N ÚMERO IDENTIFICADOR SEN 2 02 4

______________

Estado Libre Asociado d e Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel II

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

Ap elado

v.

OFICINA DEL CONTRALOR E LECTORAL

Apelante

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

Apelado

v.

OFICINA DEL CONTRALOR ELECTORAL

Apelante KLAN202400 173

cons.

KLAN202400324 Apelación

procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan

Caso Núm. SJ2024CV01057
Sobre : Solicitud de Autorización de Anuncio bajo el Artículo 10.006 de la Ley 222

- 2011, según enmendada Apelación pro cedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan

Caso Núm. SJ2024CV02328
Sobre: Revisión Judicial al amparo del Artículo 10.006 (6) de la Ley 222

- 2011
Panel integrado por su president e , el Juez Bermúdez Torres, el Juez Adames Soto y la Juez Aldebol Mora Adames Soto, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 202 4

. Nos corresponde dilucidar si ciertos banderines, telones de fondo ( backdrops ) , camis as y jackets , identificados con el logo del Gobierno de
Puerto Ri co y el nombre Departamento de la Familia (DF) , puestos en un fondo predominantemente azul , a ser usados por empleados de dicha agencia en actividades oficiales, debe n ser considerado s como anuncios ,KL AN202400173 cons KLAN20240032 4 2
para fines de la legislación que establece la veda elect or a l , y su jurisprudencia interpretativa . ¿Lleva un mensaje político

- partidista,

aunque s ea de manera solapada, que el DF y sus empleados utilicen los objetos descritos en actividades oficiales durante el periodo de veda
electoral? La Oficina del Contralor E l e ctoral (OCE) juzg ó que los tales sí constituyen anuncios , sujetos a la veda electoral , y una mayoría de este
Panel también así lo interpreta . Por tanto, procede revocar la determinación del TPI apelada, mediante la cual dicho foro primario acogió una a ce p c ión muy restrictiva de l concepto anuncio propuesta por el DF , subvirtiendo así
el cla ro propósito legislativo que se pers igue con la veda electoral

. Los asuntos arriba mencionados constituyen la sustancia de las controversias alzadas por la OCE ante no so t r os, a través de sendos recursos de apelación, identificados con los alfanuméricos KLAN202400173 y KLAN202400324, cuya consolidación ordenamos.

I. Resumen del tracto procesal Como se puede advertir de la breve introducción, el tracto procesal
de los cas os a nte nuestra consideración ubica en el contexto de la veda publicitaria que inicia cad a año electoral , según así se establece en el Art. 10.006 de la Ley Núm. 2 22

- 2011, 16 LPRA sec. 630(f) , (Ley Núm. 222)

. A continuación, atenderemos las incidencias pr oc e s ales de cada recurso de
certiorari presentado de manera particularizada, aunque la aplicación del derecho correspondiente les sea común.

A. KLCE202400173
Por causa de lo di spuesto en la Ley Núm. 222 , ( en cuyo contenido
nos detendremos más adelante ), el 8 d e enero de 2024 el DF presentó ante
la OCE una Solicitud de Autorización , identificad a como OCE

- SA

- 2024

- 00403, para que se le permitiera distribuir y utilizar por sus empleados durante el periodo de veda electoral, dos tipos de camisas y un jacket imper m e a ble , que contenían : el logo del Gobierno de Puerto Rico ; el nombreKL AN202400 173 cons KLAN202400324 3

completo del DF ; en un fondo predominantemente azul , con unas partes de color negro el jacket y otras de color verde las camisas 1

. Sin embargo, el 18 de enero de 2024, la OCE determinó d enegar la solicitud del DF, pues en la combinación de colores utilizada predomina el color de un partido político inscrito en la Comisión Estatal de
Elecciones

. La agencia debía tener conocimiento del comienzo de la veda publicitaria y abstenerse del uso d e artículos no permitidos 2

. (Énfasis provisto). Inconforme, el DF solicitó reconsideración ante la propia OCE, esgrimiendo que: (1) las camisas eran color azul marino osc uro y el jacket
color navy , por tanto , no del color del partido político; (2) las c a misas, como
los jackets , fueron entregados a los empleados en julio de 2022, y otr o s
fueron distribuid o s en octubre y diciembre de 2023, antes del comienzo de
la veda electoral. Habiendo examinado tal petición del DF , la OCE decidió deneg arla , reiterán d o se así en su dictam en
. Al atender los fundamentos presentados por el DF para solicitar la reconsideración , la OCE determinó lo siguiente: (1) según lo dispone el Artículo 1 del Reglamento del Partido Nuevo Progresista (PNP) , aprobado el 20 de marzo de 20 2 2 , el color de dicho partido es el azul, e in cluye una variedad de tonalidades de azul ; (2) aunque la entrega y distribución de tales piezas de vestir hubiese sido realizada a los empleados del DF antes de entrar en vigor la veda publicitaria, la agencia e s tá facultada para, mediante orden administrativa,
instruir a sus empleados a no utilizarl a s en el lugar de trabajo durante la vigencia de la veda 3

. Concluyó indicando que l a agencia sabía , o debía
saber , qu e en el año electoral no podría usar el color az u l en sus

1 La imagen del jacket y l as camisas fue incluida en el A nejo I del re c urs o de apelación b ajo
examen , págs. 18

- 21. 2 Apéndice I del recurso de apelación , pág. 1 0. 3 Íd , pág. 16.KL AN202400173 cons KLAN20240032 4 4
uniformes, t o da vez que es el color oficial del PNP, y también es el usado

po r el gobernador incumbente que se encuentra en campaña electoral

. En desacuerdo, el DF instó una Solicitud de revisión judicial ante el

TPI 4

. En esencia, se reiteró e n l o que ya había aducido en la Moción de
reconsideración ante la OCE, s osteniendo que los colores utilizados en las camisas y jackets no se asemejan a los del PNP , y que la regla que citó la OCE del Reglamento Núm. 39, infra, tampoco resulta aplicable a l o s
artículos evaluados. En respuesta, el TPI emitió una Orden de M ostrar C ausa (OMC) contra la OCE, por la cual no debía conceder se el remedio solicitado por el

DF.
A raíz de esto , la OCE compareció ante el TPI mediante escrito exponiendo las razones p o r la s cuales no se debía conceder el remedio procurado por el DF, y , al contrario, procedía que se dictara sentencia por las alegaciones a su favor

. Así las cosas, el 19 de febrero de 2024 fue celebrada una vista argumentativa ante el foro primario,

― au n q ue f ue admitida cierta prueba
documental

― , que dio lugar a la revocación del dictamen administrativo,
mediante Sentencia de 14 de febrero de 2024. Razonó el TPI al revocar a la OCE, en lo esencial, que las camisas y jackets en cuestión no constituyen

un a n unci o , según este término es definido por la Sección 1.5 del Reglamento Núm. 39, infra. Al así concluir, indicó que no había controversia en que las piezas de vestir son de color azul marino , llevan el logo del gobierno y se utilizan como uniforme por lo s empl eados durante actividades externas de la agencia al ofrecer servicios a la
ciudadanía , (añadió que las camisas tienen un color verde

4 Por virtud del Art. 10.006 (6) de l a Ley 222, 16 LPRA sec. 63 0(f), toda revisi ón o apelación relacionada a gastos de difusión pública deberá ser pr e sen tada ante el TPI . Es decir, contrario a la norma general de que las Resoluciones final es administrativas son revisadas por este Tribunal de Apelaciones, Art. 4.002 de la Ley 201

- 2003 , según enmendada y la Sec. 4.2 de la Ley 38

- 2017, según enmendada, en los casos en que la OCE emite una determinación bajo la legislación en discusión, la part e que pretenda la revisión tendrá que acudir primero ante el TPI.KL AN202400 173 cons KLAN202400324 5

predominantemente en el costado )

. (Énfasis provisto). Aseveró que , m ás allá de eso, ni las camisas ni el jacket tiene n algún tipo de m e nsaje que de alguna manera pueda aludir a algún otro logro, realización, proyección, plan o mensaje que favorezca al PNP 5

. (Énfasis provisto). Juzgando la OCE que el TPI incidió al así concluir, acude ante
nosotros mediante recurso d e apela ción , esgrimiendo el siguiente error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que las camisas y el jacket azul que el Departamento de la Familia sometió para la evaluación de la OCE no contienen mensajes que puedan aludir a logro, reali z a ción, proyección, plan o mensaje que favorezc a al PNP. Por su parte, el DF, a través de la Oficina del Procurador General, (el Procurador), presentó Alegato del Gobierno de Puerto Rico , oponiéndose a los planteamientos de la OCE.

B. KLAN2024000324

En es t e caso el DF presentó otra Solicitud de Autorización ante la OCE, al que se le identificó con el alfanumérico OCE

- SA

- 2024

- 04195, peticionando la autorización de unos banderines y un telón de fondo ( backdrop ) a ser utilizados en actividades oficiales , los c u ales contienen el logo de la agencia y del Gobierno de Puerto Rico, en un fondo azul 6

. En respuesta, la OCE emitió una Determinación en la que aprobó la autorización, pero con la siguiente condición , en la combinación de
colores utilizada no podrá pr e d ominar el color, en cualquiera de sus tonalidades, de un partido político inscrito en la Comisión Estatal de
Elecciones

. Por lo tanto, deberán modificar el color azul en el “backdrop” y los banderines 7

. (Énfasis provisto). Indicó que el cumplimiento con l a condi ción impuesta permitir á que el anuncio se ajuste

a l Artículo 10.006 de la Ley N úm. 2 2 2

.

5 Apéndice V II del recurso de apelación , págs. 409

- 415. 6 Apéndice II del recurso de apelación baj o ex amen, pág. 35. 7 Íd , pág. 26.KL AN202400173 cons KLAN20240032 4 6
En desacuerdo, el DF instó una Moción en solicitud de
reconsideración ante la propia OCE. Presentó como argumento principal para su solicitud que el bac kdrop ni los b anderines constituyen anuncios
conforme esto es definido en el Reglamento 39, infra. Abundó sobre el mismo argumento esgrimiendo que tales objetos no contienen mensaje de ninguna clase, simplemente identifican a una agencia, en este caso, el DF,

p or lo qu e no cualificaba n como anuncio s
. Además, sostuvo que dichos
artículos fueron adquiri dos antes de la ved a electoral, y su distribución también ocurrió previo a que iniciara esta 8

. No obstante , la OCE emitió Determinación sobre solicitud de

r econs i deración 9 , denegando la petición de reconsideración. Razonó la OCE que la Sección 1.5(3) del Reglamento 39, infra, define los artículos de promoción como cualquier medio que sirva para llevar un anuncio, por lo que a los banderines y a l backdrop sí l e apl i can los r equisitos que dirigen la fiscalización de los gastos por difusión pública. En lo es pecífico, explicó que el enmarcado del logo de la agencia en un banderín o backdrop color azul identifica la agencia como e l Departamento de la Familia del PN P y P e dro
Pierl uisi. Añadió que e l uso del color azul en el caso que nos ocupa tiene una influencia solapada de un partido político mediante anuncios, en este

caso, el uso del color del partido cuyo gobernador rige el Poder Ejecutivo. Explicó que , en este conte x to, los c olores por sí tienen un significado, y el PNP utiliza desde su fundación el color a zul para identificar se
. Advirtió que, de todo el universo de colores a escogerse, la agencia

e ligió el color azul royal, que es uno de los color es que usa el PNP y el gobern ador incumbente para identificarse . Finalizó indicando que la
veda durante el año electoral ha estado vigente desde el 1974, y ha subsistido a través de distintas legislaciones, de modo que el DF sabía o

8 Anejo I del recurso de apelación , págs. 13

- 15. 9 Íd. , págs. 16

- 17.KL AN202400 173 cons KLAN202400324 7

debía saber que en el año electoral n o pod r ía usar l os banderines y backdrop con el color azul 10

. Inconforme, el DF presentó una Solic itud de Revisión Judicial ante el TPI. En esta el DF reiteró su teoría legal de que los banderines y el backdrop no constituían anuncios, conforme estos se de finen en la Secc ión 1.5(1) del Reglamento 39, infra. Sobre lo mismo, afirm ó que tales objetos no contienen mensaje de clase alguna , simplemente identifican a la agencia . Advirti ó que, contrario a lo afirmado en la denegatoria de reconsideración, los objeto s ide n tifican a la agencia, pero no contienen el nombre de Pedro Pierluisi. Propus o como pregunta retórica, si se puede razonablemente pensar que el voto de alguna persona pu diera ser influenciado por los banderines y el backdrop

. En respuesta, el TPI em itió u na OMC a la OCE para que mostrara causa por la cual no debía revocar la determinación cuya revisión solicitaba
el DF. Una vez más, la OCE presentó una Moción en cumplimiento de la

OMC , a la que añadió un a solicit ud para que se dictara sentencia po r las

a l egaciones. E xplicó que el Art. 10.006(2) de la Ley Núm. 2 22 es claro al
establecer los con tenidos prohibidos dentro de los anuncios que se pretenden publicar durante la veda electoral . En particular, arguyó que el
inciso tercero (3) del referido a r tícul o incluye com o contenido prohibido por
la veda , entre otros , aquellos con fines político

- partidistas o electorales, la utilización de símbolos relacionados con campa ñ as políticas , al igual que colores de partidos políticos. Añadió que la Sección 2.10 del R e glamen t o 39, infra, impone como requisito a los anuncios , que en la combinación
de colores a ser utilizados por las agencias en sus anuncios no podrá

10 N os advierte el Procurador en su Alegato , con razón , que , en la Determinación so b r e solicitud de reconsideración bajo discusión, la OCE no levantó def en sa o argumento alg uno sobre un posible impedimento colateral por resolución administrati va previa, s o lo alzando tal planteamiento , por primera vez , en el recurso de apela ción KLAN202400324 , ( como se sa be, las defensas afirmativas no levantadas de mane ra op ortu na se tienen por renunciadas )

. Sin embargo, por lo que discutiremos más adelante, el lo no cambia en modo
a lguno nuestra determinación final del caso.KL AN202400173 cons KLAN20240032 4 8

dominar el color o la combinación de colores asociados a los usados por el gobernador incumbente o e l part ido po l ítico en que milita el gobernador incumbente . Sobre el significado que tienen los colores en los
anuncio s , citó jurisprudencia federal y local. Finalmente, incluyó una argumentación sobre un alegado impedimento colateral por sentencia, con
rel ación a las c ircunstancia s en que, antes de que fuera presentada la
Solicitud de autorizació n bajo examen , ya la OCE había determinado sobre las condiciones en que permitió el uso del logo del gobierno en las agencias en general , advirtiendo que no era per mitido la pr e dominancia d e un color relacionado a un partido político 11

. Trabada la controversia, el TPI dio lugar a la celebración de una vista argumentativa,

― aunque admitió cierta prueba documenta l

― , cuyo
resultado fue la revocación mediante Sentencia del dictamen emitido por la

OCE. Siguiendo idéntico razonamiento al de la Sentencia emitida en el caso
de las camisetas y el jacket , antes discutida, en este dic tamen el TPI también concluyó que, examinados los banderines y el backdrop en corte abierta, estos no constit uía n anunci os . Al así determinar, indicó que en los objetos se podía apreciar que tenían impresos el logo del Gobierno , junto a las palabras Depart amento de Familia , y pose ía n varias tonalidades , que
iban desde el color azul oscuro, pasando por el negro, hacia el vio leta. Añadió que , más allá de esto, tales objetos no contienen ningún tipo de mensaje que de alguna manera pueda aludir a algún logro, r ealización, proyección, plan o mensaje que favorezca al PNP

. Inconforme, la OCE también acude a nosotros de dicha adjud icación,
mediante recurso de apelación , esgrimiendo los siguientes errores: Erró el TPI al determinar que la determinación en el caso O CE

- SA

- 2023

- 00076 no constituye cosa juzgada y desautoriza el uso del color azul en fondos y backdrops para la totalidad de la Rama Ejecutiva.

11 Íd ., págs. 30

- 51.KL AN202400 173 cons KLAN202400324 9

Erró el TPI al determina r que los banderines y backdrop azul que el DF sometió para la evaluación de la OCE no
c onstituyen un anuncio ni mensajes que puedan aludir a logro, realización, proyección, plan o mensaje que favorezca al PNP.
Junto al recurso de apelación la OCE también acompañó una Moción solicitando Orden en auxilio de jurisdicción y solicitando conso l idación de apelaciones

. En consideración a est a petición , el 4 de abril de 2024 , emitimos una
Resolución : (a) denegando pa ralizar los efectos de la Sentencia apelada 12 ; (b) ordenando la consolidación de los recursos de apelación instados por la OCE y ; ( c ) conced iendo un término de cinco (5) días al Procurador para que fijara posición sobre los méritos de ambos recursos. En cumplimiento, el Procurador presentó oportuno Alegato del
Gobierno de Puerto Rico con relación a cada uno de los recursos

pr e sentados por la OCE

. Contando con las posiciones de las partes , estamos en condiciones
de decidi r.
II. Exposición de Derecho

a.
Comenzamos señalando que tenemos ante nosotros una controversia esencialmente de derecho, pues la vista realizada ant e el T PI fue argumentativa, y contamos con los documentos (imágenes) que el foro a

quo apreció para llegar a su conclusión 13

. A su v e z, en el proceso administrativo llevado a cabo ante la OCE, que precedió la vista celebrada ante el TPI, también se prescind ió de considerar prueba testifical, limitándose a la valoración de las imágenes de los objetos aludidos , basando la determinación e n una i nterpretación de derecho

.

12 En esta R esolución se hizo c onstar que el juez a quí ponente, Hon. Adames S oto , hubi ese ordenado la paralización de los efectos de la Sentencia apelada, según lo solici tó la OCE. 13 Claro, l a apreciación de las imágenes u objetos por e l TPI supera el marco de una vista meramente argumentativ a , pues necesa riamente fue evaluada dich a pru eba documental

. E n cualquier caso, lo cierto es que estamos en idéntica posición que el foro primario para aquilatar tal tip o de prueba. Garc ía Reyes v. C ruz Auto Corp. , 173 DPR 870, 89 5 (2008); Castrillo v. Ma ldonado 95 DPR 885, 889 (1969).KL AN202400173 cons KLAN20240032 4 10

b.
Entrados propiamente en la discusión del derecho a aplicar , cabe
iniciar me nci onando que la ba se principal de la veda electoral ubica en la
Constitución de Puerto Rico. En específico , la Sección 9 del Art. VI de

nuestra Constitución manda que: solo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funci onamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley

. LPRA , T omo 1

. A partir de l texto citado, nu e stro T ribunal Supremo ha manifestado

que , desde sus inicios , la veda electoral tuvo como propósito prohibir la
utilización d e fond os públicos para hacer campaña política . Este principio, a su vez, responde al postulado de igualdad inmerso en nuestra

Con st i tución , que persigue lograr una paridad económica entre los partidos políticos para la divulgación de ideas y mensajes en nu estro país. Miranda

v. CEE , 141 DPR 775 (1996); P.N.P. v. Tribunal Electoral , 104 DPR 741 (1976); Marrero v. Mun. De Morovis , 115 D P R 643 (1984). El aludido concepto de igualdad económica con relación a la distribución de fondos públicos en el proceso elec toral impide que un partido que ostente el poder de gobernar al pueblo en un momento dado utilice tales fondos para hacer

campa ñ a p o lítica. Íd

.

c. Una vez resaltado lo anterior, y s egún certeramente lo señaló el
Procurador en el Alegato del Gobierno de Puerto R ic o, KLAN202400173, conviene notar que el Artículo 14.6 del Código Electoral de 2020 enmendó la Ley Núm. 222 , a los fi n es de añadir el Artículo 10.006 sobre gastos de difusión pública del Gobierno de Puerto Rico en año de elecciones generales , actual artic ulado que establece la llama da veda electoral . Así
enmendad o , e l referid o artículo dispone al presente como sigue:

“( 2 ) Durante el año en que se realice una elección general se prohíbe a todo departamento, agencia , negociado,KL AN202400 173 cons KLAN202400324 11

junta, oficina, dependencia y corporación pública adscrita a la Rama Ejecutiva ; a los gobiernos municipales; a la Asamblea Legislativa y a todos lo s c omponentes de la Rama Judicial a desembolsar fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico con el propósito de exponer logro s, realizacio nes, proyecciones, planes o mensajes y contenidos con fines políticos

- partidistas o electorales que busquen resaltar, d es tacar o desfavore cer a un aspirante, candidato o funcionario electo, partido político o comité sin que previamente se haya solicitado a utorización a la Oficina del Contralor Electoral dentro de los términos, los procedimientos y los requisitos ordinario s q ue para tales fines se hayan establecido en el reglamento de “Fiscalización de Gastos de Difusión Pública”. Esta prohibici ón está dirig ida a la compra de tiempo y espacio en los medios de comunicación y difusión, así como a la compra y la distribución d e m ateriales propaga ndísticos o promocionales.” ( É n fasis provisto )

. L a prohibición contenida en el estatuto citado tuvo su origen en el derogado Artículo 3

- 014 del Código Electoral de Puerto Rico de 1974, Ley

Núm. 1 de 13 de febrero de 1974, 16 LPRA sec. 20 94. Es de suma importancia destacar que, aunque con algunas variaciones, la referida prohibición (veda electoral) ha sido incorporada e n todas las leyes electorales posteriores a 1974

. Miranda v. CEE , 141 DPR 775 ( 1996 )

. A su vez, bajo el poder deleg a do a la OCE para ap robar un Reglamento de Gastos de Fiscalización de Difusión Pública 14 , el 6 de julio de 2020 fue aprobado e l R eglamento Núm. 39 , (Reglamento 39) . En la Secci ón 1.5 de dicho Reglamento, seg ú n enmendado , bajo Definiciones , se disp one , en lo pertinente, l o sigu iente: Las palabras y frases usadas en este Reglamento se interpretarán según el contexto en que sean usadas y tendrán el si gnificado aceptado por el uso común y corriente o aquel significado que le adscriba la Ley 222

- 2011, según
enmen d ada. Los siguiente s términos usados en este Reglamento tendrán el significado que a continuación se expresa:

1. Anuncio

– soporte visual o au dit ivo en que se transmite o difunde un mensaje al público a partir del 1ro. de enero de cada año de elec ciones gen e rales y hasta que
s e haya completado el escrutinio general de esta y se hayan certificado sus resultados oficiales y finales. Incluye tod o m ate rial que sirva como soporte visual o

14 Art. 1 0.006 (1) de la Ley Núm. 2 22 , 16 LPRA SEC. 630(F)(1).KL AN202400173 cons KLAN20240032 4 12

auditivo que haya sido comprado, adquirido, producido
o m ontado previo al a ñ o en que celebre la elección general. Ejemplo:

. . . letreros anunciando obras en las vías públicas, pautas en medios de comunicación, en tre otros

. 2.

. . . 3. Artículos de promoción

– Se refiere a cualquier artículo que sirva para llevar un anuncio , tales co m o pegatinas, tazas, vasos, bolígrafos, “ pen drives ” , libretas, cartapacios, camisas, uniformes, abrigos, prendedores, postales, carteles, cruzacalles, c alc omanías, flyers , hojas sueltas, calcomanías, papel timbrado, tarjetas de presentación, entre o tros, a un cuando hayan sid o adquiridos en periodos anteriores al año electoral.

Además, la Sección 2.10(2) del mismo Reglamento, dispone que todo anuncio qu e s e presente a la consideración de la OCE deberá cumplir con , entre otros, lo siguiente:

(2) En la com b inación de colores usada no podrán dominar el color, en cualquiera de sus tonalidades , d e un partido político inscrito ante la Comisión E statal de Elecciones. (Énfasis provisto).

P or cuanto , como adve rtimos, la veda electoral ha s ido
consistentement e sostenida por el L egislador , de manera casi idéntica , a lo largo de décadas, esto le ha permitido a nuestro Tri bunal Supremo t ener ampli a oportunidad para interpretarla, dejando para beneficio de los foros
de men or jerarq uía un rastro del ejerc icio herme n éutico a los que

at enernos
. A sí , por ejemplo, en un razonado voto disidente sobre el tema, e l juez Negrón Gar cí a caracterizó la prohibi ción contenida en el estatuto como amplia

. P

. P

. D

. v. Junta Revisora Electoral , supra
. De manera muy previsora,

- y en l o que eventualmente se constituiría en la posición mayoritaria del Tribunal Supremo

- , e n ese mismo voto disiden te el juez Negrón García

en umeró tres factores que , a su juicio, encarnan el principio de alta moralidad en la administración pública i mpulsa do c on la veda electoral : (a)
directamente evitar que las agencias gu bernamentales usando fondosKL AN202400 173 cons KLAN202400324 13

públicos y so pret ext o de exponer sus ejecuto rias o planes , realicen solapadamente campaña en favor del partido político en poder y aquellos incumbentes que aspira n nue vamente a ser el ectos ; (2) reducir ventajas reconocidas que gozan los candidatos incumbentes

― a través del

acc eso a los electores y p úblico en general por medio de televisión, prensa y
radio

― que el solo ejercicio y exposición del cargo conlleva sobre sus opositores; e (3 ) indirectamente, frenar los excesos y economizar al erario público y a los contribuyentes l os gastos ordinarios de p ublicidad en año
eleccionario. (Énfasis y subrayado provistos). Íd

. , pág. 467. A pocos años de lo anterior, en Romero Barceló v. Her nández Agosto , 115 DPR 368 (1984), se nos dijo que el estatuto que contiene la veda
electoral , r

efleja el interés en des continuar durante el periodo eleccionario la práctica de las agencias gubernamentales de hacer campaña política
med iante la publicació n de anuncios sobre sus logros y planes . (Énfasis provisto).
Más adelante , en C

. E

. E

. v. Dpto. de Estado , 134 DPR 927 (1993), al precisar sobre el alcance de la prohibición de anuncios gubernamentales contenida en la ley, el alto Foro a dvirtió que de su

nom enclatura surgía inequívocamente la intención legislativa de excluir definitivamente del proc eso político la influenc ia solapada que el partido en el poder pueda tener mediante el uso de los anuncios gubernamentales

. (Énfasis y subraya do pr ovisto s ). Dijo, además, que para que se logre dicha clara intención legislativa , estaban compelidos a interpr eta r el alcance del esta tuto bajo examen de modo que prevalezca la importante política pública que lo inspira , evitando así conceder un amplio margen a las agencia s y departamentos para obviar o derrotar la política pública allí encarnada. (Énfasis y
subra yad o y provistos). Íd

. E n la misma Opinión, nuevamente el juez Negrón García, esta vez mediante un voto de conformidad , advirtió que , conKL AN202400173 cons KLAN20240032 4 14

r efe renci a a los anunc ios político

- partidistas que intentan colocar las agencias gube rnamentales en época elecciona ria ; las agencias de public idad cuentan con expertos conocedores de la conducta humana. Ideas, imágenes, detalles visuales y gráficos aparente men te insignificantes pueden esconder solapadamente un mensaje político . Por lo tanto, no podemos abstraernos de l os adelantos de la industri a de las comunicaciones y del desarrollo de complejas técnicas para encubrir mensajes

. (Énfasis y subrayado provist o s )

. Íd , pág. 944. En la esencial Opinión plasmada en Miranda v. C

. E

. E

. , supra , en su pág. 788 , el Tribunal Supremo, luego d e a dvertir sobre la deferencia que merecen las interpretaciones de derecho provenientes de la agencia a cuyo cargo está la apl ica ción de la veda el ectoral , (asunto en el que nos detendremos más adelante), admitió la interpretación expandida dada por el for o p rimario al significado de anuncio contenido en el estatuto

. (Énfasis y subrayado provistos). Cónsono con lo cual, zanjó que , e n

ate nción al cump limiento con el propósito legislativo perseguido con el establecimiento de la veda electoral, era p roc edente interpretar con amplitud la expresión medios de difusión, para lo cual pasó a citar el extracto del voto concurrente del juez Neg rón García , que cit amos en el párrafo que antecede, añadiendo que la publicidad es el arte de dar a
conocer las excele nci as de un artículo , de un servicio o de una idea, por todos los medios imaginables

... carteles, letreros luminosos ... y todo
cuanto pue da llama r l a atención del presunto cliente o adepto . Además, afirmó que, bajo el concepto anuncios de esta legislación , han si do
incluidos : p egatinas (bumper stikers), rótulos, zafacones con emblemas y
anuncios en camisetas

. (Énfasis provisto). Íd , págs. 7 91

- 792. Valga
resaltar que el juez Negrón García, una vez más, incluyó una aguda
declaración en otro voto de conformidad, a dvi rtiendo que no es válido ni permisible el uso de fondos públicos para anuncios y campañas publicitariasKL AN202400 173 cons KLAN202400324 15

propagandistas de carácter po lític o

- p artidista, sea clara, indirecta, sutil,
disimulada

, sofisticada o esté entremezclada con actividades informativa s l egítimas . ( É nfa sis provisto). Íd , pág. 794.

En PPD v

. Gobernador I , 139 DPR 643 , 690 (1995), se indicó que cuando el Gobierno, en el ejercicio de su fa cultad o deber de informar a la ciudadanía, utiliza o incorpora símbolos, emblemas, colores , fotografías o
le mas de nat uraleza político

- partidista, estamos impedidos constitucionalmente de reconocerle fin público alguno a dicha expresi ón gube rnamental

. Tam poco podemos reconocer validez constitucional a cualquier expresión gubernamental difundida mediante uso
d e f ondos públ icos cuando ésta claramente constituye un subterfugio para conferir una ventaja a un candidato o a un partido políti co , o para adelantar sus intereses . (Énfasis provisto). Tanto en la Opinión mayoritaria, como en las tre s Opiniones con currentes emitidas po r los jueces Negrón García, Hernández Denton, y Fuster Be r li n ge ri, y la Opinión concurrente y disidente del juez Re bo ll o Ló pez , se r esalt ó la importancia de
considerar los colores que se utilizan en los anuncios gubernamentales

co mo medios para encubrir ca mpañas de corte político

- partidista , de manera solapada. Ver , por ejemplo, las páginas 729, 749, 784, 788, 806 y
807. A cudiendo a las palabras d el juez Fuster Be r lingeri en su Opinión concurrente, [ e

] l problema que se plantea en lo s casos de autos es preci samente el de anuncios políticos que se disfrazan com o auténtica comunicación gubernamental . Se trata de un problema qu e no se puede
resolver adecuadamente si no se extirpa de raíz la posibilidad misma de aprovechar políticament e e l anuncio oficial. A ning ún funcionario público más o menos avezado se le ocurriría usar los fondos gubernamentales para pagar anuncio s crudam en te políticos

. Lo que se hace más bien es aprovecha r la zona gris de los anuncios para insertar solapados cont eni dos políticos

. (Énfasis p rovisto). Íd., p ág. 795.KL AN202400173 cons KLAN20240032 4 16

E st a vez en una Sentencia , P

. N

. P

. v. Hon. Sila M. Calderón , 162 DPR 239 (2004), se no s narra en e l vo to disidente emitido por el juez Efraín Rivera Pérez, que el P.N.P., como parte demandante

- peticionaria, solic itó
como remedio al TPI, entre otros, que impidiera el uso de los colores rojo y amarillo en los anuncios gubernamentales donde ap areciera el
nombre de la Gobernadora . Ello por cuanto la d emandada había utilizado como colores distintivos de su campaña el r ojo y el amarillo

e n diferentes tonalida des , además del color distintivo del P
. P
. D ., el rojo y el blanco

. (Énfasis y subrayado pro vistos). Lue go de este mismo juez recalcar sobre toda la jurisprudencia que precedía , relativa a los principios

que debían dirigir l a i nterpretac ión de l e statuto que establecía la veda
electora l , aseveró que en estos casos la evaluación de la conducta gube rnamenta l impugnada t enía qu e realizarse en su TOTALIDAD. (Mayúsculas en el origina l ). Íd , pág. 295. A renglón seguido, pasó a hacer

un análisis sobre una multiplicidad de anuncios colocados por distintas

age ncias gubernamentales en diferentes medios públi cos, con clu y endo que,

aunque tenían un mensaje que podría , de una forma u otra , perseguir un mensaje público, no podían estar enmarc ado s como par te de un mensaje político partidista, con fotografías del gobernante, con los
colores que usó de distintivo en su campa ña política , con un tema claramente de corte polít ico

- partidista

. ( Énfasis y subrayado provistos). Enfatizó en que los mensa jes políticos , fotografías del gobernante y sus colores distintivos en la arena política en la campaña gubernamental

, era co ntraria al f

in público

. (Énf

asis provisto). Íd

. El juez , cuya disidencia seguimos expon iendo , con clu y ó que,
analizada la TOTALIDAD de la cam paña impugnada, esta reflejaba claramente un carácter político

- partidista, que no era disimulada, sutil , ni
indir ecta

. Dicho lo cual c erró su ponencia con la siguiente e xpresión, [ l ] a justicia debe ser inmaculada no sólo en su realidad sino tambi én en suKL AN202400 173 cons KLAN202400324 17

a pariencia externa. Sobre este particular es de vital importancia la
consistencia. Ser consistente nos brinda tran quilid ad d e conciencia.
La i nconsistencia puede resultar en la injusticia

. (Énfasis provisto). Íd , págs. 313

- 315.
En resumidas cuent as , el ref erido voto disidente result ó en una clara
convocatoria a nuestro Tribunal Supremo para que procurara la aplicació n
cohe rente, firme , estable e igual de los criterios par a evaluar si un anuncio gubernamental infri nge la veda electoral , cuando est é en el pod er un partido político u otro , sin hacer acepción por partido s 15
. En Acevedo Vilá v. C.E.E

. , 172 DPR 971 (2007), el Tr ibun al Su premo

retoma la ruta emprendida de velar porque se cumpla el prop ósito legislativo que ha inspirado por tantos añ o s la veda elec t oral. En este caso, le correspondió al alto Foro determinar el alcance de la frase gastos para l a

c ompra de tiempo y e spacio en los medios de difusión pública . Con mayo r particularidad, la controversia fue identificada de la siguiente manera,
dete rminar s i el estatuto que prohíbe la difusión de anuncios gubernamentales en periodos de veda electoral, deb e interpretarse

amp liam ente para hacer cumplir su propósito legislativo o si, en cambio, debe interpretarse de forma restrictiva por contener dispos iciones de naturaleza punitiva

. (Énfasis y subrayado provisto s ). Íd

. Luego de examinar la jurisprudencia que precedía, en torno a cómo se
deb ía interpretar la ley que impone la veda electoral, el Tribuna l Supremo concluyó , sin ambages , que, ante la clara i ntención legislativa de proteger el principio de igualdad electoral, resulta inevitable concluir que, ind epe ndientemente de las con secuencias que pueda

15 Al analiza r este caso, el p rofesor J.J . Álvarez González afirmó, entre otras, que parecía que con esta Sentencia el Tribunal Supremo había abandonado la cruzada comenzada e n la jurisprudencia que le precedía, aludiendo al análisis amplio dado a los cas os relativos a la veda electora l. En particular, en cuanto al uso de los colores en los anuncios de gobierno, indicó que resultaba in dispu table que la entonces alcaldesa, y lue go gobernadora, Sila M. Calderón usaba el amarillo como color distintivo . A lo q ue añadió

“ [t]o do el que haya e s tado en el País desde entonces sabe que ese patrón continuó. ” J.J. Álvarez González, supra , en las págs. 603 y 606.KL AN202400173 cons KLAN20240032 4 18
tener la infracción del estatuto, el alcance que se le ha atribuido es amplio

. Íd., pág. 987. En ese cas o se aña dió que , [a]un cuando reconocemos que el razonamiento del Tribunal de Apelaciones es cónsono

con una lectura literal de l texto de la ley, estamos impedidos de acogerlo

p or entender que no está en armonía con nuestra jurisprudencia interpretativa so bre el a lcance, propósito y contenido de la veda
electoral

. ( Énfasis y subrayado provistos )

. Íd ., pág. 98 8. Es decir, el
Tribun al S upremo se decantó , una vez más, en favor de una interpretación amplia, no restringida de la ley que establece la veda
elector al, dand o así prominencia al consistente propósito expresado por el Legislador a trav és del tiempo

. En d efi nitiva, a lo largo de décadas de interpretación de los distintos

esta tutos que contienen la veda electoral por nuestro Tribunal Supremo , prevalec e u na inter pretación amplia, expansiva que logre alcanzar el claro propósito legislativo sobre este mandato rei terado 16 . Además, si n
du da, los colores utilizados en los anuncios, entre otros criterios, son pieza esencial al verificar si, de manera solapada, un a agenci a pública está transmitiendo un mensaje político partidista, por sutil o disimulado que pretenda ser
. d.
El Art. 11.00 3 de la Ley Núm. 222, 16 LPRA sec. 631(c) específi camente identifica los criterios de revisión que los tribunales
debemos obser va r al exa minar las determinaciones surgidas de la OCE. En lo particular , el referido artículo dispone lo s igu iente:

Las determ inac iones de la Oficina del Contralor Electoral al amparo de este cap ítulo se sostendrán de existir evidencia sustancial que obre en el e xpediente administrativo. Las determinaciones de derecho serán revisables en todos sus aspectos , con la debida deferenc ia a la interpretación que haga la Oficina del Con tralor Electoral al amparo de este capítulo al

16 Esta es la conclusi ó n a l a q ue también lle ga el pro fesor J. M . Farinacci Fernós en su muy ilustrado artículo de revista titulado La Veda Electoral . 54 Rev. Jur. U. Inter P.R. 27.KL AN202400 173 cons KLAN202400324 19

administrar e implementar este c apítulo y los reglamentos promulgados al amparo del mismo

. (Énfasis y subrayado provisto s ).

Cabe dist ing uir tal p or ción de la L ey 22 2 citada , de l o que dispone la
Sección 4.5 de la Ley Núm. 38

- 2017 , según enmendada, Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Go bierno de Puerto Rico, (LPAU), 3 LPRA sec. 9675, en la que se establece que “[l ] as conclusion e s de
derech o s erán re visables en todos sus aspectos por el tribunal” . Nótese que
la Sección 4. 5 de la L PAU citada no hace alusión alguna a que se
muestre d eferencia por la interpretación que ofrezcan las agenci as
administrativas sobre sus leyes orgánicas o reglamentos

. E s d ecir que,

c ontrario a l o que d ispone la LPAU , en el Art. 11.003 de la Ley Nú m. 222

antes citado , (veda electoral), el Legislador incluyó expresamente que , aunque también las determinaciones de derecho serán revisables en tod os sus aspectos , tal ejercicio r evisor

- judicial necesariamente habrá de hacerse

co n la debida deferencia a l a interpretación que haga la Oficina del
Contralor Electoral al amparo de este capítulo al administrar e implementar este capítulo y los reglamentos promulgados al amparo
del mismo
. ( É nfasis y sub rayado provistos )

. En consecuencia , juzgamos qu e, aunque sin renunciar a nuestr a función interpr eta tiva de la ley, por m andato de l Art. 11.003 de la Ley

Nú m. 222 , los foros rev isor es estamos llamados a no minimizar, eludir o despreciar las interpretaciones que sobre la veda electoral prov engan de la

OCE , pues ello daría al traste con el clar o mandato legislativ o re saltado

. Dicho lo anterior , ( sobre la norma a s egu ir en el ejercicio revisor de los casos provenientes de la OCE ) , de todo s mo dos , juzgamos ilustrativo indicar que contamos con abundante jurispruden cia que explica que, aún
al revisar las determinaciones de lo s dictámenes finales de las agencias bajo la LP AU , los tribunales apelativos han de conceder gran deferencia yKL AN202400173 cons KLAN20240032 4 20

consider

aci ón a las decisiones de los organismos administr ativos en vista de
la vast a experiencia y conocimiento especializado

. Graciani Rodrígue z v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 12 6 ( 2019); Mun. de San Juan v.
Plaza Las Américas , 169 DPR 310, 323 (2006); Hern ández Álvarez v. Centro

Unido , 168 DPR 592, 615

– 616 (2006). Por lo tanto , los tribunales deben ser
cautelosos al intervenir con las d ecisiones administrativas

. Metropolitana,

S. E. v. A.R.P.E. , 138 DPR 200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell , 131

DP R 275, 289

– 290 (1992). Por lo que , los tribunales revisores no tienen la
lib ertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e int erpretaciones de las agencias

. Otero v. Toyo ta , 163 DPR 716, 729 (2005).

J uzgamos útil, además, recurrir a las expresi ones que sobre la revisión judicial l levó a cabo nuestro Tribunal Supremo en Miranda v

. C.E.E. , supra , siendo la controversia de derecho allí enfrentada análoga a la presentada

en e l c aso ante nosotros, en tanto correspondió verificar la extensión d el sign ificado de anuncio en el estatuto que establecía l a veda electoral

entonces

. Tal como en el caso ante nuestra consideración, en Miranda v. C.E.E. ,
supra , nuestro Tribunal Supremo ide ntificó que la determinació n cuya
revisión se solicitaba fue una fundame ntada en una interpretación de
derecho . Ante lo cual llamó la atención al he cho de que, por ser los tribunales la autoridad final en la in terpretación de estatutos y, en
cuestiones de derecho, poseen la facultad para revisar sin sujeción a un
criterio o un a norma
. Íd., pág. 787, citando a D. Fernández Quiñones,
Derecho Administrat ivo y Ley Uniforme de Procedimiento Administrativo , 1ra ed., B ogotá, Ed. Forum , 1993 , pág. 545. Sin embar go, de inmediato el
mismo alto Foro advirtió que también se ha reconocido q ue la s agencias son instrumentos necesarios para la interpretación de la ley , por lo que los tribunales prestarán su deferencia a éstas

. ( Énfasis provisto). Íd

.KL AN202400 173 cons KLAN202400324 21

A tenor , el mismo Fo ro de mayor jerarquía puntualiz ó que los tribunales debemos conceder gran p eso y deferencia a las interpretaciones que los organismos administrativos r ealizan de las leyes y los reglamentos que administran, por lo que no p odemos descartar libremente las

co ncl usiones e interpretaci ones de la s agencia s , sustituyendo el
criterio de e stas por el propio

. (Énfasis provisto). Empresas Ferrer v.

A.R.Pe

. , 172 DPR 254, 266 (2007). Así, si la interpretación de la ley o reglam ento que realiza determinada agencia admini str ativa es razonable, aunque no sea la única razonable, los tribunales deb emos concederle
deferencia. Íd . Más aún, los tribunales podrán sustituir el criterio de la agencia por el suyo únicamente cuando no encuen tren una base ra cional para explicar la det erm inación administrativa. Íd

. III
. Aplicación del Derecho a los hechos

a.
El racional adoptado por el TPI para revocar a la OCE en las dos
Sentencia

s ap eladas fue que , un examen del derecho aplicable no permite concluir que los objetos present ados por el DF para ser autoriz ados
constitu yan anuncio s , según tal concepto es definid o por la Ley Núm. 22 2 y el Reglamento 39 , por cuanto no contienen mensaje de c lase a lguna,
si mplemente identifican a la agencia . E llo, af irm ó el tribunal a quo ,
porque las camisas, jackets , telón de fondo y bande rines no tiene n algún tipo de mensaje qu e de algu na manera pueda aludi r a algún logro,
realizació n, proyección, plan o mensaje que favorezca al PNP 17

. Sobre lo anterior, no podemo s evitar iniciar señalando que , habría que
hacer un esfuerzo enorme p ara no perca tarse de la predominancia del azul

en cada uno de los objetos aludidos, siendo tal color , en una de sus
tonalidades , l a c onstante hegemónica

. El uso predomina nte de una de las
tonalidad es del color azul en los artículos referidos , junto al

17 Anejo VII del recurso de apelación del KLAN202400173 , pág. 415; Anejo V del recurso de apelación del KL

AN2024 00324, pág. 1 28.KL AN202400173 cons KLAN20240032 4 22
estampado del Departamen to de la Familia , el logo ofi c i al d el
Gobierno de Puert o Rico , utilizados en actividades oficia les gubernamentales, por empleados públicos , const i tuyen el mensaje qu e
se des e a transmitir a las personas expuestas a ellos , relacionando la obra de gobier no qu e s e realiza en la actividad o ficial , con el partido político que ostenta el Poder Ejecutivo , el P
. N
. P

. P recisamente esta fue la situación que el Le gislador se propuso extirpar al reitera rse en la prohibición prevista en la veda elec toral, p r eviendo que el partido que

ostent e el po der pretend a , aunque sea de manera s olapada , disimulada, utilizar fondos públicos para adelantar su consigna po lítica en plena campaña ele cci onaria. En lo que supone un retroceso de década s sobre la manera amp lia o interpr etación expand ida que la jurispruden cia ha d ado a l concepto anuncio gubernamental para fines de la veda electora l en C EE v. Dpto

. d e Estado ,
supra; Miranda v. CEE , supra; y Acevedo Vilá v. CEE , supra, tant o el TPI, como el Procurador, han decidi do a ferra rse a la interpretación más

estrec h a o restrictiva posible de dich o concepto , frustra ndo el propósito legislativ o de la veda electoral

. De esta manera , lo s apelados parecen

ra zonar , bajo la acep ción de anuncio gubernamental que promueven ante
nosotros, que cabe identifica r infracción a la veda electoral solo en casos donde las agencias públic as expresamente incluy a n un mens aje político e n
los materi ales que utilizan en sus acti vidades oficiales , ent en d ido mensaje
como la manifestación escrita expresa del con tenido polí tico partidista que

se qui era transmitir

. Repetimos, esto es paten temente contrario a l a interpretaci ón que so b re el concepto anuncio ha elaborado nuestro Tribunal Supremo, avala n do la expan si ón de la prohibi ción a toda forma de
anuncio , Miranda v. CEE , supra, recha zando expresamen te la interpretaci ón restrictiva de dicho concepto , y , al contrario,
decant ándose en favor de una interpretaci ó n amplia del mismo. Aceved oKL AN202400 173 cons KLAN202400324 23

Vil á v. CEE , supr a. I g nor ó el T PI, adem ás, las constantes advertencia s d e
nuestro Tr ib unal Suprem o sobre los int ento s de los gobernantes de distintos signos políticos, de inf luenciar a los electores a través de ide as, detalles visuales, colores, y gráfi cos apar entemente i nsi

g nificantes que
bus can esconder s olapadamente un mens aje político , aunque lo disimulen a
través d e actividades informativas legítimas

. ( Énfasis y subrayado provis to s )

. C

EE v. Dpto

. de Estado , supra; Miranda v. CEE , supra; Acevedo
Vilá v. CEE , supra
. La repetida admonición de nuestro Tribunal Supremo al

acent uar que debemo s velar por el cumplimient o de l prop ósito legislativo plasmado en la veda electoral , deb ió de h aber a ler tado al juzgador a quo
sobre las técnicas publicitarias que uti lizan las a gencias para encubrir mensajes de corte político partidista

. b. Detengámonos en l a d escripción de cada uno los artículo s examinados por la OC E , y que este no aprobó como sus ce ptibles de ser utilizados por el

DF durante el periodo de veda electo ral

.KL AN202400173 cons KLAN20240032 4 24

Como se observa , e ste jacket tiene una sola tonalidad d e azul

. A demás , a la a ltura del pecho, en el área del corazón, tiene el logo del Gobierno d e
Puerto Rico , ( como parte de dicho logo se utilizan varios colores, cuya

pr esen cia es mín ima con relaci ón al azul de fondo ) , junto a l nombre Departament o de la Familia , escrito en letras mayús c ulas, aunque Familia
en un tamaño de letr a más grande 18

. E n el caso del jacket , resulta di fícil o imposible evadir la pre dominancia del col or azul. I gual conclusión a plica a
la camisa con botones.

18 Anejo 1 del recurso de apelación , KLAN202400173 , págs. 18 y 19

.KL AN202400 173 cons KLAN202400324 25KL AN202400173 cons KLAN20240032 4 26

Así tambié n , en las camisetas ilustradas ( con o sin mangas ) resulta indiscutible que el color predominante es el azul , y e sto a pesar de que en

sus c ostados también llev a n verde

. S emejante a l jacket descrito , las
camisas ll evan el logo del Gobierno d e Puerto Rico , ( con lo s colores
d istintivos del l ogo , cuya presen cia es mínima con relación al azul de
fondo ) , y en el pecho, lado del cora zón, apa rece e l nombre Departament o de
la Familia , escrito en letras mayúsc ulas, aunq ue Fa milia en un tamaño de
letra más grande 19

.

19 Íd ., págs. 20 y 2 1.KL AN202400 173 cons KLAN202400324 27

Finalmente, t anto en los banderines, como en el telón de fondo, resulta obvia, una vez más, la predomina ncia del azul, que si gue tonalida d es semejantes a la de los artículos pr eviame nte descritos. En ambos aparece el logo del Go bierno de Puerto Rico y el nombre Departamento de la Familia , según fueron descritos estos en los art ículos anteriores. En el bander ín , e n particular, el logo del G obierno de Puerto Rico resulta de mayo r proporción al comparár sele con el que llevan e l jack et y la camiseta, pero sin que ello

a fect e de manera alguna el fondo predomina ntemente azul 20

.

c. Según a delant amos , a l sopesar la tota lidad de los asuntos que acompaña n la utiliza ción de dic hos artí culos , y como se pretende seguir
utilizando durante el periodo de ve d a electoral , es inescapabl e la conclusión de que el uso de estos , por empleados del Departamento de la
Familia , duran te act os oficiales d e dicha agencia , t endrá o p uede tener el

20 Ver páginas 18, 19 y 35 del r ecurso de apelación , KLAN2024003 24.KL AN202400173 cons KLAN20240032 4 28

efecto de lograr la vinculación de los colores, logo , acti vidad oficial y agencia , con el gobierno que os tenta actualmente el poder, el PNP , y se
encuentra en medio de una campaña eleccionaria en que i n teresa ser reelegido

. Bajo esta óptica , la imagen del total de tales elementos ( color de los artículos, logo del gobie rno, nomb re del DF, empleados públicos as í
vesti dos ) , a los que el DF expone a todas las personas que acudan a recibir
sus servicio s , es capaz de d ifundir, propa gar y divulgar un me nsaje de corte pol í ti co partidista , aunque ta l mensaje sea solapado, sutil, v incula ndo la obra de gob ierno ( servicio s del DF ) , con el partido que lo ejerce , PNP

. N o resulta casual, arbitrario, o cándido qu e , en tre toda l a paleta de colores que el Dep artamento de la Familia pudo es coger como col or predominant e en cada uno de lo s artículos descritos , eligiera el azul , colo r que está hinca do en nuestra tradición política co mo el que utiliza e l PNP

para promove r su ideario

. S obre lo mismo, tampoco hay fue nte legal o reglamentaria alguna que el DF pu eda esgrimir q ue j ustifi que la elecci ó n
d el color azul de fo rma predominante en cada uno de los art í culos qu e se dispone a utilizar en las actividades oficiales , sobr e cua lquier otro color

. C abe aquí exclamar que l os jueces no vivim os en u n vacío, sabe mo s lo que el resto de la comunidad sabe

. (Énfasis provisto). Pueblo v. Marrero , 79 DPR 649, 658 (1956). Y lo que el resto de la comunidad sabe es que el PNP como parti do po lítico está tan identificado con el colo r azul, como el

P P D lo está con el color rojo y e l P I P 21 con el color verde

. Precisamente por lo explica d o fue que en P.N.P. v. Hon. Sila M.
Calderón , supra, el P NP sol icitó al Tr ibunal que a l a ex goberna dora allí
de m andada se le impidiera utilizar la comb inación del rojo y amarillo, con sus distintas tonalidades, en anunci os gubernamentales, p ues se l e imputaba haberlos utilizad o previamente en su campaña política. En e ste sentido, dicho partido político reconoció en esa ocasión el gran peso que

21 Partido Indepen dentista Puerto rriqueño.KL AN202400 173 cons KLAN202400324 29

tiene en e l imaginario del pueblo puertorr iqueño la identif icación de un partid o o candidato polític o con u nos colo res en específico en actividades de gobierno , tal como la juris prudencia q ue precedía a dicho caso lo venía
h a c iendo de manera consistente

. Fue c on ref erencia a este asunto que el

pro fesor J.J. Alvarado González l lamó la atención a que todo el que haya
estado en el País sabía , era notorio e indisputabl e que la entonce s gobernadora utilizaba el amarillo como su colo r distintivo de campaña política 22

. De la misma manera, sin duda, cabría afirmar aquí que todo el

que e s té en el País en la actuali dad s ab e el sig nificado de la predominancia
del color azul en artícu los utiliz ados por la s agencias públicas en
actividades of

iciales , máxime cuando al color se le ac ompaña la identificación del gobierno que o stenta el poder, a travé s del lo go oficial del
Gobiern o de Puerto Rico y el nombre de la agencia que se encuentra
ofreciendo los servicios

. Juzgamos que la deferenc ia que nos convoca el Legislad or a mo str ar por las determi na ciones de derecho proveniente s de la OCE so bre la s leyes

que le corres ponde i nterpret ar, según expresament e lo dispone el Art. 11.003 de la Ley Núm. 222 , supra , debi ó ser motivo suficiente para qu e el

TPI inclinar a la bala nza en favor d e la decisión admini strativa cuya revocación pr omovió el DF , m áxim e c uando se trat ó de una actuac ión
ubic ada dentro del marco del poder que le fue delegado y consistente con la pol ítica pública legislativa, según est a ha sido reiteradamente int erpretada

po r nuestro Tribunal Supremo

. No obstante, a u n su perando la def erenci a a la determinación de la

O CE aludi da, y asu mien do la función principalísima de los tribunales que supone la interpretación del derecho, nos resul ta evidente que una
definición de anunci o en e l contexto descrito, que sea cónsona con el propós ito legislati vo que ins piró la ved a elect oral, y la jurisprude ncia que

22 J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional , 74 Rev. Ju r. U PR 597 , 606 (2005).KL AN202400173 cons KLAN20240032 4 30
guía su interpretación, también debió haber conducido a validar la

restr icción impuesta p or la OCE a los artículos presentados po r el DF para
autorización durante la veda elector al

. La muy res tricti va acepción de
anunci o acogi da por e l foro apelado e n este caso termina conced iendo amplio margen a las agenci a s y departamentos para obviar o derr otar la política pública , lo que precisa mente el T ri bunal Su premo nos co nvocó

a no permitir

. CEE v. Dpto de E stado , supra. La inte rpretac ión restric tiva de
anuncio dada por el TPI va a contraco rriente de la i nterpretación amplia que toda la jurisprudencia discutida ha dado a dicho término cuando es
utilizada en el contexto de la Ley Núm. 222

. A fin de cuent as, si el TPI esperaba que el DF i ncluyera un mensaje pol íti c o partid ista de manera

expresa e n los materiales bajo e xamen, eludió toda la jurisprudencia que
reiteradamente advierte sobre las tácticas pub licitaria s de las agencias de gobierno para , precisamente , colar el anuncio político de manera solapada

. Como señaló el juez Fuster Be r li n geri en su voto concurrente en PPD v.
Gobernador I

, supra, p ág. 795, a ningún funcionari o público más o menos avezado se le ocurriría usar los fondos guberna mentales para

pagar a nuncio s crudamen te políticos

. Lo qu e se hace más bien es aprovechar la zona gris de los anuncios para inserta r solapados

cont eni dos políticos

. ( Én fas is y subrayado pr ovist o s )

. Dispuesto lo anterior, se hace innecesario discutir el segundo
señalamien t o de error esgri mido por la OCE en el KL AN202400324.

I V
. Parte dispositiva
Por los fundamentos expuestos, R evoca mos ambas Sentencia s aquí apelada s. En co nsecu encia, se r eestablecen la s dete rminaciones de la OCE respecto a las prohibic iones de uti lizar los ar t ículos presentad os por el DF

para au torización

.KL AN202400 173 cons KLAN202400324 31

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secr etaria.
El Juez Bermúde z Torres disie nte sin opinión escrito.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones