Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

ISRAEL MARTÍNEZ 

HERNÁNDEZ

Parte Apelante

v.

ABIGAIL CARABALLO 

VARGAS

Parte Apelada

KLAN202300580

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Familia y MenoresBayamón

Civil núm.: 

D CU2014-0322

Sobre: 

Custodia

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

Comparece el señor Israel Martínez Hernández (Sr. Martínez 

Hernández o apelante) y solicita que revoquemos la Resolución 

emitida el 4 de mayo de 2023, y notificada el 8 de mayo de 2023, 

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Relaciones de 

Familia y Menores de Bayamón. Mediante el referido dictamen, el 

TPI autorizó a la madre custodia, señora Abigail Caraballo Vargas 

(Sra. Caraballo Vargas o apelada,) a trasladarse al Estado de Texas 

junto con los dos hijos menores de edad procreados por las partes.

Evaluada la solicitud del apelante, la oposición de la parte 

apelada, así como la transcripción de la prueba oral y los 

documentos que obran en autos, y por los fundamentos que se 

exponen a continuación, confirmamos el dictamen apelado.

I.

El asunto ante nuestra consideración se originó el 14 de 

noviembre de 2022, cuando la Sra. Caraballo Vargas, quien ostenta 

la custodia monoparental de los dos hijos menores de edad 

procreados por las partes, presentó ante el TPI una Solicitud de 

traslado permanente y provisional de conformidad con la Ley Núm. 
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102 del 2018.

1 En ésta, informó y detalló que tiene una oferta 

atractiva de empleo para desempeñarse como “Mental Health 

Clinician” en la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos de 

América. Arguyó que la oferta de empleo era en extremo competitiva, 

en comparación con los salarios base de Puerto Rico, por lo que el 

traslado redundaría en una mejor calidad de vida para los menores.

También, la señora Caraballo Vargas anunció en su petición la 

dirección del lugar de la nueva vivienda, la información completa de 

la escuela en la que estudiarían los menores y los potenciales 

lugares para su cuidado médico. En cuanto a las relaciones 

paternofiliales, la Sra. Caraballo Vargas propuso un plan 

estructurado con relaciones más amplias que las establecidas por el 

tribunal. Sin embargo, adujo que, por razones de su trabajo, el Sr. 

Martínez Hernández no posee el tiempo para ejercer los roles 

paternos. Además, alegó que éste se opone al traslado sin motivo o 

razón justificada. 

La vista para atender la petición de la Sra. Caraballo Vargas 

se llevó a cabo de manera presencial los días 17 de marzo, y 3 y 17 

de abril de 2023. Ambas partes comparecieron con sus 

representaciones legales. Durante la vista, el tribunal recibió el 

testimonio de ambas partes y admitió siete (7) documentos en 

evidencia2. 

1 Apéndice del recurso, págs. 14-29. 

2 El TPI admitió y marcó en evidencia los siguientes documentos: 

• Exhibit 1: Transcripción de notas del menor Israel con fecha 

del 1 de enero de 2023. Victory Academy. Un folio.

• Exhibit 2: Transcripción de créditos de la menor Melanie con 

fecha del 12 de enero de 2023. Victory Academy. Un folio.

• Exhibit 3: Boleta de notas de la menor Melanie para el año 

académico del 2021-2022. Asta Elemental. Un folio.

• Exhibit 4: “Welcome Letter” de Azul Apartments ubicados en la 

dirección 6674 Prue Road #8201, San Antonio TX 78240. Dos 

folios.

• Exhibit 5: Diploma de Maestría como “Clinical Social Work” a 

nombre de Abigail Caraballo Vargas, expedido por la 

Universidad Ana G. Méndez del mes de diciembre de 2021. 

Diploma de Bachillerato de trabajador social a nombre de 

Abigail Caraballo Vargas, expedido por la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Tres (3) folios. 
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El desfile de prueba comenzó con el testimonio del Sr.

Martínez Hernández. Éste testificó que la señora Caraballo Vargas 

posee la custodia legal de los menores.3 Indicó que se desempeña 

como seaman del United States Coast Guard, lo que le impide estar 

continuamente en Puerto Rico y lo obliga a delegar el cuido de sus 

dos hijos en los abuelos paternos, quienes, a su vez, son sus 

vecinos.4 Admitió que no leyó la petición de relocalización, ni evaluó 

o investigó la propuesta de la señora Caraballo Vargas, debido a que 

no está de acuerdo con el traslado solicitado.5 Como razones para 

su oposición, declaró que la Sra. Caraballo Vargas lo agredió en el 

2014 y le ha negado acceso a los récords médicos de los menores.6

Aseguró que los menores están mejor en Puerto Rico porque reciben 

educación escolar y las ayudas que necesitan para su desarrollo. 

Además, aseguró que los menores manifiestan sentimientos de 

apego hacia sus abuelos paternos.7

No obstante, el señor Martínez Hernández reconoció la pobre 

comunicación que tiene con la Sra. Caraballo Vargas.8 Relató que 

ésta se fue de Puerto Rico en noviembre de 2023 y que, desde 

entonces, él se ha hecho cargo de los menores. Inclusive, los cambió 

de escuela.

9 Por otro lado, admitió que el abuelo y la tía maternos 

son la red de apoyo de la Sra. Caraballo Vargas y los menores.10

Por su parte, el testimonio de la Sra. Caraballo Vargas se 

centró en detallar lo expuesto en su solicitud de relocalización. En 

• Exhibit 6: Offer Letter, Acceptance Offer, and Position 

Information como Mental Health Clinical. Vighter. Ocho (8) 

folios.

• Exhibit 7: Antilles Middle School Report Card 2022-2023 para 

los menores I.M.C. y M.M.C. Seis (6) folios. 

3 Transcripción de la prueba oral de la vista del 17 de marzo de 2023, pág. 35.

4 Íd., pág. 49, 53 y 106; Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de abril 

de 2023, págs. 30 y 32.

5 Transcripción de la prueba oral de la vista del 17 de marzo de 2023, pág. 90-

101; Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de abril de 2023, pág. 81.

6 Transcripción de la prueba oral de la vista del 17 de marzo de 2023, pág. 114.

7 Íd., pág. 116.

8 Íd., pág. 108.

9 Íd., pág. 115.

10 Íd., pág. 127.
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específico, declaró que en dicho documento proveyó la dirección de 

la vivienda propuesta, detalles del plano del apartamento, el 

contrato de alquiler y la carta de bienvenida al complejo de 

viviendas, así como ubicaciones circundantes de recreación, 

escuelas, hospitales y oficinas médicas.11 Indicó que solicita 

autorización para relocalizarse con sus hijos en el Estado de Texas 

para mejorar la calidad de vida de su familia.12 Al respecto, abundó

en torno a su preparación académica, oferta de empleo de Texas, 

incluyendo salarios y beneficios, y la comparó con la oferta de 

empleo de Puerto Rico.13 Afirmó que está casada con Javier Enrique 

Dávila Rosa, quien, al igual que ella, carece de antecedentes penales, 

trabaja como asistente de enfermería y representa una figura de 

apoyo emocional y económico para ella, los dos menores que procreó 

con el Sr. Martínez Hernández y la hija que tiene en común con su 

esposo.

14

La Sra. Caraballo Vargas habló de las relaciones 

paternofiliales que propuso en su petición de relocalización, 

haciendo constar que es un plan más extenso que el plan de 

relaciones vigente. Indicó que no se opone a que el Sr. Martínez 

Hernández visite a los niños en Texas. Afirmó que, para atender los 

asuntos relacionados con los menores, las partes se comunican por 

correo electrónico y mensajes de texto.15

También, la Sra. Caraballo Vargas describió las condiciones 

clínicas y los servicios médicos que recibe la niña y aseveró que, 

desde enero de 2023, fecha desde la cual el Sr. Martínez Hernández 

retuvo a los menores bajo su cuido, no ha llevado a la niña a sus 

terapias.16 Tampoco supervisó las tareas escolares de ninguno de 

11 Íd., págs. 163-191.

12 Íd., págs. 193-194.

13 Íd., págs. 184-188, 195-199.

14 Íd., págs. 200-201; Trascripción de la prueba oral de la vista del 3 de abril de 

2023, pág. 11.

15 Trascripción de la prueba oral de la vista del 3 de abril de 2023, págs. 15-16.

16 Íd., págs. 18-22.
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los menores, según corroboró cuando el Sr. Martínez Hernández le 

devolvió a los menores, en comparación con el progreso académico 

previo.

17 Señaló que el Sr. Martínez Hernández cambió a los niños 

de escuela sin su consentimiento.18 A su vez, aseguró que, al 

reunificarse con los niños, observó que no hubo control sobre los 

celulares de los menores, debido a que encontró una fotografía 

pornográfica en el celular del niño. De igual forma, se percató que 

los menores vestían ropa de talla inadecuada. 19

La Sra. Caraballo Vargas admitió que ya aceptó la oferta de 

empleo y trabaja en el Estado de Texas y que el abuelo materno de 

los menores también se mudará a dicho Estado.20 También 

mencionó que no tiene comunicación efectiva con el Sr. Martínez 

Hernández y tampoco vislumbra que ésta mejore.21 Por último, 

comparó los beneficios escolares y médicos que recibirían los 

menores en el Estado de Texas con los que reciben en Puerto Rico.22

Reconoció la limitación del idioma, pero narró el proceso para 

superar dicha barrera.23

Basado en la credibilidad que le mereció la prueba recibida en 

sala, el 4 de mayo de 2023, el TPI dictó la Resolución recurrida. En 

ésta, consignó las siguientes determinaciones de hechos:

1. Las partes de epígrafe sostuvieron una relación 

consensual fruto de la cual procrearon a los menores 

M.A.M.C. de 13 años de edad y a I.M.C. de 11 años de 

edad.

2. La madre es quien ostenta la custodia física y legal 

de los menores desde su nacimiento, según se hace 

constar en la sentencia del 21 de diciembre de 2016.

3. El señor Martínez Hernández trabaja a tiempo 

completo para el US Coast Guard como “seamen”. De 

su testimonio surge que en ocasiones tiene que estar 

por amplios periodos de tiempo en una embarcación al 

17 Íd., págs. 23-24, 29-32, 43-45.

18 Íd., pág. 46.

19 Íd., pág. 47.

20 Íd., págs. 63 y 80.

21 Íd., págs. 70 y 81.

22 Íd., págs. 51-55.

23 Íd., págs. 27-28, 53.
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menos una vez al mes. De ese periodo, Martínez está 

cuatro días en alta mar y tres días en puerto.

4. La señora Caraballo Vargas ostenta un bachillerato 

como trabajadora social de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras, y una maestría como 

“Clinical Social Worker” de la Universidad Ana G. 

Méndez. Asimismo, posee una licencia permanente 

como trabajadora social desde el año 2019.

5. También manifestó que, una vez obtuvo su licencia 

profesional, comenzó una búsqueda activa de empleo y 

que para una trabajadora social con maestría los 

salarios promedios oscilan entre los $1,500 a $1,700.00

en Puerto Rico.

6. Expresó la señora Caraballo, además, que la última 

oferta de trabajo obtenido por el Departamento de la 

Familia redundaba en una paga de $100.00 por caso 

manejado y completado y que hasta tanto no 

completara el caso con archivo y cierre no tenía derecho 

a recobro alguno.

7. En o cercano al mes de octubre del 2022, la señora 

Caraballo recibió una oferta de empleo de Vighter como 

“Mental Health Clinician” a razón de $43.00 la hora, en 

el Estado de Texas. Indicó que, junto a su esposo, el 

ingreso combinado del hogar rondaría los $12,000.00 

mensuales. 

8. La señora Caraballo se encuentra casada con el señor 

Javier E. Dávila Rosa, quien al presente se desempeña 

como asistente de enfermero generando un ingreso 

mensual de $4,000 a $5,000 dólares mensuales.

9. Con el señor Dávila procreó otra menor de nombre 

Ema. También manifestó que Javier es una figura de 

apoyo para los menores, estudia con éstos, habla con 

los maestros y siempre ha compartido los asuntos 

educativos de dichos menores.

10. La peticionaria también indicó no contar con 

antecedentes penales y que igualmente su esposo, el 

señor Dávila no cuenta con antecedentes penales ni en 

Puerto Rico ni fuera de Puerto Rico.

11. En o para el mes de noviembre del 2022, la señora 

Caraballo le informó al Sr. Hernández su intención de 

trasladarse junto a sus hijos al Estado de Texas, esto 

con el propósito de mejorarle el estilo de vida de los 

menores y de que dicho traslado operaría en el mejor 

interés de esto[s]. 

12. Del testimonio de la señora Caraballo Vargas 

también surgió que el señor Martínez retuvo a los 

menores desde el mes de enero de 2023, limitando el 

acceso absoluto de éstos a su abuelo y tía maternos 

quienes siempre han sido una fuente de apoyo familiar 

para los menores. 
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13. También indicó que el señor Martínez había 

incumplido con llevar a los menores a sus terapias y 

que por ello existía la posibilidad de que estos servicios 

fuesen suspendidos.

14. A partir de enero, la supervisión escolar ha recaído 

exclusivamente en el demandante, quien ha 

demostrado ejercer una pobre supervisión sobre las 

tareas escolares. 

15. La señora Caraballo manifestó que advino en 

conocimiento de ello cuando se personó a la escuela 

Antilles y le indicaron la infinidad de trabajos, 

documentos, tareas en blanco y exámenes sin 

completar de ambos menores. Debemos recalcar que la 

responsabilidad y supervisión de dichas tareas recayó 

exclusivamente en el señor Hernández desde el mes de 

enero del 2023.

16. Surge de los documentos admitidos en evidencia 

que la merma en las notas de ambos menores es 

significativa una vez fueron matriculados en Antilles 

Middle School. 

17. Asimismo, cuando mamá revisó las libretas de los 

menores notó una desorganización tremenda, 

adjudicada a una pobre supervisión de las tareas 

escolares.

18. Del testimonio de la señora Caraballo surgió que el 

señor Martínez matriculó a los menores en Antilles sin 

la autorización de ésta, y que además, no proveyó la 

información de contacto de mamá, limitando así todo 

acceso de información a ésta. 

19. Del testimonio de la señora Caraballo también 

surgió que ésta encontró una foto pornográfica en el 

celular del menor Israel, cosa que lo atribuye a la poca 

o ninguna supervisión de parte del señor Martínez con 

los asuntos de sus hijos. 

20. El señor Martínez indicó que no leyó ni evaluó nada 

de lo propuesto por mamá en su petición y solicitud de 

traslado, y que su renuencia a que sus hijos se 

trasladaran al Estado de Texas junto a mamá se 

fundamentó en que éste le había radicado en el pasado 

una orden de protección al amparo de la Ley 54; en una 

alegada agresión a su persona y a su vez, en que las 

partes no tienen comunicación alguna si no es a través 

de mensajes de texto.

21. Declaró el padre, además, que se oponía al traslado 

de los menores porque “yo soy el papá de los menores”. 

22. Asimismo, de la prueba presentada y creída, el 

señor Martínez declaró que no evaluó el plan de 

relaciones filiales propuesto por Caraballo, ni tampoco 

hizo investigación alguna sobre los recursos médicos ni 

escolares propuestos por esta.
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23. A pesar de no haber hecho investigación alguna ni 

evaluar seriamente lo propuesto por la promovente, la 

señora Caraballo, éste adujo que a su mejor entender 

los menores estarían mejor en Puerto Rico. Manifestó 

que no le interesaba tener conversaciones con la señora 

Caraballo respecto a su propuesta de traslado. 

24. El señor Martínez no produjo ni una sola prueba 

para demostrar que el traslado será adverso al mejor 

interés de sus hijos. 

25. De la prueba escuchada, éste indicó que se oponía 

al traslado porque en el año 2014 la señora Caraballo 

le había negado por tres meses la[s] visitas con sus 

hijos; asimismo, que en una ocasión la señora Caraballo 

solicitó una orden de protección al amparo de la Ley 54, 

así como que mantenía un patrón de “ocultarle” 

información médica de sus hijos.

26. El demandante no produjo evidencia alguna más 

allá de estas alegaciones en respuesta a por qué el 

traslado no operaría en el mejor bienestar de sus hijos, 

ni tampoco produjo evidencia alguna sobre las 

condiciones y/o estilo de vida de los menores en Puerto 

Rico ni de su disponibilidad.

27. En diciembre del 2022, sin la autorización expresa 

de la señora Caraballo, el señor Martínez matriculó 

unilateralmente a los menores en Antilles Military 

School. Previo a este cambio, los menores estudiaban 

en Victory Academy. Según surge de los reportes de 

notas de esta última institución, sus calificaciones eran 

excelentes.

28. Surge del testimonio del señor Martínez que hace 

escasamente dos meses fue que se enteró de quiénes 

son los médicos que atienden a los menores y adujo que 

dicho desconocimiento se debía a que mamá escogió los 

mismos unilateralmente. 

29. Del testimonio y del expediente judicial surge que la 

señora Caraballo siempre ha tenido la custodia de sus 

dos hijos menores de edad.

30. Asimismo, manifestó y confirmó que el señor 

Martínez, por razón de su trabajo, no siempre está en 

Puerto Rico, delegando el cuido directo de sus dos hijos 

menores de edad en los abuelos paternos. 

31. La señora Caraballo también indicó que una vez 

recibió la oferta de trabajo como Mental Health Clinician 

en Vighter, San Antonio Texas, alquiló un apartamento 

en Azul Apartment Homes en 6674 Prue Rd #8201, San 

Antonio TX, lugar propuesto para el traslado de los 

menores. Dicho apartamento consta de tres cuartos, 

dos baños, área de balcón, un espacio individual para 

los menores y un cuanto para ésta y su actual esposo 

Javier E. Dávila Rosa. Cada menor tendría su propio 

cuarto. Asimismo, dicho complejo de apartamentos se 

encuentra muy cercano al medical center, lugar donde 

los menores recibirían sus servicios. El apartamento 
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tendría un canon de arrendamiento de $1,600.00 

mensuales.

32. Dicha ubicación cuenta con facilidades médicas 

cercanas en atención a las necesidades médicas de los 

menores, tales como psiquiatras, psicólogos, 

oftalmólogos, neurólogos y neumólogos pediátricos. 

33. El lugar propuesto por Caraballo para que sus hijos 

cursen estudios escolares [es] Harmony Science 

Academy, lugar cercano a la residencia de ésta. 

34. Caraballo le aseguró a este Tribunal que dicha 

escuela cuenta con un programa de ESL, tomando en 

consideración el nivel de ajuste y progreso de los 

menores específicamente en el fortalecimiento de sus 

destrezas en el idioma inglés para que éstos puedan 

tener un mejor ajuste de aprobarse el traslado. 

35. La señora Caraballo también indicó que, en su 

petición de traslado, en adición a lo ya indicado, le 

proveyó al señor Martínez los planos del apartamento, 

la ubicación de este, la cercanía con las áreas 

recreativas, de disfrute familiar, centros comerciales, 

especialistas médicos y las escuelas propuestas. 

Manifestó que todos los especialistas propuestos 

aceptan el plan médico patronal al que tiene derecho. 

36. La señora Caraballo también indicó que su padre 

estaría trasladándose junto a esta al Estado de Texas 

para fungir como una fuente de apoyo familiar para ésta 

y sus hijos menores de edad.

En su sentencia, el TPI evaluó la solicitud de traslado 

conforme los criterios de la Ley Núm. 102-2018. De tal forma, el foro 

primario consideró: (1) si la relocalización es para impedir las 

relaciones paternofiliales, (2) si existe una relación válida y 

determinante para relocalizarse, y (3) si la relocalización ofrecerá 

una mejor oportunidad de vida para la madre custodia y los 

menores. A tales efectos, el foro primario destacó que la Sra. 

Caraballo ha sido la cuidadora principal de los menores en todos los 

aspectos emocionales, afectivos, educativos y de salud. En cambio, 

en cuanto al Sr. Martínez, indicó que, durante el tiempo que retuvo 

a los menores bajo su custodia, éste había desplegado una pobre 

supervisión. También señaló que el Sr. Martínez no obró con la 

diligencia de un buen padre de familia al negarse infundadamente a 

evaluar la propuesta de relocalización de la Sra. Caraballo.
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Por otro lado, el TPI manifestó su aprobación al lugar de 

vivienda e instituciones escolares y médicas propuestas, y concluyó 

que éstas brindarán una estabilidad emocional, física y educativa 

superior a la que los menores reciben en Puerto Rico. También 

expuso estar convencido de que la oferta de trabajo de la madre 

custodio, sumado al ingreso de su actual esposo, redundará en una 

mejor posición social y económica para la familia. Puntualizó que 

dejar a los menores en Puerto Rico no responde a sus mejores 

intereses, sino que, por el contrario, podría repercutir en una 

desestabilización emocional, afectiva, escolar y opuesta a su mejor 

bienestar.

En fin, el TPI concluyó que la solicitud de relocalización de los 

menores al Estado de Texas no se efectuó con el propósito de impedir 

la relación paternofilial, que existe una razón válida para tal 

relocalización y que ésta ofrecerá una mejor oportunidad de vida a 

los menores y la madre custodia. En fin, a la luz de los criterios 

esbozados y en atención al mejor bienestar de los menores, el TPI 

declaró con lugar la solicitud de relocalización y autorizó el traslado 

permanente de los menores junto a su madre al Estado de Texas, 

efectivo a mayo de 2023, una vez los menores culminaran su 

semestre escolar. 

En desacuerdo con el dictamen, el Sr. Martínez presentó una 

moción de reconsideración el 23 de mayo de 2023. Adujo que la 

relocalización permanente al Estado de Texas no obraba en el mejor 

bienestar de los menores y solicitó la intervención de la Unidad 

Social de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores del Tribunal 

para la investigación e informe correspondiente. El TPI denegó la 

solicitud de reconsideración mediante orden notificada el 2 de junio 

de 2023.

Inconforme, el 5 de julio de 2023, el Sr. Martínez instó el 

presente recurso y apuntó los siguientes señalamientos de error:
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Primer señalamiento

El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de 

derecho o craso abuso de discreción al autorizar la 

relocalización de los menores en inobservancia de las 

disposiciones de la Ley Núm. 102-2018 y la doctrina 

reiterada en Jusino González v. Norat Santiago, 2023 

TSPR 47.

Segundo señalamiento

El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de 

derecho o craso abuso de discreción al ignorar las tres 

súplicas del padre no custodio para que la solicitud de 

relocalización y su oposición fuesen referidas a la 

Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de 

Menores para investigación, informe y 

recomendaciones, con la correspondiente actualización 

del Informe Social de 2016.

Tercer señalamiento

El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de 

derecho o craso abuso de discreción al no ejercer su 

poder de parens patriae conforme a la Ley Núm. 102-

2018 y autorizar la relocalización de los menores sin 

considerar los factores estatutarios para determinar y 

salvaguardar el mejor bienestar de los menores. 

En síntesis, adujo que el foro primario incidió al adjudicar la 

solicitud de relocalización fundamentado en la prueba presentada 

por las partes durante la vista, sin haber referido el asunto a la 

Unidad Social de Relaciones de Familia y, por tanto, sin que el 

tribunal tuviera ante si todos los elementos necesarios para llegar a 

una determinación de traslado que salvaguardara los mejores 

intereses y bienestar de los menores. Asegura que Jusino González 

estableció la norma de que toda solicitud de relocalización de 

menores requiere la investigación e informe correspondiente de la 

Unidad Social.

Luego, mediante Moción en cumplimiento de orden sometiendo 

transcripciones de 21 de noviembre de 2023, el Sr. Martínez presentó 

la transcripción de la prueba oral de las vistas llevadas a cabo ante 

el foro primario. Con la anuencia de la Sra. Caraballo24, aprobamos 

la transcripción de la prueba oral según presentada.

24 Conforme surge de la Moción en solicitud de orden y término final para contestar 

presentada por ésta el 1 de noviembre de 2023.
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El 7 de diciembre de 2023, la Sra. Caraballo presentó su 

alegato en oposición. En éste, adujo que el dictamen emitido por el 

TPI está sustentado en la prueba que tuvo ante su consideración, y 

que el hecho de que el tribunal no hubiera ordenado la realización 

de un informe social en forma alguna implicaba que dicho foro 

careciera de los elementos necesarios para llegar a una 

determinación de relocalización que atendiera los mejores intereses 

y bienestar de los menores.

II.

A.

En nuestro ordenamiento, es norma conocida que los 

tribunales apelativos no intervendrán con la apreciación de la 

prueba, la adjudicación de credibilidad y las determinaciones de 

hechos que realizan los tribunales de instancia, a menos que se 

demuestre que el juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o 

parcialidad, o que incurrió en error manifiesto.25 Ello pues, porque 

los jueces de primera instancia son quienes están en mejor posición 

de aquilatar la prueba y adjudicar credibilidad, que incluye, entre 

otros factores, ver el comportamiento de los testigos mientras 

ofrecen su testimonio.26 Sólo se podrá intervenir con sus 

determinaciones cuando la apreciación de la prueba no represente 

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

prueba.27

No obstante, a pesar de esta norma de deferencia judicial, el 

Tribunal Supremo ha indicado que cuando las determinaciones de 

hecho del foro primario estén basadas en prueba pericial o 

documental, el tribunal revisor se encuentra en la misma posición 

25 Ortiz Ortiz v. Medtronics, 209 DPR 759, 778 (2022); Santiago Ortiz v. Real Legacy 

et al., 206 DPR 194, 219 (2021); Gómez Márquez v. El Oriental, 203 DPR 783, 793 

(2020).

26 Ortiz Ortiz v. Medtronics, supra, págs. 778-779; Gómez Márquez v. El Oriental, 

supra, pág. 792; Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).

27 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).
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que el foro revisado. Por consiguiente, el tribunal apelativo tendrá la 

facultad de adoptar su propio criterio en la apreciación y evaluación 

de la prueba pericial, y hasta para descartarla, aunque resulte 

técnicamente correcta.28

B.

La patria potestad se define como el conjunto de deberes y 

derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los 

bienes de los hijos, desde que estos nacen hasta que alcanzan la 

mayoría de edad u obtienen su emancipación.29

La custodia es un componente de la patria potestad porque 

impone a los padres el deber primario de tener a sus hijos no 

emancipados bajo su compañía.30 Es decir, la custodia es la 

tenencia o control físico que tiene un progenitor sobre los hijos.31

Al adjudicar la custodia de un menor, los tribunales están 

llamados a utilizar como criterio rector el bienestar y los mejores 

intereses de éste.

32 De ahí que la decisión de un tribunal en torno a 

la custodia de un menor debe tomarse luego de realizar un análisis 

objetivo sereno y cuidadoso de todas las circunstancias presentes 

en el caso ante sí, teniendo como único y principal objetivo el 

bienestar de los menores.

33

Específicamente en los casos de relocalización de un menor, 

el tribunal debe evaluar la petición de conformidad con los requisitos 

establecidos en la Guía Uniforme para Casos de Relocalización del 

Padre Custodio, Ley Núm. 102-2018.

34 La Exposición de Motivos de 

esta ley dispone que su propósito es salvaguardar el principio rector 

de asegurar el mejor bienestar del menor. La legislación reconoce, 

además, que un padre puede querer relocalizarse para buscar un 

28 Íd., pág. 777.

29 Artículo 589 del Código Civil (32 LPRA sec. 7241).

30 Jusino González v. Norat Santiago, 211 DPR 855, 863 (2023).

31 Íd.

32 Íd., pág. 864.

33 Íd.

34 32 LPRA sec. 3371 et seq.
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nuevo comienzo basado en nuevas oportunidades de trabajo, mejor 

calidad de vida o simplemente buscar un cambio en la misma. 

Puntualiza que, independientemente de las razones justificadas que 

pueda tener ese padre custodio, la intervención del Tribunal se hace 

necesaria en muchas ocasiones para reconocerle al padre no 

custodio su derecho a relacionarse con su hijo.

En ese contexto, el inciso (a) del Artículo 6 de la Ley 102-

201835, establece que se permitirá la relocalización de un menor si 

se prueba que:

(1) No es para impedir la relación del padre no custodio 

o persona interesada con el menor; 

(2) Existe una razón válida y determinante para 

relocalizarse; y 

(3) Ofrecerá una mejor oportunidad de vida tanto para 

el padre custodio o tutor como para el menor.

Por su parte, el inciso (b) del mismo artículo desglosa los 

factores adicionales que el tribunal deberá analizar para autorizar 

la relocalización y determinar si la relocalización opera en el mejor 

bienestar del menor. Estos factores son: 

(1) Preferencia del menor en aquellos casos donde tenga 

derecho a ser oído;

(2) Relación del menor con el padre no custodio;

(3) Relación del menor con las personas interesadas y 

la forma en que éstos llevan a cabo su derecho de visita;

(4) Periodo de tiempo que el menor lleva residiendo en 

la residencia principal y los lazos emocionales que lo 

une a ella;

(5) Oportunidades de desarrollo, tanto emocional, como 

físico y educacional;

(6) Impacto que tendrá el traslado en su desarrollo;

(7) Disposición del padre custodio o tutor de permitir al 

otro padre no custodio o persona interesada de ejercer 

su derecho a visita, relacionarse con el menor y 

custodia compartida en los casos que aplique;

(8) Potencial de cambio en la vida del padre custodio o 

tutor y del menor;

35 32 LPRA sec. 3376.
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(9). Posibilidad económica del padre no custodio o 

persona interesada de ejercer su derecho a visita para 

relacionarse con el menor;

(10) Grado de responsabilidad del padre no custodio o 

persona interesada en sus obligaciones para con el 

menor;

(11) El tribunal podrá ordenar el realizar un estudio 

social del área al cual planean mudar al menor. Este 

estudio, entre otras cosas, deberá incluir un análisis de 

la criminalidad del área interesada;

(12) Lugar donde el menor va a estudiar, nombre e 

información completa de la escuela: dirección, teléfono, 

maestro del menor y nombre del director;

(13) En caso de que el menor no tenga edad suficiente 

para asistir a la escuela, nombre del cuido e 

información completa en el que estará el menor o en 

caso de que sea una persona particular información 

completa de la misma;

(14) Lugar de trabajo, nombre e información general del 

padre custodio o tutor legal: teléfono, dirección y 

nombre del patrono;

(15) Información de las personas adicionales al padre 

custodio o tutor legal con las que vivirá el menor, de ser 

el caso;

(16). Información del casero en los casos donde la 

residencia sea alquilada;

(17) Certificación de empleo o estudios;

(18) Se observará la recomendación del trabajador 

social en cuanto al efecto que esto tendrá en el menor;

(19) El seguro médico que tendrá el menor; y

(20) Cualquier otro factor que el juzgador entienda 

necesario, tomando como principio la equidad entre las 

partes.

Así pues, es importante que el tribunal a cargo de una 

solicitud de traslado de un menor cuente con los elementos 

necesarios para llegar a una determinación que salvaguarde el mejor 

interés y bienestar de éste.36 Los mejores intereses del menor van 

atados a sus necesidades físicas, morales y espirituales.37 De esta 

forma, la determinación de custodia constituye un ejercicio 

36 Jusino González v. Norat Santiago, supra, pág. 868.

37 Rivera v. Morales, 167 DPR 280, 293 (2006), citando a Nudelman v. Ferrer 

Bolívar, 107 DPR 495, 511 (1978).
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discrecional ponderado que siempre debe redundar en el mejor 

bienestar del menor.38

Así pues, conforme a las prerrogativas que derivan del poder 

de parens patriae del Estado, un tribunal tiene la potestad de 

ordenar las investigaciones de índole social que entienda 

pertinentes.39 A esos efectos, la Unidad Social de Relaciones de 

Familia y Asuntos de Menores tiene como función principal ofrecer 

al juzgador asesoramiento social mediante evaluaciones periciales 

que permitan tomar decisiones informadas en los casos ante su 

consideración.40

Por último, precisa señalar que las determinaciones de

custodia no constituyen propiamente cosa juzgada, debido a que 

están sujetas a revisión judicial de ocurrir un cambio en las 

circunstancias, siempre que se considere el mejor interés y bienestar 

del menor. Esto es, pueden surgir hechos y circunstancias 

posteriores al dictamen que requieran que se modifique.

41

Dentro de las normas jurídicas enunciadas, procedemos a 

resolver el asunto ante nuestra consideración.

III.

Por estar relacionados, discutiremos en conjunto los 

señalamientos de error. En síntesis, en dichos errores el Sr. 

Martínez Hernández adujo que el foro primario incidió al adjudicar 

la solicitud de relocalización solamente a base de la prueba 

presentada por las partes durante la vista, sin haber referido el 

asunto a la Unidad Social de Relaciones de Familia y, a su juicio, 

sin que el tribunal tuviera ante si todos los elementos necesarios 

para llegar a una determinación de traslado que salvaguardara los 

mejores intereses y bienestar de los menores. El Sr. Martínez 

38 Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 652 (2016).

39 Íd.

40 Íd.

41 Jusino González v. Norat Santiago, supra, pág. 866.
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Hernández asegura que, según el caso de Jusino González, supra, 

toda solicitud de relocalización de menores requiere la investigación 

e informe correspondiente de la Unidad Social. Veamos.

La prueba demostró que la Sra. Caraballo Vargas es quien 

ostenta la custodia física y legal de los menores, y que se encuentra 

casada con el señor Javier Enrique Dávila Rosa, con quien procreó 

otra menor. Del testimonio de la Sra. Caraballo Vargas surge que su 

esposo es una figura de apoyo para los menores.

También surge que la Sra. Caraballo Vargas le informó al Sr. 

Hernández que recibió una oferta de empleo y que su intención era 

trasladarse junto a sus hijos al Estado de Texas. Esto con el 

propósito de mejorar el estilo de vida de los menores. De igual forma, 

le notificó el lugar designado para vivienda, con el plano de 

descripción del predio, le indicó la escuela en la que matricularía a 

los menores, incluyendo el programa disponible para desarrollar las 

destrezas del idioma inglés, los lugares aledaños para recreación, 

hospitales y consultorios para cubrir sus necesidades médicas. 

También indicó que el abuelo materno de los menores se trasladaría 

con ellos a Texas para fungir como fuente de apoyo familiar.

De otro lado, ambas partes coincidieron en que el Sr. Martínez 

Hernández, por razón de su trabajo, no siempre está en Puerto Rico, 

delegando el cuido directo de sus dos hijos menores de edad en los 

abuelos paternos. También, que éste retuvo a los menores desde 

enero de 2023, cambiándolos unilateralmente de escuela, ejerciendo 

una pobre supervisión sobre las tareas escolares e incumpliendo con 

su obligación de llevarlos a sus terapias. 

En lo referente a la solicitud de traslado, también quedó 

demostrado a través del propio testimonio del Sr. Martínez 

Hernández que éste no leyó ni evaluó nada de lo propuesto por la 

Sra. Caraballo Vargas. También declaró que se opone a que sus hijos 

se trasladen al Estado de Texas por motivo de un pasado incidente 
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de agresión ocurrido entre las partes y a su vez, en la pobre 

comunicación existente entre éste y la madre custodia. De igual 

forma, expresó que no evaluó el plan de relaciones filiales propuesto, 

ni investigó los recursos médicos y escolares sugeridos. A pesar de 

ello, aseguró que, a su juicio, los menores estarían mejor en Puerto 

Rico. Ello, sin presentar prueba relativa al estilo de vida que llevan 

los menores en Puerto Rico o prueba que demostrara que el traslado 

propuesto no opera a favor del bienestar de los menores.

Al evaluar dicha prueba a la luz de los criterios establecidos 

en la ley Núm. 102-2018, coincidimos con el TPI en que la Sra. 

Caraballo Vargas no solicitó la relocalización con el fin de impedir la 

relación de los menores con el Sr. Martínez Hernández. Esto pues, 

porque de su propio testimonio surge que ésta sugirió un plan de 

relaciones paternofiliales, derecho que el TPI garantizó al Sr. 

Martínez Hernández en la sentencia apelada. 

Igualmente, la Sra. Caraballo Vargas presentó una razón 

válida y determinante para la relocalización. A tales efectos, expresó 

y sustentó con documentos que tiene una oferta de trabajo 

competitiva en Texas. La Ley Núm. 102-2018 reconoce el derecho de 

un progenitor a querer relocalizarse para buscar un nuevo comienzo 

basado en nuevas oportunidades de trabajo, mejor calidad de vida 

o simplemente buscar un cambio de vida, independientemente de 

cuáles sean las razones para ello.

Así también, la Sra. Caballero Vargas evidenció que la 

relocalización ofrecerá una mejor oportunidad de vida para ella y los 

menores. Así, comprobó que alquiló un apartamento junto a su 

esposo, que dicho lugar de vivienda está aledaño a la escuela y 

lugares de interés recreativo y para asegurar la continuidad de los 

servicios médicos de los menores. Incluso, el abuelo materno, quien 

es parte del grupo de apoyo de los menores en Puerto Rico, se muda 

con ellos para Texas. Es decir, la Sra. Caraballo Vargas demostró el 
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cumplimiento con los criterios para que el tribunal autorice la 

solicitud de relocalización. 

Conforme a la norma jurídica esbozada, el tribunal, en su 

poder de parens patriae, tiene la potestad de ordenar las 

investigaciones de índole social que entienda pertinentes para 

adjudicar asuntos relativos a la custodia de un menor. En ese 

contexto, la Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de 

Menores tiene como función principal ofrecer al juzgador 

asesoramiento social mediante evaluaciones periciales que permitan 

tomar decisiones informadas en los casos ante su consideración.

Ahora bien, el informe del trabajador social es necesario en 

aquellos casos en que haya que determinar la validez de las 

alegaciones de que el traslado no opera en el mejor interés de los 

menores. En el caso ante nuestra consideración, a pesar de que el 

Sr. Martínez Hernández alegó que la relocalización no redundaría en 

beneficio de los mejores intereses de éstos, no presentó prueba 

alguna que sustentara su oposición al traslado que avalara la 

necesidad y conveniencia de un estudio social. 

En Jusino González el Tribunal Supremo expresó la 

importancia de que el tribunal a cargo de una solicitud de traslado 

cuente con los elementos necesarios para llegar a una 

determinación para salvaguardar el mejor interés y bienestar del 

menor. En Jusino González la madre del menor presentó una 

solicitud de relocalización existiendo un decreto de custodia 

compartida. Al solicitarse el traslado, el menor tenía dos años. La 

parte allí peticionaria presentó el informe interagencial, pero el 

trabajador social rindió un informe social sin recomendaciones. En 

el interín, y luego de varios trámites procesales, que incluyeron la 

paralización del asunto del traslado hasta tanto se adjudicara una 

orden de protección al amparo de la Ley Núm. 246-2011, el menor 

alcanzó la edad de seis años. Debido al tiempo transcurrido, el foro 
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de primera instancia ordenó que se actualizara el aspecto de la 

vivienda del informe interagencial. No obstante, ante la oposición 

fundamentada del padre del menor, el TPI revirtió su determinación

que permitía la actualización del informe interagencial. Presentado 

el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, dicho foro se 

abstuvo de intervenir en el caso. Más adelante, el Tribunal Supremo 

revocó al foro primario y concluyó que la actualización del informe 

interagencial era necesario para la adjudicación del caso en sus 

méritos, puesto que las realidades y necesidades del menor habían

cambiado. Entendió que, en esas circunstancias, el tribunal 

sentenciador no contaba con la información completa para hacer 

una determinación de relocalización que precisamente conlleva que 

se adjudique la custodia exclusiva del menor a uno de los 

progenitores. 

A diferencia del caso de Jusino González, en el caso de autos 

la Sra. Caraballo Vargas tiene la custodia monoparental de los 

menores. Además, el Sr. Martínez Hernández no presentó una 

oposición fundamentada a la solicitud de relocalización. Más aún, 

la solicitud de relocalización presentada por la Sra. Caraballo Vargas 

atendió todos los elementos a ser examinados por un tribunal en 

estos casos y, a su vez, estuvo sustentada con prueba acreditativa 

de lo propuesto para sus hijos. Ante este cuadro fáctico, el foro 

primario estimó, dentro de su sana discreción, que no era necesario 

el informe social. El TPI tiene a su haber, dentro de su sana 

discreción, y conforme con los criterios establecidos en la Ley Núm. 

102-2018, el manejo de los métodos para dilucidar una solicitud de 

relocalización, según determine como adecuado y pertinente. Del 

examen del recurso nada sugiere que, en el ejercicio de sus 

facultades, el foro apelado, hubiere incurrido en error o en abuso de 

la discreción que le asiste, de forma tal que se haga meritorio eludir 
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la norma de deferencia hacia la apreciación de prueba de los 

tribunales de primera instancia.

El Sr. Martínez Hernández no controvirtió la apreciación de la 

prueba y adjudicación de credibilidad del tribunal apelado. Tampoco 

pudo demostrar que el foro primario se equivocó en la aplicación del 

derecho. En ausencia de una demostración clara de que el foro de 

primera instancia erró en su apreciación de la prueba o que actuó 

con perjuicio o parcialidad o cometió un error de derecho, estamos 

obligados a honrar la norma de la deferencia hacia las 

determinaciones del TPI.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.

Notifíquese.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Grana Martínez concurre sin voto 

escrito.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones