#### Josefina Zeda Batista, peticionaria, *v.*Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, recurrida.

*Número:*CC-2017-0167

*Resuelto:*5 de junio de 2017

*312Sala de Despacho integrada por la Jueza Presidenta Oronoz Rodrí-guez, la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

RESOLUCIÓN

Atendida la Petición de *Certiorari*presentada por la parte peticionaria, *se provee “no ha lugar”.*

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez expe-diría y emitió un Voto particular disidente.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera *Secretario del Tribunal Supremo*

Voto particular disidente emitido por la

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

¿Qué protección otorgan la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos a los contratistas in-dependientes cuyos contratos no son renovados por discri-men político? ¿Qué constituye una decisión adversa y a quién se puede responsabilizar por ella en este contexto? Estas son algunas de las controversias que el Tribunal tiene ante su consideración en este caso. Porque estoy con-vencida de que una Sala de este Tribunal desaprovechó la oportunidad de expresarnos sobre un asunto de alto inte-rés público al denegar el recurso, disiento. En su lugar, recomiendo expedir el auto de *certiorari*y estudiaría a fondo si procede revocar el dictamen recurrido.

La Sra. Josefina Zeda Batista (peticionaria) es psicóloga clínica. Adicional a su oficina privada, trabajó para la Admi-*313nistración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adic-ción (ASSMCA) desde el 2006 a través de varios contratos de servicios profesionales. En ese trabajo prestaba servicios a los clientes del Centro de Servicios Ambulatorios de Are-cibo del Programa de “Drug Court”. El último contrato otor-gado a la peticionaria venció en diciembre de 2010, pues no fue renovado a pesar de su desempeño excelente.

Lo anterior provocó que la peticionaria presentara una demanda sobre discrimen político y represalias contra ASSMCA. En esencia, alegó que no se renovó su contrato por ser miembro del Partido Independentista Puertorri-queño (PIP). El Tribunal de Primera Instancia declaró “ha lugar” la demanda. Razonó que la peticionaria probó un caso *prima facie*de discrimen político, ya que su afiliación política era conocida y que fue reemplazada por un psicó-logo que compartía la ideología política de la autoridad nominadora. Señaló que los testigos presentados por ASSMCA no le merecieron credibilidad ni pudieron expli-car la razón por la cual no se renovó el contrato de la peticionaria.

En cambio, el Tribunal de Apelaciones revocó el dicta-men recurrido. Entre otras cosas, entendió que la decisión adversa de no renovar el contrato la tomó el Secretario de la Gobernación, quien no es parte en el pleito, y destacó que ASSMCA solicitó la renovación del contrato, de modo que no actuó de forma discriminatoria. Por otro lado, tam-bién cuestionó algunos de los remedios concedidos por el foro primario.

La peticionaria acude ante nosotros y resalta, entre otras cosas, que el foro primario no creyó la teoría de que fue el Secretario de la Gobernación quien decidió no reno-var su contrato. Debido a los hechos particulares de este caso, me parece persuasiva su postura de que la no reno-vación de su contrato era imputable únicamente a ASSMCA. De entrada, considero que debemos examinar el contexto en que se emitieron las expresiones que el foro *314apelativo utilizó para atribuirle al Secretario de la Gober-nación la no renovación. Por lo tanto, expediría el *certio-rari*para determinar si la peticionaria probó su caso de discrimen político y aclarar qué constituye una determina-ción adversa.

Además, podíamos aprovechar esta ocasión para pro-fundizar sobre lo resuelto en este tema por el Tribunal Supremo federal en *Board of County Comm’rs, Wabaunsee County, Kan. v. Umbehr,*518 US 668 (1996), en *O’Hare Truck Service, Inc. v. City of Northlake,*518 US 712 (1996), así como su progenie en los Tribunales Federales de Apelaciones. Véase *Aponte Burgos v. Aponte Silva,*154 DPR 117, 127 (2001) (“la prohibición del discrimen político en relación al empleo público de la Constitución federal es tan abarcadora que el Tribunal Supremo de Estados Uni-dos la ha extendido incluso a contratistas independientes, que no son técnicamente empleados públicos” [énfasis suprimido]). Además, no podemos negar que, lamentable-mente, en Puerto Rico abundan los casos de discrimen político. Véase A. Sabater Baerga y J.R. Santiago Cruz, A *Spoiled Spoils System: Puerto Rico’s Epidemic of Political Discrimination and the Federal Courts,*85 (Núm. 4) Rev. Jur. UPR 1327, 1351 (2016) (“50.8% of all cases regarding political discrimination reviewed by the circuit courts have come from the District Court of Puerto Rico”). Le corres-ponde a este Tribunal velar por el cumplimiento de nues-tras garantías constitucionales en una situación que tanto perturba a nuestro país.