N ÚMERO IDENTIFI CADOR SEN 2 02 3

______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel I I

RICARDO J. RIVERA ORTIZ

Apel ante

v.

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, por conducto del SECRETARIO DE JUSTICIA Y OTROS

Apelados KL AN 202 300 6 6 9 A pelación

procedente del Tribunal de Primera Instancia , Sala de San Juan

Caso Núm. SJ 2023 CV 03549

Sobre: Petición de Orden Panel integrado por su president e , el Juez Bermúdez Torres , el Juez Adames Soto y la Juez Aldebol Mora
Adames Soto, Juez Po nente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto R ico, a 28 de noviembre de 2023. Compare ce el señor Ricardo Rivera Ortiz ( señor Rivera O rtiz o apelante ) , mediante recurso de apelación , solicitando la rev ocación de la

Sentenci a emitida po r el Tribuna l de Primera Instancia , ( TPI ) , el 1 3 de julio de 2023. Medi a nte este dictamen , el foro primario desesti m ó la

reclamación de daños y perjuicios presentad a por el señor Rivera Ortiz

e n contra del Depar tamento de la Familia ( DF ) , por falta de jurisdicción sobre la materia y la persona.

E xaminados los asuntos an te nuestra atención, modificamos el dictamen apelado.

I. Resumen del tracto procesal

E l 25 de abril de 2023, el señor R ivera Or tiz present ó una

recl a m ación contra el D F ante el T P I , al amparo de la ley federal

USERRA , infra

. A dujo allí que , el 8 de agosto de 202 2 , someti ó un a solicitud de emple o para un pu esto de ch ofer de mensajería en la referidaKL AN2023006 69 2
agencia pú blica

. Como parte de s esta solicitud, asever ó haber acredit ado su experiencia como chofer en el ejército

. Sin embargo, e l D F le requirió presentar evid encia adi cional de experi encia laboral , por lo cual sometió copia de una declaración jurada , suscrita por un compañero militar , quien constat ó que ocup ó e l p uesto de c ho fe r mientras estuvo en el

s ervicio militar

.
L uego de que el D F e valuara la solicitud de em p l eo sometida por el peticionario, lo decla r ó inelegible para ocupar el pues to de cho fer , concluyendo que tenía poca exper iencia

.
E n respuesta a l rechazo por el D F de s u solicitud de empleo, e l peticionario i n s t ó una reclamación ant e el Departament o del Trabajo

F ederal ( DTF ) , al amparo de USERRA , infra

. No o bstante, el 18 de enero

de 202 3 , el DTF le envió una carta de cierre de la querella , i ndic ando

qu e , basado en la información obtenida durante su investigación, no

encontraron evidencia suficiente p ara determinar que hubo una violación a la ley USERRA

. Es a raíz de lo anterior que el señor Rivera Ortiz inst ó la demanda

ante el T PI bajo discusión , en la fe cha antes precisad a, aduciendo habe r sufrido p é rdida sustancial de ingresos y otros benefici os la borales , por el alegado incumplimiento del D F con U S ERRA al no emplearlo

. Seg ún la documentación ante nuestra atención, e l peticionario emplaz ó p or dicha demanda al D F , por conducto de l S ecretari o de

Justicia , el 4 de mayo de 2 023

. En e l Certifica do d e diligenciamiento por el alguacil se dejó cons tancia , entre otras, de la fecha del diligenciamiento , ya indicada, y de que fue rec ibido por la representante
del Secretario de Justicia , Domingo Emanuell i Herná ndez , a través de la

licenciada Pe ñ a garícan o Br own, Secretaria Auxiliar de lo Civil en el Departamento de Justici a ( D J )

.KL AN2023006 6 9 3

Contrario a ello , el 30 de junio de 2 023, el D F prese nt ó Comp are cencia Esp ecial en Solici tud de Desestimación , sin someterse a la jurisdicción del Tribunal , por falta d e juris d icc i ón sobre la persona y

sobre la materia. Sobre el primero de estos asunto s , a rguy ó que no se había emplazado al Estado Libre Asociado de Puerto Rico ( ELA ) , qui e n le suple la capaci dad al Departamento de la Fam ilia, que c arece de personalidad jurídica

. En cu anto a la ausencia de jurisdicción sobre la

materia , esgrimió que por dispos ición expresa de ley, la C omisión

A pela tiva del S ervicio P úblico ( CASP ) es el foro con jurisdicción exclusiva para atender la reclamación del señor Rivera Ortiz , estando la

re clama ción asociada a un área esencial del principio de m érito, reclutamiento y selección

. Ante lo cual , el 6 de julio de 20 23, el señor R ivera Or tiz pres ent ó Oposición a Comparecencia Especial en Sol ic itud de Desestimación

. En lo pertin ente, a dujo q u e, según el Certificado de diligenciamiento por alguacil , el emplazami ento fue diligenciado en el D J , por conducto de la

licenciada Pe ñ a garícano Br own, Secretaria Auxiliar de lo Civil en el D J

. Por t anto, arg uyó que el emplazami ento se di l igenció al represent ante d el

ELA , conforme a l o dispuesto en la Regla 4.4 de Proced imiento Civil,

infra

. Sobre la alegada jurisdicción exclusiva de la CASP para atender la

cont roversia planteada en la demanda, aduj o que más bien se trat a de un tema sobre jurisdic ción concurre nte de l foro administr ativo y el judicial, por lo que haber elegido el T PI para presentar la demanda no constituye, de suyo, causa para su desestimación

. Es así como, el 13 de julio de 202 3 , el foro apel ado emitió la

S entencia cuya r evocación nos solici ta el s eñor Rivera Ortiz , acogiendo los argumentos esgrimidos en la Comp are cencia Esp ecial en Solici tud de

Desestimación

, ya exp uestos.KL AN2023006 69 4

E n desacuer do , acude ante nosotros el se ñor Rivera Ortiz , mediante r

ecurso de ap elación , planteando los siguientes señalam ientos

de error :
1. Err ó el Tribunal de Primera Insta ncia al declarar que el Secretario de Justicia no fue debidamente em plazado a pesar de la prueba presentada.

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al interpretar la ley USERRA y concluir que dich a ley no le confiere a los tribunales del es tado ju ris dicci ón cuando el propio estado es el empleador.

Una vez dispusimos de varios asuntos procesales ocurridos a nivel apelativo , compareció e l D F , mediante Al e gato del Estado, a través del

cual , de man era espec ial , solic itó la con firma ción de la Sentencia apelada , o , en la a lternativa , su modifica ción a los fines de decretar el

archivo del caso , hasta tanto la CASP resuelva los asuntos para los cuales posee jurisdicción exclusiva.

Con e l beneficio de la compar e cencia de l as partes , estamos en posición de resolver.

II. Exp osición de Dere cho

A. Emplazamien to de l ELA
E l emplazamiento es el mecanismo procesal por el cual se le notifica a la parte demandada sobre la existencia de una reclamación

instada en su co ntr a
. Rivera Marrer o v. Santiago Martínez , 202 DPR 462 ( 2019) ; Rivera v. Jaume , 1 57 DPR 562, 575 (2002). A su v ez, esta notificación le permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona demandada quedando así éste obligado por el dictamen que en s u d ía recaig a. Bernier González v. Rodríg uez Becerra , 200 DPR 637 (2018);
Márquez v. Barreto , 143 DPR 1 37, 142 (1997). En lo pertinente a la

controversia ante nos , la Regla 4.4 ( f ) y ( g ) de Procedimi ento Civil , 32
LPRA Ap. V, R. 4.4 ( f ) y ( g ) , dispone lo si guien te: El emplazamiento y la demanda se diligenciarán co njuntamente. Al entregar la copia de la demanda y del emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a la parte demandada o haciéndolas accesibles en suKL AN2023006 6 9 5

inmediata presenci a, la persona que lo dili genci e hará constar al dorso de la copia del emplazamiento su firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la entrega. El diligenciamiento se hará de la manera siguiente: ( f ) A l Estado Li bre Asociado de Puerto Rico , entregando copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario o Secretaria de Justicia o a la persona que designe. (g) A un funcionario o una funcionaria, o una dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no se a una corporación públ ica, entregando copia del emplazamiento y de la demanda a dic ho funcionario o dicha funcionaria, o al jefe ejecutiv o o jefa ejecutiva de dicha dependencia. Además, será requisito indispensable que en todos los pleitos que se insten co ntra un funcionario fu ncion aria o una dependencia del Estado Libre Asociado de Puer to Rico, que no sea una corporación pública, la parte demandant e entregue copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario o la Secretaria de Justicia o a la p ersona qu e designe. Si la depen denci a es una corporación pública, se entregará las copias se gún lo dispuesto en la Regla 4.4(e). Regla 4.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 4.2. [...].

En Fred y otros v. ELA , 150 DPR 599, 606 (2000) , se resolvió que : las corporaciones públicas se empla zan según lo dispuesto en la Regla 4.4 (e) de la de Procedimiento Civil , 32 LPRA Ap. V, R. 4.4 ( e ) ; l as
instr ume ntalidades que no sean corporaciones públicas , según la Regla 4.4(g) citada y, cuando se trate del Estado propiamente, se recurrirá a la

R eg la 4. 4(f) , supra
. Además, e n Cirino Go nzál ez v. Adm. Corrección , 190
DPR 14, págs. 32

- 33 , se estableció que se debe de diferenciar entre aquellas entidades guber namentales que no tienen personali dad jurídica propia y las que sí la tienen. Cuando la entidad no p osea personalidad jurídica propia, el ve rdadero dem andado es el Estado Libre Asociado, por lo que se debe recurrir a las Regla 4.4(f)

. Por tanto, de ser esta
última la si tuación, no es necesario emplazar al jefe de ag encia para adquirir jurisdicción s obre el Estado

. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil puertorri queño, San Juan, [ed. del autor], 2012, págs. 68

– 69.KL AN2023006 69 6

Por otro lado, se h a abundado en la di stinción entre las

instrumentalidades públicas y las corporaciones públicas , reconociendo que “ en nu estra legislación, e l concepto “instrumentalidad” no tiene significado concreto

. Fred y otros v. E.L.A ., 150 DPR 599, 606 (2000)

. E n
atenció n a ello, se resolvió que una corporación pública tiene facultad para demandar y se r demandada y, a su vez, gen era s us propios fondos.
Por el contrario, una “instrumentalidad” pública , aunque tiene personalidad jurídica propia y puede demandar y s er demand ada, no

genera s us propios fondos, pues estos provienen del ELA. Í d , págs. 606

–
607

. Al lidiar con ese tipo de e ntida d gubernamental, el emplazamiento al

Estado Libre Asociado es inválido si se notific a solo al jefe de la entidad gubernamental , pero no se emplaza al Secretari o de Justicia. Echevarría Vargas, op. cit., pág. 68

. Por est a razón , cuando se demanda a

ins trume ntalidades del ELA , también se tiene que emplazar al Secretario

de Justicia , según lo dispone la Regla 4.4(g) , supra , a distinción de una agencia pública ca rente de personalidad ju rídica, a la qu e basta con emplazar al Secretario de Justicia, Regla 4. 4( f )

. Como explica Cuevas Segarra, “[c] uando se demanda a un departamento ejecu tivo del Gobierno, sin personalid ad propia para demandar y ser demandado, la verdadera parte de la demanda es el ELA y no el Departamento. La inclusión del Departamento como pa rte

q uerella da o demandada es improcedente y superflua y debe eliminarse .” J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derech o procesal civil, San Juan, Pubs.
JTS, 2000, T. I, pág. 168

. Como regla ge neral, un departamento ejecutivo no tiene personalidad jurídica disti nta y separada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y, por lo tanto, no puede demandar sin ser

demandado inde pendientemente del Estado. Véase Fred y Otros , supra, págs. 605

– 607 . Véase, además, Cuevas Segarra, op. cit., pág. 168

.KL AN2023006 6 9 7

B. La jurisdicción s obre la ma teria , primari a y concurrente

a.

La jurisdic ción sobre la materia se refiere a la capacidad de un tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto legal

. Cancel Rivera v. González Ruiz , 200 D.P.R. 319 , 10

- 1 1 (2018). En

reiteradas oc asione s , nuestro má s alto foro ha indicado que para privar a un tribunal de su autoridad para conocer sobre algún asunto en particular, es necesario que algún estatuto expresament e así lo disponga o que ello surja del mismo por implicación necesaria

. Mun. de Are c ibo v. Mun

. de
Quebradill as , 161 DPR 109, 114 (2004) , citando a J. Directores v. Ramos , 157 DPR 818 (2002) ; Lagares v. E.L.A. , 144 DPR 601 ( 1997 )

. La falta de jurisdicción sobre la materia p r oduce las siguientes

co nse cuencias , que son inexorablemen te fatales: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden v oluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un tri bunal , ni el tribunal puede

arro gársela ; y (3) los dict ám e nes de un foro sin jurisdicción sobre la

materia son nulo s. Vázquez v. A.R.P. E. , 128 DPR 513, 537 ( 1991). Una

vez el tribunal determin a que no tiene jurisdicción sobre la materia, está obligado a desestimar el caso. Reg la 10.8(c) de Procedimiento Civil , 3 2

LPRA Ap. V, R. 10.8; Shell v. Srio. Hacienda , 187 DPR 1 09, 12 4 (2012); González v. Mayagüez Resort & Casino , a la pág. 855; Pagá n v. Alcalde

Mun. de Cataño , 143 DPR 314, 326 (1997)

. González Santos v. Bourns
P.R., Inc ., 125 DPR 48, 63 (1989 )

. b.
Entre las doctr inas de abstención judicial , se encuentra la doctri na
de juri sdicción primaria

. Esta atiende el problema de determinar si

el foro con jurisdicción para ventilar una controversia en primera

insta ncia es el tribunal o la agencia adm inistrativa , lo cual establece un
sistema de prelación o prioridad jurisd iccional

. Oficina del Paciente v.KL AN2023006 69 8

MC S , 163 DPR 21 (2004); Asoc. Pesc. Pta

. Figueras v. Pto. del Rey , 155

D PR 906, 921 (2001) ; Mun. de Caguas v. A T&T , 154 D PR 401, 410 (2001) ; Aguilú Delgado v. P.R. Parking System , 122 DPR 261, 266 (1988)

. La doctrin a d e jurisdicción primaria tiene dos modalidades : ( 1 ) la jurisdicción primaria concurrente ; ( 2 ) la jurisdicción pr imari a exclusiva. Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo , 141 DPR 257, 267 (199 6) c itando a Paoli Méndez v. Rodríguez , 138 DPR 449, 469 (1995)

. La ju risdi cción primaria concurrente alude a que tanto el foro ju dici al , como el adm i nistrativo , tienen simultáneamente jurisdicción legal para entender en la c ontrov ersia , pero usualmente el foro judicial le

brinda deferencia al foro administrativo para entend er en la controversia

. Esto último e ncuentra su fu ndamento en la teoría de q ue, presuntamente ( añadimos ) , los foros administrativos están mej or equipad[o] s que los

tribunales debido a su espec ialización y al conocimiento obten ido a trav és

de la experiencia

. Ortiz v

. Panel F.E.I

. , 155 DPR 219, 243 (2001)

. P or lo
tanto, como reg la ge neral, se debe aplicar esta norma de abstención , en

casos en los cuales el peritaje de la agencia sea indispensable para
resolver la c ontroversia, ya que los tribunales [son] de justicia y no centros
académicos para dir imir sutil ezas técnicas

. Ortiz v. Panel F .E.I. , supra

, a
la pág. 244 , cit ando a Quiñones v. A.C.A.A. , 102 DPR 746 , 749

- 50 (1974) ,
voto separado d el Juez As ociado Señor Irizarry Y unq ué

. Ahora bien, si

las controve rsias traídas an te el foro judicial “ no re quieren el peritaje o el conocimiento especializado de la agencia, el foro judicial no tiene por qué

abstenerse de ejercer su autoridad ordinaria para atender el asunto ante

su c onsideración”. Báez Rodríguez v. E.L.A. , 1 79 DPR 231 , 240 (2010)

.
L a juris dic ción primaria exclusiva se refiere a que una ley o un

estatuto le confiere jurisdicción a determinado ente adminis trativo como
único foro con facultad para resolver, inicialmente , determinada

con troversia

. Por tant o , s i una agenc ia cuenta con la jurisdicciónKL AN2023006 6 9 9
primaria exclusiva , los tribunales no tendrán autoridad para dilucidar el

caso en primera instancia ”

. Semid ey O rtiz v. Consorcio Sur

- Central , a la pág. 677 ; Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillas , 163 DPR 308, 327 (2004)

. Ha sido e nfati zado qu e [ p ] ara determinar si la le y le confiere o no jurisdicción exclusiva a un organismo administrativo, aun cuando la designación de jurisdicción exclusiva debe ser clara y precisa, el le gislador

no siempre utiliza el término “ exclusiva ”

. Báez Rodr íguez v. E

. L.A. , supra a la pág. 241. De confor midad , [p]ara privar a un tribunal de jurisdicción general de su autoridad para entender en algún asunto en particular, es
necesario que así se haya dispuesto expresamente en algún estatuto o que
ello s urja del mismo por impl icac ión necesaria

. Junta Dir. Cond. Montebello

v. Fernández , 136 DPR 223 ( 1994 ) ( Sentencia )

. C. Jurisdicción de la Comisión Apelativa de Ser vicio P ú blico ( CAS P )

L a Ley Nú m
. 182

- 2009, co noci da como la Ley de Reorganización y
Modernización de la Rama E jecutiva de 2009 , 32 LPRA se c. 8821 et seq

. , estableció e l P la n de Reorganización N úm . 2

- 20 10, mediante el cual se

cre ó la CASP . La C ASP es “ un organismo cuasi

- judicial de la Rama Ejec utiva , q ue se especializa en asuntos obrero

- patronales y del pri ncipio

d e m érito "

. Col ón Rivera et al. v. ELA , 189 DPR 1033

. E sta fu e creada

p ara atender casos laborales, de administración de recursos humanos y querellas de los empleados p ú blicos

. Í d

. En referencia al men cionado principio de m érito , ha sido descr ito

com o : [ C ] oncepto de que todos los empleados públicos serán seleccionados , ascendidos , retenidos y tratados en todo lo referente a su em pleo sobre la base de la capacidad, sin discrimen por razones de raza, col or, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social , ni por sus ideas políticas o religiosas, por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, condición de veterano, ni por impedimento fís ico o mental. La ant igüedad será un factor en casos de igual capacidad e idoneidad.KL AN2023006 69 10

Ar tículo 3 del Pl an de Reorganización Núm. 2

- 2010, 3 A LPRA Ap. XIII. (Énfasis suplido )

.

Sobre lo mismo, nuestro Tribun al Supremo ha ex presado que las

acciones relacionadas al principio de m ér ito son : clasificación de puestos,

reclutamiento y se lección de as censos, traslados y descensos , adiestramiento y retención

. ( Énfasis provisto )

. Col ó n Riv era et al. v. ELA ,
supra, pág. 1051. De igual forma, entre las facultades, funcion es y
de beres dispu es tos en el Artículo 8, inciso (l ) de la Ley 2

- 2 0 10 , se

e ncuentran que la CA SP :

A tenderá toda querella o apelación que se presente oportunamente y que concierna a su jurisd icción, para lo cual deberá interpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmenda da, conocida como la “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 1

A su vez, la CASP tiene , entre otras , las siguientes

facultades:

... (c ) realizar , a petición de parte o por iniciativa propia, todas l as audiencias, vistas púb licas o privadas, reuniones, encuestas e investigaciones que, en o pinión de la Comisió n, sean necesarias y adecuadas para el ejercicio de las facultades que le confiere este Pla n. A tales fines, la Comisión o su representante tendr á acceso a cualquier evidencia de cualquier persona que esté siendo investigada o contra la cual se h aya proced ido y que se refiera a cualquier asunto que esté investigando la Comisión o que esté en
con troversia; (d ) expedir citaciones para requerir la co mparecencia y declaración de testigos, requerir la presentación o reproducción o cualesquie ra papeles , libros, documentos y otra evidencia pertinente a una investigación o querella ante su consideración . Cuando un testigo debidamente citado no comparezca a testificar o no produzca la evidencia que le sea requerida o cuando rehúse contestar algun a pregunta o permiti r la inspección solicitada conforme a las disposiciones de este Plan, la Comisión podrá req uerir por sí o solicitar el auxilio de cualquier Tribu nal de Primera Instancia para la asist encia a una vista, declaración, reproducción de docum entos o la inspecció n requerida, sujeto a lo dispuesto

1 Derogada y sustituida por la Ley 8

- 2017] y reglamentación vigente, en tod o lo relativo a la administración de los recursos humanos y la relaci ón obrero patronal

.KL AN2023006 6 9 11
en la Ley Núm. 27 de 8 de diciembre de 1990, según
enmen dada, conocida como la “Ley de Procedimiento y Concesi ón de Inmunidad a Testigos”;

... (i) conceder los remedios que estime apropiados y emitir l as órdenes que sean necesarias y convenientes conforme a las leyes aplicables. Esto incluye, entre otras, órden es provisional es o permanentes de cesar y desistir; ór denes para la reposición de empleados suspendidos o destituidos, con o sin el abono de la p aga atrasa da dejada de percibir y la concesión de todos los beneficios marginales a los cuales los empleados hu biesen tenido derecho durante el período de suspensión o destitución; órdenes imponiendo sanciones económicas o procesales a agencias, funcionari os o repre sentantes legales por incumplimiento o dilación de los procedimientos; y órdenes imponiendo sanciones a agencias,
o rganizaciones sindicales o representante s exclusivos, incluyendo la descertificación de estos últimos; (j ) conceder indemnizacione s por daño s y perjui cios e imponer multas administrativas en todo tipo de discrimen que sea aprobado por los em pleados que acuden ante este foro, sin menoscabo de lo s “Co misión Apelativa del Servicio Público” [Plan de Reorganización 2

- 2010] Rev. 21 de enero de 2021 www.ogp.pr .gov Página 7 de 18 derechos de los servidores públicos de recurrir al foro judicial para e l reclamo de daños y perjuicios cuando no lo reclamen ante la Comisión

. A rt í cul o 8 de l Plan de Reorganización Núm. 2

- 2010, 3 A LP RA Ap. XIII

.

...
L a C ASP tendrá jurisdicción exclusiva s obre apelaciones surgidas

como cons e cuencia d e acci ones o decisiones de los A dministradores

I ndi viduales y los municipios , en los casos y por las personas que se

enum eran a continuación : a) cuando u n empleado, dentro del Sistema de Administración de los Recursos Humanos, no cubierto por la Le y Núm. 45 de 25 de febrero de 19 98, según enmendada, conocida como la “Ley de Relacion es del Trabajo del Servic io Público”, alegue que una acción o decisión le a fecta o viola cualquier derecho que se le conceda en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 184 de 3 de ago sto de 2004, seg ún enmendada [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 8

- 2017], la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida c omo la “Ley de Municipios Autónomos”, los reglamentos que se aprueben para instrumentar dichas leyes, o d e los reglamentos adop tados por los Administradores Individuales para dar cu mplimiento a la legislaci ón y normativa aplicable;

...KL AN2023006 69 12

b) cuando un ciudadano alegue que una acción o decisión le afecta su derecho a competir o ingresar en el Sistema de Administr ación de los Recurs os Humanos, de conformidad al principio de mérito;

... g) cualquier asunto proveniente u originado de la administración de los recursos humanos no cubierto en otras leyes o convenios colectivos. Art ículo 12 del Plan de Reorgani zación Núm . 2

- 20 10, 3 A LPRA Ap. XIII. ( Énfasis provisto )

.
D. Jurisdicción bajo U SERRA

La ley federal Unif

ormed Services Empl oym ent and Reemployment Rights Act o f 1994 , 38 U.S.C . se c. 4301 et seq

. , ( USERRA) , f ue

promu lgada por el Congreso de Estados Unidos p ara preservar los

derechos d e aquel las personas que se ausent an de s u empleo por un

per iodo de tiempo para prestar servicio militar , y para prohibir el

discrimen en e l em pleo con tra estas. 38 U.S.C. se c. 430 1. En lo pertinente, l a §4323 , inciso (b) de USERRA establece que : (b ) Jur isdiction.

— (1) In the case of an action against a State (as an employer) or a private employer commenced by the United States, the district courts of the United States shall have j urisdiction over the action. (2) In the case of an action against a State ( as an emplo yer) by a person, the action may be brought in a State court of competent jurisdiction in accordance with the laws of the State. (3) In the case of an action against a private employer by a person, the district courts of the United States shall have juris diction of the action. ( Énfasis provisto )

. De lo anterior surge que, sin duda , bajo US ERRA se pued e instar

una reclamación en e l foro estatal, no obstante, el promovente debe rá

ac atar la s le y es estatales correspondiente s a la causa de acci ón

p resentada

.KL AN2023006 6 9 13

III. Aplicación del Derecho a los hechos

Com o se desprende d el tracto procesal que efectuamos, son dos los

a suntos esenciales que de bemos dil ucidar , reducibles a lo siguiente : ( 1 ) si el ELA fue debidamente emplazado ; ( 2 ) si , determinado que la CA SP tenía jurisdicción exclu siva sobre el rec lamo presen tado por el apelante ante el TPI, se justificaba la desestimació n de dicha causa de acción

. A
continuación, serán discutid o s ambos asunto s , en el orden enumerado.

a
. Al iniciar la discusión sobre si el TP I adquiri ó jurisdicción sobre la persona del ELA , a través del em pl azami ento que le fuera diligenciado personalmente a un a representante del Depa rt amento de Justicia,

con viene partir de unos enten didos mínimos no cuestionados

. El p rimero

de tales es que , al revisar la Ley Orgánica del Depar tamento de la

F amilia, Ley Núm. 171 de 30 de junio de 1968, según enmendada, 3

LPRA sec . 211 et seq

. , resulta evidente que este es una entidad gubernamental que no posee person alidad jurídica p ara demandar o ser
demanda da

. De esto se sigue que , siendo el Depart amento de la Familia

una agencia pública carente de personalidad jurídica , el diligenciamiento

de l emplazamie nto se hará al ELA, ( no propiamente al DF ) , entre g ando copia del emplazam iento y de la demanda al Secreta rio o Secretaria de Justicia o a la persona que desi gne , según lo dispo ne la Regla 4.4( f ) de

Procedimiento Civil, supra

. Otro asunto que no está en real disp uta es que , habiendo el apelante presentado la demanda ante el TPI el 25 de abril de 2023, diligen ció el emplazami ent o a l Secretario de Justicia, el 4 de mayo de

20 23

. Por tanto, se debe entender que el apelant e cumpli ó con diligenciar el emplazami ento de manera oportuna , pues fue efectuado d entro del término de ciento veinte días ( 120 ) que establece l a Regla 4.3( c ) de

Proc edimiento Civil, 3 2 LPRA Ap. V, R. 4.3( c )

. Además , según c onsta enKL AN2023006 69 14

el Certificado de diligenciamient o por el ( la ) Alguac i l

2 , en l a referida fecha el Alguacil que se o cupó de diligen ciar el empl azamiento en el D J, le hizo
entrega perso na l a un a agente autorizada del Secretario de Justi cia, la

licenci ada Su sa na Pe ñ agarícano , Secretaria Auxiliar de lo Civil

. Di spuesto lo anterior, quedaría por determinar qué efecto, si alguno , tuvo sobre la jurisdicción de la persona, que la parte identifi ca ra
como demandada en el referido emplazamiento a l Depart amento de la
Familia, en lugar del ELA.

Nuestro ordenamiento proce sal civil le reconoce la facultad

di scre cional al T PI de permitir que se enmiende cualquier empla zamiento

o la constancia de su diligenciamiento

. L os errores o defec tos que s e pueden enmendar , bajo la Regla 4 .8 de Procedimi e n to Civil , 32 LPRA Ap.

V , R. 4.8, son aquellos errores de forma que, tal y como surge de la juris pr udencia, recaen sobre el nombre del demand ado. Lo f undamental

es que pueda c oncluir se que la parte a qu ien se dirige el emp lazami ento

se a realment e notificada de l a reclamación en su contra , no se perjudiquen sustancial mente sus derechos esenciales , y haya respondido

la reclamación

. Ver, Caribbean Or thopedics v. Medshape, Invc. , 2 07 DPR 994 ( 2021 ) ; León G arcía v. Re st aurante El Tropi cal , 154 D.P.R. 249 ( 2001)

. Cónsono con lo cual , procede conceder una enmiend a al emplazami ento cuando e sto no tenga el efecto de sustituir o inclu ir partes nuevas al proced imiento que no han sido empla zadas y sobre las

cuales el tri bunal no ha adquirido jurisdicción , y cuando no haya dud a
al guna en cuant o a la intención del demandante respecto a la persona que ha tenido interés en demanda r, habiéndose emplazado efectivamente a dicho demandado o agente a utorizado al efecto

. Íd

. Juzga mos que en
el caso ante nosotros se daban todas la s circunstancias par a que el TPI

2 A nejo 4 del recurs o de apelación

.KL AN2023006 6 9 15
autorizara la enmienda del emplazami ento para que el lugar del DF en la demanda fuera ocupado por el ELA

. Aunque resulte reiterativo, ya hemo s dicho que el de fec t o
i dentif ic ado por el TPI para deses timar la causa de acción por defecto en el emplazami e nto consist ió en el nombre que eligió poner el apelante en

e l epígrafe de la demanda , DF en lugar de l ELA

. S i n embargo, a l est udiar

el trac to proc esal del caso resulta una fáci l conclusión , que esta omisión

no le caus ó perjuicio al guno al ELA , puesto que el Secretario de Justicia fue debidamente emplazado y enterado de la causa de acción iniciada

contra una de las agencias públicas , el DF, que le cor responde
representar

. Cuando se trata de una situación en que se ha consignado en forma inapro piada el nombre de la persona que realmente se desea demandar, ha sido decidido que e llo debe considerarse como mer o error técnico, especialmente si se ha emplaza do en realidad a la persona q ue
se tiene interés en demandar o a su agente au torizado. Además, no hay duda alguna de la intención del apelante respecto a la persona que ha
tenido interés en demandar, habiendo sido efecti vamente empla zado su

ag ente, sin la pretensión de incluir o susti tuir a una parte. Caribbean

Or thopedics v. Medshape, Invc. , supra. En este sentido, reputamos la

omi sión del ELA en este contexto como un error técnico enmendable

. Por ú ltimo, sobr e este tema, hab iéndose diligenciado el empla zamiento dentro del término de ciento veinte ( 120 ) días dispuesto por la Regla 4.3( c ) de Procedimiento Civi l, supra, el foro primario tenía discreción para ordenar la enmienda. Caribbean Or thopedics v. Medshape, Invc. , supra
. Utilizando las palabras exacta s de nuestro Tribunal Suprem o en la Opinión citada, el foro primario tien e discreción para ordenar la enmienda de un emplazamiento pasa do el término de 120 días para emplazar que disponen nuestra Reglas de Procedimiento Civil,KL AN2023006 69 16
siempre y cuando el dili genci amiento del emplazami ento or iginal se haya efectuad o durante ese p lazo

. Íd

. b.

En su segundo señalamiento de error, el señor Rivera Ortiz arguye

que incidió el foro primario al interpretar que la ley USER RA no le

confiere jurisdicción a los tribunales e statales, cuando el gobiern o es el emple a d or. Tal no fue la interpretación del foro apelado, sino más bie n

que , por disposición de ley especial, la juris dicción primaria exclu siva para atender la causa de acción del apelante le fue del egada al CASP, no

al tribun a l. Según citamos en la exposición de de recho, la ley USERRA establece que , en el caso de que sea presentada una acción en contra

del Estado como empleador , debe ser inco ada in a State court o f competent jurisdiction in accordance with th e laws of the S tate

. ( Énfasis supli do )

. USERRA sec . 4323( b ) , su pra. Es decir, no hay duda de que dicha legislación l e recon oce autoridad a los tribunales de Puerto

Rico para velar por el c umplimiento del ma ndato que de allí dimana. No obstante, y según subrayamos a l citar la po rción de la l ey bajo discusión perti nente, la determinación sobre el foro adecuado para dilucidar una controversia al amparo de dicha ley debe considerar las leyes del
Estado, en este caso Puerto Rico, referente a dicha materia, de mo do que el proceso se conduzca in ac cordance with the laws of the S tate

. En la Sent encia apelada el tribunal a quo hizo un certero análisis sobre la legislación federal citada en su aplicación al caso de au tos,

a unque como veremos, incidió en el remedio concedido. Explic ó dicho foro prima r io, con c orrección, qu e e l Artículo 2 del Plan de Reorganización Núm. 2

- 2010 , supra, establece que la CASP tendrá la jurisdicción exclusiva para atender controversias que estén relaci onadas

con decis iones o acciones tomadas por la s agencias que violen alg únKL AN2023006 6 9 17
derecho adquirido por el empleado en virtud de las disposiciones de la Ley Núm 82017

. E n este caso, el señor Rivera Ortiz no es empleado público, sino un solicitante que fue rechaza do para el puesto vacante.

S in embargo, el Artí culo 12 del Plan de Reorg anización Núm. 2

- 2010,

supra , le confiere jurisdicción exclusiva a la CASP para atender una solicitud de apelación de parte de un ciudadano que alegue que una acción o decisión tomada por u na agencia le ha quebrantado su

derecho a competir o ingresar al Si stema de Administración de los

Recursos Humanos , de conformidad con e l principio de mérito. Es decir, la ley provee protección a los ciudadanos en la et apa de

recluta miento y selección previo a ingresa r formalmente como empleado

gu ber namental , y cuando alg uno de estos alegue que tal principio ha

sido violentado, nuestro ordenamiento ha dispuesto expresamente que la jurisdicción exclusiva para dil ucidar tal con t roversia r ecae en la

CASP

. En término breves, el D F es un Administra dor Indivi dual para fines

de la Ley bajo discusi ón, que necesariamente tiene que adherirse a l principio de méritos al ejercer el reclutamien to de los empleados públicos. L as controversia s sobre lesi ones a l principio de méritos por los

cuales debe n conducirse l os A dministra dores Indiv i duales tienen como
for o primario exclusivo a la CASP, por disposi ción expresa de ley. La causa de acción instada por el apelante es una relaci onada al proceso de

reclutamiento del D F , er go , bajo la jurisdicción primari a exclusiva d el

CASP.

En definitiv a , cumplir con la aplicación de USERRA en este

contexto com porta reconocer que la ley en Puerto Rico ha designado a la

CASP como el foro con jurisdicción primaria exclusiva. En consecuenc ia ,

es ante dicho foro administrativo donde el señor Rivera Ortiz

cor respondía instar su acc ión

.KL AN2023006 69 18
Sin embargo, a pesar del TPI haber efectuado un a interpretación

de la ley USERRA confor me a derecho,

- al determinar que la jurisdicción para dirimir la controvers ia correspon día a la CASP

- , decidió desestimar

la causa de acción instada por el apelan te. Al así decidir el foro primario

erró , puesto que le corresp ondía referir el asunto a la CASP , ante s que
desestimarl o. El remedio concedido por el foro primario fue inadecuado

. Nuestro ordenamiento juríd ico promueve el interés de q ue todo litigante tenga su día en corte. Esta postura responde al principio fundamental y política judicial de que los casos se ventilen en sus méritos y se resuelvan de forma justa, rápida y económica. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1; Banco Popular v. S.LG. Negrón , 164 DPR 855, 874 (2005 ); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al ., 132 DPR 115, 124 (1992); Amaro González v. First Fed. Savs ., 132 DPR 1042, 1052 (1993).

Desestimar un caso por un error técnico , habiendo notific ado so bre la

acción a la persona correcta , y no habiendo caus ado perjuicio a la s partes , no res ponde a la política judicial y p ública antes mencion ada. La

desestimación debe ser la última medida utilizada por el Tribunal

. IV. Pa rte di spo s it iva

Por lo s fun d amen tos exp uestos, procede mo dificar la Sentencia

ap elada, según lo aquí explicado

. En consonancia, se devuelve el asunto

al Tribunal de Primera In stancia para que ordene re mitir el asunto al foro apropiado, la CASP, y archiv e e l cas o hast a tanto el foro

administrati vo lo concluya

.
L o pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solí s Se cretaria de l Trib unal de Apelaciones