de noviembre de 2023, la OEG notificó a las partes su 

Resolución7. En síntesis, adoptó en su totalidad el informe emitido por el 

Oficial Examinador e impuso al señor Cruz Guzmán una multa de 

$3,000.00 por la violación al inciso (g) del Art. 4.2 de la Ley Núm. 12-2012, 

3 LPRA sec. 1857a. Por otro lado, archivó la imputación relacionada al 

inciso (s) del precitado Art. 4.2. 

Inconforme con la determinación de la agencia, el 2 de enero de 

2024, compareció el recurrente y formuló los siguientes señalamientos de 

error: 

Erró la OEG, al adjudicar sumariamente la querella sin 

conceder vista en su fondo al querellado, transfiriéndole el 

peso de la prueba en la etapa antes de la vista contrario a lo 

determinado por el Tribunal Supremo en OEG vs. Martinez 

Giraud, supra. 

Erró la OEG al concluir sumariamente que el querellado 

incurrió en violación al Aartículo 4.2(G) de la Ley de Ética 

Gubernamental sin que exista prueba clara, robusta y 

7 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 4-5. 
KLRA202400001 6

convincente de que se obtuvo un beneficio específico para el 

querellado o un tercero y basarse en las especulaciones, 

comentarios y conclusiones de la propia agencia.

(Énfasis omitido).

Por su parte, el 30 de enero de 2024, la agencia recurrida presentó 

su oposición. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos. 

II 

La Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto 

Rico, Ley Núm. 1-2012, según enmendada, 3 LPRA sec. 1854, et seq., es 

el estatuto rector de la conducta de servidores y exservidores públicos de 

la Rama Ejecutiva. Véase, 3 LPRA sec. 1857. Esta ley aspira a establecer 

un servicio público íntegro, con valores, que propicien la confianza en sus 

instituciones y aseguren la transparencia en las funciones oficiales. Tiene 

como misión, entre otras, educar al servidor público para que, en el 

desempeño de sus funciones, exhiba los valores de bondad, confiabilidad, 

justicia, responsabilidad, respeto y civismo que rigen la administración 

pública. Véase, 3 LPRA sec. 1855a. Así, el objetivo principal de esta 

legislación es renovar y reafirmar la función preventiva y fiscalizadora que 

realiza la Oficina de Ética Gubernamental8.

En cuanto a la conducta imputada a la parte aquí recurrente, la Ley 

Núm. 12-2012 establece en su Art. 4.2(g) que:

. . . . . . . . . .

Un servidor público no puede intervenir, directa o 

indirectamente, en cualquier asunto en el que él, tenga un 

conflicto de intereses que resulte en la obtención de un 

beneficio para él. Tampoco un servidor público puede 

intervenir directa o indirectamente, en cualquier asunto 

en el que un miembro de su unidad familiar, su pariente, 

su socio o una persona que comparta su residencia, tenga un 

conflicto de intereses que resulte en la obtención de un 

beneficio para cualquiera de ellos. 

Cuando se trate de una de las relaciones antes mencionadas, 

que haya terminado durante los dos años anteriores al 

nombramiento del servidor público, éste no podrá intervenir, 

directa o indirectamente, en cualquier asunto relacionado con 

éstos hasta pasados dos (2) años desde su nombramiento.

8 Véase, Exposición de Motivos de la Núm. 1-2012.
KLRA202400001 7

La prohibición permanece vigente mientras exista un vínculo 

de beneficio para el servidor público. Una vez termine el 

vínculo de beneficio, el servidor público no puede intervenir, 

directa o indirectamente, en el referido asunto hasta pasados 

dos (2) años.

. . . . . . . . . .

3 LPRA 1857a(g). (Énfasis nuestro).

En lo pertinente a la controversia ante nos, el Art. 7.2 de la Ley Núm. 

12-2012, 3 LPRA sec. 1860a, dispone que, luego de que concluido el 

proceso de investigación sobre algún servidor público de la Rama 

Ejecutiva, cuando la Oficina de Ética Gubernamental entienda que se ha 

violado alguna disposición establecida en la Ley o en las normas 

promulgadas a su amparo, se presentará una querella y llevará a cabo un 

procedimiento de adjudicación, de conformidad con la Ley Núm. 38-2017, 

intitulada Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601, et seq. Este estatuto provee para el empleo 

del mecanismo sumario en su Sección 3.7(b), 3 LPRA 9647(b). 

De igual forma, el Art. 6.11 del Reglamento sobre Asuntos 

Programáticos de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico9regula 

el uso de la resolución sumaria en los procedimientos administrativos ante 

la Oficina de Ética Gubernamental. En lo pertinente, dispone: 

Cualquier parte podrá solicitar la resolución sumaria de 

todas o de cualquiera de las controversias a ser 

ventiladas en una audiencia mediante la presentación de 

una moción con no menos de veinte días calendario de 

antelación a dicha audiencia. La moción establecerá que no 

existe controversia de hecho esencial que haya que 

determinar en la audiencia y estará fundada en documentos, 

sin limitarse a: declaraciones juradas, certificaciones, 

grabaciones, videos o fotografías. 

. . . . . . . . . .

(Énfasis nuestro).

III

En síntesis, la parte recurrente propone que la OEG erró al utilizar 

el mecanismo de adjudicación sumaria y, en consecuencia, emitir la 

Resolución mediante la cual le impuso el pago de una multa administrativa. 

Ello, al encontrarlo incurso de violación al Art. 4.2(g) de la Ley Núm. 12-

9 Reglamento Núm. 8231 de 18 de julio de 2012. 
KLRA202400001 8

2012, 3 LPRA sec. 1857a(g). Por estar relacionados, discutiremos ambos 

señalamientos de la parte recurrente en conjunto. 

La parte recurrente arguye que la evidencia presentada por la 

agencia no cumple con el estándar de prueba clara, robusta y convincente 

necesario para probar que, en este caso, se obtuvo algún beneficio por 

parte del señor Cruz Guzmán o su pariente. Además, adujo que la OEG no 

tenía disponible el proceso de adjudicación sumaria para atender esta 

controversia. Esto, por considerar que dicho proceder resultaba contrario a 

lo resuelto en el caso de OEG v. Martinez Giraud, 210 DPR 79 (2022). En 

específico, que el caso del título se trataba de un procedimiento 

cuasicriminal y la petición presentada por la OEG tenía el efecto de 

transferir la carga de la prueba al señor Cruz Guzmán. 

Por su parte, la OEG estableció no solo que el mecanismo sumario 

estaba disponible al amparo del Art. 7.2 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA 

1860a, y conforme a la LPAUG y al reglamento aplicable, sino que en el 

caso de autos la resolución sumaria de la querella no había tenido el efecto 

de transferir el peso de la prueba a la parte recurrente. Por el contrario, 

aclaró que la OEG adjuntó a su moción toda la prueba en apoyo a las 

alegaciones de la querella, por lo que correspondía a la parte recurrente 

oponerse y controvertir esa prueba. 

Según discutimos, el mecanismo de adjudicación sumaria está 

disponible para atender controversias como la de autos. En cuanto a lo 

resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en OEG v. Martínez 

Graud, 210 DPR 79 (2022), coincidimos con la postura de la agencia 

recurrida en cuanto a que esta decisión no prohibió la adjudicación sumaria, 

ni requirió la celebración de una vista evidenciaria, para dilucidar los casos 

disciplinarios ante la OEG, sino aclaró que el estándar probatorio era el 

claro, robusto y convincente. 

De otra parte, la evaluación de la prueba presentada nos permite 

concluir que al emitir tanto el Informe del Oficial Examinador como la 
KLRA202400001 9

Resolución recurrida, la OEG contaba con prueba suficiente para imputar 

la violación al Art. 4.2(g), 3 LPRA sec. 1857a(g). 

Por tanto, evaluada la totalidad de expediente ante nos, concluimos 

que la OEG sí tenía disponible el mecanismo de adjudicación sumaria. 

Además, coincidimos con que la Resolución emitida por la agencia 

recurrida fue sustentada por prueba clara, robusta y convincente que obra 

en el expediente y, contrario a lo planteado por la parte recurrente, no la 

determinación de la OEG no resulta arbitraria, caprichosa, ilegal o 

irrazonable. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución

emitida el 29 de noviembre de 2023, notificada al día siguiente, por la 

Oficina de Ética Gubernamental. 

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones