Nú mero Ide nt if i ca d or RES 2 0 2 4

_

_____ __ _ __ ____ ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL VII ESPECIAL

E THELYN BERNI ER VELÁZQUEZ

PETICIONARI O

v.

MITCHELL BERNIER RIVERA Y OT ROS

RECURRID O S KLCE202300 818

KLCE202300838

KLCE202300839 consolidados Certi

orari pr ocede nte del Tribuna l de Prime ra Instan c i a , Sal a S u p eri or d e Salina s

Ca so Núm ero : GM2019CV00124

Sobre : División o liquidación de la comunidad de bienes hereditarios Pa n el integrado po r s u president a , la Juez Ortiz Flores
, la Juez B rigno ni M árt ir y el Juez Cand elaria Rosa

Ortiz Flores, Juez ponente

RESOLUCI Ó N

En San J uan, Pue rto Rico, a 2 5 de marzo de 202 4

. Comparece n en los tres ( 3) re cur sos de certiorari consolida dos del
epígrafe
, los peticionarios Ethelyn Bernier Vel á zquez y Mitchell Bernier

Rivera ( Sra, Et he lyn Bernier y Sr. Mitchell B ernier)
, respec t ivamente
, como sigue:

1. En el recurso KLCE202300818, la Sra. Ethe lyn Bernier nos sol i cita que se expida el auto discrecio na l de certiorari y se revoque una R esolución emitida y notif icada el 3 de mayo de 2023
, por el Tribunal de P rimera I nstancia, Sala Superior de S alinas ( TPI)
, que declaró no ha lugar una M oción de s entencia s u m aria p arcial ; 1

2. en el recurso KLCE202300 838, el Sr. Mitchell Bernier nos solicita que se expida el auto discrecional de certiora ri y se revoque una Resolución emitida y notificada el 3 de mayo de 2023 por el TPI
, que declaró no ha lugar una Moción de s entencia s umaria parcial con relación al i

nmuebl e ubicado en P

a tillas ; 2 y

3. e n el recurso KLCE202300 83 9
, el Sr. Mitchell Bernier
nos sol i cita que se expi da el auto discrecional de certiorari y se re voque un a R esolución emitida y notif icada el 3 de mayo de 2023 por el TPI que declaró no ha lugar una M

oción de s entencia s umaria en cuanto
a una d emanda de i

ntervenció n

. 3

A delantamos que s e den iega la expedición del auto de c ertiorari en
los tres (3) re cursos consolidados

.

1 Ap é ndice del recurso KL CE2023008 18, p á gs. 51 0

- 517

. 2 Ap é ndice del recurso KL CE2023008 3 8, p á gs. 69

- 113

. 3 Ap é ndice del recurso KL CE2023008 3 9
, p á gs 160

- 254

.KLCE2023 00 818 cons. KLCE202300 83 8, KLC E20230 0839 2

I

El 25 de febre ro de 2019
, la Sra. Ethelyn Be rnier present ó una

demanda ante el TPI sobre la división de una comunidad hereditaria de

bienes compuesta por ella y el Sr. Mitch ell B ernier Rivera

. 4 El 14 de

febrero de 2022
, se presentó u na D emanda d e intervención conforme a la

R egla 21 por la señora Celeste Cintrón también conocida como la señora

Celeste Bernier (Sra. Cintrón; interventora) contra el Sr. Bernier Rivera
quien f ue su esposo. 5 El Sr. Mitchell Bernier presentó , el 18 de marzo de

2022, el esc rito titulado Contestación a la demanda de intervención

. 6

E n lo perti nente al recur so KLCE202300818 ante nuestra

consideración
, el 31 de enero de 2023
, la Sra. Ethelyn Bernie r pre sentó

una Moción en Sentencia S umaria P a rcial (Inmueble en Patillas, PR ) 7

donde expone que el Sr. Mitchell Bernier
, en esencia, solicitó al foro
apelado que dec larara una pro piedad inmueble ub icada en la carretera

número 3, Km. 11.9, en Patillas, Puer to Ri co , como parte del caudal

hereditario de l causan te (conocido Mitchel Bern ier de León, Mi tchell
Bernier, Mitchell Bernier León, Mitchell Bernier Leoni y Mitchell Bernier )
, qui en falleció el 7 de octubre de 2018

. Luego de los trámites de rigor, el 3 de mayo de 2023, el TPI emitió

una Resoluci

ón que declaró no ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria

P arcial presentada por la Sr a

. Et helyn Bernier
, el 3 de mayo de 2023

. 8
Luego de evaluar “las mociones, sus anejos y el expediente judicial”, e l

foro recurrido expu so los hech o s que no están en controversia , como
sigue:

1. El 14 de julio de 1981 el demandado, libre y

voluntariamente otorgó en la ciudad de Nueva York un Poder o “Power of Attorney” apoderando al causante a ejercer cualquier tipo de transacción de bienes r aíces o “Real Estate Transactions”. Este poder o mand ato (en adelante, el “Poder”) fue protocolizado en Puerto Rico el 30 de julio de 1981, mediante escritura pública número

4 Véase
, Ap é ndice del recurs o KL CE20 23008 39
, p á gs . 1

- 3 (Demanda presentada el 25 de febrero de 2019 )

. El 15 de agosto de 2022 , se presentó una demanda enmendada
, según surge del Apendice del recurso KLCE202300 8 18
, p á gs . 1

- 3

. 5 A p é ndice del recurso KL CE202300839, p á gs

. 69

- 139.
6 A p é nd ice del recurso KL CE202300839, p á gs

. 149

- 159.
7 Apéndice del recurso KLCE202300 8 18
, pág s . 23

- 36 0.
8 Ap é ndice del recurso KL CE2023008 18, p á gs. 51 0

- 517

.KLCE202300 818 cons. KLCE2 02300838, KLCE202300839 3

13 ante el notario Héctor R. Martínez Vélez. Véase Exhibit 1 de la Moción de Sente ncia Sumaria Parcial (S.S.P.). 2. El Poder de refer encia nunca fue revocado y estaba vigente a la fecha del fallecimiento del causante el 7 de octubre de 2018. Véase Exhibit 2 de la S.S.P. 3. El 17 de enero de 1984 el demandado, por conducto del causante como s u apoderado conforme al Poder, advino
a ser titular de propiedad ubicada en el Barrio Guardarraya, Carretera Número 3, Km. 11.9, en Patillas, Puerto Rico (en adelante, el “Inmueble”). La transacción ocurrió mediante escritura número 1 sobre compraventa y a sunción de hipoteca otorgada el 17 de enero de 1984, ante la Notario Ana J. Bernier Muñoz. Véase Exhibit 3 de la S.S.P. 4. El Inmueble consta inscrito en el Registro de la Propiedad al Folio número 48, del Tomo número 93 de Patillas, finca número 4,321, Regi stro de la Propiedad de Guayama, Puerto Rico. Véase Exhibit 4 de la S.S.P. 5. El balance de cancelación ajustado cer ca del 11 de mayo de 1993, por $5,689.76 de la Primera Hipoteca, fue pagada mediante giros postales desde el PO Box 4416, Sunnyside, NY 11104. Véase Exhibit 8 de la S.P.P. 6. La dirección del remitente en los giros era la de su padre/causante en Nueva Yo rk para la fecha de la emisión de éstos. Véase Exhibit 11 de la S.S.P. 7. El 30 de octubre de 1998, ante la Notario Lucía Rivera González, se otorgó un a escritura de Cancelación de Hipoteca, mediante la cual se solicita al Registrador la cancelación de l a Primera Hipoteca y Segunda Hipoteca. Véase Exhibit 16 de la S.S.P. 8. El demandado, representado por el causante mediante el Poder, vendió el Inmueble a J uan Pérez Rivera y su esposa Lydia Cruz García, mediante escritura número 5 de Compraventa y Recon ocimiento de Hipoteca del 18 de abril de 1994, ante el notario Ramiro Rodríguez Ramos. Véase Exhibit 17 de la S.S.P. 9. Esta escritura fue inscrita en el Regist ro de la Propiedad conforme al asiento número 12 en el Folio 18 del Tomo 148 de Patillas, en e l Registro de la Propiedad de Guayama (en adelante, el “Registro”)”, y fue presentada al Registro el 2 de marzo de 1996. 10. El causante inscribió en el Registro su d erecho a “Hogar Seguro” sobre el inmueble, según consta en la nota marginal del Tomo del Folio Móvil número 214 de Patillas en el Registro, cuya presentación al Registro ocurrió el 26 de junio de 2012. Véase Exhibit 19 de la S.S.P. 9

E l TPI determinó q ue e st á en contro versia
, “ [ s]i el inmueble sito en

P a tillas pertenece al caudal hereditario del Sr

. Mitche ll Bernier de Le ón o

al Sr. Mitchell Rivera ” 10 y , expuso sus conclusione s de derecho , c omo
sigue:
Corresponde al Tribunal determinar si, procede lo solicit ado por la demandante y reconoce el inmueble como parte del caudal hereditario.

9 Apéndice d el recurso KLCE202300 8 18, pág s. 5 13

- 514

. 10 Apéndice d el recurso KLCE202300 8 18, pág . 515.KLCE2023 00 818 cons. KLCE202300 83 8, KLC E20230 0839 4

La parte demandante entiende que, el demandado consintió al negocio ocurrido durante el 1994, además, se configuró la prescripción adquisitiva ordinaria sobre el bien inmueble en controversia, al ser poseído por el causante, en co njunto con la parte antec esora, mediante justo título, de manera pública, pacífica ininterrumpidamente y de buena fe, en exceso del período dispuesto en el Código Civil de Puerto Rico entonces vigente. Por lo que procede declarar el inmueble en cuestión co mo parte del caudal hered itario.
Por su parte el demandado argumenta que, en el presente caso no existe controversia alguna sobre el hecho de que fue él quien adquirió el inmueble en Patillas, confor me a la escritura 1 autorizada por la Notario Público A na J. Bernier el 17 de en ero de 1984, y que las escrituras 5 del 18 de abril de 1994 ante el Notario Público Ramiro Rodríguez Ramos y la 59 del 14 de octubre de 1998 ante la Notario Público Lucia River a González, no tienen efecto jurídico.

Siendo la Sente ncia Sumaria un remedio d iscrecional y luego de haber evaluado las mociones y sus anejos correspondientes el Tribunal identifica una controversia que le impide disponer de forma sumaria la titularidad del inmueble en cuestión. Lo que procede es la celebrac ión de un Juicio Plenario donde se puedan dilucidar todas las controversias entre las partes. 11
Finalmente, el foro de instancia declaró no ha lugar la Moción de

Sentencia Sumaria Parcial de l a Sr a

. Et he lyn Bernier, por no ser el
vehículo apropiado para ad judicar en torno a la propiedad sita en Patillas
por lo que será un asunto debe ventilarse en el juicio. 12

En lo perti nente al recur so KLCE2023008 3 8 ante nuestra

consideración
, el 9 de febrero de 2023, el Sr. Mitchel Rivera presentó una

Moción de s entencia s umaria parcial en relación al i nmuebl e ubicado en

P a tillas
, 13 con el planteamiento de “ que el inmueble sito en el Municipio d e

Patillas no pertenece al caudal hereditario [
, ] y que le pertenece de form a

exclusiva ” 14 y sol i citó al TPI lo siguiente :
(A) D eclare n ulo, simulado y si n causa la escr itura 5 otorgada el 18 de abril de 1994 ante Rami ro Rodríguez Ramos [ ;] (B) D eclare nulo, simulado y sin causa la escritura 59 otorgada el 14 de abri l de 1998 ante Lucía R ivera González [ ;] (C) O rdene al Registrador a cancelar las inscri p ciones 12 y 13 en la finca 4321 de Patillas [ ;] y (D) O rdene a los res pectivos notarios y/o archiveros notariales e n custodia de los respectivos inst rumentos

11 Ap é ndice d el recurso KL CE2023008 18, p á gs. 51 6

- 517

. 12 Ap é ndice del recurso KL CE2023008 18, p á g

. 517

. 13 Ap é ndice del recurso KL CE2023008 3 8, p á gs. 69

- 113

. 14 Ap é ndice del recurso KL CE2023008 3 8, p á g

. 82

.KLCE202300 818 cons. KLCE2 02300838, KLCE202300839 5
públicos antes relacionados expedir no t a marginal al instrumento proveyendo para el cierre de d ichas escrituras [s ] de forma tal que se tome conocimiento de la declaración de nulidad y simulación y se proh íba la
ex p edición de copia certificad a alguna para evitar cualquier co nsecuci ón en perjuici o que pueda ocasionar [

. ] 15
Luego de los trámites de rigor, el 3 de mayo de 2023, el TPI emitió

una Resoluci

ón que declaró no ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria

P arcial presentada por el Sr. Mitchell Bernier
, el 3 de mayo de 2023

. 16
Luego de evaluar “la s mociones, sus anejos y el expediente judicial”, e l

foro recurrido expuso los hech o s que no están en controversia , como
sigue:

1. El 17 de enero de 1984 Mitchell Bernier Rivera adquirió

la siguiente propiedad inmueble . Véase Anejo I de la Moción de Sentencia Sumaria Parcial (M.S.S.P.). 2. Mitchell Bernier Rivera es hijo del causante y heredero. Véase Anej o II de la M.S.S.P. 3. El Sr . Bernier Rivera adquirió de Adelaida Santiago, María Virginia Rivera Santiago, Miguel Ángel Rivera Santiago, Juanita Rivera Santiago, Rafael Rivera Santiago, Ramira Rivera Santiago y José Antonio Rivera Santiago el bien inmueble por el precio de $52,000.0 0. Véase Anejo I de la M.S.S.P. 4. El precio fue satisfecho mediante la cantidad de $10,000.00 que fueron entregados al momento del otorga miento y la asunción de la responsabilidad hipotecaria por el importe de $29,824.63, y una segunda hipoteca por el impo rte de $12,175.37 de conformidad
con los términos y condiciones de la escritura. Véase Anejo I de la M.S.S.P. 5. La primera hipoteca se regi stró al Folio 54 de la Finca 4321 de Patillas del Registro de la Propiedad de Guayama bajo la inscripción octava y s eg ú n la escritura 466 ante el Notario Público Wendell W. Colón el 26 de septiembre de 1978. Véase Anejo IX de la M.S.S.P.; f otos digi tales Finca 4321. 6. La hipoteca fue objeto de una modificación por Mitchell Bernier Rivera bajo la escritura 135. Véase Anejo IX de la M.S.S.P.; fotos digitales Finca 4321. 7. La segunda hipoteca fue constituida el mismo día del otorgamiento de la compraventa, o sea, el 17 de enero de 1984. Véase Anejo III de la M.S.S.P. 8. El 18 de abril de 1994 Sr. Mitchell Bernier León, vendió el Inmueble a Juan Pérez Rivera y su esposa Lydia Cruz García, mediante escritura de Compraventa y Reconocimiento de Hipoteca. Véase Anej o VI de l a M.S.S.P. 9. En la escritura de Compraventa y Reconocimiento de Hipoteca las partes manifestaron que realizan una venta por el importe de $60,000.00 de los cuales $35,000.00 se retuvieron para pagar el balance del principal de las

15 Id

. 16 Ap é ndice del recurso KL CE2023008 38
, p á gs. 898

- 904

.KLCE2023 00 818 cons. KLCE202300 83 8, KLC E20230 0839 6
hipotecas que grav aban e l inmueble y $25,000.00 fueron entregados con anterioridad al otorgamiento

. Véase Anejo VI de la M.S.S.P. 10. El 18 de abril de 1994, Juan Pérez Rivera y la Sra. Lydia Cruz García otorgan un poder general designando a Mitchell Bernier León como su apoder ad o, en la cual se le autorizaba a llevar a cabo todos los actos de administración y disposición, incluyendo venta y donación, sobre el inmueble. Véase Anejo VII de la M.S.S.P. 11. Juan Pérez Rivera falleció intestado el 28 de marzo de 2015 y le hereda el te rc ero demandado Heriberto Pérez Cruz y su esposa Lydia Cruz García en la cuota viudal usufructuaria. Véase Anejo VIII de la M.S.S.P. 12. El 14 de octubre de 1998 comparecen Juan Pérez Rivera y la Sra. Lydia Cruz García para venderle el predio a Mitchell Be rnier León. Véase Anejo X de la M.S.S.P 13. Las partes indican que ambas hipotecas fueron satisfechas y que Mitchell Bernier León tiene el pagaré para cancelarlo. Véase Anejo X de la M.S.S.P. 14. Juan Pérez Rivera y la Sra. Lydia Cruz García indican que el precio de com pra de $60,000.00 fue recibido de manos de Mitchell Bernier León con anterioridad al otorgamiento. Véase Anejo X de la M.S.S.P. 15. El 30 de octubre de 1998 Mitchell Bernier León comparece ante la Notario Lucia Rivera González para cancelar ambos pagares hipot ecarios saldos desde el 11 de enero de 1989 y 18 de junio , de 1993, respectivamente. Véase Anejo V de la M.S.S.P. 17

El TPI determinó que está en controversia
, “ [ s]i el inmueble sito en

P a tillas pertenece al caudal hereditario del Sr

. Mitche ll Bernier de Le ón o

al Sr. Mitchell Rivera ” 18 y , expuso sus conclusione s de derecho , c omo
sigue:
Corresponde al Tribunal determi nar si, procede lo solicitado por el demandado y reconoce el inmueble como un bie n perteneciente al demandado.

Entiende el demandado que, no ex iste controversia material y genuina sobre la simulación del precio en las sucesivas escrituras de compraventa c on el fin de privar al verdadero dueño Mitchell Bernier Rivera de la titularidad del inmueble
en Patillas y lograr que la titularidad se refleje a nombre del causante Mitchell Bernier De León a través de los intermediarios el Sr. Juan Pérez Rivera y la Sra

. Lydia Cruz García. Por lo que, el inmueble ubicado en el Municipio de Patillas no pertenece al caudal relicto objeto de división en el present e litigio.

La parte dem andante argumenta que, el titular registral es el causante, y si el demandado reclama el inmueble es privativo suyo tiene el peso de la prueba de así demostrarlo, lo cual no ha sido capaz de hacer pues vive en la indigencia dependie ndo de beneficencia social en el estado de Nueva York.

17 Ap é ndic e del recurso KL CE2023008 38
, p á gs. 900

- 902.
18 Apéndice d el recurso KLCE202300 8 3 8, pág

. 902

.KLCE202300 818 cons. KLCE2 02300838, KLCE202300839 7

Siendo la Sentencia Sumaria un remedio discrecional y lu ego de haber evaluado las mociones y sus anejos correspondientes el Tribunal identifica una controversia que le impide disponer de forma sumaria la titularidad del inmueble en cuestión. Lo que procede es la celebración de un Juicio Plenario donde se puedan dilucidar to das las controversias entre las partes. 19
Finalmente, el foro de instancia declaró no ha lugar la Moción de

Sentencia Sumaria Parci al en relación al inmueble ubicado en P a tillas
, presentada por el Sr. Mitchell Rivera y dispuso que la titularid ad será un

asunto que debe ventilarse en el juicio. 20

En lo perti nente al recur so KLCE2023008 3 9 ante nuestra

consideración
, el 9 de febrero de 20 23, el Sr. Mitchel Rivera p r esentó una

Moción de sentencia sumaria en cuanto a la demanda de inter vención 21

presentada por su ex esposa, la Sra. Celest e Cintrón

. Sol i citó la

desestimación de la demanda de intervención y la Sr a. Cintrón se

opuso. 22
Luego de los trámites de rigor, el 3 de mayo de 2023, el TPI emitió

una Resoluci

ón que declaró no ha lugar la Moci ón de sentencia sumaria

en cuanto a la demanda de inter vención presentada por el Sr. Mitchell

Bernier
, el 3 de mayo de 2023

. 23 Luego de evaluar “las moc iones, sus
anejos y el expediente judicial”, e l foro recurrido expuso los hech o s que

no están en controversia , como sigue:

1. Celeste Cintrón y Mitchell Bernier Ri vera contrajeron matrimonio en la ciudad de New York el 3 de septiembre de 1981. Véase Anejo I d e la Moción de Sentencia Parcial en cuanto a la Reconvención. 2. Durante su matrimonio las partes procrearon un hijo, de nombre Mitchell Bernier, el cual nació el 13 de junio de 1982. Véase Anejo II de la Moción de Sentencia Parcial en cuanto a la Reconvenció n. 3. El matrimonio antes descrito fue disuelto mediante sentencia de divorcio emitida el 27 de abril de 1987, en el Estado de New York, por el Hon. Martin S chneier

. Véase Anejo II de la Moción de Sentencia Parcial en cuanto a la Reconvención. 4. Celeste Cintrón nunca solicitó división de activos maritales y limitó su pedido a la disolución del matrimonio, aspectos de custodia, pensión para el hijo

19 Ap é ndice del recurso KL CE2023008 3 8, p á g s

. 903

- 904

. 20 Ap é ndice del recurso KL CE2023008 3 8
, p á g

. 904

. 21 Ap é ndice del recurso KL CE202300839, p á gs . 160

- 254.
22 Ap é ndic e del recurso KL CE202300839, p á gs

. 255

- 278

. 23 Ap é ndice del recurso KL CE202300839, p á gs

. 279

- 284.KLCE2023 00 818 cons. KLCE202300 83 8, KLC E20230 0839 8
menor de edad, relaciones paternofiliales y volver a utilizar su nombre de soltera Celeste Cintrón. Véase Anejo IV d e la Moción de Sentencia Parcial en cuanto a la Reconve nción. 5. El 17 de enero de 1984, el Sr. Mitchell Bernier Rivera adquirió un inmueble' en el Municipio de Patillas el 17 de enero de 1984. Véase Anejo VII de la Moción de Sentencia Parcial en cuanto a la Reconvención. 24

El TPI determinó que está en controversia, “[s]i la propiedad

inmueble sita en el Municipio de Patillas es ganancial por haber sido
adquirido durante la vigencia del matrimonio o si por el contrario

pertenece privativamente al demandado ” 25 y , expuso sus co nclusiones de
derecho, como sigue:
Corresponde al Tribunal determinar si, procede lo solicitado por el demandado y reconoc e el inmueble como un bien perteneciente al demandado.
Entiende el demandado que; la adquisición del inmueble es imput able a su esfuerzo, capital e industria; mi entras que la interventora no hizo aportación alguna. Al haber inexistencia de controversia ge nuina en cuanto a la falta de méritos de la demanda de intervención lo que procede es el dictamen sumario de los autos.
La parte interventora argumenta que, la pa rte demandada y promovent e de la solicitud de sentencia sumaria no ha demostrado con claridad que no existen controversias sobre hechos materiales respecto a la intervención. Además, no ha presentado evidencia qu e contravenga la presunción iuris tantum de que el bien inmueble que yace en la municipalidad de Patillas y respecto al cual la interven tora solicita se decrete su derecho de participación sobre la propiedad por ser ganancial al ser adquirido durante la vi gencia del matrimonio entre ambos y respecto al cual no se estableció régimen económico especial de capitulaciones.

Siendo la Sentencia Sumaria un remedio discrecional y luego de habe r evaluado las mociones y sus anejos correspondientes ante el Tribunal n o quedó demostrado que el inmueble en cuestión es uno privativo del demandado, por lo que, no se puede disponer de los autos de forma
su maria. 26 Finalmente, el foro de instancia declaró no ha lugar la Moción de

Sentencia Sumaria presentada por el Sr . Mitche ll Rivera
, en cuanto a l

r eclamo de la de s estimación de la D emanda de Intervención presentada

por su ex esp osa, Sr a

. C eleste C intr ó n, y dispuso que “ [c] ualquier

24 Ap é ndice del recurso KL CE202300839, p á g

. 2 8 1.
25 Ap é ndice del recurso KL CE202300839, p á gs

. 2 8 2.
26 Ap é ndice del recurso KL CE202300839, p á gs

. 283

- 284.KLCE202300 818 cons. KLCE2 02300838, KLCE202300839 9

remedio que pueda surgir de la demanda de intervención tendrá que

esperar a la celebración del j uicio en su fondo. ” 27

I n conforme s , lo s pet i cionarios
, Sra

. Ethely n Bernier y Sr

. Mitchell

Bernier, respectivamente, presentaron sus señalamie ntos de errores
, en

su s correspondiente s rec ur so s de certi orari consolidad o s, como sigue:

KLCE2 02300818

PRI MER SEÑAL AMIENTO DE ERR OR COMETIÓ ERROR EL TPI AL NEGARSE A E STABLECER COMO HECHO PROBADO, ADICIONAL A LOS 10 NO CONTROVERTIDOS INCLUÍDOS EN SU RESOL UCIÓN, EL SIGUIENTE : “ EN 1989, LA TERCERA DEMANDA DA, LYDIA CRUZ GARCÍA, PAGÓ EL MONTO DE $10,279.16 D EL BAL ANCE DE $ 12,175.37 DE L A SEGUNDA HIPOTECA INCURRIDA POR EL DE MANDA D O

RECURRIDO PARA LA ADQUIS ICI Ó N DE LA PROPIEDAD EN 1984. ”

SEGUNDO SEÑALAMIENTO D E ERROR ANTE LAS DETE RMIN ACIONES DE H E CHOS NO CONTROVERTI DAS QUE EL DEMANDA D O CONCEDI Ó AL CAUSANTE EN 1981 UN PODER PARA “ EJERCER CUALQUIER TIPO DE TRA N SACCIONES DE BI ENES MUEBLES O ‘ REAL ESTATE TRANSACTIONS ’ Y QUE

“ DICHO PODER NUNCA FUE REVOCADO Y ESTABA VIGENTE HASTA EL FALL ECI MIENTO DEL CAUSANTE

MANDATARIO EN OCTUBRE DE 2018 ” (Hechos núm. 1 y 2 de la Resol. d e 3 de m ayo), COMETIÓ ERROR EL TPI AL NO CON CLUIR QUE EL DE MA NDADO

- MANDANTE QUED ABA OBLIGADO POR TODOS LOS ACTOS DEL CAUSANTE

- MANDATARIO RE ALIZADOS ME DIANTE EL PODER, PO R LO QUE QUEDABA OBLIGADO POR LA VEN TA DE LA PROPIEDAD EN EL 1994.

TERC ER SEÑALAMIEN TO DE ERRO R COMETIÓ ER ROR EL TPI AL NO CONCLUIR QUE, EN ATEN CIÓN A QUE H UBO UN PODER EXPRESO Y VIGENTE EL CUAL AUTORIZABA AL CAUSANTE A COMPRAR Y VE NDER BIENE S INMUEBLES EN NOMBRE DEL DEMANDA D O

- RECURRID O DE SDE JULIO 1981 HASTA OCTUBRE DE 2018, ESTE ÚLTIMO EST Á IMPED IDO DE IR CO NTRA SUS PROPIOS ACTOS PARA IMPUGNAR L A VALIDEZ DE LA TRANSACCI ÓN DE COMPRAVENTA LLEVADA A CABO EN 1994, MEDIANTE LA CUAL SE V E NDIÓ LA PROPIEDAD A J UAN PÉREZ Y LYDIA CRUZ.

CUART O SEÑA LAMIENTO DE ERROR COMETIÓ ERROR EL TPI AL NO DEC RETAR QUE LA PRESCRICIÓ N ADQUISITIVA ORDINARIA DE 20 AÑOS ENT RE AUSENTE S OPERA EN FAV OR DE DECL ARAR AL CAUSANTE PROPIETARIO DEL INMUEBLE EN CONTROVER SIA Y, POR LO TANTO, E L INMUEBLE PE RTENECIENTE AL CAUDAL H EREDITARIO Y/O NO

27 Ap é ndic e del recurso KL CE202300839, p á g . 284.KLCE2023 00 818 cons. KLCE202300 83 8, KLC E20230 0839 10

DECRETAR QUE EL CAUSANTE ADVINO LEGALMENTE EN TITULAR DE LA PR OPIEDAD.

KLCE202300838

PRIME R ERROR IMPUTADO E RRÓ EL TRI BUNAL DE PRI M ERA INSTA NCIA AL CONCLUIR QUE EXISTÍAN CONTROV ERSIAS MATERIALES DE H ECHOS QUE LE IMPEDÍAN CONCLUIR QUE E L PRECIO EN LA ESCRITURA 5 DEL 18 DE ABRIL DE 199 4 ANTE EL NOT ARIO PÚ BLI CO RAM IRO RODRÍGUEZ RAMOS ERA SIMUL ADO

.
SEGUNDO ERROR IMPUTADO ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE EX I S TÍA N CONTROVERSIAS MATERI ALES DE HECHOS QUE LE IMPEDÍAN CONCL UIR QUE EL PRECIO EN LA ESCRITURA 5 9 DEL 1 4 DE AB RIL DE 199 8 AN TE EL NOT ARIO PÚ BLICO RAM IRO RODRÍGUEZ RAMOS ER A SIMUL ADO.

TERC ER ERROR IMPUTADO ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO DETERM I NAR LA INEXISTENCIA DE UNA CONTROVERSIA GENUINA SOBRE EL H ECHO QUE EL CAUSANTE MITCHELL BERNIER DE LEÓN ERA ( A) EL APODERA DO DE FO RMA SIMULTANEA DE SU HIJO MITCHELL BER NIER RIVERA Y (B) DEL SUPUESTO COMPRADOR/ VENDEDOR EL SR. JUAN PÉREZ RIVERA Y (C ) DE LA S UPUESTA COMPRADORA/V EN DEDORA LA SRA. LYDIA CRUZ GARC ÍA Y P OR LO TANT O EXISTÍA UNA PROHIBICION EXPRESA DE DI SPOSICIÓN DE BI ENES CON FORME AL ARTÍCULO 1348 (2) DEL CÓDIGO C IVIL DE 1 930, 31 LPRA SEC. 3773.

KLCE20230083 9

PRIMER ERROR IMPUTADO ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO CONCEDER LA SOLICITUD DE SENTE NCIA SU MARIA EN CUANTO A LA C AU SA DE ACCIÓN DE “ CHILD SUPPORT ” A PESAR DE QUE NO EXISTE CONTROVERSIA GENUINA SOBRE EL HECHO DE QUE EN UNA ACC I ÓN SIMULTÁNE A ENTRE LAS MISMAS PARTES EL ESTADO DE NEW YORK DETERMINÓ QUE LA MISMA EST Á PRESCRITA Y, POR LO TANTO , EXISTE UN IMPEDIMENTO DE COSA JUZGADA PARA CONT INU AR CON LA ACCI ÓN EN PUERTO RICO

.
SEGUNDO ERROR IMPUTADO ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR QU E ENTRE MITCHELL BERNIER RI VERA Y CELESTE CINTRÓN SE CON STITUYÓ UNA SOCIEDAD DE BIENES GANAN CIALES POR VÍA DE L A DOCTRINA DE LEX SITUS Y UNA INTERPRETACI ON ERR ADA D E ROSELLÓ PUIG V. RODRÍGUEZ, 183 DPR 8 1 (2011) AL IGNOR AR LA DISTINCIÓN DE ROSELLÓ PUIG , SUPRA, A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 1277 DEL CÓDIGO CIVIL

.KLCE202300 818 cons. KLCE2 02300838, KLCE202300839 11

TERCER ERROR IMPUTADO ERRÓ EL TR IBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO RECONOCER QUE L A SENTENCIA QUE CON TROL A LA DISPOSICIÓN ECONÓM ICA DEL MATRIMO NIO ENT RE MITCHELL BERNIER Y CELEST E CINTRÓN ES LA SENTENCIA DEL 27 DE ABRIL DE 1987 EMI TIDA EN EL ESTADO DE N EW YORK.

CUARTO ERROR IMPUTADO ERR Ó EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO RECONOCE R QUE LOS TRIBUNALES DE PUER T O RICO CARECEN DE JURISDICCIÓN P ARA RELEVAR DE SUS EFEC TOS UNA SEN TENCIA EMITIDA EN EL ESTADO DE NEW YORK Y, AÚN SI DECI DIE RA ASUMIR JURISDIC C IÓN, EL DERECHO DE RIGOR SERÍ ESTRIC TAMEN TE EL DE NEW YORK.

QUIN TO ERROR IMPUTADO E RRÓ EL TRIBUNAL DE PR IM ERA INSTANCIA AL NO DETERMINAR QUE EL ÚN I CO REMEDIO DISPONIBLE PARA LA INTERVENTORA CELEST E CINTRÓN SERÍA EL DE LA CREACIÓN D E UN FID EICOMISO CONST RUCTIVO Y ESTO, DE IGUAL FORMA, ESTA PRE SCRITO.

SEX TO ERROR IMPUTADO ERRÓ EL TRIBUN AL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO DETERMINAR, EN LA ALTERNATIVA D E QUE SE DETERMINE JURISDIC CIÓN Y UTILICE EL DERECHO DE PUERT O RIC O, QUE LA C AU SA DE ACC IÓN DE LA PARTE INTERV ENTORA SOBRE EL INMUEBLE EN PATILLAS EST Á PRES CRITA.

II

A. Certiorari

El auto de certiorari es el vehículo pro cesal e xtraordinario “que
permite a un trib unal de mayor jerarquía r evisar las determinaciones de

un tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR , 185 DPR 307 , 337

- 338
(2012), que cita a: Pueblo v. Díaz de León , 176 D PR 913, 917 (2009);

García v. Padró , 165 D PR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso
discrecional, para el cual existen unos parámetros que sirven de guía al

momento de decidi r si debemos expedir o denegar el auto. IG Builders v.

BBV APR
, supra

. De esta for ma, el asunto que se nos p lantee en el

rec urs o de certiorari debe tener cabida dentro de alguna de las materias
reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.
V, R. 52.1 (R egla 52.1). En específico, la Regla 52.1 dispone lo siguien te:
[

... ] El recurso de certior

ari para rev isar re solu ciones u órdenes interlocutorias dic tadas por el Tribunal de Primera Instancia,KLCE2023 00 818 cons. KLCE202300 83 8, KLC E20230 0839 12
solamente será expedido por el Tribunal de Ape laciones cuando se rec urra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moc ión de carác ter dis posi tivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resolucion es interlocutorias dic tadas por el Tribunal de Primera Ins tancia cuando se recurr a de decisiones sobre la a dmisibilidad de tes tigo s de hechos o peritos esenciales, as untos relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relacione s de familia, en casos que revistan interés público o
en c ualquier otra situación en la cual esperar a la a pelación
con stituir ía u n fracaso irremediable de la justici a. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Ape laciones no tiene que fundamentar su decisión. [...] (Énfasis nuestro.)

Conforme a lo dispuesto en la anterior disposic ión legal y la
jur isprudencia interpr etat iva, nos corresponde realizar un aná lisis dual
para determinar si se expide o no un auto de certiorari. Este examen

consta de una parte objetiva y o tra parte subjetiva. Por ello, en primer
lugar , tenemos que analiza r si la materia co ntenida en el recur so d e

certiorari tiene cabida dentro de una de las materias específicas
establecidas en la Regla 52.1, toda vez que esta enumera t axativamente
bajo qué supuestos se podrá expedir el auto de certiora ri . En aquell os

escen arios, en los que la materia no esté comp rendida dentro de la citada
regla, e l tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari

. Así las cosas, el primer examen al que debemos someter todo

recurso de certiorari para determinar si debemos expe dirlo es que debe
tratar sobre alguna de las materias especificadas en la citada Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra . Este examen es mayormente objetivo. Por
esto, se ha señalado que “los litigantes deben abstenerse de presentar

recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de asun tos que
no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”. Hernández

Colón, Derecho Procesal Civil , 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág.

476.
Superada esta etapa, cor responde analizar si b ajo la d iscreción

concedida a este t ribunal revisor mediant e la Regla 40 del Reglamen to

del Tribunal de Apel aciones, 4 LPRA Ap. XXII

- B, R. 40 (R egla 40),
debemos o no expedir el auto de certiorari . A esos fines, la Regla 40KLCE202300 818 cons. KLCE2 02300838, KLCE202300839 13

establece los criterios que debe mos toma r en consideración para

dete rminar si expedimos o n o un auto de certiorari , c omo sigue:

A. Si el r emed io y la disposición de la decisión r ecurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

B. Si la situación de h echos planteada es la más indi cada para el análisis del pr oblema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o e rror craso y manifi esto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos origina les, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la et apa del procedimiento e n que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fracciona miento i ndebi do del pleito y una dil ación indeseable en la solución final del litigio

.
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

De acuerdo con lo dispuesto en la citada Regla 40, supra ,
debemos evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la
etapa del proc edimiento en que es presentada, a los fines de determinar
si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento

indebido o una dilación injustificada del litigio.” Torres Mar tínez v. Torres
Ghigliotty

, 175 DPR 83, 97 (2008). Así pues, la discreción judicial “no se
da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”, 28 sino que como

Tribunal revisor debemos ceñirnos a los criterios antes citados. Si luego

de evaluar los referidos criterios, este tribunal decide no expedir el
recurso, podemos fundamentar nuestra determinación , mas no tenemos
la obligación de así hacerlo. 29

B. Sentenci a Sumar i a
En nuestro ordenamiento jur ídico, la sentencia sum aria se rige por
la Regla 36 de Procedimien to Civ il de 2009, 32 LPRA Ap. V. R. 36. Es te
mecanismo “responde al propósito de aligerar la con clusión de los pleitos

28 IG Builders v. BBVAPR , 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop , 183 DPR 580, 596 (2011).
29 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.KLCE2023 00 818 cons. KLCE202300 83 8, KLC E20230 0839 14

eliminando el juicio en su fondo, p ero siempre y cuando no exista una

l egítima disputa de hech o a ser dirimida, de modo que lo restante s ea
apl icar el derecho solamente”. (Énfasis nuestro.) Jusino et als. v.
Walgreens, 155 DPR 560, 5 76 (2001). Conforme la letra de la R egla 36. 1

de Procedim iento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.1, para poder adjudicar en

los méritos una moción de sentencia sumari a a fa vor del reclamante, lo
que se requie re es que se presente “una moción fundada en

declaraci ones juradas o en aquella evidencia que demuestre la

inexi stencia de una controversia sustanci al de hechos esenciales y
pertinentes, para que e l tribunal dicte senten cia sumariamente” ya sea

sobre la to talidad de la reclamación o parte de esta. En este sen tido, un
hecho material “es aquel qu e puede afectar el res ultado de la reclamación

de acuerdo con el derecho sustanti vo aplicable.” Meléndez Go nzález et

al. v. M. Cue bas , 193 DPR 100, 110 (2015). Por el lo, “[l] a controversia

debe ser de una calidad suficie nte como para que sea necesario que un
juez la dirima a tr avés de un juicio plenario ”. Ramos P érez v. Univisión
,
178 DPR 200, 213 (2010).

En ar monía con lo ante rior, la sentencia sumaria solo debe dicta rse

en casos claros. Si no existe certeza sobre todos los hechos materiales

en la controve rsia, no procede que s e dicte sentencia sumaria. Sin

embar go, se ha establecido q ue la sentencia sumaria, “ [p]rocede, aunque

se ha yan alegado hechos que aparenten est ar en controversia, pero
cuando el promovente logre de mostrar preponderantemente, y median te
dicha prueba docume ntal, que en el fondo no existe cont roversia sobre

los hech os medulares.” Jusino et a ls. v. Walgreens
, supra , a la pág. 577.

Ante esta situación , la parte promovida debe “defenderse de la misma

form a, es decir, apoyándose a su vez de documentos u otra evid encia

admisible.” Id

. Asimismo, l a Regla 36.3 de Procedi miento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

36.3, estab lece u nos requisitos de forma a ser cumpli dos por la parte
promovente y la parte promovida. Si e l promovente incumple con losKLCE202300 818 cons. KLCE2 02300838, KLCE202300839 15

requis itos de forma, “el tri bunal no estará obligado a considera r su
pedido. ” Meléndez González v. M. Cuebas
, sup ra , a la pág. 111 . Del
mismo modo, si el promovido es quien incumple dichos requisitos “el
tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la part e promovente, si

proce de en derecho.” Id

. En fin, toda v ez que la sentencia sum aria es un remedio de

cará cter discrecional , “[e] l sabio discernimiento es el princip io rector para
su uso porque, mal utilizada, puede pre starse para despojar a un litigante

de ‘su día en corte’, principio elemental del debido proce so de ley.” Mgmt.

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 15 2 DPR 599, 611 (2 000). Siendo esto así,
solo procede que s e dicte la sentencia sumaria “cuando surge de manera

c lara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no
puede prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la

verdad de todos l os hec hos necesarios para poder resolver l a

controversia.” Meléndez González v. M. Cuebas
, supra , a las págs. 109

- 110, que cita a: C onst. José Carro v. Mu n. Dorado , 186 DPR 113 (2012).
Segú n se ha reiterado juris prudencialmente, este trib unal revisor se

e ncuent ra en la misma posición que el foro de primera instancia al
determinar si procede o no una sentencia sumaria. Sin embargo, al

revisar la determinaci ón del tribunal primario, estamos li mitados de dos

maneras: (1) considerar solamente los documentos qu e se p resentaron
ante el foro de primera i nstancia; y (2) determinar si existe o no alguna

contr oversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho
se aplicó de forma correcta . Esto es, estamos impe didos de adjudicar los

hec hos materiales es encial es en disputa. Vera v. Dr. Bravo , 16 1 DPR

308, 334

- 335 (2004). El deber de adjudicar hecho s materiales y

esenciales es una tar ea que le compete al T ribunal de Primera Instancia y

no al foro intermedio.

A es os efectos, el Tribunal Su premo de Puerto R ico es tableció el
estándar específico que debemos utilizar como tribunal revisor al

momento de e valuar determinaciones del foro prim ario en las que seKLCE2023 00 818 cons. KLCE202300 83 8, KLC E20230 0839 16

con ceden o deniegan mociones de sentenc ia sumaria. En lo perti nente,
dispuso que “[l]a r evisión del Tribu nal de Apelaciones es una de novo y

debe e xaminar el expediente de la manera más favorable a fav or de la
parte que se opuso a la Moc ión de Sentencia Sumar ia en el foro primario,

llevando a c abo todas las inferenci as permisibles a su favor. ” Meléndez

Gonzál ez v. M. Cuebas
, supra , a la pág. 118. Ade más, reiteró que, por
estar en la misma posición que e l foro primario, revisaremos que la

moción de sentencia su maria y su oposición cumplan con los requisitos

de forma re copilados en la Regla 36 d e Procedimiento C ivil. Id . Por lo
cual, luego que culminemo s nuestra revisión del expediente, de encontrar

que en realidad existen hechos materiales y esenciales en contro versia,

debemos tener en cuenta el c umplimiento de la Regla 36.4 de

Procedimiento Civ il, 32 LPRA Ap. V R. 36 .4, y exponer concretamente

cuáles h echos materiales están controvertidos y cuáles están

i ncontrovertidos. Por el contrario, d e resultar que los hec hos materiales y

esenciales realment e están incontrovertido s, entonces nos correspond e

revisar de novo si el foro impugnado aplicó correctamente el

derecho a los hechos incontrovertidos

. Id ., a la pág. 119.

III
La Sra. Ethelyn Bernier recurre de una r esolución emitida el 3 de
mayo de 2023 por el TPI
, que declaró no ha lugar su moción de sentencia
parcial . Nos señala, en el recurso KLCE202300818, que el TPI se
equivocó al negarse a establecer como hecho probado, que “en 1 989, la
tercera demandada, Lydia Cruz García, pagó el monto de $10,279.16 del
balance de $12,175.37 de la segunda hipoteca incurrida por el

demandado

- recurrido para la adquisición de la propiedad en 1984”.
Añade que el foro recurrido erró “al no concluir q ue el demandado

mandante quedaba obligado por todos los actos del causante

- mandatario
realizados mediante el poder, por lo que quedaba ob ligado por la venta de
la propiedad en el 1994, “al no concluir que, en atención a que hubo un
poder expreso y vigente el cual autorizaba al causante a comprar yKLCE202300 818 cons. KLCE2 02300838, KLCE202300839 17

vender bienes inmuebles en nombre del demandado

- recurrido desde julio

1981 hasta octubre de 2 018, este último está impedido de ir contra sus
propios actos para impugnar la validez de la transacción de compraventa
llevada a cabo en 1994, mediante la cual se vendió la propiedad a Juan
Pérez y Lydia Cruz” y “al no decretar que la prescripción adquisi tiva
ordinaria de 20 años entre ausentes opera en favor de declarar al
causante propietario del inmueble en controversi a y, por lo tanto, el
inmueble perteneciente al caudal hereditario y/o no decretar que el
causante advino legalmente en titular de la pro piedad.”
El Sr. Mitchell Bernier recurre de dos (2) resoluciones emitidas por
el TPI el 3 de mayo de 2023 que declaran no ha lugar dos (2) mociones

de sentencia sumaria. Nos señala en el rec ur so KLCE202300838 que el
TPI erró al “concluir que existían contr oversias materiales de hechos que
le impedían concluir que el precio en la Escritura 5 del 18 de abril de 1994

ante el notario público Ramiro Rodríguez Ramos era simulado”, “al
concluir que existían controversias materiales de hechos que le impedían

conclu ir que el precio en la Escritura 5 del 18 de abril de 1994 ante el
notario público Ramiro Rodríguez Ramos era simulado ” y, “al no
determinar la inexistencia de una controversia genuina sobre el hecho
que el causante Mitchell Bernier de León era (a) el apod erado de forma
simultánea de su hijo Mitchell Bernier Rivera y (b) del supuesto
comprador/vendedor el Sr. Juan Pérez R ivera y (c) de la supuesta
compradora/vendedora la Sra. Lydia Cruz García y por lo tanto existía
una prohibición expresa de disposición de bienes conforme al Artículo
1348(2) del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3773.”

En cuanto al recurso KLCE202300839 , el Sr. Mitchell Bernier no s

señala que el TPI se equivocó “al no conceder la solicitud de sentencia

sumaria en cuanto a la causa de acció n de “child support” a pesar de que
no existe controversia genuina sobre el hecho de que en una acción

simultánea ent re las mismas partes el Estado de New York determinó que
la misma está prescrita y, por lo tanto, existe un impedimento de cosaKLCE2023 00 818 cons. KLCE202300 83 8, KLC E20230 0839 18

juzgada par a continuar con la acción en Puerto Rico”, “al no conceder la

solicitud de sentencia sumaria en cuanto a la causa de acción de “child
support” a pesar de que no existe controversia genuina sobre el hecho de
que en una acción simultánea entre las mismas par tes el Estado de New
York determinó que la misma está prescrita y, por lo tanto, existe un
impedimento de cosa juzgad a para continuar con la acción en Puerto
Rico”, “al no reconocer que la sentencia que controla la disposición

económica del matrimonio entr e Mitchell Bernier y Celeste Cintrón es la

sentencia del 27 de abril de 1987 emitida en el Estado de New York” , “al
no reconocer que los tribunales de Puerto Rico carecen de jurisdicción
para relevar de sus efectos una sentencia emitida en el Estado de Ne w
York y, aún si decidiera asumir jurisdicción, el derecho de rigor sería

estrictamente el de New York”, “al no deter minar que el único remedio
disponible para la interventora Celeste Cintrón sería el de la creación de
un fideicomiso constructivo y esto, d e igual forma, esta prescrito”, y “al no
determinar, en la alternativa de que se determine jurisdicción y utilice el
derecho de Puerto Rico, que la causa de acción de la parte interventora

sobre el inmueble en P atillas está prescrita.
Primeramente, por tra tarse de tres (3) recurso s de certiorari
, nos

co rresponde evaluar si los asunto s ante nuestra c onsideración versa n

sob re alguna de las materias contenidas en la Regla 52.1 de

Pr ocedimiento Civil. La cont estación a dicha interr ogante es en la
afirmativa, ya que s e recurre de la denegación de tres (3) moci ones
disp ositiva s

. Ambos peticionarios recurren de resoluciones emitidas por el

TP I, las cual es declaran no ha lu gar sus mociones de sentencia sumaria

. Lo anterior, ciertamente, incide sob re un asunto conten ido en la
Regla 52.1. De tal forma, ten emos jurisdicción bajo dicha disposición
legal. A hora bien, en segundo l ugar, debemos examinar el asunto que se
nos plantea a la luz los criterios conten idos en la Regla 40 de nuestro
Reglamento.KLCE202300 818 cons. KLCE2 02300838, KLCE202300839 19
Luego de revisar de novo lo s documentos que acompañaron la s

mociones de sentencia sumaria presentada s por la Sra. Ethely n Bernier y

el Sr. Mitchell Bernier , así como las mocion es de oposición, y la s tres (3)

resoluciones recurridas
, no en contramos que el tribunal primario h ay a

incur rido en un abu so de discreción o que hay a actuado bajo prejuici o o
parcialidad que acarree un fraca so de la justicia. Tampoco se demostró
que el foro recurrido se haya equivocado en la inte rpretación o aplicació n
de una norma procesal ni que, inte rv enir en esta etapa, e vitaría un
perjuicio susta ncial contra la parte p eticionaria. Por ello, cónsono con l os
principios antes esbozados, resolvemos den egar la expedición del auto

de certiorari

.
IV

Por los fundame ntos que anteceden, den egamos expedir los tres
(3 ) auto s de certiorari sol i cit ados

. En consecue ncia, devolvemos el caso
al foro pri mario para la continuación de los procedimientos.

N otifíquese inmediatam ente.

L o a cord ó el T ri bu na l y lo certifica la Secretaria d el T ribunal de
Apelacio nes.

L cd a. Lilia M. Oqu end o S olís

Secre taria de l Tri bunal de A p e lac i o nes