Número Identificador: SEN2024_____________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

EDGAR HANS FRANK COMAS 

REPRESENTADO POR CAROLINA 

BOLÍBAR FERNÁNDEZ

DEMANDANTE(S)-APELANTE(S)

V.

SUCESIÓN DE JOHANNA ROSE 

MCCONNAUGHY COMPUESTA 

POR EDGAR A. FRANK,

STEPHANIE FRANK Y DESIREE 

FRANK, JOHN DOE Y RICHARD 

ROE COMO HEREDEROS 

DESCONOCIDOS

DEMANDADA(S)-APELADA(S)

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

PARTE INTERVENTORA

KLAN202201052

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior 

de GUAYNABO 

Caso Núm. 

GB2022CV00302 (201)

Sobre:

Exequátur y Sentencia 

Declaratoria

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Barresi 

Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Barresi Ramos, juez ponente 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 9 de abril de 2024.

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor EDGAR HANS 

FRANK COMAS (señor FRANK COMAS) mediante un Escrito de Apelación

instado el 22 de diciembre de 2022. En su recurso, nos solicita que revisemos

una Sentencia dictaminada el 3 de noviembre de 2022 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Guaynabo.1 Dicha Sentencia otorgó 

“entera fe y crédito a la sentencia o decreto de divorcio, denominada 

“Decree”, de 26 de septiembre de 2002, emitido por el “Court of Common 

Pleas of Lycoming County, Pennsylvania”, en el caso 97-21,703”. Asimismo, 

concluyó “denegar otorgar entera fe y crédito en Puerto Rico al documento 

1 Esta determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 16 de noviembre de 2022 

y el 23 de noviembre de 2022, publicado mediante edicto en un periódico de circulación 

general The San Juan Daily Star. Véase Apéndice del Escrito de Apelación, págs. 1– 10. 
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titulado “Memorandum of Understanding”, resulta forzoso concluir que 

tampoco procede la solicitud de sentencia declaratoria predicada en el 

reconocimiento por exequátur de este documento”.

Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente 

controversia.

- I -

El 31 de marzo de 2022, el señor FRANK COMAS entabló Demanda sobre 

exequátur y sentencia declaratoria.

2 En síntesis, solicitó que en conformidad 

con el Artículo IV, Sección 1, de la Constitución de los Estados Unidos de 

América, se le concediera entera fe y crédito a una Sentencia intimada el 26 

de septiembre de 2002 por The Common Court of Common Pleas of Lycoming 

Country en Pennsylvania, Estados Unidos de América. Mediante la referida 

Sentencia, se decretó roto y disuelto el matrimonio entre los señores FRANK 

COMAS y JOHANNA R. MCCONNAUGHY (señora MCCONNAUGHY).3 De igual 

modo, aprobó el acuerdo adjunto o estipulación al que llegaron las partes e

hizo formar parte integral de la Sentencia cualquier disposición sobre 

pensión alimentaria, así como incorporó todas las demás providencias. 

Además, cualquier orden de alimentos de cónyuge existente se consideró un 

dictamen de pensión alimentaria pendente lite si quedaban reclamaciones 

económicas pendientes.

4

Conjuntamente, el señor FRANK COMAS interpeló una sentencia 

declaratoria para que se determinara que es el titular en pleno dominio de la 

siguiente propiedad: Apartamento 804 del Condominio Parque de San 

Patricio Dos en Guaynabo, Puerto Rico, que fuese adquirida durante el 

matrimonio FRANK-MCCONNAUGHY.

Unos días después, el 20 de abril de 2022, el foro de instancia expidió 

una Orden en la cual declaró ha lugar la solicitud del emplazamiento 

2 Véase Apéndice del Escrito de Apelación, págs. 27– 31. 

3 El documento expresa que “están divorciados de los lazos del matrimonio”.

4 The court approves the attached agreement or stipulation entered into by the parties 

merging into the Decree any provision for child support and incorporating all other 

provisions. Any existing spousal support order shall be deemed an order for alimony 

pendente lite if any economic claims remain pending.
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mediante edicto dirigido a John Doe y Richard Roe como herederos 

desconocidos de la señora MCCONNAUGHY.

5

El 22 de abril de 2022, el DEPARTAMENTO DE JUSTICIA presentó Moción 

Informativa sobre Exequátur.

6 Solicitó se proveyeran los siguientes 

documentos: (1) copia de la Sentencia que se pretende convalidar; (2) la 

escritura de protocolización de poder a la cual se hace referencia en el primer 

acápite de la reclamación e incluir certificación de ODIN; y (3) se acredite 

haber notificado a los herederos de la señora MCCONNAUGHY. Ante esta 

situación, el 26 de abril de 2022, el tribunal primario dictó Orden en la cual 

requirió suministrar los documentos solicitados por el DEPARTAMENTO DE 

JUSTICIA dentro de un término de veinte (20) días.7

En respuesta, el 12 de mayo de 2022, el señor FRANK COMAS presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden acompañada de: (i) la Certificación de la 

Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) dictada el 4 de junio de 2021; (ii) 

escritura sobre Protocolización de Poder; (iii) Sentencia (Decree); y (iv) 

Certificación de Defunción de la señora MCCONNAUGHY.

8 Además, manifestó 

estar realizando el proceso para emplazar en conformidad con la Regla 55.2 

(a) de las de Procedimiento Civil de 2009.

Después, el 23 de junio de 2022, el señor FRANK COMAS presentó 

Moción Solicitando que se Expidan Emplazamiento por Edicto.9 Este

documento está acompañado de una Declaración Jurada suscrita el 10 de 

junio de 2022 por el señor Melvin Santos Wilkinson exponiendo sus gestiones 

para diligenciar los emplazamientos dirigidos a los señores Desiré Frank, 

Edgar Frank y Stephanie Frank. El 11 de julio de 2022, el foro apelado 

prescribió Orden en la cual autorizó el emplazamiento por edicto de los 

señores Desiré Frank, Edgar Frank y Stephanie Frank a su última dirección 

conocida: 2108 Shirewood Court, Winter Park, Florida 32792.

10

5 Véase Apéndice del Escrito de Apelación, pág. 58. 

6

Id., págs. 60– 61. 

7

Id., pág. 62. 

8

Id., págs. 63– 80. 

9

Id., págs. 82– 84.

10 Id., págs. 85- 86. 
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El 23 de septiembre de 2022, el señor FRANK COMAS presentó Moción 

Solicitando que se Expidan Emplazamiento por Edicto.

11 Informó y acreditó 

que el señor Ray Abner Ruiz Berrios, en representación de The San Juan Daily

Star, el 22 de agosto de 2022 publicó el edicto. También, incluyó los tres (3) 

recibos de correo certificado con acuse de recibo (Certified Mail Receipt) 

remitidos el 26 de agosto de 2022 y una (1) tarjeta de acuse de recibo.

Luego, el 14 de octubre de 2022, el señor FRANK COMAS presentó 

Moción Solicitando Anotación de Rebeldía y Sentencia.

12 En consonancia, el 21 

de octubre de 2022, el tribunal impugnado decretó Orden pautando 

audiencia para el 3 de noviembre de 2022.13

El 3 de noviembre de 2022, se celebró la audiencia del caso. En dicha 

audiencia, el DEPARTAMENTO DE JUSTICIA presentó su objeción al 

“Memorandum of Understanding” por tener un defecto de identificación de la 

dirección completa de la propiedad y necesitarse información adicional. El 

foro de instancia pronunció su Sentencia apelada en la cual formuló las 

siguientes doce (12) determinaciones de hechos:

1. Edgar Hans Frank Comas y Johanna Rose Ricca, t/c/c 

Johanna Rose McConnaughy se divorciaron el 26 de 

septiembre de 2002, en el estado de Pennsylvania, caso 

número 97–21, 703. 

2. La señora Johanna Rose Ricca, t/c/c Johanna Rose 

McConnaughy falleció el 11 de julio de 2018, en el estado de 

Florida. 

3. Tuvieron tres hijos en común, de nombre Edgar, Stephanie 

y Desiree, todos de apellido Frank y mayores de edad. 

4. Como integrantes conocidos de la sucesión de Johanna 

Rose Ricca, t/c/c Johanna Rose McConnaughy, los tres hijos 

fueron emplazados por edicto el 22 de agosto de 2022, sin 

que se lograra su comparecencia. 

5. También se emplazó a John Doe y Richard Roe como 

integrantes desconocidos de la sucesión. 

6. La sentencia de divorcio hace referencia a un acuerdo o 

estipulación de pensión alimentaria para hijo o hijos y otras 

provisiones, sin especificar su naturaleza. 

7. La sentencia de divorcio no alude al título del documento 

de acuerdo o estipulación, ni a su fecha, ni quien o quienes 

lo suscriben. Tampoco si trata de un documento firmado 

por las partes o sus abogados, o si responde a un dictamen 

de un juez o jueza. Por ende, se dificulta correlacionar la 

sentencia y el documento de estipulación final. 

11 Véase Apéndice del Escrito de Apelación, págs. 87– 91. 

12 Id., págs. 95– 99. 

13 Id., pág. 100. 
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8. Existe un documento titulado “Memorandum of 

Understanding”, que lleva el epígrafe y número del caso de 

divorcio, que recoge una especie de transcripción de 

proceso ante la figura de un “master”, cuyo nombre no 

figura en la transcripción. 

9. Este documento no contiene firma ni fecha. Tampoco se 

puede determinar si tuvo finalidad o si varió con 

posterioridad. 

10. La sentencia de divorcio no hace referencia a documento 

titulado “Memorandum of Understanding”. 

11. La sentencia de divorcio no hace referencia a una 

recomendación o intervención de la figura de un “master”. 

12. La transcripción titulada “Memorandum of 

Understanding” hace referencia a un apartamento en 

Puerto Rico, sin descripción, sin especificar ubicación, sin 

indicar nombre del condominio, calle, municipio o número 

de finca. 

Mediante el antedicho dictamen, el tribunal apelado concluyó: 

[E]ste Tribunal otorga entera [sic] fe y crédito a la sentencia o 

decreto de divorcio, denominado “Decree”, de 26 de 

septiembre de 2002, emitido por el “Court of Common Pleas of 

Lycoming County, Pennsylvania”, en el caso 97-21, 703. Por 

tanto, ordena que se ejecute el dictamen en todo su alcance y 

vigor en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A diferente 

determinación llega este Tribunal respecto al “Memorandum 

of Understanding”. Trasluce ser una transcripción, de un 

procedimiento ante la figura de un “master”, no de un juez o 

jueza, que no contiene firma de aprobación. 

(...) 

[S]e declarara judicialmente que como corolario el señor Edgar 

Frank es el titular de pleno dominio del Apartamento 808, del 

Condominio Parque de San Patricio... resulta forzoso concluir 

que tampoco procede la solicitud de sentencia declaratoria 

predicada en el reconocimiento por exequátur de este 

documento. 

Inconforme con ese proceder, el 22 de diciembre de 2022, el señor 

FRANK COMAS incoó un Escrito de Apelación ante este Tribunal de 

Apelaciones. En su recurso, señaló el(los) siguiente(s) error(es): 

Erró el TPI al imponer requisitos a los procedimientos de la 

corte de otro Estado que no requiere la ley para [convalidar] la 

sentencia o declarar los derechos de las partes. 

Erró el TPI al no resolver la sentencia declaratoria solicitada. 

Erró el TPI al aceptar el informe del Ministerio Público sobre el 

asunto del “Memorandum of Understanding” cuando la ley no 

le brinda legitimación activa al Ministerio Público para emitir 

su posición sobre dicho asunto.
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El 17 de enero de 2023, este tribunal revisor intimó Resolución en la 

cual concedimos a los señores Edgar Frank, Stephanie Frank, y Desiree Frank 

así como al DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, por conducto de la Oficina del 

Procurador General, un plazo perentorio de treinta (30) días, a partir de la 

notificación del dictamen, para presentar su alegato en oposición. 

Así, el 21 de febrero de 2023, la Oficina del Procurador General de 

Puerto Rico, en representación del Ministerio Público, presentó su Alegato.

Esencialmente, expresó que el foro primario evaluó los méritos de la

Sentencia lo cual está expresamente vedado, por lo que entiende que el foro

primario erró. Aseguró estar de acuerdo con la denegatoria del tribunal de 

instancia en emitir sentencia declaratoria a favor del señor FRANK COMAS. 

Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en posición 

de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a las(s) 

controversia(s) planteada(s).

- II -

- A -

En nuestro ordenamiento jurídico, las sentencias y órdenes dictadas 

por un estado de los Estados Unidos de América o país extranjero no operan 

de forma directa o ex proprio vigore.

14 Por ende, para que las sentencias u 

órdenes se puedan ejecutar o hacer efectivas les corresponde a los tribunales 

locales su reconocimiento y validación mediante el procedimiento conocido 

como exequátur.

15

14 Montes Díaz v. Montes James, 2024 TSPR 27, 213 DPR __; Colón Vega v. Díaz Lebrón, 211 

DPR 548 (2023). Véase, además, el Artículo IV, Sección 1, de la Constitución de los Estados 

Unidos de América. La Sec. 1 del Artículo IV de la Constitución de Estados Unidos no 

prescribe el procedimiento para dar entera fe y crédito a los actos públicos, documentos y 

procedimientos judiciales de otras jurisdicciones domésticas. Tal sección no exige que 

[determinado funcionario público] le dé directamente entera fe y crédito a una sentencia 

extranjera, haciendo caso omiso de las disposiciones de nuestras leyes que exigen la previa 

intervención de los tribunales. No opera ex propio vigore. La razón para tal regla es clara. La 

cláusula de entera fe y crédito está sujeta a excepciones. Las sentencias emitidas en un estado 

no tienen derecho a entera fe y crédito en otro estado, por ejemplo, si la sentencia se dictó 

sin jurisdicción sobre alguna parte o materia. Rodríguez Contreras v. E.L.A., 183 DPR 505, 515

(2011); Roseberry v. Registrador, 114 DPR 743 (1983). 

15 Gulf Petroleum et al. v. Camioneros, 199 DPR 962, 966 (2018). Regla 55.1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 55.1.
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Nuestro estado de derecho ha adoptado las normas con las cuales 

tienen que cumplir las sentencias u órdenes dictadas por los tribunales 

estadounidenses o extranjeros, a los fines de que puedan ser reconocidas y 

convalidadas por nuestros tribunales mediante la acción de exequátur.

16 En 

consecuencia, los requisitos de la reclamación sobre exequátur varían 

dependiendo si la sentencia u orden que se pretende validar es de un estado 

de los Estados Unidos o un país extranjero.17

Mediante este procedimiento, las sentencias dictadas por tribunales 

de un estado de los Estados Unidos de América o sus territorios serán 

convalidadas a tenor con la Regla 55.5 (a) de las de Procedimiento Civil de 

2009.18 El inciso (b) aplica únicamente a las sentencias emitidas por 

tribunales de países extranjeros.19 El objetivo de este procedimiento es 

garantizar el debido proceso de ley a las partes afectadas por una sentencia u 

orden extranjera, y así brindarles la oportunidad para ser escuchadas y 

presentar sus defensas.20 

Ahora bien, la Regla 55.5 de las de Procedimiento Civil de 2009 

expresa:

El tribunal, luego de resolver los planteamientos de índole 

procesal que sean pertinentes, determinará si la sentencia de 

otra jurisdicción cumple con las normas siguientes: 

(a) Si se trata de una sentencia de un estado de Estados Unidos 

de América o sus territorios: 

(1) Que se haya dictado por un tribunal con jurisdicción 

sobre la persona y el asunto que sea objeto de la misma; 

(2) Que el tribunal que la emitió haya observado el debido 

proceso de ley; y 

(3) Que no haya sido obtenida mediante fraude. 

(b) Si se trata de una sentencia dictada en otra jurisdicción que 

no sea un estado de Estados Unidos o sus territorios:

(1) Que se haya dictado por un tribunal con jurisdicción 

sobre la persona y el asunto que sea objeto de la misma; 

(2) que se haya dictado por un tribunal competente; 

(3) que el tribunal que la emitió haya observado los 

principios básicos del debido proceso de ley; 

16 Ex Parte Márquez Estrella, 128 DPR 243 (1991).

17 Toro Avilés vs. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 375 (2009). 

18 Regla 55.5 (a) de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 55.5 (a).

19 Regla 55.5 (b) de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 55.5 (b).

20 Toro Avilés vs. P.R. Telephone Co., supra, pág. 376.
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(4) que el sistema bajo el cual fue dictada se distinga por su 

imparcialidad y por la ausencia de prejuicio contra las 

personas extranjeras; 

(5) que no sea contraria al orden público; 

(6) que no sea contraria a los principios básicos de justicia, 

y (7) que no se haya obtenido mediante fraude. 

El simple hecho de que una sentencia u orden sea válida no conlleva 

necesariamente el reconocimiento de esta, ya que ello implica la aceptación 

de las leyes del estado o país del foro de origen en cuanto a las personas y a 

la materia que quedará afectada por la ejecutoria.21 Por tanto, su validación

estará limitada por consideraciones de orden público, orden constitucional, 

los intereses, principios y valores del estado o país del foro donde se 

promueve el reconocimiento.22

- B –

Una sentencia declaratoria se ha definido como un mecanismo 

“remedial y profiláctico que permite anticipar la dilucidación de los méritos 

de cualquier reclamación ante los tribunales”, siempre que se demuestre la 

existencia de un peligro real contra la parte que solicita la sentencia 

declaratoria.

23 Se ha reconocido que la sentencia declaratoria es un 

mecanismo idóneo para adjudicar controversias de índole constitucional.24

La sentencia declaratoria se rige por las disposiciones de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009. Específicamente, la Regla 59 le confiere facultad 

al tribunal para que pueda declarar derechos, estados y otras relaciones 

jurídicas independientemente de que se solicite otro remedio.25

Adicionalmente, la Regla amplía que la sentencia declaratoria puede ser 

afirmativa o negativa, y tiene el mismo efecto y la fuerza de las sentencias o 

resoluciones finales que dictan los tribunales. Según ha expresado nuestro 

Máximo Foro, una solicitud de sentencia declaratoria tiene como resultado 

21 Rodríguez Contreras v. E.L.A., supra, pág. 520; Ex parte Márquez Estrella, supra, pág. 255. 

22 Id. 

23 Sánchez et al v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 383-384 (2002); Charana v. Pueblo, 109 

DPR 641, 653 (1993). 

24 Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704, 723-724 (1991). 

25 32 LPRA Ap. V, R. 59.1. Véase además Amadeo Ocasio v. Gobernador et al., 211 DPR 278

(2023). 
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una decisión judicial sobre cualquier discrepancia en la interpretación de la 

ley.26

Por otro lado, el inciso (a) de la Regla 59.2 de las de Procedimiento 

Civil de 2009 dispone que cualquier persona que tenga interés en una 

escritura, un testamento, un contrato o cuyos derechos, estado u otras 

relaciones jurídicas se vean afectados por un precepto legal, una ordenanza 

municipal, un contrato o una franquicia, podrá solicitar una sentencia 

declaratoria.

27

En ese contexto, el profesor Hernández Colón señala que la sentencia 

declaratoria se dicta en un proceso en el que se alegan hechos que indican 

que existe una controversia entre las partes cuyos intereses legales son 

opuestos, sin que sea necesaria la existencia de una lesión previa de estos con 

el propósito de resolver la incertidumbre legal y promover la paz social.28 Es 

necesario precisar que una demanda de sentencia declaratoria tiene que 

exponer hechos que demuestren la existencia de una controversia real y 

actual entre partes con intereses legales opuestos.29

Ello implica que de las alegaciones de la demanda debe surgir “que el 

demandado ha planteado, afirmado o aseverado positivamente, y en forma 

extrajudicial, una reclamación o derecho opuesto a la aserción del 

demandante, quedando establecido un conflicto extrajudicial entre los 

intereses de ambas partes”.30 Asimismo, se debe demostrar que existe una 

probabilidad sustancial de que la parte demandada lleve a cabo una invasión 

de los derechos de la parte demandante.31

Por consiguiente, la parte que solicita una sentencia declaratoria tiene 

que demostrar que la controversia no es remota, abstracta, teórica, 

26 Mun. Fajardo v. Srio. Justicia et al., 187 DPR 245, 254 (2012). 

27 32 LPRA Ap. V, R. 59.2.

28 Véase R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta 

Ed., San Juan, Lexis, 2017, Sec. 6001, pág. 623. 

29 Díaz Díaz v. Asoc. Res. Quintas San Luis, 196 DPR 573, 580 (2016) (Sentencia); Moscoso v. 

Rivera, 76 DPR 481, 492-493 (1954).

30 Íd. 

31 Íd.
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académica ni especulativa, sino que tiene suficiente actualidad.32 Así pues, la 

parte demandante debe demostrar que los intereses de la justicia serán bien 

servidos y la sentencia que el tribunal dicte en su día será efectiva y adecuada. 

Empero, cabe destacar que la concesión de una sentencia declaratoria

descansa en el ejercicio de una sana discreción judicial.33

Inclusive, la parte que interpela una sentencia declaratoria está sujeta 

al cumplimiento de los criterios de legitimación activa.34 Lo cual implica que 

tiene que demostrar que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño 

es real, inmediato y preciso, y no abstracto e hipotético; (3) existe una 

relación causal razonable entre la acción que se ejercita y el daño alegado, y 

(4) la causa de acción debe surgir al amparo de la Constitución o de alguna 

ley.35

- III –

Por encontrarse intrínsecamente relacionados, discutiremos los tres 

(3) errores señalados de forma conjunta.

El señor FRANK COMAS interpeló la convalidación de la Sentencia

(Decree) junto al “Memorandum of Understanding” así como se determinará

que es el titular del pleno dominio de una propiedad inmueble descrita en su 

reclamación. Argumentó que el tribunal apelado incidió al imponer 

requisitos a los procedimientos de un tribunal de otro estado que no son 

especificados por nuestras Reglas de Procedimiento Civil de 2009 para 

convalidar una sentencia; no resolver la petición de sentencia declaratoria; y 

al aceptar el informe del Ministerio Público cuando la ley no le concede 

legitimación activa para emitir su posición.

Por su parte, el DEPARTAMENTO DE JUSTICIA en su Alegato acotó que el 

foro primario evaluó los méritos de la Sentencia dictaminada en 

Pennsylvania, Estados Unidos de América, lo cual está vedado por el proceso 

32 Moscoso v. Rivera, supra, págs. 492-493. 

33 Íd. 

34 Ramos, Méndez v. García García, 203 DPR 379 (2019); Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 

460 (2006).

35 Hernández, Santa v. Srio. de Hacienda, 208 DPR 727 (2022).
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de exequátur y entendió que erró el tribunal de instancia. Empero coincide 

con la determinación judicial sobre la denegación del petitorio de sentencia 

declaratoria.

Al resolver, el tribunal apelado realizó determinaciones de hechos y 

concluyó que, en efecto, el documento titulado ““Decree” cumple con los 

criterios y requisitos establecidos en la [R]egla 55.5 de [P]rocedimiento 

[C]ivil...pudimos observar el sello a relieve que acompañaba la copia 

certificada provista, sin tener elementos para poner en entredicho que trata 

de un documento oficial del tribunal del Condado de Lycoming, 

Pennsylvania. Tampoco contamos con indicio alguno de fraude, vulneración 

del debido proceso de ley o cuestionamiento a la jurisdicción del tribunal de 

Pennsylvania”. 

A contrario sensu, razonó en otra dirección en cuanto al 

“Memorandum of Understanding”. Fundamentó que “[t]rasluce ser una 

transcripción, de un procedimiento ante la figura de “master”, no de un juez 

o jueza, que no contiene una firma de aprobación ... [e]l señor FRANK, con

distinguida candidez, reconoce que el tribunal de Pennsylvania no siguió el 

rigor debido a la hora de describir el bien inmueble en controversia, 

limitándose a una referencia a “condo in Puerto Rico, sin más”. Ante la 

inexactitud de la descripción de la propiedad inmueble en el “Memorandum 

of Understanding”, el foro a quo denegó otorgarle entera fe y crédito al 

antedicho documento y, por ende, la interpelación de sentencia declaratoria

para refrendar como único titular al señor FRANK COMAS.

Es menester colegir que la Sentencia (Decree) prescrita hace más de 

veinte (20) años por el The Common Court of Common Pleas of Lycoming 

Country en Pennsylvania, Estados Unidos de América, cumple con todos los 

requisitos para ser convalidada conforme al formalismo de exequátur

dispuesto en la Regla 55.5 (a) de las de Procedimiento Civil de 2009.

36

36 Cuando se trata de una sentencia de un estado de los Estados Unidos de América o sus 

territorios, un tribunal debe cerciorarse de que: (1) se haya dictado por un tribunal con 
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De otro lado, el “Memorandum of Understanding” constituye una 

estipulación sobre: (i) alimentos entre excónyuges o alimentos pendente lite; 

(ii) pensión alimentaria en beneficio de hijo(a) menor de edad; (iii) fondos 

para estudios universitarios; (iv) bienes gananciales, vehículos de motor, y 

bienes personales; (v) condo en Puerto Rico; (vi) créditos; y (vii) balance o 

saldo del patrimonio ganancial en 50% cada uno. Como parte del 

“Memorandum of Understanding”, entre otras cosas, los señores FRANK 

COMAS y MCCONNAUGHY dispusieron de sus activos y pasivos. Examinado el 

expediente y escudriñado ambos manuscritos, discernimos que el 

“Memorandum of Understanding” forma parte de la Sentencia (Decree).37

Sabido es que un tribunal está impedido de cuestionar sustantivamente una 

Sentencia que proviene de un estado, territorio o posesión de los Estados 

Unidos de América.

38 Ante esta situación, ambos documentos debieron ser 

convalidados por constituir el dictamen emitido por el “Court of Common 

Pleas of Lycoming County, Pennsylvania”, en el caso 97-21,703, conforme la 

Regla 55.5 (a) de las de Procedimiento Civil de 2009. Por ende, le asiste la 

razón al señor FRANK COMAS.

En cuanto al planteamiento sobre la legitimación del DEPARTAMENTO 

DE JUSTICIA discernimos que no le asiste la razón al señor FRANK COMAS. Ello 

fundamentado en lo dispuesto en la Regla 55.4 de las de Procedimiento Civil 

de 2009.39

En otro orden de cosas, no estamos convencidos en que proceda la 

sentencia declaratoria. El propio “Memorandum of Understanding” en su 

párrafo número 5 expresa: “Condo in Puerto Rico. It is acknowledge that the 

jurisdicción sobre la persona y el asunto que sea objeto de la misma; (2) el tribunal que la 

emitió haya observado el debido proceso de ley; y (3) no haya sido obtenida mediante fraude.

37 Véase nota al calce 4.

38 Rodríguez Contreras v. E.L.A., supra, págs. 520– 521. 

39 La Regla 55.4 (b) de las de Procedimiento Civil de 2009 sobre Notificación expresa: En 

conformidad con las situaciones particulares de cada caso, además de notificar a las personas 

afectadas por la sentencia cuya convalidación y reconocimiento se solicita, conforme lo 

dispone la Regla 4, también deberá notificarse con copia de la demanda o de la solicitud ex 

parte a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que se refieren a continuación: (b) 

Al Ministerio Fiscal, en todo caso en que, a los fines de lograr su posterior inscripción en el 

Registro de la Propiedad, se solicite la convalidación de las sentencias a las cuales se refiere 

el Art. 45 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2208.
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parties own a condo in Puerto Rico. The value of the condo for the overall 

contribution shall be $138,000.00. Wife herein agrees to transfer all her right, 

title and interest in the condo to husband. Husband agrees to assume the debt 

on the condo and shall indemnify and hold wife harmless for default. Wife 

shall prepare a deed transferring the property to Husband”. Ello implica, 

que para la transferencia de la propiedad ganancial se debe suscribir u 

otorgar una escritura pública sobre liquidación de comunidad de bienes o 

extinto sociedad legal de gananciales. Por ende, no procede la petición sobre 

sentencia declaratoria y no le asiste la razón al señor FRANK COMAS.

- IV –

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la Sentencia para 

otorgar entera fe y crédito al “Memorandum of Understanding” que forma 

parte integral de la Sentencia (Decree) dictaminada por el “Court of Common 

Pleas of Lycoming County, Pennsylvania”, en el caso 97-21,703. Así 

modificada, confirmamos la Sentencia dictaminada el 3 de noviembre 

de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guaynabo, en 

todos sus demás extremos. 

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones