Número Identificador

SEN2024____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel VII

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE AGUADILLA

Recurrida

v.

ÁNGEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ ET

AL

Peticionaria

KLCE202400346

Certiorari

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla

Caso Núm. 

AG2023CV00269

Sobre: 

COBRO DE DINERO 

Y EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

Grana Martínez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2024.

La parte peticionaria, Enrique Quiñones Vázquez, su esposa Jaimys 

Santana González y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, 

acude ante nos de una Orden emitida y notificada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla, el 16 de enero de 2024. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar una solicitud de relevo de 

sentencia presentada por la parte peticionaria.

Los hechos esenciales para comprender la determinación que hoy 

alcanzamos se incluyen a continuación.

I.

El 23 de febrero de 2023, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Aguadilla (en adelante, Cooperativa o parte recurrida) incoó una Demanda en 

contra de Ángel Vázquez Hernández, su esposa, Mildred Vargas Sánchez, la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y la parte peticionaria.1

En pliego, alegó que, para la fecha del 9 de septiembre de 2008, el señor 

Vázquez Hernández y su esposa, la señora Vargas Sánchez, otorgaron un 

pagaré a su orden. Indicó que para garantizar el pago del aludido pagaré se 

1 La referida demanda fue enmendada al día siguiente.
KLCE202400346 2

constituyó una hipoteca voluntaria sobre un inmueble ubicado en el Barrio 

Caimital Bajo en Aguadilla, la cual fue inscrita al Folio 1,385 del Tomo 645 

del Registro de la Propiedad. La Cooperativa afirmó que, desde el mes de 

noviembre de 2019, el señor Vázquez Hernández y su esposa, la señora 

Vargas Sánchez, incumplieron con su obligación de pagar en plazos 

mensuales el principal y los intereses acordados. Además, detalló que, a la 

fecha del 26 de mayo de 2020, los esposos adeudaban ciento cuarenta mil 

seiscientos cuarenta dólares con cincuenta y un centavos ($140,640.51) por 

concepto de principal, veintisiete mil ochocientos treinta y un dólares con 

cuarenta centavos ($27,831.40) de intereses al tipo pactado de seis punto 

setenta y cinco por ciento (6.75%), más mil seiscientos sesenta y siete dólares 

($1,667.00) por concepto de recargos acumulados. A su vez, reclamó que los 

mencionados esposos adeudaban las costas, gastos y honorarios de abogado 

equivalentes a razón del diez por ciento (10%) del principal de la deuda, 

conforme fue presuntamente pactado en el antedicho pagaré.

De otra parte, la Cooperativa señaló que, según constaba de un Estudio 

de Título realizado, la propiedad hipotecada fue vendida el 29 de noviembre 

de 2013, a la parte peticionaria, sin su consentimiento. En virtud de lo 

anterior, sostuvo que el señor Vázquez Hernández y su esposa, la señora 

Vargas Sánchez, no quedaron liberados de la responsabilidad pactada en el 

pagaré hipotecario. Así, pues, arguyó que ellos y la parte peticionaria debían

responder solidariamente por el pago del referido préstamo hipotecario. Ante 

lo expuesto, la Cooperativa le suplicó al tribunal de instancia aplicar la 

cláusula de aceleración pactada en la escritura de hipoteca, ordenar la 

ejecución de la finca y su venta en pública subasta.

El 26 de junio de 2023, la Cooperativa presentó Moción Solicitando 

Anotación de Rebeldía. En el escrito, constató que emplazó al señor Vázquez 

Hernández y su esposa, la señora Vargas Sánchez, por edicto, el 9 de mayo 

de 2023, y que emplazó personalmente a la parte peticionaria, el 2 de mayo 

de 2023. Aseveró que había trascurrido el término dispuesto por el 

ordenamiento civil vigente para que las partes contestaran la demanda, y 
KLCE202400346 3

ninguno de los codemandados había presentado su alegación responsiva. En 

virtud de ello, le solicitó al tribunal de instancia que les anotara la rebeldía.2

Ese mismo día que solicitó la anotación de rebeldía de los 

codemandados, la Cooperativa instó una solicitud de sentencia sumaria. En 

la misma, alegó que no había disputa en cuanto a que el señor Vázquez 

Hernández y su esposa, la señora Vargas Sánchez, incumplieron con los 

pagos y términos de un pagaré a su favor, el cual estaba garantizado con una 

hipoteca voluntaria. A su vez, afirmó que no existía controversia en cuanto a 

que “el pagaré dispon[ía] claramente que de cualquier pago no ser efectuado, 

luego de vencido el mismo, se entender[ía] vencidos los demás plazos y ser[ía] 

exigibles”. Además, reseñó que la Certificación Registral número 2023-

007188-CERT mostró que la propiedad objeto de hipoteca fue vendida a la 

parte peticionaria, el 29 de noviembre 2013. A tales efectos, le peticionó al 

foro primario que dispusiera sumariamente de la presente acción.3

Según solicitado, el 29 de junio de 2023, notificada el 30 del mismo 

mes y año, el tribunal de instancia le anotó la rebeldía a la parte peticionaria 

y al señor Vázquez Hernández y su esposa, la señora Vargas Sánchez.4

En reacción, el 20 de julio de 2023, la parte peticionaria contestó la 

demanda. En el escrito, alegó que se personó a la Cooperativa acompañada 

de los esposos Vázquez Hernández y Vargas Sánchez para tramitar la 

sustitución del deudor de la antedicha hipoteca, sin embargo, 

presuntamente, se le indicó que el cambio no podía efectuarse por problemas 

internos de la institución. Según detalló, pese a lo relatado anteriormente, la 

institución financiera continuó aceptándole los pagos. Señaló que, 

posteriormente, se acogió a la moratoria concedida a causa del Huracán 

María y de la pandemia del COVID-19. Luego, en marzo de 2020, 

alegadamente, intentó poner al día los pagos de la hipoteca, pero la 

Cooperativa no los aceptó. Así, pues, alegó que no existía una causa de acción 

2 Véase, Entrada núm. 24 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos

(SUMAC).

3 Véase, Entrada núm. 25 de SUMAC. 

4 Íd., Entrada núm. 27.
KLCE202400346 4

en su contra, puesto que no tenía una relación de acreedor-deudor con la 

Cooperativa. Al amparo de lo expuesto, le rogó al foro primario que 

desestimara la Demanda en lo que concernía a su persona.

Tras varias instancias procesales, el 12 de septiembre el 2023, 

notificada el 12 del mismo mes y año, el tribunal de instancia dictó Sentencia 

en rebeldía. Mediante el referido dictamen, condenó a los codemandados a 

pagar solidariamente las sumas reclamadas por la Cooperativa, más las 

costas, gastos, y honorarios de abogado equivalentes a razón del diez por 

ciento (10%) del principal de la deuda. A su vez, ordenó al alguacil regional a 

efectuar la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada.

Posteriormente, el 8 de enero de 2024, la parte peticionaria presentó 

una Moción al amparo de la Regla 49. 2 de Procedimiento Civil. En la misma, 

arguyó que se le debía relevar de los efectos de la sentencia, puesto que la 

misma no se dictó en su contra, y las consecuencias del dictamen no la 

involucraban.5

Examinada la moción, el 16 de enero de 2024, el foro primario emitió 

una Orden, en la cual la declaró No ha Lugar.

El 30 de enero de 2024, la parte peticionaria le solicitó al aludido foro 

que reconsiderara su determinación. Insistió en que la sentencia no se dictó 

en su contra. A su vez, afirmó que el relevo de sentencia no perjudicaría a la 

Cooperativa.

El 13 de febrero de 2024, la Cooperativa se opuso a la reconsideración. 

Esencialmente, aseveró que la parte peticionaria tenía la obligación de 

oponerse a la solicitud de sentencia sumaria, sin embargo, se cruzó de brazos 

y descansó en su contestación a la demanda. Por otra parte, indicó que la 

parte peticionaria había repetido los argumentos utilizados en otros escritos, 

y que los mismos, presuntamente, ya habían sido atendidos por el tribunal. 

Así, pues, le suplicó al foro primario que declarara sin lugar la 

reconsideración.

5 Apéndice del recurso, pág. 68.
KLCE202400346 5

El 14 de febrero de 2024, la parte peticionaria acudió ante este Tribunal 

mediante un recurso de certiorari y en auxilio de jurisdicción. Ese mismo día, 

luego de evaluar el expediente ante nuestra consideración, denegamos el 

auxilio y, el 29 de febrero de 2024, desestimamos el referido recurso por falta 

de jurisdicción, por prematuro. Coincidimos en que la parte peticionaria 

había recurrido a esta Curia de manera inoportuna, dado a que el antedicho 

recurso fue presentado antes de que el tribunal de instancia atendiera la 

solicitud de reconsideración.

En desacuerdo, el 7 de marzo de 2024, la parte peticionaria incoó ante 

este Tribunal una Moción urgente de reconsideración.

Al día siguiente, el foro primario declaró sin lugar la solicitud de 

reconsideración ante su consideración.

Asimismo, el 12 de marzo de 2024, esta Curia declaró No ha Lugar la 

Moción urgente de reconsideración.

El 14 de marzo de 2024, la parte peticionaria nuevamente nos solicitó 

reconsiderar la determinación que emitimos el 29 de febrero de 2024, 

mediante la cual desestimamos su recurso de certiorari. Particularmente, 

señaló que el tribunal de instancia había emitido una determinación, el 8 de 

marzo de 2024, en torno a la moción de reconsideración que estaba ante su 

consideración.

Al día siguiente, declaramos No Ha Lugar la antedicha moción. En la 

misma, señalamos que, resuelta la moción de reconsideración por el tribunal 

de instancia, lo que procedía era presentar un recurso de certiorari conforme 

a la Regla 32(c) del Tribunal de Apelaciones.

Así, pues, el 25 de marzo de 2024, la parte peticionaria acudió 

nuevamente ante esta Curia mediante un recurso de certiorari. En el mismo, 

planteó lo siguiente:

Primer Error: Incidió el Honorable TPI al autorizar un 

Mandamiento de Ejecución de Sentencia (el 31 de octubre de 

2023) y una Orden de Ejecución de Sentencia (el 7 noviembre de 

2023) de una Sentencia dictada en rebeldía contra varios 

codemandados cuando la parte peticionaria se encontraba 

activamente litigando el caso de título.
KLCE202400346 6

Segundo Error: Incidió el Honorable TPI al dictaminar los 

mencionados Mandamientos de Ejecución de Sentencia y Orden 

de Ejecución de Sentencia dejando en el desamparo a la parte 

peticionaria sin su día en Corte y riesgo de no poder defender su 

interés en la propiedad inscrita a su nombre en el Registro de la 

Propiedad.

Tercer Error: Incidió el Honorable TPI al declarar No Ha Lugar la 

Moción al Amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil instada 

por la parte peticionaria para que se le relevara de los efectos tan 

perjudiciales de los documentos notificados por instancia los días 

31 de octubre y 7 de noviembre de 2023.

Igualmente, la parte peticionaria presentó una Moción en auxilio de 

jurisdicción.

Examinado lo anterior, el 25 de marzo de 2024, ordenamos a la 

Cooperativa a que, en o antes del 2 de abril de 2024, mostrara causa por la 

cual este Tribunal no debía declarar con lugar el auxilio de jurisdicción y 

expedir el recurso de epígrafe.

En cumplimiento, el 1 de abril de 2024, la Cooperativa presentó 

Oposición a expedición de auto de certiorari y auxilio de jurisdicción. Sostuvo 

que la parte peticionaria no demostró que el tribunal de instancia se excedió 

en el ejercicio de su discreción, ni que estaban presentes los elementos 

constitutivos de fracaso a la justicia. Específicamente, indicó que la parte 

peticionaria dejó pasar el término para solicitar reconsideración y recurrir en 

alzada, de modo que utilizó su solicitud de relevo de sentencia para reabrir 

cuestiones que fueron resueltas de manera final.

Al día siguiente, declaramos sin lugar la solicitud de auxilio.

Inconforme, el 8 de abril de 2024, la parte peticionaria solicitó que 

reconsideráramos la antedicha resolución.

Evaluada la solicitud, el 2 de abril de 2024, declaramos No Ha Lugar la 

reconsideración.

Luego de examinar detenidamente el expediente que nos ocupa, 

procedemos a delimitar el trasfondo normativo aplicable.
KLCE202400346 7

II.

A. Certiorari

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un 

tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 

TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 

DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); 

Mun. Caguas v. JRO Construction Inc., 201 DPR 703, 710 (2019). Aunque la 

característica principal del recurso reside en el carácter discrecional del 

mismo, tal determinación no es irrestricta, está sujeta a los criterios 

señalados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. Así, pues, el foro apelativo deberá auscultar los criterios de 

la aludida regla para guiar su discreción al intervenir con la resolución u 

orden recurrida. La Regla 40 dispone:

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 

de mostrar causa:

A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

B) Si la situación de los hechos planteada es la más indicada para 

analizar el problema. 

C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

de la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, por los cuales deberán ser elevados, 

o de alegatos más elaborados.

E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.

F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

La característica distintiva de este recurso se asienta en la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 
KLCE202400346 8

méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Sin embargo, 

la discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la 

encaminen, sino que el foro apelativo cuenta con los criterios enumerados en 

dicha Regla para asistirlo y determinar si en un caso en particular procede 

que se expida el auto discrecional de certiorari. BPPR v. SLG Gómez-López, 

2023 TSPR 145, a la pág. 23, 213 DPR ___ (2023).

B. Moción de Relevo de Sentencia 

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean justas, el 

tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una 

sentencia, orden o procedimiento por las razones siguientes:

a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;

b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una 

debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo 

para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;

c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 

“intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa 

representación u otra conducta impropia de una parte 

adversa;

d) nulidad de la sentencia;

e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido 

con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido 

revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería equitativo 

que la sentencia continúe en vigor, o

f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio 

contra los efectos de una sentencia.

32 LPRA Ap. V, Reg. 49.2; SLG Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe et 

al., 207 DPR 636, 657 (2021); Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 

(2004).

La Moción de Relevo de Sentencia integra en las reglas el objetivo 

principal de los tribunales y reconoce la facultad importante que estos tienen 

para dejar sin efecto alguna sentencia u orden suya por causa justificada. El 

referido remedio de reapertura se origina en la propia razón de ser de los foros 

judiciales: hacer justicia. Piazza Vélez v. Isla del Rio, Inc., 158 DPR 440, 448 

(2003); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977); Southern 

Construction Co. v. Tribunal Superior, 87 DPR 903, 905–906 (1963). La Moción 

de Relevo proporciona un mecanismo procesal post sentencia para impedir 
KLCE202400346 9

que tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia. Nada es más 

frustrante para el logro de ese propósito que negar a una parte su día en 

corte. Ahora bien, aunque se favorece su interpretación liberal, no quiere 

decir que “es [una] llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya 

adjudicado y echar a un lado la sentencia correctamente dictada”. Reyes v. 

E. L. A. et al., 155 DPR 799, 809 (2001); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, supra, 

pág. 449; Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974). Por ello, el 

relevar a una parte de los efectos de la sentencia es una facultad discrecional 

del foro sentenciador, salvo en los casos de nulidad o cumplimiento de 

sentencia. Náter v. Ramos, supra, pág. 625.

Al justipreciar una solicitud de relevo al amparo de la Regla 49.2, el 

tribunal tiene el deber de tomar en consideración ciertos criterios inherentes 

a la regla, entre éstos: si el peticionario tiene una buena defensa en sus 

méritos; el tiempo que media entre la sentencia y la solicitud del relevo, y el 

grado de perjuicio que pueda ocasionar a la otra parte la concesión del relevo 

de sentencia. Reyes v. E.L.A. et al., supra; Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 

825 (1998); Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 294 

(1988). Asimismo, el promovente debe demostrar, mediante preponderancia 

de prueba, los hechos que justifican la moción. Peña Lacern v. Martínez 

Hernández y otros, 210 DPR 425, 439 (2022).

Finalmente, precisa apuntalar que es norma reiterada que la solicitud 

relevo de sentencia no se puede utilizar como sustituto del recurso de 

revisión. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 327-328 (1997). De 

modo, que una parte no puede obviar el trámite apelativo y, en su defecto, 

presentar una moción al amparo de la Regla 49.2, supra.

C. Responsabilidad solidaria

Las obligaciones con una multitud de deudores pueden ser 

mancomunadas o solidarias. La diferencia es que, en las obligaciones 

mancomunadas, cada deudor cumple con su parte de la deuda de manera 

independiente. Artículo 1092 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley 

Núm. 55-2020, 31 LPRA sec. 9051. No obstante, en la obligación solidaria 
KLCE202400346 10

cada deudor tiene el deber de satisfacer la totalidad del crédito que ostenta el 

acreedor. Íd., Artículo 1102, 31 LPRA sec. 9061. El deudor solidario que pague 

la totalidad de la deuda puede presentar una acción de nivelación contra sus 

codeudores solidarios. Íd., Artículo 1539, 31 LPRA sec. 10804. Ahora bien, la 

solidaridad no se presume y tiene que estar expresamente determinada en la 

obligación para que surta efectos. Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, 

186 DPR 365, 375 (2012).

III

La parte peticionaria nos solicita que revisemos la negativa del tribunal 

de instancia de declarar con lugar su solicitud de relevo de sentencia. 

Principalmente, sostiene que el dictamen no se emitió en su contra y que no 

la involucraba.

Luego de evaluar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, colegimos que los argumentos presentados por la parte 

peticionaria no cumplen con el estándar de prueba que justifica el relevo de 

una sentencia. Meras alegaciones de error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable no son suficiente para derrotar la deferencia que le 

debemos a la determinación del foro recurrido. Tampoco de los hechos 

presentados y las explicaciones brindadas podemos concluir que la apelante 

ostenta una defensa meritoria. Por otra parte, los planteamientos presentados 

por la parte peticionaria en cuanto a que se le debió levantar la rebeldía, 

puesto que estaba litigando el caso activante, y que se le impidió defender su 

interés de propiedad, son argumentos que se pudieron haber planteado en 

apelación. Conforme esbozamos, es norma reiterada que la Moción de Relevo 

de Sentencia conforme a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, no se 

puede utilizar como sustituto del recurso de revisión. Pagán v. Alcalde Mun. 

de Cataño, supra, págs. 327-328.

En ausencia de una demostración concreta de que la parte peticionaria 

tiene una buena defensa en sus méritos para relevarla de los efectos de la 

sentencia que nos ocupa, coincidimos con la determinación del foro recurrido.
KLCE202400346 11

Ahora bien, de una lectura de la sentencia ante nuestra consideración,

nos percatamos que el tribunal de instancia condenó a los codemandados a 

pagar solidariamente las sumas reclamadas por la parte recurrida, más las 

costas, gastos, y honorarios de abogado equivalentes, a razón del diez por 

ciento (10%) del principal de la deuda. Como bien reseñamos, la solidaridad 

no se presume y tiene que estar expresamente determinada en la obligación 

para que surta efectos. SLG Báez-Casanova v. Fernández, supra, pág. 204; 

Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, supra, pág. 375. El pagaré 

hipotecario que nos ocupa en ninguna parte especificaba que el principal, los 

intereses al tipo pactado, los recargos acumulados, o las costas, gastos y 

honorarios de abogado se pagarían de manera solidaria. Quienes estaban 

vinculados por el pagaré eran, exclusivamente, el señor Vázquez Hernández 

y su esposa, la señora Vargas Sánchez. Aunque lo anterior no fue planteado 

ante este foro, como se sabe, cuando el foro primario comete un error de 

derecho, nuestra función de revisión no está limitada a la consideración de 

los errores planteados. López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 867 

(1996). 

En virtud de lo anterior nos es forzoso expedir el presente recurso para 

modificar el dictamen recurrido, y, así, aclarar que los codemandados no son 

deudores solidarios.

IV.

Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de certiorari y 

modificamos la Sentencia recurrida para aclarar que los codemandados no 

son deudores solidarios. Así, aclarado lo anterior, confirmamos el dictamen 

que nos ocupa.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones