Núm e ro Identificador SEN 20 2 3

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI ISRAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ; CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ; LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS Apelados

v. HÉCTOR DÁVILA ROMÁN; CRISTINA PIZARRO FERNÁNDEZ; LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS Apelantes KLAN202400717 Apelación , p rocedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guaynabo

Núm.: GB2021CV00792

Sobre: Cobro de Dinero; Incumplimiento de Contrato; Daños por Incumplimiento; Enriquecimiento Injusto

Panel integrado por su presidenta , la Juez Brignoni Mártir , la Juez a Álvarez Esnard y la Jueza Prats Palerm

. Prats Palerm, Jueza Ponente
SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 20 2 4

. Comparecen Héctor Dávila Román (“señor Dávila ”), Cristina Pizarro Fernández (“señora Pizarro”) y la Sociedad Legal de Ganancia les compuesta por ambos (en conjunto, “matrimonio Dávila

- Pizarro” o “Apela ntes”) mediante un recurso de Apelación Civil y solicita n que revoquemos la Sentencia dictada el 10 de junio de 2024, notificada el 11 de junio de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guaynabo (“TPI”) . Mediante el referido dictamen, el TPI , de manera sumaria, declaró con lugar la demanda sobre incumplimiento de contrato de opción de compra, presentada por Israel Rodríguez Rodríguez ( “señor Rodríguez” ) , Carmen Rodríguez Martínez (“señora Rodríguez”) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos ( en conjunto, “matrimonio Rodríguez

- Rodríguez” o “Apelados”)

. E n consecuencia, ordenó a los Apelantes a l pago de $27,500.00 , correspondiente a loKLAN202400717 2

adelantado por los Apelados en concepto de la opción de compra, cantidad que d evengará intereses legales a razón de 9.50%, hasta su saldo , así como el pago de $8,000.00, por concepto de honorarios de abogados. Por los fundamentos que expondremos a continuación, se Confirma la Sentencia apelada.
I. El 3 de noviembre de 2021, el matrimonio Rodríguez

- Rodríguez presentó una demanda en cobro de dinero, incumplimiento de contrato, daños por incumplimiento y enriquecimiento injusto en contra del matrimonio Dávila

- Pizarro , por la suma total de $27,500.00 . Los Apelados alegaron que , en virtud de un contrato de opción de compra venta suscrito el 12 de mayo de 2003 , le habían entregado al matrimonio Dávila

- Pizarro $2,500.00 para la compra de un solar ubicado en Guaynabo

. De igual
manera, expresaron que, el 31 de m ayo de 2005, las partes firmaron un documento intitulado Recibo , a través d el cual se certificó que el señor Rodríguez le hizo entrega al señor Dávila de $25,000.00 adicionales como abono a la compra de la propiedad y se sustituyó la opción de compra otorg ada en el 2003. Sostuvieron , además, que mediante el Recibo , los Apelantes s e h abían obligado a otorgar la correspondiente escritura de compraventa una vez las facilidades de acceso a la propiedad fueran terminadas. Asimismo, especificaron que, en ese momento, únicamente faltaba asfaltar el acceso a l solar

. Sin embargo , adujeron que, aun sin asfaltar el terreno y pese al acuerdo entre las partes, el 24 de abril de 2015, el matrimonio Dávila

- Pizarro le vendió la propiedad a un tercero. Por todo lo cual, arguyeron que procedía la devolución de la cuantía total de $27,500.00 , pagada como parte del contrato de opción de
compra venta

. Tras varios trámites procesales, los cuales no son necesari o s pormenorizar, el 30 de enero de 2024, el matrimonio Rodríguez

- Rodríguez
instó una Moción de Sentencia Sumaria

. En síntesis, señalaron que no existían hechos materiales en controversia que requirieran la celebraciónKLAN202400717 3

de un juicio en su fondo. Particularmen te, expusieron que el matrimonio Dávila

- Pizarro incumpli ó con el contrato de opción de compra al proceder con la compraventa de la propiedad, previo al cumplimiento de la condición suspensiva

. En lo aquí pertinente, expresaron que las facilidades de acceso al solar no fueron asfaltadas hasta el año 2022. Los Apelados acompañaron su solicitud con la transcripción de la deposición realizada al señor Dávila y las contestaciones al primer interrogatorio

. Por su parte, el 22 de febrero de 2024, el matrimonio Dávila

- Pizarro
sometió su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria

. Los Apelantes alegaron que , el documento firmado el 31 de mayo de 2015 no sustituyó la Opción de Compraventa otorgada en el 2003

. Así las cos as, sostuvieron
que el término dispuesto en la O pción de C ompra venta transcurrió sin que los Apelados completaran el negocio jurídico

. Junto a su oposición, el matrimonio Dávila

- Pizarro acompañ ó una declaración jurada del señor Dávila y parte de la transcripción de la deposición realizada a este. El 28 de febrero de 2024, el matrimonio Rod ríguez

- Rodríguez presentó una Réplica a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria y Solicitud de Eliminación d e Affidavit por ser Inadmisible. En resumidas cuentas, los Apelados expusieron que los Apelantes incumplieron con la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36, al no exponer hechos incontrovertidos en su oposición a la solicitud de sentencia

s umaria. Por otra parte, arguyeron que la declaración jurada del señor Dávila era inadmisible, toda vez que incluía aseveraciones conclusorias , las cuales no fueron sustentadas mediante evidencia. Luego, el 6 de marzo de 2024, las partes sometieron el Informe Conferencia con Antelación de Juicio [sic]

. La Conferencia con Antelación a Juicio se celebró el 12 de marzo de 2024

. El 27 de marzo de 2024 , el matrimonio Dávila

- Pizarro notificó una Moción I

nformativa para Todos los Fines Legales y Otros Extremos , en la cual , con la intención de enmendar una contestación del pliego interrogatorio, presentó dos d eclaraciones j uradas , una del señor DávilaKLAN202400717 4

y otra de Benjamín Guzmán Santa, quien presuntamente supervisó los trabajos de asfalto de la propiedad en el 2006

. El matrimonio Rodríguez

Rodríguez se opuso a la petición de los Apelantes mediante moción presentada el 1 de abril de 2024 . Los Apelados arguyeron que la nueva declaración jurada del señor Dávila era un sham affidavit , ya que resultaba contradictoria a lo expresado bajo juramento por este en el primer pliego interrogatorio respecto a que el terreno fue asfaltado en el
2022. Conforme a lo antes expuesto, el 10 de junio de 202 4, el TPI emitió

una Sentencia , notificada el 11 de junio de 2024 . Mediante el referido dictamen, el foro primario concluyó que los Apelantes no lograron
controvertir los hechos esenciales establecidos por los Apelados

. En consecuencia , declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria y condenó al matrimonio Dávila

- Pizarro a l pago de $27,500.00, cantidad que devenga rá intereses legales a razón de 9.50%, hasta su saldo. Además, impuso la suma de $8,000.00, por concepto de honorarios de abogado. Insatisfechos , los Apelantes presentaron una Moción de Reconsideraci ón el 24 de junio de 2024, la cual fue denegada mediante Resolución notificada el 1 de julio de 2024

. Inconforme aun, el 29 de julio de 2024, el matrimonio Dávila

Pizarro acudió ante esta Curia mediante una Apelación Civil . Los Apelantes le imputaron al TPI la comisión de los siguientes errores: Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia sumaria cuando existen hechos materiales sobre los cuales existe controversia de hechos que imposibilitan el poder dictar sentencia como cuestión de derecho y negarle a la parte demandada su dí a en corte y la oportunidad de presentar la evidencia correspondiente para defenderse adecuadamente de las alegaciones, que en efecto habían sido presentadas en la oposición a sentencia sumaria. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instanci a al imponer e n su Sentencia honorarios de abogados sin pasar juicio y hacer determinaciones sobre temeridad o friv[o]lidad de los demandados
- apelantes.KLAN202400717 5 Por su parte, el 15 de agosto de 2024, el matrimonio Rodríguez

Rodríguez presentó su Alegato en Oposición a Apelaci ón . Perfeccionado el recurso y contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.
II.

- A El mecanismo de la sentencia sumaria , Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, le permite al tribunal disponer de un c aso sin llevar a cabo una vista en su fondo. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020). Dicho mecanismo procesal, es un remedio discrecional; el cual tiene como fin, la solución justa, rápida y económica de
cont roversias, en que lo único por dirimir sean controversias de derecho. Rodríguez Méndez et al. v. Laser Eye Surgery , 195 DPR 769 , 785 (2016). Según el aludido precepto reglamentario, el promovente de la sentencia sumaria deberá establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe controversia sustancial sobre algún hecho material. A su vez, el promovente deberá fundamentar su p ostura haciendo referencia con “ indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos hechos ”. Regla 36.3 (a)(4) de Procedimiento Civil, supra . Por su parte, el promovido tiene que refutar los hechos alegados, con prueba que controvierta la exposición de la parte que solicita la
sentencia sumaria. León Torres v. Rivera Lebrón , supra, pág. 44. Así pues, la parte deberá “ contestar en forma tan detal lada y específica como lo haya hecho la parte promovente. De no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si procede ”. Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil,
supra ; León Torres v. Rivera Lebrón, supra , a la pág. 43. Así las cosas, la parte q ue se oponga a una solicitud de sentencia sumaria, no podrá descansar en las aseveraciones o negaciones consignadas en su alegación. Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, supra.KLAN202400717 6 Asimismo, al momento de resolver una moción de sentencia
sumaria es necesario que el tribunal considere a fondo las alegaciones de la demanda y las defensas presentadas. Ello, con el fin de establecer si existe controversia en cuanto a los hechos materiales o no. Por lo que, de existir dicha controversia, el tribunal no deberá decl arar ha lugar una petición de sentencia sumaria. Además, cualquier duda habrá de resolverla en contra de la parte promovente. Ramos Pérez v. Univisión , 178 DPR 200, 217 (2010). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que, como regla general, no procede la sentencia sumaria en casos donde estén en controversia “ elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad es esen cial y está en disputa ”. Ramos Pérez v. Univisión , supra , a la pág. 219. Tampoco procede emitir sentencia sumariamente cuando: (1) existan hechos materiales controvertidos (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas (3) surge de los propios documentos que se acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho material o (4) como cuestión de derecho no procede. Vera Morales v. Bravo , 161 DPR 308,
333

- 334 (2004). Como al momento de revisar las solicitudes de sentencia sumaria, estamos en la misma posición que el foro primario; nuestra última instancia apelativa ha establecido que la revisión es será de novo , limitándose a solo considerar los documentos que se presentaron ante el
TPI. Meléndez González et al. v. M. Cueba s , 193 DPR 100, 118 (2015)

. Por lo cual se descartan “ exhibiti[s], deposiciones o affidávit[s] que no fueron presentadas oportunamente en el foro de primera instancia ” o “ teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el foro apelativo ”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra , a las págs. 114

- 115. A tales efectos , este Tribunal de Apelaciones examinará el expediente de la manera más favorable hacia la parte que se opuso a la moción de sentencia sumaria en el foro primario. Además, re visaremosKLAN202400717 7

que la moción de sentencia sumaria y su oposición, cumplieron con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Por último, evaluaremos si existían hechos materiales en controversia, los que, en caso de haberlos, habremos de cumpli r con los criterios de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, y procederemos a exponer concretamente cuáles hechos materiales se encontraron que estaban en controversia y cuáles estaban incontrovertidos. Id

. Por el contrario, si encontramos que los h echos materiales del caso son incontrovertidos, debemos revisar de

novo si el foro primario aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo ante sí. Meléndez González et al. v. M. Cuebas,
supra , a la pág. 119.

- B En nuestra jurisdicción, nuestro más Alto Foro acogió la norma federal denominada “ sham affidavit doctrine ”

. SLG Zapata

- Rivera v. J.F. Montalvo , 189 DPR 414 (2013). En virtud de la referida doctrina, un tribunal está impedido de considerar un testimonio re ciente, suscrito por la parte adversa a la promovente de una solicitud de sentencia sumaria , cuando este resulta incompatible con una declaración bajo juramento emitida anteriormente , si la parte no ofrece una explicación adecuada para la nueva versión

. (Énfasis suplido). Íd. El Tribunal Supremo ha reconocido dos modalidades de la doctrina del sham affidavit : por contradicción y por omisión. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club , 194 DPR 209, 221 (2015) , citando a SLG Zapata Berrios v. JF Montalvo , su pra ; Moll v. Telesector Resources Group, Inc ., 760 F.3d 198, 205 (2nd Cir. 2014). La doctrina del sham affidavit por contradicción aplica cuando: (1) una parte ha sido examinada mediante preguntas precisas y libres de ambigüedad y ha respondido en detalle durante una deposición o ha prestado previamente una declaración clara e inequívoca bajo juramento; (2) al momento de oponerse a la solicitud de

s entencia sumaria esa parte presenta una declaración posterior cuyoKLAN202400717 8

contenido es claramente incompatible con la versión ofrecida; (3) la incompatibilidad entre las dos declaraciones resulta evidente, manifiesta o patente, y no se trata de meras discrepancia s de poca transcendencia o errores de buena fe; (4) no se ofrece explicación adecuada para la nueva versión, y (5) la declaración posterior no responde al descubrimiento de nueva evidencia, la cual a pesar de una diligencia razonable, no pudo descubrirse o no estuvo disponible al momento en que se prestó la declaración previa incompatible. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club , supra , a las págs. 221

- 222. En cambio, en la m odalidad por omisión, el tribunal puede excluir de su consideración al revisar una oposición a la sumaria, una declaración jurada que incluye por primera vez hechos materiales y esenciales a la causa de acción que fueron omitidos en las respuestas de la declarante en una deposición previa. SLG Zapata

- Rivera v. J

. F

. Montalvo , supra . Por último, cabe destacar que, en Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation , supra , a la pág. 224, nuestro más alto foro consideró el momento en que la declaración jurada fue preparada cuatro (4) días antes de presentar la oposición , como elemento indicativo adicional de que la declaración jurada fue elaborada con la intención de crear una
controversia artificial.

- C
La Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), regula la imposición de honorarios de abogado, estableciendo lo siguiente: En caso de que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivoli dad , el tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta. [...] Nuestra más alta Curia ha definido la temeridad como “ una actitud
que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y administración de la justicia ”

. Fernández v. San Juan Cement Co. Inc. , 118 DPR 713, 718 (1987). Se entiende que un litigante actúa conKLAN202400717 9

temeridad cuando “por su terquedad, obstinación, c ontumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito ”

. Andamios de P.R. v. Newport Bonding , 179 DPR 503, 520 (2010). La imposició n de honorarios de abogado por temeridad busca establecer una penalidad al litigante perdidoso que instó un pleito frívolo y debido a ello fuerza a la otra parte a incurrir en gastos y trabajo innecesarios, o a la parte que extendió excesivamente un pleito ya incoado. Por consiguiente, ésta busca disuadir la litigación
innecesaria. ELA v. Ojo de Agua Development , Inc. , 205 DPR 502 (2020). El requisito de la existencia de una actuación temeraria hace que la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, supra , tenga el propósito de penalizar o sancionar a la parte que incurre en la conducta proscrita por dicha regla. Íd . No obstante, el Tribunal Supremo ha relevado del pago de honorarios de abogado a litigantes que pierden un pleito donde hubo controversias fácticas reales que requerían el examen de la prueba testifical y documental. Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc. , 123 DPR 351, 357

- 358 (1989 ). La evaluación de si ha mediado o no temeridad recae sobre la discreción sana del tribunal sentenciador y solo se intervendrá con ella en casos en que ese foro haya abusado de tal facultad. S.L.G. Flores

– Jiménez v. Colberg , 173 DPR 843, 866 (2008). Los tribunales apelativos no deben intervenir con el ejercicio de esa discreción, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción; que el foro recurrido actuó con prejuicio o parcialidad; que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualqu ier norma procesal o de derecho sustantivo, o cuando la cuantía impuesta sea excesiva. P.R. Oil v. Dayco , 164 DPR 486, 511 (2005).KLAN202400717 10
III. En síntesis, l os Apelantes arguyen que el f oro primario erró al (1) dictar sentencia sumaria , ya que existían controversias de hechos materiales que impedían disponer sumariamente del pleito , y; (2) al impone r les el pago de honorarios de abogado, sin haber realizado una determinación de temeridad o frivolidad. En defensa del primer argumento , impugnan las siguientes determinaciones de hechos:
13. La parte demandada (parte vendedora) se obligó a otorgar la escritur a de compraventa una vez las facilidades de acceso a las cuales solo les restaba ser asfaltadas fuera terminadas.
14. Las facilidades de accesos al solar no fueron asfaltadas hasta el año 2022. 1 Particularmente , expresan que las declaraciones juradas
p resentadas mediante m oción i nformativa , el 27 de marzo de 2024 , lograron evidenciar que las facilidades de acceso al solar fueron asfaltadas en el 2006. Por su parte, los Apelados sostienen que , ante el incumplimiento del matrimonio Dávila

- Pizarro con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil,
supra , p rocedía que se dic tara sentencia a su favor. Asimismo, expresan que, ante la evidencia admisible que el foro primario tuvo ante su consideración , luego de concluido el descubrimiento de prueba, procedía
que se dictara sentencia sumaria a favor de la parte demandante

- apelada. Por otro lado, el matrimonio Rodríguez

- Rodríguez arguye que se entiende que, ante una imposición de honorarios de abogado, el foro primario realizó, implícitamente, una determinación de temeridad.
Tras una revisión de novo de la totalidad del expediente que obra ante nos, determinamos que no existen hechos materi ales en
controversia. Resulta menester destacar que , el Recibo firmado por las partes en el 2005 contenía la siguiente condición suspensiva :

Mediante este documento que sustituye a la opción de compraventa otorgada en Guaynabo, Puerto Rico el día 12 de ma yo de 2003 por las partes y a su vez obliga a la parte vendedora a otorgar la correspondiente escritura de

1 Véase, Apéndice de la Parte Apelante , a la pág. 25 ( Sentencia ).KLAN202400717 11 compraventa una vez las facilidades de acceso [,] a las cuales solamente le falta ser asfaltada, sean terminadas

. 2 (Énfasis suplido) A su vez, mediante la contestación al primer pliego interroga torio, el 22 de noviembre de 2022, el señor Dávila, bajo juramento, declaró que

“ [l]as facilidades de acceso al solar fueron asfaltadas para el año
2022

. No tenemos evidencia de ese trámite

. ” 3 (Énfasis suplido). No obstante , el 27 de marzo de 2024, culminado el descubrimiento y un mes después de haber presentado la correspondiente oposición a la solicitud de sentencia sumaria , los Apelantes presentaron dos declaraciones juradas con l a intención de enmendar lo previamente expresado por el señor Dávila. La nueva declaración jurada del señor Dávila, fechada el 20 de marzo de 2024, pretendía aclarar que “por error e inadvertencia” se señaló que las facilidades de acceso al solar fueron asfaltadas en el año
2022 , cuando presuntamente lo fueron en el 2006. Conforme a la jurisprudencia aquí discutida , la declaración del señor Dávila es un sham affidavit y , por ello, debía ser excluida. Para el momento en que se presentó, resulta ev idente que: (1) el señor Dávila había prestado previamente bajo juramento una declaración clara e inequívoca en su contestación al interrogatorio ; (2) luego de present ada la solicitud de sentencia sumaria y la correspondiente oposición, el matrimonio Dávil a
- Pizarro present ó la declaración jurada del señor Dávila, cuyo contenido es incompatible con la expresión anterior ; ( 3) dicha incompatibilidad entre ambas es evidente, dado que la declaración posterior intentó poner en duda l as expresiones admitid a s en el primer pliego interrogatorio ; (4) las explicaciones contenidas en la declaración no son adecuadas, y; (5) la declaración posterior no respondió a descubrimiento de nueva evidencia que no pudo descubrirse previamente, puesto que el señor Dávila pudo habe r corregido sus

2 Véase, Apéndice de la Parte Apelada, a la pág. 63 ( Recibo ). 3 Véase, Apéndice de la Parte Apelada, a la pág. 3 ( Contestación a Primer Pliego de Interrogatorio ).KLAN202400717 12

expresiones en cualquier momento y la declaración jurada de l supervisor de los trabajos pudo haber sido presentada con anterioridad. Como corolario, resulta forzoso concluir que no erró el foro primario al excluir las declaraciones juradas presentadas el 27 de marzo de 2024, y resolver basado en la prueba admisible ante su consideración. Por otro lado, los Apelantes arguyen que no procedía la imposición de honorarios de abogado, toda vez que el TPI no realizó una determinación de temeridad. A tenor con el derecho expuesto, un tribunal no está obligado a realizar una determinación expresa de temeridad para imponer el pago de honorarios de abogado. Si impone dicho pago, se entiende que hizo, de forma implícita, una determinación de temeridad. Por tanto, no le asiste la razón al matrimonio Dávila

- Pizarro en cuanto a que el foro primario abusó de su discreción al imponerles el pa go de honorarios de abogado , sin exponer en la sentencia el análisis que llevó a cabo para determinar que fueron temerarios, pues ello no es base para invalidar una determinación de temeridad. Sabido es que la determinación de temeridad no variará a menos que sea excesiva, exigua o constituya un abuso de discreción. P.R. Oil Company v. Dayco , supra , a la pág. 511. En el caso de marras, no encontramos indicios de abuso de discreción en la imposic ión de temeridad, ni que la suma haya sido excesiva.
IV. Por los fundamentos antes expuestos, se Confirma la Sentencia apelada. Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secreta ria del Tribunal de Apelaciones