NÚMERO IDENTIFICADOR

SEN2024______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel II

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

Apelado

v. 

OFICINA DEL CONTRALOR

ELECTORAL

Apelante

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

Apelado

v.

OFICINA DEL CONTRALOR 

ELECTORAL

Apelante

KLAN202400173

cons.

KLAN202400324

Apelación

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Caso Núm. 

SJ2024CV01057

Sobre: 

Solicitud de 

Autorización de 

Anuncio bajo el 

Artículo 10.006 de la 

Ley 222-2011, según 

enmendada

Apelación

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Caso Núm. 

SJ2024CV02328

Sobre:

Revisión Judicial al 

amparo del Artículo 

10.006 (6) de la Ley 

222-2011

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2024.

Nos corresponde dilucidar si ciertos banderines, telones de fondo 

(backdrops), camisas y jackets, identificados con el logo del Gobierno de 

Puerto Rico y el nombre Departamento de la Familia (DF), puestos en un 

fondo predominantemente azul, a ser usados por empleados de dicha 

agencia en actividades oficiales, deben ser considerados como anuncios, 
KLAN202400173 cons KLAN202400324 2

para fines de la legislación que establece la veda electoral, y su

jurisprudencia interpretativa. ¿Lleva un mensaje político-partidista, 

aunque sea de manera solapada, que el DF y sus empleados utilicen los 

objetos descritos en actividades oficiales durante el periodo de veda 

electoral? La Oficina del Contralor Electoral (OCE) juzgó que los tales sí 

constituyen anuncios, sujetos a la veda electoral, y una mayoría de este 

Panel también así lo interpreta. Por tanto, procede revocar la determinación 

del TPI apelada, mediante la cual dicho foro primario acogió una acepción

muy restrictiva del concepto anuncio propuesta por el DF, subvirtiendo así 

el claro propósito legislativo que se persigue con la veda electoral.

Los asuntos arriba mencionados constituyen la sustancia de las 

controversias alzadas por la OCE ante nosotros, a través de sendos 

recursos de apelación, identificados con los alfanuméricos KLAN202400173 

y KLAN202400324, cuya consolidación ordenamos.

I. Resumen del tracto procesal 

Como se puede advertir de la breve introducción, el tracto procesal 

de los casos ante nuestra consideración ubica en el contexto de la veda

publicitaria que inicia cada año electoral, según así se establece en el Art. 

10.006 de la Ley Núm. 222-2011, 16 LPRA sec. 630(f), (Ley Núm. 222). A 

continuación, atenderemos las incidencias procesales de cada recurso de 

certiorari presentado de manera particularizada, aunque la aplicación del 

derecho correspondiente les sea común.

A. KLCE202400173

Por causa de lo dispuesto en la Ley Núm. 222, (en cuyo contenido 

nos detendremos más adelante), el 8 de enero de 2024 el DF presentó ante 

la OCE una Solicitud de Autorización, identificada como OCE-SA-2024-

00403, para que se le permitiera distribuir y utilizar por sus empleados

durante el periodo de veda electoral, dos tipos de camisas y un jacket

impermeable, que contenían: el logo del Gobierno de Puerto Rico; el nombre 
KLAN202400173 cons KLAN202400324 3

completo del DF; en un fondo predominantemente azul, con unas partes de 

color negro el jacket y otras de color verde las camisas1.

Sin embargo, el 18 de enero de 2024, la OCE determinó denegar la 

solicitud del DF, pues en la combinación de colores utilizada predomina el 

color de un partido político inscrito en la Comisión Estatal de 

Elecciones. La agencia debía tener conocimiento del comienzo de la veda 

publicitaria y abstenerse del uso de artículos no permitidos2. (Énfasis 

provisto).

Inconforme, el DF solicitó reconsideración ante la propia OCE, 

esgrimiendo que: (1) las camisas eran color azul marino oscuro y el jacket

color navy, por tanto, no del color del partido político; (2) las camisas, como 

los jackets, fueron entregados a los empleados en julio de 2022, y otros 

fueron distribuidos en octubre y diciembre de 2023, antes del comienzo de 

la veda electoral.

Habiendo examinado tal petición del DF, la OCE decidió denegarla, 

reiterándose así en su dictamen. Al atender los fundamentos presentados 

por el DF para solicitar la reconsideración, la OCE determinó lo siguiente: 

(1) según lo dispone el Artículo 1 del Reglamento del Partido Nuevo 

Progresista (PNP), aprobado el 20 de marzo de 2022, el color de dicho 

partido es el azul, e incluye una variedad de tonalidades de azul; (2) 

aunque la entrega y distribución de tales piezas de vestir hubiese sido 

realizada a los empleados del DF antes de entrar en vigor la veda 

publicitaria, la agencia está facultada para, mediante orden administrativa, 

instruir a sus empleados a no utilizarlas en el lugar de trabajo durante la 

vigencia de la veda3. Concluyó indicando que la agencia sabía, o debía 

saber, que en el año electoral no podría usar el color azul en sus 

1 La imagen del jacket y las camisas fue incluida en el Anejo I del recurso de apelación bajo 

examen, págs. 18-21.

2 Apéndice I del recurso de apelación, pág. 10.

3 Íd, pág. 16.
KLAN202400173 cons KLAN202400324 4

uniformes, toda vez que es el color oficial del PNP, y también es el usado 

por el gobernador incumbente que se encuentra en campaña electoral. 

En desacuerdo, el DF instó una Solicitud de revisión judicial ante el 

TPI4. En esencia, se reiteró en lo que ya había aducido en la Moción de 

reconsideración ante la OCE, sosteniendo que los colores utilizados en las 

camisas y jackets no se asemejan a los del PNP, y que la regla que citó la 

OCE del Reglamento Núm. 39, infra, tampoco resulta aplicable a los

artículos evaluados.

En respuesta, el TPI emitió una Orden de Mostrar Causa (OMC)

contra la OCE, por la cual no debía concederse el remedio solicitado por el 

DF.

A raíz de esto, la OCE compareció ante el TPI mediante escrito 

exponiendo las razones por las cuales no se debía conceder el remedio 

procurado por el DF, y, al contrario, procedía que se dictara sentencia por 

las alegaciones a su favor.

Así las cosas, el 19 de febrero de 2024 fue celebrada una vista 

argumentativa ante el foro primario, ―aunque fue admitida cierta prueba 

documental―, que dio lugar a la revocación del dictamen administrativo, 

mediante Sentencia de 14 de febrero de 2024. Razonó el TPI al revocar a la 

OCE, en lo esencial, que las camisas y jackets en cuestión no constituyen 

un anuncio, según este término es definido por la Sección 1.5 del 

Reglamento Núm. 39, infra. Al así concluir, indicó que no había 

controversia en que las piezas de vestir son de color azul marino, llevan 

el logo del gobierno y se utilizan como uniforme por los empleados 

durante actividades externas de la agencia al ofrecer servicios a la 

ciudadanía, (añadió que las camisas tienen un color verde 

4 Por virtud del Art. 10.006(6) de la Ley 222, 16 LPRA sec. 630(f), toda revisión o apelación 

relacionada a gastos de difusión pública deberá ser presentada ante el TPI. Es decir, 

contrario a la norma general de que las Resoluciones finales administrativas son revisadas 

por este Tribunal de Apelaciones, Art. 4.002 de la Ley 201-2003, según enmendada y la 

Sec. 4.2 de la Ley 38-2017, según enmendada, en los casos en que la OCE emite una 

determinación bajo la legislación en discusión, la parte que pretenda la revisión tendrá 

que acudir primero ante el TPI. 
KLAN202400173 cons KLAN202400324 5

predominantemente en el costado). (Énfasis provisto). Aseveró que, más 

allá de eso, ni las camisas ni el jacket tienen algún tipo de mensaje 

que de alguna manera pueda aludir a algún otro logro, realización, 

proyección, plan o mensaje que favorezca al PNP5. (Énfasis provisto). 

Juzgando la OCE que el TPI incidió al así concluir, acude ante 

nosotros mediante recurso de apelación, esgrimiendo el siguiente error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que las 

camisas y el jacket azul que el Departamento de la Familia 

sometió para la evaluación de la OCE no contienen mensajes 

que puedan aludir a logro, realización, proyección, plan o 

mensaje que favorezca al PNP.

Por su parte, el DF, a través de la Oficina del Procurador General, (el 

Procurador), presentó Alegato del Gobierno de Puerto Rico, oponiéndose a 

los planteamientos de la OCE.

B. KLAN2024000324

En este caso el DF presentó otra Solicitud de Autorización ante la 

OCE, al que se le identificó con el alfanumérico OCE-SA-2024-04195, 

peticionando la autorización de unos banderines y un telón de fondo 

(backdrop) a ser utilizados en actividades oficiales, los cuales contienen el 

logo de la agencia y del Gobierno de Puerto Rico, en un fondo azul6. 

En respuesta, la OCE emitió una Determinación en la que aprobó la 

autorización, pero con la siguiente condición, en la combinación de 

colores utilizada no podrá predominar el color, en cualquiera de sus 

tonalidades, de un partido político inscrito en la Comisión Estatal de 

Elecciones. Por lo tanto, deberán modificar el color azul en el 

“backdrop” y los banderines7. (Énfasis provisto). Indicó que el 

cumplimiento con la condición impuesta permitirá que el anuncio se ajuste

al Artículo 10.006 de la Ley Núm. 222. 

5 Apéndice VII del recurso de apelación, págs. 409-415.

6 Apéndice II del recurso de apelación bajo examen, pág. 35.

7 Íd, pág. 26.
KLAN202400173 cons KLAN202400324 6

En desacuerdo, el DF instó una Moción en solicitud de 

reconsideración ante la propia OCE. Presentó como argumento principal 

para su solicitud que el backdrop ni los banderines constituyen anuncios 

conforme esto es definido en el Reglamento 39, infra. Abundó sobre el 

mismo argumento esgrimiendo que tales objetos no contienen mensaje de 

ninguna clase, simplemente identifican a una agencia, en este caso, el DF, 

por lo que no cualificaban como anuncios. Además, sostuvo que dichos 

artículos fueron adquiridos antes de la veda electoral, y su distribución 

también ocurrió previo a que iniciara esta8.

No obstante, la OCE emitió Determinación sobre solicitud de 

reconsideración9, denegando la petición de reconsideración. Razonó la OCE 

que la Sección 1.5(3) del Reglamento 39, infra, define los artículos de 

promoción como cualquier medio que sirva para llevar un anuncio, por lo 

que a los banderines y al backdrop sí le aplican los requisitos que dirigen la 

fiscalización de los gastos por difusión pública. En lo específico, explicó que 

el enmarcado del logo de la agencia en un banderín o backdrop color azul 

identifica la agencia como el Departamento de la Familia del PNP y Pedro 

Pierluisi. Añadió que el uso del color azul en el caso que nos ocupa tiene 

una influencia solapada de un partido político mediante anuncios, en este 

caso, el uso del color del partido cuyo gobernador rige el Poder Ejecutivo. 

Explicó que, en este contexto, los colores por sí tienen un significado, 

y el PNP utiliza desde su fundación el color azul para identificarse.

Advirtió que, de todo el universo de colores a escogerse, la agencia 

eligió el color azul royal, que es uno de los colores que usa el PNP y el 

gobernador incumbente para identificarse. Finalizó indicando que la 

veda durante el año electoral ha estado vigente desde el 1974, y ha

subsistido a través de distintas legislaciones, de modo que el DF sabía o 

8 Anejo I del recurso de apelación, págs. 13-15. 

9 Íd., págs. 16-17.
KLAN202400173 cons KLAN202400324 7

debía saber que en el año electoral no podría usar los banderines y 

backdrop con el color azul10.

Inconforme, el DF presentó una Solicitud de Revisión Judicial ante el 

TPI. En esta el DF reiteró su teoría legal de que los banderines y el 

backdrop no constituían anuncios, conforme estos se definen en la Sección 

1.5(1) del Reglamento 39, infra. Sobre lo mismo, afirmó que tales objetos 

no contienen mensaje de clase alguna, simplemente identifican a la 

agencia. Advirtió que, contrario a lo afirmado en la denegatoria de 

reconsideración, los objetos identifican a la agencia, pero no contienen el 

nombre de Pedro Pierluisi. Propuso como pregunta retórica, si se puede 

razonablemente pensar que el voto de alguna persona pudiera ser 

influenciado por los banderines y el backdrop.

En respuesta, el TPI emitió una OMC a la OCE para que mostrara 

causa por la cual no debía revocar la determinación cuya revisión solicitaba 

el DF. 

Una vez más, la OCE presentó una Moción en cumplimiento de la 

OMC, a la que añadió una solicitud para que se dictara sentencia por las

alegaciones. Explicó que el Art. 10.006(2) de la Ley Núm. 222 es claro al 

establecer los contenidos prohibidos dentro de los anuncios que se 

pretenden publicar durante la veda electoral. En particular, arguyó que el 

inciso tercero (3) del referido artículo incluye como contenido prohibido por 

la veda, entre otros, aquellos con fines político-partidistas o electorales, la 

utilización de símbolos relacionados con campañas políticas, al igual que

colores de partidos políticos. Añadió que la Sección 2.10 del Reglamento 

39, infra, impone como requisito a los anuncios, que en la combinación 

de colores a ser utilizados por las agencias en sus anuncios no podrá 

10 Nos advierte el Procurador en su Alegato, con razón, que, en la Determinación sobre 

solicitud de reconsideración bajo discusión, la OCE no levantó defensa o argumento alguno 

sobre un posible impedimento colateral por resolución administrativa previa, solo alzando 

tal planteamiento, por primera vez, en el recurso de apelación KLAN202400324, (como se 

sabe, las defensas afirmativas no levantadas de manera oportuna se tienen por

renunciadas). Sin embargo, por lo que discutiremos más adelante, ello no cambia en modo

alguno nuestra determinación final del caso.
KLAN202400173 cons KLAN202400324 8

dominar el color o la combinación de colores asociados a los usados 

por el gobernador incumbente o el partido político en que milita el 

gobernador incumbente. Sobre el significado que tienen los colores en los

anuncios, citó jurisprudencia federal y local. Finalmente, incluyó una 

argumentación sobre un alegado impedimento colateral por sentencia, con 

relación a las circunstancias en que, antes de que fuera presentada la

Solicitud de autorización bajo examen, ya la OCE había determinado sobre

las condiciones en que permitió el uso del logo del gobierno en las agencias

en general, advirtiendo que no era permitido la predominancia de un 

color relacionado a un partido político11. 

Trabada la controversia, el TPI dio lugar a la celebración de una vista 

argumentativa, ―aunque admitió cierta prueba documental―, cuyo 

resultado fue la revocación mediante Sentencia del dictamen emitido por la 

OCE. Siguiendo idéntico razonamiento al de la Sentencia emitida en el caso 

de las camisetas y el jacket, antes discutida, en este dictamen el TPI

también concluyó que, examinados los banderines y el backdrop en corte 

abierta, estos no constituían anuncios. Al así determinar, indicó que en los 

objetos se podía apreciar que tenían impresos el logo del Gobierno, junto a 

las palabras Departamento de Familia, y poseían varias tonalidades, que 

iban desde el color azul oscuro, pasando por el negro, hacia el violeta. 

Añadió que, más allá de esto, tales objetos no contienen ningún tipo de 

mensaje que de alguna manera pueda aludir a algún logro, realización, 

proyección, plan o mensaje que favorezca al PNP.

Inconforme, la OCE también acude a nosotros de dicha adjudicación,

mediante recurso de apelación, esgrimiendo los siguientes errores:

Erró el TPI al determinar que la determinación en el caso 

OCE-SA-2023-00076 no constituye cosa juzgada y 

desautoriza el uso del color azul en fondos y backdrops para 

la totalidad de la Rama Ejecutiva.

11 Íd., págs. 30-51.
KLAN202400173 cons KLAN202400324 9

Erró el TPI al determinar que los banderines y backdrop azul 

que el DF sometió para la evaluación de la OCE no 

constituyen un anuncio ni mensajes que puedan aludir a 

logro, realización, proyección, plan o mensaje que favorezca 

al PNP.

Junto al recurso de apelación la OCE también acompañó una Moción 

solicitando Orden en auxilio de jurisdicción y solicitando consolidación de 

apelaciones.

En consideración a esta petición, el 4 de abril de 2024, emitimos una 

Resolución: (a) denegando paralizar los efectos de la Sentencia apelada12; (b)

ordenando la consolidación de los recursos de apelación instados por la 

OCE y; (c) concediendo un término de cinco (5) días al Procurador para que 

fijara posición sobre los méritos de ambos recursos. 

En cumplimiento, el Procurador presentó oportuno Alegato del 

Gobierno de Puerto Rico con relación a cada uno de los recursos 

presentados por la OCE.

Contando con las posiciones de las partes, estamos en condiciones

de decidir.

II. Exposición de Derecho

a.

Comenzamos señalando que tenemos ante nosotros una controversia 

esencialmente de derecho, pues la vista realizada ante el TPI fue 

argumentativa, y contamos con los documentos (imágenes) que el foro a 

quo apreció para llegar a su conclusión13. A su vez, en el proceso 

administrativo llevado a cabo ante la OCE, que precedió la vista celebrada 

ante el TPI, también se prescindió de considerar prueba testifical, 

limitándose a la valoración de las imágenes de los objetos aludidos, 

basando la determinación en una interpretación de derecho.

12 En esta Resolución se hizo constar que el juez aquí ponente, Hon. Adames Soto, hubiese 

ordenado la paralización de los efectos de la Sentencia apelada, según lo solicitó la OCE.

13 Claro, la apreciación de las imágenes u objetos por el TPI supera el marco de una vista 

meramente argumentativa, pues necesariamente fue evaluada dicha prueba documental. 

En cualquier caso, lo cierto es que estamos en idéntica posición que el foro primario para 

aquilatar tal tipo de prueba. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 895 (2008);

Castrillo v. Maldonado 95 DPR 885, 889 (1969).
KLAN202400173 cons KLAN202400324 10

b.

Entrados propiamente en la discusión del derecho a aplicar, cabe 

iniciar mencionando que la base principal de la veda electoral ubica en la

Constitución de Puerto Rico. En específico, la Sección 9 del Art. VI de 

nuestra Constitución manda que: solo se dispondrá de las propiedades y

fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento 

de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley. LPRA, 

Tomo 1.

A partir del texto citado, nuestro Tribunal Supremo ha manifestado 

que, desde sus inicios, la veda electoral tuvo como propósito prohibir la 

utilización de fondos públicos para hacer campaña política. Este principio, a 

su vez, responde al postulado de igualdad inmerso en nuestra 

Constitución, que persigue lograr una paridad económica entre los partidos 

políticos para la divulgación de ideas y mensajes en nuestro país. Miranda 

v. CEE, 141 DPR 775 (1996); P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 DPR 741 

(1976); Marrero v. Mun. De Morovis, 115 DPR 643 (1984). El aludido 

concepto de igualdad económica con relación a la distribución de fondos 

públicos en el proceso electoral impide que un partido que ostente el poder 

de gobernar al pueblo en un momento dado utilice tales fondos para hacer 

campaña política. Íd.

c.

Una vez resaltado lo anterior, y según certeramente lo señaló el 

Procurador en el Alegato del Gobierno de Puerto Rico, KLAN202400173,

conviene notar que el Artículo 14.6 del Código Electoral de 2020 enmendó 

la Ley Núm. 222, a los fines de añadir el Artículo 10.006 sobre gastos de 

difusión pública del Gobierno de Puerto Rico en año de elecciones 

generales, actual articulado que establece la llamada veda electoral. Así 

enmendado, el referido artículo dispone al presente como sigue:

“(2) Durante el año en que se realice una elección 

general se prohíbe a todo departamento, agencia, negociado, 
KLAN202400173 cons KLAN202400324 11

junta, oficina, dependencia y corporación pública adscrita a 

la Rama Ejecutiva; a los gobiernos municipales; a la 

Asamblea Legislativa y a todos los componentes de la Rama 

Judicial a desembolsar fondos públicos del Gobierno de 

Puerto Rico con el propósito de exponer logros, realizaciones, 

proyecciones, planes o mensajes y contenidos con fines 

políticos-partidistas o electorales que busquen resaltar, 

destacar o desfavorecer a un aspirante, candidato o 

funcionario electo, partido político o comité sin que 

previamente se haya solicitado autorización a la Oficina del 

Contralor Electoral dentro de los términos, los 

procedimientos y los requisitos ordinarios que para tales 

fines se hayan establecido en el reglamento de “Fiscalización 

de Gastos de Difusión Pública”. Esta prohibición está 

dirigida a la compra de tiempo y espacio en los medios de 

comunicación y difusión, así como a la compra y la 

distribución de materiales propagandísticos o 

promocionales.” (Énfasis provisto).

La prohibición contenida en el estatuto citado tuvo su origen en el 

derogado Artículo 3-014 del Código Electoral de Puerto Rico de 1974, Ley 

Núm. 1 de 13 de febrero de 1974, 16 LPRA sec. 2094. Es de suma 

importancia destacar que, aunque con algunas variaciones, la referida 

prohibición (veda electoral) ha sido incorporada en todas las leyes 

electorales posteriores a 1974. Miranda v. CEE, 141 DPR 775 (1996). 

A su vez, bajo el poder delegado a la OCE para aprobar un Reglamento 

de Gastos de Fiscalización de Difusión Pública14, el 6 de julio de 2020 fue 

aprobado el Reglamento Núm. 39, (Reglamento 39). En la Sección 1.5 de 

dicho Reglamento, según enmendado, bajo Definiciones, se dispone, en lo

pertinente, lo siguiente:

Las palabras y frases usadas en este Reglamento se 

interpretarán según el contexto en que sean usadas y tendrán

el significado aceptado por el uso común y corriente o aquel 

significado que le adscriba la Ley 222-2011, según 

enmendada.

Los siguientes términos usados en este Reglamento tendrán el 

significado que a continuación se expresa:

1. Anuncio – soporte visual o auditivo en que se transmite 

o difunde un mensaje al público a partir del 1ro. de 

enero de cada año de elecciones generales y hasta que 

se haya completado el escrutinio general de esta y se 

hayan certificado sus resultados oficiales y finales. 

Incluye todo material que sirva como soporte visual o 

14 Art. 10.006(1) de la Ley Núm. 222, 16 LPRA SEC. 630(F)(1).
KLAN202400173 cons KLAN202400324 12

auditivo que haya sido comprado, adquirido, producido 

o montado previo al año en que celebre la elección 

general. Ejemplo: . . . letreros anunciando obras en las 

vías públicas, pautas en medios de comunicación, entre 

otros.

2. . . .

3. Artículos de promoción – Se refiere a cualquier artículo 

que sirva para llevar un anuncio, tales como pegatinas, 

tazas, vasos, bolígrafos, “pen drives”, libretas, 

cartapacios, camisas, uniformes, abrigos, prendedores, 

postales, carteles, cruzacalles, calcomanías, flyers, 

hojas sueltas, calcomanías, papel timbrado, tarjetas de 

presentación, entre otros, aun cuando hayan sido 

adquiridos en periodos anteriores al año electoral.

Además, la Sección 2.10(2) del mismo Reglamento, dispone que todo 

anuncio que se presente a la consideración de la OCE deberá cumplir con, 

entre otros, lo siguiente:

(2) En la combinación de colores usada no podrán 

dominar el color, en cualquiera de sus tonalidades,

de un partido político inscrito ante la Comisión 

Estatal de Elecciones. 

(Énfasis provisto).

 

Por cuanto, como advertimos, la veda electoral ha sido

consistentemente sostenida por el Legislador, de manera casi idéntica, a lo 

largo de décadas, esto le ha permitido a nuestro Tribunal Supremo tener 

amplia oportunidad para interpretarla, dejando para beneficio de los foros 

de menor jerarquía un rastro del ejercicio hermenéutico a los que

atenernos. 

Así, por ejemplo, en un razonado voto disidente sobre el tema, el juez 

Negrón García caracterizó la prohibición contenida en el estatuto como 

amplia. P.P.D. v. Junta Revisora Electoral, supra. De manera muy previsora, 

-y en lo que eventualmente se constituiría en la posición mayoritaria del 

Tribunal Supremo-, en ese mismo voto disidente el juez Negrón García

enumeró tres factores que, a su juicio, encarnan el principio de alta 

moralidad en la administración pública impulsado con la veda electoral: (a) 

directamente evitar que las agencias gubernamentales usando fondos 
KLAN202400173 cons KLAN202400324 13

públicos y so pretexto de exponer sus ejecutorias o planes, realicen 

solapadamente campaña en favor del partido político en poder y 

aquellos incumbentes que aspiran nuevamente a ser electos; (2) reducir 

ventajas reconocidas que gozan los candidatos incumbentes ―a través del 

acceso a los electores y público en general por medio de televisión, prensa y 

radio― que el solo ejercicio y exposición del cargo conlleva sobre sus 

opositores; e (3) indirectamente, frenar los excesos y economizar al erario 

público y a los contribuyentes los gastos ordinarios de publicidad en año 

eleccionario. (Énfasis y subrayado provistos). Íd., pág. 467. 

A pocos años de lo anterior, en Romero Barceló v. Hernández Agosto, 

115 DPR 368 (1984), se nos dijo que el estatuto que contiene la veda 

electoral, refleja el interés en descontinuar durante el periodo eleccionario la 

práctica de las agencias gubernamentales de hacer campaña política 

mediante la publicación de anuncios sobre sus logros y planes. (Énfasis 

provisto).

Más adelante, en C.E.E. v. Dpto. de Estado, 134 DPR 927 (1993), al 

precisar sobre el alcance de la prohibición de anuncios

gubernamentales contenida en la ley, el alto Foro advirtió que de su 

nomenclatura surgía inequívocamente la intención legislativa de 

excluir definitivamente del proceso político la influencia solapada

que el partido en el poder pueda tener mediante el uso de los anuncios 

gubernamentales. (Énfasis y subrayado provistos). Dijo, además, que para 

que se logre dicha clara intención legislativa, estaban compelidos a 

interpretar el alcance del estatuto bajo examen de modo que 

prevalezca la importante política pública que lo inspira, evitando así 

conceder un amplio margen a las agencias y departamentos para 

obviar o derrotar la política pública allí encarnada. (Énfasis y 

subrayado y provistos). Íd. En la misma Opinión, nuevamente el juez 

Negrón García, esta vez mediante un voto de conformidad, advirtió que, con 
KLAN202400173 cons KLAN202400324 14

referencia a los anuncios político-partidistas que intentan colocar las 

agencias gubernamentales en época eleccionaria; las agencias de 

publicidad cuentan con expertos conocedores de la conducta humana. Ideas, 

imágenes, detalles visuales y gráficos aparentemente insignificantes

pueden esconder solapadamente un mensaje político. Por lo tanto, no 

podemos abstraernos de los adelantos de la industria de las comunicaciones 

y del desarrollo de complejas técnicas para encubrir mensajes. (Énfasis y 

subrayado provistos). Íd, pág. 944. 

En la esencial Opinión plasmada en Miranda v. C.E.E., supra, en su

pág. 788, el Tribunal Supremo, luego de advertir sobre la deferencia que 

merecen las interpretaciones de derecho provenientes de la agencia a 

cuyo cargo está la aplicación de la veda electoral, (asunto en el que nos 

detendremos más adelante), admitió la interpretación expandida dada 

por el foro primario al significado de anuncio contenido en el estatuto.

(Énfasis y subrayado provistos). Cónsono con lo cual, zanjó que, en

atención al cumplimiento con el propósito legislativo perseguido con el 

establecimiento de la veda electoral, era procedente interpretar con 

amplitud la expresión medios de difusión, para lo cual pasó a citar el 

extracto del voto concurrente del juez Negrón García, que citamos en el 

párrafo que antecede, añadiendo que la publicidad es el arte de dar a 

conocer las excelencias de un artículo, de un servicio o de una idea, por 

todos los medios imaginables ... carteles, letreros luminosos ... y todo 

cuanto pueda llamar la atención del presunto cliente o adepto. Además,

afirmó que, bajo el concepto anuncios de esta legislación, han sido 

incluidos: pegatinas (bumper stikers), rótulos, zafacones con emblemas y 

anuncios en camisetas. (Énfasis provisto). Íd, págs. 791-792. Valga 

resaltar que el juez Negrón García, una vez más, incluyó una aguda 

declaración en otro voto de conformidad, advirtiendo que no es válido ni 

permisible el uso de fondos públicos para anuncios y campañas publicitarias 
KLAN202400173 cons KLAN202400324 15

propagandistas de carácter político-partidista, sea clara, indirecta, sutil, 

disimulada, sofisticada o esté entremezclada con actividades 

informativas legítimas. (Énfasis provisto). Íd, pág. 794.

En PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 690 (1995), se indicó que 

cuando el Gobierno, en el ejercicio de su facultad o deber de informar a la 

ciudadanía, utiliza o incorpora símbolos, emblemas, colores, fotografías o

lemas de naturaleza político-partidista, estamos impedidos 

constitucionalmente de reconocerle fin público alguno a dicha 

expresión gubernamental. Tampoco podemos reconocer validez 

constitucional a cualquier expresión gubernamental difundida mediante uso 

de fondos públicos cuando ésta claramente constituye un subterfugio 

para conferir una ventaja a un candidato o a un partido político, o 

para adelantar sus intereses. (Énfasis provisto). Tanto en la Opinión 

mayoritaria, como en las tres Opiniones concurrentes emitidas por los 

jueces Negrón García, Hernández Denton, y Fuster Berlingeri, y la Opinión 

concurrente y disidente del juez Rebollo López, se resaltó la importancia de 

considerar los colores que se utilizan en los anuncios gubernamentales

como medios para encubrir campañas de corte político-partidista, de 

manera solapada. Ver, por ejemplo, las páginas 729, 749, 784, 788, 806 y

807. Acudiendo a las palabras del juez Fuster Berlingeri en su Opinión 

concurrente, [e]l problema que se plantea en los casos de autos es 

precisamente el de anuncios políticos que se disfrazan como auténtica 

comunicación gubernamental. Se trata de un problema que no se puede 

resolver adecuadamente si no se extirpa de raíz la posibilidad misma 

de aprovechar políticamente el anuncio oficial. A ningún funcionario 

público más o menos avezado se le ocurriría usar los fondos 

gubernamentales para pagar anuncios crudamente políticos. Lo que 

se hace más bien es aprovechar la zona gris de los anuncios para 

insertar solapados contenidos políticos. (Énfasis provisto). Íd., pág. 795.
KLAN202400173 cons KLAN202400324 16

Esta vez en una Sentencia, P.N.P. v. Hon. Sila M. Calderón, 162 DPR 

239 (2004), se nos narra en el voto disidente emitido por el juez Efraín 

Rivera Pérez, que el P.N.P., como parte demandante-peticionaria, solicitó

como remedio al TPI, entre otros, que impidiera el uso de los colores 

rojo y amarillo en los anuncios gubernamentales donde apareciera el 

nombre de la Gobernadora. Ello por cuanto la demandada había 

utilizado como colores distintivos de su campaña el rojo y el amarillo 

en diferentes tonalidades, además del color distintivo del P.P.D., el 

rojo y el blanco. (Énfasis y subrayado provistos). Luego de este mismo juez

recalcar sobre toda la jurisprudencia que precedía, relativa a los principios 

que debían dirigir la interpretación del estatuto que establecía la veda 

electoral, aseveró que en estos casos la evaluación de la conducta 

gubernamental impugnada tenía que realizarse en su TOTALIDAD. 

(Mayúsculas en el original). Íd, pág. 295. A renglón seguido, pasó a hacer

un análisis sobre una multiplicidad de anuncios colocados por distintas 

agencias gubernamentales en diferentes medios públicos, concluyendo que, 

aunque tenían un mensaje que podría, de una forma u otra, perseguir un 

mensaje público, no podían estar enmarcados como parte de un 

mensaje político partidista, con fotografías del gobernante, con los 

colores que usó de distintivo en su campaña política, con un tema 

claramente de corte político-partidista. (Énfasis y subrayado provistos). 

Enfatizó en que los mensajes políticos, fotografías del gobernante y sus 

colores distintivos en la arena política en la campaña 

gubernamental, era contraria al fin público. (Énfasis provisto). Íd.

 El juez, cuya disidencia seguimos exponiendo, concluyó que, 

analizada la TOTALIDAD de la campaña impugnada, esta reflejaba 

claramente un carácter político-partidista, que no era disimulada, sutil, ni 

indirecta. Dicho lo cual cerró su ponencia con la siguiente expresión, [l]a 

justicia debe ser inmaculada no sólo en su realidad sino también en su 
KLAN202400173 cons KLAN202400324 17

apariencia externa. Sobre este particular es de vital importancia la 

consistencia. Ser consistente nos brinda tranquilidad de conciencia. 

La inconsistencia puede resultar en la injusticia. (Énfasis provisto). Íd, 

págs. 313-315.

En resumidas cuentas, el referido voto disidente resultó en una clara 

convocatoria a nuestro Tribunal Supremo para que procurara la aplicación

coherente, firme, estable e igual de los criterios para evaluar si un anuncio 

gubernamental infringe la veda electoral, cuando esté en el poder un

partido político u otro, sin hacer acepción por partidos15.

En Acevedo Vilá v. C.E.E., 172 DPR 971 (2007), el Tribunal Supremo 

retoma la ruta emprendida de velar porque se cumpla el propósito 

legislativo que ha inspirado por tantos años la veda electoral. En este caso, 

le correspondió al alto Foro determinar el alcance de la frase gastos para la 

compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública. Con mayor 

particularidad, la controversia fue identificada de la siguiente manera, 

determinar si el estatuto que prohíbe la difusión de anuncios 

gubernamentales en periodos de veda electoral, debe interpretarse 

ampliamente para hacer cumplir su propósito legislativo o si, en 

cambio, debe interpretarse de forma restrictiva por contener 

disposiciones de naturaleza punitiva. (Énfasis y subrayado provistos). 

Íd. Luego de examinar la jurisprudencia que precedía, en torno a cómo se 

debía interpretar la ley que impone la veda electoral, el Tribunal Supremo 

concluyó, sin ambages, que, ante la clara intención legislativa de 

proteger el principio de igualdad electoral, resulta inevitable 

concluir que, independientemente de las consecuencias que pueda 

15 Al analizar este caso, el profesor J.J. Álvarez González afirmó, entre otras, que parecía 

que con esta Sentencia el Tribunal Supremo había abandonado la cruzada comenzada en 

la jurisprudencia que le precedía, aludiendo al análisis amplio dado a los casos relativos a

la veda electoral. En particular, en cuanto al uso de los colores en los anuncios de 

gobierno, indicó que resultaba indisputable que la entonces alcaldesa, y luego 

gobernadora, Sila M. Calderón usaba el amarillo como color distintivo. A lo que añadió 

“[t]odo el que haya estado en el País desde entonces sabe que ese patrón continuó.” J.J. 

Álvarez González, supra, en las págs. 603 y 606.
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tener la infracción del estatuto, el alcance que se le ha atribuido es 

amplio. Íd., pág. 987. En ese caso se añadió que, [a]un cuando 

reconocemos que el razonamiento del Tribunal de Apelaciones es cónsono 

con una lectura literal del texto de la ley, estamos impedidos de acogerlo 

por entender que no está en armonía con nuestra jurisprudencia 

interpretativa sobre el alcance, propósito y contenido de la veda 

electoral. (Énfasis y subrayado provistos). Íd., pág. 988. Es decir, el 

Tribunal Supremo se decantó, una vez más, en favor de una 

interpretación amplia, no restringida de la ley que establece la veda 

electoral, dando así prominencia al consistente propósito expresado por el 

Legislador a través del tiempo.

En definitiva, a lo largo de décadas de interpretación de los distintos 

estatutos que contienen la veda electoral por nuestro Tribunal Supremo,

prevalece una interpretación amplia, expansiva que logre alcanzar el 

claro propósito legislativo sobre este mandato reiterado16. Además, sin 

duda, los colores utilizados en los anuncios, entre otros criterios, son pieza 

esencial al verificar si, de manera solapada, una agencia pública está 

transmitiendo un mensaje político partidista, por sutil o disimulado que 

pretenda ser.

d.

El Art. 11.003 de la Ley Núm. 222, 16 LPRA sec. 631(c)

específicamente identifica los criterios de revisión que los tribunales 

debemos observar al examinar las determinaciones surgidas de la OCE. En 

lo particular, el referido artículo dispone lo siguiente:

Las determinaciones de la Oficina del Contralor Electoral al 

amparo de este capítulo se sostendrán de existir evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo. Las 

determinaciones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos, con la debida deferencia a la interpretación que haga 

la Oficina del Contralor Electoral al amparo de este capítulo al 

16 Esta es la conclusión a la que también llega el profesor J. M. Farinacci Fernós en su 

muy ilustrado artículo de revista titulado La Veda Electoral. 54 Rev. Jur. U. Inter P.R. 27.
KLAN202400173 cons KLAN202400324 19

administrar e implementar este capítulo y los reglamentos 

promulgados al amparo del mismo.

(Énfasis y subrayado provistos).

Cabe distinguir tal porción de la Ley 222 citada, de lo que dispone la

Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

(LPAU), 3 LPRA sec. 9675, en la que se establece que “[l]as conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. Nótese que 

la Sección 4.5 de la LPAU citada no hace alusión alguna a que se 

muestre deferencia por la interpretación que ofrezcan las agencias 

administrativas sobre sus leyes orgánicas o reglamentos. Es decir que, 

contrario a lo que dispone la LPAU, en el Art. 11.003 de la Ley Núm. 222 

antes citado, (veda electoral), el Legislador incluyó expresamente que, 

aunque también las determinaciones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos, tal ejercicio revisor-judicial necesariamente habrá de hacerse 

con la debida deferencia a la interpretación que haga la Oficina del 

Contralor Electoral al amparo de este capítulo al administrar e 

implementar este capítulo y los reglamentos promulgados al amparo 

del mismo. (Énfasis y subrayado provistos).

En consecuencia, juzgamos que, aunque sin renunciar a nuestra 

función interpretativa de la ley, por mandato del Art. 11.003 de la Ley

Núm. 222, los foros revisores estamos llamados a no minimizar, eludir o 

despreciar las interpretaciones que sobre la veda electoral provengan de la 

OCE, pues ello daría al traste con el claro mandato legislativo resaltado. 

Dicho lo anterior, (sobre la norma a seguir en el ejercicio revisor de los 

casos provenientes de la OCE), de todos modos, juzgamos ilustrativo 

indicar que contamos con abundante jurisprudencia que explica que, aún

al revisar las determinaciones de los dictámenes finales de las agencias 

bajo la LPAU, los tribunales apelativos han de conceder gran deferencia y 
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consideración a las decisiones de los organismos administrativos en vista de 

la vasta experiencia y conocimiento especializado. Graciani Rodríguez v. 

Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019); Mun. de San Juan v. 

Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323 (2006); Hernández Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, 615–616 (2006). Por lo tanto, los tribunales deben ser 

cautelosos al intervenir con las decisiones administrativas. Metropolitana, 

S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 

DPR 275, 289–290 (1992). Por lo que, los tribunales revisores no tienen la 

libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e interpretaciones 

de las agencias. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). 

Juzgamos útil, además, recurrir a las expresiones que sobre la revisión 

judicial llevó a cabo nuestro Tribunal Supremo en Miranda v. C.E.E., supra,

siendo la controversia de derecho allí enfrentada análoga a la presentada 

en el caso ante nosotros, en tanto correspondió verificar la extensión del 

significado de anuncio en el estatuto que establecía la veda electoral 

entonces.

Tal como en el caso ante nuestra consideración, en Miranda v. C.E.E., 

supra, nuestro Tribunal Supremo identificó que la determinación cuya 

revisión se solicitaba fue una fundamentada en una interpretación de 

derecho. Ante lo cual llamó la atención al hecho de que, por ser los 

tribunales la autoridad final en la interpretación de estatutos y, en 

cuestiones de derecho, poseen la facultad para revisar sin sujeción a un 

criterio o una norma. Íd., pág. 787, citando a D. Fernández Quiñones,

Derecho Administrativo y Ley Uniforme de Procedimiento Administrativo, 1ra 

ed., Bogotá, Ed. Forum, 1993, pág. 545. Sin embargo, de inmediato el 

mismo alto Foro advirtió que también se ha reconocido que las agencias 

son instrumentos necesarios para la interpretación de la ley, por lo 

que los tribunales prestarán su deferencia a éstas. (Énfasis provisto).

Íd.
KLAN202400173 cons KLAN202400324 21

A tenor, el mismo Foro de mayor jerarquía puntualizó que los 

tribunales debemos conceder gran peso y deferencia a las interpretaciones 

que los organismos administrativos realizan de las leyes y los reglamentos 

que administran, por lo que no podemos descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de las agencias, sustituyendo el 

criterio de estas por el propio. (Énfasis provisto). Empresas Ferrer v. 

A.R.Pe., 172 DPR 254, 266 (2007). Así, si la interpretación de la ley o 

reglamento que realiza determinada agencia administrativa es razonable, 

aunque no sea la única razonable, los tribunales debemos concederle 

deferencia. Íd. Más aún, los tribunales podrán sustituir el criterio de la 

agencia por el suyo únicamente cuando no encuentren una base racional 

para explicar la determinación administrativa. Íd.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

a.

El racional adoptado por el TPI para revocar a la OCE en las dos 

Sentencias apeladas fue que, un examen del derecho aplicable no permite 

concluir que los objetos presentados por el DF para ser autorizados

constituyan anuncios, según tal concepto es definido por la Ley Núm. 222 y 

el Reglamento 39, por cuanto no contienen mensaje de clase alguna, 

simplemente identifican a la agencia. Ello, afirmó el tribunal a quo,

porque las camisas, jackets, telón de fondo y banderines no tienen algún 

tipo de mensaje que de alguna manera pueda aludir a algún logro, 

realización, proyección, plan o mensaje que favorezca al PNP17. 

Sobre lo anterior, no podemos evitar iniciar señalando que, habría que 

hacer un esfuerzo enorme para no percatarse de la predominancia del azul 

en cada uno de los objetos aludidos, siendo tal color, en una de sus 

tonalidades, la constante hegemónica. El uso predominante de una de las

tonalidades del color azul en los artículos referidos, junto al 

17 Anejo VII del recurso de apelación del KLAN202400173, pág. 415; Anejo V del recurso de 

apelación del KLAN202400324, pág. 128.
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estampado del Departamento de la Familia, el logo oficial del 

Gobierno de Puerto Rico, utilizados en actividades oficiales 

gubernamentales, por empleados públicos, constituyen el mensaje que 

se desea transmitir a las personas expuestas a ellos, relacionando la obra 

de gobierno que se realiza en la actividad oficial, con el partido

político que ostenta el Poder Ejecutivo, el P.N.P. Precisamente esta fue 

la situación que el Legislador se propuso extirpar al reiterarse en la

prohibición prevista en la veda electoral, previendo que el partido que 

ostente el poder pretenda, aunque sea de manera solapada, disimulada,

utilizar fondos públicos para adelantar su consigna política en plena 

campaña eleccionaria.

En lo que supone un retroceso de décadas sobre la manera amplia o 

interpretación expandida que la jurisprudencia ha dado al concepto anuncio

gubernamental para fines de la veda electoral en CEE v. Dpto. de Estado, 

supra; Miranda v. CEE, supra; y Acevedo Vilá v. CEE, supra, tanto el TPI, 

como el Procurador, han decidido aferrarse a la interpretación más

estrecha o restrictiva posible de dicho concepto, frustrando el propósito

legislativo de la veda electoral. De esta manera, los apelados parecen 

razonar, bajo la acepción de anuncio gubernamental que promueven ante 

nosotros, que cabe identificar infracción a la veda electoral solo en casos 

donde las agencias públicas expresamente incluyan un mensaje político en 

los materiales que utilizan en sus actividades oficiales, entendido mensaje

como la manifestación escrita expresa del contenido político partidista que 

se quiera transmitir. Repetimos, esto es patentemente contrario a la

interpretación que sobre el concepto anuncio ha elaborado nuestro Tribunal

Supremo, avalando la expansión de la prohibición a toda forma de 

anuncio, Miranda v. CEE, supra, rechazando expresamente la

interpretación restrictiva de dicho concepto, y, al contrario,

decantándose en favor de una interpretación amplia del mismo. Acevedo 
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Vilá v. CEE, supra. Ignoró el TPI, además, las constantes advertencias de

nuestro Tribunal Supremo sobre los intentos de los gobernantes de 

distintos signos políticos, de influenciar a los electores a través de ideas, 

detalles visuales, colores, y gráficos aparentemente insignificantes que 

buscan esconder solapadamente un mensaje político, aunque lo disimulen a 

través de actividades informativas legítimas. (Énfasis y subrayado

provistos). CEE v. Dpto. de Estado, supra; Miranda v. CEE, supra; Acevedo 

Vilá v. CEE, supra. La repetida admonición de nuestro Tribunal Supremo al 

acentuar que debemos velar por el cumplimiento del propósito legislativo 

plasmado en la veda electoral, debió de haber alertado al juzgador a quo

sobre las técnicas publicitarias que utilizan las agencias para encubrir

mensajes de corte político partidista.

b.

Detengámonos en la descripción de cada uno los artículos examinados 

por la OCE, y que este no aprobó como susceptibles de ser utilizados por el 

DF durante el periodo de veda electoral.
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Como se observa, este jacket tiene una sola tonalidad de azul. Además, 

a la altura del pecho, en el área del corazón, tiene el logo del Gobierno de 

Puerto Rico, (como parte de dicho logo se utilizan varios colores, cuya 

presencia es mínima con relación al azul de fondo), junto al nombre 

Departamento de la Familia, escrito en letras mayúsculas, aunque Familia

en un tamaño de letra más grande18. En el caso del jacket, resulta difícil o 

imposible evadir la predominancia del color azul. Igual conclusión aplica a 

la camisa con botones.

18 Anejo 1 del recurso de apelación, KLAN202400173, págs. 18 y 19.
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Así también, en las camisetas ilustradas (con o sin mangas) resulta 

indiscutible que el color predominante es el azul, y esto a pesar de que en

sus costados también llevan verde. Semejante al jacket descrito, las 

camisas llevan el logo del Gobierno de Puerto Rico, (con los colores

distintivos del logo, cuya presencia es mínima con relación al azul de 

fondo), y en el pecho, lado del corazón, aparece el nombre Departamento de 

la Familia, escrito en letras mayúsculas, aunque Familia en un tamaño de 

letra más grande19. 

19 Íd., págs. 20 y 21.
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Finalmente, tanto en los banderines, como en el telón de fondo, resulta 

obvia, una vez más, la predominancia del azul, que sigue tonalidades 

semejantes a la de los artículos previamente descritos. En ambos aparece 

el logo del Gobierno de Puerto Rico y el nombre Departamento de la Familia, 

según fueron descritos estos en los artículos anteriores. En el banderín, en 

particular, el logo del Gobierno de Puerto Rico resulta de mayor proporción 

al comparársele con el que llevan el jacket y la camiseta, pero sin que ello 

afecte de manera alguna el fondo predominantemente azul20.

c.

Según adelantamos, al sopesar la totalidad de los asuntos que 

acompañan la utilización de dichos artículos, y como se pretende seguir 

utilizando durante el periodo de veda electoral, es inescapable la 

conclusión de que el uso de estos, por empleados del Departamento de la 

Familia, durante actos oficiales de dicha agencia, tendrá o puede tener el 

20 Ver páginas 18, 19 y 35 del recurso de apelación, KLAN202400324.
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efecto de lograr la vinculación de los colores, logo, actividad oficial y 

agencia, con el gobierno que ostenta actualmente el poder, el PNP, y se 

encuentra en medio de una campaña eleccionaria en que interesa ser 

reelegido. Bajo esta óptica, la imagen del total de tales elementos (color de 

los artículos, logo del gobierno, nombre del DF, empleados públicos así 

vestidos), a los que el DF expone a todas las personas que acudan a recibir 

sus servicios, es capaz de difundir, propagar y divulgar un mensaje de 

corte político partidista, aunque tal mensaje sea solapado, sutil, vinculando

la obra de gobierno (servicios del DF), con el partido que lo ejerce, PNP.

No resulta casual, arbitrario, o cándido que, entre toda la paleta de 

colores que el Departamento de la Familia pudo escoger como color 

predominante en cada uno de los artículos descritos, eligiera el azul, color 

que está hincado en nuestra tradición política como el que utiliza el PNP 

para promover su ideario. Sobre lo mismo, tampoco hay fuente legal o 

reglamentaria alguna que el DF pueda esgrimir que justifique la elección

del color azul de forma predominante en cada uno de los artículos que se 

dispone a utilizar en las actividades oficiales, sobre cualquier otro color.

Cabe aquí exclamar que los jueces no vivimos en un vacío, sabemos lo 

que el resto de la comunidad sabe. (Énfasis provisto). Pueblo v. Marrero, 

79 DPR 649, 658 (1956). Y lo que el resto de la comunidad sabe es que el 

PNP como partido político está tan identificado con el color azul, como el 

PPD lo está con el color rojo y el PIP21 con el color verde.

Precisamente por lo explicado fue que en P.N.P. v. Hon. Sila M. 

Calderón, supra, el PNP solicitó al Tribunal que a la exgobernadora allí 

demandada se le impidiera utilizar la combinación del rojo y amarillo, con

sus distintas tonalidades, en anuncios gubernamentales, pues se le 

imputaba haberlos utilizado previamente en su campaña política. En este 

sentido, dicho partido político reconoció en esa ocasión el gran peso que 

21 Partido Independentista Puertorriqueño.
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tiene en el imaginario del pueblo puertorriqueño la identificación de un

partido o candidato político con unos colores en específico en actividades 

de gobierno, tal como la jurisprudencia que precedía a dicho caso lo venía

haciendo de manera consistente. Fue con referencia a este asunto que el 

profesor J.J. Alvarado González llamó la atención a que todo el que haya 

estado en el País sabía, era notorio e indisputable que la entonces 

gobernadora utilizaba el amarillo como su color distintivo de campaña

política22. De la misma manera, sin duda, cabría afirmar aquí que todo el 

que esté en el País en la actualidad sabe el significado de la predominancia 

del color azul en artículos utilizados por las agencias públicas en 

actividades oficiales, máxime cuando al color se le acompaña la 

identificación del gobierno que ostenta el poder, a través del logo oficial del 

Gobierno de Puerto Rico y el nombre de la agencia que se encuentra 

ofreciendo los servicios. 

Juzgamos que la deferencia que nos convoca el Legislador a mostrar 

por las determinaciones de derecho provenientes de la OCE sobre las leyes

que le corresponde interpretar, según expresamente lo dispone el Art. 

11.003 de la Ley Núm. 222, supra, debió ser motivo suficiente para que el 

TPI inclinara la balanza en favor de la decisión administrativa cuya 

revocación promovió el DF, máxime cuando se trató de una actuación 

ubicada dentro del marco del poder que le fue delegado y consistente con la 

política pública legislativa, según esta ha sido reiteradamente interpretada 

por nuestro Tribunal Supremo. 

No obstante, aun superando la deferencia a la determinación de la 

OCE aludida, y asumiendo la función principalísima de los tribunales que 

supone la interpretación del derecho, nos resulta evidente que una 

definición de anuncio en el contexto descrito, que sea cónsona con el 

propósito legislativo que inspiró la veda electoral, y la jurisprudencia que 

22 J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional, 74 Rev. Jur. UPR 597, 606 (2005).
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guía su interpretación, también debió haber conducido a validar la 

restricción impuesta por la OCE a los artículos presentados por el DF para 

autorización durante la veda electoral. La muy restrictiva acepción de 

anuncio acogida por el foro apelado en este caso termina concediendo

amplio margen a las agencias y departamentos para obviar o derrotar 

la política pública, lo que precisamente el Tribunal Supremo nos convocó 

a no permitir. CEE v. Dpto de Estado, supra. La interpretación restrictiva de 

anuncio dada por el TPI va a contracorriente de la interpretación amplia que

toda la jurisprudencia discutida ha dado a dicho término cuando es 

utilizada en el contexto de la Ley Núm. 222. A fin de cuentas, si el TPI 

esperaba que el DF incluyera un mensaje político partidista de manera 

expresa en los materiales bajo examen, eludió toda la jurisprudencia que

reiteradamente advierte sobre las tácticas publicitarias de las agencias de 

gobierno para, precisamente, colar el anuncio político de manera solapada. 

Como señaló el juez Fuster Berlingeri en su voto concurrente en PPD v. 

Gobernador I, supra, pág. 795, a ningún funcionario público más o 

menos avezado se le ocurriría usar los fondos gubernamentales para 

pagar anuncios crudamente políticos. Lo que se hace más bien es 

aprovechar la zona gris de los anuncios para insertar solapados 

contenidos políticos. (Énfasis y subrayado provistos).

 Dispuesto lo anterior, se hace innecesario discutir el segundo 

señalamiento de error esgrimido por la OCE en el KLAN202400324.

IV. Parte dispositiva

Por los fundamentos expuestos, Revocamos ambas Sentencias aquí 

apeladas. En consecuencia, se reestablecen las determinaciones de la OCE

respecto a las prohibiciones de utilizar los artículos presentados por el DF

para autorización.
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Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

El Juez Bermúdez Torres disiente sin opinión escrito.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones