Número Identificador

RES2024_______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII ESPECIAL

ETHELYN BERNIER 

VELÁZQUEZ

PETICIONARIO

v.

MITCHELL BERNIER 

RIVERA Y OTROS

RECURRIDOS

KLCE202300818

KLCE202300838

KLCE202300839

consolidados

Certiorari procedente 

del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior

de Salinas

Caso Número:

GM2019CV00124

Sobre: División o 

liquidación de la 

comunidad de bienes 

hereditarios

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni 

Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Ortiz Flores, Juez ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2024.

Comparecen en los tres (3) recursos de certiorari consolidados del 

epígrafe, los peticionarios Ethelyn Bernier Velázquez y Mitchell Bernier 

Rivera (Sra, Ethelyn Bernier y Sr. Mitchell Bernier), respectivamente, 

como sigue:

1. En el recurso KLCE202300818, la Sra. Ethelyn Bernier

nos solicita que se expida el auto discrecional de 

certiorari y se revoque una Resolución emitida y 

notificada el 3 de mayo de 2023, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Salinas (TPI), que 

declaró no ha lugar una Moción de sentencia sumaria 

parcial;

1

2. en el recurso KLCE202300838, el Sr. Mitchell Bernier 

nos solicita que se expida el auto discrecional de 

certiorari y se revoque una Resolución emitida y 

notificada el 3 de mayo de 2023 por el TPI, que declaró 

no ha lugar una Moción de sentencia sumaria parcial con 

relación al inmueble ubicado en Patillas;

2 y

3. en el recurso KLCE202300839, el Sr. Mitchell Bernier 

nos solicita que se expida el auto discrecional de 

certiorari y se revoque una Resolución emitida y 

notificada el 3 de mayo de 2023 por el TPI que declaró 

no ha lugar una Moción de sentencia sumaria en cuanto 

a una demanda de intervención.

3

Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari en 

los tres (3) recursos consolidados.

1 Apéndice del recurso KLCE202300818, págs. 510-517.

2 Apéndice del recurso KLCE202300838, págs.69-113.

3 Apéndice del recurso KLCE202300839, págs 160-254.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 2

I

El 25 de febrero de 2019, la Sra. Ethelyn Bernier presentó una 

demanda ante el TPI sobre la división de una comunidad hereditaria de 

bienes compuesta por ella y el Sr. Mitchell Bernier Rivera.

4 El 14 de 

febrero de 2022, se presentó una Demanda de intervención conforme a la 

Regla 21 por la señora Celeste Cintrón también conocida como la señora 

Celeste Bernier (Sra. Cintrón; interventora) contra el Sr. Bernier Rivera 

quien fue su esposo.5 El Sr. Mitchell Bernier presentó, el 18 de marzo de 

2022, el escrito titulado Contestación a la demanda de intervención.

6

En lo pertinente al recurso KLCE202300818 ante nuestra 

consideración, el 31 de enero de 2023, la Sra. Ethelyn Bernier presentó 

una Moción en Sentencia Sumaria Parcial (Inmueble en Patillas, PR)

7

donde expone que el Sr. Mitchell Bernier, en esencia, solicitó al foro 

apelado que declarara una propiedad inmueble ubicada en la carretera 

número 3, Km. 11.9, en Patillas, Puerto Rico, como parte del caudal 

hereditario del causante (conocido Mitchel Bernier de León, Mitchell 

Bernier, Mitchell Bernier León, Mitchell Bernier Leoni y Mitchell Bernier), 

quien falleció el 7 de octubre de 2018.

Luego de los trámites de rigor, el 3 de mayo de 2023, el TPI emitió 

una Resolución que declaró no ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial presentada por la Sra. Ethelyn Bernier, el 3 de mayo de 2023.

8

Luego de evaluar “las mociones, sus anejos y el expediente judicial”, el 

foro recurrido expuso los hechos que no están en controversia, como 

sigue:

1. El 14 de julio de 1981 el demandado, libre y 

voluntariamente otorgó en la ciudad de Nueva York un 

Poder o “Power of Attorney” apoderando al causante a 

ejercer cualquier tipo de transacción de bienes raíces o 

“Real Estate Transactions”. Este poder o mandato (en 

adelante, el “Poder”) fue protocolizado en Puerto Rico el 

30 de julio de 1981, mediante escritura pública número 

4 Véase, Apéndice del recurso KLCE202300839, págs. 1-3 (Demanda presentada el 25 

de febrero de 2019). El 15 de agosto de 2022, se presentó una demanda enmendada, 

según surge del Apendice del recurso KLCE202300818, págs. 1-3.

5 Apéndice del recurso KLCE202300839, págs. 69-139.

6 Apéndice del recurso KLCE202300839, págs.149-159.

7 Apéndice del recurso KLCE202300818, págs. 23-360.

8 Apéndice del recurso KLCE202300818, págs. 510-517.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 3

13 ante el notario Héctor R. Martínez Vélez. Véase 

Exhibit 1 de la Moción de Sentencia Sumaria Parcial 

(S.S.P.). 

2. El Poder de referencia nunca fue revocado y estaba 

vigente a la fecha del fallecimiento del causante el 7 de 

octubre de 2018. Véase Exhibit 2 de la S.S.P.

3. El 17 de enero de 1984 el demandado, por conducto del 

causante como su apoderado conforme al Poder, advino 

a ser titular de propiedad ubicada en el Barrio 

Guardarraya, Carretera Número 3, Km. 11.9, en Patillas, 

Puerto Rico (en adelante, el “Inmueble”). La transacción 

ocurrió mediante escritura número 1 sobre compraventa 

y asunción de hipoteca otorgada el 17 de enero de 1984, 

ante la Notario Ana J. Bernier Muñoz. Véase Exhibit 3 de 

la S.S.P. 

4. El Inmueble consta inscrito en el Registro de la 

Propiedad al Folio número 48, del Tomo número 93 de 

Patillas, finca número 4,321, Registro de la Propiedad de 

Guayama, Puerto Rico. Véase Exhibit 4 de la S.S.P.

5. El balance de cancelación ajustado cerca del 11 de 

mayo de 1993, por $5,689.76 de la Primera Hipoteca, fue 

pagada mediante giros postales desde el PO Box 4416, 

Sunnyside, NY 11104. Véase Exhibit 8 de la S.P.P.

6. La dirección del remitente en los giros era la de su 

padre/causante en Nueva York para la fecha de la 

emisión de éstos. Véase Exhibit 11 de la S.S.P.

7. El 30 de octubre de 1998, ante la Notario Lucía Rivera 

González, se otorgó una escritura de Cancelación de 

Hipoteca, mediante la cual se solicita al Registrador la 

cancelación de la Primera Hipoteca y Segunda Hipoteca. 

Véase Exhibit 16 de la S.S.P.

8. El demandado, representado por el causante mediante el 

Poder, vendió el Inmueble a Juan Pérez Rivera y su 

esposa Lydia Cruz García, mediante escritura número 5 

de Compraventa y Reconocimiento de Hipoteca del 18 

de abril de 1994, ante el notario Ramiro Rodríguez 

Ramos. Véase Exhibit 17 de la S.S.P. 

9. Esta escritura fue inscrita en el Registro de la Propiedad 

conforme al asiento número 12 en el Folio 18 del Tomo 

148 de Patillas, en el Registro de la Propiedad de 

Guayama (en adelante, el “Registro”)”, y fue presentada 

al Registro el 2 de marzo de 1996.

10.El causante inscribió en el Registro su derecho a “Hogar 

Seguro” sobre el inmueble, según consta en la nota 

marginal del Tomo del Folio Móvil número 214 de Patillas 

en el Registro, cuya presentación al Registro ocurrió el 

26 de junio de 2012. Véase Exhibit 19 de la S.S.P.9

El TPI determinó que está en controversia, “[s]i el inmueble sito en 

Patillas pertenece al caudal hereditario del Sr. Mitchell Bernier de León o 

al Sr. Mitchell Rivera”

10 y, expuso sus conclusiones de derecho, como 

sigue:

Corresponde al Tribunal determinar si, procede lo solicitado 

por la demandante y reconoce el inmueble como parte del 

caudal hereditario.

9 Apéndice del recurso KLCE202300818, págs. 513-514.

10 Apéndice del recurso KLCE202300818, pág. 515.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 4

La parte demandante entiende que, el demandado consintió 

al negocio ocurrido durante el 1994, además, se configuró la 

prescripción adquisitiva ordinaria sobre el bien inmueble en 

controversia, al ser poseído por el causante, en conjunto 

con la parte antecesora, mediante justo título, de manera 

pública, pacífica ininterrumpidamente y de buena fe, en 

exceso del período dispuesto en el Código Civil de Puerto 

Rico entonces vigente. Por lo que procede declarar el 

inmueble en cuestión como parte del caudal hereditario.

Por su parte el demandado argumenta que, en el presente 

caso no existe controversia alguna sobre el hecho de que 

fue él quien adquirió el inmueble en Patillas, conforme a la 

escritura 1 autorizada por la Notario Público Ana J. Bernier 

el 17 de enero de 1984, y que las escrituras 5 del 18 de abril 

de 1994 ante el Notario Público Ramiro Rodríguez Ramos y 

la 59 del 14 de octubre de 1998 ante la Notario Público 

Lucia Rivera González, no tienen efecto jurídico.

Siendo la Sentencia Sumaria un remedio discrecional y 

luego de haber evaluado las mociones y sus anejos 

correspondientes el Tribunal identifica una controversia que 

le impide disponer de forma sumaria la titularidad del 

inmueble en cuestión. Lo que procede es la celebración de 

un Juicio Plenario donde se puedan dilucidar todas las 

controversias entre las partes.11

Finalmente, el foro de instancia declaró no ha lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial de la Sra. Ethelyn Bernier, por no ser el 

vehículo apropiado para adjudicar en torno a la propiedad sita en Patillas 

por lo que será un asunto debe ventilarse en el juicio.12

En lo pertinente al recurso KLCE202300838 ante nuestra 

consideración, el 9 de febrero de 2023, el Sr. Mitchel Rivera presentó una 

Moción de sentencia sumaria parcial en relación al inmueble ubicado en 

Patillas,

13 con el planteamiento de “que el inmueble sito en el Municipio de 

Patillas no pertenece al caudal hereditario [,] y que le pertenece de forma 

exclusiva”

14 y solicitó al TPI lo siguiente:

(A) Declare nulo, simulado y sin causa la escritura 5 

otorgada el 18 de abril de 1994 ante Ramiro Rodríguez 

Ramos [;]

(B) Declare nulo, simulado y sin causa la escritura 59

otorgada el 14 de abril de 1998 ante Lucía Rivera

González [;]

(C) Ordene al Registrador a cancelar las inscripciones 12 y

13 en la finca 4321 de Patillas [;] y

(D) Ordene a los respectivos notarios y/o archiveros

notariales en custodia de los respectivos instrumentos 

11 Apéndice del recurso KLCE202300818, págs. 516-517.

12 Apéndice del recurso KLCE202300818, pág. 517.

13 Apéndice del recurso KLCE202300838, págs.69-113.

14 Apéndice del recurso KLCE202300838, pág. 82.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 5

públicos antes relacionados expedir nota marginal al 

instrumento proveyendo para el cierre de dichas 

escrituras[s] de forma tal que se tome conocimiento de 

la declaración de nulidad y simulación y se prohíba la 

expedición de copia certificada alguna para evitar 

cualquier consecución en perjuicio que pueda 

ocasionar[.]

15

Luego de los trámites de rigor, el 3 de mayo de 2023, el TPI emitió 

una Resolución que declaró no ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial presentada por el Sr. Mitchell Bernier, el 3 de mayo de 2023.

16

Luego de evaluar “las mociones, sus anejos y el expediente judicial”, el 

foro recurrido expuso los hechos que no están en controversia, como 

sigue:

1. El 17 de enero de 1984 Mitchell Bernier Rivera adquirió 

la siguiente propiedad inmueble. Véase Anejo I de la 

Moción de Sentencia Sumaria Parcial (M.S.S.P.).

2. Mitchell Bernier Rivera es hijo del causante y heredero.

Véase Anejo II de la M.S.S.P.

3. El Sr. Bernier Rivera adquirió de Adelaida Santiago, 

María Virginia Rivera Santiago, Miguel Ángel Rivera 

Santiago, Juanita Rivera Santiago, Rafael Rivera 

Santiago, Ramira Rivera Santiago y José Antonio Rivera 

Santiago el bien inmueble por el precio de $52,000.00. 

Véase Anejo I de la M.S.S.P.

4. El precio fue satisfecho mediante la cantidad de 

$10,000.00 que fueron entregados al momento del 

otorgamiento y la asunción de la responsabilidad 

hipotecaria por el importe de $29,824.63, y una segunda 

hipoteca por el importe de $12,175.37 de conformidad 

con los términos y condiciones de la escritura. Véase 

Anejo I de la M.S.S.P.

5. La primera hipoteca se registró al Folio 54 de la Finca 

4321 de Patillas del Registro de la Propiedad de 

Guayama bajo la inscripción octava y según la escritura 

466 ante el Notario Público Wendell W. Colón el 26 de 

septiembre de 1978. Véase Anejo IX de la M.S.S.P.; 

fotos digitales Finca 4321.

6. La hipoteca fue objeto de una modificación por Mitchell 

Bernier Rivera bajo la escritura 135. Véase Anejo IX de 

la M.S.S.P.; fotos digitales Finca 4321.

7. La segunda hipoteca fue constituida el mismo día del 

otorgamiento de la compraventa, o sea, el 17 de enero 

de 1984. Véase Anejo III de la M.S.S.P.

8. El 18 de abril de 1994 Sr. Mitchell Bernier León, vendió 

el Inmueble a Juan Pérez Rivera y su esposa Lydia Cruz 

García, mediante escritura de Compraventa y 

Reconocimiento de Hipoteca. Véase Anejo VI de la 

M.S.S.P.

9. En la escritura de Compraventa y Reconocimiento de 

Hipoteca las partes manifestaron que realizan una venta 

por el importe de $60,000.00 de los cuales $35,000.00 

se retuvieron para pagar el balance del principal de las 

15 Id.

16 Apéndice del recurso KLCE202300838, págs. 898-904.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 6

hipotecas que gravaban el inmueble y $25,000.00 fueron 

entregados con anterioridad al otorgamiento. Véase 

Anejo VI de la M.S.S.P.

10.El 18 de abril de 1994, Juan Pérez Rivera y la Sra. Lydia 

Cruz García otorgan un poder general designando a 

Mitchell Bernier León como su apoderado, en la cual se 

le autorizaba a llevar a cabo todos los actos de 

administración y disposición, incluyendo venta y 

donación, sobre el inmueble. Véase Anejo VII de la 

M.S.S.P.

11.Juan Pérez Rivera falleció intestado el 28 de marzo de 

2015 y le hereda el tercero demandado Heriberto Pérez 

Cruz y su esposa Lydia Cruz García en la cuota viudal 

usufructuaria. Véase Anejo VIII de la M.S.S.P.

12.El 14 de octubre de 1998 comparecen Juan Pérez Rivera 

y la Sra. Lydia Cruz García para venderle el predio a 

Mitchell Bernier León. Véase Anejo X de la M.S.S.P

13.Las partes indican que ambas hipotecas fueron 

satisfechas y que Mitchell Bernier León tiene el pagaré 

para cancelarlo. Véase Anejo X de la M.S.S.P.

14.Juan Pérez Rivera y la Sra. Lydia Cruz García indican 

que el precio de compra de $60,000.00 fue recibido de 

manos de Mitchell Bernier León con anterioridad al 

otorgamiento. Véase Anejo X de la M.S.S.P.

15.El 30 de octubre de 1998 Mitchell Bernier León 

comparece ante la Notario Lucia Rivera González para 

cancelar ambos pagares hipotecarios saldos desde el 11 

de enero de 1989 y 18 de junio, de 1993, 

respectivamente. Véase Anejo V de la M.S.S.P.17

El TPI determinó que está en controversia, “[s]i el inmueble sito en 

Patillas pertenece al caudal hereditario del Sr. Mitchell Bernier de León o 

al Sr. Mitchell Rivera”

18 y, expuso sus conclusiones de derecho, como 

sigue:

Corresponde al Tribunal determinar si, procede lo solicitado 

por el demandado y reconoce el inmueble como un bien 

perteneciente al demandado.

Entiende el demandado que, no existe controversia material 

y genuina sobre la simulación del precio en las sucesivas 

escrituras de compraventa con el fin de privar al verdadero 

dueño Mitchell Bernier Rivera de la titularidad del inmueble 

en Patillas y lograr que la titularidad se refleje a nombre del

causante Mitchell Bernier De León a través de los 

intermediarios el Sr. Juan Pérez Rivera y la Sra. Lydia Cruz 

García. Por lo que, el inmueble ubicado en el Municipio de 

Patillas no pertenece al caudal relicto objeto de división en 

el presente litigio.

La parte demandante argumenta que, el titular registral es el 

causante, y si el demandado reclama el inmueble es 

privativo suyo tiene el peso de la prueba de así demostrarlo, 

lo cual no ha sido capaz de hacer pues vive en la indigencia 

dependiendo de beneficencia social en el estado de Nueva 

York.

17 Apéndice del recurso KLCE202300838, págs. 900-902.

18 Apéndice del recurso KLCE202300838, pág. 902.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 7

Siendo la Sentencia Sumaria un remedio discrecional y 

luego de haber evaluado las mociones y sus anejos 

correspondientes el Tribunal identifica una controversia que 

le impide disponer de forma sumaria la titularidad del

inmueble en cuestión. Lo que procede es la celebración de 

un Juicio Plenario donde se puedan dilucidar todas las 

controversias entre las partes.19

Finalmente, el foro de instancia declaró no ha lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial en relación al inmueble ubicado en Patillas, 

presentada por el Sr. Mitchell Rivera y dispuso que la titularidad será un 

asunto que debe ventilarse en el juicio.20

En lo pertinente al recurso KLCE202300839 ante nuestra 

consideración, el 9 de febrero de 2023, el Sr. Mitchel Rivera presentó una 

Moción de sentencia sumaria en cuanto a la demanda de intervención21

presentada por su ex esposa, la Sra. Celeste Cintrón. Solicitó la 

desestimación de la demanda de intervención y la Sra. Cintrón se 

opuso.22

Luego de los trámites de rigor, el 3 de mayo de 2023, el TPI emitió 

una Resolución que declaró no ha lugar la Moción de sentencia sumaria 

en cuanto a la demanda de intervención presentada por el Sr. Mitchell 

Bernier, el 3 de mayo de 2023.

23 Luego de evaluar “las mociones, sus 

anejos y el expediente judicial”, el foro recurrido expuso los hechos que 

no están en controversia, como sigue:

1. Celeste Cintrón y Mitchell Bernier Rivera contrajeron 

matrimonio en la ciudad de New York el 3 de septiembre 

de 1981. Véase Anejo I de la Moción de Sentencia 

Parcial en cuanto a la Reconvención.

2. Durante su matrimonio las partes procrearon un hijo, de 

nombre Mitchell Bernier, el cual nació el 13 de junio de 

1982. Véase Anejo II de la Moción de Sentencia Parcial 

en cuanto a la Reconvención.

3. El matrimonio antes descrito fue disuelto mediante 

sentencia de divorcio emitida el 27 de abril de 1987, en 

el Estado de New York, por el Hon. Martin Schneier.

Véase Anejo II de la Moción de Sentencia Parcial en 

cuanto a la Reconvención.

4. Celeste Cintrón nunca solicitó división de activos 

maritales y limitó su pedido a la disolución del 

matrimonio, aspectos de custodia, pensión para el hijo 

19 Apéndice del recurso KLCE202300838, págs. 903-904.

20 Apéndice del recurso KLCE202300838, pág. 904.

21 Apéndice del recurso KLCE202300839, págs. 160-254.

22 Apéndice del recurso KLCE202300839, págs. 255-278.

23 Apéndice del recurso KLCE202300839, págs. 279-284.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 8

menor de edad, relaciones paternofiliales y volver a 

utilizar su nombre de soltera Celeste Cintrón. Véase 

Anejo IV de la Moción de Sentencia Parcial en cuanto a 

la Reconvención.

5. El 17 de enero de 1984, el Sr. Mitchell Bernier Rivera 

adquirió un inmueble' en el Municipio de Patillas el 17 

de enero de 1984. Véase Anejo VII de la Moción de 

Sentencia Parcial en cuanto a la Reconvención.24

El TPI determinó que está en controversia, “[s]i la propiedad 

inmueble sita en el Municipio de Patillas es ganancial por haber sido 

adquirido durante la vigencia del matrimonio o si por el contrario 

pertenece privativamente al demandado”

25 y, expuso sus conclusiones de 

derecho, como sigue:

Corresponde al Tribunal determinar si, procede lo solicitado 

por el demandado y reconoce el inmueble como un bien 

perteneciente al demandado.

Entiende el demandado que; la adquisición del inmueble es 

imputable a su esfuerzo, capital e industria; mientras que la 

interventora no hizo aportación alguna. Al haber inexistencia 

de controversia genuina en cuanto a la falta de méritos de la 

demanda de intervención lo que procede es el dictamen

sumario de los autos.

La parte interventora argumenta que, la parte demandada y 

promovente de la solicitud de sentencia sumaria no ha 

demostrado con claridad que no existen controversias sobre 

hechos materiales respecto a la intervención. Además, no 

ha presentado evidencia que contravenga la presunción iuris

tantum de que el bien inmueble que yace en la 

municipalidad de Patillas y respecto al cual la interventora 

solicita se decrete su derecho de participación sobre la 

propiedad por ser ganancial al ser adquirido durante la 

vigencia del matrimonio entre ambos y respecto al cual no 

se estableció régimen económico especial de

capitulaciones.

Siendo la Sentencia Sumaria un remedio discrecional y 

luego de haber evaluado las mociones y sus anejos 

correspondientes ante el Tribunal no quedó demostrado que 

el inmueble en cuestión es uno privativo del demandado, por 

lo que, no se puede disponer de los autos de forma 

sumaria.26

Finalmente, el foro de instancia declaró no ha lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por el Sr. Mitchell Rivera, en cuanto al

reclamo de la desestimación de la Demanda de Intervención presentada 

por su ex esposa, Sra. Celeste Cintrón, y dispuso que “[c]ualquier 

24 Apéndice del recurso KLCE202300839, pág. 281.

25 Apéndice del recurso KLCE202300839, págs. 282.

26 Apéndice del recurso KLCE202300839, págs. 283-284.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 9

remedio que pueda surgir de la demanda de intervención tendrá que 

esperar a la celebración del juicio en su fondo.”

27

Inconformes, los peticionarios, Sra. Ethelyn Bernier y Sr. Mitchell

Bernier, respectivamente, presentaron sus señalamientos de errores, en

sus correspondientes recursos de certiorari consolidados, como sigue:

KLCE202300818

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR

COMETIÓ ERROR EL TPI AL NEGARSE A ESTABLECER 

COMO HECHO PROBADO, ADICIONAL A LOS 10 NO 

CONTROVERTIDOS INCLUÍDOS EN SU RESOLUCIÓN, 

EL SIGUIENTE: “EN 1989, LA TERCERA DEMANDADA, 

LYDIA CRUZ GARCÍA, PAGÓ EL MONTO DE $10,279.16

DEL BALANCE DE $12,175.37 DE LA SEGUNDA 

HIPOTECA INCURRIDA POR EL DEMANDADORECURRIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD

EN 1984.”

SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR

ANTE LAS DETERMINACIONES DE HECHOS NO 

CONTROVERTIDAS QUE EL DEMANDADO CONCEDIÓ 

AL CAUSANTE EN 1981 UN PODER PARA “EJERCER

CUALQUIER TIPO DE TRANSACCIONES DE BIENES 

MUEBLES O ‘REAL ESTATE TRANSACTIONS’ Y QUE 

“DICHO PODER NUNCA FUE REVOCADO Y ESTABA

VIGENTE HASTA EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTEMANDATARIO EN OCTUBRE DE 2018” (Hechos núm. 1 y 2 

de la Resol. de 3 de mayo), COMETIÓ ERROR EL TPI AL 

NO CONCLUIR QUE EL DEMANDADO-MANDANTE

QUEDABA OBLIGADO POR TODOS LOS ACTOS DEL 

CAUSANTE-MANDATARIO REALIZADOS MEDIANTE EL 

PODER, POR LO QUE QUEDABA OBLIGADO POR LA 

VENTA DE LA PROPIEDAD EN EL 1994.

TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR

COMETIÓ ERROR EL TPI AL NO CONCLUIR QUE, EN 

ATENCIÓN A QUE HUBO UN PODER EXPRESO Y 

VIGENTE EL CUAL AUTORIZABA AL CAUSANTE A 

COMPRAR Y VENDER BIENES INMUEBLES EN NOMBRE 

DEL DEMANDADO-RECURRIDO DESDE JULIO 1981 

HASTA OCTUBRE DE 2018, ESTE ÚLTIMO ESTÁ

IMPEDIDO DE IR CONTRA SUS PROPIOS ACTOS PARA 

IMPUGNAR LA VALIDEZ DE LA TRANSACCIÓN DE 

COMPRAVENTA LLEVADA A CABO EN 1994, MEDIANTE 

LA CUAL SE VENDIÓ LA PROPIEDAD A JUAN PÉREZ Y 

LYDIA CRUZ.

CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR

COMETIÓ ERROR EL TPI AL NO DECRETAR QUE LA

PRESCRICIÓN ADQUISITIVA ORDINARIA DE 20 AÑOS 

ENTRE AUSENTES OPERA EN FAVOR DE DECLARAR 

AL CAUSANTE PROPIETARIO DEL INMUEBLE EN 

CONTROVERSIA Y, POR LO TANTO, EL INMUEBLE 

PERTENECIENTE AL CAUDAL HEREDITARIO Y/O NO 

27 Apéndice del recurso KLCE202300839, pág. 284.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 10

DECRETAR QUE EL CAUSANTE ADVINO LEGALMENTE 

EN TITULAR DE LA PROPIEDAD.

KLCE202300838

PRIMER ERROR IMPUTADO

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

CONCLUIR QUE EXISTÍAN CONTROVERSIAS 

MATERIALES DE HECHOS QUE LE IMPEDÍAN 

CONCLUIR QUE EL PRECIO EN LA ESCRITURA 5 DEL 18 

DE ABRIL DE 1994 ANTE EL NOTARIO PÚBLICO RAMIRO

RODRÍGUEZ RAMOS ERA SIMULADO.

SEGUNDO ERROR IMPUTADO

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

CONCLUIR QUE EXISTÍAN CONTROVERSIAS 

MATERIALES DE HECHOS QUE LE IMPEDÍAN 

CONCLUIR QUE EL PRECIO EN LA ESCRITURA 59 DEL 

14 DE ABRIL DE 1998 ANTE EL NOTARIO PÚBLICO 

RAMIRO RODRÍGUEZ RAMOS ERA SIMULADO.

TERCER ERROR IMPUTADO

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

DETERMINAR LA INEXISTENCIA DE UNA 

CONTROVERSIA GENUINA SOBRE EL HECHO QUE EL 

CAUSANTE MITCHELL BERNIER DE LEÓN ERA (A) EL 

APODERADO DE FORMA SIMULTANEA DE SU HIJO 

MITCHELL BERNIER RIVERA Y (B) DEL SUPUESTO

COMPRADOR/VENDEDOR EL SR. JUAN PÉREZ RIVERA 

Y (C) DE LA SUPUESTA COMPRADORA/VENDEDORA LA 

SRA. LYDIA CRUZ GARCÍA Y POR LO TANTO EXISTÍA 

UNA PROHIBICION EXPRESA DE DISPOSICIÓN DE 

BIENES CONFORME AL ARTÍCULO 1348(2) DEL CÓDIGO 

CIVIL DE 1930, 31 LPRA SEC. 3773.

KLCE202300839

PRIMER ERROR IMPUTADO

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

CONCEDER LA SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA 

EN CUANTO A LA CAUSA DE ACCIÓN DE “CHILD 

SUPPORT” A PESAR DE QUE NO EXISTE

CONTROVERSIA GENUINA SOBRE EL HECHO DE QUE 

EN UNA ACCIÓN SIMULTÁNEA ENTRE LAS MISMAS 

PARTES EL ESTADO DE NEW YORK DETERMINÓ QUE 

LA MISMA ESTÁ PRESCRITA Y, POR LO TANTO, EXISTE 

UN IMPEDIMENTO DE COSA JUZGADA PARA 

CONTINUAR CON LA ACCIÓN EN PUERTO RICO.

SEGUNDO ERROR IMPUTADO

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE ENTRE MITCHELL BERNIER RIVERA 

Y CELESTE CINTRÓN SE CONSTITUYÓ UNA SOCIEDAD 

DE BIENES GANANCIALES POR VÍA DE LA DOCTRINA 

DE LEX SITUS Y UNA INTERPRETACION ERRADA DE 

ROSELLÓ PUIG V. RODRÍGUEZ, 183 DPR 81 (2011) AL 

IGNORAR LA DISTINCIÓN DE ROSELLÓ PUIG, SUPRA, A 

LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 1277 DEL CÓDIGO 

CIVIL.
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 11

TERCER ERROR IMPUTADO

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

RECONOCER QUE LA SENTENCIA QUE CONTROLA LA 

DISPOSICIÓN ECONÓMICA DEL MATRIMONIO ENTRE 

MITCHELL BERNIER Y CELESTE CINTRÓN ES LA 

SENTENCIA DEL 27 DE ABRIL DE 1987 EMITIDA EN EL 

ESTADO DE NEW YORK.

CUARTO ERROR IMPUTADO

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

RECONOCER QUE LOS TRIBUNALES DE PUERTO RICO

CARECEN DE JURISDICCIÓN PARA RELEVAR DE SUS 

EFECTOS UNA SENTENCIA EMITIDA EN EL ESTADO DE 

NEW YORK Y, AÚN SI DECIDIERA ASUMIR 

JURISDICCIÓN, EL DERECHO DE RIGOR SERÍ 

ESTRICTAMENTE EL DE NEW YORK.

QUINTO ERROR IMPUTADO

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO

DETERMINAR QUE EL ÚNICO REMEDIO DISPONIBLE 

PARA LA INTERVENTORA CELESTE CINTRÓN SERÍA EL 

DE LA CREACIÓN DE UN FIDEICOMISO 

CONSTRUCTIVO Y ESTO, DE IGUAL FORMA, ESTA

PRESCRITO.

SEXTO ERROR IMPUTADO

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

DETERMINAR, EN LA ALTERNATIVA DE QUE SE 

DETERMINE JURISDICCIÓN Y UTILICE EL DERECHO DE 

PUERTO RICO, QUE LA CAUSA DE ACCIÓN DE LA 

PARTE INTERVENTORA SOBRE EL INMUEBLE EN 

PATILLAS ESTÁ PRESCRITA.

II

A. Certiorari

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012), que cita a: Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso 

discrecional, para el cual existen unos parámetros que sirven de guía al 

momento de decidir si debemos expedir o denegar el auto. IG Builders v. 

BBVAPR, supra. De esta forma, el asunto que se nos plantee en el 

recurso de certiorari debe tener cabida dentro de alguna de las materias 

reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1 (Regla 52.1). En específico, la Regla 52.1 dispone lo siguiente: 

[...]

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 12

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. [...] (Énfasis nuestro.)

Conforme a lo dispuesto en la anterior disposición legal y la 

jurisprudencia interpretativa, nos corresponde realizar un análisis dual 

para determinar si se expide o no un auto de certiorari. Este examen 

consta de una parte objetiva y otra parte subjetiva. Por ello, en primer 

lugar, tenemos que analizar si la materia contenida en el recurso de 

certiorari tiene cabida dentro de una de las materias específicas 

establecidas en la Regla 52.1, toda vez que esta enumera taxativamente 

bajo qué supuestos se podrá expedir el auto de certiorari. En aquellos 

escenarios, en los que la materia no esté comprendida dentro de la citada 

regla, el tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari. 

Así las cosas, el primer examen al que debemos someter todo 

recurso de certiorari para determinar si debemos expedirlo es que debe 

tratar sobre alguna de las materias especificadas en la citada Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra. Este examen es mayormente objetivo. Por 

esto, se ha señalado que “los litigantes deben abstenerse de presentar 

recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de asuntos que 

no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 

476. 

Superada esta etapa, corresponde analizar si bajo la discreción 

concedida a este tribunal revisor mediante la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (Regla 40), 

debemos o no expedir el auto de certiorari. A esos fines, la Regla 40 
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 13

establece los criterios que debemos tomar en consideración para 

determinar si expedimos o no un auto de certiorari, como sigue: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa

evita un fracaso de la justicia. 

De acuerdo con lo dispuesto en la citada Regla 40, supra, 

debemos evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la 

etapa del procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar 

si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio.” Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Así pues, la discreción judicial “no se 

da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”,28 sino que como 

Tribunal revisor debemos ceñirnos a los criterios antes citados. Si luego 

de evaluar los referidos criterios, este tribunal decide no expedir el 

recurso, podemos fundamentar nuestra determinación, mas no tenemos 

la obligación de así hacerlo.29

B. Sentencia Sumaria

En nuestro ordenamiento jurídico, la sentencia sumaria se rige por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. R. 36. Este 

mecanismo “responde al propósito de aligerar la conclusión de los pleitos 

28 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

29 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 14

eliminando el juicio en su fondo, pero siempre y cuando no exista una 

legítima disputa de hecho a ser dirimida, de modo que lo restante sea 

aplicar el derecho solamente”. (Énfasis nuestro.) Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001). Conforme la letra de la Regla 36. 1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.1, para poder adjudicar en

los méritos una moción de sentencia sumaria a favor del reclamante, lo 

que se requiere es que se presente “una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente” ya sea 

sobre la totalidad de la reclamación o parte de esta. En este sentido, un 

hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.” Meléndez González et 

al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Por ello, “[l]a controversia 

debe ser de una calidad suficiente como para que sea necesario que un 

juez la dirima a través de un juicio plenario”. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 213 (2010).

En armonía con lo anterior, la sentencia sumaria solo debe dictarse 

en casos claros. Si no existe certeza sobre todos los hechos materiales 

en la controversia, no procede que se dicte sentencia sumaria. Sin 

embargo, se ha establecido que la sentencia sumaria, “[p]rocede, aunque

se hayan alegado hechos que aparenten estar en controversia, pero 

cuando el promovente logre demostrar preponderantemente, y mediante 

dicha prueba documental, que en el fondo no existe controversia sobre 

los hechos medulares.” Jusino et als. v. Walgreens, supra, a la pág. 577. 

Ante esta situación, la parte promovida debe “defenderse de la misma 

forma, es decir, apoyándose a su vez de documentos u otra evidencia 

admisible.” Id. 

Asimismo, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3, establece unos requisitos de forma a ser cumplidos por la parte 

promovente y la parte promovida. Si el promovente incumple con los 
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 15

requisitos de forma, “el tribunal no estará obligado a considerar su 

pedido.” Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a la pág. 111. Del 

mismo modo, si el promovido es quien incumple dichos requisitos “el 

tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente, si 

procede en derecho.” Id.

En fin, toda vez que la sentencia sumaria es un remedio de 

carácter discrecional, “[e]l sabio discernimiento es el principio rector para 

su uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante 

de ‘su día en corte’, principio elemental del debido proceso de ley.” Mgmt. 

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). Siendo esto así, 

solo procede que se dicte la sentencia sumaria “cuando surge de manera 

clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no 

puede prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia.” Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a las págs. 109-

110, que cita a: Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012).

Según se ha reiterado jurisprudencialmente, este tribunal revisor se 

encuentra en la misma posición que el foro de primera instancia al 

determinar si procede o no una sentencia sumaria. Sin embargo, al 

revisar la determinación del tribunal primario, estamos limitados de dos 

maneras: (1) considerar solamente los documentos que se presentaron 

ante el foro de primera instancia; y (2) determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho 

se aplicó de forma correcta. Esto es, estamos impedidos de adjudicar los 

hechos materiales esenciales en disputa. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 

308, 334-335 (2004). El deber de adjudicar hechos materiales y 

esenciales es una tarea que le compete al Tribunal de Primera Instancia y 

no al foro intermedio. 

A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el 

estándar específico que debemos utilizar como tribunal revisor al 

momento de evaluar determinaciones del foro primario en las que se 
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 16

conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria. En lo pertinente, 

dispuso que “[l]a revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 

debe examinar el expediente de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor.” Meléndez 

González v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118. Además, reiteró que, por 

estar en la misma posición que el foro primario, revisaremos que la 

moción de sentencia sumaria y su oposición cumplan con los requisitos 

de forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento Civil. Id. Por lo 

cual, luego que culminemos nuestra revisión del expediente, de encontrar 

que en realidad existen hechos materiales y esenciales en controversia, 

debemos tener en cuenta el cumplimiento de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.4, y exponer concretamente 

cuáles hechos materiales están controvertidos y cuáles están 

incontrovertidos. Por el contrario, de resultar que los hechos materiales y 

esenciales realmente están incontrovertidos, entonces nos corresponde 

revisar de novo si el foro impugnado aplicó correctamente el 

derecho a los hechos incontrovertidos. Id., a la pág. 119.

III

La Sra. Ethelyn Bernier recurre de una resolución emitida el 3 de 

mayo de 2023 por el TPI, que declaró no ha lugar su moción de sentencia 

parcial. Nos señala, en el recurso KLCE202300818, que el TPI se 

equivocó al negarse a establecer como hecho probado, que “en 1989, la 

tercera demandada, Lydia Cruz García, pagó el monto de $10,279.16 del 

balance de $12,175.37 de la segunda hipoteca incurrida por el 

demandado-recurrido para la adquisición de la propiedad en 1984”. 

Añade que el foro recurrido erró “al no concluir que el demandadomandante quedaba obligado por todos los actos del causante-mandatario 

realizados mediante el poder, por lo que quedaba obligado por la venta de 

la propiedad en el 1994, “al no concluir que, en atención a que hubo un 

poder expreso y vigente el cual autorizaba al causante a comprar y 
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 17

vender bienes inmuebles en nombre del demandado-recurrido desde julio 

1981 hasta octubre de 2018, este último está impedido de ir contra sus 

propios actos para impugnar la validez de la transacción de compraventa

llevada a cabo en 1994, mediante la cual se vendió la propiedad a Juan 

Pérez y Lydia Cruz” y “al no decretar que la prescripción adquisitiva 

ordinaria de 20 años entre ausentes opera en favor de declarar al 

causante propietario del inmueble en controversia y, por lo tanto, el 

inmueble perteneciente al caudal hereditario y/o no decretar que el 

causante advino legalmente en titular de la propiedad.”

El Sr. Mitchell Bernier recurre de dos (2) resoluciones emitidas por 

el TPI el 3 de mayo de 2023 que declaran no ha lugar dos (2) mociones 

de sentencia sumaria. Nos señala en el recurso KLCE202300838 que el 

TPI erró al “concluir que existían controversias materiales de hechos que 

le impedían concluir que el precio en la Escritura 5 del 18 de abril de 1994 

ante el notario público Ramiro Rodríguez Ramos era simulado”, “al 

concluir que existían controversias materiales de hechos que le impedían 

concluir que el precio en la Escritura 5 del 18 de abril de 1994 ante el 

notario público Ramiro Rodríguez Ramos era simulado” y, “al no 

determinar la inexistencia de una controversia genuina sobre el hecho 

que el causante Mitchell Bernier de León era (a) el apoderado de forma 

simultánea de su hijo Mitchell Bernier Rivera y (b) del supuesto 

comprador/vendedor el Sr. Juan Pérez Rivera y (c) de la supuesta 

compradora/vendedora la Sra. Lydia Cruz García y por lo tanto existía 

una prohibición expresa de disposición de bienes conforme al Artículo 

1348(2) del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3773.”

En cuanto al recurso KLCE202300839, el Sr. Mitchell Bernier nos 

señala que el TPI se equivocó “al no conceder la solicitud de sentencia 

sumaria en cuanto a la causa de acción de “child support” a pesar de que 

no existe controversia genuina sobre el hecho de que en una acción 

simultánea entre las mismas partes el Estado de New York determinó que 

la misma está prescrita y, por lo tanto, existe un impedimento de cosa 
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 18

juzgada para continuar con la acción en Puerto Rico”, “al no conceder la 

solicitud de sentencia sumaria en cuanto a la causa de acción de “child 

support” a pesar de que no existe controversia genuina sobre el hecho de 

que en una acción simultánea entre las mismas partes el Estado de New 

York determinó que la misma está prescrita y, por lo tanto, existe un 

impedimento de cosa juzgada para continuar con la acción en Puerto 

Rico”, “al no reconocer que la sentencia que controla la disposición 

económica del matrimonio entre Mitchell Bernier y Celeste Cintrón es la 

sentencia del 27 de abril de 1987 emitida en el Estado de New York” , “al 

no reconocer que los tribunales de Puerto Rico carecen de jurisdicción 

para relevar de sus efectos una sentencia emitida en el Estado de New 

York y, aún si decidiera asumir jurisdicción, el derecho de rigor sería 

estrictamente el de New York”, “al no determinar que el único remedio 

disponible para la interventora Celeste Cintrón sería el de la creación de 

un fideicomiso constructivo y esto, de igual forma, esta prescrito”, y “al no 

determinar, en la alternativa de que se determine jurisdicción y utilice el 

derecho de Puerto Rico, que la causa de acción de la parte interventora 

sobre el inmueble en Patillas está prescrita.

Primeramente, por tratarse de tres (3) recursos de certiorari, nos 

corresponde evaluar si los asuntos ante nuestra consideración versan

sobre alguna de las materias contenidas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil. La contestación a dicha interrogante es en la 

afirmativa, ya que se recurre de la denegación de tres (3) mociones 

dispositivas. Ambos peticionarios recurren de resoluciones emitidas por el 

TPI, las cuales declaran no ha lugar sus mociones de sentencia sumaria.

Lo anterior, ciertamente, incide sobre un asunto contenido en la 

Regla 52.1. De tal forma, tenemos jurisdicción bajo dicha disposición 

legal. Ahora bien, en segundo lugar, debemos examinar el asunto que se 

nos plantea a la luz los criterios contenidos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento. 
KLCE202300818 cons. KLCE202300838, KLCE202300839 19

Luego de revisar de novo los documentos que acompañaron las

mociones de sentencia sumaria presentadas por la Sra. Ethelyn Bernier y 

el Sr. Mitchell Bernier, así como las mociones de oposición, y las tres (3) 

resoluciones recurridas, no encontramos que el tribunal primario haya 

incurrido en un abuso de discreción o que haya actuado bajo prejuicio o 

parcialidad que acarree un fracaso de la justicia. Tampoco se demostró 

que el foro recurrido se haya equivocado en la interpretación o aplicación 

de una norma procesal ni que, intervenir en esta etapa, evitaría un 

perjuicio sustancial contra la parte peticionaria. Por ello, cónsono con los 

principios antes esbozados, resolvemos denegar la expedición del auto 

de certiorari. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir los tres 

(3) autos de certiorari solicitados. En consecuencia, devolvemos el caso 

al foro primario para la continuación de los procedimientos. 

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones