Número Identificador 

RES2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

ALVERIO SERVICE 

STATION, INC.; ESTRELLA 

SERVICES STATION, INC.; 

TO GO STORES, LLC

Recurrentes

v.

MUNICIPIO AUTÓNOMO 

DE CAGUAS

Recurrido

SAMMY ODEH & SONS, 

INC.

Concesionario

KLRA202200442

CONSOLIDADO 

CON:

KLAN202200646

Revisión

Administrativa

procedente de la 

Oficina de 

Permisos

Municipio 

Autónomo de 

Caguas

Caso Núm.:

2018-248898-

PCO-0117383;

2019-288289-

PCOC-003560;

2019-289469-PU014630;

2019-288289-

PCOC-005541.

Caso Civil Núm.:

CG2022CV01745

Sobre: Revocación 

de Permisos; 

Interdicto 

Estatutario, Art. 

14 Ley 161 de 

2009.

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Adames Soto, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero 

Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2024.

El 11 de agosto de 2022, comparecieron ante nos Alverio 

Service Station, Inc., Estrella Service Station, Inc., y To Go 

Stores, LLC (en adelante, “recurrentes”) mediante un recurso de 

Revisión Administrativa. Nos solicitan que revisemos una Resolución

notificada el 12 julio de 2022 por la División de Revisiones 

Administrativas de la Oficina de Gerencia y Permisos (en adelante, 

“DRA-OGPe”), en el cual, determinó no acoger una Revisión 

Administrativa y Solicitud de Paralización de Obras de 

Construcción, núm. 2022- 44593-SDR009529, presentada por los 
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 2

recurrentes para impugnar los permisos:1 (1) 2018-248898-PCO017383;

2 (2) 2019-289469-PU-014630;3 (3) 2019-288289-PCOC003560;

4 y (4) 2019-288289-PCOC-005541,5 emitidos a favor de 

Sammy Odeh & Sons, Inc., (en adelante, “Sammy Odeh”) por la 

Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Caguas (en 

adelante, “OP-MAC”). 

Además, el 15 de agosto de 2022 los recurrentes acudieron 

ante nos mediante un recurso de Apelación. En este, solicitan la 

revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, “TPI”), Sala Superior de Caguas, notificada el 14 de julio 

de 2022, en la cual determinó que no procedía la petición de 

interdicto estatutario instada por los recurrentes al amparo del 

Artículo 14.1 de la Ley 161-2009. En vista de ello, impuso el pago 

de honorarios de abogado a favor de Sammy Odeh y del Municipio 

Autónomo de Caguas.

El 29 de agosto de 2022, ordenamos la consolidación de los 

recursos KLRA202200442 y KLAN202200646, conforme a la Orden 

Administrativa DJ-2019-316 y la Regla 80.1 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones.6

Luego de recibir la Transcripción de la Prueba Oral (TPO), 

examinar los recursos presentados y de ponderar los argumentos 

esbozados por ambas partes, confirmamos los dictámenes

recurridos. Veamos el fundamento.

-IEn primer orden, examinemos el tracto procesal y los hechos 

que originan los recursos ante nos.

1 Véase, Apéndice de la Revisión Administrativa del recurso KLRA202200442, en 

las págs. 1-4.

2 Permiso de construcción certificado para estación de gasolina.

3 Permiso único de operación para estación de gasolina y tienda de conveniencia.

4 Permiso de construcción enmendado para la estación de gasolina y tienda de 

conveniencia. Obsérvese, que por error involuntario se expresó el núm. 2019-

288289-PCOC-003580, cuando lo correcto es 2019-288289-PCOC-003560.

5 Enmienda a los fines de incluir la instalación de 2 despachadores de gasolina 

adicionales.

6 4 LPRA Ap. XXII-B.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 3

El 27 de junio de 2014, Total Petroleum Puerto Rico Corp (en 

adelante, “Total”) vende la gasolinera objeto de controversia en este 

caso, a Sammy Odeh, la cual, consistía de dos lotes. Posterior a ello, 

el 29 de junio de 2016 Sammy Odeh solicitó una primera PreConsulta, por lo que sometió ante la OP-MAC los siguientes 

documentos: Escritura de Compraventa Núm. 43 del 27 de junio de 

2014;7 Contrato de Arrendamiento, Escritura Núm. 44 del 27 de 

junio de 2014;8 Acta Notarial de 18 de mayo de 2013;9 Contrato de 

Subarriendo para Estación #220880 de 27 de junio de 2014;10

Certificación de No Presencia de Asbesto en Estructura;11

Certificación de No Presencia de Pintura con Base de Plomo en 

Estructura a Demolerse;12 y, Breve Explicación de la Pre-Consulta.

13

En dicha Explicación Pre-Consulta, le indicó a la OP-MAC que se 

proponía la reconstrucción de una nueva tienda de conveniencia y 

un techo para el área de despacho de combustible con un permiso 

de uso núm. 45165-ARPE-HUMACAO.

14 La demolición de la antigua

tienda de conveniencias y remodelación gasolinera respondió a los 

riesgos de seguridad que representaban al público y a las 

sugerencias de los representantes de la compañía de seguros.

El 31 de agosto de 2016 la OP-MAC emitió una primera

Determinación sobre Pre-Consulta de reconstrucción presentada por 

Sammy Odeh en la cual resolvió lo siguiente:

1. La pertenencia ubica dentro de un Distrito Comercial 

Intermedio (C-I).

2. La Sección 23.1.6 del Reglamento Conjunto establece que 

la separación radial entre una estación de gasolina y una 

escuela pública o privada o institución educativa post7 Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en las págs. 74-88.

8 Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en las págs. 30-54.

9 Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en las págs. 62-69.

10 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 55-84.

11 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 85-86.

12 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 87-88.

13 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 26-29.

14 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en la págs. 25.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 4

secundaria será de mil (1,000) pies o trescientos cinco 

(305) metros, según dispuesto en la Ley Núm. 169 de 26 

de julio de 2003.

3. La estación propuesta no cumple con lo dispuesto en el 

Reglamento toda vez que está localizada a menos de 

veinte (20) metros de distancia de una institución 

educativa.

4. Por tal razón, tendrá que considerar otro uso que esté 

permitido dentro de un distrito C-I.

5. Se recomienda iniciar los trámites para la remoción o 

cierre de los tanques soterrados toda vez que el uso de 

estación de gasolina no puede ser autorizado. Para ello, 

deberá consultar al Área de Calidad de Agua y obtener las 

autorizaciones correspondientes.

6. Cabe mencionar que existe una querella registrada bajo 

el caso QXP-2015-02001 en nuestros archivos. Esto, por 

realizar trabajos de demolición sin permiso.

7. A esos efectos, deberá efectuar el pago de la multa 

administrativa emitida (Boleto 50758). De no cumplir con 

lo requerido, procederemos con las acciones 

administrativas que correspondan.

15

El 20 de septiembre de 2018 Sammy Odeh sometió una 

segunda Pre-Consulta de Reconsideración de Uso,

16 acompañada 

de un Memorial Explicativo,

17 en el cual, le anejó los siguientes 

documentos: Determinación sobre Pre-Consulta del 31 de agosto de 

2016;

18 Certificado de Incorporación del Departamento de Estado de 

P.R., a favor de Sammy Odeh;19 Certificado de Cumplimiento (Good 

Standing) de Sammy Odeh;20 Resolución Corporativa del 3 de agosto 

de 2018, a favor del Sr. Ibrahim Odeh como Administrador de 

Sammy Odeh;21 Carta de 7 de junio de 2016 del Sr. Jan Carlos 

Rodríguez, Director de Red de Estaciones de Total Petroleum Puerto 

Rico Corp (“TPPRC”);

22 Acuerdo de Traspaso de 24 de junio de 2014 

15 Véase, Apéndice del recurso KLRA2O2200442, en las pág. 91.

16 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en la pág. 89.

17 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 90-101.

18 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en la pág. 103.

19 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en la pág. 104.

20 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en la pág. 105.

21 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en la pág. 106.

22 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 107.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 5

entre TPPRC y Sammy Odeh;23 Permiso de Operación Conforme al 

Reglamento para el Control de Tanques de Almacenamiento 

Soterrados de la Junta de Calidad Ambiental (“JCA”), firmado el 28 

de junio de 2018 por Wilmarie Rivera Otero, Jefa de la División de 

Control de Tanques de Almacenamiento Soterrados, Área de Calidad 

de Agua;24 Plano de Localización de Gasolinera Sammy Odeh;25 y, 

Escritura de Compraventa Núm. 43 del 27 de junio de 2014.

26 En 

resumen, el Memorial Explicativo aclaró que la gasolinera está 

ubicada en ese predio antes de que la institución educación superior 

Huertas Junior College; además, ambas entidades están separadas 

por una calle local en la que transcurren automóviles en ambas 

direcciones. Indicó que el permiso de uso (in rem) se mantuvo 

vigente, aunque la gasolinera estuvo (involuntariamente) sin operar 

durante menos de 2 años en que el proceso de reconstrucción, 

remodelación y ampliación estuvo llevándose a cabo, por lo que el 

proponente siempre tuvo la intención de continuar la operación del 

mismo negocio, en el mismo lugar y bajo la misma huella. Prueba 

de ello, fue el proceso ante la JCA para la certificación de los tanques 

soterrados de almacenamiento gasolina que se extendió hasta el 28 

de junio de 2018. En cuanto a la demolición sin los permisos 

correspondientes, ello se debió a que tuvo que realizarlo con carácter 

de urgencia, ya que “la compañía de seguros se negaba a ofrecer la 

cubierta, porque la estructura estaba muy deteriorada y representaba 

un peligro para la vida de los visitantes”; así, solicitó que se le 

condonara tal acción, no intencional.27

23 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 108-109.

24 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 110-111.

25 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en la pág. 112.

26 Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en las págs. 74-88.

27 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 90-101.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 6

El 27 de septiembre de 2018, la OP-MAC emitió una 

segunda Determinación sobre Pre-Consulta a la reconsideración 

sometida por Sammy Odeh. Por su importancia, citamos in extenso: 

1. La propiedad ubica en un Distrito Comercial Intermedio 

(C-I).

2. La estación de gasolina llevó sus operaciones con un 

Permiso de Uso para Estación de Gasolina bajo el caso 99-

46-D-890-HPU emitido por la ARPE.

3. El cierre de la Estación de Gasolina fue involuntario, según 

demostrado en documentos presentados por el proponente 

en el caso.

4. La demolición de la estructura fue requerida por la 

compañía de seguros; según documentos presentados, 

dicha compañía se negaba a dar cubierta por el mal estado 

de la estructura.

5. Los tanques de almacenaje de combustible permanecen en 

el predio, lo que demuestra la intención de continuar 

operaciones.

Por lo anterior, la Oficina de Permisos concluye que a 

pesar de que el uso no ha operado por un término 

mayor de dos (2) años, lo cierto es que el uso ha sido 

uno ininterrumpido, ya que existe evidencia del 

interés del propietario de continuar con la operación 

de dicho uso. Por lo tanto, el uso propuesto cumple 

y puede ser solicitado como un cambio de dueño o de 

nombre. Todo lo anterior sujeto a las siguientes 

directrices:

1. Tendrá que presentar la correspondiente Solicitud 

de Permiso de Construcción Certificado, que incluya 

planos para la construcción del edificio que 

albergará los usos solicitados. Los planos finales 

para la estructura cumplirán con todas y cada una 

de las disposiciones del Reglamento de Edificación 

de Puerto Rico de 2011 y las enmiendas adoptadas

al Uniform Building Code de 2009; y sin 

limitaciones, aquellas relacionadas a: ventilación, 

seguridad, protección contra incendios, medios de 

salidas, barreras arquitectónicas y cualquier otra 

reglamentación aplicable vigente. Estos planos 

deberán presentarse según lo dispuesto en el 

Capítulo 15 del Reglamento Conjunto para las 

Obras de Construcción y Usos de Terrenos del 29 

de noviembre de 2010.

2. Luego corresponde que formalice su Solicitud de 

Permiso de Uso Certificado, bajo las disposiciones 

del Reglamento Conjunto, sobre cambio de dueño o 

de nombre del uso existente.28

El 20 de febrero de 2019 los recurrentes presentaron una

Solicitud de Intervención y en Oposición a Solicitud de Permiso ante 

28 Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en las págs. 98-99. Énfasis 

nuestro.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 7

la OP-MAC. En resumen, arguyeron que la solicitud de permiso de 

construcción fue presentada ilegalmente, toda vez que la gasolinera 

no opera hace mucho más de dos (2) años y colinda con propiedades 

residenciales; además, de ubicarse a menos de 1,000 pies de unas 

instituciones educativas.29 La referida solicitud de parte 

interventora fue autorizada mediante Resolución.

30 

Conforme a la reconsideración de la Determinación sobre PreConsulta antes dicha, el 21 de febrero de 2019 la OP-MAC autorizó

el Permiso de Construcción y Remodelación núm. 2018-248898-

PCO-017383, solicitado por Sammy Odeh.

31 Concluyó que el 

permiso de uso dado a la estación de gasolina estaba vigente, por lo 

que se procedería con la emisión de un Permiso de Uso, bajo la figura 

de cambio de dueño o cambio de nombre.

Inconformes, el 19 de marzo de 2019, los recurrentes

presentaron una primera Solicitud de Revisión Administrativa, caso 

núm. 2019-257819-SDR-003104 ante la División de Revisiones 

Administrativas de la Oficina de Gerencia y Permisos (en adelante, 

“DRA-OGPe”), en el cual, solicitaron la nulidad del permiso de 

construcción y remodelación núm. 2018-248898-PCO-017383.

Este caso fue devuelto por la DR-OGPe a la OP-MAC para que 

notificara dicho permiso de construcción y remodelación a todas las 

partes, que incluía a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del 

Departamento de Justicia de P.R. Cabe indicar que el 22 de agosto 

de 2019, la OP-MAC notificó correctamente dicho permiso de 

construcción.

32

29 Véase, Apéndice de la Revisión Administrativa del recurso KLRA202200442, en 

las págs. 208-215.

30 Véase la Resolución que autoriza la intervención de los recurrentes, notificada 

el 28 de febrero del 2019, en el Apéndice de la Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 94-96.

31 Véase, permiso de construcción núm. 2018-248898-PCO-017383, en el 

Apéndice de la Revisión Administrativa del recurso KLRA202200442, en las págs. 

31-35.

32 Véase, caso núm. KLRA202000033, a la pág. 3. Véanse, además, Apéndice de 

la Revisión Administrativa del recurso KLRA202200442, en la pág. 217; y, la 

Oposición a la Solicitud de Apelación KLAN202200646 de la OP-MAC, en la pág. 2.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 8

No obstante, el 21 de marzo de 2019, los recurrentes

presentaron ante el TPI el caso civil núm. CG2019CV00953,33 sobre 

interdicto sumario, provisional, preliminar y permanente en contra 

de Sammy Odeh y la OP-MAC, en virtud del Artículo 14.1 de Ley 

Núm. 161-2009, infra.

34 En resumen, alegaron que la otorgación del

permiso de construcción y remodelación se concedió mediante 

información falsa o engañosa.

35

El 10 de abril de 2019, el TPI concluyó en el caso civil núm. 

CG2019CV00953 que los recurrentes no cumplieron con los 

requisitos necesarios en derecho para un remedio interdictal, por lo 

que procedía la desestimación de su faz, y la continuación de los 

procesos administrativos ante la DRA-OGPe, que todavía estaba 

pendiente.36

En descuerdo, los recurrentes acuden en auxilio de 

jurisdicción y en apelación al Tribunal de Apelaciones (en adelante, 

“TA”), por lo cual, el 12 de abril de 2019 acogió el KLAN201900401

como un certiorari, declaró sin lugar el auxilio de jurisdicción y 

denegó la expedición del auto de certiorari para la paralización de la 

construcción comenzada por Sammy Odeh.

37 Posteriormente, el

Tribunal Supremo (en adelante, “TS”) declinó revisar la resolución 

del TA y una solicitud de reconsideración ante sí.

38

El 31 de julio de 2019 los recurrentes acuden nuevamente 

ante la OP-MAC mediante escrito intitulado, “Solicitud de 

Paralización de Proyecto en Construcción y para que se Resuelva la 

33 En específico, comparecieron como demandantes: Caguas Petroleum Corp.; 

Odeh Petroleum; Berwin Fuel Corp.; Alverio Service Station, Inc.; Estrella Service 

Station, Inc.; y Hernández Vélez, Inc. Po su parte, los demandados fueron: Sammy 

Odeh & Sons, Inc.; Municipio Autónomo de Caguas; Departamento de Justicia, 

Oficina de Asuntos Monopolísticos, entre otros.

34 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en la pág. 12 y la nota al calce núm. 2.

35 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 1-10.

36 Id, a la pág. 10.

37 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 11-18.

38 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 19-20.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 9

Oposición a Solicitud de Permiso”,

39 En síntesis, reiteraron 

íntegramente las alegaciones presentadas el 20 de febrero de 2019 

en la Solicitud de Intervención y en Oposición a Solicitud de Permiso 

ante la OP-MAC.

El 11 de septiembre de 2019, los recurrentes presentaron 

una segunda Solicitud de Revisión Administrativa, caso núm. 2019-

257819-SDR-003461 ante DR-OGPe, en el cual, volvieron a 

impugnar el permiso de construcción núm. 2018-248898-PCO017383, concedido por la OP-MAC. Entre otras cosas, alegaron que 

la obra excedía el máximo de ocupación, no se celebraron vistas 

públicas y no cumplía los parámetros de colindancia con un predio 

residencial.40

Con posterioridad, el 29 de octubre de 2019 Sammy Odeh 

presentó ante la OP-MAC una Solicitud de enmienda permiso de 

construcción 2018-248898-PCO-017383. En esta, solicitó que se 

incluyera en el permiso la construcción de una tienda de 

conveniencia (“mini market”).

El 15 de noviembre de 2019, —y aún pendiente la segunda 

Solicitud de Revisión núm. 2019-257819-SDR-003461 ante la DROGPe—, la OP-MAC autorizó una enmienda al permiso de 

construcción y concedió un Permiso de Uso Único, núm. 2019-

288289-PCOC-003560 para la operación de la estación de gasolina 

y tienda de conveniencia.

41 El referido permiso fue notificado a los 

recurrentes el 2 de diciembre de 2019, quienes figuraban como 

partes interventoras. Posteriormente, el 20 de diciembre de 2019

la OP-MAC expidió el permiso referente a la operación de la estación 

39 Véase, Apéndice de la Revisión Administrativa del recurso KLRA202200442, en 

las págs. 217-224.

40 Véase, caso núm. KLRA202000033, a la pág. 3.

41 Véase, permiso núm. 2019-288289-PCOC-003560, en el Apéndice de la 

Revisión Administrativa del recurso KLRA202200442, en las págs. 45-50.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 10

de gasolina y la tienda de conveniencia, núm. 2019-289469-PU014630.

42

Entretanto, —y con respecto a la segunda Solicitud de 

Revisión núm. 2019-257819-SDR-003461—, el 6 de diciembre de 

2020 la DR-OGPe emitió una Minuta y Orden en la que prorrogó 

por un periodo de treinta (30) días adicionales el término para 

revisar el permiso de construcción, núm. 2018-248898-PCO017383. Sin embargo, luego de pasados los treinta (30) días, la DROGPe no se expresó, por tanto, la agencia revisora perdió 

jurisdicción sobre dicha revisión administrativa.

De otra parte, —y ante la actuación de la Oficina de Permisos 

del Municipio al conceder el Permiso Único—, el 23 de diciembre 

de 2019, los recurrentes presentaron una tercera Revisión 

Administrativa y solicitud de paralización de obras de construcción, 

núm. 2019- 257819-SDR-003734, ante la DR-OGPe, en la que 

solicitaron la revisión del permiso único de construcción núm. 

2019-288289-PCOC-003560,

43 que había sido notificado el 2 de 

diciembre de 2019. Sobre dicha solicitud de revisión administrativa, 

el 3 de enero de 2020, la DR-OGPe emitió una Notificación 

acogiendo solicitud de Revisión Administrativa. 

El 21 de enero de 2020, los recurrentes presentan el recurso 

de revisión KLRA202000033 ante el TA para la revisión de la 

otorgación del Permiso de Construcción 2018- 248898-PCO017383 y el Permiso de Uso (Permiso Único) 2019-289469-

PU1014630, ambos emitidos por la OP-MAC.

Entre tanto, el 28 de febrero de 2020 la OP-MAC expidió un 

permiso adicional (núm. 2019-288289-PCOC-005541) a los fines 

de enmendar el Permiso de Construcción original, con miras de 

42 Véase, permiso núm. 2019-289469-PU-014630, en el Apéndice de la Revisión 

Administrativa del recurso KLRA202200442, en las págs. 36-44.

43 Permiso de Construcción Enmendado.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 11

incluir la instalación de dos despachadores (“surtidores”) de 

gasolina adicionales.44

El 13 de marzo de 2020 el TA emitió una Sentencia en el 

caso KLRA202000033, en la que declaró carecer de jurisdicción por 

ser prematuro el recurso de revisión de los recurrentes. A esos fines, 

razonó: 

Del trasfondo procesal se desprende que estamos ante 

un proceso administrativo de evaluación para la revisión 

de un permiso de construcción de una gasolinera. Aunque 

dicho permiso originalmente fue expedido el 21 de febrero 

de 2019, Núm. 2018- 248898-PCO-017383, 

posteriormente sufrió enmiendas y se notificó el nuevo 

Permiso de Construcción Núm. 2019-288289-PCOC003560 (Permiso de Construcción Enmendado). Este 

último se encuentra actualmente ante la revisión de 

la OGPe en el Caso 2019-257819- SDR-003734, sin 

que dicho trámite haya concluido, o el foro 

administrativo haya perdido jurisdicción.

45

El 4 de septiembre de 2020, —y vencido el término sin que 

la DR-OGPe emitiera Resolución alguna en la tercera Revisión 

Administrativa y solicitud de paralización de obras de construcción, 

núm. 2019- 257819-SDR-003734—, los recurrentes radican el

recurso de revisión judicial KLRA202000312 ante el TA. En 

síntesis, solicitaron la revisión de los siguientes permisos: (1) 2018-

248898-PCO-017383 (Permiso de Construcción Certificado para 

estación de gasolina del 21/feb/2019); (2) 2019-288289-PCOC003560 (Permiso de Construcción Enmendado para la estación de 

gasolina y tienda de conveniencia del 15/nov/2019); y, (3) 2019-

289469-PU-014630 (Permiso Único de Operación para estación de 

gasolina y tienda de conveniencia del 20/dic/2019).

El 18 de noviembre de 2020, el TA emitió una sentencia en 

el caso KLRA202000312, en el que resolvió que carecía de 

jurisdicción para atender el asunto, dado que los tres (3) permisos 

antes emitidos por la OP-MAC no fueron notificados conforme a 

44 Véase, permiso núm. 2019-288289-PCOC-005541, en el Apéndice de la 

Revisión Administrativa del recurso KLRA202200442, en las págs. 51-56.

45 Véase, caso núm. KLRA202000033, a las págs. 6-7.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 12

derecho; por lo cual, el TA ordenó a la OP-MAC a que notificara 

nuevamente los mismos.

46

Así las cosas, el 27 de mayo de 2022 los recurrentes radican

la presente Demanda y Petición de Interdicto Estatutario, (caso civil 

núm. CG2022CV01745) contra Sammy Odeh y la OP-MAC. En 

síntesis, en virtud del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, infra, 

solicitaron la paralización de la estación de gasolina, alegando que 

operaba de forma ilegal al no expedirse los permisos conforme a 

derecho.47

En cumplimiento con lo ordenado por el TA en el caso 

KLRA202000312, el 8 de junio de 2022, la OP-MAC notificó a las 

partes los tres (3) permisos allí indicados; además, fue notificado el 

cuarto permiso 2019-288289-PCOC-005541 expedido el 28 de 

febrero de 2020.

48

En reacción a dicha notificación, el 28 de junio de 2022 los 

recurrentes instaron una cuarta Revisión Administrativa y Solicitud 

de Paralización de Obras de Construcción, núm. 2022- 44593-SDR009529, ante la DR-OGPe para que revocara los cuatro (4) permisos 

expedidos: (1) 2018-248898-PCO-017383 del 21/feb/2019); (2)

2019-288289-PCOC-003560 del 15/nov/2019); (3) 2019-289469-

PU-014630 del 20/dic/2019 y (4) 2019-288289-PCOC-005541 del 

28/feb/2020.

En atención a la Demanda y Petición de Interdicto Estatutario

del presente caso civil núm. CG2022CV01745, el 5 de julio de 2022

el TPI notificó la Sentencia aquí apelada, luego de celebrar vista en 

su fondo el 10 y 17 de junio de 2022.

49

46 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 21-24.

47 Véase, el Apéndice del recurso de Apelación KLAN202200646, en las págs. 1-

25.

48 Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en la pág. 61.

49 La prueba testifical de los recurrentes fue la siguiente: (1) Sr. Felix F. Bermudez 

Vega; y (2) Perito - Edwin A. Ayala Ramírez, ingeniero. En cuanto a Sammy Odeh, 

la prueba testifical fue la siguiente: (1) Perito – José Ortíz Rodríguez, ingeniero; y 

(2) Sr. Aram Odeh. Véanse los testimonios en la Transcripción de la Prueba Oral 

Estipulada (“TPOE”) de los días 10 y 17 de junio de 2022. Los siguientes Exhibits 
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 13

Primeramente, a tono con el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, el 

TPI puntualizó la controversia como sigue: 

En el caso de marras nuestra facultad para 

intervenir en la validez del permiso de 

reconstrucción y remodelación otorgado está 

limitada a determinar si el mismo se obtuvo 

utilizando información falsa o incorrecta. 

Ergo, si Sammy Odeh demolió a Total Petroleum, si la 

estación llevaba cerrada 6 años a la fecha en que se 

solicitó el permiso de reconstrucción y remodelación, si el 

permiso de uso de la estación había vencido a la fecha en 

que Sammy Odeh solicitó el permiso de reconstrucción y 

remodelación, si lo que procedía era peticionar la 

aprobación de un permiso para una nueva estación de 

gasolina, si se necesitaba cumplir con el proceso de vistas 

públicas, si el sistema de tanques soterrados de la 

estación ubica a menos de 1,000 metros de distancias de 

escuelas y centros educativos, nada de ello justifica 

nuestra intervención con los permisos, ni es fundamento 

para la expedición del interdicto dispuesto en el Artículo 

14.1, supra. Esas controversias escapan la jurisdicción de 

esta Sala. 

La única causal por la cual pudiésemos expedir el 

interdicto estatutario que se nos solicita es si el 

permiso de remodelación y reconstrucción fue 

obtenido mediando información falsa o incorrecta.

50

Puntualizada la controversia de este caso, en lo pertinente el 

TPI esbozó el derecho a aplicar: 

La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de 

Puerto Rico, Ley 161-2009, define “Certificación de 

Exclusión Categórica”, como una declaración escrita que 

somete el solicitante certificando que la acción o actividad

que se propone llevar a cabo, en el curso normal de su 

ejecución, no conlleva un impacto ambiental significativo 

y/o que la misma está expresamente excluida del proceso 

fueron admitidos en evidencia: Exhibits 1 – Fotografía; Exhibits 2 – Patente 

municipal #3762; Exhibits 3 – Acta Notarial Escritura 43 de 8 de marzo de 2013; 

Exhibits 4 – Escritura de Compraventa # 43 de 27 de junio de 2014; Exhibits 5 

– Fotografía; Exhibits 6 – Determinación Pre-Consulta de 31 de agosto de 2016; 

Exhibits 7 - Determinación Pre-Consulta de 20 de septiembre de 2018; Exhibits 

8 – Active Site LUST List 2018; Exhibits 9 -Certificación de Cumplimiento 

Ambiental por Exclusión Categórica, expedido el 10 de diciembre de 2018, núm. 

caso 2018-248898-dec-068870; Exhibits 10 –2018-248898-PCO-017383

(Permiso de Construcción Certificado para estación de gasolina del 21/feb/2019); 

Exhibits 11 - 2019-288289-PCOC-003560 (Permiso de Construcción Enmendado 

para la estación de gasolina y tienda de conveniencia del 15/nov/2019); Exhibits 

12 - 2019-289469-PU-014630 (Permiso Único de Operación para estación de 

gasolina y tienda de conveniencia del 20/dic/2019); Exhibits 13A – Parte I de 

Informe pericial del Ing. Edwin A. Rodríguez, perito de los recurrentes; Exhibits 

13B - Parte II de Informe pericial del Ing. Edwin A. Rodríguez, perito de los 

recurrentes; Exhibits 13C - Parte III de Informe pericial del Ing. Edwin A. 

Rodríguez, perito de los recurrentes; Exhibits 14 – Resolución de permiso 2018-

248898-PCO-017383 (Permiso de Construcción Certificado para estación de 

gasolina del 21/feb/2019); y, Exhibits 15 – Permiso de Uso de 1999, núm. 15165.

Véanse los Exhibits, en el Apéndice del recurso de Apelación KLAN202200646, en 

las págs. 477-658. Énfasis nuestro.

50 Véase, la Sentencia apelada en el Apéndice del recurso de Apelación 

KLAN202200646, en las págs. 438-439. Énfasis nuestro.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 14

de planificación ambiental por una ley o reglamento. 

Define “Determinación de Cumplimiento Ambiental” como 

aquella determinación que realiza el director ejecutivo de 

la Oficina de Gerencia e Permisos, o la Junta Adjudicativa, 

certificando que el proponente de la acción ha cumplido con 

todos los requisitos, sustantivos y procesales del Artículo 

4(B)(3) de la Ley sobre Política Pública Ambiental, Ley 416-

2004, según enmendada, y con sus reglamentos 

aplicables. Define el término “Determinación de 

Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica”, como 

el dictamen que realiza un profesional autorizado, o el 

director de la Oficina de Gerencia de Permisos, certificando 

que la acción y/o actividad y/o proyecto propuesto no 

requiere de ulterior planificación ambiental por estar 

clasificado como una exclusión categórica. Se dispone, 

además, que serán exclusiones categóricas todas aquellas 

acciones y/o actividades que así determine la Junta de 

Calidad Ambiental (“JCA”) mediante reglamento, orden o 

resolución.

El Artículo 8.5 de la Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico, Ley 161-2009, confirió a la JCA 

la autoridad para reglamentar las acciones, que, por su 

naturaleza rutinaria y predecible en el curso normal de su 

ejecución, no tendrán un impacto ambiental significativo, 

por lo que pueden ser consideradas exclusiones 

categóricas. Ello implica que el proponente no tendrá que 

preparar un documento ambiental para aquellas acciones 

y/o actividades que, la JCA haya catalogado como 

exclusiones categóricas, y se obtenga una determinación 

de cumplimiento ambiental por exclusión categórica por 

parte de la Oficina de Gerencia de Permisos, (“OGPe”).

Como indicamos previamente, las acciones y/o 

actividades que la Junta de Gobierno de la JCA haya 

identificado como exclusiones categóricas pueden ser 

reclamadas como tal mediante una solicitud de 

determinación de cumplimiento ambiental por exclusión 

categórica ante la OGPe. Como parte de la solicitud de 

determinación de cumplimiento ambiental por exclusión 

categórica, el peticionario viene obligado a certificar que la 

información provista en la solicitud es veraz, correcta y 

completa, y que la acción propuesta cualifica como una 

exclusión categórica.

El Artículo 119 A(1)(2) del Reglamento de Evaluación y 

Trámite de Documentos Ambientales (“RETDA”), que emitió 

la JCA, dispuso para el establecimiento de las exclusiones 

categóricas que podrían ser peticionadas ante la OGPe 

durante el proceso de determinación de cumplimiento 

ambiental. Al amparo de dicho articulado la JCA emitió 

Resolución 11-17, de 21 de noviembre de 2011, Sobre 

Enmienda al Listado de Exclusiones Categóricas. Dicha 

Resolución contiene el listado de las acciones o actividades 

que la agencia determinó cumplen con los parámetros 

establecidos para ser consideradas exclusiones 

categóricas. La exclusión número 45 de dicho listado 

permite remodelar una estación de gasolina, y sustituir 

sus tanques soterrados por unos de igual o menor 

capacidad, cuando ello se realiza dentro de la huella 

original de la estación.

“Remodelación de estación de servicio (i.e., gasolinera) 

incluyendo el reemplazo de tanques soterrados 

existentes por unos de igual o menor capacidad 

dentro de la huella original de la estación de 

servicio.”

El RETDA fue derogado por el Reglamento para el 

Proceso de Evaluación Ambiental, Reglamento número 

8858, de 23 de noviembre de 2016 (“RPEA”). Este 
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 15

Reglamento en su Artículo 125, dispone que las acciones 

predecibles o rutinarias que no conllevan un impacto 

ambiental significativo en el curso normal de sus 

ejecuciones pueden ser consideradas exclusiones 

categóricas, siempre que cumplan con las disposiciones de 

dicho reglamento.

Aun cuando la JCA haya previamente considerado una 

acción o actividad como exclusión categórica, el proponente 

siempre viene obligado a certificar que la acción o actividad 

cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 129 de 

RPEA. Uno de los requisitos es que no haya una 

determinación de la JCA u otras agencias 

gubernamentales estatales o federales, que el área donde 

se pretende llevar a cabo la acción u obra está afectada 

por un grado de contaminación que excede el permitido por 

los reglamentos vigentes.51

Presentada la controversia y el derecho a dilucidar, el TPI

razonó y resolvió lo siguiente: 

Para la obtención del permiso de reconstrucción y 

remodelación objeto de la disputa ante nuestra 

consideración, Sammy Odeh sometió una certificación de 

cumplimiento ambiental amparada en la exclusión

categórica #45 contenida en la Resolución 11-17 emitida 

por la JCA. En respuesta a la misma, la OGPe emitió 

Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión 

Categórica. La referida certificación, en su sección 

pertinente, lee de la siguiente manera:

Condiciones Generales

De acuerdo con la solicitud de esta Determinación, se 

certificó el cumplimiento con los siguientes requisitos, cuyo 

incumplimiento podrá repercutir en la revocación de esta 

Determinación:

1. Las actividades de uso o de construcciones 

livianas de nuevas estructuras no están ubicadas o 

desarrolladas en:

a. ...

b. Áreas en las que la Junta de Calidad

Ambiental (JCA) u otras agencias gubernamentales 

estatales o federales hayan determinado que existe un 

grado de contaminación que excede el permitido por 

los reglamentos vigentes.

La parte demandante [parte recurrente] arguye que la 

certificación de cumplimiento ambiental fue obtenida 

mediante información falsa e incorrecta, por cuanto a la 

fecha en que se solicitó la misma, la JCA había 

determinado que el predio de terreno donde ubica la 

estación de gasolina de Sammy Odeh adolecía de un grado 

de contaminación que excedía el permitido por los 

reglamentos vigentes para aquel entonces. Para sostener 

su posición, sometió un listado emitido por la JCA de 

tanques soterrados que filtraban (“Leaking Underground 

Storae Tank”, t/c/c “LUST”). En ese listado figuran los 

tanques soterrados de la estación de gasolina objeto de 

controversia en este caso. Es decir, para la fecha en que 

se peticionó la exclusión categórica #45, la estación de 

gasolina de Sammy Odeh figuraba en la lista de “LUST”.

51 Véase, la Sentencia apelada en el Apéndice del recurso de Apelación 

KLAN202200646, en las págs. 439-441. Énfasis nuestro.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 16

Sin embargo, ello resulta insuficiente para sostener la 

alegación de los demandantes [recurrentes] que la 

certificación de cumplimiento ambiental fue obtenida 

mediante información falsa o incorrecta.

En primer lugar, no hay disposición alguna que impida 

peticionar y hacer uso de la exclusión categórica para una 

estación de gasolina cuyos tanques están incluidos en el 

“LUST List”. Tampoco existe disposición alguna que, como 

parte del trámite para solicitar una certificación de 

cumplimiento ambiental por exclusión categórica, requiera 

reportar o informar que una estación de gasolina está en 

el “LUST List”.

La prohibición para hacer uso de la exclusión 

categórica, que cita la parte demandante [parte 

recurrente], lo que dispone es que no se podrán utilizar 

las exclusiones categóricas como eximente para 

preparar un documento ambiental, cuando el área 

donde se vaya a realizar la acción o actividad excede 

el grado de contaminación permitido por los 

reglamentos vigentes. Ergo, no basta con demostrar que 

la estación de gasolina se encuentra en el “LUST List”. 

Tampoco basta con demostrar que el área donde ubica la 

gasolinera adolece de contaminación. 

En este caso los demandantes [recurrentes] tenían 

que establecer que el área donde ubica la estación de 

gasolina de Sammy Odeh sobrepasa el grado de 

contaminación permitido por los reglamentos de la 

JCA, u otras agencias concernidas. Sobre tal crucial 

punto no se presentó prueba alguna para establecer 

cuál era el grado de contaminación que excedía el 

permitido cuando se tramitó el permiso de 

reconstrucción o remodelación. Tampoco se presentó 

prueba que demostrara cuál era el grado de 

contaminación, si alguno, que tenía o tiene el área 

donde ubica la estación de gasolina. Tampoco se 

sometió prueba que demostrara que una estación de 

gasolina incluida en el “LUST List”, es parangón de 

que sus terrenos adolecen de un grado de 

contaminación que excede el permitido por la 

reglamentación vigente. 

En consecuencia, la parte demandante [parte 

recurrente] no demostró que Sammy Odeh haya sometido 

información falsa e incorrecta en la obtención del permiso 

de reconstrucción y remodelación de la gasolinera y tienda 

de conveniencia. 

[...].52

Por los fundamentos antes dicho, el TPI determinó que: 

“aquilatada la prueba testifical y documental desfilada y admitida, 

habiendo escuchado, visto y observado la manera en que los testigos 

y peritos declararon, apreciados sus gestos, titubeos, contradicciones, 

52 Véase, la Sentencia apelada en el Apéndice del recurso de Apelación 

KLAN202200646, en las págs. 441-443. Énfasis nuestro.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 17

manerismos, dudas y vacilaciones en la silla testifical, y la 

credibilidad que finalmente nos merecieron sus testimonios”,

53 no 

procede la petición de interdicto estatutario instada por los 

recurrentes al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, infra.

En vista de ello, impuso el pago de costas y honorarios de abogado 

a favor de Sammy Odeh y de la OP-MAC.54

El 12 de julio de 2022, la DR-OGPe determinó no acoger la 

Revisión Administrativa y Solicitud de Paralización de Obras de 

Construcción, núm. 2022- 44593-SDR-009529, de los recurrentes 

para los permisos:55 (1) 2018-248898-PCO-017383;

56 (2) 2019-

289469-PU-014630;

57 (3) 2019-288289-PCOC-003560;58 y (4)

2019-288289-PCOC-005541.

59

Inconformes, el 11 de agosto de 2022 los recurrentes

acudieron ante nos mediante el recurso de revisión judicial

KLRA202200442 imputando la comisión de los siguientes errores: 

1) Erró la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 

Caguas al expedir un permiso de construcción para la 

construcción de una nueva estación de gasolina, al actuar 

sin jurisdicción y evaluar los permisos solicitados de forma 

ministerial sin celebrar una vista pública.

2) Erró la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 

Caguas al expedir los permisos impugnados para la 

construcción de una nueva estación de gasolina y tienda 

de conveniencia, y sus enmiendas y expansiones, en un 

predio que: (1) lleva más de 6 años sin ningún tipo de 

operación; (2) se ubica a menos de 1000 pies de escuelas 

o instituciones educativas; (3) donde no existen 

estructuras; (4) que fraudulentamente se obtuvo una 

certificación de exclusión categórica ambiental; y (5) se 

realizaron obras en una estación que no tenía conformidad 

legal sin celebración de vista pública e intensificando el 

uso anterior.

3) Erró la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 

Caguas al expedir un permiso de uso para la operación de 

una nueva estación de gasolina sin celebrar una vista 

53 Véase, el Apéndice del recurso de Apelación KLAN202200646, en la pág. 433.

54 Véase, el Apéndice del recurso de Apelación KLAN202200646, en la pág. 443.

55 Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en las págs. 1-4.

56 Permiso de construcción certificado para estación de gasolina.

57 Permiso único de operación para estación de gasolina y tienda de conveniencia.

58 Permiso de construcción enmendado para la estación de gasolina y tienda de 

conveniencia.

59 Enmienda a los fines de incluir la instalación de 2 despachadores de gasolina 

adicionales.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 18

pública conforme al Reglamento Conjunto de Permisos, y 

cumplir con los requisitos reglamentarios. 

4) Erró la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 

Caguas al expedir un permiso de enmienda a construcción 

violentando el derecho al debido proceso de ley de los 

interventores y en violación a los requisitos estatutarios. 

5) Erró la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 

Caguas al expedir un permiso de enmienda de 

construcción para la expansión e instalación de dos 

despachadoras adicionales en una estación nueva y bajo 

una no conformidad legal.

Además, el 15 de agosto de 2022 los recurrentes presentaron 

ante nos el recurso de apelación KLAN202200646 señalando la 

comisión de los siguientes errores: 

1) Erró el TPI al no declarar con lugar la petición de interdicto 

estatutario al amparo del art. 14.1 de la Ley 161 de 2009, 

aun cuando los recurrentes presentaron prueba clara y 

robusta de que se obtuvieron permisos mediante una 

información falsa e incorrecta.

2) Erró el Tribunal de Primera Instancia de Caguas al emitir 

una sentencia imponiendo honorarios de abogados y 

costas al amparo del artículo 14.1 de la Ley 161 del 2009, 

aduciendo que el interdicto carecía de méritos aun cuando 

se demostró mediante prueba testifical, pericial y 

documental la necesidad de revocar los permisos 

otorgados y no notificados conforme a derecho.

Perfeccionados los recursos ante nuestra consideración, 

procedemos a resolver. 

-IIResumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

KLRA202200442

A.

La Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma 

del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada (en 

adelante, “Ley 161-2009”),

60 fue aprobada con el propósito de 

reformar y transformar el sistema de obtención de permisos. “[E]s la 

disposición legal que establece el marco jurídico y administrativo que 

60 23 LPRA sec. 9011 et seq.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 19

rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”

61

Entre otras, el Artículo 1.5 del Capítulo I de la Ley 161-2009 

nos define los siguientes términos: 

Certificación de Exclusión Categórica — para 

propósitos de esta Ley, declaración escrita que somete el 

solicitante de una determinación final o permiso ante la 

Oficina de Gerencia de Permisos o ante un Profesional 

Autorizado, en donde certifica que la acción propuesta es 

una que, en el curso normal de su ejecución, no tendrá un 

impacto ambiental y/o que la misma ha sido 

expresamente excluida del proceso de planificación 

ambiental mediante una Ley o Reglamento.62

Permiso — Aprobación escrita autorizando el comienzo de 

una acción, actividad o proyecto, expedida por la Oficina 

de Gerencia de Permisos, por un Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V, o por un Profesional Autorizado, 

conforme a las disposiciones de esta Ley y para la cual no 

se incluyen licencias, certificados de inspección, ni 

certificaciones.

63

Permiso de Construcción — Trámite consolidado que 

incluye una o más de las siguientes actividades: 

construcción, reconstrucción, remodelación, demolición u 

obras de urbanización.64

Permisos Relacionados a Desarrollo y Uso de 

Terrenos — aquellos permisos requeridos para realizar 

mejoras a terrenos u obras o para el uso de una 

pertenencia, estructura, rótulo, anuncio o edificio, los 

cuales no incluye aquellos permisos que son requeridos 

para la operación de un establecimiento; 65

Permiso Único — Permiso para el inicio o continuación de 

la operación de un negocio, construcción y/o actividad 

incidental al mismo en el que se consolida permisos, 

licencias, autorizaciones o certificaciones, el cual será 

expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos, o los 

Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, 

conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII de esta Ley.66

Uso — el propósito para el cual una pertenencia fue 

diseñada, es ocupada, usada o se pretende usar u 

ocupar.

67

Además, la Ley 161-2009 crea la Oficina de Gerencia de 

Permisos (“OGPe”) como una Secretaría Auxiliar del Departamento 

de Desarrollo Económico y Comercio.

68 A partir de la vigencia de la

61 Laureano v. Mun. de Bayamón, 197 DPR 420, 433 (2017).

62 Artículo 1.5 inciso 12. 23 LPRA sec. 9011

63 Artículo 1.5 inciso 57. 23 LPRA sec. 9011.

64 Artículo 1.5 inciso 57 (A). 23 LPRA sec. 9011.

65 Artículo 1.5 inciso 58. 23 LPRA sec. 9011.

66 Artículo 1.5 inciso 59 (A). 23 LPRA sec. 9011.

67 Artículo 1.5 inciso 90. 23 LPRA sec. 9011.

68 Artículo 2.1. 23 LPRA sec. 9012.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 20

Ley 161-2009, cualquier persona que interese solicitar permisos, 

recomendaciones, licencias, o certificaciones relacionados al 

desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico o cualquier otra 

autorización o trámite que sea necesario, según establecido en el 

Artículo 1.3, 2.5 y 7.3 de esta Ley, podrá hacerlo ante la OGPe, sea 

a nivel central o regional, Municipios Autónomos con Jerarquía I 

a V o mediante un Profesional Autorizado, según aplique.

69 

En cuanto a una Pre-Consulta, el Artículo 8.2 de la Ley 161-

2009 dispone lo siguiente:

[C]ualquier persona que interese un permiso, licencia, 

certificaciones, autorizaciones, recomendaciones y cualquier 

trámite necesario o que incida de forma alguna en la operación 

de un negocio en Puerto Rico podrá solicitar a la Oficina de 

Gerencia de Permisos o al Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V, según aplique, una orientación en 

la cual se identificarán las disposiciones de ley y 

reglamentarias aplicables a tal acción, actividad o proyecto 

propuesto y la información que conforme a ésta deberá, en su 

día, presentar el solicitante. De requerirlo el solicitante, 

acompañando una descripción del proyecto, se le proveerá 

una lista de los permisos o autorizaciones que, a tenor con las 

disposiciones de ley y reglamentarias aplicables, deberá 

obtener para poder comenzar la operación, y de ser aplicable, 

la construcción del proyecto. En la evaluación de la preconsulta participarán representantes de los Gerentes de 

Permisos o el Director de la División de Evaluación de 

Cumplimiento Ambiental, según aplique a discreción del 

Secretario Auxiliar o del Director Regional. Como parte de la 

pre-consulta, el solicitante indicará de manera escrita y 

detallada, como mínimo, la ubicación propuesta y la 

naturaleza de la actividad.70

De igual manera, el Artículo 8.4 inciso A de la Ley 161-2009, 

provee para la otorgación de un Permiso Único de la siguiente 

forma:

Todo edificio existente o nuevo, con usos no 

residenciales, así como todo negocio nuevo o existente, 

obtendrá el Permiso Único para iniciar o continuar sus 

operaciones, el cual incluirá: permiso de uso; certificación de 

exclusión categórica; certificación para la prevención de 

incendios; certificación de salud ambiental; licencias 

sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorización 

aplicable requerida para la operación de la actividad o uso del 

negocio. El propósito del permiso único es consolidar e 

69 Artículo 8.1. 23 LPRA sec. 9018.

70 23 LPRA sec. 9018a.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 21

incorporar trámites en una sola solicitud, para simplificar los 

procedimientos y reducir el tiempo de evaluación y 

adjudicación de las solicitudes requeridas para iniciar o 

continuar la operación de un negocio. Disponiéndose que la 

Oficina de Gerencia de Permisos será la entidad encargada de 

expedir las certificaciones y licencias necesarias para la 

expedición de un Permiso Único. 

Sólo podrá solicitarse un Permiso Único cuando se 

incluya como parte de la solicitud, la autorización para el uso 

del negocio o proyecto. Toda persona que posea un permiso de 

uso vigente, al solicitar una enmienda o cambio de nombre, 

presentará una solicitud de Permiso Único. El Permiso Único 

tendrá la vigencia que se establezca en el Reglamento 

Conjunto.71

Además, se debe tomar en consideración el Artículo 8.5 de la 

Ley 161 de 2009, para la evaluación de cumplimiento ambiental

que a continuación se dispone el procedimiento a seguir:

El proceso de planificación ambiental es un 

procedimiento informal sui generis excluido de la aplicabilidad 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. El 

Secretario Auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos, 

realizará la determinación de cumplimiento ambiental 

requerida bajo las disposiciones del Artículo 4(B)(3) de la Ley 

416-2004, supra, y el reglamento que a los fines de este 

Artículo y de esta Ley, apruebe la Junta de Calidad Ambiental 

en cuanto a: las acciones que tome con relación al trámite de 

los documentos ambientales, a las exclusiones categóricas, a 

las acciones con relación a la determinación de cumplimiento 

ambiental, y a las determinaciones finales que se le soliciten, 

de conformidad con esta Ley; y cualquier acción sujeta al 

cumplimiento con las disposiciones del Artículo 4(B)(3) de la 

Ley 416-2004, supra. 

La Oficina de Gerencia de Permisos fungirá como 

agencia proponente con relación al proceso de planificación 

ambiental, excepto en aquellos casos en los que, a los 

Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, se 

les haya delegado esta facultad como consecuencia del 

convenio de transferencia establecido en la Ley 81-

1991, supra. 

La Oficina de Gerencia de Permisos dirigirá el proceso 

de evaluación del documento ambiental a través de la División 

de Evaluación de Cumplimiento Ambiental. En el caso de que 

la Oficina de Gerencia de Permisos sea la agencia proponente, 

el proceso de planificación ambiental a seguir será el 

siguiente: cuando el documento ambiental sometido sea una 

Evaluación Ambiental, la División de Evaluación de 

Cumplimiento Ambiental evaluará el documento ambiental y 

remitirá sus recomendaciones al Director Ejecutivo; siendo 

éste quien determine el cumplimiento ambiental, la cual será 

considerada un componente de la determinación final sobre la 

acción propuesta. En caso de que el documento ambiental 

sometido sea una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la 

71 23 LPRA sec. 9018c-1.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 22

División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental evaluará 

la DIA y remitirá sus recomendaciones a la Junta Adjudicativa 

para que ésta emita la determinación sobre la misma, la cual 

será un componente de la determinación final sobre la acción 

propuesta. 

Sin embargo, cuando el Municipio Autónomo sea 

la agencia proponente, el proceso de planificación 

ambiental será el siguiente: el Municipio Autónomo remitirá 

a la Oficina de Gerencia de Permisos el documento ambiental, 

sea éste una Evaluación Ambiental o una Declaración de 

Impacto Ambiental, el cual será evaluado en la División de 

Evaluación de Cumplimiento Ambiental. Ésta remitirá sus 

recomendaciones al Secretario Auxiliar o a la Junta 

Adjudicativa, según aplique, quien determinará el 

cumplimiento ambiental y remitirá su determinación al 

Municipio Autónomo, la cual será un componente de la 

determinación final del permiso solicitado que emitirá 

oportunamente el Municipio Autónomo. 

Cuando la acción propuesta sea una exclusión 

categórica para fines del proceso de planificación 

ambiental, el solicitante del permiso certificará por 

escrito y bajo juramento, que la acción propuesta 

cualifica como una exclusión categórica. La Oficina de 

Gerencia de Permisos, a través de su Secretario Auxiliar 

o los Profesionales Autorizados podrá emitir una 

Determinación de Cumplimiento Ambiental por 

Exclusión Categórica de forma automática, la cual 

pasará a formar parte del expediente administrativo, y 

será un componente de la determinación final de la 

agencia proponente o del Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V, sobre la acción propuesta. 

La Oficina de Gerencia de Permisos, los Municipios 

Autónomos con Jerarquía de la I a la V, la Junta de Calidad 

Ambiental y los Profesionales Autorizados evaluarán la 

viabilidad ambiental, mediante una exclusión categórica para 

permisos verdes y permisos para PYMES. El procedimiento de 

la viabilidad ambiental para la otorgación de un permiso verde 

y un permiso para PYMES será establecido mediante el 

Reglamento Conjunto. 

Cuando los Municipios Autónomos con Jerarquía de la 

I a la V tengan jurisdicción para expedir determinaciones 

finales sobre la acción propuesta, entonces la Oficina de 

Gerencia de Permisos podrá fungir como agencia proponente, 

al amparo de esta Ley. Las Declaraciones de Impacto 

Ambiental y aquellas evaluaciones ambientales que requieran 

un proceso de evaluación “NEPA-Like Process”, serán 

comentadas por el público en general durante el proceso de 

planificación ambiental, mediante vista pública, según 

aplique, y seguirá el procedimiento que establezca la Junta de 

Calidad Ambiental, mediante el Reglamento Conjunto.

Además, la determinación de cumplimiento ambiental será 

revisada, en conjunto con la determinación final, según se 

establezca por reglamentación que la Oficina de Gerencia de 

Permisos adopte a tales efectos. 

En aquellos casos en que la única acción es la 

expedición o modificación de un permiso, no sujeto a las 

disposiciones de esta Ley y bajo la jurisdicción única de la 

Junta de Calidad Ambiental, no será necesaria la evaluación 
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 23

de los impactos ambientales de la acción propuesta por parte 

de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental. En 

tales casos, la Junta de Calidad Ambiental determinará el 

mecanismo de evaluación de dichos impactos ambientales a 

través del reglamento que promulgue. 

En aquellos casos en que la acción propuesta 

contemple proyectos cuya operación es regulada por la Junta 

de Calidad Ambiental, la Oficina de Gerencia de Permisos 

requerirá a la Junta de Calidad Ambiental recomendación 

sobre el documento ambiental presentado para dicho 

proyecto. 

Dichas recomendaciones deberán ser sometidas dentro 

del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha 

de notificación de la solicitud de las recomendaciones, 

transcurrido dicho término, la Oficina de Gerencia de Permisos 

entenderá que la Junta de Calidad Ambiental no tiene 

recomendaciones.72

Así pues, el Artículo 9.6 de la Ley 161-2009 dispone que los 

permisos son de naturaleza in rem y la transferencia automática 

del permiso único a nombre del nuevo dueño o sucesor:

A los fines de esta Ley, los permisos son de naturaleza 

in rem. En ningún caso se requerirá la expedición de un nuevo 

permiso, siempre y cuando el uso autorizado, permitido o no 

conforme legal, continúe siendo de la misma naturaleza y no 

sea interrumpido por un período mayor de dos (2) años. Los 

permisos de uso para vivienda no tendrán fecha de expiración. 

En cuanto a usos no residenciales, cuando ocurra un cambio 

de nombre, dueño o un sucesor, la Oficina de Gerencia de 

Permisos, Profesional Autorizado o Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V, según corresponda, lo transferirá a 

un permiso único de manera automática, una vez 

presentada la correspondiente solicitud de 

transferencia de permiso de uso, a nombre del nuevo 

dueño o sucesor, siempre y cuando el uso autorizado de 

la propiedad o establecimiento continúe siendo de la 

misma naturaleza, según se establezca en el Reglamento 

Conjunto de Permisos. Se incluirá en el permiso único el 

certificado de salud ambiental, la licencia sanitaria, otras 

licencias aplicables y el certificado de inspección para la 

prevención de incendios. La Oficina de Gerencia de Permisos, 

el Profesional Autorizado o Municipios Autónomos con 

Jerarquía de la I a la V, según corresponda, notificarán la 

transferencia de las autorizaciones arriba descritas a las 

agencias y/o municipios aplicables para que tomen las 

acciones que en derecho procedan. Las autorizaciones 

transferidas en cumplimiento de este Artículo tendrán el 

mismo término y fecha de vigencia que la original. Si no se 

llevó a cabo una inspección, cuando se realice la misma se 

concederán nuevos términos de vigencia. Cuando un 

solicitante requiera un permiso de uso o permiso único para 

establecer una actividad o acción de la misma naturaleza a 

una ya autorizada en la propiedad y la misma se encuentra 

72 Artículo 8.5. — Evaluación de Cumplimiento Ambiental. 23 LPRA sec. 9018d.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 24

vigente, pero a nombre de otro dueño, éste podrá presentar el 

permiso de uso o permiso único existente para obtener de 

forma automática el permiso, según se establezca en el 

Reglamento Conjunto de Permisos.73

Una vez se otorga un permiso, el Artículo 9.10 de la Ley 161-

2009 establece la presunción de corrección —tanto para las 

determinaciones finales como los permisos concedidos— por la 

OGPe, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por 

los Profesionales Autorizados. En consecuencia, se dispone lo 

siguiente:

Se presume la corrección y la legalidad de las 

determinaciones finales y de los permisos expedidos por 

la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio 

Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los 

Profesionales Autorizados. No obstante, cuando medie

fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión 

de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de 

la determinación final o del permiso, o en aquellos 

casos en que la estructura represente un riesgo a la 

salud o la seguridad, a condiciones ambientales o 

arqueológicas, la determinación final emitida y el 

permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de 

Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de 

la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser 

revocado. La estructura se podrá modificar, conservar 

o demoler, sólo después de que un Tribunal competente 

así lo determine y siguiendo con el procedimiento 

judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, 

además de cumplir con el debido proceso de ley.

Además, se dispone que bajo ninguna circunstancia, 

una determinación final será suspendida, sin mediar una 

autorización o mandato judicial de un Tribunal competente o 

el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el debido 

proceso de ley. Las disposiciones de este Artículo no crearán 

un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad 

objeto del permiso. Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto 

en esta Ley, una determinación final se considerará final y 

firme, o un permiso, y no podrá ser impugnado una vez el 

solicitante haya cumplido con todos los requisitos establecidos 

en la notificación de determinación final y haya transcurrido 

el término de veinte (20) días sin que una parte adversamente 

afectada por la notificación haya presentado un recurso de 

revisión o un proceso de revisión administrativa, así como 

haya transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar 

revisión judicial. No obstante, la parte adversamente afectada 

por una determinación final, podrá ser revisada sujeto a lo 

establecido en esta Ley. [...].74

23 LPRA sec. 9019e.

74 23 LPRA sec. 9019i.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 25

Nótese, que, en cuanto al caso que nos ocupa, para revocar 

un permiso tiene que probarse que fue concedido mediante fraude, 

dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro 

delito al otorgar el permiso.

En ese sentido, el Artículo 11.1 de la Ley 161-2009 crea la 

División de Revisiones Administrativas como organismo adscrito a 

la Oficina de Gerencia de Permisos (“DR-OGPe”), la cual tendrá la 

función de revisar las actuaciones y determinaciones de la Junta

Adjudicativa, la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”), los 

Profesionales Autorizados y los Municipios Autónomos con 

Jerarquía de la I a la V.

75

Así, el Artículo 11.8 de la Ley 161–2009 establece el término 

para la adjudicación de solicitudes de revisión administrativa

ante la DR-OGPe:

Una vez presentada una solicitud de revisión administrativa, 

el Juez Administrativo tendrá un término de quince (15) días 

para determinar si acoge la misma. Si en este término se 

denegase o no se emitiese una determinación a esos fines, en 

cuyo caso se entenderá rechazada de plano, perderá 

jurisdicción sobre la misma y comenzará a decursar el término 

de treinta (30) días para recurrir al Tribunal de Apelaciones 

desde que se notifique la denegatoria o desde que expiren 

esos quince (15) días, según sea el caso. La División de 

Revisiones Administrativas dispondrá de las solicitudes 

acogidas ante su consideración dentro de un periodo de 

noventa (90) días naturales desde su presentación. Dicho 

término podrá ser prorrogado por treinta (30) días adicionales 

contados a partir de la fecha de vencimiento, en casos 

excepcionales. Si la División de Revisiones Administrativas no 

adjudicara la solicitud dentro del término aquí dispuesto, 

dicho foro perderá jurisdicción sobre la misma y 

comenzará a decursar el término de treinta (30) días 

para recurrir al Tribunal de Apelaciones. Las 

resoluciones de la División de Revisiones 

Administrativas serán consideradas determinaciones 

finales de la Oficina de Gerencia de Permisos.

76

Cabe destacar que la precitada Ley 161-2009, establece la 

aplicabilidad de las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

75 23 LPRA sec. 9021m.

76 23 LPRA sec. 9021t.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 26

Administrativo Uniforme (“LPAU”),

77 en las determinaciones de la 

agencia sobre la concesión de permiso, disponiendo lo siguiente:

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme será de 

aplicación a todos los procedimientos para la evaluación, el 

otorgamiento o la denegación de determinaciones finales y 

permisos, recomendaciones, certificaciones, licencias, 

certificados, incluyendo determinaciones de cumplimiento 

ambiental relacionados a Declaraciones de Impacto 

Ambiental, o cualquier otra autorización similar otorgada por 

la Oficina de Gerencia de Permisos, los Municipios 

Autónomos con Jerarquía de la I a la V, el Profesional 

Autorizado e Inspector Autorizado, así como la adjudicación 

de querellas u órdenes administrativas por el Director 

Ejecutivo, por las Entidades Gubernamentales Concernidas, o 

los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, 

al amparo de las disposiciones de esta Ley, salvo en las 

instancias que expresamente se disponga lo contrario o en 

aquellos casos donde esta Ley resulte inconsistente con la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme.78

Cónsono con la política pública que inspiró la Ley 161-2009, 

se aprobó el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 

Construcción y Uso de Terrenos, Reglamento Núm. 7951, de 30 

de noviembre de 2010 (en adelante, “Reglamento Conjunto”).79

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, la Regla 9.5 

del Reglamento Conjunto regula los permisos de uso. En particular, 

la sección 9.5.1(a) dispone lo siguiente:

“Los permisos de uso son de naturaleza “in rem”. Por 

tanto, no se requerirá la expedición de un nuevo 

permiso de uso o la renovación del mismo, siempre 

y cuando el uso continúe siendo el mismo”.

80

En particular, la sección 9.5.1. (g) dispone sobre la validez de 

los permisos de uso descontinuados por dos (2) o más años:

Si el uso para el cual se expide un permiso se descontinuara 

por dos (2) años o más, el mismo dejará de ser válido 

independientemente de que sea un uso permitido o no 

conforme legal, excepto permisos expedidos para viviendas 

que no tendrán fecha de vencimiento. El permiso se expide a 

la propiedad (In Rem); por lo que, un cambio de dueño no 

requiere un nuevo permiso si mantiene el mismo uso.

77 Ley Núm. 38-2017. 3 LPRA sec. 9601 et seq.

78 23 LPRA sec. 9028e. 

79 Para los hechos de este caso, es de aplicación el citado Reglamento Conjunto 

de 2010, que actualmente está derogado por el Reglamento Conjunto para la 

Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de 

Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento Núm. 9473, de 16 de junio de 

2023.

80 Énfasis nuestro.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 27

Nótese, que literalmente la citada sección 9.5.1. (g), supra, no 

prevé la validez de un permiso de uso descontinuado por más de dos 

(2) años; de hecho, no toma en cuenta que el desuso sea 

consecuencia de un acto involuntario, como lo sería el proceso de 

construcción o pleito judicial. Esa situación fue atendida en este 

Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Ponce en el caso de 

González Muñiz v. ARPe, KLRA200400768, sentencia de 22 de junio 

de 2005; cuando expresó:81

[E]s la doctrina mayoritaria que ha sido reconocida y aplicada 

por los tribunales federales [...] que establece las 

circunstancias en las cuales se entiende que no hubo intención 

del dueño de abandonar el uso no conforme legal de una 

estructura o edificio. Entre las mismas, se encuentra cuando 

la descontinuación del uso no conforme legal se debió a la 

existencia de un pleito legal. [...T]ampoco constituye abandono 

del derecho al uso no conforme legal el cambio de dueño de la 

propiedad y que se han considerado actos ostensibles de 

continuidad del uso no conforme legal el mantener vigentes 

las licencias para operar un establecimiento. Citas omitidas.

En ese caso, el TA sostuvo el permiso de uso de una estación 

de gasolina que había cerrado operaciones por once (11) años, a raíz 

de un pleito judicial por la división de los bienes gananciales. 

Razonó que nada en el expediente le indujo a concluir que hubiese 

habido la intención de descontinuar o abandonar el mismo. 

Esta doctrina del desuso o abandono involuntario encuentra 

apoyo en la jurisprudencia federal y estatal discutida por el 

tratadista, E.C. Yokley, en su obra, Zoning Law and Practice,

82 que 

en resumen plantea que si un gobierno local intenta proclamar que 

la mera descontinuidad del uso representa su abandono, esta 

actuación se debe considerar inconstitucional, cuando se pueda 

demostrar el abandono o desuso ha sido involuntario. 

Todavía más, en el campo de la planificación ha quedado 

establecido que la determinación de un abandono en el uso va a 

81 González Muñiz v. ARPe, supra, pág. 16, KLRA200400768 (2005). 

82 Véase, E.C. Yokley, LL.B., J.D., Zoning Law and Practice, Chapter 22 

Nonconforming Uses, §22-12 Abandonment, 4th ed., Vol. 4, 2011 Revision by 

Douglas Scott MacGregor, LexisNexis 2011.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 28

depender de dos elementos: (1) el abandono debe ser voluntario y 

no atribuible a terceras personas; y, (2) deben existir hechos 

afirmativos que indiquen la intención del concesionario o dueño de 

la propiedad de abandonar o cesar el uso.83 En consecuencia, los 

tribunales generalmente requieren que el abandono sea voluntario.

De otra parte, el Capítulo 25 - Estaciones de Gasolina del 

Reglamento Conjunto está dirigido a reglamentar las estaciones de 

gasolina.84 En cuanto a nuevas gasolineras o ampliación de una 

existente que contemple un aumento de más de 50% de sus 

despachadoras, la sección 25.1.2 del citado reglamento establece 

que:

Toda solicitud para una nueva estación de gasolina o 

ampliación a una existente que conlleve un aumento en 

el número de despachadoras existentes, mayor a un 

50%, deberá ser acompañada de una certificación donde 

conste que han sido notificados de la intención de establecer 

dicha estación de gasolina todos los distribuidoresmayoristas, dueños o arrendatarios de estaciones de gasolina 

que radiquen dentro del perímetro establecido más adelante a 

propósito del estudio de viabilidad. Dicha certificación incluirá 

el nombre y la dirección de las personas notificadas.85

También, la sección 25.1.3 del Reglamento Conjunto por otra 

parte, detalla el requisito de presentar un estudio de viabilidad para 

una nueva gasolinera o una existente que contemple un 

aumento de más de 50% de sus despachadoras. Respecto a ello,

expone:

Toda solicitud para una nueva estación de gasolina o 

ampliación a una existente que conlleve un aumento en 

el número de despachadoras existentes, mayor a un

50%, deberá ser acompañada de un estudio de viabilidad que 

demuestre la necesidad y conveniencia del establecimiento de 

la misma. [...].

Por último, en lo concerniente a la celebración de vistas 

públicas, la sección 25.1.4 (a) del Reglamento Conjunto, dispone:

a. En todos los casos, la OPGe podrá aprobar el 

83 Anderson, American Law of Zoning, Col, 1, Sec. 6.58-6.61, Mandelker, Land 

Use Law, 5th Ed 2003, Seq. 581.

84 CAPÍTULO 25 ESTACIONES DE GASOLINA Reglamento Conjunto de Permisos 

para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, 29 de noviembre de 2010.

85 Id. (Énfasis nuestro).
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 29

establecimiento de nuevas estaciones de gasolina, 

previa celebración de vistas públicas y previa 

recomendación de la Compañía de Comercio y 

Exportación. 

B.

A tono con lo antes dicho, resulta importante destacar que

nuestra jurisdicción ha establecido que las decisiones que toman las 

agencias administrativas merecen la mayor deferencia judicial.

86

Esta norma se basa en el conocimiento especializado (“expertise”) y 

la experiencia que las agencias administrativas poseen sobre los 

asuntos que le son encomendados.87 A esta norma de deferencia, va 

unida una presunción de legalidad y corrección que debe respetarse 

mientras no se pruebe que la agencia abusó de su discreción.88 Por 

ello, la revisión judicial de las decisiones administrativas se limita a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal; o 

de forma tan irrazonable, que su actuación constituya un 

abuso de discreción.

89 

Así pues, se ha establecido que el criterio fundamental bajo el 

cual un tribunal debe revisar las determinaciones e interpretaciones 

de una agencia administrativa es el de razonabilidad.

90 De esta 

manera, se busca evitar la sustitución del criterio del organismo 

administrativo en materia especializada por el criterio del tribunal 

revisor.91 

KLAN202200646

A. 

De entrada, cabe diferenciar que el injunction estatutario es 

independiente del injunction tradicional y, por consiguiente, 

86 Cruz v. Administración de Corrección, 164 D.P.R. 341 (2005); Mun. de San Juan 

v. J. C. A., 152 D.P.R. 673, 688-689 (2000).

87 Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005).

88 Hatillo Cash & Carry v. A.R.P.E., 173 D.P.R. 934, 960 (2008).

89 Ramos Cardona v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 D.P.R. 867, 883-884 (2010).

90 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2004).

91 Vélez v. A.R.Pe., 167 D.P.R. 684, 693 (2006); Misión Industrial P.R. v. J.P., 146 

D.P.R. 64, 131 (1998).
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 30

generalmente exento de la normativa aplicable a este último.92 Ello, 

porque los requisitos del injunction tradicional son, de ordinario, 

más rigurosos que los exigidos para el injunction estatutario.

93

El injunction tradicional tiene su origen en la equidad y va 

dirigido esencialmente a atender situaciones donde no existe otro 

remedio adecuado en ley para atender los perjuicios que enfrenta 

una persona, mientras que el injunction estatutario proviene de un 

mandato legislativo expreso. Es por ello, que la concesión de un 

injunction estatutario requiere un tratamiento especial, enmarcado 

dentro de un examen o escrutinio judicial más acotado.94 Aunque 

los criterios rectores para la expedición del injunction tradicional no 

aplican estrictamente, esas disposiciones son guías para la 

expedición del remedio provisional establecido en la Ley. No 

obstante, tales guías deben ser atemperadas a las disposiciones y 

los propósitos de la pieza legislativa que dispone para el injunction

estatutario. Es decir, deben conciliar con su política pública.

En ese sentido, y en lo pertinente a la controversia 

presentada, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, permite que 

se inste en el TPI un recurso de injunction, entre otros, para revocar

un permiso otorgado por información incorrecta o falsa.

95 En 

específico, el Artículo 14.1 dispone lo siguiente: 

La Junta de Planificación, así como cualquier entidad 

gubernamental concernida, Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en 

representación del interés público o una persona privada, 

natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal 

que podría verse adversamente afectado, podrá presentar 

una acción de injunction, mandamus, sentencia 

declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para 

solicitar: (1) la revocación de un permiso otorgado, cuya 

solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o 

92 Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474 (2014).

93 Id.; CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 409 (2010).

94 Next Step Medical v. Bromedicon, supra, a la pág. 497.

95 CAPITULO XIV — DISPOSICIONES ANTE EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA. Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar 

Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, 

Demolición de Obras. 23 LPRA sec. 9024.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 31

falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin contar con 

las autorizaciones y permisos correspondientes, o 

incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso 

otorgado; (3) la paralización de un uso no autorizado; (4) la 

demolición de obras construidas, que al momento de la 

presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo 

no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca 

se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.96

Los recursos extraordinarios antes indicados pueden 

presentarse ante el TPI, indistintamente de haberse presentado una 

querella administrativa alegando los mismos hechos; lo que 

provocará que la agencia administrativa pierda jurisdicción 

automáticamente sobre la querella, y cualquier actuación que 

llevare a cabo con respecto a la misma, será considerada ultra vires. 

Además, el TPI impondrá honorarios de abogados contra la parte 

que presenta el recurso si su petición resulta carente de mérito y 

razonabilidad:

Indistintamente de haberse presentado una querella 

administrativa ante la Junta de Planificación, entidad 

gubernamental concernida, Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando 

los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá 

presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera 

Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso 

extraordinario al amparo de esta sección, la agencia 

administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la 

querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto 

a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista

dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales 

desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia 

en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la 

celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la 

paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por 

el tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos 

permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que 

se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o 

autorización debidamente expedida 97

En aquellos casos en los cuales se solicite la 

paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por 

el tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos 

permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que 

se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o 

autorización debidamente expedida.

96 Id. Énfasis nuestro.

97 Id. Énfasis nuestro.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 32

El tribunal impondrá honorarios de abogados 

contra la parte que presenta el recurso bajo esta sección 

si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad 

o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso 

sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo 

esta sección será una suma igual a los honorarios que las 

otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. 

En el caso que el tribunal entienda que no es aplicable la 

presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que 

así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. 

Las revisiones de los dictámenes bajo esta sección ante el 

Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles 

especializados creados mediante este capítulo y dicho foro 

tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la 

presentación del mismo.

En fin, el procedimiento especial provisto por el Artículo 14.1, 

supra, al igual que otros interdictos estatutarios, es un mecanismo 

establecido por un estatuto, independiente, sumario y limitado.98

Una vez se solicita correctamente el procedimiento especial, el 

tribunal expedirá una orden de paralización provisional hasta que 

se ventile judicialmente el derecho de la parte que lo invocó. Nótese, 

sin embargo, que su concesión ha de evaluarse a la luz de la letra 

de este artículo y su jurisprudencia interpretativa.99

-BSabido es que los foros apelativos no intervendremos con las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, su 

apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el valor probatorio 

conferido a la prueba presentada en sala, salvo que se demuestre 

que incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.100

A tenor con ello, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil dispone 

que “[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no 

98 ARPe v. Rivera, 159 DPR 429, 443 (2003); ARPe v. Rodríguez, 127 DPR 793 

(1991); La jurisprudencia citada se refiere al Artículo 28 de la Ley Núm. 76 de 24 

de junio de 1975, el cual fue derogado mediante la aprobación de la Ley Núm. 

161-2009, supra. Ante la ausencia de jurisprudencia que trate el Artículo 14.1 de 

la Ley 161-2009, según enmendado, y debido a que se trata de la figura antecesora 

del actual Artículo 14.1, supra, que procuraba esencialmente los mismos 

objetivos, acudimos a dicha jurisprudencia interpretativa.

99 Id.

100 González Rivera v. Robles Laracuente, 203 DPR 645, 665 (2019) (Resolución), 

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón; 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013); SLG Rivera 

Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345, 356 (2009).
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 33

se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se 

dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de las personas testigos”.101

Esta norma de deferencia judicial está apoyada en que la tarea 

de apreciación de la prueba testifical está llena de elementos 

subjetivos y es el foro de instancia quien está mejor posición para 

aquilatarla.102 Por lo cual, los foros apelativos solo contamos con 

“récords mudos e inexpresivos”.103

En consecuencia, las decisiones del tribunal de instancia 

están revestidas de una presunción de corrección.104

-IIIA nuestra atención se han presentado dos casos 

íntimamente relacionados que corresponden a distintos ámbitos del 

derecho; a saber: el administrativo y el civil. Bien merece decir que 

el proceso en ambas vertientes ha sido un tanto tortuoso, por no 

atribuirle algo de sub realismo.

Así, hemos consolidados los recursos KLRA202200442 y

KLAN202200646 por considerar que conjuntamente impugnan la

otorgación de los mismos permisos otorgados por la OP-MAC y que 

el TPI sostuvo su validez al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161 

de 2009, supra.

En síntesis, en ambos recursos KLRA202200442 y 

KLAN202200646 los recurrentes plantean que se debió celebrar una 

vista pública antes de otorgar los permisos en controversia ya que 

se trataba de la construcción de una nueva estación de gasolina, 

pues la misma no contaba con permiso de uso al estar cerrada por 

101 32 LPRA Ap. V., R. 42.2.

102 González Rivera v. Robles Laracuente, supra; Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 

177 DPR 967, 986-987 (2010); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771; 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001).

103 González Rivera v. Robles Laracuente, supra; Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

291 (2001) citando a Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984).

104 López García v. López García, 200 DPR 50 (2018); Vargas Cobián v. González 

Rodríguez, 149 DPR 859 (1999).
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 34

más de dos años; además, obtuvo fraudulentamente una

certificación de exclusión de categoría ambiental. Por la cual, 

aducen que erró la OP-MAC al expedirlos y el TPI al validarlos. No 

tienen razón.

Primeramente, la cuestión medular a resolver estriba en si la 

estación de gasolina comprada por Sammy Odeh en 2014 no 

contaba con permiso de uso, ya que dicho permiso había caducado 

por no operar durante más de dos años. 

Ese punto fue resuelto el 27 de septiembre de 2018, por la 

OP-MAC cuando emitió la segunda Determinación sobre PreConsulta que en reconsideración sometió Sammy Odeh. Allí, la OPMAC reconoció que: (1) la gasolinera ubica en un Distrito Comercial 

Intermedio (C-I); (2) dicha estación de gasolina llevó sus 

operaciones con un Permiso de Uso núm. 99-46-D-890-HPU emitido 

por la ARPE; (3) el cierre de la referida estación de gasolina fue 

involuntario, según demostrado en documentos presentados por el 

proponente en el caso; (4) la demolición de la estructura fue 

requerida por la compañía de seguros, se negaban a dar cubierta 

por el mal estado de la estructura; y, (5) los tanques de almacenaje 

de combustible permanecen en el predio, lo que demuestra la 

intención de continuar operaciones. Por lo cual, concluyó lo 

siguiente:

Por lo anterior, la Oficina de Permisos concluye que 

a pesar de que el uso no ha operado por un término 

mayor de dos (2) años, lo cierto es que el uso ha sido 

uno ininterrumpido, ya que existe evidencia del 

interés del propietario de continuar con la operación 

de dicho uso. Por lo tanto, el uso propuesto cumple 

y puede ser solicitado como un cambio de dueño o de 

nombre. [...].105

Nótese, que la OP-MAC tuvo ante sí —entre otros 

documentos— el Permiso de Operación Conforme al Reglamento para 

105 Véase, Apéndice del recurso KLRA202200442, en las págs. 98-99. Énfasis 

nuestro.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 35

el Control de Tanques de Almacenamiento Soterrados de la Junta de 

Calidad Ambiental (“JCA”), firmado el 28 de junio de 2018 por 

Wilmarie Rivera Otero, Jefa de la División de Control de Tanques de 

Almacenamiento Soterrados, Área de Calidad de Agua,

106 y la Carta 

de 7 de junio de 2016 del Sr. Jan Carlos Rodríguez, Director de Red 

de Estaciones de Total Petroleum Puerto Rico Corp (“TPPRC”),

107 ello 

con la intención de continuar la operación de la estación de gasolina 

comprada por Sammy Odeh.

Además, en la vista celebrada el 17 de junio de 2022 ante el 

TPI, el Sr. Akram Odeh, gerente de ventas de Sammy Odeh declaró 

sobre la intención al momento de comprar la estación de gasolina:

[...]

P ¿Cuál era la intención cuando se adquiere esa 

propiedad, para allá para el 2014?

R Pues cuando nosotros compramos, realmente 

compramos una estación de gasolina. No es que 

compramos un solar. A Total se le compra una 

estación de gasolina. Y, de hecho, cuando se hace la 

compraventa se firma simultáneamente un contrato 

de suministro de gasolina por 20 años.

P Al día de hoy, ¿ese contrato de suministro está 

vigente?

R Actualmente no está vigente. Porque por mutuo 

acuerdo eh, cesamos el contrato.

P ¿Qué documento, si alguno, le presentó usted, la 

estación Total sobre los permisos de usos 

correspondientes a esa estación de gasolina?

R Ellos me proveyeron copia del permiso de uso de 

esa estación que fechaba para...

P ¿De qué año es ese permiso? 

R 1999

P Ese permiso, ¿cuál es el status de ese permiso? 

Independiente de los permisos que están en 

controversia.

R Que está vigente. Y nunca ha sido revocado.

P Ese permiso en particular...

Licenciado Díaz: Señoría, tengo que objetar. Porque es 

su opinión. Está testificando una opinión.

Juez: No. Se le permite.

R Que está vigente y que nunca ha sido revocado.

108

[...]

106 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 110-111.

107 Véase, Apéndice de la Oposición a Revisión Administrativa del recurso 

KLRA202200442, en las págs. 107.

108 Véase, la TPOE, de la vista del 17 de junio de 2022, a la pág. 30. Énfasis 

nuestro.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 36

Todavía más, el perito de los recurrentes, Ing. Edwin A. Ayala 

Rodríguez, declaró:

[...]

P Okey. Ahora bien, testigo. Nos había dicho que con 

relación a la construcción nueva. ¿Usted entiende que 

es una construcción nueva porque dejó de operar por 

un tiempo? ¿Es correcto?

R Por dos razones.

P ¿Cuál es la primer razón?

R Una porque no tengo evidencia de que estuvo 

operando por más de dos años y la segunda porque la 

construcción fue más de 50 por ciento, basado en la 

definición.

P Vamos a la primera. Usted dice de que no tiene 

evidencia de que estuvo operando por más de dos 

años.

R Correcto.

P ¿Leyó usted el Memorial Explicativo que se 

sometió en la segunda Preconsulta?

R Sí.

P Que es la que... ¿Diga si es o no cierto que ese 

Memorial Explicativo contenía 16 anejos?

R Eso es correcto.

P ¿Y de esos anejos, fue evaluado por el Municipio 

Autónomo de Caguas?

R Sí. Es correcto.

P Entonces. ¿Usted conoce cómo se ha interpretado 

el concepto de interrupción de tiempo de un Permiso 

de Uso? No de construcción. Un permiso de uso. ¿Usted 

tiene conocimiento?

R Sí.

P ¿Cómo se ha interpretado ese concepto? 

R Yo entiendo que tiene que haber la intención de 

haber operado.

P La intención de haber operado. ¿Y qué más?

R Eso es lo que sé.

P ¿Perdón?

R Eso es lo que conozco.

109

[...]

Cónsono con lo anterior, la OP-MAC no erró al determinar

que, desde el momento en que Sammy Odeh adquirió la estación de 

gasolina, tuvo siempre la intención de reabrirla al público como 

gasolinera. Así lo hizo. Es por ello, que a pesar de no haber 

despachado gasolina por un periodo mayor de dos años, no se 

puede concluir que Sammy Odeh renunció al permiso de uso de 

la gasolinera. Por tal razón, los procesos ante la OP-MAC no 

109 Véase, la TPOE, de la vista del 17 de junio de 2022, en el contrainterrogatorio 

a las págs. 12 - 13. Énfasis nuestro.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 37

correspondían a aquellos propios de una nueva estación de 

gasolina. De manera que, las vistas públicas que, según los 

recurrentes debían ocurrir previo a la emisión del permiso 2018-

248898-PCO-017383,

110 y subsiguientes permisos, no son de 

aplicación ni necesarias para este caso. En ese sentido, el permiso 

de uso y localización de la estación de gasolina adquirida por 

Sammy Odeh resulta ser antes de la prohibición de ubicación a 

menos de 1,000 pies de instituciones educativas.

Cabe indicar que la OP-MAC tomó en consideración que la 

estructura de antigua estación de gasolina fue demolida por 

requerimiento de las compañías de seguros, que se negaban a dar 

cubierta por el mal estado de la estructura, por lo cual, el lugar 

donde se realizó la reconstrucción y remodelación no se trata de un 

terreno vacante que pueda constituir una nueva construcción.

Tampoco cabe hablar de que esta estación de gasolina no 

contaba con tienda de conveniencia, razón por la cual la 

reconstrucción y remodelación de la gasolinera y mini market

constituyen una nueva construcción. Al respecto, el testigo de los 

recurrentes, Sr. Felix F. Bermúdez Vega, gerente de área en el 

departamento de ventas de Total Petroleum del 2012 – 2020, 

declaró:

[...]

P Vamos a ubicarnos en el tiempo. ¿En la estación de 

gasolina había cuatro surtidores?

R Eso es correcto.

P ¿Indicó a preguntas del compañero, que no había una 

tienda de conveniencia?

R Una tienda de conveniencia como se conoce hoy 

en día, no.

P No.

R Era ...sí.

P La pregunta es simple. A preguntas del compañero, 

¿usted indicó que no había una tienda de 

conveniencia?

R No. Él tenía artículos. Unos artículos dentro del 

edificio.

P ¿Qué artículos tenía? ¿Vendía algunos artículos?

110 Permiso de construcción certificado para estación de gasolina.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 38

R Sí.

P ¿Cómo qué?

R Sí. Él tenía allí unas papitas, tenía allí.., la última vez 

que estuve en esa estación había un escritorio, había una 

caja de cobro, habían eh, artículos para perfumes de 

carros, cuando se lavaban los carros. Que le llamaban 

la...

P ¿Tenía hielo? ¿Venta de hielo?

R Había, sí.

P ¿Refrescos de todas clases?

R Sí. Había refrescos. Sí.

P ¿Había refrescos? Dígame usted, de acuerdo a su 

experiencia, ¿esos son artículos que se venden en una 

tienda de conveniencia?

R Sí.

P Le pregunto.

R Claro que sí.

P Okay. O sea, que ¿podemos decir que sí se vencían 

artículos que se venden en una tienda de 

conveniencia? Dígame si estoy correcto en mi 

apreciación.

R Eso es correcto licenciado.

[...].111

De igual modo, se desprende que la instalación de dos 

despachadoras de gasolina, adicionales a las cuatro existentes, no 

constituyen un exceso del 50 por ciento.

En segundo orden, los recurrentes plantean que la 

Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica, 

expedida por la OGPe en favor de Sammy Odeh,112 al amparo de la 

exclusión núm. 45 contenida en la Resolución 11 – 17 emitida por 

la JCA, fue obtenida mediante información falsa e incorrecta.

En específico, en el apartado de Condiciones Generales 1.b. 

de la Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión 

Categórica, en lo pertinente, expresa:

[...]

Condiciones Generales

De acuerdo con la solicitud de esta Determinación, se 

certificó el cumplimiento con los siguientes requisitos, cuyo 

incumplimiento podrá repercutir en la revocación de esta 

Determinación:

111 Véase, la TPOE, de la vista del 10 de junio de 2022, en el contrainterrogatorio 

a las págs. 63 - 64. Énfasis nuestro.

112 Véase, el Apéndice del recurso de Apelación KLAN202200646, en las págs. 

511-513.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 39

1. Las actividades de uso o de construcciones

livianas de nuevas estructuras no están ubicadas o 

desarrolladas en:

a. ...

b. Áreas en las que la Junta de Calidad 

Ambiental (JCA) u otras agencias 

gubernamentales estatales o federales hayan 

determinado que existe un grado de contaminación 

que excede el permitido por los reglamentos 

vigentes.

113

Arguyen los recurrentes que para la fecha en que se peticionó 

la exclusión categórica núm. 45, la estación de gasolina adquirida 

por Sammy Odeh figuraba en la lista de “LUST” (“Leaking 

Underground Storae Tank”, t/c/c “LUST”) y no lo divulgó. Tampoco 

tiene razón.

De entrada, no hay evidencia alguna de que Sammy Odeh o 

algún representante de la OP-MAC, OGPe o JCA hayan actuado de 

forma fraudulenta al momento de expedir la Certificación de 

Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica. De otra parte, 

tanto el perito presentado por los recurrentes como el perito de 

Sammy Odeh, dieron opiniones diametralmente opuestas sobre este 

punto.

Ante ello, el racional utilizado por el TPI al abordar esta 

controversia, estribó en que el antes citado apartado 1.b., dispone 

que no se podrán utilizar las exclusiones categóricas como eximente 

para preparar un documento ambiental, cuando el área donde se 

vaya a realizar la acción o actividad excede el grado de contaminación 

permitido por los reglamentos vigentes. En ese sentido, no bastó con 

demostrar que la estación de gasolina se encuentra en el “LUST 

List”, ni con demostrar que el área donde ubica la gasolinera adolece 

de contaminación. Sobre el particular, el foro sentenciador

correctamente resolvió que los recurrentes no presentaron prueba 

alguna del cuál era el grado de contaminación permitido por los 

113 Id., a la pág. 511.
KLRA202200442 consolidado con KLAN202200646 40

reglamentos de la JCA, u otras agencias concernidas, cuando se 

tramitó el permiso de reconstrucción o remodelación de Sammy 

Odeh.

En fin, la expedición de los permisos: (1) 2018-248898-PCO017383;

114 (2) 2019-289469-PU-014630;115 (3) 2019-288289-

PCOC-003560;

116 y (4) 2019-288289-PCOC-005541,117 emitidos 

por la OP-MAC a favor de Sammy Odeh, no son producto de una 

actuación arbitraria, ilegal o irrazonable que constituyan un abuso 

de discreción que requiera nuestra intervención.

Por otra parte, el TPI determinó que, como objetivo principal 

para la concesión del interdicto bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-

2009, los recurrentes no presentaron la prueba suficiente para 

evidenciar el acto fraudulento o engañoso de Sammy Odeh en la 

obtención del permiso reconstrucción y remodelación. Tal 

determinación, merece nuestra deferencia. 

En cuanto a la imposición de honorarios y costas, a pesar de 

que los recurrentes lo señalan como error, nuestro ordenamiento 

jurídico los contempla y el TPI tuvo, dentro de su apreciación, a bien 

imponerlos. A la luz de lo anterior, ello no constituye un abuso de 

discreción, por lo que es meritorio concederle nuestra deferencia. 

-IVPor los fundamentos antes expresados, se confirman los 

casos consolidados KLRA202200442 y KLAN202200646.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

114 Permiso de construcción certificado para estación de gasolina.

115 Permiso único de operación para estación de gasolina y tienda de conveniencia.

116 Permiso de construcción enmendado para la estación de gasolina y tienda de 

conveniencia. Obsérvese, que por error involuntario se expresó el núm. 2019-

288289-PCOC-003580, cuando lo correcto es 2019-288289-PCOC-003560.

117 Enmienda a los fines de incluir la instalación de 2 despachadores de gasolina 

adicionales.