Número Identificador

SEN2024____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

WALDO MUÑIZ 

IRIZARRY; JOSÉ

ALFREDO 

RODRÍGUEZ; 

ELIZABETH ORTIZ 

ORENGO

Apelante

v.

ELITE TOWERS, LLC.;

LUIS FERNANDO 

ORTIZ MERCADO; 

OFICINA DE 

GERENCIA DE 

PERMISOS; ESTADO 

LIBRE ASOCIADO DE 

PUERTO RICO; 

AUGUSTO PALMER; 

AUTORIDAD DE 

CARRETERAS Y 

TRANSPORTACIÓN; 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS 

NATURALES Y 

AMBIENTALES; 

MUNICIPIO DE 

GUAYANILLA

Apelado

KLAN202300883 

Consolidado 

Apelación

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Ponce

Caso Núm.:

PO2023CV01350 

CONSOLIDADO 

CON

GY2023CV00065

Sobre: Injunction 

Estatutario al 

Amparo del Artículo 

14.1 de la Ley para 

la Reforma del 

Proceso de 

Permisos de Puerto 

Rico, Ley Núm. 

161-2009, Según 

Enmendada

MUNICIPIO DE 

GUAYANILLA, ET. ALS.

Apelante

v.

ELITE TOWERS, LLC.

Apelado

KLAN202300897

Apelación

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Ponce

Caso Núm.:

PO2023CV01350 

CONSOLIDADO 

CON 

GY2023CV00065

Sobre: Interdicto 

Provisional e 

Interdicto 

Estatutario

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza 

Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897 2

Comparecen Waldo Muñiz Irizarry, José Alfredo Rodríguez 

Morales y Elizabeth Ortiz Orengo (en adelante,  ̈Vecinos ̈) y el 

Municipio de Guayanilla (en adelante,  ̈Municipio ̈) (en conjunto, 

 ̈apelantes ̈), quienes solicitan que revoquemos una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce 

(en adelante,  ̈TPI ̈). Mediante la misma: (1) se declararon No Ha 

Lugar las solicitudes de Injunction Estatutario; (2) se desestimó con 

perjuicio la causa de acción, y; (3) se ordenó a los demandantes el 

pago de honorarios de abogado.

Dado que los recursos de apelación de los Vecinos, clasificado 

alfanuméricamente como KLAN202300883, y del Municipio, 

clasificado alfanuméricamente como KLAN202300897, plantean 

errores en la misma Sentencia, ordenamos su consolidación. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.

I.

Los hechos de este caso se remontan a la presentación de una 

solicitud de permiso de construcción por Elite Towers, LLC (en 

adelante,  ̈Elite Towers ̈) ante la Oficina de Gerencia de Permisos (en 

adelante,  ̈OGPe ̈) para el desarrollo de una facilidad de 

telecomunicaciones en el Barrio Indios del Municipio de Guayanilla.

La OGPe aprobó el permiso de construcción, 2022-451822-PCOC030128, el 29 de diciembre de 2022, autorizando así la construcción 

propuesta por Elite Towers.

El 25 de abril de 2023, el Municipio presentó una Demanda

ante el TPI sobre Injunction Preliminar, Permanente y Estatuario 

bajo la Ley Núm. 161-2009, clasificado alfanuméricamente como 

GY2023CV00065, y solicitaron la paralización de las obras de 

construcción de Elite Towers. El Municipio alegó que el predio de 

terreno en el que la parte demandada propone construir colinda con 
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897 3

un área residencial altamente poblada y con un área recreativa 

compuesta por una cancha bajo techo, poniendo así la vida y 

seguridad de los residentes del área en un peligro inminente.

El 9 de mayo de 2023, el Sr. Waldo Muñiz, Sr. Alfredo 

Rodríguez y la Sra. Elizabeth Ortiz, vecinos del Barrio Los Indios,

presentaron una Demanda sobre Entredicho Provisional bajo la 

Regla 57 de Procedimiento Civil y sobre Interdicto Estatutario bajo 

el Art. 14.1 de la Ley 161-2009 en contra de Elite Towers y su 

presidente, Luis Fernando Ortiz Mercado, OGPe, el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (en adelante,  ̈Gobierno ̈), y Augusto R. 

Palmer Arrache, como dueño del terreno, clasificado 

alfanuméricamente como PO2023CV01350. También, notificaron 

como partes indispensables a la Autoridad de Carreteras y 

Transportación (en adelante,  ̈ACT ̈), Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (en adelante,  ̈DRNA ̈) y al Municipio.

Los Vecinos solicitaron que el TPI dictara una orden de 

Entredicho Provisional y, posteriormente, una orden de Interdicto 

Estatutario contra la parte demandada, ordenándole así a cesar y 

desistir de construir la torre de telecomunicaciones propuesta. A su 

vez, alegaron que el terreno en donde estaría ubicada la torre, en su 

subsuelo es un humedal, área inestable para sostener una torre del 

tipo que se pretendía instalar. 

El TPI ordenó la consolidación del caso PO2023CV01350 con 

el caso GY2023CV00065 mediante Resolución del 10 de mayo de 

2023.

Ese mismo día, el TPI dictó una Resolución de No Ha Lugar a 

la solicitud de Entredicho Provisional y calendarizó la Vista de 

Injunction Preliminar para el 7 de junio de 2023. Además, les

concedió a las partes hasta el 31 de mayo de 2023 para:

1. Exponer de forma breve y precisa los hechos pertinentes 

en que descansa su razón de pedir, negar o intervenir. 
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897 4

Todos los participantes aunarán esfuerzos para 

identificar los hechos medulares a la controversia.

2. Formalizar estipulaciones de hechos y de 

documentos, anunciar la prueba testifical y 

documental a ofrecerse, así como examinar la 

posibilidad de acuerdos.

3. Deberán en o antes del miércoles, 31 de mayo de 

2023 cargar al Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC) toda la evidencia 

documental y testifical, lista de testigos con los 

resúmenes de su testimonio, que se proponen 

presentar. Prueba que no esté presentada en el 

expediente de SUMAC antes de vista no se permitirá 

para en el desfile de prueba.

Posteriormente, mediante Orden dictada el 26 de mayo de 

2023 y a petición del Municipio, se adelantó la Vista de Injunction 

Preliminar para el 31 de mayo de 2023.

Ese mismo día, Elite Towers solicitó la desestimación de 

ambas demandas por dejar de exponer una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio. Mediante la primera Moción 

de Desestimación, adujo que el Municipio carecía de prueba que 

demostrara que la facilidad de telecomunicaciones está localizada 

en una zona de humedales. Mediante la segunda, alegó que la 

solicitud de Interdicto Estatutario presentada por los Vecinos 

carecía de los elementos necesarios para ser considerada. Sostuvo 

que, realizaron alegaciones infundadas y basadas en especulaciones 

sin prueba para sustentarlas.

El 26 de mayo de 2023, compareció OGPe y presentó una 

Oposición a Petición Interdicto Provisional y Estatutario y Solicitud de 

Desestimación. La OGPe sostuvo que Elite Towers contaba con el 

permiso 2022-451822-PCOC-030128, que este se presumía válido y

legal y, a su vez, autorizaba el comienzo de las obras de 

construcción. Por ende, adujo que los demandantes dejaron de 

exponer una reclamación que justificara la concesión de un remedio.

Luego, el 30 de mayo de 2023, comparecieron las partes 

codemandadas, el Gobierno, a través del Departamento de Justicia 
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897 5

de Puerto Rico, y en representación del DRNA. El Gobierno presentó 

una Moción de Desestimación en la cual sostuvo que en las 

alegaciones del recurso presentado no había alegación, reclamación 

y/o solicitud en contra del DRNA que justificara la concesión de un 

remedio a la parte demandante.

Ese mismo día, el TPI dictó una Orden anunciando que no 

resolvería las mociones de desestimación hasta tanto reciba la 

prueba durante la Vista de Injunction Estatutario.

El 31 de mayo de 2023, las partes comparecieron para la 

celebración de la Vista de Injunction Preliminar. Durante la vista, 

los Vecinos presentaron el testimonio de la codemandante, la Sra. 

Elizabeth Ortiz Orengo. Por otra parte, Elite Towers presentó el 

testimonio de su presidente, el Sr. Fernando Ortiz Mercado. 

Además, el permiso de construcción otorgado por la OGPe fue 

admitido como Exhibit A.

El 8 de junio de 2023, la ACT solicitó la desestimación de la 

demanda incoada en su contra por esta no ser parte indispensable 

en el pleito. Informó que, realizó una investigación y resultó que la 

carretera PR-335, a la cual hacen referencia los demandantes, no 

está bajo la jurisdicción de la ACT.

Durante los días 14 y 15 de junio de 2023, los Vecinos

presentaron sus réplicas a las mociones de desestimación. Ante los 

argumentos de los codemandados respecto a que sus alegaciones

dejaron de exponer una reclamación que justificara la concesión de 

un remedio, argumentaron que no es necesario incluir un 

pronunciamiento extenso en las alegaciones. De igual manera, 

señalaron que las alegaciones deben contener situaciones fácticas 

que permitan dar aviso a la parte demandada de la reclamación en 

su contra. En síntesis, alegaron que la condición de peligrosidad de 

la construcción de las facilidades se desprende de las alegaciones. 

Reiteraron que, supuestamente, las obras se están llevando a cabo 
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897 6

en un humedal, información que no fue divulgada durante la 

concesión del permiso. Por lo cual, la autorización fue otorgada 

mediando dolo o engaño y procede su revocación.

Por otra parte, respecto a la solicitud de ACT, los Vecinos 

argumentaron que la ACT tiene completo control y supervisión sobre

todas las facilidades de tránsito o de transportación. Los Vecinos 

también argumentaron que la ACT tiene la función principal de 

mantener libre de peligros a las carreteras y que, la construcción de 

una torre de telecomunicaciones en terreno inestable cerca de una 

carretera representa un peligro.

El 16 de junio de 2023, el Municipio presentó una moción en 

la que solicitó enmienda a la Demanda. Adujo haber advenido en 

conocimiento de que, personal del DRNA había visitado el área de la 

construcción y, como producto de la visita, rindieron un informe. 

Así las cosas, solicitaron al TPI que ordenara al DRNA a producir 

copia del informe y que citara a los funcionarios que lo rindieron. 

El TPI resolvió las solicitudes del Municipio ese mismo día, 

declaró No Ha Lugar la solicitud de enmienda y ordenó al DRNA a 

expresarse sobre la solicitud de producción de documentos y

citación de funcionarios.

El 21 de junio de 2023, DRNA expresó que el 2 de junio de 

2023 personal suyo visitó las inmediaciones de la construcción. 

Señalaron que, a raíz de dicha visita, biólogos del DRNA remitieron 

comentarios sobre las alegaciones de las demandas. No obstante, 

alegaron que los comentarios no constituían un Informe Técnico del 

DRNA. De igual manera, expresaron que la solicitud surgía a base 

de una solicitud de enmienda a la demanda, la cual fue denegada. 

Añadieron que, el Municipio era quien tenía el peso de la prueba.

Por esta razón, se opusieron a la solicitud del Municipio.
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Ante una solicitud de Elite Towers para que no se le permitiera 

al Municipio la entrada de prueba pericial por no presentarla en el 

término establecido, el 21 de junio de 2022, el Municipio indicó que:

2. En primer lugar, debemos establecer que la parte 

compareciente no se propone presentar prueba 

pericial en la vista señalada para el 22 de junio de 

2023. Únicamente nos proponemos presentar como 

prueba el testimonio del Sr. Luis Ramos quien es el 

Director de Finanzas del Municipio.

3. [...]

4. Es nuestra conclusión que para cumplir con los 

elementos del remedio solicitado no es necesaria la 

presentación de prueba pericial ya que demostrar que 

el permiso fue otorgado mediante la utilización de 

información incorrecta o falsa o que no cuenta con las 

autorizaciones o permisos correspondientes no se 

requiere de prueba pericial. (Énfasis suplido).

El 22 de junio de 2023, el TPI emitió una Orden resolviendo

que,  ̈[a] esta altura de los procedimientos, No Ha Lugar la solicitud 

del Municipio de citar personal del Departamento de Recursos 

Naturales ̈.

La Vista sobre Injunction Estatutario continuó el 22 de junio 

de 2023. Surge de la Minuta que, durante la Vista, el Municipio 

solicitó reconsideración sobre la denegatoria a la solicitud de citar a 

los funcionarios del DRNA y la producción de los hallazgos de la 

investigación realizada por estos. Escuchados los argumentos de las 

partes, el TPI declaró Sin Lugar la reconsideración. El TPI hizo 

constar que, el procedimiento era uno extraordinario y expedito e 

imperaba el Artículo 9.10 de la Ley 161 del 2009.

Durante el desfile de prueba, el Municipio presentó el 

testimonio del Sr. Luis A. Ramos Feliciano, el Director de Finanzas 

del Municipio. Por su parte, los Vecinos presentaron el testimonio 

del codemandante, el Sr. Waldo Muñiz Irizarry.

Culminado el desfile de prueba, Elite Towers presentó una 

moción de Non Suit, a la cual se unió OGPe, DRNA, el Gobierno y 

ACT. Elite Towers argumentó que, la parte demandante no pudo 
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demostrar su caso mediante la prueba presentada, y, por lo tanto, 

procedía su desestimación.

El 20 de julio de 2023, el TPI emitió una Sentencia, a través 

de la cual: (1) dictó No Ha Lugar las solicitudes de Injunction 

Estatutario; (2) desestimó con perjuicio las causas de acción, e; (3) 

impuso a cada parte demandante honorarios de abogado por 

$1,000.00.

Insatisfechos con el dictamen, el 3 de agosto de 2023, los 

Vecinos presentaron una Moción de Reconsideración mediante la 

cual solicitaron reconsideración y determinaciones de hechos 

adicionales. El 8 de agosto de 2023, el TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud de los demandantes.

Los Vecinos recurrieron ante esta Curia mediante Apelación 

Civil presentada el 4 de octubre de 2023, clasificada

alfanuméricamente como KLAN202300883. Alegan la comisión de 

los siguientes errores:

Erró el TPI al dictar sentencia declarando No Ha 

Lugar la solicitud de Injunction Estatutario en 

virtud del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, según 

enmendada, toda vez que la construcción de la 

antena se hizo de manera ilegal por estar ubicada en 

las inmediaciones de un humedal y construirse en 

coordenadas distintas a las notificadas durante el 

proceso de obtención de permiso de construcción.

Erró el TPI al incurrir en un error extraordinario y 

sustancial al declarar No Ha Lugar la solicitud para 

que los funcionarios del DRNA fueran citados a 

declarar sobre la investigación realizada en el área 

donde fue instalada la antena de comunicaciones y 

al no emitir orden para que el DRNA notificara el 

informe redactado por dichos funcionarios.

Erró el TPI, al imponer el pago de honorarios de 

abogado por la cantidad de $1,000.00 dólares a los 

apelantes: el Sr. Waldo Irizarry Muñiz, el Sr. José 

Alfredo Rodríguez Morales y la Sra. Elizabeth Ortiz 

Orengo, por no existir temeridad y en contravención 

a lo establecido en la Ley Núm. 122 de 9 de junio de 

1967, según enmendada, mejor conocida como la 

Ley para Eximir de Toda Clase de Aranceles a la 

Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico y 

otras entidades análogas.
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Por otra parte, el Municipio acudió ante nosotros mediante 

Apelación presentada el 10 de octubre de 2023, clasificada 

alfanuméricamente como KLAN202300897. Realiza el siguiente 

señalamiento de error:

Respetuosamente planteamos que erró y abusó de 

su discreción el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al declarar NO HA LUGAR la petición del 

Municipio de Guayanilla de que se ordenara la 

comparecencia de funcionarios del Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales para que 

declararan sobre los hallazgos de la visita o 

inspección el 2 de junio de 2023 al lugar de 

construcción; y que produjeran su informe, 

comentarios o documentos pertinentes al caso de 

epígrafe.

A su vez, solicita que se devuelva el pleito ante el TPI y se 

ordene la comparecencia de los funcionarios del DRNA y se celebre

la Vista en su fondo.

Por solicitar la revisión de una misma Sentencia, ambos 

recursos fueron consolidados mediante Resolución del 17 de octubre 

de 2023.

El 10 de noviembre de 2023, ACT presentó una Moción de 

Desestimación solicitando que se desestime el recurso en su contra 

y se exima de futuras comparecencias. Además, expuso que el pleito 

se ha tornado académico debido a que Elite Towers ha completado 

las obras de construcción.

Posteriormente, el 16 de noviembre de 2023, OGPe presentó 

su alegato en oposición. La OGPe argumenta que los apelantes 

presentaron alegaciones ante el TPI sin pruebas para sustentarlas. 

Añade que, los permisos expedidos por esta se presumen legal y 

correctos y que, los apelantes no presentaron evidencia para rebatir 

esta presunción

El 27 de noviembre de 2023, el Municipio presentó su 

oposición a la moción de desestimación presentada por la ACT. Ante 

el reclamo de que la causa de acción se tornó académica, expone 

que no se ha presentado evidencia al respecto de que Elite Towers 
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haya culminado las obras de construcción. En la alternativa, señala 

que, de haberlas terminado, existen otros remedios que el Tribunal 

puede conceder al amparo del Art. 14.1 de la Ley 161-2009.

Ese mismo día, el Gobierno presentó su alegato en oposición.

Argumenta que, los apelantes no han demostrado que el foro 

primario incurrió en prejuicio, parcialidad o error manifiesto al 

negarse a ordenar la comparecencia de funcionarios del DRNA y la 

presentación del escrito con sus hallazgos, ni al determinar que 

carecía de mérito la causa de acción a la luz de la apreciación de la 

evidencia presentada. Además, expone que, tampoco han colocado 

a este Tribunal en posición de resolver, ya que no han presentado la 

transcripción de la prueba oral.

Luego, el 29 de noviembre de 2023, Elite Towers presentó su 

alegato en oposición y, en conjunto, una solicitud de desestimación. 

Respecto al recurso presentado por el Municipio, señala que,

procede su desestimación, ya que carece de una relación concisa 

entre los hechos relacionados a la controversia, el derecho citado y 

el error señalado.

Por otro lado, respecto al recurso presentado por los Vecinos, 

sostiene que, se presume la corrección y legalidad de los permisos 

otorgados por la OGPe. Ante la falta de prueba que rebatiera esta 

presunción, Elite Towers contaba con un permiso válido para llevar 

a cabo la construcción de las facilidades de telecomunicación.

Revisados los escritos de las partes y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver.

II.

A. Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico

La Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma 

del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 23 LPRA 

sec. 9011 et seq., se aprobó con el fin de establecer el marco legal y 
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administrativo que regiría en la solicitud, evaluación, concesión y 

denegación de permisos de construcción que inciden en el desarrollo 

económico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En lo aquí pertinente, el Artículo 9.10 de la Ley núm. 161-

2009, 23 LPRA sec. 9019i, dispone: 

Se presume la corrección y la legalidad de las 

determinaciones finales y de los permisos expedidos 

por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el 

Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por 

los profesionales autorizados. No obstante, cuando 

medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la 

comisión de algún otro delito en el otorgamiento o 

denegación de la determinación final o del permiso, o en 

aquellos casos en que la estructura represente un 

riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones 

ambientales o arqueológicas, la determinación final 

emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia 

de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía 

de la I a la V o por el profesional autorizado, deberá ser 

revocado. La estructura se podrá modificar, conservar o 

demoler, solo después de que un tribunal competente 

así lo determine y siguiendo con el procedimiento 

judicial establecido en las secs. 9024 a 9024e de este 

título, además de cumplir con el debido proceso de ley. 

[...] (Énfasis suplido).

En virtud de la Ley 161-2009, fue creado el Injunction

Estatutario. El Artículo 14.1, 23 LPRA sec. 9024, dispone:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad 

Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en 

representación del interés público o una persona 

privada, natural o jurídica, que tenga un interés 

propietario o personal que podría verse 

adversamente afectado, podrá presentar una acción 

de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o 

cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la 

revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud 

se haya hecho utilizando información incorrecta o 

falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar 

con las autorizaciones y permisos correspondientes, o 

incumpliendo con las disposiciones y condiciones del 

permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no 

autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que 

al momento de la presentación del recurso y al momento 

de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de 

construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque 

el mismo ha sido revocado. [...] (Énfasis suplido).

Debido a su naturaleza, el Injunction Estatutario es 

independiente del Injunction tradicional y, por consiguiente, 
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generalmente exento de la normativa aplicable a este último. Next 

Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474 (2014). Ello, porque 

los requisitos del Injunction tradicional son, de ordinario, más 

rigurosos que los exigidos para el Injunction Estatutario. Next Step 

Medical v. Bromedicon et al., supra; CBS Outdoor v. Billboard One, 

Inc., 179 DPR 391, 409 (2010).

En particular, la concesión de un Injunction Estatutario 

requiere un tratamiento especial, enmarcado en un examen o 

escrutinio judicial más acotado. Next Step Medical v. Bromedicon et 

al., supra. En ARPe v. Rivera, 159 DPR 429, 443-444 (2003), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó, en el contexto de 

Interdictos Estatutarios y procedimientos especiales como el 

proscrito en el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, que:

[C]oncluimos que el mecanismo que provee dicho 

articulado es estatutario, especial y sumario, limitado 

a la obtención de órdenes para la paralización 

inmediata, provisional o permanente de usos 

contrarios a la ley. A.R.PE. v. Rodríguez, 127 DPR 793, 

808-809 (1991). (Énfasis suplido).

El recurso de injunction es de carácter discrecional. El peso de 

la prueba recaerá sobre la parte promovente, quien tendrá la 

obligación de demostrar al tribunal la ausencia de un remedio 

adecuado en ley, que es aquel que puede ser otorgado en una acción 

de daños, una criminal o cualquier otra disponible. Pérez Vda. 

Muñiz v. Criado, 151 DPR 355, 373 (2000).

B. Imposición de Honorarios de Abogado

Sobre la imposición de honorarios de abogado, el Art. 14.1 de 

la Ley 161-2009, supra, dispone:

[....] El Tribunal impondrá honorarios de abogados 

contra la parte que presenta el recurso bajo este 

Artículo si su petición resulta carente de mérito y 

razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar 

una obra o permiso sin fundamento en ley. Los 

honorarios de abogados bajo este Artículo será una 

suma igual a los honorarios que las otras partes 

asumieron para oponerse a la petición judicial. [...]

(Énfasis suplido).
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Por otro lado, la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1, concede la facultad de imponer honorarios de 

abogado en los casos que intervenga temeridad o frivolidad. Nuestra 

más alta Curia ha definido la temeridad como  ̈una actitud que se 

proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento 

y administración de la justicia ̈. Fernández v. San Juan Cement Co. 

Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).

Se entiende que un litigante actúa con temeridad cuando  ̈por 

su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito ̈. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 

179 DPR 503, 520 (2010).

La evaluación de si ha mediado o no temeridad recae sobre la 

discreción sana del tribunal sentenciador y solo se intervendrá con 

ella en casos en que ese foro haya abusado de tal facultad. S.L.G. 

Flores–Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). Los tribunales 

apelativos no deben intervenir con el ejercicio de esa discreción, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción; que 

el foro recurrido actuó con prejuicio o parcialidad; que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, o cuando la cuantía impuesta sea excesiva. P.R. 

Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005).

III.

Los primeros dos errores señalados por los Vecinos se 

discutirán en conjunto con el error señalado por el Municipio.

Mediante los referidos errores, los apelantes cuestionan la 

determinación del TPI de denegar la solicitud de Injunction

Estatutario y de no ordenarle al DRNA la presentación de la 

evidencia solicitada por el Municipio.
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Según surge de los documentos ante nuestra consideración, 

el TPI otorgó un término para que todas las partes sometieran la 

prueba documental y testifical que estarían presentando durante la 

Vista de Injunction Estatutario, hasta el 31 de mayo de 2023. 

Tardíamente, el 16 de junio de 2023, el Municipio solicitó que el TPI 

ordenara al DRNA la producción de documentos y la citación de 

funcionarios que, según el apelante, demostrarían que el área en 

controversia es un humedal. El TPI denegó la solicitud del Municipio 

por esta haber sido presentada en una etapa avanzada de los 

procedimientos.

El procedimiento de Injunction Estatutario es uno especial y 

sumario por su naturaleza. Acoger la solicitud del Municipio, iría en 

contravención con la naturaleza sumaria del procedimiento, ya que 

se presentó fuera del término concedido para someter la prueba a 

desfilar.

Durante las vistas de Injunction Preliminar y de Injunction 

Estatutario, el Municipio únicamente presentó el testimonio del 

Director de Finanzas del Municipio para sustentar sus alegaciones.

De igual manera, los Vecinos solo presentaron el testimonio de los

codemandantes, el Sr. Waldo Muñiz y la Sra. Elizabeth Ortiz. La 

prueba desfilada por los demandantes no logró demostrar que el 

área era un humedal. Ante la insuficiencia de prueba desfilada por 

los promoventes, los codemandados presentaron una moción non 

suit.

Cuando se solicita un Injunction Estatutario, el peso de la 

prueba recae sobre el promovente. Al existir un permiso de 

construcción expedido por la OGPe, le correspondía al Municipio y 

a los Vecinos presentar evidencia que rebatiera la presunción de 

corrección y legalidad de la autorización. Los apelantes no podían 

descansar en prueba presentada por las demás partes para probar 

que el permiso fue otorgado utilizando información falsa o 
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incorrecta. Durante la Vista de Injunction Estatutario, ninguna de 

las partes demandantes logró evidenciar que el área de terreno 

utilizado para la construcción de las facilidades de telecomunicación 

era un humedal, según alegado.

Por ende, el TPI no cometió un error al denegar la solicitud de 

Injunction Estatutario. De otra parte, los apelantes no pudieron 

demostrar que el foro primario haya incurrido en perjuicio, 

parcialidad o error manifiesto al negarse a ordenar la comparecencia 

de los funcionarios del DRNA y la presentación de su informe. La 

solicitud del Municipio fue una tardía, tomando en consideración la 

naturaleza sumaria y expedita del proceso.

Resulta menester destacar que, los Vecinos también señalan 

en su primer error que las facilidades se están construyendo en 

coordenadas distintas a las notificadas durante el proceso de 

obtención del permiso de construcción. De entrada, notamos que 

este asunto no fue discutido por el TPI en la Sentencia apelada.

Tampoco surge de los documentos ante nuestra consideración que 

dicha alegación haya sido presentada ante el TPI. Por lo que estamos 

impedidos de pasar revisión sobre ello.

Por otro lado, los Vecinos señalan que erró el TPI al ordenarles 

el pago de honorarios de abogado. En primer lugar, los Vecinos 

argumentan que, se encuentran representados por Servicios Legales 

de Puerto Rico y que, en consecuencia, están exentos del pago de 

honorarios de abogado.

Los Vecinos fundamentan su argumento en la Ley Núm. 122 

de 9 de junio de 1967, según enmendada, conocida como la Ley para 

Eximir de Toda Clase de Aranceles a la Corporación de Servicios 

Legales de Puerto Rico y otras Entidades Análogas. Sobre Servicios 

Legales de Puerto Rico, el Art. 1 dispone que dicha corporación 

estará exenta de lo siguiente:
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[...] en todo lo que fuere pertinente al desempeño de sus 

funciones y logros de sus objetivos o cuando sea 

necesario para el trámite de los casos o asuntos en que 

estuvieren interviniendo a beneficio de las personas a 

quienes están prestando servicios legales gratuitos, del 

pago de toda clase de derechos, aranceles, 

contribuciones o impuestos de cualquier naturaleza 

dispuestos por las leyes vigentes para la tramitación de 

procedimientos judiciales y la expedición de 

certificaciones en los centros del Gobierno Estatal, 

incluyéndose el sello forense y los impuestos notariales.

Esta pieza legislativa exime a la Corporación de Servicios 

Legales del pago de aranceles para los asuntos que estuviere 

interviniendo a beneficio de las personas a las que representa. 

Siendo así, solo la corporación y no los clientes, son los que están 

exentos de la imposición de pagos en concepto de honorarios de 

abogado, costas o gastos del litigio.

En la alternativa, argumentan que no procede la imposición 

de honorarios porque no incurrieron en temeridad. 

Al condenar a los Vecinos al pago de honorarios de abogado, 

el TPI expresó:

A su vez se condena a las partes demandantes el 

Sr. Waldo Muñiz, Sr. José Alfredo Rodríguez Morales y 

Sra. Elizabeth Ortiz Orengo al pago honorarios de 

abogado tras instar una acción legal carente de 

prueba y de méritos en busca de paralizar una obra 

o permiso de construcción sin fundamento en ley tal 

y como provee el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009

en dichas situaciones. (Énfasis suplido).

El pago de los honorarios de abogado impuesto a los Vecinos

fue bajo el Art. 14.1 de la Ley 161-2009. El referido Artículo

establece que se impondrán honorarios cuando la petición resulte 

carente de mérito y razonabilidad o si fue presentada con el fin de 

paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. A diferencia de 

la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, al presentar una petición 

de Injunction Estatutario, no será requisito la existencia de 

temeridad para imponer honorarios de abogado a la parte perdidosa.

Bastará con que la petición haya sido presentada sin fundamento 

en ley.
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Por todo lo cual, el TPI no erró al condenar a los apelantes al 

pago de honorarios de abogado por la cantidad de $1,000.00. No 

surge que la cuantía impuesta sea irrazonable o excesiva.

IV.

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones