Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

HÉCTOR M. TORRES 

MORALES

Recurrido 

v.

GRUPO JOEL VALLES 

INC. DBA OPTIONS 

DEALER; VILLA COOP 

TOYOTA DE P.R. CORP

Recurrente

KLRA202400142

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

procedente de

Asuntos al 

Consumidor

Caso Núm.:

PONB-2022-0003639

Sobre:

Compraventa de 

Vehículo de Motor

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y 

Prats Palerm.

Bonilla Ortiz, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

Comparece ante este foro, Grupo Joel Valle-Options, 

Corp. H/N/C Options Dealer (Options Dealer o recurrente) 

mediante revisión judicial presentada el 19 de marzo de 

2024. Solicita la revisión de una Resolución notificada 

el 17 de enero de 2024 por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor (DACo). Mediante el referido dictamen, 

el DACo decretó la nulidad de un contrato de compraventa 

de un vehículo de motor y ordenó la devolución de las 

prestaciones. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

CONFIRMAMOS la Resolución recurrida.

I.

El 3 de enero de 2023, el Sr. Héctor M. Torres

(señor Torres o recurrido) presentó una Querella en el 

DACo contra el recurrente; la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Villa-Coop Agustín Burgos Rivera H/N/C/ VillaCoop; Toyota de Puerto Rico, Corp.; y Autokirei, LLC 
KLRA202400142 2

H/N/C/ Autocentro Toyota. Posteriormente, el 24 de 

abril de 2023, el recurrido presentó una Querella 

Enmendada.1 En ella, alegó que el 9 de noviembre de 

2022, adquirió mediante contrato de compraventa del 

concesionario Options Dealer, un vehículo de motor usado 

marca Toyota, modelo Sienna, del año 2021, con número de 

serie 5TDERKEC7MS024230, por el precio de $62,000.00. 

Además, indicó que, tuvo que pagar $3,000.00 

adicionales, mediante un compromiso de pago a treinta 

(30) días, luego de haber firmado el contrato de 

compraventa para que pudieran entregarle el vehículo.

En adición, sostuvo que, al momento de adquirir el 

vehículo, el vendedor de Options Dealer le informó que 

el vehículo: 

a) había sido inspeccionado de forma 

detallada; b) estaba en óptimas 

condiciones; c) nunca había sido impactado 

y reparado; d) se encontraba libre de 

defectos; e) no había sido alterado o 

modificado en forma alguna; f) nunca había 

sido objeto de un choque o impacto; y g) 

tenía un remanente sustancial de la 

garantía de fábrica básica de 3 años o 

36,000 millas (lo que ocurra primero).

Sin embargo, arguyó que posterior a la compraventa 

descubrió que el vehículo había sido impactado y 

reparado, en consecuencia, la garantía de fábrica fue 

anulada. Asimismo, esbozó que desconocía -al momento de 

la transacción- estos hechos. Finalmente, indicó que la 

parte recurrida le había cobrado $495.00 por concepto de 

“doc fee”, siendo un cobro contrario a las disposiciones 

de ley. Así las cosas, solicitó la nulidad o resolución 

del contrato de compraventa, además de una compensación 

por daños y perjuicios, honorarios de abogado, pago del 

perito, y multas por incumplimiento con los reglamentos.

1 Querella Enmendada, anejo I, págs. 1-17 del apéndice del recurso.
KLRA202400142 3

El 17 de mayo de 2023, Options Dealer presentó 

Contestación a Querella.2 En esencia, sostuvieron que 

el vehículo fue vendido sin vicio oculto alguno. A su 

vez, indicaron que el vehículo dado en “trade-in” tenía 

atrasos con el banco, además que había sido chocado 

teniendo un costo de hojalatero por $1,800.00, multas y

marbete vencido. En cuanto al cobro de los $3,000.00, 

argumentaron que se debieron a un pronto para que le 

pudieran aprobar el financiamiento.

El 6 de junio de 2023, el Sr. José Torrón Martínez, 

Técnico de Investigación del DACo, llevo a cabo una 

inspección del vehículo objeto de la Querella.3 El 

técnico de investigación emitió un Informe de Inspección

en el cual indicó que el vehículo había sido llevado al 

taller para evaluar defectos estructurales y soporte del 

radiador. Asimismo, añadió lo siguiente:

El soporte del radiador se observó con el 

bonete abierto y no mostró estar averiado.

El “cuartel panel” me aparento ser 

repintado ya que los “Spot Molding” y 

aislantes mostraban ser los de fábrica y 

también el querellado no me mostró donde 

fue reparado estructuralmente. Este no 

mostró área de reparación con relleno en el 

“Sheet Panel”. 

No encontré daño estructural. 

Además de otras opiniones del técnico, finalmente 

dispuso que el costo de reparación sería desde $1,500.00 

hasta $3,000.00.

En desacuerdo, el 23 de junio de 2023, el señor 

Torres presentó Objeción al Informe de Inspección.4 En 

esencia sostuvo que el Informe se desvía de los 

propósitos de la inspección, puesto que, incluye 

2 Contestación a Querella, anejo II, págs. 18-20 del apéndice del 

recurso.

3 Informe de Inspección, anejo XIII, págs. 48-53 del apéndice del 

recurso.

4 Objeción al Informe de Inspección, anejo XIV 54-56 del apéndice 

del recurso.
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elementos impertinentes a la causa de acción del 

recurrido.

El 26 de junio de 2023, Options Dealer presentó 

Moción en Obediencia de Orden, mediante la cual reiteró 

que el vehículo no sufrió desperfectos o vicios ocultos.5 

Alegó que tampoco es una opción correcta el hallazgo y 

recomendación que realizó el técnico del DACo.

Evaluadas los argumentos de las partes, el DACo 

emitió una Notificación y Orden, e indicó que los citaba 

para una vista administrativa el 28 de agosto de 2023, 

e iniciaría el proceso con el testimonio del señor 

Torres.6

Así las cosas, luego de la celebración de varias 

vistas administrativas, entre los días 28 de agosto de 

2023, 22 y 27 de septiembre de 2023, la agencia recurrida 

emitió una Resolución el 16 de enero de 2024, en la cual 

decretó la nulidad del contrato de compraventa de 

vehículo de motor y ordenó la devolución de las 

prestaciones.7 Asimismo, luego de evaluar la prueba 

testifical y documental desfilada, el DACo realizó las 

siguientes determinaciones de hechos:

1. El 9 de noviembre de 2022 la parte 

querellante adquirió mediante contrato de 

compraventa del concesionario co-querellado 

Grupo Joel Valle-Options Inc. h/n/c Options 

Dealer (en adelante “Options Dealer”) un 

vehículo de motor usado marca Toyota, 

modelo Sienna, del año 2021, de número de 

serie 5TDERKEC7MS024230 (en adelante “el 

vehículo”), a un costo convenio de 

$62,000.00.

2. Al momento de la adquisición del vehículo 

la parte querellante entregó a Options 

Dealer un vehículo de motor usado marca 

Toyota, modelo Sienna, del año 2015 en 

concepto de “trade in” por la cantidad de 

5 Moción en Obediencia de Orden, anejo XV, págs. 57-59 del apéndice 

del recurso.

6 Notificación y Orden, anejo XVI, págs. 60-62 del apéndice del 

recurso.

7 Resolución, anejo XXII págs. 439-456 del apéndice del recurso.
KLRA202400142 5

$8,000.00. Dicha cantidad ($8,000.00) fue 

acreditada o abonada al contrato de 

compraventa. En adicción, al momento de la 

compra la parte querellante entregó a 

Options Dealer un pago en concepto de 

tablilla, registro o traspaso por la 

cantidad de $495.00.

3. La compraventa del vehículo quedó 

perfeccionada mediante un Contrato de Venta 

al Por Menor a Plazos con la entidad coquerellada Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Villa-Coop Agustín Burgos Rivera h/n/c 

Villa-Coop (en adelante Villa-Coop). 

Mediante el mismo, se fijó el precio final 

de compra del vehículo, a saber, 

$62,000.00, y se estableció que la parte 

querellante brindó un pronto pago de 

$8,000.00. Sin embargo, la cuantía de 

$8,000.00 correspondió propiamente al 

crédito por el vehículo que fuera entregado 

en “trade in” (2015 Toyota Sienna) al 

momento de la transacción, cantidad que fue 

aplicada (acreditada) al precio de compra 

final de vehículo.

4. Conforme el Contrato de Venta al Por 

Menor a Plazo de Villa-Coop Agustín Burgos,

el financiamiento del vehículo fue pactado 

por un término de 72 meses, con los primeros 

83 pagos de $1.047 y un último pago de 

$957.29. (último pago en o antes de 

09/nov/2029.

5. Al momento de la compra del vehículo, el 

vendedor de Options Dealer le informó a la 

parte querellante que el mismo: a) estaba 

en óptimas condiciones; b) nunca había sido 

impactado y reparado; y c) tenía un 

remanente sustancial de la garantía de 

fábrica básica de 3 años o 36,000 millas 

(lo que ocurra primero).

6. El 23 de febrero de 2023 el querellante 

fue informado que el vehículo no solo fue 

impactado (en su carrocería) y reparado, 

sino que parte de su garantía de fabrica se 

encontraba anulada debido a tal incidente. 

Esta información el querellante la 

descubrió al visitar al agente de servicio 

del fabricante Autokirei, LLC h/n/c 

Autocentro Toyota (en adelante “Autocentro 

Toyota”) para recibir servicio de 

reparación bajo garantía.

7. Ante la anulación de parte de la garantía 

del vehículo por el mismo haber estado 

involucrado en un choque o impacto, la parte 

querellante se vio en la obligación de pagar 

$237.25 por los servicios provistos por 

Autocentro Toyota.
KLRA202400142 6

8. El 3 de enero de 2023 la parte 

querellante presentó una Querella Enmendada 

mediante representación legal. La presente 

Querella Enmendada sustituyó la querella 

original. Sin embargo, la parte 

querellante alegó, entre otros asuntos, que 

durante la transacción de compraventa del 

vehículo hubo una serie de irregularidades. 

Por lo que deseaba devolver la unidad al 

vendedor.

9. El 24 de abril de 2023 la parte 

querellante presentó una Querella 

Enmendada, mediante representación legal. 

La presente Querella Enmendada sustituyo la 

querella original. Sin embargo, tratándose 

la Querella Enmendada de hechos o 

alegaciones que “surgen de la conducta, 

acto, omisión o evento expuesto en la 

alegación original”; las alegaciones y 

causas de acción allí contenidas se 

retrotraen al momento de la presentación de 

la querella original. Véase Ortiz Díaz v. 

R. R. Motors Sales, 131 DPR 829, 837 (1992); 

Reyes Castillo v. Ramos, 139 DPR 925 (1996).

10. Mediante la Querella Enmendada la parte 

querellante alegó, entre otros asuntos, que 

el contrato de compraventa del vehículo es 

nulo por dolo contractual, la ausencia de 

varios de los elementos de un contrato 

(objeto, consentimiento y causa), así como 

por el contrato de compraventa ser 

contrario a la ley, la moral y el orden 

público ya que su perfección es producto de 

la práctica engañosa o anuncio engañoso de 

parte de Options Dealer. A su vez, se 

solicitó al Departamento que al decretar la 

nulidad (por distintas causas expuestas) o 

resolución (por vicios ocultos) del 

contrato de compraventa del vehículo, 

ordenara la devolución de las prestaciones 

y el pago del balance del préstamo de auto 

con Willa-Coop, honorarios de abogado, 

daños y perjuicios, entre otros remedios.

11. El 6 de junio de 2023 las partes 

comparecieron a la inspección conjunta 

citada por el Departamento. La inspección 

tuvo lugar en Autocentro Toyota Dealer 

#1088 Ave Muñoz Rivera (Área de servicio) 

San Juan P.R. 00919.

12. El informe de la inspección conjunta 

del Departamento fue notificado y archivado 

en autos el 9 de junio de 2023.

13. De acuerdo con el informe preparado por 

el perito del Departamento, señor José 

Torrón Martínez, durante la inspección se 

observó que el vehículo tenía el “Cuartel 

Panel” (lado del chofer) mostraba haber 

sido repintado hasta la tapa de la gasolina, 
KLRA202400142 7

área donde le dejaron “Edge Foam Masking 

Tape” mejor conocido en la industria como 

tripa de pollo. El informe también detalló 

que los defectos en el terminado de la 

pintura del vehículo requerían una 

reparación cuyo costo se estimó entre 

$1,500.00 y $3,000.00.

14. El 23 de junio de 2023 la parte 

querellante mediante su representación 

legal presentó objeción al informe del 

perito de DACO. En la misma, se expuso: a) 

que el informe omite mencionar que el 

vehículo fue impactado y/o chocado, dato 

que había sido validado por el perito del 

querellante y Autocentro Toyota; B) que en 

parte del informe el perito de la agencia 

indicó que el vehículo no fue reparado con 

“relleno” o “bondo” en el “sheet panel”; c) 

el costo estimado de reparación de los 

defectos del vehículo (“repintado” del 

vehículo entero), por ser especulativo y/o 

no estar debidamente fundamentado o 

desglosado.

15. Options Dealer no objetó el informe del 

perito de la agencia, por lo que conforme 

las Reglas de Procedimiento Adjudicativos 

del Departamento, dio por estipulado su 

contenido, conforme a la Regla 15.3 del 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos 

#8034 del DACO.

16. En la Vista Administrativa el perito de 

la parte querellante, Josué Sánchez Colón, 

declaró que: a) el vehículo había sido 

impactado y reparado en ambos paneles 

traseros; b) el vehículo fue pintado a 

vuelta redonda (con excepción del bonete y 

la capota); c) diferentes partes del 

vehículo mostraban señales claras de haber 

sido objeto de reparaciones defectuosas de 

hojalatería un trabajo cuyo costo estima en 

$5,500.00.

17. El testimonio del perito del 

querellante sobre las áreas del vehículo 

que mostraban señales de haber sido 

impactado y reparado es consistente con los 

hallazgos de Autocentro Toyota, hallazgo 

que llevaron al agente de servicio del 

fabricante a denegar servicio del vehículo 

bajo garantía.

18. Ninguna de las partes querelladas 

presentó prueba documental o testifical 

pericial que refutara el testimonio del 

perito de la parte querellante.

19. En la vista administrativa la parte 

querellante declaró que el vehículo no 

había sido chocado y reparado por él, previo 

a la radicación de la querella o la fecha 
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en que el perito del Departamento llevó a

cabo la inspección conjunta. Asimismo, 

declaró que el vendedor nunca le informó 

que el vehículo había sido chocado y 

reparado con anterioridad a su compraventa 

y que, por el contrario, el vendedor le 

indicó que el vehículo se encontraba libre 

de choques o defectos por impactos.

20. Ninguna de las partes querelladas 

presentó prueba documental o testifical que 

refutara el testimonio de la parte 

querellante.

21. De igual forma, ninguna de las partes 

querelladas presentó prueba que demostrara 

que los defectos por impactos o choque del 

vehículo son atribuibles a eventos 

ocurridos durante el tiempo que la parte 

querellante ha tenido el mismo.

22. Options Dealer vendió un vehículo que 

había sido impactado y reparado con 

anterioridad a su venta a la parte

querellante.

23. Options Dealer conocía o debió conocer 

que el vehículo había sido impactado y 

reparado con anterioridad a la transacción 

objeto de la presente querella.

24. El impacto (choque) sufrido por el 

vehículo y confirmado durante la inspección 

conjunta celebrada por el Departamento, no 

fue ocasionado por la parte querellante.

25. Al momento de su compraventa la parte 

querellante desconocía que el vehículo 

había sido impactado y reparado con 

anterioridad.

26. Al momento de su compraventa Options 

Dealer incumplió con su deber de informar a 

la parte querellante sobre las condiciones 

reales del vehículo, viciando el 

consentimiento que fuera prestado por éste.

27. Al momento de la compraventa del 

vehículo Options Dealer incumplió con su 

deber de brindar a la parte querellante 

“datos relevantes”, viciando el 

consentimiento que fuera prestado por éste.

28. Al momento de la compraventa Options 

Dealer incurrió en prácticas engañosas y 

realizó falsas representaciones sobre las 

condiciones del vehículo. Estas falsas 

representaciones contribuyeron un anuncio 

engañoso, conforme la reglamentación del 

Departamento.
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29. Options Dealer no le entregó a la parte 

querellante el vehículo según fuera 

pactado.

30. De la parte querellante haber conocido 

las condiciones reales del vehículo o que 

el mismo había sido impactado y reparado 

con anterioridad, no lo hubiera comprado.

31. Options Dealer realizó un cobro 

indebido o ilegal de $495.00, por concepto 

de registro y tablilla.

32. La parte querellante incurrió en gastos 

económicos como consecuencia de los actos 

de Options la querellante, incluyendo 

honorarios de abogados y gastos de perito.

33. La parte querellante incurrió en la 

cantidad de $2,600.00 por concepto de 

servicios legales para el trámite de la 

presente controversia, así como $1,400.00 

en perito.

Aquilatada la prueba testifical y documental 

obrante en el expediente administrativo y a base de las 

antes transcritas determinaciones de hechos, el DACo 

decretó la resolución del contrato de compraventa del 

vehículo de motor objeto de la Querella de epígrafe, y 

ordenó la devolución de las contraprestaciones. A su 

vez, determinó que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Villa Coop Agustín Burgos Rivera, era responsable 

solidariamente. 

Además, decretó la nulidad del cargo de $495.00 que 

Options Dealer le cobró al señor Torres por concepto de 

tablilla, registro o traspaso. Finalmente, determinó 

que la parte recurrente incurrió en temeridad, e impuso 

honorarios por tal concepto por la suma de $2,600.00. 

Adicional, a la cantidad de $1,400.00 para el pago de 

los gastos de perito. A tenor con lo anterior, el DACo 

declaró Ha Lugar la Querella incoada por el recurrido.
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En desacuerdo, el 5 de febrero de 2024, Options 

Dealer presentó una Reconsideración.8 Ahora bien, por 

haber transcurrido el término de (15) días provistos por 

Ley para que el foro administrativo la atendiera, dicha 

moción se considera rechazada de plano.

Inconforme con tal proceder, Options Dealer 

compareció ante este Foro Apelativo, imputando el

siguiente señalamiento de error:

ERRÓ EL DACO AL EMITIR DETERMINACIONES DE 

HECHO EN FORMA TAN IRRAZONABLE QUE INCURRE 

EN UN ABUSO DE DISCRECIÓN CRASO AL APLICAR 

EL DERECHO MEDIANTE RESOLUCIÓN CON EL 

EFECTO JURÍDICO DE SER UNA ADJUDICACIÓN 

INJUSTA Y CONTRARIA A DERECHO, QUE DE HECHO 

CONSTITUYE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO:

(i) La Evidencia Que Surge Del Expediente 

Administrativo No Respalda La Alegación Del 

Querellante De Que Se Hubiera Vendido Un 

Auto Ocultándole “Choque Y/O Impacto” O Que 

No Tuviese Garantía Por Esta Razón;

(ii) No Procede Que Se Decrete A Resolución 

Y/O Nulidad Del Contrato, Cuando Como 

Cuestión De Hecho Surge Del Expediente 

Administrativo Que El Querellante No 

Cumplió Con La Regla 29.3 Del “Reglamento 

De Garantías De Vehículos De Motor”, Para 

Dar “Oportunidad Razonable Para Reparar” 

Los Alegados “Defectos”;

(iii) Al Tener Remedio En El Expediente 

Administrativo Extremadamente Menos 

Onerosos Para Atender La Queja Del 

Querellante, Permite Que El Querellante 

Utilice El Vehículo Mas De 1,200 Millas Al 

Mes Y Que El Co-Querellado Tenga Que 

Devolver Los Meses De Financiamiento Del 

Vehículo Al Querellante, Entiéndase En Nada 

Se Afectó El Uso Y Disfrute Pleno Del 

Vehículo O Para El Cual Fue Adquirido Por 

El Co-Querellado.

(iv) Permite Que El Querellante Utilice El 

Vehículo Más De 1,200 Millas Al Mes Y Que 

El Co-Querellado Tenga Que Devolver Los 

Meses De Financiamiento Del Vehículo Al 

Querellante, Entiéndame En Nada Se Afectó 

El Uso Y Disfrute Pleno Del Vehículo, Para 

El Cual Fue Adquirido Por El Co-Querellado.

8 Reconsideración, anejo XXIV, págs. 457-468 del apéndice del 

recurso.
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(v) El Querellante No Viene Con Manos 

Limpias Al Foro Administrativo Y/O Cometió 

Dolo Con El Co-Querellado En La 

Compraventa, No Cumplió Con El Acuerdo Para 

Con El Co-Querellado.

El 6 de mayo de 2024, el señor Torres presentó su 

alegato en oposición. 

Estando en posición para resolver, procedemos a así 

hacerlo.

II.

-AEs norma conocida que los tribunales apelativos 

debemos otorgar amplia deferencia a las decisiones 

emitidas por las agencias administrativas, puesto que 

estas cuentan con vasta experiencia y pericia para 

atender aquellos asuntos que se les han sido delegados 

por la Asamblea Legislativa. Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-89

(2022); Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819 

(2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 

117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 

DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 

DPR 606, 626 (2016). Por estas razones, dichas 

determinaciones suponen una presunción de legalidad y 

corrección, que a los tribunales nos corresponde 

respetar, mientras la parte que las impugne no presente 

prueba suficiente para derrotarlas. Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Batista, Nobbe 

v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012). No 

obstante, tal norma no es absoluta, por ello nuestro 

Máximo Foro ha enfatizado que no podemos imprimirle un 

sello de corrección, so pretexto de deferencia a las 

determinaciones administrativas que sean irrazonables, 

ilegales o contrarias a derecho.
KLRA202400142 12

En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra,

pág. 628, nuestro Tribunal Supremo resumió las normas 

básicas en torno al alcance de la revisión judicial de 

la forma siguiente: 

Los tribunales deben deferencia a las 

decisiones de una agencia administrativa, 

pero tal deferencia cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el ente 

administrativo erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes o reglamentos 

que se le ha encomendado administrar; (3) 

el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una 

base racional, o (4) la actuación 

administrativa lesionó derechos 

constitucionales fundamentales. Es 

importante destacar que, si el tribunal no 

se encuentra frente a alguna de esas 

situaciones, aunque exista más de una 

interpretación razonable de los hechos 

procede que se valide la interpretación que 

realizó la agencia administrativa 

recurrida. 

Del mismo modo, la Sección 4.5 de la Ley Núm. 38 

del 30 de junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), estableció el marco de 

revisión judicial de las agencias administrativas. 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra. La 

intervención del tribunal se limita a tres (3) áreas, a 

saber: (1) si el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que 

realizó la agencia están sostenidas por evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo 

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de 

derecho del ente administrativo fueron correctas. Sec. 

4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Véase, además: Oficina 

de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra; Nobbe v. Jta. Directores,

supra. Por lo tanto, aquellas determinaciones de hechos 
KLRA202400142 13

formuladas por el ente administrativo deberán sostenerse 

cuando estén basadas en evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo considerado en su 

totalidad. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez 

Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otros, supra. 

Ahora bien, las determinaciones de derecho pueden 

ser revisadas en su totalidad. Sec. 4.5 LPAU, 3 LPRA 

sec. 9675. Véase, además: Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, supra, pág. 36; Torres Rivera v. Policía de PR, 

supra, pág. 627. Sin embargo, los tribunales deberán 

brindarle deferencia a las interpretaciones que la 

agencia realice de aquellas leyes particulares que 

administra. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra; 

Torres Rivera v. Policía de PR, supra. Esto, pues 

nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que la deferencia 

que le deben los tribunales a la interpretación que haga 

el ente administrativo sobre aquellas leyes y 

reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede si 

la agencia: (1) erró al aplicar la ley; (2) actuó

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó 

derechos constitucionales fundamentales. Íd.; Oficina 

de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra. 

Finalmente, destacamos que el criterio 

administrativo no podrá prevalecer en aquellas 

instancias donde la interpretación estatutaria realizada 

por una agencia provoque un resultado incompatible o 

contrario al propósito para el cual fue aprobada la 

legislación y la política pública que promueve. Lo 

anterior ya que la deferencia judicial al expertise

administrativo, concedido cuando las agencias 

interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que 
KLRA202400142 14

resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la 

comisión de una injusticia. Íd. 

-BLa Sección 3.13 de la LPAU dispone que “[l]as Reglas 

de Evidencia no serán aplicables a las vistas 

administrativas, pero los principios fundamentales de 

evidencia se podrán utilizar para lograr una solución 

rápida, justa y económica del procedimiento.” Por 

tanto, los procedimientos administrativos son de 

naturaleza flexible, por lo que rige una norma liberal 

en la aplicación de las reglas con el único propósito de 

descubrir la verdad. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 732 

(2005); JRT v. Aut. De Comunicaciones, 110 DPR 879 

(1981). 

-CConforme establece el Código Civil de Puerto Rico 

de 2020, el contrato es el negocio jurídico bilateral 

por el cual dos o más partes expresan su consentimiento 

en la forma prevista por la ley, para crear, regular, 

modificar o extinguir obligaciones. Art. 1230 del 

Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9751. A tenor con 

esto, las partes pueden establecer las cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no 

sean contrarias a las leyes, a la moral ni al orden 

público. Íd., Art. 1232 del Código Civil de 2020, 31 

LPRA sec. 9753. 

Una vez las partes prestan su consentimiento, estas 

quedarán obligadas al cumplimiento de la obligación 

pactada, ya que “[l]o acordado en los contratos tiene 

fuerza de ley entre las partes...”. Íd., Art. 1233 del 

Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9754. Lo anterior es 

un concepto conocido en latín como pacta sunt servanda, 
KLRA202400142 15

el cual establece que las obligaciones que se derivan de 

contrato perfeccionado rigen sobre todas las partes 

contratantes y no pueden ser unilateralmente alteradas. 

M. García Cárdenas, Derecho de Obligaciones y Contratos, 

2da edición, Puerto Rico, MJ Editores, 2017, p. 20. 

Además, nuestro Código Civil establece que no 

existe contrato hasta tanto las partes manifiestan su 

consentimiento sobre el objeto y la causa. Art. 1237 

del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9771. En virtud 

de ello, para que un contrato sea válido, se requiere 

que concurran tres (3) elementos esenciales, a saber: 

(1) consentimiento de los contratantes, (2) objeto 

cierto que sea materia del contrato, y (3) la causa de 

la obligación que se establezca. Aponte Valentín v. 

Pfizer Pharmaceuticals, LLC, 208 DPR 263, 284 (2021). 

La falta de alguno de ellos será causa de nulidad del 

contrato, y por tanto, inexistente en el orden jurídico. 

Rosario Rosado v. Pagán Santiago, 196 DPR 180, 188 

(2016). 

Es pertinente destacar que, por el contrato de 

compraventa, la parte vendedora se obliga a transferir 

a la parte compradora el dominio de un bien, y esta a su 

vez se obliga a pagar un precio cierto. Art. 1274 del 

Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9941. Es importante 

destacar que una de las obligaciones de la parte 

vendedora es “garantizar al comprador que el bien 

vendido tiene las cualidades prometidas y que está libre 

de defectos que disminuyen o destruyen su valor o la 

aptitud para su uso ordinario o convenido” (énfasis 

nuestro). Íd., Art. 1287, sec. 9991. 
KLRA202400142 16

-DSegún nuestro ordenamiento jurídico, los vicios de 

la voluntad comprenden el error, el dolo, la violencia 

y la intimidación. Art. 285 del Código Civil de 2020, 

31 LPRA sec. 6191. Si en un negocio jurídico media la 

presencia de alguno de estos vicios, el acuerdo es 

anulable si dicho vicio fue determinante para su 

otorgamiento. Íd., Art. 293 del Código Civil de 2020, 

31 LPRA sec. 6212. Específicamente, el “dolo” se define 

como la acción u omisión intencional por la cual una 

parte o un tercero inducen a otra parte a otorgar un 

negocio jurídico que de otra manera no hubiera 

realizado. Íd., Art. 292 del Código Civil de 2020, 31 

LPRA sec. 6211. Por lo tanto, “constituye dolo callar 

sobre una circunstancia importante relacionada con el 

objeto del contrato.” Bosques v. Echevarría, 162 DPR 

830, 836 (2004). 

No todo tipo de dolo produce la nulidad del 

contrato. Para que el dolo produzca la nulidad del 

negocio jurídico, deberá ser grave y no haber sido 

empleado por las dos partes contratantes. Íd. En 

cambio, el dolo incidental no produce la nulidad del 

contrato, sino que sólo obliga a quien lo empleó a 

indemnizar por los daños y perjuicios. Íd., Art. 294 

del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6213. Esto es 

así, ya que este tipo de dolo no tiene una influencia 

decisiva en la esencia de la obligación. Colón v. Promo 

Motor Imports, Inc., 144 DPR 659, 667 (1997). De hecho, 

en este tipo de casos existe la voluntad de contratar de 

la parte perjudicada, pero hay engaño en el modo en que 

se celebra el negocio jurídico. Por lo cual, el contrato 
KLRA202400142 17

de todas formas se hubiera celebrado, pero no bajo las 

mismas condiciones. Íd. 

Nuestro Tribunal Supremo dispuso en Colón v. Promo 

Motor Imports, Inc., supra, pág. 668, que 

independientemente del tipo de dolo que se alegue, 

corresponde a quien reclama dicha conducta la 

responsabilidad de la prueba. No obstante, esto no 

significa que el dolo debe establecerse de manera 

directa, ya que puede demostrarse mediante inferencia o 

por evidencia circunstancial. Íd., pág. 669. 

En cuanto a la determinación de si existe dolo que 

anula el consentimiento, nuestro más alto foro ha 

resuelto que se debe considerar, entre otras cosas, la 

preparación académica del perjudicado, así como su 

condición social y económica, y las relaciones y el tipo 

de negocios en que se ocupa. Citibank v. Dependable 

Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 518 (1988). Además, puede 

que en un caso, el dolo no surja de un simple hecho, 

sino del conjunto y la evolución de circunstancias y 

manejos engañosos. Acosta & Rodas, Inc. v. PRAICO, 112 

DPR 583 (1982). De la misma manera, puede ser que lo 

que aparenta ser incidental desde la perspectiva general 

del contrato en cuestión sea en realidad esencial para 

los contratantes, por lo que el engaño o incumplimiento 

con alguno de los elementos de la contratación puede dar 

lugar a la variante del dolo causante. M. Albaladejo, 

Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, 

Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 431. 

-ESegún las normativas previamente discutidas sobre 

los contratos, es relevante enfatizar que la invalidez 

de un contrato es una sanción legal que, mediante una 
KLRA202400142 18

decisión judicial, priva a un negocio jurídico de sus 

efectos propios por adolecer de un vicio originario, 

esencial e intrínseco al acto. Art. 341 del Código Civil 

de 2020, 31 LPRA sec. 6311. 

El negocio jurídico puede ser nulo o anulable. En 

esencia, es nulo si: (1) el objeto, la causa o el 

consentimiento son inexistentes; (2) el objeto o la 

causa son ilícitos; (3) carece de las formalidades 

exigidas por la ley para su validez; o (4) es contrario 

a la ley imperativa, la moral o el orden público. Por 

el contrario, es anulable si: (1) el otorgante tiene 

incapacidad de obrar, (2) concurre algún vicio de la 

voluntad, o (3) el acto adolece de un defecto de forma 

no solemne. Íd., Art. 342 del Código Civil de 2020, 31 

LPRA sec. 6312. 

Además, la sentencia que invalida un negocio 

jurídico obliga a las partes a restituir, con sus frutos 

y productos, lo recibido en virtud del negocio jurídico. 

Íd., Art. 346 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 

6316. 

-FEl Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto 

Rico (DACo) fue creado con el objetivo principal de 

vindicar e implementar los derechos de los consumidores. 

Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, Ley Orgánica del 

Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 LPRA sec. 341 

et seq. A tales fines, la ley habilitadora del DACo le 

otorgó al Secretario o la Secretaria la facultad de 

atender, investigar y resolver las quejas y querellas 

presentadas por los consumidores de bienes y servicios 

adquiridos en el sector privado de la economía. 3 LPRA 

sec. 341e(c). En ese sentido, la agencia cuenta con 
KLRA202400142 19

amplios poderes para adjudicar las querellas ante su 

consideración, y conceder los remedios pertinentes 

conforme a derecho. 3 LPRA sec. 341 e(d). 

De acuerdo con lo anterior y en virtud de la Ley 

Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, conocida como la Ley 

de Garantías de Vehículos de Motor, 10 LPRA secs. 2051 

et seq., el DACo adoptó el Reglamento de Garantías de 

Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 7159 del 6 de junio 

de 2006, (Reglamento Núm. 7159). Este cuerpo 

reglamentario tiene como finalidad los siguientes 

objetivos: (1) proteger adecuadamente a los consumidores 

y sus inversiones en la adquisición de vehículos de 

motor; (2) procurar que todo consumidor que compre un 

vehículo de motor en Puerto Rico, le sirva para los 

propósitos que fue adquirido, y que reúna las 

condiciones mínimas necesarias para garantizar la 

protección de su vida y propiedad; y (3) prevenir las 

prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor en 

Puerto Rico. Regla 2, Reglamento 7159, supra. Además, 

aplica a toda persona natural o jurídica que se dedique 

a la venta y servicio de vehículos de motor nuevos o 

usados en Puerto Rico y debe interpretarse liberalmente 

a favor del consumidor. Reglas 3-4, Reglamento 7159, 

supra; Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156, 163-164 

(2005). 

En lo que respecta al presente caso, el Reglamento 

Núm. 7159 del DACo le impone a todo vendedor de vehículos 

de motor ciertas obligaciones. Entre estas, la 

obligación de informar a cada consumidor el estado y las 

condiciones de la unidad que está adquiriendo. Por ello, 

la Regla 30 del Reglamento Núm. 7159 del DACo establece 

que: 
KLRA202400142 20

30.1 – Todo vendedor estará obligado a 

notificarle por escrito al consumidor si el 

vehículo de motor usado que interesa ha sido 

usado como taxi, vehículo de transportación 

pública, vehículo de servicio público, de 

alquiler, de demostración o cualquier otra 

finalidad que conlleve un uso irregular o 

excesivo. 

30.2. – Todo vendedor de un vehículo de 

motor usado, el cual haya sido impactado y 

reparado posteriormente, deberá indicarlo 

verbalmente y notificarlo por escrito al 

consumidor en el contrato de compraventa. 

De otro lado, la Regla 37 del Reglamento Núm. 7159 

expone que “[n]ada de lo dispuesto en este Reglamento 

limitará en forma alguna el derecho del consumidor a 

ejercer cualquier acción que le reconozca las leyes 

generales o especiales del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, así como las acciones de saneamiento por 

evicción, saneamiento por vicios ocultos o redhibitoria 

y cualesquiera otras que reconozca el Código Civil de 

Puerto Rico.” Regla 37 del Reglamento 7159, supra.

III.

En el caso de autos, el planteamiento central que 

Options Dealer trae ante nuestra consideración, gira en 

torno a que el DACo erró al decretar la nulidad del 

contrato de compraventa del vehículo de motor en 

controversia. En esencia, alega que la evidencia 

presentada no demostró que hayan ocultado que el 

vehículo fue impactado, o no tuviera garantía. A su 

vez, que el señor Torres no cumplió con la Regla 29.3 

del Reglamento Núm. 7159, supra.

Por su parte, el recurrido sostiene que quedó 

establecido que Options Dealer nunca le informó de 

manera verbal y por escrito que el vehículo había sido 

chocado y reparado, al contrario, su vendedor le indicó 

que estaba libre de choques o defectos de impactos, y 
KLRA202400142 21

que tenía un remanente significativo de la garantía 

básica con el fabricante. Por ello, esbozó que la 

decisión de la agencia fue decretar la nulidad del 

contrato de compraventa. Añadió que, debido a la nulidad 

del contrato, es inaplicable las disposiciones de la 

Regla 29.3 del Reglamento, supra.

Así pues, debemos determinar si la parte recurrente 

incurrió en dolo grave al momento de la contratación. 

Específicamente, al no informarle al señor Torres que el 

vehículo de motor usado que estaba adquiriendo había 

sido impactado y posteriormente reparado.

Es ampliamente conocido que los tribunales debemos 

ser deferentes en torno a las decisiones 

administrativas, pero tal deferencia cederá cuando la 

determinación no esté basada en evidencia sustancial, 

cuando el ente administrativo haya errado en la 

aplicación de la ley y cuando la actuación resulte 

arbitraria, irrazonable e ilegal. Torres Rivera v. 

Policía de Puerto Rico, supra. 

Lo cierto es que, luego de evaluar el expediente 

bajo nuestra consideración y la normativa aplicable al 

caso, no encontramos razones que justifiquen omitir la 

deferencia otorgada por el DACo. En consecuencia, 

llegamos a la conclusión de que la agencia recurrida no 

incidió en su decisión. Veamos.

Según se desprende del expediente del caso, el 

señor Torres adquirió un vehículo de motor usado en 

Options Dealer, el cual le indicaron que no había sido 

impactado, ni reparado, además que contaba con una 

garantía de fábrica básica. Sin embargo, el recurrido 

al llevar el vehículo a recibir servicios de reparación 

bajo garantía le notificaron que el vehículo había sido 
KLRA202400142 22

impactado y reparado, consecuentemente, parte de su 

garantía de fábrica estaba anulada por el incidente. De 

un examen del expediente, revela que en el caso hay 

evidencia sustancial, -independiente del informe del 

perito del DACo y el cual fue objetado por el recurrido-

, que el vehículo fue impactado. De hecho, se desprende 

de la opinión pericial notificada por el Sr. Sánchez, y 

los hallazgos de Autocentro Toyota, que el vehículo 

había sido reparado, más aún que los defectos 

encontrados requerían de otros trabajos. A su vez, el 

recurrente no presentó prueba que demostrara que los 

defectos encontrados eran atribuibles a eventos 

ocurridos posteriores a la venta del vehículo.

La reglamentación del DACo, es diáfana al disponer 

que nada de lo dispuesto en el Reglamento Núm. 7159, 

limitará el derecho del consumidor de ejercer cualquier 

acción que le reconozca la ley. Particularmente, el 

Código Civil de Puerto Rico y su jurisprudencia 

interpretativa reconocen que un contrato será inválido 

cuando se incurra en dolo. Como vimos, la validez del 

consentimiento en un contrato se ve afectada en la medida 

en que una parte actúa de forma dolosa.

Conforme surge del presente recurso, Options Dealer 

incumplió su deber de informar al momento de la 

adquisición que la unidad vehicular había sido reparado 

debido a un choque. Por ello, la alegada garantía con 

la que contaba el vehículo fue anulada parcial o 

totalmente. Así las cosas, al omitir al momento de la 

compraventa que el vehículo del recurrido había sufrido 

un choque, produjo la nulidad de la relación 

contractual. 
KLRA202400142 23

En suma, estudiado el recurso judicial, sus 

apéndices y la transcripción de las vistas 

administrativas, concluimos que la actuación del DACo, 

está sustentada en aquella evidencia que obra en el 

expediente administrativo y que una mente razonablemente 

aceptaría como adecuada para sostener una conclusión. 

La agencia recurrida actuó dentro de los parámetros que 

le reconoce la legislación al resolver las 

contraprestaciones y requerir su devolución. 

IV.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS la Resolución recurrida.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones