Número Identificador

SEN2024 __________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

ELIEZER SANTANA BÁEZ

Recurrente

V.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202400238

Revisión de 

Decisión 

Administrativa

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Caso Núm.:

B-440-24

Sobre:

Solicitud de 

Investigación

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

El 6 de mayo de 2024, acudió ante este foro apelativo, el señor 

Eliezer Santana Báez (en adelante, señor Santana Báez o parte 

recurrente), por derecho propio y en forma pauperis, por medio de 

Petición de Revisión Judicial. Mediante este, nos solicita que 

revisemos la Respuesta al Miembro de la Población Correccional

emitida el 27 de marzo de 2024, y notificada el 4 de abril de 2024, 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, 

DCR o parte recurrida). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación recurrida.

I

Según se desprende del expediente, el 18 de marzo de 2024, 

el señor Santana Báez presentó la Solicitud de Remedio 

Administrativo. Por medio de esta, la parte recurrente solicitó que se 

permitieran las visitas familiares de la señora Mercedes Beato Gil 

(en adelante, señora Beato Gil) al señor Santana Báez en la 
KLRA202400238 2

institución correccional. Realizó unas alegaciones sobre la 

credibilidad del Oficial Michael Rivera Colón (en adelante, Oficial 

Rivera Colón). De igual manera, adujo que, ha recibido acoso y trato 

hostil de parte del Oficial Rivera Colón, y que este le suspendió las 

visitas. Añadió que, el Oficial Rivera Colón le había quitado sus 

espejuelos y que, no le había cambiado el mattress según había 

solicitado. 

El 27 de marzo de 2024, la señora Maribel García Charriez (en 

adelante, señora García Charriez), emitió la Respuesta al Miembro 

de la Población Correccional, junto a esta anejó la Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente, suscrita por el señor Víctor 

Maldonado Vázquez (en adelante, señor Maldonado Vázquez). La 

mencionada respuesta dispuso lo siguiente:

En el caso señalado existe un documento remitido en 

agosto de 2023, de la oficina de programas y servicios 

de la región, donde se le prohíbe la entrada [a] Mercedes 

Beato, por una situación surgida con un paquete, en 

cuanto a los lentes, me informaron que usted tenía 4 

pares y se qued[ó] con uno, el restante fue entregado a 

su familiar. En cuanto al mat[t]ress se le informar[á] al 

oficial para la entrega del mismo y se orientar[á] sobre 

las acciones de su puesto. 

En desacuerdo, la parte recurrente presentó la Solicitud de 

Reconsideración. Reiteró que, el Oficial Rivera Colón debía ser 

investigado. 

El 3 de mayo de 2024, fue acogida la petición de 

reconsideración. 

El 20 de mayo de 2024, el DCR emitió la Resolución cuya 

revisión nos atiene. En su Resolución, el DCR esbozó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. El recurrente present[ó] Solicitud de Remedios 

Administrativos el 18 de marzo de 2024 ante el 

Evaluador de Remedios Administrativos, Maribel 

García Charriez de la Oficina de Bayamón. En su 

escrito solicita se investigue al oficial Michael Rivera 

por cancelación de visita y otras situaciones.
KLRA202400238 3

2. El 19 de marzo de 2024 se hizo Notificación dirigida 

al Sr. Víctor Maldonado V[á]zquez, Superintendente, 

Institución Correccional Bayamón 501.

3. El 27 de marzo de 2024 se recibió respuesta por 

parte del Sr. Víctor Maldonado V[á]zquez, 

Superintendente, Institución Correccional Bayamón 

501, quien contest[ó] que existe un documento 

remitido en agosto 2023 de la Oficina de Programas 

y Servicios de la región, donde se le prohíbe la 

entrada a Mercedes Beato por situación surgida con 

un paquete, en cuanto a lentes me informaron que 

usted tenía 4 pares y se quedó con uno, el restante 

fue entregado a familiares. En cuanto al mat[t]ress 

se le informará al oficial para la entrega del mismo y 

se orientará sobre las acciones [de] su puesto. 

4. El 4 de abril de 2024 se hace la entrega al recurrente 

del Recibo de Respuesta.

5. El 15 de abril de 2024, el recurrente inconforme con 

la respuesta emitida, presentó Solicitud de 

Reconsideración ante el Coordinador Regional de 

Remedios Administrativos. En síntesis, arguye que 

no está de acuerdo con la respuesta recibida.

6. Se acoge petición de reconsideración el 3 de mayo de 

2024.

Finalmente, determinó confirmar y modificar la respuesta 

recibida por parte del señor Maldonado Vázquez.

Inconforme, el señor Santana Báez acudió ante este foro 

mediante Petición de Revisión Judicial y esgrimió el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el DCR al conclu[i]r que iban a orientar a su oficial 

sobre las acciones de su puesto, cuando el asunto 

planteado presenta actuaciones de corrupción y 

violaciones a derechos civiles y merecía que se realizara 

una investigación según solicitada y no se hizo. 

Por su parte, el 12 de junio de 2024, compareció el DCR por 

medio de Escrito en Cumplimiento de Orden. Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a resolver. 

II

A. Estándar de Revisión Judicial de Determinaciones 

Administrativas

Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar 

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 
KLRA202400238 4

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y 

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados 

por la Asamblea Legislativa. OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79 

(2022); Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211 DPR 99 

(2023); Pérez López v. Depto. Corrección, 208 DPR 656, 672 (2022); 

Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021).

1 Es por ello, 

que, tales determinaciones suponen una presunción de legalidad y 

corrección, que a los tribunales nos corresponde respetar, mientras 

la parte que las impugne no presente prueba suficiente para 

derrotarlas. Íd.; OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Hernández 

Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra, pág. 114; Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). No obstante, tal norma 

no es absoluta, es por lo que, nuestro Máximo Foro ha enfatizado 

que no podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de 

deferencia a las determinaciones administrativas que sean 

irrazonables, ilegales o contrarias a derecho. 

En Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 628, nuestro 

Tribunal Supremo resumió las normas básicas en torno al alcance 

de la revisión judicial de la forma siguiente:

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de

una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá 

cuando: (1) la determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el ente 

administrativo erró en la aplicación o interpretación de 

las leyes o reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 

actuación administrativa lesionó derechos 

constitucionales fundamentales. Es importante 

destacar que si el tribunal no se encuentra frente a 

alguna de esas situaciones, aunque exista más de 

una interpretación razonable de los hechos procede 

que se valide la interpretación que realizó la agencia 

administrativa recurrida. (Énfasis suplido).2

1 Véase también: Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 126 

(2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26,35 (2018); Torres Rivera v. 

Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 DPR 923, 940 (2010).

2 Véase Super Asphalt v. AFI y otros, supra, págs. 819-820.
KLRA202400238 5

El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las 

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad. OEG v. 

Martínez Giraud, supra, pág. 89; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, 

pág. 820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; 

Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se 

limita la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó de forma 

arbitraria o ilegal, o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituya un abuso de discreción. Íd.; Pérez López v. Depto. 

Corrección, supra, pág. 673; OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 90;

Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820; Graciani 

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Rolón Martínez v. 

Supte. Policía, supra, pág. 36; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, pág. 

216. 

Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de 

junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 

“estableció el marco de revisión judicial de las agencias 

administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35. La 

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo 

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente 

administrativo fueron correctas. Íd. págs. 35-36; OEG v. Martínez 

Giraud, supra, pág. 90; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 

626-627; Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra, pág. 

115; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Sec. 4.5 de 

la LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Nuestro Máximo Foro, ha expresado 

que, esta intervención “debe ocurrir cuando la decisión 

administrativa no se fundamente en evidencia sustancial o cuando 

la agencia se equivoque en la aplicación de la ley”. Rolón Martínez 
KLRA202400238 6

v. Supte. Policía, supra, pág. 36. Siendo así, aquellas 

determinaciones de hechos formuladas por el ente administrativo 

deberán sostenerse cuando estén basadas en evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Íd; OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 90; Super Asphalt v. AFI y 

otros, supra, pág. 819-820; Hernández Feliciano v. Mun. 

Quebradillas, supra, pág. 115. Por otro lado, las determinaciones de 

derecho pueden ser revisadas en su totalidad. Rolón Martínez v. 

Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, 

pág. 627; Sec. 4.5 LPAU, 3 LPRA sec. 9675. No obstante, los 

tribunales deberán darles peso y deferencia a las interpretaciones 

que la agencia realice de aquellas leyes particulares que administra. 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 36-37; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, pág. 627. El Tribunal Supremo ha dispuesto 

que, la deferencia que le deben los tribunales a la interpretación que 

haga el ente administrativo sobre aquellas leyes y reglamentos que 

le corresponde poner en vigor, cede si la agencia: “(1) erró al aplicar 

la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó 

derechos constitucionales fundamentales. Íd. págs. 627-628; OEG 

v. Martínez Giraud, supra, pág. 90. Finalmente, nuestra más Alta 

Curia ha expresado que, conforme lo anterior, el criterio 

administrativo no podrá prevalecer en aquellas instancias donde la 

interpretación estatutaria realizada por una agencia provoque un 

resultado incompatible o contrario al propósito para el cual fue 

aprobada la legislación y la política pública que promueve. Así, “la 

deferencia judicial al expertise administrativo, concedido cuando las 

agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que 

resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una 

injusticia”. Íd. 
KLRA202400238 7

B. Reglamento Núm. 8583

Conforme a las disposiciones contenidas en la LPAU y acorde 

con el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, 

el cual establece las facultades del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, se creó el Reglamento para Atender las Solicitudes 

de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 3 de junio de 

2015 (Reglamento Núm. 8583). Además, este fue promulgado al 

amparo de la ley federal conocida como Civil Rights of 

Institutionalized Person Act, con el fin de canalizar de forma efectiva 

los reclamos de la población correccional. Pérez López v. Depto. 

Corrección, supra, pág. 670. 

El objetivo principal del referido esquema legal es que, toda 

persona recluida en una institución correccional disponga de un 

organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda 

presentar una solicitud de remedio, con el fin de minimizar las 

diferencias entre los miembros de la población correccional y el 

personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Asimismo, este tiene como objetivo el evitar y reducir la presentación 

de pleitos en los tribunales de instancia. Véase, Introducción del 

Reglamento Núm. 8583, supra; Pérez López v. Depto. Corrección, 

supra, pág. 670. En específico, la Regla VI del Reglamento 

Núm. 8583, dispone que la División de Remedios Administrativos, 

tendrá jurisdicción para atender toda solicitud de remedio 

presentada por los miembros de la población correccional, 

relacionada directa o indirectamente con actos o incidentes que 

afecten personalmente al miembro de la población correccional en 

su bienestar físico, mental, en su seguridad personal o en su plan 

institucional, entre otras. Pérez López v. Depto. Corrección, supra, 

pág. 670. 
KLRA202400238 8

El miembro de la población correccional tendrá la 

responsabilidad de presentar las solicitudes de remedios en forma 

clara, concisa y honesta, deberá establecer las fechas y nombres de 

las personas involucradas en el incidente. Asimismo, deberá ofrecer 

toda la información necesaria para dilucidar su reclamo 

efectivamente. Inciso 1, Regla VII del Reglamento 8583, supra. 

Por otro lado, la Regla XIII, Sección 5, del Reglamento 8583, 

supra, dispone que el Evaluador tiene la facultad para desestimar 

las solicitudes de los miembros de la población correccional cuando 

se dan una serie de circunstancias, como haber radicado la solicitud 

de remedio más de una vez sobre el mismo asunto. 

Finalmente, el Reglamento 8583, supra, dispone que, el 

Tribunal de Apelaciones podrá realizar la revisión judicial de las 

solicitudes de remedios administrativos instadas por los miembros 

de la población correccional. Pérez López v. Depto. Corrección, supra, 

pág. 671. En lo pertinente, dispone lo siguiente: 

1. El miembro de la población correccional podrá 

solicitar revisión ante el Tribunal de Apelaciones, 

dentro del término de treinta (30) días calendarios, 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de 

la copia de la Notificación de la Resolución de 

Reconsideración, emitida por el Coordinador de 

Remedios Administrativos o noventa (90) días a 

partir de la radicación de la Solicitud de 

Reconsideración acogida, si la Agencia no actúa 

conforme a la misma.

2. [...]3

C. Reglamento Núm. 9027

El Reglamento para Fomentar la Integración Familiar y Social 

en la Población Correccional, Reglamento Núm. 9027, fue creado 

conforme al derecho impuesto en el Art. VI Sección 19 de nuestra 

Constitución, la cual impone la responsabilidad de “reglamentar las

instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma 

efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al 

3 Regla XV del Reglamento Núm. 8583, supra. 
KLRA202400238 9

tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su 

rehabilitación moral social”. Véase Art. II del Reglamento Núm. 

9027. El precitado reglamento, dispone, que, bajo tal premisa, las

instituciones correccionales deberán tener espacio para la familia, 

para que ello logre influenciar todas las vivencias, experiencias, 

aprendizajes y sentimientos que la población realiza en el núcleo 

familiar. De esta forma, debe incluirse la familia en el proceso de 

rehabilitación para mirarse desde la perspectiva de refuerzo positivo, 

con el propósito de lograr mejores comportamientos y disminuir el 

efecto de separación creado por la sentencia a cumplirse. Art. II del 

Reglamento Núm. 9027, supra. Es por lo que, se crea este 

reglamento donde la familia es el “principal elemento a considerar 

para que el privilegio de visitas cumpla su misión rehabilitadora en 

el miembro de la población correccional”. Art. II del Reglamento 

Núm. 9027, supra. Según el propio Reglamento, sus disposiciones 

serán aplicables a todos los miembros de la población correccional 

recluidos en las instituciones correccionales y centros de 

tratamiento residencial del DCR; todos los funcionarios 

involucrados en procesos de autorización y supervisión de los 

visitantes autorizados mientras estén dentro de los predios de las 

facilidades correccionales; todos los funcionarios que visiten a 

miembros de la población correccional y a todos los visitantes 

autorizados. Art. IV del Reglamento Núm. 9027, supra. 

El Art. XI del Reglamento Núm. 9027, en su inciso 5 dispone 

que, cada visitante autorizado deberá firmar una vez al año un 

documento en el cual certificará que conoce que el contrabando es 

ilegal, que es un acto contrario a la ley y que se compromete a no 

introducir contrabando dentro y en los predios de la institución. El 

referido documento será parte del expediente de visita. Por otro lado, 

el inciso 2 del Art. XXII del Reglamento Núm. 9027, supra, prohíbe

permanentemente “la entrada a toda institución correccional al 
KLRA202400238 10

visitante, suplidor o contratista que intente introducir cualquier tipo 

de contrabando dentro de las instituciones correccionales”. El 

Reglamento Núm. 9027, supra, establece que la concesión de visitas 

a los familiares y relacionados es un privilegio que otorgan las 

instituciones correccionales, no fundamentadas por ninguna 

exigencia legal. (Énfasis suplido). De acuerdo a lo anterior, estas 

pueden ser restringidas, reguladas o canceladas, según sea 

necesario conforme a las circunstancias específicas de cada 

institución. Inciso 1 del Art. XXIV del Reglamento Núm. 9027, supra. 

La suspensión de las visitas solamente “podrá ser ordenada por el 

superintendente mediante la utilización de una medida de seguridad 

provista por el Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Regla 9-Suspensión de Privilegios”. Inciso 3 del Art. 

XXIV del Reglamento Núm. 9027, supra. 

Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia 

de epígrafe, procedemos a aplicarla. 

III

En su recurso, la parte recurrente sostiene que la agencia

recurrida incidió al concluir que iban a orientar al Oficial Rivera 

Colón sobre las acciones de su puesto. 

Según reseñáramos, el señor Santana Báez presentó una 

solicitud de remedio donde arguyó que, recibió acoso y trato hostil 

por parte del Oficial Rivera Colón, y que, además, este último había 

suspendido las visitas. Igualmente, solicitó que se permitiera las 

visitas familiares de la señora Beato Gil a la institución correccional. 

Mediante la Respuesta del Área Concernida/Superintendente, 

suscrita por el señor Maldonado Vázquez, se informó que, las visitas 

de la señora Mercedes Beato se habían prohibido por una situación 

de contrabando. Además, se informó que, se le orientaría al Oficial 

Rivera Colón sobre las acciones de su puesto. 
KLRA202400238 11

Evaluada la totalidad del expediente y la prueba presentada, 

no hemos encontrado que la agencia administrativa haya actuado 

de manera arbitraria o caprichosa que nos mueva a intervenir con 

su determinación. Como tribunal revisor, estamos llamados a dar 

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, toda vez que, estas cuentan con vasta experiencia 

y pericia para atender aquellos asuntos que le fueron delegados por 

la Asamblea Legislativa.4 Es por ello que, tales determinaciones 

suponen una presunción de legalidad y corrección, que a los 

tribunales nos corresponde respetar, mientras la parte que las 

impugne no presente prueba suficiente para derrotarlas. Íd.

Como bien señala la parte recurrida en su escrito de 

oposición, no surge del expediente administrativo que el señor 

Santana Báez hubiese señalado en su solicitud de remedio 

administrativo el lugar, día y hora de las alegadas acciones del 

Oficial Rivera Colón en su contra, conforme exige la Regla VII del 

Reglamento Núm. 8583, supra. Conforme a ello, el DCR se 

encontraba impedido de corroborar tal información. Asimismo, la 

agencia recurrida cumplió con atender las preocupaciones de la 

parte recurrente y proseguir a orientar al Oficial Rivera Colón 

respecto a su puesto de trabajo. 

Por otro lado, respecto a las visitas de la señora Beato Gil, la 

agencia está facultada para suspenderlas cuando un visitante 

intente introducir cualquier tipo de contrabando dentro de una 

institución correccional.5 Del expediente surge un documento 

fechado 15 de agosto de 2023, donde le fueron suspendidas 

permanentemente las visitas de la señora Beato Gil por intentar 

4 Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra, pág. 114; OEG v. Martínez 

Giraud, supra, pág. 90; Pérez López v. Depto. Corrección, supra, pág. 672; Super 

Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

supra, pág. 126; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, pág. 626; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940.

5 Inciso 2 del Art. XXII del Reglamento Núm. 9027, supra.
KLRA202400238 12

introducir contrabando dentro de la institución correccional. 

Debido a que las visitas son un privilegio6, la agencia recurrida no 

incidió al no permitir la visita de la señora Beato Gil. 

A la luz de lo anterior, insistimos en que, luego de un análisis 

del expediente ante nuestra consideración, razonamos que no se 

justifica nuestra intervención. Consideramos que, la parte recurrida 

no actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable o fuera de los 

poderes que le fueron delegados.7 Asimismo, somos del criterio de 

que, la parte recurrente no logró rebatir la presunción de corrección 

que cobija la determinación recurrida.

IV

Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la 

determinación recurrida.

Notifíquese a las partes, al Procurador General y al Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Administrador 

de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, 

en cualquier institución donde este se encuentre.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

6 Inciso 1 del Art. XXIV del Reglamento Núm. 9027, supra.

7 Véase Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra, pág. 114; OEG v. 

Martínez Giraud, supra, pág. 90; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 820; 

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres Rivera v. Policía 

de PR, supra, pág. 626; Pérez López v. Depto. Corrección, supra, pág. 673; Super 

Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, 

pág. 36; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, pág. 216.