Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL1

RAÚL E. VÁZQUEZ 

ROMÁN

Demandante - Peticionario

v.

BRISEIDA Y. DELGADO 

MIRANDA

Demandada - Recurrida

KLCE202400209

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Relaciones de 

Familia y Menores 

de Bayamón

Civil núm.: 

D FI2015-0050 

(3001)

Sobre: Filiación

Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el juez 

Pagán Ocasio y el juez Marrero Guerrero.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

Luego de unas vistas en las que se recibió prueba oral, el 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), de forma provisional, ordenó 

que las relaciones entre un padre y su hija de 9 años de edad

ocurriesen a través de visitas supervisadas en una institución. 

Según se explica en detalle a continuación, hemos determinado no 

intervenir con el dictamen recurrido, pues no se cometió un error de 

derecho y, de hecho, el peticionario realmente no impugna la 

razonabilidad de dicho dictamen.

I.

En julio de 2023, el Sr. Raúl Vázquez Román (el “Padre”) 

presentó ante el TPI una Urgente Moción Solicitando se Restablezcan 

las Relaciones Paternofiliales Inmediatamente (la “Moción”). Expuso 

que, desde abril de ese año, no se relacionaba con su hija (la 

“Menor”). Alegó que ello se debía a que la madre de la menor, la Sa. 

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden 

Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para 

la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de 

Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo 

recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de 

Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes 

adjudicaron el correspondiente recurso anterior (KLCE202301224).
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Briseida Y. Delgado Miranda (la “Madre”), ha obstaculizado las 

relaciones paterno filiales.

Según expone el Padre, el TPI celebró varias vistas 

evidenciarias para evaluar la Moción.

Mediante una Resolución notificada el 8 de enero (el 

“Dictamen”), el TPI denegó la Moción; no obstante, ordenó que la 

Menor deberá relacionarse con el Padre “mediante visitas 

supervisadas, las cuales deben proveer psicoeducación al [Padre] 

para desarrollar destrezas protectoras.” Dispuso el TPI que estas 

visitas “se llevarán a cabo en el Centro de Consejería y Servicios 

Integrales Oasis” y que el Padre “deberá seguir cualquier 

recomendación que haga la psicóloga Dra. Alice Pérez y/o Centro de 

Consejería y Servicios Integrales Oasis”. El TPI también dispuso que 

el Padre “no podrá exponer a la [Menor] a relacionarse con su 

hermano adolescente ni le conversará con la menor sobre los 

procesos judiciales”.

En apoyo de su determinación, el TPI consignó que, según la 

prueba recibida, la Madre “ha ejercido la custodia de la hija menor 

desde su nacimiento y hasta el presente de manera responsable, 

adecuada y protectora”. Añadió que el Padre “no posee destrezas 

protectoras” y que la Menor “ha sido víctima de maltrato y 

negligencia y que existe riesgo de continuar siéndolo durante las 

relaciones paternofiliales”. Observó que el Padre “no protege” a la 

Menor “de su hermano adolescente de vínculo sencillo” ni ha 

“procurado continuar con las recomendaciones de la terapeuta” de 

la Menor.

El 23 de enero, el Padre solicitó la reconsideración del 

Dictamen, lo cual fue denegado por el TPI mediante una Orden 

notificada ese mismo día.

Inconforme, el 20 de febrero, el Padre presentó el recurso que 

nos ocupa; poco después, sometió una transcripción de las vistas 
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evidenciarias pertinentes. Sobre lo actuado por el TPI, el Padre 

indicó que “[p]odemos respetar que por medida provisional se hayan 

referido las visitas del padre con la menor al Centro Oasis, pero nos 

resulta erróneo que el [TPI] sin prueba alguna determinara que se 

incurrió en maltrato ... y que la madre de la menor no incurrió en 

enajenación parental cuando dicha conducta no ha sido evaluada 

por un perito”. El Padre también expuso que el TPI erró al “neg[arle] 

la oportunidad de impugnar el testimonio de la [Madre] con el 

testimonio de un perito”. Disponemos.

II.

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción. La referida Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 
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(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII–

B, R. 40. 

Los foros apelativos no deben intervenir con el ejercicio de 

discreción de los foros de primera instancia, salvo que se demuestre 

abuso de discreción, o algún error de derecho. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005).

III.

Concluimos que no debemos intervenir con el Dictamen. 

Adviértase que el Padre no impugna la medida dispositiva tomada 

por el TPI. En vez, únicamente impugna los fundamentos utilizados 

por el TPI, pues aduce que es errónea la apreciación del TPI sobre 

las relaciones entre la Menor y sus progenitores. 

Así pues, al no cuestionarse la parte dispositiva del Dictamen, 

declinamos la invitación del Padre a revisar las apreciaciones 

actuales del TPI en torno a la dinámica familiar pertinente.

Por supuesto, en la medida que el Padre pueda luego estar en 

desacuerdo con una determinación futura del TPI, en torno a la 

custodia de la Menor o sus relaciones paternofiliales, y en la medida 

que dicha determinación pudiese descansar, en todo o en parte, en 

las actuales apreciaciones del TPI, que el Padre estima son erróneas, 

este podría oportunamente solicitar su revisión. 

Resaltamos que, en este tipo de proceso judicial, el TPI no está 

obligado por sus determinaciones fácticas anteriores, pues la 

situación familiar puede ser fluida y cambiante y, además, el TPI 

ordinariamente recibe prueba nueva en las distintas etapas del 

proceso.

En fin, por no haberse solicitado nuestra intervención en 

cuanto a la determinación última tomada por el TPI, y por considerar 

de todas maneras que lo actuado por el TPI no es contrario a derecho 
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ni es el resultado de algún abuso de discreción, no se justifica 

nuestra intervención en esta etapa.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del auto de certiorari solicitado.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones