Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

JOSUÉ ORTIZ COLÓN 

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACION 

Recurrida

KLRA202400074

Revisión Administrativa 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación, División 

de Remedios 

Administrativos 

Remedio Administrativo

Núm.: ICG-1721-2023 

Sobre:

Corrección Hoja de 

Control sobre 

Liquidación de 

Sentencias 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2024. 

Comparece el señor José Ortiz Colón (señor Ortiz Colón o 

recurrente) vía revisión administrativa para solicitar la revocación de la 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional emitida el 6 de 

diciembre de 2023 y notificada el 21 de diciembre de 2023 por la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR). Mediante el referido dictamen, la 

agencia recurrida denegó corregir la Hoja de Control sobre Liquidación 

de Sentencia del recurrente. Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, desestimamos el presente recurso por falta de 

jurisdicción. 

En síntesis, el caso de epígrafe trata de una Solicitud de Revisión 

de Decisión Administrativa presentada por el señor Ortiz Colón ante la 
KLRA202400074 2

División de Remedios Administrativos (División) del DCR. En esta 

petición, el recurrente adujo que un técnico de récord expidió una Hoja 

de Control sobre Liquidación de Sentencia, cuyo contenido establece 

que el 16 de agosto de 2024 cumplirá el periodo mínimo de su 

sentencia. Sin embargo, contiende que dicho documento debió indicar 

que cumplirá el término mínimo el 16 de enero de 2024 de conformidad 

a las enmiendas incorporadas al Código Penal a través de la Ley Núm. 

85-2022. Tras examinar la referida solicitud, el Evaluador de la

División determinó que la computación de la liquidación de sentencia 

es correcta.

En desacuerdo, el señor Ortiz Colón presentó una Solicitud de 

Reconsideración ante la División. Evaluados sus argumentos, la 

División denegó conceder la petición. Brevemente dispuso que el 

técnico de récord certificó que la liquidación de sentencia está correcta. 

Inconforme con el dictamen agencial, acudió ante nos mediante el 

recurso de epígrafe. En esencia, señaló que el DCR actuó arbitraria y 

caprichosamente al denegar la corrección de la liquidación de su 

sentencia.

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24) delimita la 

facultad revisora del Tribunal de Apelaciones. El Artículo 4.006 de la 

precitada ley permite recurrir al foro apelativo “[m]ediante recurso de 

revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas”. (4 LPRA sec. 24y). Cónsono con lo anterior, la 

Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 38-2017 (3 LPRA sec. 9672) dispone que una parte adversamente 
KLRA202400074 3

afectada por una orden o resolución final, que haya agotado todos los 

remedios administrativos, podrá presentar una solicitud de revisión ante 

el Tribunal de Apelaciones. Dicha sección, a su vez, establece que una 

determinación interlocutoria no será revisable ante el foro apelativo. En 

virtud de tales preceptos, la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA A. XXII- B, R. 56) limita la jurisdicción 

apelativa a la revisión de las determinaciones administrativas finales.

En esa dirección, la Sección 3.14 preceptúa los componentes 

distintivos de un dictamen final. En específico, esa disposición 

establece que una resolución u orden final debe incluir (1) 

determinaciones de hechos, (2) conclusiones de derecho y (3) una 

advertencia sobre el derecho a solicitar reconsideración o revisión 

judicial. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804 (2008). En armonía 

con tales criterios, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reitera que en 

el ámbito administrativo “una orden o resolución final tiene las 

características de una sentencia en un procedimiento judicial porque 

resuelve finalmente la cuestión litigiosa y de la misma puede apelarse 

o solicitarse revisión”. Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 

21, 29 (2006); J. Exam. Tec. Med. v. Elías et al, 144 DPR 483, 490 

(1998).

Este esquema jurídico procura el agotamiento de remedios 

administrativos, cuya finalidad posibilita la culminación de los casos 

ante la agencia previo a acudir al foro judicial. Acevedo v. Mun. de 

Aguadilla, 153 DPR 788 (2001). La aludida normativa doctrinal 

permite que la determinación objeto de revisión judicial refleje “la 

posición final de la entidad administrativa”. Íd., pág. 802. De tal modo, 

se evita que la parte interesada obvie “el procedimiento de revisión 
KLRA202400074 4

interna de la agencia a fin de acelerar la revisión judicial”. Mun. de 

Caguas v. At & T, 154 DPR 401, 407 (2001). Quiñones v. A.C.A.A., 102 

DPR 746, 749 (1974). 

Por otro lado, el DCR adoptó el Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros 

de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583, 4 de mayo de 

2015 (Reglamento Núm. 8583) en virtud del Plan de Reorganización

del Departamento de Corrección y Rehabilitación del 2011, Núm. 2-

2011. El precitado cuerpo reglamentario dispone que, al presentarse 

una solicitud de remedio administrativo, un Evaluador estaría a cargo 

de recopilar, recibir, evaluar y contestar la solicitud de remedio 

administrativo conforme a la respuesta emitida por el superintendente 

de la institución correccional. Regla IV (11), Reglamento Núm. 8583, 

supra. La respuesta administrativa consiste en un “[e]scrito emitido 

por el Evaluador, en el cual se contesta la solicitud del remedio 

administrativo radicada por el miembro de la población correccional”. 

Regla IV (20), Reglamento Núm. 8583, supra.

Si el confinado resulta inconforme con la respuesta del 

Evaluador, entonces le corresponde al Coordinador de la División 

emitir una determinación denominada Resolución de Reconsideración. 

Dicha resolución comprende un “[e]scrito emitido por el Coordinador, 

en el cual se contesta la solicitud de reconsideración acogida, radicada 

por el miembro de la población correccional”. Regla IV (21), 

Reglamento Núm. 8583, supra. Ese dictamen “deberá contener un (1)

breve resumen de los hechos que motivaron la solicitud, (2) el derecho 

aplicable y (3) la disposición o solución a la controversia planteada”. 

Íd. 
KLRA202400074 5

A tenor con los preceptos legales citados y la norma 

jurisprudencial gobernante, resulta evidente que nuestra facultad está 

limitada a revisar aquella Resolución de Reconsideración emitida por 

el Coordinador de la División. En aras de viabilizar nuestra facultad 

revisora, el dictamen administrativo debe exhibir determinaciones de 

hechos, conclusiones de derecho y la disposición de la controversia 

planteada tal como exige el Reglamento Núm. 8583, supra. Una 

resolución con tales elementos es susceptible de considerarse como 

final dentro del esquema administrativo, y, por tanto, queda sujeta a la 

revisión judicial.

En vista de lo anterior, reiteramos el pronunciamiento que 

emitimos en Vega Feliciano v. Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, KLRA2016–00453: la Regla XIV (4) y la Regla XV

(1) del Reglamento Núm. 8583, supra, son nulas, excepto en la parte 

que se concede treinta (30) días laborables al referido Coordinador para 

emitir su Resolución de Reconsideración. Estas disposiciones 

reglamentarias son incompatibles con nuestro ordenamiento 

administrativo y con las normas de autolimitación judicial, toda vez que 

permiten al DCR eludir su deber ministerial de emitir una 

determinación administrativa final. Asimismo, habilitan a los 

confinados a acudir ante este Tribunal de Apelaciones para solicitar 

revisión de una mera respuesta administrativa carente de

determinaciones de hechos, conclusiones de derecho, y sin disponer 

concreta y finalmente de la controversia mediante una resolución final.

Véanse, además, Rivera Díaz v. Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, KLAN202000654; Toro León v. Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, KLRA201800150; Serrano Casanova v. 
KLRA202400074 6

Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA201700588;

González Rivera v. Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

KLRA201601193; Jason O. Flores Torres v. Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, KLRA2016-00056; García Ojeda v. 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA201600786.

A la luz de la normativa de derecho administrativo esbozada, 

determinamos que no ostentamos jurisdicción para ejercer nuestras 

facultades revisoras en el caso presente. La determinación agencial 

recurrida no exhibe los elementos distintivos de una resolución final de 

conformidad a los parámetros establecidos en el Reglamento 8583, 

supra. Veamos.

Surge del expediente ante nuestra consideración, que el señor 

Ortiz Colón presentó una Solicitud de Reconsideración a los fines de 

que se atendiera su inconformidad en torno a una Respuesta emitida por 

el Evaluador de la División. Sometida dicha petición, entonces le 

correspondía al Coordinador de la División emitir una Respuesta de 

Reconsideración que incluyera determinaciones de hechos, 

conclusiones de derecho y la disposición de la controversia planteada. 

Sin embargo, no consta del expediente un dictamen con tales 

elementos. Ante tales circunstancias, nos encontramos imposibilitados 

de ejercer nuestra facultad revisora. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

epígrafe al amparo de la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA A. 

XXII- B, R. 83). Consecuentemente, devolvemos el caso al DCR para 

que en (30) días laborables el Coordinador de la División de Remedios 

emita una Resolución de Reconsideración que exhiba los componentes 
KLRA202400074 7

esenciales de un dictamen administrativo final susceptible a la revisión 

judicial.

Se ordena a la Secretaría a notificar copia de esta Sentencia al 

Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación y a la 

Procuradora General. Asimismo, el Secretario del Departamento 

deberá entregar copia de esta Sentencia al recurrente, en cualquier 

institución correccional donde éste se encuentre.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

La Jueza Álvarez Esnard disiente sin escrito.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones