Número Identificador

SEN2023 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

MUÑEKI I APARTMENTS y 

OTROS

Recurridos

v.

TRIPLE-S PROPIEDAD, INC.

Peticionario

KLCE202201364

consolidado con

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Aguadilla

Civil Núm.:

AG2019CV01234

Sobre:

Incumplimiento de 

Contrato de 

Seguros y Daños y 

Perjuicios

MUÑEKI II APARTMENTS y 

OTROS

Recurridos

v.

TRIPLE-S PROPIEDAD, INC.

Peticionario

KLCE202201366

consolidado con

Civil Núm.:

AG2019CV01235

MUÑEKI II APARTMENTS y 

OTROS

Recurridos

v.

TRIPLE-S PROPIEDAD, INC.

Peticionario

KLCE202300076

consolidado con

Civil Núm.:

AG2019CV01235

MUÑEKI I APARTMENTS y 

OTROS

Recurridos

v.

TRIPLE-S PROPIEDAD, INC.

Peticionario

KLCE202300077 Civil Núm.:

AG2019CV01234

Sobre:

Daños y otros

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.
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SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

En los casos consolidados de referencia, Triple-S Propiedad, 

Inc. (Triple-S o peticionaria) impugna varias órdenes emitidas el 17 

de noviembre de 2022 y el 28 de diciembre de 2022, 

respectivamente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Aguadilla (TPI). Mediante las primeras, el foro primario determinó 

excluir dos (2) informes periciales y el testimonio de ambos peritos

notificados por Triple-S. A través de las segundas, el TPI no autorizó 

la inclusión de cierto testigo de Triple-S en el juicio en su fondo, por 

haberlo presentado a pocos días para que finalizara el término de 

descubrimiento de prueba establecido. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

expiden los autos de certiorari y se revocan las órdenes objetadas. 

I.

El 19 de septiembre de 2019, Muñeki Apartments I, Muñeki 

Associates, S.E. (Muñeki Associates), Almonet Aguadilla, LLC., y 

Albors Properties Corporation (en conjunto, Muñeki I); así como 

Muñeki Apartments II, Lorelei Associates, L.P., Albors Development 

Corporation, (en conjunto, Muñeki II); Attenure Holdings Trust 11 

(Attenure) y HRH Property Holdings, LLC (HRH) (en conjunto, parte 

recurrida o recurridas) incoaron dos (2) demandas enmendadas1 en 

contra de Triple-S sobre incumplimiento de contrato, dolo y mala fe 

en la ejecución de contrato, y daños. Estas se relacionan a los daños 

causados en sus propiedades tras el paso del Huracán María. 

En apretada síntesis, los demandantes adujeron que Triple-S 

no manejó adecuadamente el proceso de reclamación de daños, de 

conformidad con las pólizas de seguro aplicables y que ésta se negó 

1 Las demandas originales fueron entabladas, el 5 de septiembre de 2019. Estas 

surgen de dos (2) casos presentados separadamente, a saber, AG2019CV01234 

y AG2019CV01235. 
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a pagarles los beneficios a los cuales tenían derecho. A través de sus 

respectivas demandas, requirieron al foro primario que: 1) emitiera 

una sentencia declaratoria, la cual estableciera que las pólizas de 

seguro concernidas cubrían todos los daños que el Huracán María 

ocasionó a las propiedades aseguradas, así como el pago de la 

cantidad por concepto de seguro a ser probada en el juicio; 2) 

condenara a la aseguradora a pagarles cualquier otro daño como 

consecuencia de sus actuaciones y omisiones por una cantidad a 

ser probada en el juicio; 3) les otorgara honorarios de abogados y 

gastos incurridos por presentar los casos, al igual que intereses pre 

sentencia, también por el dolo de Triple-S y su temeridad, al no 

ajustar, ni pagar oportunamente la pérdida de Muñeki I y Muñeki 

II; y 4) les concediera algún otro remedio que entendiera justo y 

apropiado. 

Triple-S contestó las demandas oportunamente. En esencia, 

expuso que los daños alegados eran excesivos, especulativos e 

infundados. Añadió que estos fueron estimados en omisión de 

información y prueba de apoyo y en contra de las disposiciones al 

Código de Seguros de Puerto Rico y su jurisprudencia aplicable. La 

aseguradora adujo que Muñeki I y Muñeki II cedieron 

indebidamente sus derechos bajo la póliza concernida a Attenure y 

HRH sin su consentimiento expreso. Además, alegó que Muñeki I y 

Muñeki II incumplieron con su obligación como asegurados. 

Acentuó que, como parte de esas obligaciones, estaba cooperar con 

la aseguradora en la investigación de la reclamación y presentar 

documentación sobre los daños reclamados. Arguyó que esto nunca 

ocurrió. Discutió que siempre actuó de manera diligente y de 

conformidad con las normas de la industria de seguros. 

En lo pertinente al caso de autos, en diciembre de 2021, el 

Tribunal concedió a las partes hasta el 30 de abril de 2022 para 

rendir los informes periciales correspondientes. Requirió el 
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cumplimiento con los términos para el descubrimiento de prueba y 

advirtió que fuera de las fechas establecidas no se permitiría 

descubrimiento de prueba adicional.2

Tras varios trámites, las partes solicitaron al Tribunal, 

mediante moción conjunta, la extensión del término sobre el 

descubrimiento de prueba hasta marzo de 2023, lo cual fue 

denegado. Sin embargo, en octubre de 2022, el TPI autorizó una 

extensión hasta el 30 de noviembre de 2022. Apuntaló que esa 

sería la fecha límite para culminar el descubrimiento de prueba 

y enfatizó que no concedería ninguna prórroga adicional. A su 

vez, el juzgador de los hechos apercibió a los representantes legales 

de las partes que el incumplimiento con dicha orden podría 

conllevar sanciones, conforme la Regla 37.7 de Procedimiento Civil.3

Triple-S notificó los informes periciales el 10 de noviembre de 2022.

A continuación, un resumen de los hechos pertinentes en 

relación con los recursos KLCE202201364 y KLCE202201366:

Tras varios incidentes procesales, el 16 de noviembre de 2022, 

Muñeki I, Muñeki II, Attenure y HRH solicitaron al foro primario la 

eliminación y prohibición de la prueba pericial anunciada por TripleS el 10 de noviembre de 2022. Alegaron que Triple-S les notificó, por 

primera vez, dos (2) informes periciales (con fechas de 18 de marzo 

de 2022 y 1 de febrero de 2022), respectivamente, a pesar de que el 

TPI le concedió hasta el 30 de abril de 2022 para dicha 

encomienda. Añadieron que la aseguradora podía haber cumplido 

con la notificación de los informes para la fecha límite impuesta por 

el foro primario. Ante ello, intimaron al TPI que prohibiera la 

utilización de dicha prueba y que también se excluyeran los 

2 Apéndice del recurso KLCE20221364, págs. 44-46.

3 Esta orden se notificó a los abogados de las partes, así como a las partes a sus 

respectivas direcciones que surgían del expediente. Apéndice del recurso

KLCE20221364, págs. 30-31.
KLCE202201364 cons. KLCE202201366 cons. 

KLCE202300076 cons. KLCE202300077 Página 5 de 17

testimonios periciales del Sr. Brandon Alaniz y del ingeniero Terry 

Taylor en el juicio en su fondo. 

Triple-S se opuso a las aludidas mociones. Razonó que la 

pendencia de la entrega de los informes periciales pasó inadvertida 

para ambas partes, pero que una vez se le requirió la entrega de 

estos retomó inmediatamente las labores dirigidas a cumplir con lo 

solicitado. Resaltó que en ningún momento se negó a producir los 

informes. Esbozó que estos se entregaron dentro del término de 

descubrimiento de prueba que vencía el 30 de noviembre de 2022. 

Añadió que la fecha de entrega de los informes no constituyó un 

perjuicio indebido para Muñeki I, Muñeki II y otros, toda vez que el 

descubrimiento de prueba aún no había terminado y las partes 

podían tomar deposiciones a los peritos. Adujo que la entrega de los 

referidos informes no ocasionó un cambio sustancial en la 

naturaleza del caso porque se trataba de la misma prueba

previamente anunciada. Expuso que tampoco obligó a los 

demandantes a incurrir en nuevos gastos. Argumentó que estos no 

comparecieron ante el TPI para solicitar la entrega de los informes 

concernidos. Enfatizó que no incurrió en un patrón de 

incumplimiento con las órdenes del tribunal. Asimismo, alegó que 

la eliminación de prueba era una sanción severa que solo se 

justificaba cuando existían incumplimientos reiterados y las 

sanciones menos severas en contra de la parte que incumple no 

resultaran efectivas. En suma, solicitó al foro primario que declarara 

No Ha Lugar las mociones presentadas por Muñeki I, Muñeki II y 

otros. 

Evaluadas ambas posturas, mediante Orden del 17 de 

noviembre de 2022, el foro primario expresó lo siguiente:

En la vista del 20 de diciembre de 2021 el Tribunal 

concedió a las partes hasta el día 30 de abril de 2022 

para notificar los informes periciales, lo que no 

cumplió la parte demandada, hasta 

aproximadamente once meses más tarde de la Orden 
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emitida y seis meses más tarde de la fecha final 

concedida. La dilación no justificada, causaría una 

apertura del descubrimiento de prueba para llevar a 

cabo las deposiciones, que dilatarían en exceso el tracto 

procesal del caso. Para justificar dicha dilación, la parte 

demandada ha expresado en su escrito en Oposición, 

que los múltiples casos y el que los peritos son los 

mismos, causaron la omisión de cumplir con lo

ordenado. Es inherente a la práctica de la litigación 

activa, el atender múltiples casos, lo que no exime de 

responsabilidad para cumplir con las órdenes del

Tribunal. Además, el que los peritos hayan sido 

utilizados por las mismas partes en diversos casos, no 

implica que deba tomarse livianamente la importancia 

de los mismos en cada caso en particular.

Conforme a lo anteriormente expresado y no 

habiéndose cumplido la orden del 20 de diciembre de 

2021, no se permitirá la prueba pericial a la parte 

demandada. (Énfasis nuestro).

Inconforme, Triple-S solicitó reconsideración, sin éxito. Aun 

insatisfecha, acude ante nos mediante los recursos de certiorari

KLCE202201364 y KLCE202201366.

4 En estos escritos, Triple-S 

alega que el foro primario cometió los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

excluir los informes periciales notificados y el 

testimonio de los peritos de la parte peticionaria, 

cuando no se ha configurado incumplimiento con los 

términos pautados para el proceso del descubrimiento 

de prueba. En la alternativa, de entender que hubo 

algún tipo de tardanza en la remisión de documentos, 

procedía la aplicación de acciones correctivas o 

progresivas, dirigidas a los abogados de la peticionaria 

y a las parte[s], en lugar de imponer una sanción 

drástica y desproporcionada que afecta drásticamente 

su capacidad de defenderse. 

Erró como cuestión de derecho el Honorable Tribunal 

de Instancia y abusó de su discreción al implicar que 

además de la prueba pericial consistente en los 

informes periciales, la peticionaria no puede presentar 

los peritos como testigos en el juicio en su fondo. 

El 12 de enero de 2023, Muñeki I, Muñeki II, Attenure y HRH

presentaron su alegato en oposición. 

4 A través de una Resolución emitida el 20 de diciembre de 2022 consolidamos 

dichos recursos, a tenor con las disposiciones de las Reglas 17 y 80.1 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 17 y R. 80.1.
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Por otra parte, exponemos un resumen de los hechos 

pertinentes en relación con los recursos KLCE2023300076 y 

KLCE202300077:

El 7 de diciembre de 2022, las partes de epígrafe presentaron 

en conjunto el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio. El 15 

de diciembre de 2022, el TPI celebró la vista de conferencia con 

antelación al juicio. En la audiencia, la representación legal de 

Muñeki I, Muñeki II y otros objetó la comparecencia del Sr. Rafael 

Betancourt (señor Betancourt) como testigo de Triple-S en el juicio5. 

Alegó que el referido testigo fue notificado por primera vez el 28 de 

noviembre de 2022, dos (2) días antes de culminar el descubrimiento 

de prueba. Ante esto, el foro primario le concedió un término a 

Triple-S para que presentara evidencia sobre la fecha de notificación 

del mencionado testigo.6

En cumplimiento con la orden del foro de instancia, Triple-S 

instó un escrito, en el cual alegó que la eliminación del testimonio 

del señor Betancourt la colocaría en un estado de indefensión, toda 

vez que su declaración como ajustador, analizaría la aplicación de 

las disposiciones de las pólizas objeto del presente pleito a la 

reclamación de Muñeki I, Muñeki II y otros.7 Especificó que dicho 

testimonio ofrecería un valor de gran envergadura, al punto que 

eliminarla constituiría una lesión incalculable de sus derechos. 

Discutió que no se identificaba perjuicio alguno a la parte contraria 

por la tardanza en anunciar la prueba pericial en cuestión. 

El 28 de diciembre de 2022, el TPI emitió la Orden recurrida y 

resolvió lo siguiente:

No existiendo causa justificada para haber presentado 

al testigo Rafael Betancourt a dos días para finalizar el 

término de descubrimiento de prueba, lo que provoca 

5 El señor Betancourt era el ajustador externo de Triple-S y también fue anunciado 

en el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio presentado por las partes. 

6 Apéndice del recurso KLCE202300076, págs. 157-160.

7 Incluyó como único anejo un correo electrónico dirigido a la representación legal 

de Muñeki I, Muñeki II y otros, con fecha del 28 de noviembre de 2022, en el que 

anunciaba al señor Betancourt como testigo de Triple-S para el juicio. 
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que la parte demandante no haya podido realizar 

descubrimiento en cuanto a dicho testigo, no se 

autoriza la inclusión del mismo.8

En desacuerdo, Triple-S acude ante nos mediante los recursos 

de certiorari KLCE202300076 y KLCE202300077.9 En estos le 

imputa al foro primario el siguiente señalamiento de error:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

excluir el testimonio del ajustador, Sr. Rafael 

Betancourt, anunciado durante el término designado 

para el descubrimiento de prueba, cuando no se 

configuró incumplimiento con ninguna orden dictada 

por dicho foro o alguna regla procesal aplicable al 

manejo del asunto, ni dicho testimonio fue objetado 

oportunamente por la parte recurrida en el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio. De entender que 

hubo algún tipo de tardanza en la notificación del 

testimonio del ajustador, lo que negamos, en la 

alternativa procedía la aplicación de acciones 

correctivas o progresivas, dirigidas a los abogados de la 

peticionaria y a las parte[s], en lugar de imponer una 

sanción drástica y desproporcionada que afecta 

drásticamente su capacidad de defenderse. 

El 16 de febrero de 2023, Muñeki I, Muñeki II, Attenure y HRH 

presentaron su alegato en oposición. 

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

procedemos a resolver.

II.

Como se sabe, las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico conceden a todas las partes en un pleito el derecho a realizar 

un descubrimiento de prueba. Este tiene como finalidad ayudar a

precisar y minimizar las controversias litigiosas; obtener evidencia 

que va a ser utilizada en el juicio; facilitar la búsqueda de la verdad 

y perpetuar la prueba relacionada a su causa. Regla 23.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.1; Berríos Falcón v. Torres 

Merced, 175 DPR 962, 971 (2009).

Al interpretar esta figura jurídica, nuestra jurisprudencia ha 

expresado que este mecanismo se caracteriza por ser de alcance 

8 Apéndice del recurso KLCE202300076, págs. 173-174.

9 A través de una Resolución emitida el 26 de enero de 2023 consolidamos dichos 

recursos, a tenor con las disposiciones de las Reglas 17 y 80.1 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 17 y R. 80.1.
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amplio y liberal, para facilitar la tramitación de los pleitos y evitar 

inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las 

partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos 

que en realidad son objeto del litigio. McNeil Healthcare v. Mun. Las 

Piedras II, 206 DPR 659 (2021); Berríos Falcón v. Torres Merced, 

supra.

Cónsono con lo anterior, la Regla 34.3 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V., R.34.3, faculta al Tribunal para emitir sanciones 

ante el incumplimiento de cualquier orden relacionada con el 

descubrimiento de prueba. A estos efectos, la referida regla establece 

que el tribunal podrá dictar todas aquellas órdenes que sean justas 

cuando una parte se niega a cumplir con cualquier mandato del 

tribunal, entre estas: “[...] [u]na orden para impedir a la parte que 

incumpla que sostenga o se oponga a determinadas reclamaciones 

o defensas, o para prohibirle la presentación de determinada 

materia en evidencia”. 32 LPRA Ap. V. R. 34.3(b)(2). 

En Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887 (1998), Nuestro 

Más Alto Foro interpretó el alcance de la derogada Regla 34.2 de 

Procedimiento Civil, Ap. III, la cual es análoga a la actual Regla 

34.3(b) de Procedimiento Civil, supra. En su interpretación el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, determinó que dicha disposición 

provee que un tribunal puede prohibir la presentación de 

determinada prueba, cuando la parte interesada en presentarla 

incumpla con una orden del tribunal relacionada con el 

descubrimiento de prueba. Específicamente, para que proceda este 

tipo de sanción se requiere que: 1) el tribunal haya emitido antes 

una orden para llevar a cabo o permitir descubrimiento de prueba, 

y 2) que la parte que interesa la presentación de la prueba hubiese 

incumplido la orden referida. Valentín v. Mun. de Añasco, supra, a 

la pág. 894. El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que:
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Debe tenerse en cuenta, además, que la medida severa

de excluir del juicio el testimonio de un testigo crucial, 

que es análoga a la medida extrema de la 

desestimación, sólo debe usarse en circunstancias 

excepcionales, en casos en los cuales la conducta de 

la parte sancionada ha sido contumaz o de mala fe

[...] (Énfasis Nuestro). Íd., a la pág. 895. 

Cabe destacar que este tipo de sanción no son muy 

favorecidas judicialmente y solo se justifican cuando el 

incumplimiento se hizo de manera intencional o cuando no haya 

duda de la irresponsabilidad o contumacia de la parte sancionada. 

Íd. 

Nuestro ordenamiento jurídico estableció que la sanción de 

excluir un testigo es similar a la desestimación. Por lo tanto, es 

meritorio señalar que la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil 

establece el proceder del tribunal ante el incumplimiento de alguna 

parte a las órdenes dictadas, previa a la drástica sanción de 

desestimar la causa de acción. En lo pertinente, la referida regla 

dispone que:

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas 

reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal 

a iniciativa propia o a solicitud de la parte 

demandada podrá decretar la desestimación del 

pleito o de cualquier reclamación contra ésta o la 

eliminación de las alegaciones, según corresponda. 

Cuando se trate de un primer incumplimiento, la 

severa sanción de la desestimación de la 

demanda o la eliminación de las alegaciones tan 

sólo procederá después que el tribunal, en primer 

término, haya apercibido al abogado o abogada de 

la parte de la situación y se le haya concedido la 

oportunidad para responder. Si el abogado o 

abogada de la parte no responde a tal 

apercibimiento, el tribunal procederá a imponer 

sanciones al abogado o abogada de la parte y se 

notificará directamente a la parte sobre la 

situación. Luego de que la parte haya sido 

debidamente informada o apercibida de la 

situación y de las consecuencias que pueda tener 

el que la misma no sea corregida, el tribunal 

podrá ordenar la desestimación del pleito o la 

eliminación de las alegaciones. El tribunal 

concederá a la parte un término de tiempo 

razonable para corregir la situación que en 

ningún caso será menor de treinta (30) días, a 

menos que las circunstancias del caso justifiquen 

que se reduzca el término.
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[...]

32 LPRA Ap. V, R. 39.2. (Énfasis nuestro).

La referida disposición desalienta la congestión de casos en 

los calendarios judiciales, a causa de la inacción o dejadez de las 

partes en el trámite de sus reclamaciones y, por el incumplimiento 

de dichas partes con las órdenes del tribunal. De esta manera, el 

tribunal tiene la potestad para sancionar de diversas formas a las 

partes litigantes que dilatan innecesariamente los procesos. Véase, 

Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714, 720 (2009). 

Ahora bien, planteada una situación que amerita sanciones, 

el Tribunal deberá en primera instancia, imponerlas al abogado de 

la parte. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222-223 

(2001). Si dicha acción disciplinaria no surte efectos positivos, 

procederá la imposición severa de la desestimación de la demanda 

o eliminación de las alegaciones únicamente después que la parte 

haya sido propiamente informada y apercibida de la situación y de 

las consecuencias que pueda tener el que ésta no sea corregida. Íd. 

III.

KLCE202201364 y KLCE202201366:

En los recursos de Certiorari10 ante nuestra consideración, 

Triple-S esencialmente alega que el TPI erró al excluir los informes 

10 El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para que un tribunal 

de superior jerarquía pueda enmendar los errores que cometa el foro primario, ya 

sean procesales o sustantivos. León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). La 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1, dispone taxativamente 

los asuntos que podemos atender mediante el referido recurso. Scotiabank de 

Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478 (2019). La referida Regla dispone 

que:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por 

el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 

bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
KLCE202201364 cons. KLCE202201366 cons. 

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periciales y los testimonios de sus peritos, toda vez que no hubo 

incumplimiento de su parte con los términos pautados para la etapa 

del descubrimiento de prueba. Aduce que entregó a la parte 

recurrida, dentro del periodo de descubrimiento de prueba

calendarizado por el tribunal, los informes periciales concernidos.11

Argumenta que el foro a quo debió apercibirle e/o imponerle alguna 

medida previo a recurrir a la sanción drástica de excluir evidencia 

pericial, de conformidad con la jurisprudencia pertinente. 

En su oposición, la parte recurrida razona que la notificación

de los informes periciales en cuestión fue a destiempo y que con esta 

actuación Triple-S la dejó desprovista de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba, tales como la toma de deposición y el 

subpoena duces tecum. Argumenta que no se les puede imputar 

responsabilidad de solicitar dichos informes, toda vez que las Reglas 

de Procedimiento Civil obligaban a Triple-S a notificarlos 

oportunamente. Al mismo tiempo, aduce que la etapa procesal en la 

Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición del auto de 

certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La discreción consiste en una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría 

un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005).

Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad discrecional de 

entender, o no, en los méritos, una petición de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones enumera los criterios que viabilizan dicho 

ejercicio. En particular, la referida Regla dispone lo siguiente:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis 

del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberán ser elevados o de alegatos más 

elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la 

solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

11 Notificó mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2022.
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que se encuentra el presente pleito está sumamente adelantada y 

permitir los informes periciales, así como el testimonio de los peritos 

en el juicio, conllevará un retraso innecesario de los procedimientos. 

KLCE202300076 y KLCE202300077:

En estos recursos de certiorari Triple-S, alega que el TPI erró 

al excluir el testimonio del señor Betancourt, pues este fue

anunciado antes de culminar el descubrimiento de prueba. Subraya 

que su anuncio no fue objetado oportunamente por la parte 

recurrida. Argumenta que no se justifica la actuación del TPI porque 

no se configuró ningún incumplimiento con alguna orden dictada 

por este o con alguna regla procesal aplicable. Aduce que los 

dictámenes impugnados impusieron una sanción drástica y 

desproporcionada que afectó su capacidad para defenderse. 

De otro lado, la parte recurrida alega que Triple-S no 

aprovechó las oportunidades que tuvo para anunciar a su testigo de 

forma oportuna. A su vez, expone que la aseguradora concernida 

falló en manejar diligentemente su reclamación y, a más de cinco (5) 

años del Huracán María, no han podido cobrar la cuantía 

correspondiente para cubrir los daños sufridos producto de dicho 

evento catastrófico. De igual modo, arguye que, a lo largo del 

presente pleito, ha estado impedida de gestionar el descubrimiento 

de prueba de manera eficiente, a causa de la conducta dilatoria de 

Triple-S. 

Por estar estrechamente relacionados todos los errores 

levantados en los cuatro (4) recursos de certiorari bajo nuestra 

consideración, procedemos a discutirlos en conjunto. Estos versan 

sobre asuntos relacionados al descubrimiento de prueba y el manejo 

del caso por parte del Tribunal.

Tras un examen minucioso y ponderado del récord, el derecho 

aplicable y las alegaciones de las partes, somos del criterio de que el 
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TPI abusó de su discreción al emitir los pronunciamientos

recurridos. 

Según expuesto, la sanción de excluir prueba pericial o 

testifical por incumplimiento de una orden del tribunal debe 

considerarse una tan severa como la desestimación de una 

demanda. Para imponerla, nuestro ordenamiento jurídico instituye

que el tribunal debe cumplir con el proceso escalonado que dispone 

la Regla 39(a) de Procedimiento Civil, supra, R. 39(a). Es decir, de 

existir incumplimientos con las órdenes del TPI, primero procede un 

apercibimiento previo y la imposición de sanciones económicas a la 

representación legal de la parte que incumple, así como un término 

razonable para corregir la situación. Luego de cumplir con todo lo 

anterior, el tribunal está facultado a imponer la sanción drástica de 

excluir evidencia para el juicio de la parte que incumple. 

Con relación a los informes periciales notificados por Triple-S 

el 10 de noviembre de 2022, el foro primario dejó establecido que la 

fecha límite para su entrega era el 30 de abril de 2022. 

Evidentemente la aseguradora lo presentó pasado el término 

aplicable, más resaltó que ello no fue intencional, sino producto de 

una inadvertencia. Ello ocasionó que el TPI no le accediera a la 

inclusión de dicha prueba en el caso. El tribunal fundamentó su 

decisión en que permitir los informes causaría una apertura del 

descubrimiento de prueba que atrasaría el calendario del caso. 

Ahora bien, previo a esa decisión, el foro de instancia no apercibió a 

Triple-S sobre las consecuencias de su incumplimiento con la orden 

para notificar los informes periciales en o antes del 30 de abril de 

2022. Tampoco surge del expediente que el TPI haya impuesto una 

sanción económica a los abogados o haya notificado a la parte de

dicha inobservancia para que esta pudiera corregir la situación, de 

entenderlo necesario. Esas son las medidas progresivas que provee 
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nuestro ordenamiento procesal civil para atender asuntos como 

estos. 

De otro lado, el TPI denegó la inclusión del señor Betancourt 

como testigo de Triple-S, esto por haberse notificado a dos (2) días 

para finalizar el término establecido para el descubrimiento de 

prueba. El récord revela que, el 27 de octubre de 2022, el tribunal 

les concedió a las partes una extensión hasta el 30 de noviembre de 

2022 para terminar dicho proceso. En esa ocasión apercibió a los 

representantes legales de las partes que el incumplimiento con esa 

directriz podría conllevar sanciones. La referida Orden se notificó a 

las partes a sus respectivas direcciones. Triple-S comunicó como 

testigo al señor Betancourt el 28 de noviembre de 2022. El 15 de 

diciembre de 2022, el TPI advirtió a Triple-S que, si no notificaba al 

referido testigo en un término razonable para que pudiera ser 

depuesto, no lo permitiría. Evaluado el expediente, entendemos que 

la decisión del TPI de no autorizar su inclusión fue irrazonable.

En ambas situaciones, forzoso es colegir que el foro a quo

impuso a Triple-S la extrema y severa sanción de la exclusión de 

evidencia pericial y testifical para el juicio sin el debido 

cumplimiento a cabalidad con el proceso que provee la Regla 39.2(a) 

de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa.

Únicamente cuando las medidas progresivas aplicables fueran 

infructuosas se justificaba dicho curso de acción. 

Aunque el manejo del caso y la disposición de mociones 

pendientes son asuntos que descansan en la sana discreción del 

Tribunal, el marco fáctico que se nos presenta amerita nuestra 

intervención. Más aún, en esta etapa de los procedimientos, cuando 

faltan aproximadamente siete (7) meses para que comience el juicio 

en su fondo. Procede dejar sin efecto los pronunciamientos 

impugnados, con el fin de evitar un fracaso de la justicia. No surgen 
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del expediente situaciones extremas que evidencien conducta 

contumaz o de mala fe por parte de Triple-S.

Ante las disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, expedimos los recursos de epígrafe y revocamos las órdenes 

recurridas. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.52.1, y la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXIIB, R.40.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos los recursos 

de epígrafe y revocamos las órdenes recurridas. En consecuencia, 

devolvemos los casos al TPI para la continuación de los 

procedimientos, conforme a lo aquí resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

La Juez Barresi Ramos concurre con la disposición del 

presente caso. Empero, entiende que los informes periciales 

preparados por HAAG Engineering Co. (perito Terry C. Taylor) y 

HAAG Construction Consulting Co. (perito Brandon Alaniz) fueron 

notificados dentro del término del descubrimiento de prueba.12' Esto 

es, mediante la Orden decretada el 27 de octubre de 2022, el TPI 

autorizó una segunda extensión del descubrimiento de prueba hasta 

el 30 de noviembre de 2022 más no hizo observación alguna sobre 

los informes periciales. Consecuentemente, su notificación por 

correo electrónico el 10 de noviembre de 2022 está dentro del plazo 

de descubrimiento de prueba. Más aún, Muñeki I, Muñeki II y otros 

no remitieron escrito alguno a Triple -S requiriendo el cumplimiento 

específico de la notificación de los informes periciales conforme a 

la Regla 34 de las de Procedimiento Civil de 2009 (no certificaron los 

esfuerzos razonables, con prontitud y de buena fe, realizados para 

12 En la Minuta de 20 de diciembre de 2021, entre otras cosas, el tribunal dispuso: 

"hasta el 30 de abril de 2022 para rendir el informe pericial". 
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resolver los asuntos del descubrimiento de prueba) como tampoco 

presentaron moción a estos efectos ante el TPI.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones