Número Identificador

SEN(RES)2023____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

OMAIRA M. CARDONA 

ALEMÁN

Peticionaria

v.

ÁNGEL AGRAMONTE 

NIEVES

Recurrido

KLAN202300843

APELACIÓN

acogido como 

Certiorari

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil Núm.:

SJ2022RF01138

(708)

Sobre:

Alimentos, 

Custodia, Patria 

Potestad

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Álvarez Esnard, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2023.

Comparece Omaira M. Cardona Román (señora Cardona 

Román o la Peticionaria) y solicita la revocación de la Resolución

emitida y notificada el 12 de septiembre de 2023, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Menores de San Juan (TPI o foro 

primario) y de la Orden emitida y notificada en igual fecha. Mediante 

la Resolución del 12 de septiembre de 2023, el foro primario 

estableció en síntesis la custodia compartida del menor entre sus 

progenitores, la Peticionaria y el Sr. Ángel Agramonte Nieves (señor 

Agramonte Nieves o el Recurrido). Asimismo, mediante la Orden

recurrida emitida en igual fecha, el TPI declaró Sin Lugar la Moción 

en Cumplimiento de Orden Anunciando Perito y Reconsideración

presentada por la Peticionaria el 11 de septiembre de 2023.

Toda vez que la señora Cardona Alemán recurre de una 

resolución interlocutoria emitida por el TPI el 12 de septiembre de 

2023, y de la subsiguiente Orden interlocutoria que le denegó su 
KLAN202300843 2

solicitud de reconsideración sobre varias órdenes interlocutorias 

previas, así como su solicitud de señalamiento de vista de 

impugnación de Informe Social, acogemos la Apelación presentada

por ésta como una petición de certiorari, sin alterar su designación 

alfanumérica, y denegamos la expedición del auto de solicitado por 

la Peticionaria.

I

El trámite procesal del caso de epígrafe comenzó el 9 de 

septiembre de 2022, fecha en que la señora Cardona Román

presentó Demanda en contra del señor Agramonte Nieves. Por virtud 

de la misma, solicitó la custodia monoparental de su hijo menor de 

edad A.D.A.C., nacido el 28 de julio de 2021 y alimentos para el 

menor.

1 

Tras varios incidentes procesales, el 13 de octubre de 2022, 

la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA) celebró vista a la 

que comparecieron las partes. En esa misma fecha, la EPA emitió 

su Informe en el que recomendó una pensión alimentaria provisional 

de novecientos cincuenta dólares ($950.00) mensuales a favor del 

menor, a ser pagada por el señor Agramonte Nieves, padre no 

custodio. Surge del Informe, además, que el Recurrido no había 

presentado la Planilla Informativa de Pensión (PIPE).

2 Así las cosas, 

el 17 de octubre de 2022, el TPI emitió Resolución en la que acogió 

la recomendación de la EPA y estableció una pensión alimentaria 

provisional de novecientos cincuenta dólares ($950.00) mensuales a 

favor del menor, a ser pagada por el señor Agramonte Nieves.

3 En 

igual fecha, 17 de octubre de 2022, el foro primario emitió Orden en 

la que señaló vista presencial a celebrarse el 18 de noviembre de 

2022.4

1 Véase páginas 7-12 del Apéndice del Certiorari. (Entrada Núm. 1 de SUMAC)

2 Véase páginas 31-32 del Apéndice del Certiorari. (Entrada Núm. 20 de SUMAC)

3 Véase páginas 33-34 del Apéndice del Certiorari.

4 Véase páginas 36 del Apéndice del Certiorari.
KLAN202300843 3

Cabe señalar, que el señor Agramonte Nieves no compareció 

a la vista pautada. Así las cosas, 18 de noviembre de 2022, el TPI 

declaró No Ha Lugar la solicitud de suspensión presentada por éste, 

señaló vista de desacato a celebrarse el 14 de diciembre de 2022 y 

emitió Sentencia en la que otorgó la custodia del menor a la señora 

Cardona Alemán y dispuso la patria potestad compartida con el 

señor Agramonte Nieves.

5 En la Sentencia emitida, el foro primario

destacó que mediante Resolución de 17 de octubre de 2022, el TPI 

había establecido una pensión alimentaria provisional de 

novecientos cincuenta dólares ($950.00) mensuales a favor del 

menor y señaló vista de seguimiento presencial para el 7 de 

diciembre de 2022.6

Posteriormente, el 28 de noviembre de 2022, el señor 

Agramonte Nieves presentó Urgentísima Moción de Reconsideración.

7

En lo pertinente, aunque el Recurrido reconoció en la moción que 

las determinaciones sobre custodia y alimentos no constituyen cosa 

juzgada, éste destacó que por economía procesal solicitaba 

reconsideración de la Sentencia sobre aquellos extremos referentes 

a la custodia y relaciones filiales, además de solicitar que se aclare 

que la pensión que surge del documento era una provisional. En 

igual fecha, el Recurrido solicitó al foro primario transferencia de la 

vista presencial pautada para el 7 de diciembre de 2022.8 Mediante 

Orden de 29 de noviembre de 2022, el TPI dejó sin efecto la vista 

pautada para el 7 de diciembre de 2022 y señaló vista presencial a 

celebrarse el 9 de enero de 2023.

9

Asimismo, el 29 de noviembre de 2023, el TPI emitió Orden

con relación a la solicitud de reconsideración presentada por el 

señor Agramonte Nieves, en la que dispuso que la misma sería 

5 Véase páginas 46-47 y la Minuta de la vista, a las páginas 48 y 49 del Certiorari.

6 Véase página 50 del Apéndice del Certiorari.

7 Véase páginas 51-53 del Apéndice del Certiorari.

8 Véase página 54 del Apéndice del Certiorari. (Entrada Núm. 31 de SUMAC)

9 Véase página 56 del Apéndice del Certiorari.
KLAN202300843 4

discutida en la vista del 9 de enero de 2023.10 Al respecto la señora 

Cardona Alemán presentó el 29 de noviembre de 2022 Urgentísima 

Moción Solicitando Orden en la que informó que el Recurrido aún no 

había presentado la PIPE juramentada ordenada en la Sentencia de 

12 de septiembre de 2022 y en la vista celebrada el 13 de octubre 

de ese año, así como los documentos necesarios para la vista final 

de alimentos señalada para el 17 de enero de 2023.

11 En dicha 

moción, la Peticionaria destacó además que el recurrido no 

compareció a varias vistas señaladas ya que continuaba solicitando 

transferencia de vistas. En consecuencia de ello, solicitó al TPI la 

imposición de sanciones económicas y que le ordenara al Recurrido

la radicación de la PIPE juramentada en un término perentorio de 

cinco (5) días. Sobre estos extremos, el 30 de noviembre de 2022, el 

TPI emitió Orden notificada al día siguiente, en la que dispuso 

mantener la vista para el 9 de enero de 2023 y concedió al señor 

Agramonte Nieves diez (10) días para presentar la PIPE.12

El 9 de enero de 2023, el foro primario celebró vista en la que 

escuchó el testimonio de las partes y estas acordaron no tener 

objeción a que se refiriera el caso a la Unidad Social de Relaciones 

de Familia y Asuntos de Menores (Unidad Social) para atender la 

solicitud de custodia compartida presentada por el señor Agramonte 

Nieves.13 En cuanto a la deuda de pensión alimentaria, las partes 

acordaron que se acreditara a ésta la suma de $1,614.87, 

depositados por el Internal Revenue Service (IRS). A esos fines, el 

9 de enero de 2023, el TPI emitió Orden a la Unidad Social para la 

realización de un estudio social sobre custodia y custodia 

compartida.14

10 Véase página 57 del Apéndice del Certiorari.

11 Véase páginas 58-60 del Certiorari. (Entrada Núm.34 de SUMAC)

12 Véase página 61 del Certiorari.

13 Véase Minuta de la Vista celebrada el 9 de enero de 2023, páginas 63-64 del 

Certiorari.

14 Véase página 62 del Apéndice del Certiorari.
KLAN202300843 5

El 20 de julio de 2023, la Unidad Social rindió Informe Social 

Forense (Informe Social) en el que entre otros asuntos, recomendó

la custodia compartida del menor entre ambos progenitores.15

Mediante Orden de 24 de julio de 2023, notificada el 26 de julio de 

2023, el foro primario hizo constar que el 20 de julio de 2023, se 

rindió el Informe Social y concedió a los abogados de las partes 

veinte (20) días para leer el Informe Social y expresarse en torno a 

éste.16

En conformidad con lo anterior, el 15 de agosto de 2023, el 

foro primario emitió Resolución, notificada al día siguiente, en la que

estableció custodia compartida para el menor, entre sus 

progenitores, un plan de custodia compartida en semanas alternas 

de lunes a lunes y un proceso de terapia familiar dirigida a atender 

la comunicación y corresponsabilidad en el proceso de crianza, para 

lo cual emitió referidos a la Unidad Social.

17 Allí, además, el TPI 

ordenó a las partes informar al TPI el recurso seleccionado e hizo 

constar que el señor Agramonte Nieves cumplió con la orden previa

emitida el 9 de agosto de 2023 y se expresó sobre el Informe Social, 

sin que la señora Cardona Alemán presentara escrito alguno u 

oposición al Informe Social.

El 16 de agosto de 2023, la señora Cardona Alemán presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden en la que informó al foro primario 

que se proponía impugnar el Informe Social y le solicitó al TPI un 

término adicional de veinte (20) días para anunciar el perito 

forense a contratarse.

18 En vista de lo anterior, el 18 de agosto de 

2023, el foro primario emitió Resolución en la que concedió a la 

Peticionaria cinco (5) días para anunciar el perito forense; dejó en 

suspenso la Resolución emitida el 15 de agosto de 2023, salvo los 

15 Véase páginas 102-130 del Apéndice del Certiorari.

16 Véase página 132-133 del Apéndice del Certiorari.

17 Véase página 143-148 del Apéndice del Certiorari.

18 Véase páginas 141-142 del Apéndice del Certiorari.
KLAN202300843 6

referidos y ordenó, además, a las partes a cumplir con la Orden de

Señalamiento de Conferencia con Antelación a Vista Evidenciaria 

Sobre Impugnación de Informe Social emitida en igual fecha.

19 En

dicha Orden de Señalamiento de Conferencia con Antelación a Vista 

Evidenciaria, el TPI ordenó a las partes someter el Informe

Preliminar entre Abogados en o antes del 11 de septiembre de 2023,

so pena de sanciones, y señaló Vista de Conferencia para el 15 de 

septiembre de 2023.

20

Así las cosas, el 24 de agosto de 2023, el señor Agramonte

Nieves presentó Moción en Solicitud Para Que Se Dicte Nueva 

Resolución.

21 Allí alegó que el término concedido a la Peticionaria

para anunciar el perito venció sin que dicha parte cumpliera con lo 

ordenado. Sostuvo, además, que su incumplimiento lo llevaba a 

concluir que la moción en la cual anunció que se opondría al Informe 

Social presentada por la Peticionaria era frívola, por lo que solicitó 

al foro primario que emitiera y notificara Resolución concediéndole

la custodia compartida del menor, al amparo de la Resolución 

notificada el 16 de agosto de 2023. 

Tras oponerse a la Moción en Solicitud Para Que Se Dicte Nueva 

Resolución presentada por el Recurrido, el 25 de agosto de 2023, la 

señora Cardona Alemán presentó moción en la que solicitó breve 

término final de cinco (5) días para informar sobre la contratación 

del perito o en su defecto, solicitó al TPI que le permitiera hacer 

planteamientos para impugnar el perito del tribunal.22 El recurrido 

se opuso a la solicitud de la Peticionaria, mediante moción 

presentada el 27 de agosto de 2023, en la que solicitó al foro 

primario que reafirmara la Resolución notificada 16 de agosto de 

2023 en la cual concedió la custodia compartida a ambos 

19 Véase página 150 del Apéndice del Certiorari.

20 Véase páginas 151-153 del Apéndice del Certiorari.

21 Véase páginas 154-155 del Apéndice del Certiorari. (Entrada Núm. 91 de 

SUMAC)

22 Véase páginas 156-159 del Apéndice del Certiorari.
KLAN202300843 7

progenitores del menor y que, de no proceder lo solicitado, ampliara 

las relaciones paternofiliales con el menor.23 De igual forma 

peticionó que no concediera término adicional a la Peticionaria.

Ante este cuadro de hechos procesales, el 28 de agosto de 

2023, el foro primario emitió y notificó Resolución y Orden.

24 

Mediante ésta, el TPI ordenó a ambas partes cumplir con la Orden

de Señalamiento de Conferencia con Antelación a Vista Evidenciaria 

Sobre Impugnación de Informe Social emitida el 18 de agosto de 

2023; ordenó a la señora Cardona Alemán a incluir el informe del 

perito en el informe de conferencia con antelación a vista evidencia 

de tener alguna prueba pericial para ser presentada y le concedió 

cuatro (4) días para expresarse sobre la solicitud del señor 

Agramonte Nieves de ampliar las relaciones paternofiliales, so pena 

de modificarlas de no comparecer en el término concedido.

En respuesta, el 1 de septiembre de 2023, la Peticionaria 

presentó Moción [en] Cumplimiento de Orden y Oposición a Solicitud 

del Demandado.

25 Allí solicitó al TPI que denegara la solicitud del 

Recurrido de ampliar las relaciones paternofiliales, que proveyera el 

calendario para el descubrimiento de prueba y que señalara vista de 

impugnación de Informe Social. Conforme a lo antes expuesto, 

afirmó que el estado de derecho es la Sentencia emitida el 18 de 

noviembre de 2022, hasta tanto se celebre la vista de impugnación 

de Informe Social. Mediante Orden emitida y notificada el 6 de 

septiembre de 2023, el foro primario ordenó a ambas partes a 

cumplir con la Orden de 28 de agosto de 2023.26

Por su parte, el señor Agramonte Nieves presentó el 10 de 

septiembre de 2023, Moción en Relación a Informe de Conferencia y 

en Solicitud Para Que Se Acojan Recomendaciones del Informe 

23 Véase páginas 160-169 del Apéndice del Certiorari.

24 Véase páginas 170-171 del Apéndice del Certiorari.

25 Véase páginas 172-176 del Apéndice del Certiorari.

26 Véase página 177 del Apéndice del Certiorari.
KLAN202300843 8

Social.

27 Sobre el particular, el recurrido solicitó al foro primario que 

debido al incumplimiento de la Peticionaria con la Orden de 18 de 

agosto de 2023, procedía que el TPI elevara la recomendaciones del 

Informe Social a Resolución.

En oposición, el 11 de septiembre de 2023, la señora Cardona 

Alemán presentó Moción en Cumplimiento de Orden Anunciando 

Perito y Reconsideración. En dicha moción, además de anunciar la 

perito contratada, la Peticionaria solicitó al foro primario que 

reconsiderara las determinaciones interlocutorias hechas el 28 de 

agosto y el 6 de septiembre de 2023, en las que ordenó a las partes 

a preparar un Informe con Antelación al Juicio. Además, peticionó

que se autorizara el acceso al Informe Social Forense de la Perito 

contratada por ésta; que se dispusiera el calendario para el 

descubrimiento de prueba y que se señalara vista de impugnación 

de Informe Social.

28

Así las cosas, el 12 de septiembre de 2023, el foro primario 

emitió Resolución en la que estableció que la custodia del menor 

sería compartida entre ambos progenitores y estableció un plan de 

custodia compartida en semanas alternas de lunes a lunes.29 En la 

aludida Resolución el TPI fundamentó su determinación en el 

Informe Social Forense rendido el 20 de julio de 2023 por la Unidad 

Social y el incumplimiento con la Orden emitida por el foro primario 

el 18 de agosto de 2023, en la cual ordenó a las partes de epígrafe 

a someter el Informe Preliminar entre Abogados en o antes del 11 de 

septiembre de 2023, so pena de sanciones. En igual fecha, 12 de 

septiembre del presente año, el foro primario emitió Orden en la que 

declaró sin lugar la Moción en Cumplimiento de Orden Anunciando 

Perito y Reconsideración.

30

27 Véase páginas 178-184 del Apéndice del Certiorari.

28 Véase páginas 185-188 del Apéndice del Certiorari.

29 Véase Resolución de 12 de septiembre de 2023 a las páginas 1-4 del Certiorari.

30 Véase notificación de Orden a la página 6 del Apéndice del Certiorari.
KLAN202300843 9

En desacuerdo, la señora Cardona Alemán presentó el recurso 

de epígrafe el cual acogimos como certiorari y al que anejó Urgente 

Moción en Auxilio de Jurisdicción. Mediante el recurso de epígrafe la 

Peticionaria señala la comisión de los siguientes errores por parte 

del foro primario:

ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL 

ARCHIVAR LA SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN 

DE INFORME SOCIAL ANUNCIADA POR LA 

PARTE APELANTE, DE LA FORMA MÁS 

ONEROSA SIN APLICAR RIGUROSAMENTE LA 

REGLA 39.2 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

EN CRASA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO 

DE LEY DE LA PETICIONARIA Y EN 

DETRIMENTO DEL INTERÉS ÓPTIMO DEL 

INFANTE HIJO DE LAS PARTES.

ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL LIMITAR 

A 24 DÍAS EL TÉRMINO PARA REALIZAR EL 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA, CONTRATAR 

EL PERITO, ANALIZAR Y PREPARAR EL 

INFORME SOCIAL IMPUGNATORIO, PREPARAR 

Y PRESENTAR EL INFORME CON ANTELACIÓN 

A JUICIO LO CUAL RESULTÓ EN UNA CRASA 

VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY A LA 

PARTE AQUÍ COMPARECIENTE.

Mediante Resolución de 25 de septiembre de 2023, declaramos 

No Ha Lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción presentada por la 

señora Cardona Alemán.

Por su parte, el señor Agramonte Nieves comparece ante nos 

mediante Alegato en Oposición. Allí expone que procede confirmar la

Resolución de 12 de septiembre de 2023. En apretada síntesis, 

razona el Recurrido que surge del tracto procesal del caso de epígrafe 

que desde que fue sometido el Informe Social Forense, el 20 de julio 

de 2023 la Peticionaria dilató los procesos como estrategia para 

mantener la custodia monoparental del menor e incumplió con los 

términos y plazos concedidos por el foro primario tanto para 

impugnar dicho Informe Social Forense como para anunciar perito 

y para coordinar y presentar el Informe Preliminar entre Abogados

cuyo plazo vencía el 11 de septiembre de 2023.
KLAN202300843 10

II

-AEl auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario que permite que un tribunal de mayor jerarquía 

revise las determinaciones31 de un foro inferior.

32 Esta facultad 

discrecional de los tribunales apelativos, para expedir o denegar un 

recurso de certiorari, está limitada por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico33, que establece cuáles asuntos 

interlocutorios serán revisables. 

Esta norma procesal faculta nuestra intervención en 

situaciones determinadas. En específico, dispone que:

[...]

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre 

la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones 

de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación 

en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 

contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de 

este apéndice sobre los errores no perjudiciales34.

Una vez el tribunal apelativo determina que la resolución 

interlocutoria es revisable según la Regla 52.1, supra, procede su 

31 “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una sentencia, es revisable 

mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 

203 DPR 708, 718 (2019).

32 800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto 

Rico, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012). Véase, además, Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR ___ 

(2023); 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023.

33 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

34 Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como propósito evitar 

la dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar 

a ser planteadas a través del recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp.

et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019).
KLAN202300843 11

evaluación al amparo de otros parámetros. Así pues, la discreción 

del tribunal apelativo en este aspecto no opera en un vacío ni sin 

parámetros.

35 Al ejercer de forma sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que nos 

son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones señala los criterios que para 

ello debemos considerar.

36 Éstos son:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.

Este recurso debe ser utilizado con cautela y por razones de 

peso.

37 Solo procede “cuando no existe un recurso de apelación o 

cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los 

derechos del peticionario”, o en aquellos casos en los que la ley no 

provee un remedio adecuado para corregir el error señalado.

38 No 

obstante, y a pesar de que la Regla 52.1, supra, no lo contempla, el 

certiorari también es el recurso apropiado para solicitar la revisión 

de determinaciones post sentencia. Según destacó nuestro Tribunal 

Supremo en I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., supra, págs. 336-339, 

como foro apelativo debemos realizar un análisis más cauteloso de

35 Véase Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).

36 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

37 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 918 (2009).

38 Íd.
Número Identificador

SEN(RES)2023____________

los criterios provistos por la Regla 40, supra, en aquellos escenarios 

que no pudieran ser revisables al amparo de la Regla 52.1, supra.

Tal es el caso de las determinaciones post sentencia, que de otro 

modo no pudieran ser revisadas. Es en estos supuestos que la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, adquiere mayor relevancia pues, 

de ordinario, “no están disponibles métodos alternos para asegurar 

la revisión de la determinación cuestionada”. Véase, IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, a la pág. 339. Tratándose de la revisión de una 

determinación interlocutoria emitida post sentencia el certiorari es 

el instrumento adecuado para la revisión de lo resuelto. Negrón 

García v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001).

Nuestro ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal 

revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo 

cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.

39 Esta norma de 

deferencia también aplica a las decisiones discrecionales de los 

tribunales de instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado lo siguiente:

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 

ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 

aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 

actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo.

40

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención. No obstante, “[a]l denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”.

41

39 Coop. de Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).

40 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

41 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.
KLAN202300843 13

III

Es la contención de la señora Cardona Alemán que mediante 

las Resolución y Orden recurridas el foro primario incurrió en abuso 

de discreción. 

Visto el recurso de certiorari a través de los criterios de la Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal y conforme los hechos antes 

expuestos, procede denegar el auto de certiorari solicitado por la 

señora Cardona Alemán. Esta no es la etapa más propicia para 

considerar intervenir.

Es preciso destacar que si bien a manera de excepción, la 

Regla 52.1, supra, nos autoriza a revisar asuntos referentes a 

relaciones de familia, ejercemos dicha facultad discrecional 

conforme a los criterios de la Regla 40, supra, en la que prevalece la 

norma de deferencia en la revisión de órdenes interlocutorias 

razonables. 

Tras un análisis del tracto procesal que motiva la presentación 

del recurso de epígrafe, entendemos que no está presente ninguno 

de los criterios que establece la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, que justifiquen la intervención con la Resolución ni con la 

Orden recurrida mediante la expedición el auto de Certiorari, 

solicitado por la peticionaria. Nuestra intervención en esta etapa de 

los procedimientos ocasionaría una dilación innecesaria en la 

adjudicación final del caso y la denegatoria a la expedición el auto 

no ocasiona un fracaso de la justicia. 

Nuestra deferencia al juicio y discreción del foro primario se 

fundamenta en que los foros apelativos no debemos manejar el 

trámite ordinario de los casos que se ventilan ante el Tribunal 

de Primera Instancia. Ello obedece a que es el foro primario el que 

mejor conoce las particularidades del caso y el que está en mejor 

posición para tomar las medidas procesales que permiten el curso 

adecuado hacia su disposición final. Con estos antecedentes, 
KLAN202300843 14

procede denegar la expedición del auto de certiorari, solicitado por

la señora Cardona Alemán.

IV

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, denegamos la expedición 

el auto de certiorari solicitado por la Peticionaria.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones