Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

SECRETARIO(A) DEL 

TRABAJO del 

DEPARTAMENTO DEL 

TRABAJO Y RECURSOS 

HUMANOS en nombre y 

para beneficios de 

234 obreros

Parte Apelada

v.

WEST SECURITY 

SERVICES, INC. Y/O 

UNITED SURETY & 

INDEMNITY CO. 

Parte Apelante

KLAN202400662

Apelación,

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Mayaguez

Caso Núm.: 

MZ2023CV01995

Núm. Adm.: 

NAL 57333

Sala: 206

Sobre: 

Reclamación de Bono

Ley Núm. 148 de 30 de 

junio de 1969 (29 LPRA 

501 ss) y Ley Núm. 2 de 

17 de octubre de 1961 

(32 LPRA 3118 ss)

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge 

Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

SENTENCIA

Nunc Pro Tunc1

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2024.

Compareció ante este Tribunal la parte apelante, West Security 

Services, Inc. (en adelante, el “WSS” o “Apelante”), mediante recurso de 

apelación presentado el 11 de abril de 2024. Nos solicitó la revocación de 

la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (en adelante, el “TPI”), el 1 de julio de 2024, notificada y 

archivada en autos en igual fecha. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró 

“Ha Lugar” la “Moción de Sentencia Sumaria” interpuesta por el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en nombre y para 

beneficio de 234 obreros (en adelante, “Departamento del Trabajo” o 

“Apelado”) y, en consecuencia, declaró “Ha Lugar” la “Querella”

presentada por el Apelado. 

1 Se dicta Sentencia Nunc Pro Tunc a los fines de corregir en el epígrafe el número de 

caso ante el Tribunal de Primera Instancia, para que lea MZ2023CV01995. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se revoca la 

Sentencia apelada. 

I. 

El caso de autos tuvo su génesis el 29 de noviembre de 2022, 

cuando el Apelante presentó ante el Negociado de Normas del 

Departamento del Trabajo una Solicitud de Exención de Pago del Bono de 

Navidad del año 2022. Presentada la solicitud, el 30 de noviembre de 2022, 

el Apelado le notificó a WSS que su solicitud de exoneración del bono no 

cumplía con las leyes y la reglamentación. Esto, debido a que, el Estado 

de Situación de Ganancias y Pérdidas presentado no tenía adherido el sello 

original del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. En dicha 

notificación, se le advirtió al Apelante que debía corregir la deficiencia en o 

antes del 30 de noviembre de 2022, pues de lo contrario, estaría obligado 

a pagar el bono en su totalidad. El 1 de diciembre de 2022, WSS presentó

el documento con el sello original del Colegio de Contadores Públicos 

Autorizados ante la sede del Departamento del Trabajo en Mayagüez. A

pesar de ello, el personal de este se negó a recibirlo, ya que la fecha límite

para presentarlo había vencido. 

Así las cosas, el 2 de diciembre de 2022 el Apelante solicitó 

reconsideración y el 8 de diciembre de 2022, el Departamento del Trabajo

notificó a WSS que la determinación del 30 de noviembre de 2022 se 

confirmaba. Esto, a causa de que, el Apelante no cumplió con el requisito 

de Ley Núm. 148 de 30 de noviembre de 1969, infra, de presentar toda 

documentación en o antes del 30 de noviembre de 2022. A raíz de ello, en 

enero del 2023, la División de Bono del Negociado de Normas del Trabajo 

refirió el caso a la Oficina de Área y le informó que a WSS no se le había 

concedido la exoneración solicitada y que procediera a investigar si el 

Apelante había pagado el bono, según correspondía. Tras tres (3) cartas 

de cobro infructuosas que el Negociado de Normas de Trabajo le cursó al 

Apelante, el 13 de noviembre de 2023, el Apelado radicó ante el TPI una 

“Querella”. En esta última, el Secretario del Trabajo le reclamó a WSS el 

bono de Navidad de 234 obreros al amparo de la Ley Núm. 148 de 30 de 
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noviembre de 1969, infra. Así pues, el 27 de diciembre de 2023, el apelante 

presentó “Contestación a Querella”.

Luego de varios trámites procesales impertinentes a la controversia, 

el 15 de abril de 2024 el Apelado radicó una “Moción de Sentencia 

Sumaria”. En síntesis, arguyó que: (1) procedía disponer del caso 

sumariamente, pues no existía controversia sobre hecho alguno y (2) que 

la Solicitud de Exención de Pago del Bono de Navidad del año 2022 

presentada por el Apelante ante el Departamento del Trabajo no fue 

aprobada y, por tanto, procedía el pago del bono de Navidad a favor de los 

empleados acumulados al pleito. Por su parte, el Apelante presentó su 

“Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria” mediante la cual sostuvo 

que existía una controversia de hechos que se debía dilucidar en vista 

evidenciaria y juicio plenario debido a que el Apelado no había podido 

establecer con certeza la existencia de las cantidades supuestamente 

adeudadas. Además, planteó que dicho requisito era una condición sine 

qua non para que procediera una moción de sentencia sumaria en relación 

con un cobro de dinero, según el ordenamiento jurídico vigente, debido a 

que se desconoce si las cantidades que se cobran son reales y genuinas. 

Evaluada la posición de ambas partes, el 1 de julio de 2024, el TPI 

notificó y emitió Sentencia ordenando a WSS a satisfacer al Departamento 

del Trabajo la suma de $89,539.09 por concepto de bono de Navidad. Aún 

inconforme con lo anteriormente resuelto, el Apelante acudió ante este 

Tribunal mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló el siguiente 

error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA 

SUPERIOR DE MAYAGUEZ AL DICTAR SENTENCIA 

SUMARIA DECLARANDO HA LUGAR LA DEMANDA A 

PESAR DE QUE SE DEMOSTRÓ EXISTEN

CONTROVERSIA DE HECHOS QUE DEBEN SER 

VENTILADAS Y CONTROVERTIDAS EN UN JUICIO 

PLENARIO.

El 23 de julio de 2024, el Departamento del Trabajo presentó 

“Alegato de la Parte Apelada”.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver.
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II.

A.

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica de 

todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Así, la Regla 36 del mencionado 

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia 

sumaria. A la luz de sus disposiciones, se dictará sentencia si de “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia 

demuestran que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún 

hecho esencial y pertinente, y que como cuestión de derecho el tribunal 

debe dictar la sentencia sumaria a favor de la parte promovente”. Regla 

36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.3. 

En ese sentido, se considera un hecho material o esencial, “aquel 

que pueda afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

sustantivo aplicable”. Oriental Bank v. Caballero García, 212 DPR 671, 679 

(2023). Cabe señalar que el juzgador no está limitado a los hechos o 

documentos que se produzcan en la solicitud, sino que puede tomar en 

consideración todos los documentos que obren en el expediente del 

tribunal. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 

(2011).

Solamente se dictará sentencia sumaria en casos en los cuales el 

tribunal tenga ante su consideración todos los hechos necesarios y 

pertinentes para resolver la controversia y surja claramente que la parte 

promovida por el recurso no prevalecerá. Oriental Bank v. Caballero 

García, supra, pág. 678. Sin embargo, el tribunal no podrá dictar sentencia 

sumaria cuando: (1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 

(2) haya alegaciones afirmativas en la Demanda que no han sido refutadas; 

(3) surja de los propios documentos que acompañan la moción una 

controversia real sobre algún hecho material; o (4) la moción no procede 

como cuestión de derecho. SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 

supra, pág. 168. Para prevalecer, el promovente de este recurso debe 
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presentar una moción fundamentada en declaraciones juradas o en 

cualquier evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos materiales sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. Oriental Bank v. Caballero García, supra, pág. 678.

Por su parte, la parte promovida por una moción de sentencia 

sumaria debe demostrar que existe controversia en cuanto a algún hecho 

material que sea constitutivo de la causa de acción del demandante. 

Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 796, 808 (2020); Oriental 

Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25-26 (2014). Así, la parte que se opone 

a que se dicte sentencia sumaria en su contra debe controvertir la prueba 

presentada y no cruzarse de brazos. ELA v. Cole, 164 DPR 608, 626 

(2005). No puede descansar en meras afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva, sino que está obligada a presentar 

contradeclaraciones juradas y/o contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. Oriental Bank v. 

Caballero García, supra, pág. 680; Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 

DPR 664, 677 (2018). Adicionalmente, en León Torres v. Rivera Lebrón, 

204 DPR 20, 47 (2020), el Tribunal Supremo resolvió que ninguna de las 

partes en un pleito puede enmendar sus alegaciones a través de la 

presentación de una solicitud de sentencia sumaria o su oposición. Así que, 

según lo expresa el propio tribunal, “la parte que se opone a una solicitud 

de sentencia sumaria no puede traer en su oposición, de manera colateral, 

defensas o reclamaciones nuevas ajenas a los hechos consignados en sus 

alegaciones, según consten en el expediente del tribunal al momento en 

que se sometió la moción dispositiva en cuestión”. Íd., pág. 54.

Según las directrices pautadas por nuestro más Alto Foro, una vez 

se presenta la solicitud de sentencia sumaria y su oposición, el tribunal 

deberá: (1) analizar todos los documentos incluidos en ambas mociones y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; y (2) determinar si la parte 

opositora controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones en la 

demanda que no han sido refutadas en forma alguna por los documentos. 

Abrams Rivera v. ELA, DTOP y otros, 178 DPR 914, 932 (2010). 
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Al examinar la procedencia de una moción que solicita disponer de 

un caso sumariamente, el tribunal no tiene que sopesar la evidencia y 

determinar la veracidad de la materia, sino que su función estriba en 

determinar la existencia o no de una controversia genuina, la cual amerite 

ser dilucidada en un juicio plenario. JADM v. Centro Comercial Plaza 

Carolina, 132 DPR 785, 802-803 (1983). Además de que “[t]oda inferencia 

razonable que se realice a base de los hechos y documentos presentados, 

en apoyo y en oposición a la solicitud de que se dicte sentencia 

sumariamente, debe tomarse desde el punto de vista más favorable al que 

se opone a ésta”. ELA v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005).

En el caso de revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, este foro apelativo se encuentra en la misma posición 

que el foro de instancia para evaluar su procedencia. Rivera Matos et al. v. 

Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020); Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). La revisión que realice el foro apelativo 

deberá ser de novo y estará limitada a solamente adjudicar los documentos 

presentados en el foro apelado. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 335 

(2004). De modo que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden 

litigar asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Íd.

En adición a esta limitación, se ha aclarado que al foro apelativo le está 

vedado adjudicar los hechos materiales esenciales en disputa, porque 

dicha tarea le corresponde al foro de primera instancia. Íd. págs. 334-335. 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro más Alto 

Foro delimitó los pasos del proceso a seguir para la revisión de la sentencia 

sumaria por parte de este foro revisor, el cual consiste de: (1) examinar de 

novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro primario; (2) revisar que

tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, supra; (3) revisar si 

en realidad existen hechos materiales en controversia y, de haberlos, 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.4, de exponer concretamente cuáles hechos materiales 
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encontró que están en controversia y cuáles son incontrovertibles; (4) y, de 

encontrar que los hechos materiales realmente son incontrovertidos, debe 

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el derecho a la controversia. Íd., págs. 118-119. 

Conviene desde ahora destacar que el Tribunal Supremo también

ha expresado que es desaconsejable utilizar la moción de sentencia

sumaria en casos en donde existe controversia sobre elementos subjetivos,

de intención, propósitos mentales o negligencia. Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R, 178 DPR 200, 2019 (2010); Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175

DPR 615, 638 (2009). No obstante, “cuando de los documentos a ser

considerados en la solicitud de sentencia sumaria surge que no existe

controversia en cuanto a los hechos materiales” nada impide que se utilice

la sentencia sumaria en casos donde existen elementos subjetivos o de

intención. Ramos Pérez v. Univisión de P.R, supra, pág. 219.

B.

La Ley Núm. 148 de 30 de junio de 1969, según enmendada, 

conocida como la “Ley del Bono de Navidad para Trabajadores y 

Empleados de la Empresa Privada”, 29 LPRA secs. 501 et seq., (en 

adelante, “Ley Núm. 148”) dispone para el pago patronal de un bono anual

a ciertos empleados de la empresa privada. A esos efectos, se obliga a los 

patronos a quienes la Ley aplicare, a conceder a sus empleados un bono 

de Navidad, que constituiría una compensación adicional a cualesquiera 

otros salarios o beneficios de otra índole a que sea acreedor. 29 LPRA sec. 

501. Sin embargo, conforme al estatuto, no todos los patronos están 

obligados a pagar el bono de Navidad. Esto, debido a que existen 

circunstancias en las cuales el patrono está exento de pagar el bono. 

Entiéndase, cuando no ha obtenido ganancias o cuando éstas resultaren 

insuficientes para cubrir la totalidad del mismo, sin exceder el límite de 

quince por ciento (15%) de las ganancias netas anuales. 29 LPRA sec. 507. 

Para poder beneficiarse de tal excepción, el patrono deberá someter al 

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, no más 

tarde del 30 de noviembre de cada año, un estado de situación y de 
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ganancias y pérdidas debidamente certificado por un contador público 

autorizado, que evidencie dicha situación económica. Íd.

Por otra parte, en el ejercicio de la facultad que se le delegó al 

Secretario del Departamento del Trabajo por virtud de la Ley Núm. 148, 

supra, este último aprobó el Reglamento Núm. 9003 de 18 de septiembre 

de 2017, conocido como el “Reglamento para Administrar la Ley Núm. 148 

de 30 de junio de 2969, según enmendada, conocida como “Ley del Bono 

de Navidad en la Empresa Privada” (en adelante, “Reglamento Núm. 

9003”). En su Artículo VII, este estipula el procedimiento para solicitar la 

exención del pago del bono de Navidad. En específico, el mismo dispone 

lo siguiente:

Todo patrono que emplee uno o más empleados o 

trabajadores dentro del periodo de cobertura tendrá las 

siguientes obligaciones:

[...]

4. Notificar al Secretario, no más tarde del treinta (30) de 

noviembre de cada año, cuando no pagará en su totalidad o 

en parte el bono que le corresponda a sus empleados, por no 

haber obtenido ganancias o cuando estas resultan 

insuficientes para cubrir la totalidad del bono sin exceder el 

límite del quince por ciento (15%) de las ganancias netas 

anuales del patrono habidas dentro del periodo de cobertura.

La notificación deberá acompañarse con un estado de 

situación y de ganancias y pérdidas del periodo de cobertura 

preparado conforme a las normas y principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Puerto Rico y sus respectivas 

notas, así como con el correspondiente informe compilado, 

revisado o auditado, firmado y sellado en original por un 

contador público autorizado (CPA) con licencia en vigor 

que haya sido emitida por la Junta de Contabilidad de Puerto 

Rico, según lo dispuesto por la Ley Núm. 293 de 15 de mayo 

de 1945, "ley de Contabilidad Pública de 1945", según 

enmendada, que evidencie dicha situación económica. 

Además, el Secretario podrá solicitar cualquier otra 

información que la Ley Núm. 148 le autorice a requerir y 

obtener en aras de considerar debidamente la notificación 

patronal.

[...]

Si el patrono no somete el estado de situación y de ganancias 

y pérdidas requerido, dentro del término y la forma indicada 

en este inciso, vendrá obligado a pagar el bono en su 

totalidad, aun cuando no haya obtenido ganancias en el 

negocio o estas resultasen insuficientes para cubrir la 

totalidad del bono. Art. VII, Reglamento Núm. 9003 de 18 

de septiembre de 2017 del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos, págs. 5-6 (énfasis suplido).
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III.

En el presente caso, el Apelante nos solicitó que revoquemos la 

Sentencia del TPI a través de la cual se declaró “Ha Lugar” la “Moción de 

Sentencia Sumaria” presentada por el Departamento del Trabajo. 

Veamos.

Conforme hemos adelantado, al momento de revisar una 

determinación del foro de instancia respecto a una solicitud de sentencia 

sumaria, estamos llamados a realizar una revisión de novo y limitarnos 

únicamente a adjudicar las controversias con los documentos que obran en 

el expediente ante el foro de instancia. Luego de efectuar dicho análisis, a 

la luz de la prueba que se presentó ante el TPI, determinamos que sobre 

los siguientes hechos esenciales y pertinentes no existe controversia:

1. El 29 de noviembre de 2022, West Security Servicies Inc. 

presentó ante el Negociado de Normas de Trabajo del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos una Solicitud 

de Exención de Pago del Bono para el año 2022.

2. El Departamento del Trabajo le notificó a West Security 

Servicies Inc. que su solicitud de exoneración del Bono no 

cumplía con las leyes y reglamentación debido a que el 

Estado de Situación y de Ganancias y Pérdidas presentado 

no tiene adherido el sello original del Colegio de Contadores 

Públicos Autorizados.

3. El 1 de diciembre de 2022, West Security Servicies Inc. llevó 

al Departamento del Trabajo los documentos originales 

correspondientes a la auditoría realizada.

4. Dichos documentos no fueron recibidos por el personal del 

Departamento del Trabajo por, entre otras cosas, la fecha 

límite para la entrega completa de dichas solicitudes vencía 

el 30 de noviembre de 2022.

5. El 8 de diciembre de 2022, se le notifica West Security 

Servicies Inc., por conducto de su representación legal, que 

la determinación del 30 de noviembre de 2022 es confirmada 

debido a que el patrono no cumplió con el requisito de ley de 

presentar toda su documentación en o antes del 30 de 

noviembre de 2022.

6. El 8 de febrero de 2023, el Negociado de Normas de Trabajo 

le informa a West Security Servicies Inc. que se está 

efectuando una investigación por concepto del pago del bono 

de Navidad, al amparo de la Ley Núm. 148, supra, y solicitó

se le proveyera una serie de documentos relacionados a la 

misma. 

7. El 24 de abril de 2023, se le notificó West Security Servicies 

Inc. una carta de cobro en la que se le indicó que de la 

investigación realizada por el Departamento del Trabajo 

concluyó que adeudaba la suma $67,154.38, por concepto de 

bono de Navidad al amparo de la Ley Núm. 48, supra.
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8. El 16 de mayo de 2024, se le volvió a notificar a West Security 

Servicies Inc. una carta de cobro.

9. El 17 de agosto de 2023, se le notificó a West Security 

Servicies Inc. que su caso había sido referido al Negociado 

de Asuntos Legales del Departamento del Trabajo, para la 

acción correspondiente. 

10.El 12 de septiembre de 2023, el Negociado de Asuntos 

Legales le notificó a West Security Services Inc. nuevamente 

otra carta de cobro informándole que el asunto había sido 

referido a su atención para la acción judicial correspondiente, 

pero que sin embargo, en ánimo de evitar las molestias, 

riesgos y penalidades que son inherentes a un proceso 

judicial, le solicitaba pagar la suma de $89,539.09 (suma 

ajustada a la penalidad de los 6 meses establecida en la Ley), 

para así dar por terminado el caso. 

Establecido lo anterior, nos dirigimos a analizar el único 

señalamiento de error esgrimido. En síntesis, WSS plantea que el foro 

primario abusó de su discreción al disponer del caso sumariamente y, en 

consecuencia, declarar “Ha Lugar” la “Querella” presentada por el Apelado 

y condenarlo al pago de $89,539.09, por concepto de bono de Navidad a 

favor del Departamento del Trabajo. 

A la luz del estado de derecho anteriormente expuesto, no todos los 

patronos están obligados a pagar el bono de Navidad, pues existen 

circunstancias en las cuales éste podría estar exento de efectuar dicho 

pago. Un ejemplo de ello es cuando el patrono no ha obtenido ganancias o 

éstas resultaren insuficientes para cubrir la totalidad del bono, sin exceder 

el límite de un quince por ciento (15%) de las ganancias netas anuales. 29 

LPRA sec. 507. Acorde con lo anterior, la Ley Núm. 148, supra, dispone 

que, para poder beneficiarse de tal excepción, el patrono deberá someter 

al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, no más 

tarde del 30 de noviembre de cada año, un estado de situación y de 

ganancias y pérdidas debidamente certificado por un contador público 

autorizado que evidencie dicha situación económica. Íd. Es menester 

destacar que dicha disposición estatutaria le reconoce la autoridad en ley 

al Departamento del Trabajo para adoptar aquellas reglas y reglamentos 

que considere necesarios para la mejor y debida administración de sus 

disposiciones. Íd.
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De conformidad con dicha pauta legal, el Reglamento Núm. 9003, 

supra, advierte que:

Todo patrono que emplee uno o más empleados o 

trabajadores dentro del periodo de cobertura tendrá las 

siguientes obligaciones:

[...]

4. La notificación deberá acompañarse con un estado de 

situación y de ganancias y pérdidas del periodo de cobertura 

preparado conforme a las normas y principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Puerto Rico y sus respectivas 

notas, así como con el correspondiente informe compilado, 

revisado o auditado, firmado y sellado en original por un 

contador público autorizado (CPA) con licencia en vigor 

que haya sido emitida por la Junta de Contabilidad de Puerto 

Rico, según lo dispuesto por la Ley Núm. 293 de 15 de mayo 

de 1945, “Ley de Contabilidad Pública de 1945”, según 

enmendada, que evidencie dicha situación económica. 

Además, el Secretario podrá solicitar cualquier otra 

información que la Ley Núm. 148 le autorice a requerir y 

obtener en aras de considerar debidamente la notificación 

patronal.

[...]

Si el patrono no somete el estado de situación y de ganancias 

y pérdidas requerido, dentro del término y la forma

indicada en este inciso, vendrá obligado a pagar el bono en 

su totalidad, aun cuando no haya obtenido ganancias en el 

negocio o estas resultasen insuficientes para cubrir la 

totalidad del bono. Art. VII, Reglamento Núm. 9003 de 18 de 

septiembre de 2017 del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos, págs. 5-6 (énfasis suplido).

Tanto de los autos electrónicos del TPI como del legajo apelativo 

ante nos, se desprende que el Apelante presentó el 29 de noviembre de 

2022 la Solicitud de Exención del Pago del Bono de Navidad

correspondiente al año 2022, incluyendo una copia y no el original del

estado de situación y de ganancias y pérdidas certificado, en unión al 

informe compilado, revisado o auditado preparado por un contador público 

autorizado. 

Sin embargo, no fue sino hasta el 1 de diciembre de 2022 que WSS 

intentó subsanar dicho defecto, mas no fue posible, toda vez que se le 

informó que su intento fue a destiempo. Así pues, del análisis de los 

documentos que obran en los autos, no existe duda alguna de que WSS 

no subsanó la deficiencia dentro del término dispuesto por la Ley Núm. 148, 

supra, y por el Reglamento Núm. 9003, supra. De hecho, el propio Apelante 

así lo reconoce y atribuye a un “error humano” su incumplimiento específico 
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con ambos cuerpos legales. Nótese, pues, que el Reglamento Núm. 9003, 

supra, es taxativo al requerir que todo patrono cumpla con todos los 

requisitos de forma dentro del plazo dispuesto para beneficiarse de la 

exención de pagar el bono de Navidad dispuesta en el Artículo 7 de la Ley 

Núm. 148, supra. 

Dado que, no fue hasta el 1 de diciembre de 2022, que el Apelante

presentó el estado de situación y de ganancias y pérdidas del año 2022, 

así como con el correspondiente informe compilado, revisado o auditado, 

firmado y sellado en original por un contador público autorizado 

(CPA), colegimos que WSS estaba obligado a efectuar el pago por 

concepto del bono de Navidad para dicho año. Tanto la Ley Núm. 248, 

supra, como el Reglamento Núm. 9003, supra, son claros al requerirle a 

todo patrono que solicite exención del pago del bono de Navidad a 

presentar toda la documentación en la forma requerida en o antes del 30 

de noviembre del año correspondiente. Definitivamente, el Apelante falló 

al no radicar los documentos requeridos en la forma dispuesta 

reglamentariamente y, por tanto, el TPI actuó correctamente, como 

cuestión de derecho, al determinar que el Apelante debía efectuar el pago 

del bono de Navidad de los empleados para el año 2022.

No obstante lo anterior, entendemos que el foro a quo se equivocó 

al ordenarle a WSS a efectuar el pago del bono de Navidad a favor de los 

empleados ascendente a $89,539.09, pues el Departamento del Trabajo 

no aportó evidencia alguna en su moción de sentencia sumaria que 

permitiera al foro de instancia concluir que esa es la cuantía realmente

adeudada. Simplemente, el Apelado incumplió con las disposiciones de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, al dejar de aportar evidencia 

documental que sustentara la cuantía de la deuda que tiene el Apelante 

con los 234 obreros a los que el Departamento del Trabajo representa en 

este pleito, por concepto del bono de Navidad del año 2022.

Es, por tanto, claro que existe una controversia de hechos medular 

y material que impedía que el caso fuera adjudicado sumariamente. Dicha 

controversia fáctica estriba en que no existe prueba en los autos sobre el 
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monto que debe sufragar WSS en concepto del bono de Navidad 

correspondiente al año 2022 para los empleados que le reclamaron ante el 

foro de instancia. Por tanto, sostenemos que dicha controversia debe 

dilucidarse en un juicio plenario, en el que el Departamento del Trabajo 

aporte la prueba correspondiente para establecer las cuantías adeudadas 

por WSS, en concepto del bono de Navidad para los 234 empleados a los 

que el Apelado representa en el pleito de epígrafe. 

IV.

Por los fundamentos antes expresados, los cuales hacemos formar 

parte integral del presente dictamen, se revoca la Sentencia apelada, toda 

vez que existe una controversia de hechos medular y material relacionada 

con las cuantías que debe satisfacer WSS, en concepto del bono de 

Navidad correspondiente al año 2022 de los 234 obreros que representa el 

Departamento del Trabajo en el caso de autos. En consecuencia, se 

devuelve el caso al foro de instancia para que proceda a dilucidarse dicha 

controversia en un juicio plenario.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones