Número Identificador
SEN 2 02 4

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL ESPECIAL
BILLY RIVERA JIMÉNEZ, MARÍA J. GORDILLO VARGA S Y LA SOCIEDAD LEGAL DE G ANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS

Apela nte s

v. ISLAND FINANCE, LLC; ISLAND FINANCE AGENCY, LLC; ASEGURADORA S A, B ; ASEGURADOR AS C, D Apela dos KLAN202 4 00 038 Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón
C ivil N úm .: BY2019CV06648

Sobre: Despido Injustificado (Ley Núm. 80)

Panel integrado por su presidente, el J u ez Boni l la Ortiz , la J uez a Mateu Meléndez y la J ueza Prats Pa lerm

. Prats Palerm, Jueza Ponente
SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico a 8 de m ayo de 202 4

. Comparece la parte demandante apela nte, Billy Rivera Jiménez (en adelante, “ se ñor Rivera J iménez ” o “ A p ela n te ” ) mediante recurso de Apelaci ón y solicita la revisión de la Sentencia dictada el 22 de noviembre de 2023 y notificada el 27 del mismo mes y año por el Tribunal de Primera Instan cia, Sala de Bayamón (en adelante, “ TPI ” ). Mediante el referido dicta m e n, el TPI declaró Ha Lugar una solicitud de s entencia s umaria instada por Island Finance, LLC (en adelante, “ Island Finance ” o “ Apelado ” ) y ordenó la des estimación con perjuicio de la demanda. Por otro lado, e l a pelante solicit a la revisión de la Reso luci ón

e mitida y notificada el 13 de diciembre de 2023 por el TPI. Mediante el referido dictamen, el foro apelado declaró No Ha Lugar la solicitud de determinaciones de hechos adicion al es presentada
po r el señor Rivera Jiménez.KLA N202400038 2 Por los fundamentes que expondre mos a continuación, se Confir m a n l os dictámenes apelad os . I. El señor Rivera Jiménez comenzó a trabajar en San tander
Fina ncial, posteriormente adquirido por Island Finance, e n el 1995. El 20 de septiembre de 2019, el apelante fue despedido de

su em pleo por su pat rono I sland Finance . Al momento de l des pido, ocupaba el puesto de Gerente “Senior ” en la s ucursal de Bayamón
Drive In. El 13 de noviembre de 20 19, el señor Rivera Jiménez, María J. Gordillo Vargas (en adelante, señora Gordillo Vargas ” ) y la
Soci edad L egal de Gananciales (en adelante, “ SLG ” ) co mpuesta por ambos pres entaron una Demanda en contr a de su antiguo patrono, Island Finance , sobre despido injustificado, al amparo de la Ley Núm . 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada,
conocida como Ley S obre Despidos Injustifica dos (en ad elante, “ Ley
8 0

- 1976 ” ), 29 LPRA sec. 185 a et seq

. Subsiguientemente , presentó

una Demanda Enmendada el 5 de diciembre de 2019, a los efectos de enmendar el cómputo de la mesada. El foro primario emitió una Sentencia Parcial el 12 de m ayo de 2020, median te la cual de c la ró Ha Lugar una solicitud de desestimación parcial instada por Island Finance y desestimó con perjuicio la acción presentada por la señora G ordillo Vargas y la
SLG. Resol vió que la acción al amparo de la Ley 80

- 1976 es un a
p ersonalísima y solo le correspon de reclamarla al emplea do

. Luego de varios trámites procesales , que no son necesario s pormenorizar, el 30 de agosto de 2023, Island Fin anc e presentó

una M oción de Solicitud de Sentencia S umaria

. En síntesis ,

ar g umentó qu e e l desp ido del señor Rivera Jimén ez estuvo ju stificado debido a actos de hostigamiento sexual cometidos por el señor Rivera Jiménez en contra de Manuel Ginés (en adel ante,KLA N202400038 3

“ señor Ginés ” ), empleado de Is land Finance. Añadió que, co nforme

a las N ormas Ge nerales de Conducta y Trabajo que forma n parte del Manual de E mpl eados, el incurrir en un cúmulo de cuatro (4) faltas a las normas del Manual en un periodo de di eciocho (18)

me ses o menos resultaría en el despido del empleado. Island Finance sostu vo que, al recibir un a queja de hostigamiento sexual en contra del señor Ri vera Jimén ez, condujo una investigación y esta demostró que el apelante incurrió en los actos alegados por el empleado quejoso. Pa rticularmente, la investigación encontró que el ape lante en viaba fotos y videos de índole sexual a otro empleado del apelado, lo cual provo có un ambiente hostil en el empleo. Por todo lo cual , argu yó que el despido fue justificado, conforme dispone la Ley 80

- 1976. El 5 de octubre de 2023, el señor Rivera Jim énez presentó su Oposición a Solicitud Sumaria

. La oposición del apelante se basó en
que, la solicitud de sentencia sumaria descansó en una declaraci ón jurada que conti ene prueba de referencia. Además, sostuvo que los mensajes enviados al otro empleado ocurrier on fuera de horas laborables y en el conte xto d e amistad que guarda ba con el empleado, por ende, no podía considerarse hostigamiento sexual e n el empleo.
El TPI em itió Sentencia el 22 de noviembre de 2023 , notific a da el 27 de noviembre de 2023 , me diante la cual declaró Ha Lugar la solicitud de s entencia sumaria insta da po r Island Finance y desestimó con perjui cio la Demanda presentada por el señor
Rivera Jiménez

. En resumidas cuentas, el foro de instancia concluyó que el despi do fue justificado, co mo con secuen cia de las reiteradas violaciones por el apela nte al manu al de normas de comportam iento del apelado. El foro primario señaló que el M anual de Empleados expresamente establecía que de un empleado incurrir en un cúmulo de cuatro (4) faltas a cual quiera de susKLA N202400038 4

normas dentro del pe riodo de dieciocho (18) me ses o meno s procedería su despido. Asimismo, concluyó que , con anterioridad a la queja del señor Ginés, y dentro de los di eciocho (18) meses
ante riores al despido, el señor Rivera J imén ez ya habí a sido obje to de tres (3) acciones d isciplina ri as . Por otro lado, el TPI determinó que en la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria el apelante no hizo refer encia a prueba admi sible alguna para refutar la presentada por los apelados. Por el contrario, concl uyó que, el señor Rivera Jimén ez se limitó a una discusión genérica de los he chos, incumpliendo con los requisit os establecidos por la s Reglas de Procedimiento Civil. Por último, s obre la supuesta prueba de referencia presentada por Is land Finance, el for o primario sostuvo que, de una lectura de la otra p rue ba d ocumental sometid a como parte de la solicitud de sentencia sumaria, se pod ía determinar que no existía controversia respecto a la investigación real izada por Isla nd
Finance. En otras palabras, l a pr ueba de referencia no era necesaria para sostener sus determinaciones de hechos. Inconforme, e l 12 de diciembre de 2023, el señor Rivera Jiménez present ó una Solicitud de R e consideración y Determinaciones de Hechos Adicionales . En lo aquí pertinente , el

a pelante le solicitó al foro de instanci a que realizara las siguientes
determina ciones de hech os a dicionales:
1. [E] l cuatro (4) de mayo de 2019 Sr. Ginés acudió a trabajar e xhibiendo y mo strando sus tatuajes en violación a la política, normas y regla mentos de la Demandada; (Sobre esta violación se documentó con la Sra. Angie Lugo.

e [sic]

. [E] l ocho (8) de junio de 2019, se notificó una queja a la Sra. Virgen Mejías por una falta de respeto al dem andante, lo cual constituía una insubordinación [.]
2

. [E] n junio de 2019, fue amonestado verbalmente por agredir verbalmente a empleados de edad avanzad a durante horas laborables; Esto fue enviado a la Sra. Virgen Mejías mediante r eporte de incidencias [.]KLA N202400038 5

3. [E] l uno (1) de agosto de 2019 fue transferido n uevame nte de la Sucursal de Drive Inn Plaza a la Sucursal de Canton Mall en Bayamón; (Esa decisión la t omó la Sra. Virgen Mejías).
6 [sic] . El Sr. Billy Rivera amonestó al Sr. G inés por el uso de su teléfono celular durante horas laborables, contrario a la pol ítica, normas y reglamentos del patrono, por lo cual se le amonestó verbalm ente en varias ocasion es. 7 [sic]

. El Sr. Billy Rivera y el Sr. Ginés eran amigos cuya amistad se había desarrollado por razón del empleo. Esta había surgido desde el año 2 016 e incluso se extendía fuera del ámbito laboral.
8 [sic]

. El Sr. Ginés y el Sr. Billy Rivera en e l mes de junio de 2018 hasta el 1 de mayo de 2019 no trabajaron en la misma Sucursal [.]
9 [sic]

. El Sr. Ginés acudió a trabajar exhibiendo y mostrando s us tat uajes en violación a la política, normas y reglamentos de la Demandada por lo que fue amonestado por e l Sr. Rivera [.]
10 [sic]

. El Sr. Ginés nunca manifestó molestia al S r. Billy Rivera por mensaje de tipo alguno [.] El TPI declaró No Ha Lugar la re fer ida solici tud mediante Resol ución el 13 de diciembre de 2023.
Insa ti sfecho aun , el 1 2 de enero d e 2024, el señor Rivera
Jiménez presentó un recurso de Apelación y solicitó la revisión de
la Sentencia dictada el 22 de noviembre de 2023 y notificada e l 27 d e noviembre de 2023. El ap e lante realizó los siguientes señalamientos de err or: E rró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia Sumaria, y concluir que el comp arec iente no controvirtió la solicitu d de sentencia sumaria conforme la Regla 36. 6 de l as de Procedimiento Civil, y al conceder dicho remedio a p e sar de la existencia de controversias de hechos que son medulares que lo impedían.
E rró el Tribunal de Primera In stancia al conceder la Sentencia Sumaria , utilizando prueba de referencia baj o e l f

undamento de que se trataba de r écord en curso ordina rio de los negocios, contemplan do la Regla 8 05 F de las de Evi dencia.
E rró el Tribunal de Primera Instancia al resolver sumariamente que el despido del apelante fue uno justificado por alegadas vi olaci o nes de normas por cond ucta fuera de ob ras [sic] labora bles.KLA N202400038 6

E rró el Tribunal de Primera Instanci a al declarar No Ha Lugar la solicitud de determ inaciones de hechos adiciona les, a pesar de que dichas prop uestas de hechos surgían de las propi as deposi ciones utilizadas por ambas partes para presentar respec tivas posiciones. El 12 de fe brero de 2024, Is land Finance presentó su alegato en oposición. Perfeccionado el recurso y con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a res olver.

I I.

- A El mecanismo de la sentencia sumaria , Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, le permite al tribunal disponer de un caso sin llevar a cabo una vista en su fondo. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020). Dicho mecanismo
proc esal, es un remedio discrecional; el cual tiene como fin, la solución justa, rápida y económica de cont roversias, en que lo único por dirimir sean controversias de derecho. Rodríguez Méndez et al. v. Laser Eye Surgery , 195 DPR 769 , 785 (2016). Según el al udido precepto reglamentario, el promovente de la sentencia sumaria deberá establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe controversia sustancial sobre algún hecho
mate rial. A su vez, el promovente deberá fundamentar su postura haciendo refer encia con “indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos hechos”. Regla 36.3(a)(4) de Procedimi ento Civil, supra . Por su parte, el promovido tiene que refutar los hecho s aleg ados, con prueba que controvierta la exposición de la parte que
solicita la sentencia sumaria. León Torres v. Rivera Lebrón , supra , 44

. Así pues, la parte deberá contestar en forma tan detallada yKLA N202400038 7

específica como lo haya hecho la parte promovente. De no ha cerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si procede

. Regla
36.3 (c) de Procedimiento Civil, supra ; León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 43. Así las cosas, la parte que se oponga a una solicitud de sentencia sumaria, no podrá desca nsar e n las aseveraciones o negaciones consignadas en su alegación. Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, supra. Es conocido que, como regla general, para derrotar una solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones ju radas y contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados por el promovente. Ramos
Pérez v. Univisión P.R., Inc ., 178 DPR 200 , 215 (2010). Específicamente, la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36.5, establece que : [l]as declar aciones juradas para sostener u oponerse a la moción se basarán en el conocimiento personal del (de la) declarante. Contendrán aquellos hechos que serían admisibles en evidencia y demostrarán afirmativamente que el(la) declarante está cualificado(a) para t estificar en cuanto a su contenido. 32 LPRA Ap. V, R.36.5; Roldán Flores v. M. Cuebas , et al., 199 DPR 664 , 677

- 678 (2018). Con respecto a la interpretación de la precitada Regla, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que las declaraciones juradas qu e cont ienen solo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficient es para demostrar la existencia de lo que allí se concluye

. Íd .; Ramos Pérez v. Univisión P.R., Inc ., supra, pág. 216. Más al lá de contener hechos específicos sobre los aspectos sustantivos del caso, la declaración debe incluir hechos que establezcan que e l declarante tiene conocimiento personal del asunto declarado

. Roldán Flores v. Cuebas et al. , supra. Asimismo, al momento de res olver una moción de sentencia sumaria es necesario que el tribunal considere a fondo lasKLA N202400038 8

alegaciones de la demanda y las defe nsas presentadas. Ello, con el
fin de establecer si existe controversia en cuanto a los hechos materiales o no. Por lo que, d e exis tir dicha controversia, el tribunal no deberá declarar ha lugar una petición de sentencia sumaria. Además, cualquier duda hab rá de resolverla en contra de la parte promovente. Ramos Pérez v. Univisión , supra , 217. El Tribunal Supremo de Puerto Rico h a reit erado que, como regla general, no procede la sentencia sumaria en casos donde
estén en controversia elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad es esencial y está en disputa

. Ramos Pérez v . Univ isión , supra, pág. 219. Tampoco procede emitir sentencia sumariamente cuando: (1) existan hechos materiales controvertidos (2 ) hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas (3) surge de los propios documentos que se acompañan co n la m oción una controversia real sobre algún hecho material o (4) como cuestión de derecho no procede. Vera Morales v. Bravo , 161 DPR 308, 333

- 334 (2004). Como al momento de revisar las solicitudes de sentencia sumaria, estamos en la misma posición que e l foro primario; nuestra última instancia apelativa ha establecido que la revisión será de novo , limitándose a solo considerar los documentos que se presentaron ante el TPI. Meléndez González et al. v. M. Cuebas , 193 DPR 100, 118 (2015)

. Por lo cual se des cartan exhibit [s], deposiciones o affidávit[s] que no fueron presentadas oportunamente en el foro de primera instancia o teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el foro apelativo

. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra , págs. 11 4

- 115. A tales efectos , este Tribunal de Apelaciones examinará el expediente de la manera más favorable hacia la parte qu e se opuso a la moción de sentencia sumaria en el foro primario. Además,KLA N202400038 9

revisaremos que la moción de sentencia sumaria y su oposición, cumpl ieron con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Por último, evaluaremos si existían hechos m ateriales en controversia, los que, en caso de haberlos, habremos de cumplir con los criterios de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra , y procederemos a exponer concretamente cuáles hechos materiales se encontraron que estaban en controversia y cuál es estaban incontrovertidos. Í

d

. Por el contrario, si encontramos que los hechos materiales del caso son incontrovertidos, debemos revi sar de novo si el foro primario aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo ante sí. Melé ndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 119.

- B La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida también como la Ley de Despido Inju s tificado , según enmendada, 29 LPRA
sec. 185a et seq. , fue creada con el fi n primordial de proteger, de manera más efectiva, el derecho del obrero puertorriqueño a la tenencia de su empleo. A su vez, procura desalentar la práctica de despedir a los e mplea d os de forma injustificada y otorga a los trabajadore s remedios justicieros y consustanciales con los daños causados por un despido injustificado. Véase: Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80, supra .; SLG Zapata

- Rivera v. J.F.
Montalvo , 189 DPR 414 , 424 (2013); Feliciano Martes v. Sheraton , 182 DPR 368 (2 011). El Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b, detalla las circunstancias que constituyen “ justa causa

” para el despido e incluye motivos fundados en la conducta del empleado, así como

c ircuns tancias de índole empresarial. Así pues, en lo perti nente, las causas atri buibles a los empleados que constituyen justa causa para el despido se preceptúan en los incisos (a), (b) y (c) del Artículo 2, y son las siguientes:KLA N202400038 10 (a) Que el obrero siga un patró n de conducta impropia o desordenada. (b) La actitud del empleado de no re ndir su trabajo en forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad del producto que se produce o maneja por el establecimiento. (c) Vi olación reiterada por el empleado de las reglas y reg lamentos razonables es tablecidas por el funcionamiento del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado. [...] . (Énfasis suplido). 23 LPRA sec.18 5b. No obstante, a pesar de que la Ley Núm. 80 provee una lista de circu n stancias que justifican el despido de un empleado o empleada, la precitada ley no pretende ser un código de conducta limitada a una lista de faltas claramente definidas con su s

sanc iones correspondientes. Jusino et als. V. Walgreens , 155 DPR 560, 573 (20 0 1). A estos efectos, el patrono tiene la potestad de adoptar reglamentos internos y establecer normas de conducta en el lugar de trabajo que estime necesarias para conseguir e l bu en funcionamiento de la empresa. Íd

. Los empleados estarán sujetos

a cum p lir con dichos reglamentos y normas, siempre y cuando éstos cumplan con el criterio de razonabilidad. Íd

. De este modo, para que las violaciones de las normas del empleo constit uy an justa causa para el despido, el patrono tiene la obligación de probar l a razonabilidad de las normas establecidas, que le suministró copia escrita de éstas al empleado y que el empleado las violó. Rivera Águila v. K

- Mart de P.R ., 123 DPR 599, 613

- 614 ( 1942). En cambio, no se considerará despido por justa causa aquel que se h ace por el mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento. Srio. del Trabajo v. GP Inds., Inc., 153 DPR 223, 241 (2001). En fin, el principio rector que gobierna el despido por justa causa dispue sto en el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra , es aquelKLA N202400038 11

que delimita las circunstancias en que éste se produce. Es decir, cuando tiene su origen en alguna razón o motivo vinculado a la ordenada marcha y normal funcionamiento de una empresa y no en el libr e arbitrio o capricho del patrono. Íd

.

- C
Nuestra Constitución reconoce que la dignidad de todo ser humano es inviolable, p rohíbe el discrimen por razón de raza, color, sexo, na c imiento, origen o condición social e ideas políticas o religiosas y protege a nuestros ciudadanos contra los ataques abusivos a su honra, reputación y vida privada o familiar. Art. II, Secs. 1 y 8, Co nst. E.L.A., LPRA, Tomo 1. En lo pertinente al caso d e marras, la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 , según enmendada, conoc ida como Ley para Prohibir el H ostigamiento
Se xual en el Empleo ( en adelante , “ Le y 17

- 1988 ” ) , 29 LPRA sec. 155
et seq. , es una de varias leyes existentes en nues tro ordenamiento
laboral que protege la dignidad del ser humano en el trabajo. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 470 (2007). En su Exposición de Motivos se indica que : L a práctica del hostigamiento sexual en el empleo, en cualquiera de sus f

ormas, infringe la inviola b ilidad del ser humano y constituye un claro discrimen contra el hombre o mujer en el campo del trabajo. Obstaculiza la labor de la persona, privándola del goce y disfrute de una vida plena a la cual tiene derecho todo ser humano en igualdad de condicione s ante la ley, según lo expresa el mandato constitucional y es una de las formas en que se manifiesta el discrimen por razón de sexo . Ahora bien, e l Artículo 3 de l a Ley Núm. 17, define hostigamiento sexual de la siguiente forma: El hostigamiento sexua l en el empleo consiste en cualquier tipo de acercamiento sexual no de seado , requerimientos de favores sexuales y cualquier otra conducta verbal o física de naturaleza sexual o que sea reproducida utilizando cualquier medio de comunicación incluyendo , pero sin limitarse, al uso de herramientas de multimedios a través de la r ed cibernética o por cualquier medio electrónico, cuando se da una o más de las siguientes circunstancias:KLA N202400038 12 (a) Cuando el someterse a dicha conducta se convierte de forma implícita o ex p lícita en un término o condición del empleo de una persona . (b) Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta por parte de la persona se convierte en fundamento para la toma de decisiones en el empleo o respecto del empleo que afectan a esa persona. (c) Cuando esa conducta tiene el efecto o prop ósito de interferir de manera irrazonable con el desempeño del trabajo de esa persona o cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. ( Énfasis supli do). 29 LPRA sec. 155b.
El Artículo 1 0 del estatuto establece que el patrono será responsable de : mantener el centro de trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación y deberá exponer claramente su política contra el hostigamiento sexual ante sus supervisores y empleados y garantizará q u e puedan trabajar con seguridad y dignidad

. 2 9
LPRA sec. 155i. A la luz de lo anterior , el patrono deberá tomar las medidas necesarias para cumplir con tal propósito , sin limi tarse a las siguientes: (a) Expresar claramente a sus supervisores y empleados q ue el patrono tien e una política enérgica contra el hostigamiento sexual en el empleo. (b) Poner en práctica los métodos necesarios para crear conciencia y dar conocer la prohibición del hostigamiento sexual en el empleo. (c) Dar suficiente publicid a d en el lugar de trabajo , para los aspirantes a empleo, de los derechos y protección que se les confieren y otorgan bajo esta Ley, al amparo de la Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, y de la Cons t itución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (d) Establecer un procedimiento interno adecuado y efectivo para atender querellas de hostigamiento sexual. Í

d. En virtud de lo anterior, el estado de derecho reconoce que la Ley Núm. 17, supra, provee unas guías mínimas y le confiere
discr eción a cada patrono para adoptar aquellas normas que entienda convenientes para cumplir con el deber afirmativo que leKLA N202400038 13

impone [...]

. Rosa Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368 , 383 (2015 )

. De este modo, cada patrono, a la luz de las particularidades pertinentes, tiene el deber de definir las medidas cautelares que
estime necesarias para erradicar toda manifestación de hostigamiento sexual en su taller de empleo. Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994)

.

- D La prueba de referencia es aquella declaración que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en eviden cia para probar la verdad de lo aseverado. Regla 801(c) de Evidencia, 32 L PRA Ap. VI, R. 801(c); Toledo Maldonado v . Cartagena Ortiz, 132 DPR 249 (1992). Como norma general, la prueba de referencia no será admisible en evidencia , salvo que de otra manera s e disponga por ley. Regla 804 de Evidencia , 32 LPRA Ap. VI. R. 804. A man era de excepción , y en lo aquí pertinent e , la Regla 805 (F) , supra , de Evidencia dispone que los récords de actividades que se realizan con regularidad no están sujetos a la regla ge neral de exclusión de prueba de referencia , a un cuando la persona declaran te esté disponible como testigo

. La prop i a Regla 805 (F) , supra , define récords de actividades qu e se realizan con regularidad como: Un escrito, informe, récord, memorando o compilac ión de datos

- en cualquier forma

- relativo a actos, sucesos, condiciones, opiniones o diagnósticos que se hayan pr e parado en o cerca del momento en que éstos surgieron , por una persona que tiene conocimiento de dichos asuntos, o mediante información transm itida por ésta, si dichos récords se efectuaron en el curso de una activid ad de negocios realizada con regularidad , y si la preparación de dicho escrito, informe, récord, memorando o compilación de datos se hizo en el curso regular de dicha actividad de ne gocio, según lo demuestre el testimonio de su custodio o de alguna otra pe rsona testigo cualificada , o según se de m uestre mediante una certificación que cumpla con las disposiciones de la Regla 902(K) o con algún estatuto que permita dicha certificación, a menos que la fuente de información, el método o las circunstancias de su preparación inspiren falta de confiabili d ad . [...] (Énfasis suplido).KLA N202400038 14

Nuestro más alto foro ha expresado que, “[l]os fundamentos
de esta excepción a la regla general de exclusión de prueba de referencia descansan en razones de necesidad, confiabilidad,

ex periencia y en el carácter rutinario del documento.” Nereida Muñiz Noriega v. Bonet , 177 DPR 967 (2010). La garantía de confiabilidad de esta excepción es la continuidad, regularidad y cotejo de los récords. E. L. Chiesa, Tratado de derecho probatorio: Re glas de Evidencia de Puerto Rico y Fed er

a les , op. cit. , pág. 803. Importante es que: La confiabilidad de la anotación depende en gran medida de su carácter rutinario. Si siempre que ocurre determinado tipo de acto se hace rutinariamente el asiento corresp ondiente en el récord, la presencia de l a siento es indicio de que ocurrió el acto, y la ausencia del asiento es indicio de que no ocurrió. Pero si el asiento o anotación no se hace rutinariamente, sino una veces pero no otras, se desvanece la garantía de c onfiabilidad o, al menos, desmerece. L a f alta de este elemento justifica la exclusión de la prueba de referencia. Íd. pág. 810. Solo mediante la presentac ión de la antepuesta evidencia es que la parte qu e interesa someter como prueba los récords de activ idades que se realizan con regularidad s i enta adecuadamente las bases para su admisión y por tanto cumple con el requisito de
autenticación. Así lo dispuso el Tribunal Supremo de Puerto Rico

en H.R. Statio nary, Inc. v. E.L.A. , 119 DPR 129 (1987) , al discut ir la derogada Regla 65 (F) de Evidencia , la cual es similar a la actual Regla 805 ( F ) de Evidencia, supra . Por otro lado, s urge de la precipitada Regla , que no será necesario el testimonio del custodio de unos récords u otro testigo que declare para au tenticar los mismos y explicar el moment o y método de su preparación. Hato Rey Stationery v. ELA , 119 DPR 129 (1987). El testimonio de l custodio podrá sustituirse por una declaración jurada que cumpla con las disposiciones de la Regla 902 (K) de Evidencia. 32 LPRA Ap. VI, R. 902 (K). ConformeKLA N202400038 15

di s pone la Regla 902 (K) , supra , la certificación jurada deberá certificar que dicho récord:

(1 ) se preparó en o cerca del momento en que ocurrieron los sucesos o las actividades mencionadas por una persona que tiene conocimiento de dichos asuntos, o median t e información transmitida por ésta; (2) se llevó a cabo en el curso de la actividad realiz ada con regularidad, y (3) se preparó como una práctica regular de dic ha actividad.

- E La Reglas 43.1 de Procedimient o Civil permite la s olicitud de determin a ciones de hechos o conclusiones de derecho iniciales , si estas no se hubie sen hecho por innecesarias , dentro de los quince (15) días después de haberse archivado co p ia de la no tificación de
una sentencia . 32 LPRA Ap . V , R. 4 3.1. Asimismo, el Tribunal podr á hacer las determinaciones de hechos adiciona les o las enmiendas , en conformid ad con lo solicitado. (Énfasis suplido). Í d. De la letra de la citada disposición reglamentaria resulta a la vista que el foro primario no está obligado a emitir determinacione s de hechos y de derecho adicionales, lueg o de solicitada, por una parte, si no proceden. Blás v. Hosp. Guadalupe , 146 DPR 267, 319 (1998). Sobre ello, el Tribunal Supremo ha dispuesto lo siguiente: [l]a utilización de la palabra “ podrá ” le imparte un cará c ter discrecional para que el juez deter mine si las mismas proceden o no. En vista de ello, aplicamos el canon de hermenéutica consignado en la Sección 14 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 14, a los efectos de que cuando "...la ley es clara y libre de t oda ambigüedad, la letra de ella no deb e ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu

. ( Énfasis suplido). Í

d

. p. 319

. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha enfatizado que : [c] iertamente, el juez tiene discreción para denegar tal moción, pue s , en esencia, sólo procede para corregir errores manifiestos de hechos o de derecho

. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc. , 158 DPR 345, 358 (2003).KLA N202400038 16 Por otra parte, s i alguna parte inte resa p resenta r una moción de enmiendas o determinaciones iniciale s o adicionales, reconsid eraci ón o de nuevo j uicio, estas d eberán presentarse un solo escrito, y el Tr ibunal resolverá de la m isma manera. 32 LPRA Ap . V , R. 4 3.1

. Ahora bien, la parte que presenta una solic itud de determinaciones de hechos adicional es deb e rá exponer con suficiente particularidad y e specificidad los hech os que el promovente estime probados, y debe fundamentarse en cuestiones sustanciales relacionadas con determinaciones de hecho pertinentes o conclusiones de derecho materiales

. 32 LPRA Ap. V , R. 43.2.

III. En el pr esente caso, la parte a pelante solicita que revisemos
la Sentencia dictada sumariamente el 22 de noviembre de 2023 y notificada el 27 de noviembre de 2023 por e l TPI. Mediante el referido dictamen, el TPI desestimó con perjuicio l a ca usa de
acción ins tada en contra de Island Finance al amparo de la Ley 80

- 19 76, supra , por ent ender que el de spido del señor Rivera Jim énez estuvo justificado. El Tribunal realizó un total de set ent a y cin co (75) determinaciones de hechos, los cuales f u eron sustentados por la pr ueba documental presenta da por el apela do en su solicitud de
sentencia sumaria.
El señor Rivera Jiménez al ega que erró el TPI al de clarar Con Lugar la solici tud de sentenc ia sumaria bajo el fun damento de que el apelante no logró controvertir los hechos , conform e a los paráme t ros de la Regla 36 de Procedimien to Civil. Además, sostiene que la evidencia en l a que Island Finance fundamentó su
pe tición es in admisible en evidencia, ya que utilizó declaraciones juradas que con t ienen pru e ba de referencia. Arguye, a su vez, que
existe controversia sobre la justificación de su despido, ya que laKLA N202400038 17

conducta imputada ocurrió fuera de h oras laborables. Finalmente, impugna la Resol ución me diante la cual el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de d eterminaciones de hechos a dicionale s in stada po r el apelante. En cambio, Island Finance arguye q ue procede confirma r la sentencia sumaria apelada. El apelado sostiene que el apelante no presentó prueba admi sible que controvirtiera los hechos presentados c omo in controvertido s en la solicitud de sentencia
sumaria. Además, ale ga que el Informe de Inves tigación no es prueba de referencia por tratarse sobre un récord de negocio en e l que se detalla el proceso que realiz ó Island Finance para at ender la queja de hosti gamiento sexual. Señala , a su vez, que sus norm as prohíben el hostigamiento sexual y que el patrono tiene la facultad de interpre tar sus normas y reglamentos. Por ú ltimo, expresa que los hechos adicionales propuestos por el apelante son inmateriales, no están identificados con prueba ad misible y algunos son argumentaciones o esp eculaciones que no contradicen las determinaciones de hechos del TPI. Los errores p rimero y tercero serán discutidos en conju nto
por ambos estar dirigidos a impugnar la resolu c ión sumaria de la
controversia

. En el ejercicio de nuestra función revisora debemos: 1)
examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra , y la jurisprudencia le exigen al foro primario; 2) revisar que t anto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, supra ; 3) revisar si en r ealidad existen hechos materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 3 6.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y cuáles están incontrov ertidos; 4) y deKLA N202400038 18

encontrar que los hechos materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a r evisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la
controversia

. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc. , supra , 679.
Có nsono con lo anterior, al realizar nuestra revisión de novo , nos corresponde, en primer lugar, determin a r si la parte promovente de la moción de sentencia sumaria cumplió con lo dispuest o en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra . Particularmente, si in cluyó: (1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en
contr o versia; (3) la causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos lo s hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de lo s párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como de cualquier otro d ocumento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Véase 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc. , 203 DPR 687 (2019)

. Al evaluar la moción de Sentencia Sumaria i n s tada por Island Finance , constatamos que, en efecto, la parte promovente cumplió cabalmente con la precipitada Regla. El apelado presentó una bien funda mentada moción de sentencia sumaria, en la cual elaboró un total de setenta y siete (7 7 ) hechos que, se g ún señaló,
no están en controversia

. Es meritorio puntualizar que, Island Finance cumplió cabalmente con las disposiciones de la Regla 36.1 y 36.3 (a), toda vez que, (1) hizo una exposición breve de las alegaciones de lasKLA N202400038 19

partes; (2) los asuntos litigio s os o en controversia; (3) la causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en párrafos enum erados de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con in d icación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como d e cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las r a zones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Pudimos constatar que, en efecto, el apelado acompañó su solicitud de sentencia sumaria con la evidencia documental que apoya la m isma debidamente identificada y sustentó en derecho su solicitud. De igual forma, nos corresponde evaluar si el señor Rivera
Jimén ez se opuso adecuadamente a la moción de sentencia
sumaria. Al revisar ponderadamente la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria interpuesta por el ap ela nte , nos percatamos de que, esta se limitó a refutar mediante meras alegaciones la M oción de Solicitud de Sentencia S umaria . Consecuentemente, nos vemos forzados a concluir que el escrito en oposición presentado por el
seño r Rivera Jim énez incumplió con lo dispuesto en la Regla 36.3 (b), supra . La única prueba admisible acompañada a la Oposición a Solicitud de Sent encia Sumaria fueron la s deposi ci ones realizada s al señor Rivera Jiménez y a su es posa . Tal y como reseñamos
pre v iamente, nuestra última instancia judicial ha resuelto que, el oponente debe controvertir la prueba presentada con evidencia sustancial y no puede simplemente descansar en sus alegaciones.
Ramos Pérez v. Univisión , supra , 215

- 216. Las meras afirmaciones

n o bastan. Í

d

. Como regla general, para derro tar una solicitud deKLA N202400038 20

sentencia sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados por el promovente

. Ramos Pérez v. Univisió n , supra , pág. 215. (Cita omitida). Roldán F lores v. M. Cuebas, Inc. , supra , 677. Surge del expediente que obra ante nosotros que, el señor Rivera Jiménez no presentó prueba documental para controvertir los hechos esbozados por Island
Finance en la moción d e sentencia sumaria. En cambio , el apelado acompañó su solicitud de s entencia s umaria de declaraciones juradas y amplia evidencia documental , además de las deposiciones realizadas, en apoyo de los hechos elaborados. Ante la presentación de una ca usa de acción al amparo de la Ley 80

- 1976, supra , e l foro primario únicamente venía obligado a determinar si el despido de l apela nte estuvo justificado , según las normas d e comportamiento de Island Fin a nce. C ónsono con la política pública del Estado Libre Asoci a do de Puerto Rico, todo patrono tiene la responsabilidad de mantener sus
centros de trabajo libre de tod o acto de hostigamiento sexual y de tomar las medidas necesarias para garantizarlo

. 19 LPRA sec. 155i. La Norma 47 del Manual de Empleados de Island Fi n ance
expresa mente prohíbe el hostigamiento sexual e n el empleo y dis pone q ue un primer incide nte de h ostigamiento sexual es
motivo de despido. Dicha s normas eran conocid as por el señor
Rivera Jim énez

. Conforme surge de la prueba documental , el se ñor Rive r a Jiménez le enviaba al señor Ginés , quien era subger ente y, por lo tanto, ocupaba una po si ción de menor jerarquía, nu me rosos mensajes con fotos y videos de alto contenido s exual por WhatsApp . Las referida s fotos y v ideos contienen mujeres
desnudas enseña n do sus glúteos y áreas genitales, mensa je s con doble sentido se xual y carica turas en las c uales aparecen menoresKLA N202400038 21

de edad expuestos a contenido explícito. A pesa r de que el empleado no respondía a l o s mensajes , el apelante conti nuó

e nvi ándolos. A la luz d e lo anterior, el 12 de septiembre de 2019, el empleado presentó una queja sobre hostigamiento sexual ante el Departamento de Recursos Humanos en contra del señor Rivera
Jiménez . Como parte del p roceso investigativo de Island Finance , Re cursos Humanos le r e quirió al empleado que envi ara un correo electrónico detallan do la situación de hostig amiento se xual. Surge del correo e lectr ónico que, por más de ocho (8) meses, el empleado

se había senti do acosado y limitado profesionalmente como consecuencia de los ac t os del apelante

. A pe sar de que la con ducta imputa da al apelante ocurrió fuera de horas laborables, es evidente que l os efectos de sus actos afectar on negativamente al señor Ginés en el c entro de empleo , toda vez que se creó un ambiente laboral hostil

. A t i nente a la obligación que le impo ne la L ey 17

- 1988, Island Finance despidió al señor Rivera Jiménez en ara s de proteger a sus e mpleados y
mantener su centro de trabajo libre de hostigamiento sexual. Resulta forzoso concluir que no erró el TPI al resolve r por la vía sumaria que el de spido del apelante estuvo justif icado, al amparo de la Ley 80

- 1976. Por otro lado, mediante el segundo señalamiento de error, el apelante arguye que incidió e l foro primario al admitir prueba de refer encia bajo la excepción d e récords de negocios. Específicamente, el señor Rivera Jiméne z impug na la admi sibilidad del Informe de Investigación , ya que contiene exp res iones d el señor Ginés , quien no testific ó en el caso de autos, lo que constituye prueba de referencia

. Ade lantamos q ue no se cometió e l erro r levantado. Veamos.KLA N202400038 22 La declaración jurada de la Direc tora de Recursos Humanos
que acompa ñó la M oción de Solicitud de Sentencia S umaria cualifica los documentos como récords de negocios, confo rme dispone la Regla 902 (K ) de Eviden c ia, supra . En especial , el Informe de Investigación fue preparado como una actividad regular de negocio, m ediante el me canismo habitual de recogido de insumo dis cip linario de Island Finance. Toda vez que l as declaraciones del
señor Ginés fueron recopilada s como parte de l procedimiento investigativo de Island Finance y fo rman parte del Informe de Investigación , el cual fue debidamente autenticado, no constituye n prueba de referencia. Además, dentro del referido procedimien t o , en el que s e produjeron los do c umentos admi tidos como récords de nego cio, el apelante tuvo la oportunidad de expresarse sobre la ma teria, lo cual con sta en el expediente. De las mi smas declaraciones del apelante durante la inv estigación, surge que el señor Rivera
Jiménez reconoc ió habe r enviado los mensajes de índole sexual al

s eñor Ginés

. En otras palabras, las declaraciones del señor Ginés
no eran necesarias para sostener las determinaciones de hechos realizadas por el TPI. Por todo lo cual, no erró el foro primario al concluir que e l Informe de In vestigación era un récord de negocio admis ible en evidencia. Finalmente, corresponde determinar si el foro apelado
cometió e l cuarto error señalad o . El apelante señala que e l TPI erró al dec larar No Ha Lugar su sol icitud de determinaciones d e hechos adicionales.
Como discutimos ante rio rmente, la Re gla 43.1 de Procedimiento Civil , supra , no obliga al foro primario a emitir determinaciones de hechos adicionales , si considera que estas son improcedentes

. En primer lugar, cabe destaca r que , l asKLA N202400038 23

determinaciones de hechos adicionales solicitad as por el apelante
no fueron sostenida s por prueba admisib le alguna . En s egundo lugar, l as determinaciones de hechos adiciona les solicitadas por el
ap elante no son pertinentes a la controversia de autos.
L a s determinaciones solicitad as por el señor Rivera Jiménez
int entan sost ener que e ntre el apela nte y el señor Ginés existía una

re lación de amista d. Recalcamos que la controversia medular de hechos gira ba en torno a determinar si el despido estuvo justifica d o luego de la violación a las norma s de Island Finance

. Contrario a lo que el apelante intenta argumentar, la controversia medular n unca e st uvo relaci onada a la supuesta relación de amistad entr e el señor Rivera Jim énez y el señor Ginés

. Una alega da rel ac i ón de amistad entre ambos no justifica el hostigamiento sexual llevado a cabo por el apelante. Por otro lado , el apelante intenta que el foro apelado aco ja determinaciones de hechos relacio nadas a alegadas infracciones a las normas de comportamiento co met i das po r el señor Ginés , lo cual tampoco guarda relación con la c ausa de ac ción ante la consideración del Tribunal.
E n fin, e l foro primari o t e n ía discreción para denegar tal moción, ya q ue esta solo procede para corregir errores manifiestos de hechos o d e derecho. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc. , supra . Re sulta forzoso concluir que el TPI no erró al declarar No Ha Lugar la solicitud de determinaciones de hechos adiciona les

. Por todo lo anterior, corresponde c onfirmar la S entencia apel ada, toda ve z que lo s hec hos ace ptados como incontrover tidos por el TPI, los cuales se sostienen por la prueba que obra en el expediente, valida n la conclusión de que la causa de acción
promo vida por el señor Rivera Jimén ez no procede en dere cho.KLA N202400038 24
IV. Por los fun d amentos expue stos, se Confirma n los dictámen es apelados.
Lo acordó y mand a el Trib unal y lo certifica la Secretaria del
T ribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M

. Oq uendo Sol ís Secret ar i a de l Trib unal de Apelaciones