Número Identificador

SEN2023____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

ISRAEL RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ; CARMEN 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ; 

LA SOCIEDAD LEGAL 

DE GANANCIALES 

COMPUESTA POR 

AMBOS

Apelados

v.

HÉCTOR DÁVILA 

ROMÁN; CRISTINA 

PIZARRO FERNÁNDEZ; 

LA SOCIEDAD LEGAL 

DE GANANCIALES 

COMPUESTA POR 

AMBOS

Apelantes

KLAN202400717

Apelación,

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Guaynabo

Núm.: GB2021CV00792

Sobre: Cobro de Dinero; 

Incumplimiento de 

Contrato; Daños por 

Incumplimiento; 

Enriquecimiento Injusto

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, la Jueza 

Álvarez Esnard y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2024.

Comparecen Héctor Dávila Román (“señor Dávila”), Cristina Pizarro 

Fernández (“señora Pizarro”) y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (en conjunto, “matrimonio Dávila-Pizarro” o 

“Apelantes”) mediante un recurso de Apelación Civil y solicitan que 

revoquemos la Sentencia dictada el 10 de junio de 2024, notificada el 11 

de junio de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Guaynabo (“TPI”). Mediante el referido dictamen, el TPI, de manera 

sumaria, declaró con lugar la demanda sobre incumplimiento de contrato 

de opción de compra, presentada por Israel Rodríguez Rodríguez (“señor 

Rodríguez”), Carmen Rodríguez Martínez (“señora Rodríguez”) y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, 

“matrimonio Rodríguez-Rodríguez” o “Apelados”). En consecuencia, 

ordenó a los Apelantes al pago de $27,500.00, correspondiente a lo 
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adelantado por los Apelados en concepto de la opción de compra, cantidad 

que devengará intereses legales a razón de 9.50%, hasta su saldo, así 

como el pago de $8,000.00, por concepto de honorarios de abogados.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se Confirma 

la Sentencia apelada.

I.

El 3 de noviembre de 2021, el matrimonio Rodríguez-Rodríguez 

presentó una demanda en cobro de dinero, incumplimiento de contrato, 

daños por incumplimiento y enriquecimiento injusto en contra del 

matrimonio Dávila-Pizarro, por la suma total de $27,500.00. Los Apelados

alegaron que, en virtud de un contrato de opción de compraventa suscrito 

el 12 de mayo de 2003, le habían entregado al matrimonio Dávila-Pizarro

$2,500.00 para la compra de un solar ubicado en Guaynabo. De igual 

manera, expresaron que, el 31 de mayo de 2005, las partes firmaron un 

documento intitulado Recibo, a través del cual se certificó que el señor 

Rodríguez le hizo entrega al señor Dávila de $25,000.00 adicionales como 

abono a la compra de la propiedad y se sustituyó la opción de compra 

otorgada en el 2003. Sostuvieron, además, que mediante el Recibo, los 

Apelantes se habían obligado a otorgar la correspondiente escritura de 

compraventa una vez las facilidades de acceso a la propiedad fueran 

terminadas. Asimismo, especificaron que, en ese momento, únicamente 

faltaba asfaltar el acceso al solar. Sin embargo, adujeron que, aun sin 

asfaltar el terreno y pese al acuerdo entre las partes, el 24 de abril de 

2015, el matrimonio Dávila-Pizarro le vendió la propiedad a un tercero.

Por todo lo cual, arguyeron que procedía la devolución de la cuantía total 

de $27,500.00, pagada como parte del contrato de opción de 

compraventa.

Tras varios trámites procesales, los cuales no son necesarios 

pormenorizar, el 30 de enero de 2024, el matrimonio Rodríguez-Rodríguez 

instó una Moción de Sentencia Sumaria. En síntesis, señalaron que no 

existían hechos materiales en controversia que requirieran la celebración 
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de un juicio en su fondo. Particularmente, expusieron que el matrimonio 

Dávila-Pizarro incumplió con el contrato de opción de compra al proceder 

con la compraventa de la propiedad, previo al cumplimiento de la 

condición suspensiva. En lo aquí pertinente, expresaron que las 

facilidades de acceso al solar no fueron asfaltadas hasta el año 2022. Los 

Apelados acompañaron su solicitud con la transcripción de la deposición 

realizada al señor Dávila y las contestaciones al primer interrogatorio.

Por su parte, el 22 de febrero de 2024, el matrimonio Dávila-Pizarro 

sometió su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. Los Apelantes

alegaron que, el documento firmado el 31 de mayo de 2015 no sustituyó 

la Opción de Compraventa otorgada en el 2003. Así las cosas, sostuvieron 

que el término dispuesto en la Opción de Compraventa transcurrió sin 

que los Apelados completaran el negocio jurídico. Junto a su oposición, 

el matrimonio Dávila-Pizarro acompañó una declaración jurada del señor 

Dávila y parte de la transcripción de la deposición realizada a este.

El 28 de febrero de 2024, el matrimonio Rodríguez-Rodríguez 

presentó una Réplica a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria y 

Solicitud de Eliminación de Affidavit por ser Inadmisible. En resumidas 

cuentas, los Apelados expusieron que los Apelantes incumplieron con la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36, al no exponer 

hechos incontrovertidos en su oposición a la solicitud de sentencia

sumaria. Por otra parte, arguyeron que la declaración jurada del señor 

Dávila era inadmisible, toda vez que incluía aseveraciones conclusorias, 

las cuales no fueron sustentadas mediante evidencia.

Luego, el 6 de marzo de 2024, las partes sometieron el Informe 

Conferencia con Antelación de Juicio [sic]. La Conferencia con Antelación 

a Juicio se celebró el 12 de marzo de 2024. 

El 27 de marzo de 2024, el matrimonio Dávila-Pizarro notificó una 

Moción Informativa para Todos los Fines Legales y Otros Extremos, en la 

cual, con la intención de enmendar una contestación del pliego 

interrogatorio, presentó dos declaraciones juradas, una del señor Dávila
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y otra de Benjamín Guzmán Santa, quien presuntamente supervisó los 

trabajos de asfalto de la propiedad en el 2006 . El matrimonio RodríguezRodríguez se opuso a la petición de los Apelantes mediante moción 

presentada el 1 de abril de 2024. Los Apelados arguyeron que la nueva 

declaración jurada del señor Dávila era un sham affidavit, ya que 

resultaba contradictoria a lo expresado bajo juramento por este en el 

primer pliego interrogatorio respecto a que el terreno fue asfaltado en el 

2022.

Conforme a lo antes expuesto, el 10 de junio de 2024, el TPI emitió 

una Sentencia, notificada el 11 de junio de 2024. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario concluyó que los Apelantes no lograron 

controvertir los hechos esenciales establecidos por los Apelados. En 

consecuencia, declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria y

condenó al matrimonio Dávila-Pizarro al pago de $27,500.00, cantidad 

que devengará intereses legales a razón de 9.50%, hasta su saldo. 

Además, impuso la suma de $8,000.00, por concepto de honorarios de

abogado.

Insatisfechos, los Apelantes presentaron una Moción de 

Reconsideración el 24 de junio de 2024, la cual fue denegada mediante 

Resolución notificada el 1 de julio de 2024.

Inconforme aun, el 29 de julio de 2024, el matrimonio DávilaPizarro acudió ante esta Curia mediante una Apelación Civil. Los 

Apelantes le imputaron al TPI la comisión de los siguientes errores:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dictar 

sentencia sumaria cuando existen hechos materiales 

sobre los cuales existe controversia de hechos que 

imposibilitan el poder dictar sentencia como cuestión de 

derecho y negarle a la parte demandada su día en corte y 

la oportunidad de presentar la evidencia correspondiente 

para defenderse adecuadamente de las alegaciones, que 

en efecto habían sido presentadas en la oposición a 

sentencia sumaria.

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

imponer en su Sentencia honorarios de abogados sin 

pasar juicio y hacer determinaciones sobre temeridad o 

friv[o]lidad de los demandados-apelantes.
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Por su parte, el 15 de agosto de 2024, el matrimonio RodríguezRodríguez presentó su Alegato en Oposición a Apelación. Perfeccionado el 

recurso y contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.

II.

-AEl mecanismo de la sentencia sumaria, Regla 36 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, le permite al tribunal disponer de un caso sin 

llevar a cabo una vista en su fondo. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 

20, 41 (2020). Dicho mecanismo procesal, es un remedio discrecional; el 

cual tiene como fin, la solución justa, rápida y económica de 

controversias, en que lo único por dirimir sean controversias de derecho. 

Rodríguez Méndez et al. v. Laser Eye Surgery, 195 DPR 769, 785 (2016). 

Según el aludido precepto reglamentario, el promovente de la 

sentencia sumaria deberá establecer su derecho con claridad y demostrar 

que no existe controversia sustancial sobre algún hecho material. A su 

vez, el promovente deberá fundamentar su postura haciendo referencia 

con “indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos hechos”. 

Regla 36.3 (a)(4) de Procedimiento Civil, supra. 

Por su parte, el promovido tiene que refutar los hechos alegados, 

con prueba que controvierta la exposición de la parte que solicita la 

sentencia sumaria. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44. Así pues, 

la parte deberá “contestar en forma tan detallada y específica como lo haya 

hecho la parte promovente. De no hacerlo así, se dictará la sentencia 

sumaria en su contra si procede”. Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 

supra; León Torres v. Rivera Lebrón, supra, a la pág. 43. Así las cosas, la 

parte que se oponga a una solicitud de sentencia sumaria, no podrá 

descansar en las aseveraciones o negaciones consignadas en su 

alegación. Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, supra. 
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Asimismo, al momento de resolver una moción de sentencia 

sumaria es necesario que el tribunal considere a fondo las alegaciones de 

la demanda y las defensas presentadas. Ello, con el fin de establecer si 

existe controversia en cuanto a los hechos materiales o no. Por lo que, de 

existir dicha controversia, el tribunal no deberá declarar ha lugar una 

petición de sentencia sumaria. Además, cualquier duda habrá de 

resolverla en contra de la parte promovente. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 217 (2010).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que, como regla 

general, no procede la sentencia sumaria en casos donde estén en 

controversia “elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor de credibilidad es esencial y está en 

disputa”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 219. Tampoco procede 

emitir sentencia sumariamente cuando: (1) existan hechos materiales 

controvertidos (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han 

sido refutadas (3) surge de los propios documentos que se acompañan 

con la moción una controversia real sobre algún hecho material o (4) como 

cuestión de derecho no procede. Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 

333-334 (2004).

Como al momento de revisar las solicitudes de sentencia sumaria, 

estamos en la misma posición que el foro primario; nuestra última 

instancia apelativa ha establecido que la revisión es será de novo, 

limitándose a solo considerar los documentos que se presentaron ante el 

TPI. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). Por 

lo cual se descartan “exhibiti[s], deposiciones o affidávit[s] que no fueron 

presentadas oportunamente en el foro de primera instancia” o “teorías 

nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el foro apelativo”. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a las págs. 114-115.

A tales efectos, este Tribunal de Apelaciones examinará el 

expediente de la manera más favorable hacia la parte que se opuso a la 

moción de sentencia sumaria en el foro primario. Además, revisaremos 
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que la moción de sentencia sumaria y su oposición, cumplieron con los 

requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Por último, 

evaluaremos si existían hechos materiales en controversia, los que, en 

caso de haberlos, habremos de cumplir con los criterios de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, supra, y procederemos a exponer concretamente 

cuáles hechos materiales se encontraron que estaban en controversia y 

cuáles estaban incontrovertidos. Id. Por el contrario, si encontramos que 

los hechos materiales del caso son incontrovertidos, debemos revisar de 

novo si el foro primario aplicó correctamente la norma jurídica aplicable 

a la controversia que tuvo ante sí. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, a la pág. 119. 

-BEn nuestra jurisdicción, nuestro más Alto Foro acogió la norma 

federal denominada “sham affidavit doctrine”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013). En virtud de la referida doctrina, un 

tribunal está impedido de considerar un testimonio reciente, 

suscrito por la parte adversa a la promovente de una solicitud de 

sentencia sumaria, cuando este resulta incompatible con una 

declaración bajo juramento emitida anteriormente, si la parte no 

ofrece una explicación adecuada para la nueva versión. (Énfasis 

suplido). Íd.

El Tribunal Supremo ha reconocido dos modalidades de la doctrina 

del sham affidavit: por contradicción y por omisión. Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, 221 (2015), citando a SLG Zapata 

Berrios v. JF Montalvo, supra; Moll v. Telesector Resources Group, Inc., 760 

F.3d 198, 205 (2nd Cir. 2014). La doctrina del sham affidavit por 

contradicción aplica cuando: (1) una parte ha sido examinada mediante 

preguntas precisas y libres de ambigüedad y ha respondido en detalle 

durante una deposición o ha prestado previamente una declaración clara 

e inequívoca bajo juramento; (2) al momento de oponerse a la solicitud de 

sentencia sumaria esa parte presenta una declaración posterior cuyo 
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contenido es claramente incompatible con la versión ofrecida; (3) la 

incompatibilidad entre las dos declaraciones resulta evidente, manifiesta 

o patente, y no se trata de meras discrepancias de poca transcendencia o 

errores de buena fe; (4) no se ofrece explicación adecuada para la nueva 

versión, y (5) la declaración posterior no responde al descubrimiento de 

nueva evidencia, la cual a pesar de una diligencia razonable, no pudo 

descubrirse o no estuvo disponible al momento en que se prestó la 

declaración previa incompatible. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 

supra, a las págs. 221-222.

En cambio, en la modalidad por omisión, el tribunal puede excluir 

de su consideración al revisar una oposición a la sumaria, una 

declaración jurada que incluye por primera vez hechos materiales y 

esenciales a la causa de acción que fueron omitidos en las respuestas de 

la declarante en una deposición previa. SLG Zapata-Rivera v. J.F.

Montalvo, supra.

Por último, cabe destacar que, en Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation, supra, a la pág. 224, nuestro más alto foro consideró el 

momento en que la declaración jurada fue preparada cuatro (4) días antes 

de presentar la oposición, como elemento indicativo adicional de que la 

declaración jurada fue elaborada con la intención de crear una 

controversia artificial. 

-CLa Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), 

regula la imposición de honorarios de abogado, estableciendo lo siguiente:

En caso de que cualquier parte o su abogado o abogada haya 

procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia al responsable el pago de una 

suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta. [...] 

Nuestra más alta Curia ha definido la temeridad como “una actitud 

que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento 

y administración de la justicia”. Fernández v. San Juan Cement Co. Inc., 

118 DPR 713, 718 (1987). Se entiende que un litigante actúa con 
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temeridad cuando “por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia 

en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias 

de un pleito”. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 

(2010).

La imposición de honorarios de abogado por temeridad busca 

establecer una penalidad al litigante perdidoso que instó un pleito frívolo 

y debido a ello fuerza a la otra parte a incurrir en gastos y trabajo 

innecesarios, o a la parte que extendió excesivamente un pleito ya 

incoado. Por consiguiente, ésta busca disuadir la litigación 

innecesaria. ELA v. Ojo de Agua Development, Inc., 205 DPR 502 (2020). 

El requisito de la existencia de una actuación temeraria hace que 

la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, supra, tenga el propósito de 

penalizar o sancionar a la parte que incurre en la conducta proscrita por 

dicha regla. Íd. No obstante, el Tribunal Supremo ha relevado del pago de 

honorarios de abogado a litigantes que pierden un pleito donde hubo 

controversias fácticas reales que requerían el examen de la prueba 

testifical y documental. Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 DPR 

351, 357-358 (1989).

La evaluación de si ha mediado o no temeridad recae sobre la 

discreción sana del tribunal sentenciador y solo se intervendrá con ella 

en casos en que ese foro haya abusado de tal facultad. S.L.G. Flores–

Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). Los tribunales apelativos 

no deben intervenir con el ejercicio de esa discreción, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción; que el foro recurrido 

actuó con prejuicio o parcialidad; que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, o cuando 

la cuantía impuesta sea excesiva. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 

(2005).
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III.

En síntesis, los Apelantes arguyen que el foro primario erró al (1) 

dictar sentencia sumaria, ya que existían controversias de hechos 

materiales que impedían disponer sumariamente del pleito, y; (2) al 

imponerles el pago de honorarios de abogado, sin haber realizado una 

determinación de temeridad o frivolidad. En defensa del primer 

argumento, impugnan las siguientes determinaciones de hechos:

13. La parte demandada (parte vendedora) se obligó a otorgar 

la escritura de compraventa una vez las facilidades de acceso 

a las cuales solo les restaba ser asfaltadas fuera terminadas.

14. Las facilidades de accesos al solar no fueron asfaltadas 

hasta el año 2022.1

Particularmente, expresan que las declaraciones juradas 

presentadas mediante moción informativa, el 27 de marzo de 2024, 

lograron evidenciar que las facilidades de acceso al solar fueron asfaltadas 

en el 2006.

Por su parte, los Apelados sostienen que, ante el incumplimiento 

del matrimonio Dávila-Pizarro con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra, procedía que se dictara sentencia a su favor. Asimismo, expresan 

que, ante la evidencia admisible que el foro primario tuvo ante su 

consideración, luego de concluido el descubrimiento de prueba, procedía 

que se dictara sentencia sumaria a favor de la parte demandante-apelada.

Por otro lado, el matrimonio Rodríguez-Rodríguez arguye que se entiende 

que, ante una imposición de honorarios de abogado, el foro primario 

realizó, implícitamente, una determinación de temeridad.

Tras una revisión de novo de la totalidad del expediente que obra 

ante nos, determinamos que no existen hechos materiales en 

controversia. Resulta menester destacar que, el Recibo firmado por las 

partes en el 2005 contenía la siguiente condición suspensiva:

Mediante este documento que sustituye a la opción de 

compraventa otorgada en Guaynabo, Puerto Rico el día 12 de 

mayo de 2003 por las partes y a su vez obliga a la parte 

vendedora a otorgar la correspondiente escritura de 

1 Véase, Apéndice de la Parte Apelante, a la pág. 25 (Sentencia).
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compraventa una vez las facilidades de acceso[,] a las 

cuales solamente le falta ser asfaltada, sean terminadas.

2

(Énfasis suplido)

A su vez, mediante la contestación al primer pliego interrogatorio,

el 22 de noviembre de 2022, el señor Dávila, bajo juramento, declaró que

“[l]as facilidades de acceso al solar fueron asfaltadas para el año 

2022. No tenemos evidencia de ese trámite.”

3 (Énfasis suplido). No 

obstante, el 27 de marzo de 2024, culminado el descubrimiento y un mes 

después de haber presentado la correspondiente oposición a la solicitud 

de sentencia sumaria, los Apelantes presentaron dos declaraciones 

juradas con la intención de enmendar lo previamente expresado por el 

señor Dávila. La nueva declaración jurada del señor Dávila, fechada el 20 

de marzo de 2024, pretendía aclarar que “por error e inadvertencia” se 

señaló que las facilidades de acceso al solar fueron asfaltadas en el año 

2022, cuando presuntamente lo fueron en el 2006.

Conforme a la jurisprudencia aquí discutida, la declaración del 

señor Dávila es un sham affidavit y, por ello, debía ser excluida. Para el 

momento en que se presentó, resulta evidente que: (1) el señor Dávila 

había prestado previamente bajo juramento una declaración clara e 

inequívoca en su contestación al interrogatorio; (2) luego de presentada 

la solicitud de sentencia sumaria y la correspondiente oposición, el 

matrimonio Dávila-Pizarro presentó la declaración jurada del señor 

Dávila, cuyo contenido es incompatible con la expresión anterior; (3) 

dicha incompatibilidad entre ambas es evidente, dado que la declaración 

posterior intentó poner en duda las expresiones admitidas en el primer 

pliego interrogatorio; (4) las explicaciones contenidas en la declaración no 

son adecuadas, y; (5) la declaración posterior no respondió a 

descubrimiento de nueva evidencia que no pudo descubrirse 

previamente, puesto que el señor Dávila pudo haber corregido sus 

2 Véase, Apéndice de la Parte Apelada, a la pág. 63 (Recibo).

3 Véase, Apéndice de la Parte Apelada, a la pág. 3 (Contestación a Primer Pliego de 

Interrogatorio).
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expresiones en cualquier momento y la declaración jurada del supervisor 

de los trabajos pudo haber sido presentada con anterioridad. Como 

corolario, resulta forzoso concluir que no erró el foro primario al excluir 

las declaraciones juradas presentadas el 27 de marzo de 2024, y resolver 

basado en la prueba admisible ante su consideración.

Por otro lado, los Apelantes arguyen que no procedía la imposición 

de honorarios de abogado, toda vez que el TPI no realizó una 

determinación de temeridad. A tenor con el derecho expuesto, un tribunal 

no está obligado a realizar una determinación expresa de temeridad para 

imponer el pago de honorarios de abogado. Si impone dicho pago, se 

entiende que hizo, de forma implícita, una determinación de temeridad. 

Por tanto, no le asiste la razón al matrimonio Dávila-Pizarro en cuanto a 

que el foro primario abusó de su discreción al imponerles el pago de 

honorarios de abogado, sin exponer en la sentencia el análisis que llevó a 

cabo para determinar que fueron temerarios, pues ello no es base para 

invalidar una determinación de temeridad.

Sabido es que la determinación de temeridad no variará a menos 

que sea excesiva, exigua o constituya un abuso de discreción. P.R. Oil 

Company v. Dayco, supra, a la pág. 511. En el caso de marras, no 

encontramos indicios de abuso de discreción en la imposición de 

temeridad, ni que la suma haya sido excesiva.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se Confirma la Sentencia 

apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones