NÚMERO IDENTIFICADOR

SEN2023______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel II

RICARDO J. RIVERA ORTIZ

Apelante

v.

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, 

por conducto del SECRETARIO 

DE JUSTICIA Y OTROS

Apelados

KLAN202300669

Apelación

procedente del

Tribunal de

Primera 

Instancia,

Sala de San Juan

Caso Núm.

SJ2023CV03549

Sobre:

Petición de Orden

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

Comparece el señor Ricardo Rivera Ortiz (señor Rivera Ortiz o

apelante), mediante recurso de apelación, solicitando la revocación de la

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, (TPI), el 13 de 

julio de 2023. Mediante este dictamen, el foro primario desestimó la 

reclamación de daños y perjuicios presentada por el señor Rivera Ortiz

en contra del Departamento de la Familia (DF), por falta de jurisdicción

sobre la materia y la persona.

Examinados los asuntos ante nuestra atención, modificamos el 

dictamen apelado.

I. Resumen del tracto procesal 

El 25 de abril de 2023, el señor Rivera Ortiz presentó una 

reclamación contra el DF ante el TPI, al amparo de la ley federal 

USERRA, infra. Adujo allí que, el 8 de agosto de 2022, sometió una 

solicitud de empleo para un puesto de chofer de mensajería en la referida 
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agencia pública. Como parte de sesta solicitud, aseveró haber acreditado

su experiencia como chofer en el ejército. Sin embargo, el DF le requirió

presentar evidencia adicional de experiencia laboral, por lo cual sometió

copia de una declaración jurada, suscrita por un compañero militar, 

quien constató que ocupó el puesto de chofer mientras estuvo en el 

servicio militar.

Luego de que el DF evaluara la solicitud de empleo sometida por el 

peticionario, lo declaró inelegible para ocupar el puesto de chofer, 

concluyendo que tenía poca experiencia.

En respuesta al rechazo por el DF de su solicitud de empleo, el 

peticionario instó una reclamación ante el Departamento del Trabajo 

Federal (DTF), al amparo de USERRA, infra. No obstante, el 18 de enero 

de 2023, el DTF le envió una carta de cierre de la querella, indicando

que, basado en la información obtenida durante su investigación, no 

encontraron evidencia suficiente para determinar que hubo una violación 

a la ley USERRA. 

Es a raíz de lo anterior que el señor Rivera Ortiz instó la demanda 

ante el TPI bajo discusión, en la fecha antes precisada, aduciendo haber 

sufrido pérdida sustancial de ingresos y otros beneficios laborales, por el

alegado incumplimiento del DF con USERRA al no emplearlo.

Según la documentación ante nuestra atención, el peticionario 

emplazó por dicha demanda al DF, por conducto del Secretario de 

Justicia, el 4 de mayo de 2023. En el Certificado de diligenciamiento por 

el alguacil se dejó constancia, entre otras, de la fecha del 

diligenciamiento, ya indicada, y de que fue recibido por la representante

del Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, a través de la 

licenciada Peñagarícano Brown, Secretaria Auxiliar de lo Civil en el 

Departamento de Justicia (DJ).
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Contrario a ello, el 30 de junio de 2023, el DF presentó 

Comparecencia Especial en Solicitud de Desestimación, sin someterse a la 

jurisdicción del Tribunal, por falta de jurisdicción sobre la persona y 

sobre la materia. Sobre el primero de estos asuntos, arguyó que no se 

había emplazado al Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), quien le

suple la capacidad al Departamento de la Familia, que carece de

personalidad jurídica. En cuanto a la ausencia de jurisdicción sobre la 

materia, esgrimió que por disposición expresa de ley, la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (CASP) es el foro con jurisdicción exclusiva 

para atender la reclamación del señor Rivera Ortiz, estando la 

reclamación asociada a un área esencial del principio de mérito,

reclutamiento y selección.

Ante lo cual, el 6 de julio de 2023, el señor Rivera Ortiz presentó 

Oposición a Comparecencia Especial en Solicitud de Desestimación. En lo 

pertinente, adujo que, según el Certificado de diligenciamiento por 

alguacil, el emplazamiento fue diligenciado en el DJ, por conducto de la 

licenciada Peñagarícano Brown, Secretaria Auxiliar de lo Civil en el DJ.

Por tanto, arguyó que el emplazamiento se diligenció al representante del 

ELA, conforme a lo dispuesto en la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 

infra. Sobre la alegada jurisdicción exclusiva de la CASP para atender la 

controversia planteada en la demanda, adujo que más bien se trata de 

un tema sobre jurisdicción concurrente del foro administrativo y el 

judicial, por lo que haber elegido el TPI para presentar la demanda no 

constituye, de suyo, causa para su desestimación. 

Es así como, el 13 de julio de 2023, el foro apelado emitió la

Sentencia cuya revocación nos solicita el señor Rivera Ortiz, acogiendo 

los argumentos esgrimidos en la Comparecencia Especial en Solicitud de 

Desestimación, ya expuestos.
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En desacuerdo, acude ante nosotros el señor Rivera Ortiz, 

mediante recurso de apelación, planteando los siguientes señalamientos

de error: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar que el 

Secretario de Justicia no fue debidamente emplazado a 

pesar de la prueba presentada. 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al interpretar la ley 

USERRA y concluir que dicha ley no le confiere a los 

tribunales del estado jurisdicción cuando el propio 

estado es el empleador. 

Una vez dispusimos de varios asuntos procesales ocurridos a nivel

apelativo, compareció el DF, mediante Alegato del Estado, a través del

cual, de manera especial, solicitó la confirmación de la Sentencia 

apelada, o, en la alternativa, su modificación a los fines de decretar el 

archivo del caso, hasta tanto la CASP resuelva los asuntos para los 

cuales posee jurisdicción exclusiva.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en 

posición de resolver. 

II. Exposición de Derecho

A. Emplazamiento del ELA 

El emplazamiento es el mecanismo procesal por el cual se le 

notifica a la parte demandada sobre la existencia de una reclamación 

instada en su contra. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 202 DPR 462 

(2019); Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002). A su vez, esta 

notificación le permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona 

demandada quedando así éste obligado por el dictamen que en su día

recaiga. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018); 

Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997). En lo pertinente a la 

controversia ante nos, la Regla 4.4(f) y (g) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 4.4 (f) y (g), dispone lo siguiente:

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán conjuntamente. Al 

entregar la copia de la demanda y del emplazamiento, ya sea mediante 

su entrega física a la parte demandada o haciéndolas accesibles en su 
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inmediata presencia, la persona que lo diligencie hará constar al dorso 

de la copia del emplazamiento su firma, la fecha, el lugar, el modo de la 

entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la entrega. El 

diligenciamiento se hará de la manera siguiente:

(f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entregando copia 

del emplazamiento y de la demanda al Secretario o 

Secretaria de Justicia o a la persona que designe.

(g) A un funcionario o una funcionaria, o una dependencia 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una 

corporación pública, entregando copia del emplazamiento y 

de la demanda a dicho funcionario o dicha funcionaria, o al 

jefe ejecutivo o jefa ejecutiva de dicha dependencia. Además, 

será requisito indispensable que en todos los pleitos que se 

insten contra un funcionario funcionaria o una dependencia 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una 

corporación pública, la parte demandante entregue copia del 

emplazamiento y de la demanda al Secretario o la Secretaria 

de Justicia o a la persona que designe. Si la dependencia es 

una corporación pública, se entregará las copias según lo 

dispuesto en la Regla 4.4(e). Regla 4.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 4.2.

[...].

En Fred y otros v. ELA,150 DPR 599, 606 (2000), se resolvió que:

las corporaciones públicas se emplazan según lo dispuesto en la Regla 

4.4 (e) de la de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4(e); las 

instrumentalidades que no sean corporaciones públicas, según la Regla 

4.4(g) citada y, cuando se trate del Estado propiamente, se recurrirá a la 

Regla 4.4(f), supra. Además, en Cirino González v. Adm. Corrección, 190 

DPR 14, págs. 32-33, se estableció que se debe de diferenciar entre 

aquellas entidades gubernamentales que no tienen personalidad jurídica 

propia y las que sí la tienen. Cuando la entidad no posea personalidad 

jurídica propia, el verdadero demandado es el Estado Libre Asociado, 

por lo que se debe recurrir a las Regla 4.4(f). Por tanto, de ser esta 

última la situación, no es necesario emplazar al jefe de agencia para 

adquirir jurisdicción sobre el Estado. J.A. Echevarría Vargas, 

Procedimiento Civil puertorriqueño, San Juan, [ed. del autor], 2012, 

págs. 68–69.
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Por otro lado, se ha abundado en la distinción entre las 

instrumentalidades públicas y las corporaciones públicas, reconociendo 

que “en nuestra legislación, el concepto “instrumentalidad” no tiene 

significado concreto. Fred y otros v. E.L.A., 150 DPR 599, 606 (2000). En 

atención a ello, se resolvió que una corporación pública tiene facultad 

para demandar y ser demandada y, a su vez, genera sus propios fondos. 

Por el contrario, una “instrumentalidad” pública, aunque tiene 

personalidad jurídica propia y puede demandar y ser demandada, no 

genera sus propios fondos, pues estos provienen del ELA. Íd, págs. 606–

607. Al lidiar con ese tipo de entidad gubernamental, el emplazamiento al 

Estado Libre Asociado es inválido si se notifica solo al jefe de la entidad 

gubernamental, pero no se emplaza al Secretario de Justicia. Echevarría 

Vargas, op. cit., pág. 68. Por esta razón, cuando se demanda a 

instrumentalidades del ELA, también se tiene que emplazar al Secretario 

de Justicia, según lo dispone la Regla 4.4(g), supra, a distinción de una 

agencia pública carente de personalidad jurídica, a la que basta con 

emplazar al Secretario de Justicia, Regla 4.4(f).

Como explica Cuevas Segarra, “[c]uando se demanda a un 

departamento ejecutivo del Gobierno, sin personalidad propia para 

demandar y ser demandado, la verdadera parte de la demanda es el ELA 

y no el Departamento. La inclusión del Departamento como parte 

querellada o demandada es improcedente y superflua y debe eliminarse.”

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. 

JTS, 2000, T. I, pág. 168. Como regla general, un departamento ejecutivo 

no tiene personalidad jurídica distinta y separada del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y, por lo tanto, no puede demandar sin ser 

demandado independientemente del Estado. Véase Fred y Otros, supra, 

págs. 605–607. Véase, además, Cuevas Segarra, op. cit., pág. 168.
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B. La jurisdicción sobre la materia, primaria y concurrente

a.

La jurisdicción sobre la materia se refiere a la capacidad de un 

tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto legal.

Cancel Rivera v. González Ruiz, 200 D.P.R. 319, 10-11 (2018). En 

reiteradas ocasiones, nuestro más alto foro ha indicado que para privar a 

un tribunal de su autoridad para conocer sobre algún asunto en particular, 

es necesario que algún estatuto expresamente así lo disponga o que ello 

surja del mismo por implicación necesaria. Mun. de Arecibo v. Mun. de 

Quebradillas, 161 DPR 109, 114 (2004), citando a J. Directores v. Ramos,

157 DPR 818 (2002); Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997).

La falta de jurisdicción sobre la materia produce las siguientes 

consecuencias, que son inexorablemente fatales: (1) no es susceptible de 

ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente otorgarle 

jurisdicción sobre la materia a un tribunal, ni el tribunal puede 

arrogársela; y (3) los dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la 

materia son nulos. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). Una 

vez el tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la materia, está 

obligado a desestimar el caso. Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 10.8; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 124 (2012); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, a la pág. 855; Pagán v. Alcalde 

Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). González Santos v. Bourns

P.R., Inc.,125 DPR 48, 63 (1989).

b.

Entre las doctrinas de abstención judicial, se encuentra la doctrina 

de jurisdicción primaria. Esta atiende el problema de determinar si

el foro con jurisdicción para ventilar una controversia en primera

instancia es el tribunal o la agencia administrativa, lo cual establece un

sistema de prelación o prioridad jurisdiccional. Oficina del Paciente v.
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MCS, 163 DPR 21 (2004); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155

DPR 906, 921 (2001); Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 410

(2001); Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 DPR 261, 266 (1988). 

La doctrina de jurisdicción primaria tiene dos modalidades: (1) la 

jurisdicción primaria concurrente; (2) la jurisdicción primaria exclusiva. 

Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, 267 (1996) citando a 

Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 DPR 449, 469 (1995).

La jurisdicción primaria concurrente alude a que tanto el foro

judicial, como el administrativo, tienen simultáneamente jurisdicción

legal para entender en la controversia, pero usualmente el foro judicial le

brinda deferencia al foro administrativo para entender en la controversia.

Esto último encuentra su fundamento en la teoría de que, presuntamente

(añadimos), los foros administrativos están mejor equipad[o]s que los

tribunales debido a su especialización y al conocimiento obtenido a través

de la experiencia. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 243 (2001). Por lo

tanto, como regla general, se debe aplicar esta norma de abstención, en

casos en los cuales el peritaje de la agencia sea indispensable para

resolver la controversia, ya que los tribunales [son] de justicia y no centros

académicos para dirimir sutilezas técnicas. Ortiz v. Panel F.E.I., supra, a

la pág. 244, citando a Quiñones v. A.C.A.A., 102 DPR 746, 749-50 (1974),

voto separado del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué. Ahora bien, si 

las controversias traídas ante el foro judicial “no requieren el peritaje o el 

conocimiento especializado de la agencia, el foro judicial no tiene por qué 

abstenerse de ejercer su autoridad ordinaria para atender el asunto ante 

su consideración”. Báez Rodríguez v. E.L.A., 179 DPR 231, 240 (2010).

La jurisdicción primaria exclusiva se refiere a que una ley o un 

estatuto le confiere jurisdicción a determinado ente administrativo como

único foro con facultad para resolver, inicialmente, determinada

controversia. Por tanto, si una agencia cuenta con la jurisdicción 
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primaria exclusiva, los tribunales no tendrán autoridad para dilucidar el

caso en primera instancia”. Semidey Ortiz v. Consorcio Sur-Central,a la 

pág. 677; Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillas, 163 DPR 308, 327

(2004). Ha sido enfatizado que [p]ara determinar si la ley le confiere o no

jurisdicción exclusiva a un organismo administrativo, aun cuando la

designación de jurisdicción exclusiva debe ser clara y precisa, el legislador

no siempre utiliza el término “exclusiva”. Báez Rodríguez v. E.L.A., supra a

la pág. 241. De conformidad, [p]ara privar a un tribunal de jurisdicción

general de su autoridad para entender en algún asunto en particular, es

necesario que así se haya dispuesto expresamente en algún estatuto o que

ello surja del mismo por implicación necesaria. Junta Dir. Cond. Montebello

v. Fernández, 136 DPR 223 (1994) (Sentencia).

C. Jurisdicción de la Comisión Apelativa de Servicio Público 

(CASP)

La Ley Núm. 182-2009, conocida como la Ley de Reorganización y 

Modernización de la Rama Ejecutiva de 2009, 32 LPRA sec. 8821 et seq., 

estableció el Plan de Reorganización Núm. 2-2010, mediante el cual se 

creó la CASP. La CASP es “un organismo cuasi-judicial de la Rama 

Ejecutiva, que se especializa en asuntos obrero-patronales y del principio 

de mérito". Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033. Esta fue creada 

para atender casos laborales, de administración de recursos humanos y 

querellas de los empleados públicos. Íd.

En referencia al mencionado principio de mérito, ha sido descrito 

como: 

[C]oncepto de que todos los empleados públicos serán 

seleccionados, ascendidos, retenidos y tratados en todo lo 

referente a su empleo sobre la base de la capacidad, sin

discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, 

origen o condición social, ni por sus ideas políticas o 

religiosas, por ser víctima o ser percibida como víctima de 

violencia doméstica, agresión sexual o acecho, condición de 

veterano, ni por impedimento físico o mental. La antigüedad 

será un factor en casos de igual capacidad e idoneidad.
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Artículo 3 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, 3A LPRA 

Ap. XIII. (Énfasis suplido).

Sobre lo mismo, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que las 

acciones relacionadas al principio de mérito son: clasificación de puestos, 

reclutamiento y selección de ascensos, traslados y descensos, 

adiestramiento y retención. (Énfasis provisto). Colón Rivera et al. v. ELA,

supra, pág. 1051. De igual forma, entre las facultades, funciones y 

deberes dispuestos en el Artículo 8, inciso (l) de la Ley 2-2010, se

encuentran que la CASP:

Atenderá toda querella o apelación que se presente 

oportunamente y que concierna a su jurisdicción, para lo 

cual deberá interpretar, aplicar y hacer cumplir las 

disposiciones de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 

según enmendada, conocida como la “Ley para la

Administración de los Recursos Humanos en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico” 1

A su vez, la CASP tiene, entre otras, las siguientes 

facultades:

...

(c) realizar, a petición de parte o por iniciativa propia, todas 

las audiencias, vistas públicas o privadas, reuniones, 

encuestas e investigaciones que, en opinión de la Comisión, 

sean necesarias y adecuadas para el ejercicio de las 

facultades que le confiere este Plan. A tales fines, la 

Comisión o su representante tendrá acceso a cualquier 

evidencia de cualquier persona que esté siendo investigada o 

contra la cual se haya procedido y que se refiera a cualquier 

asunto que esté investigando la Comisión o que esté en 

controversia;

(d) expedir citaciones para requerir la comparecencia y 

declaración de testigos, requerir la presentación o 

reproducción o cualesquiera papeles, libros, documentos y 

otra evidencia pertinente a una investigación o querella ante 

su consideración. Cuando un testigo debidamente citado no 

comparezca a testificar o no produzca la evidencia que le sea 

requerida o cuando rehúse contestar alguna pregunta o 

permitir la inspección solicitada conforme a las disposiciones 

de este Plan, la Comisión podrá requerir por sí o solicitar el 

auxilio de cualquier Tribunal de Primera Instancia para la 

asistencia a una vista, declaración, reproducción de 

documentos o la inspección requerida, sujeto a lo dispuesto 

1 Derogada y sustituida por la Ley 8-2017] y reglamentación vigente, en todo lo relativo 

a la administración de los recursos humanos y la relación obrero patronal.
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en la Ley Núm. 27 de 8 de diciembre de 1990, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento y 

Concesión de Inmunidad a Testigos”;

...

(i) conceder los remedios que estime apropiados y emitir las 

órdenes que sean necesarias y convenientes conforme a las 

leyes aplicables. Esto incluye, entre otras, órdenes 

provisionales o permanentes de cesar y desistir; órdenes 

para la reposición de empleados suspendidos o destituidos, 

con o sin el abono de la paga atrasada dejada de percibir y la 

concesión de todos los beneficios marginales a los cuales los 

empleados hubiesen tenido derecho durante el período de 

suspensión o destitución; órdenes imponiendo sanciones 

económicas o procesales a agencias, funcionarios o 

representantes legales por incumplimiento o dilación de los 

procedimientos; y órdenes imponiendo sanciones a agencias, 

organizaciones sindicales o representantes exclusivos, 

incluyendo la descertificación de estos últimos;

(j) conceder indemnizaciones por daños y perjuicios e 

imponer multas administrativas en todo tipo de discrimen 

que sea aprobado por los empleados que acuden ante este 

foro, sin menoscabo de los “Comisión Apelativa del Servicio 

Público” [Plan de Reorganización 2-2010] Rev. 21 de enero de 

2021 www.ogp.pr.gov Página 7 de 18 derechos de los 

servidores públicos de recurrir al foro judicial para el 

reclamo de daños y perjuicios cuando no lo reclamen ante la 

Comisión. Artículo 8 del Plan de Reorganización Núm. 2-

2010, 3A LPRA Ap. XIII. 

...

La CASP tendrá jurisdicción exclusiva sobre apelaciones surgidas 

como consecuencia de acciones o decisiones de los Administradores 

Individuales y los municipios, en los casos y por las personas que se

enumeran a continuación:

a) cuando un empleado, dentro del Sistema de 

Administración de los Recursos Humanos, no cubierto por la 

Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio 

Público”, alegue que una acción o decisión le afecta o viola 

cualquier derecho que se le conceda en virtud de las 

disposiciones de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 

según enmendada [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 8-

2017], la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Municipios 

Autónomos”, los reglamentos que se aprueben para 

instrumentar dichas leyes, o de los reglamentos adoptados 

por los Administradores Individuales para dar cumplimiento 

a la legislación y normativa aplicable;

...
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b) cuando un ciudadano alegue que una acción o decisión le 

afecta su derecho a competir o ingresar en el Sistema de

Administración de los Recursos Humanos, de conformidad al 

principio de mérito;

...

g) cualquier asunto proveniente u originado de la 

administración de los recursos humanos no cubierto en 

otras leyes o convenios colectivos. Artículo 12 del Plan de 

Reorganización Núm. 2-2010, 3A LPRA Ap. XIII.

(Énfasis provisto).

D. Jurisdicción bajo USERRA 

La ley federal Uniformed Services Employment and Reemployment 

Rights Act of 1994, 38 U.S.C. sec. 4301 et seq., (USERRA), fue 

promulgada por el Congreso de Estados Unidos para preservar los 

derechos de aquellas personas que se ausentan de su empleo por un

periodo de tiempo para prestar servicio militar, y para prohibir el 

discrimen en el empleo contra estas. 38 U.S.C. sec. 4301. 

En lo pertinente, la §4323, inciso (b) de USERRA establece que:

(b) Jurisdiction.—(1) In the case of an action against a 

State (as an employer) or a private employer commenced 

by the United States, the district courts of the United 

States shall have jurisdiction over the action.

(2) In the case of an action against a State (as an 

employer) by a person, the action may be brought in a 

State court of competent jurisdiction in accordance 

with the laws of the State.

(3) In the case of an action against a private employer by 

a person, the district courts of the United States shall

have jurisdiction of the action.

(Énfasis provisto).

De lo anterior surge que, sin duda, bajo USERRA se puede instar 

una reclamación en el foro estatal, no obstante, el promovente deberá

acatar las leyes estatales correspondientes a la causa de acción

presentada.
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III. Aplicación del Derecho a los hechos

Como se desprende del tracto procesal que efectuamos, son dos los 

asuntos esenciales que debemos dilucidar, reducibles a lo siguiente: (1)

si el ELA fue debidamente emplazado; (2) si, determinado que la CASP

tenía jurisdicción exclusiva sobre el reclamo presentado por el apelante 

ante el TPI, se justificaba la desestimación de dicha causa de acción. A 

continuación, serán discutidos ambos asuntos, en el orden enumerado.

a.

Al iniciar la discusión sobre si el TPI adquirió jurisdicción sobre la 

persona del ELA, a través del emplazamiento que le fuera diligenciado 

personalmente a una representante del Departamento de Justicia, 

conviene partir de unos entendidos mínimos no cuestionados. El primero

de tales es que, al revisar la Ley Orgánica del Departamento de la 

Familia, Ley Núm. 171 de 30 de junio de 1968, según enmendada, 3 

LPRA sec. 211 et seq., resulta evidente que este es una entidad

gubernamental que no posee personalidad jurídica para demandar o ser 

demandada. De esto se sigue que, siendo el Departamento de la Familia 

una agencia pública carente de personalidad jurídica, el diligenciamiento 

del emplazamiento se hará al ELA, (no propiamente al DF), entregando

copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario o Secretaria de 

Justicia o a la persona que designe, según lo dispone la Regla 4.4(f) de 

Procedimiento Civil, supra.

Otro asunto que no está en real disputa es que, habiendo el 

apelante presentado la demanda ante el TPI el 25 de abril de 2023,

diligenció el emplazamiento al Secretario de Justicia, el 4 de mayo de 

2023. Por tanto, se debe entender que el apelante cumplió con diligenciar 

el emplazamiento de manera oportuna, pues fue efectuado dentro del 

término de ciento veinte días (120) que establece la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c). Además, según consta en
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el Certificado de diligenciamiento por el (la) Alguacil

2, en la referida fecha 

el Alguacil que se ocupó de diligenciar el emplazamiento en el DJ, le hizo 

entrega personal a una agente autorizada del Secretario de Justicia, la 

licenciada Susana Peñagarícano, Secretaria Auxiliar de lo Civil.

Dispuesto lo anterior, quedaría por determinar qué efecto, si 

alguno, tuvo sobre la jurisdicción de la persona, que la parte identificara

como demandada en el referido emplazamiento al Departamento de la

Familia, en lugar del ELA. 

Nuestro ordenamiento procesal civil le reconoce la facultad

discrecional al TPI de permitir que se enmiende cualquier emplazamiento 

o la constancia de su diligenciamiento. Los errores o defectos que se 

pueden enmendar, bajo la Regla 4.8 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 4.8, son aquellos errores de forma que, tal y como surge de la 

jurisprudencia, recaen sobre el nombre del demandado. Lo fundamental 

es que pueda concluirse que la parte a quien se dirige el emplazamiento 

sea realmente notificada de la reclamación en su contra, no se 

perjudiquen sustancialmente sus derechos esenciales, y haya respondido 

la reclamación. Ver, Caribbean Orthopedics v. Medshape, Invc., 207 DPR 

994 (2021); León García v. Restaurante El Tropical, 154 D.P.R. 249

(2001). Cónsono con lo cual, procede conceder una enmienda al 

emplazamiento cuando esto no tenga el efecto de sustituir o incluir 

partes nuevas al procedimiento que no han sido emplazadas y sobre las 

cuales el tribunal no ha adquirido jurisdicción, y cuando no haya duda 

alguna en cuanto a la intención del demandante respecto a la persona 

que ha tenido interés en demandar, habiéndose emplazado efectivamente

a dicho demandado o agente autorizado al efecto. Íd. Juzgamos que en 

el caso ante nosotros se daban todas las circunstancias para que el TPI 

2 Anejo 4 del recurso de apelación.
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autorizara la enmienda del emplazamiento para que el lugar del DF en la 

demanda fuera ocupado por el ELA.

Aunque resulte reiterativo, ya hemos dicho que el defecto

identificado por el TPI para desestimar la causa de acción por defecto en 

el emplazamiento consistió en el nombre que eligió poner el apelante en 

el epígrafe de la demanda, DF en lugar del ELA. Sin embargo, al estudiar 

el tracto procesal del caso resulta una fácil conclusión, que esta omisión

no le causó perjuicio alguno al ELA, puesto que el Secretario de Justicia 

fue debidamente emplazado y enterado de la causa de acción iniciada 

contra una de las agencias públicas, el DF, que le corresponde 

representar. Cuando se trata de una situación en que se ha consignado 

en forma inapropiada el nombre de la persona que realmente se desea 

demandar, ha sido decidido que ello debe considerarse como mero error 

técnico, especialmente si se ha emplazado en realidad a la persona que 

se tiene interés en demandar o a su agente autorizado. Además, no hay 

duda alguna de la intención del apelante respecto a la persona que ha 

tenido interés en demandar, habiendo sido efectivamente emplazado su 

agente, sin la pretensión de incluir o sustituir a una parte. Caribbean 

Orthopedics v. Medshape, Invc., supra. En este sentido, reputamos la 

omisión del ELA en este contexto como un error técnico enmendable.

Por último, sobre este tema, habiéndose diligenciado el 

emplazamiento dentro del término de ciento veinte (120) días dispuesto 

por la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, el foro primario tenía 

discreción para ordenar la enmienda. Caribbean Orthopedics v. 

Medshape, Invc., supra. Utilizando las palabras exactas de nuestro 

Tribunal Supremo en la Opinión citada, el foro primario tiene discreción 

para ordenar la enmienda de un emplazamiento pasado el término de 120 

días para emplazar que disponen nuestra Reglas de Procedimiento Civil, 
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siempre y cuando el diligenciamiento del emplazamiento original se haya 

efectuado durante ese plazo. Íd.

b.

En su segundo señalamiento de error, el señor Rivera Ortiz arguye

que incidió el foro primario al interpretar que la ley USERRA no le 

confiere jurisdicción a los tribunales estatales, cuando el gobierno es el 

empleador. Tal no fue la interpretación del foro apelado, sino más bien

que, por disposición de ley especial, la jurisdicción primaria exclusiva 

para atender la causa de acción del apelante le fue delegada al CASP, no 

al tribunal.

Según citamos en la exposición de derecho, la ley USERRA

establece que, en el caso de que sea presentada una acción en contra 

del Estado como empleador, debe ser incoada in a State court of 

competent jurisdiction in accordance with the laws of the State.

(Énfasis suplido). USERRA sec. 4323(b), supra. Es decir, no hay duda de 

que dicha legislación le reconoce autoridad a los tribunales de Puerto 

Rico para velar por el cumplimiento del mandato que de allí dimana. No 

obstante, y según subrayamos al citar la porción de la ley bajo discusión

pertinente, la determinación sobre el foro adecuado para dilucidar una 

controversia al amparo de dicha ley debe considerar las leyes del 

Estado, en este caso Puerto Rico, referente a dicha materia, de modo 

que el proceso se conduzca in accordance with the laws of the State.

En la Sentencia apelada el tribunal a quo hizo un certero análisis 

sobre la legislación federal citada en su aplicación al caso de autos, 

aunque como veremos, incidió en el remedio concedido. Explicó dicho 

foro primario, con corrección, que el Artículo 2 del Plan de 

Reorganización Núm. 2-2010, supra, establece que la CASP tendrá la 

jurisdicción exclusiva para atender controversias que estén relacionadas 

con decisiones o acciones tomadas por las agencias que violen algún 
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derecho adquirido por el empleado en virtud de las disposiciones de la 

Ley Núm 82017. En este caso, el señor Rivera Ortiz no es empleado 

público, sino un solicitante que fue rechazado para el puesto vacante.

Sin embargo, el Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2010, 

supra, le confiere jurisdicción exclusiva a la CASP para atender una 

solicitud de apelación de parte de un ciudadano que alegue que una 

acción o decisión tomada por una agencia le ha quebrantado su 

derecho a competir o ingresar al Sistema de Administración de los 

Recursos Humanos, de conformidad con el principio de mérito. Es 

decir, la ley provee protección a los ciudadanos en la etapa de 

reclutamiento y selección previo a ingresar formalmente como empleado 

gubernamental, y cuando alguno de estos alegue que tal principio ha 

sido violentado, nuestro ordenamiento ha dispuesto expresamente que 

la jurisdicción exclusiva para dilucidar tal controversia recae en la 

CASP.

En término breves, el DF es un Administrador Individual para fines 

de la Ley bajo discusión, que necesariamente tiene que adherirse al 

principio de méritos al ejercer el reclutamiento de los empleados 

públicos. Las controversias sobre lesiones al principio de méritos por los 

cuales deben conducirse los Administradores Individuales tienen como 

foro primario exclusivo a la CASP, por disposición expresa de ley. La 

causa de acción instada por el apelante es una relacionada al proceso de 

reclutamiento del DF, ergo, bajo la jurisdicción primaria exclusiva del 

CASP.

En definitiva, cumplir con la aplicación de USERRA en este 

contexto comporta reconocer que la ley en Puerto Rico ha designado a la

CASP como el foro con jurisdicción primaria exclusiva. En consecuencia, 

es ante dicho foro administrativo donde el señor Rivera Ortiz 

correspondía instar su acción.
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Sin embargo, a pesar del TPI haber efectuado una interpretación 

de la ley USERRA conforme a derecho, -al determinar que la jurisdicción 

para dirimir la controversia correspondía a la CASP-, decidió desestimar 

la causa de acción instada por el apelante. Al así decidir el foro primario 

erró, puesto que le correspondía referir el asunto a la CASP, antes que 

desestimarlo. El remedio concedido por el foro primario fue inadecuado. 

Nuestro ordenamiento jurídico promueve el interés de que todo litigante 

tenga su día en corte. Esta postura responde al principio fundamental y 

política judicial de que los casos se ventilen en sus méritos y se 

resuelvan de forma justa, rápida y económica. Regla 1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1; Banco Popular v. S.LG. Negrón, 164 DPR 855, 

874 (2005); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 

(1992); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1052 (1993).

Desestimar un caso por un error técnico, habiendo notificado sobre la 

acción a la persona correcta, y no habiendo causado perjuicio a las 

partes, no responde a la política judicial y pública antes mencionada. La 

desestimación debe ser la última medida utilizada por el Tribunal. 

IV. Parte dispositiva

Por los fundamentos expuestos, procede modificar la Sentencia 

apelada, según lo aquí explicado. En consonancia, se devuelve el asunto 

al Tribunal de Primera Instancia para que ordene remitir el asunto al 

foro apropiado, la CASP, y archive el caso hasta tanto el foro 

administrativo lo concluya.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones