Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

RICARDO R. HATTON 

RENTAS

Apelante 

v.

BLANCA L. SÁEZ 

ORTIZ

Apelada

KLAN202400465

CONSOLIDADO

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia

Sala Superior de 

Guaynabo

Civil Núm.

GB2022CV00360

Sobre: 

Incumplimiento de 

Contrato; Derecho 

Animal

RICARDO R. HATTON 

RENTAS

Apelante 

v.

BLANCA L. SÁEZ 

ORTIZ

Apelada

KLCE202400696

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia

Sala Superior de 

Guaynabo

Civil Núm.

GB2022CV00360

Sobre: 

Incumplimiento de 

Contrato; Derecho 

Animal

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón 

Cintrón1, el Juez Bonilla Ortiz, y el Juez Pagán Ocasio.

Bonilla Ortiz, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

Comparece Ricardo Hatton Rentas (en adelante, el 

señor Hatton o el apelante) mediante recurso de 

Apelación presentado el 9 de mayo de 2024 en la cual 

solicitó la revisión de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Guaynabo, el 17 de abril de 2024. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró No ha Lugar la Demanda

1 En virtud de la Orden Administrativa OATA-2024-054, se designa a

la Hon. Sol de Borinquen Cintrón Cintrón.
KLAN202400465 CONS KLCE202400696 2

presentada por el señor Hatton y asignó la guarda y 

custodia de las mascotas bajo la responsabilidad Blanca 

Sáez Ortiz (en adelante, la señora Sáez o la apelada). 

Además, el foro primario le impuso al señor Hatton el 

pago de $2,000.00 por conceptos de honorarios de 

abogados.

Igualmente, el 25 de junio de 2024, el apelante

presentó un recurso de Certiorari mediante el cual 

solicitó la revisión de la Resolución emitida el 12 de 

junio de 2024 donde el foro primario concedió las costas 

solicitadas por la parte apelada.

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada y se MODIFICA la 

Resolucion sobre concesión de costas. 

-IConforme surge del expediente ante nuestra 

consideración, los hechos procesales que precedieron a

los recursos consolidados de epígrafe son los que a 

continuación exponemos. 

KLAN202400465

El 22 de abril de 2022, el señor Hatton presentó 

una Demanda por incumplimiento contractual contra la 

señora Sáez.2 En la referida Demanda, el señor Hatton 

alegó que tras la ruptura de la relación sentimental con 

la señora Sáez existía entre ellos un acuerdo de guarda 

y custodia sobre dos mascotas adquiridas durante la 

relación, a saber: (1) una perra llamada Luna, y (2) una 

gata llamada Hazel. Íd. Explicó, el señor Hatton, que 

dicho acuerdo se cumplió fielmente por aproximadamente 

nueve meses hasta que la señora Sáez decidió de manera 

2 Demanda, anejo II, págs. 2-5 del apéndice del Recurso de 

Certiorari.
KLAN202400465 CONS KLCE202400696 3

unilateral dejar sin efecto el mismo mediante una carta

cursada el 21 de abril de 2022 por su representante 

legal.3

Ante esto, el 1 de junio de 2022, la señora Sáez

presentó una Moción de Desestimación en la cual sostuvo 

que las dos mascotas le pertenecían a su hija menor de 

edad (en adelante, CVGS) y, que estas habían sido 

adquiridas para el exclusivo beneficio y apoyo emocional 

de CVGS.4 Además, alegó que ella sufragaba todos los 

gastos de las mascotas como el plan médico, vacunas, 

desparasitación, esterilización, sesiones de 

“grooming”, emergencias de salud y otros. Íd. 

En consecuencia, el 3 de junio de 2022, el señor 

Hatton presentó su Oposición a Solicitud de 

Desestimación y en Solicitud de Sentencia Sumaria y/o 

Declaratoria donde expuso que CVGS no podía cumplir con 

los requisitos mínimos que requiere la Ley Núm. 154 del 

4 de agosto de 2008, según enmendada, conocida como Ley 

para el Bienestar y la Protección de los Animales.5 El 

señor Hatton sostuvo, además, que la moción presentada 

por la señora Sáez contenía nuevas materias no 

contenidas en la alegación impugnada y, por ello, debía 

ser considerada como una Solicitud de Sentencia Sumaria. 

A esos efectos, el 10 de junio de 2022, el TPI 

emitió Resolución declarando No Ha Lugar las mociones 

antes descritas. 

Tras varios trámites procesales ante el foro 

primario y ante este Honorable foro revisor, el TPI 

3 Prueba Demandante-Apelante, anejo II, págs. 12-14 del apéndice 

del Recurso de Apelación. 

4 Moción de Desestimación, anejo III, págs. 52-66 del apéndice del 

Recurso de Apelación.

5 Véase, Entrada Núm. 16 del expediente electrónico en el Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
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celebró el juicio en su fondo en las siguientes fechas: 

10 y 17 de julio de 2023, 28 de agosto de 2023 y 4 de 

diciembre de 2023. 

Así las cosas, el 17 de abril de 2024, el foro 

primario emitió una Sentencia en la cual declaró No ha 

Lugar la Demanda presentada por el señor Hatton y asignó 

la guarda y custodia de las mascotas bajo la 

responsabilidad de la señora Sáez. Además, el foro 

primario le impuso al señor Hatton el pago de $2,000.00

por conceptos de honorarios de abogados. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario consignó las 

siguientes determinaciones de hechos: 

3. La Sra. Sáez es madre de un hijo, mayor de 

edad, de nombre Sebastián, y de dos menores de 

edad, ambas féminas de iniciales VEMS y CVGS. 

4. La menor de sus hijas, que tiene 12 anos a 

esta fecha, es hija del Lcdo. Gerome Garffer 

Crowley y la demandada. 

5. Las partes iniciaron una relación 

sentimental en octubre de 2018 y para agosto 

de 2019, se mudaron juntas a una residencia 

que el demandante adquirió en el área de 

Guaynabo. Con la demandada se mudaron también 

sus hijas menores de edad, VEMS y CVGS, así 

como sus mascotas. El hijo de la Sra. Sáez era 

estudiante universitario en los Estados 

Unidos. 

[...]

7. El 25 de agosto de 2020, la fecha de 

apertura de Plaza las Américas luego de un 

cierre por la Pandemia del COVID, la demandada 

rescato una gata, que aparentaba estar muy 

débil, a quien llamo Hazel. 

[...]

12. La menor CVGS padece de condiciones 

relacionadas a su salud emocional, ansiedad 

generalizada y depresión. 

13. Por recomendación médica, y para beneficio 

de la menor CVGS, la demandada realizó

tramites con una criadora, de nombre Yvonne 

para comprar una perrita maltese como regalo 

por la Primera Comunión de su hija CVGS. 
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14. EL demandante no conocía a la criadora de 

nombre Yvonne. 

15. La Primera Comunión fue el 14 de noviembre 

de 2020 en la Institución Educativa donde la 

menor CVGS cursa estudios. 

16. Luego de la Primera Comunión, la demandada 

fue con su hija CVGS a buscar la perrita, que 

le fue entregada en el Centro Comercial 

Escorial en Carolina. La perrita pesaba solo 

1.5 libras y tenia mas o menos 6 semanas de 

nacida. De su cuenta, la demandada había

retirado la suma de $1,000.00 para pagar por 

la compra. 

[...]

18. La menor CVGS nombro a la perita “Luna”. 

19. La demandada se encargó de adquirir los 

productos necesarios para mantener a Luna 

incluyendo los gastos incurridos con un medico 

veterinario ubicado en Calle Acuarela de 

Guaynabo, las vacunas, plan medico para 

animales que cubría enfermedades y emergencias 

y la comida necesaria de acuerdo con la edad. 

21. La demandada realizo gestiones para 

inscribir la perrita Luna como perro de 

soporte emocional (emocional support dog) de 

la menor CVGS en la American Canine 

Association. 

24. La perrita Luna y Hazel se llevaban y 

compartían todo el tiempo, pues llegaron a la 

casa muy cerca en tiempo una de la otra. 

25. El demandante se acostumbró a estar con 

estas mascotas, aunque pasaba mucho tiempo a 

fuera de la casa. 

26. Para el mes de junio de 2021, el demandante 

dio por terminada la relación, por lo que la 

demandada debía mudarse de la casa. 

[...]

29. Varias semanas después de que la demandada 

abandonara la residencia del demandante, este 

pidió tener a Luna unos días al mes. La 

demandada, aunque no quería acceder a la 

petición ya que la mascota le pertenecía a su 

hija, permitió que el demandado se llevara la 

mascota ya que, emocionalmente, estaba muy 

dolida por la ruptura y el fin de la relación, 

y sentía que no tenia las herramientas para 

afrontar discusiones y controversias por ese 

asunto con el demandante. 

30. Cuando el demandante comenzó a llevarse la 

mascota Luna, esta no quería comer y no se 

acostumbraba a estar sola. Por ello, la 
KLAN202400465 CONS KLCE202400696 6

demandada entregaba a la gatita Hazel junto a 

Luna, para que se hicieran compañía y 

estuvieran juntas. 

31. La demandada trato de comunicarle al 

demandante que su petición de tener mascotas 

le estaba causando dolor, sufrimiento y 

tristeza a la menor CVGS y que la salud

emocional se afectaba cada vez que esta tenía

las mascotas. 

32. Cuando el demandante se llevaba las 

mascotas, la menor CVGS se sentía triste, 

enojada y lloraba sin consuelo al no entender 

porque el demandante quería a Luna cuando fue 

a ella quien se la regalaron. 

Inconforme con la sentencia, el 9 de mayo de 2024, 

el señor Hatton presentó el Recurso KLAN202400465 que 

nos ocupa y señaló la comisión de los siguientes errores: 

A. ERRÓ EL TPI EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 

235 DEL CÓDIGO CIVIL DE P.R. AL ASUMIR 

JURISDICCION SOBRE LA CUSTODIA DE UNAS 

MASCOTAS ANTE LA CLARA EXISTENCIA DE UNA 

ACUERDO DE CUSTODIA ENTRE LAS PARTES.

B. ERRÓ EL TPI AL DAR UN TRATAMIENTO 

PROPIETARIO A LAS MASCOTAS EN CONTRAVENCIÓN 

A LAS DISPOSICIONES NUEVO CCPR Y EL ART. 

232. 

C. ERRÓ EL TPI EN LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 

235 FUNDAMENTAR SU DETERMINACIÓN EN ASUNTOS 

NO PERTINENTES AL REFERIDO ARTICULO Y AL 

ADJUDICAR LA GUARDA DE LAS MASCOTAS 

EXCLUSIVAMENTE A LA MENOR CGS.

D. ERRÓ EL TPI AL REALIZAR DETERMINACIONES DE 

HECHOS SOBRE LA GUARDA DE LAS MASCOTAS 

CONTRARIAS A LA PRUEBA DOCUMENTAL 

PRESENTADA EN EL JUICIO Y OMITIR HECHOS 

MATERIALES. 

E. ERRÓ EL TPI AL REALIZAR UNA DETERMINACIÓN 

DE TEMERIDAD CONTRA LA PARTE DEMANDANTEAPELANTE SIN FUNDAMENTOS O BASE FÁCTICA 

PARA ELLO. 

Oportunamente, el 6 de junio de 2024, la apelada 

presentó su Oposición a Apelación.

KLCE202400696

Posteriormente, el 22 de abril de 2024, la señora

Sáez presentó un Memorando de Costas6 ante el Tribunal 

6 Memorando de Costas, anejo IV, págs. 17-20 del apéndice del Recurso 

de Certiorari.
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de Primera Instancia donde reclamó el pago de $5,229.00

por los siguientes gastos: 

• Sello RI de radicación de contestación-$90.00

• Mensajero para recogido pendrive grabaciones-

$20.00

• Honorarios de regrabaciones-$24.00

• Honorarios de abogado por el JUICIO y memorando-

$5,095.00.

En consecuencia, el 25 de abril de 2024, el señor 

Hatton presentó su Oposición a Memorando de Costas.7 

Finalmente, el 12 de junio de 2024, el foro primario 

emitió una Resolución en la cual aprobó las costas 

solicitadas por la señora Sáez.8

Por estar insatisfecho con dicha Resolución, el 25 

de junio de 2024, el señor Hatton presentó el recurso 

KLCE20240696 que nos ocupa y señaló la comisión de los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI REALIZAR UNA NUEVA IMPOSICIÓN DE 

HONORARIOS DE ABOGADO CONTRA LA PARTE 

DEMANDANTE-RECURRENTE SIN HABERSE ESTABLECIDO 

LOS FUNDAMENTOS PARA LA TEMERIDAD DE 

CONFORMIDAD CON LA REGLA 44.1 DE LAS DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL.

 

Luego de evaluar ambos recursos, el 27 de junio de 

2024, emitimos una Resolución en la que ordenamos la 

consolidación de ambos casos, a tenor con lo dispuesto 

en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.

Con el beneficio de los escritos de las partes, 

damos los recursos consolidados por perfeccionados y 

procedemos a resolverlos. 

7 Oposición a Memorando de Costas, anejo II, págs. 2-5 del apéndice 

del Recurso de Certiorari.

8 Resolución, anejo I, pág. 1 del apéndice del Recurso de Certiorari.
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-IIA.

El Código Civil de Puerto Rico de 2020 (en adelante, 

Código Civil) incorporó en el Libro Primero, el Titulo 

II nombrado “Los Animales Domésticos y Domesticados” con 

cuatro artículos que discutimos a continuación. 

A saber, en el Artículo 232 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5951, reconoce lo que sigue sobre los animales 

domésticos y domesticados: (1) son seres sensibles, (2)

son inembargables y (3) no son bienes o cosas. Además,

define a los animales domésticos como “aquellos que han 

sido criados bajo la guarda de una persona, que conviven 

con ella y necesitan de esta para su subsistencia y no 

son animales silvestres”. Íd. Mientras, establece que 

los animales domesticados son aquellos “entrenados para 

modificar su comportamiento para que realicen funciones 

de vigilancia, protección, búsqueda y rescate de 

personas, terapia, asistencia, entrenamiento, y otras 

acciones análogas”. Íd. 

Ahora bien, el Artículo 233 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5952, implanta el deber de que cualquier 

decisión relacionada a los animales domésticos y 

domesticados y su guarda, sean para garantizar el 

bienestar y seguridad física de estos. En adición, el 

Artículo 235 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5954, dispone

los elementos a considerar al adjudicar la guarda de un 

animal, a saber: 

En caso de separación o divorcio de la familia 

que comparte la guarda del animal, a falta de 

acuerdo entre las partes, corresponde al 

tribunal adjudicarla. Igualmente, debe el 

tribunal resolver el derecho que corresponde 

a la persona a quien no se le otorga la guarda, 

a compartir con el animal.
KLAN202400465 CONS KLCE202400696 9

El tribunal adjudicará la guarda del animal y 

los derechos a tenerlo en su compañía, 

teniendo en cuenta el mejor interés de los 

miembros de la familia y el bienestar y la 

seguridad del animal. El tribunal puede 

imponer a cualquiera de las personas que 

comparten la guarda o compañía, si tienen 

medios económicos suficientes, una aportación 

económica para satisfacer las necesidades 

básicas del animal. (Énfasis nuestro) 

Conforme a lo anterior, los animales domésticos y 

domesticados no son un bien mueble perteneciente al 

patrimonio de una persona ni son susceptibles de

apropiación alguna. Incluso, así mismo fue establecido 

en la Exposición de Motivos del Código Civil: 

Los animales domésticos y domesticados quedan 

excluidos de la definición de bienes o cosas 

muebles. De este modo, se evita que puedan 

estar sujetos a embargo o apropiación por un 

tercero. La guarda, custodia o tenencia física 

y las decisiones relacionadas a los animales 

domésticos y domesticados, se atenderá 

garantizando su bienestar y seguridad física. 

Con ello promovemos que estos seres tengan 

derecho a un trato digno y justo y protegemos 

la preservación de su vida, su alimentación, 

los cuidados veterinarios y de salud. 

Igualmente, la Ley Núm. 154 del 4 de agosto de 2008, 

según enmendada, conocida como Ley para el Bienestar y 

la Protección de los Animales (en adelante, Ley Núm. 

154-2008), exige unos deberes de cuidado mínimo para con 

las mascotas. Específicamente, el Articulo 2 (c) de la 

referida ley, define los cuidados mínimos como aquel 

“cuidado suficiente para preservar la salud y bienestar 

de un animal, exceptuando emergencias o circunstancias 

más allá del control razonable del guardián”. 5 LPRA 

sec. 1600. Además, incluye una lista no taxativa sobre 

los cuidados mínimos que debe recibir un animal: 

i. Cantidad y calidad de alimento suficiente 

para permitir el crecimiento o mantenimiento 

de peso corporal normal para el animal. 

ii. Acceso abierto o adecuado a agua potable, 

de temperatura apta para tomar en cantidad 
KLAN202400465 CONS KLCE202400696 10

suficiente para satisfacer las necesidades del 

animal. 

iii. Acceso a un establo, casa o cualquier 

otra estructura que pueda proteger al animal 

de las inclemencias del tiempo, y que tenga un 

lugar apropiado para dormir que lo proteja del 

frío, calor excesivo y la humedad. 

iv. Proveer el cuidado veterinario que una 

persona prudente estime necesario para 

proteger al animal de sufrimiento; incluye 

vacunación y cuidado preventivo. 

v. Acceso continuo a un área. [...] 

5 LPRA sec. 1600. 

B.

En materia de apreciación de prueba, los foros 

apelativos debemos brindar deferencia a las 

determinaciones de hechos formuladas por el foro 

judicial primario. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

DPR 717, 740 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 

148 DPR 420, 433 (1999). La norma general es que, si la 

actuación del foro a quo no está desprovista de una base 

razonable y no perjudica los derechos sustanciales de 

una parte, debe prevalecer el criterio del juez de 

primera instancia, a quien le corresponde la dirección 

del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 

572 (1959). 

Así, el Tribunal de Apelaciones evitará variar las 

determinaciones de hechos del foro sentenciador, a menos 

que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Véase, además, Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Ramírez Ferrer 

v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 (2009). Sobre el 

particular, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que:
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Una de las normas más conocidas en nuestro 

ordenamiento jurídico es que los tribunales 

apelativos no intervendremos con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación 

de credibilidad y las determinaciones de 

hechos que realizan los tribunales de 

instancia, a menos que se demuestre que el 

juzgador actuó movido por pasión, prejuicio 

o parcialidad o que incurrió en error 

manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, supra, pág. 753. 

Esta norma de autolimitación judicial cede cuando 

“un análisis integral de [la] prueba cause en nuestro 

ánimo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia 

tal que se estremezca nuestro sentido básico de 

justicia; correspondiéndole al apelante de manera 

principal señalar y demostrar la base para ello.” Pueblo 

v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). 

Como foro apelativo no debemos intervenir con las 

determinaciones de hechos, ni con la adjudicación de 

credibilidad que hace un Tribunal de Primera Instancia 

y sustituir mediante tal acción su criterio, por el 

nuestro. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 

431, 448-449 (2012); SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A.,

177 DPR 345, 356 (2009). Así, la apreciación que hace 

el foro primario merece nuestra deferencia, toda vez que 

es quien tiene la oportunidad de evaluar directamente el 

comportamiento de los testigos y sus reacciones. En 

fin, es el único que observa a las personas que declaran 

y aprecia su demeanor. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods 

PR, supra; Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 

(1982). 

Ahora bien, la regla de deferencia antes descrita 

se exceptúa cuando se trata de determinaciones de hechos 

que se apoyan exclusivamente en prueba documental o 

pericial, ya que los tribunales apelativos están en 
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idéntica posición que el tribunal inferior al examinar 

ese tipo de prueba. González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746 (2011); Ortíz, et al. v. SLG 

Meaux, 156 DPR 488, 495 (2002).

C.

La Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, dispone que la concesión 

de costas “le serán concedidas a la parte a cuyo favor 

se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación 

o revisión [...]”. Según la citada regla, el criterio 

para que el tribunal decida cuáles partidas de las costas 

solicitadas concede, es que se trate de los “gastos 

incurridos necesariamente en la tramitación de un pleito 

o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en 

su discreción, estima que una parte litigante debe 

reembolsar a otra”. (Énfasis suplido). 

Sobre el procedimiento para solicitar la 

adjudicación de costas, las Reglas de Procedimiento 

Civil disponen que la parte reclamante cuenta con diez 

(10) días contados a partir de la notificación de la 

sentencia que le favorece, para presentarle al tribunal, 

y notificar a la parte contraria, un memorando de costas. 

Véase, Regla 44.1(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 44.1. El referido término de diez (10) días es de 

naturaleza jurisdiccional. Comisionado v. Presidenta, 

166 DPR 513, 518 (2005). Según la disposición aludida, 

el memorando constará de una relación de “todas las 

partidas de gastos y desembolsos necesarios incurridos 

durante la tramitación del pleito o procedimiento”. Íd.

Así también, las Reglas de Procedimiento Civil 

proveen para impugnar las costas concedidas por el 

Tribunal de Primera Instancia. En tales casos, la Regla 
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44.1(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, 

dispone lo siguiente: 

Cualquier parte que no esté conforme con las 

costas reclamadas podrá impugnarlas en todo o 

en parte, dentro del término de diez (10) días 

contados a partir de aquel en que se le 

notifique el memorándum de costas. El 

tribunal, luego de considerar la posición de 

las partes, resolverá la impugnación. La 

resolución del Tribunal de Primera Instancia 

podrá ser revisada por el Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de certiorari. 

De haberse instado un recurso contra la 

sentencia, la revisión de la resolución sobre 

costas deberá consolidarse con dicho recurso.

D. 

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, faculta a los tribunales 

a imponer el pago de una cuantía por concepto 

de honorarios de abogado. Al respecto, la referida 

disposición establece lo siguiente:

En caso que cualquier parte o su abogado o 

abogada haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 

sentencia al responsable el pago de una suma 

por concepto de honorarios de abogado que el 

tribunal entienda correspondan a tal 

conducta. [...]

El concepto de temeridad es amplio. Torres Montalvo 

v. García Padilla, 194 DPR 760, 778 (2016). El propósito 

de este mecanismo es penalizar al que, con su conducta, 

ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir 

en gastos y, con ello, le ha causado innecesariamente 

molestias e inconvenientes. SLG Flores-Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843, 867 (2008); Rivera v. Tiendas 

Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999). De este modo, se 

persigue imponer una penalidad a un litigante perdidoso 

que, por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 
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molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un 

pleito. Montalvo v. García Padilla, citando a Andamios 

de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010).

En fin, la temeridad es una conducta que afecta el 

buen funcionamiento de los tribunales y la 

administración de la justicia. Montalvo v. García 

Padilla, supra. Por tanto, la imposición del pago de 

honorarios de abogado, de conformidad con la Regla 

44.1, supra, supone que el tribunal haga una 

determinación de temeridad. Dicha determinación 

“...descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador”. Raoca Plumbing v. Trans World, 114 DPR 

464, 468 (1983). Así, el tribunal impondrá la cuantía 

que el juzgador entienda corresponde a la conducta 

temeraria. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 

123, 212 (2013); citando a Andamios de PR v. Newport 

Bonding, supra. En otras palabras, la Regla 44.1, supra, 

establece que si se determina la temeridad es mandatorio 

imponer honorarios de abogados. Ahora bien, “[e]n 

ausencia de una conclusión expresa a tales efectos, un 

pronunciamiento en la sentencia condenando al pago de 

honorarios de abogado, implica que el tribunal 

sentenciador consideró temeraria a la parte así 

condenada.” Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 

87 DPR 38, 39-40 (1962). Es decir, no es necesaria una 

determinación expresa de temeridad si el foro 

sentenciado impuso el pago de una suma por honorarios de 

abogado en su sentencia. Tal determinación del tribunal 

no será variada en apelación a menos que se demuestre 

que éste ha abusado de su discreción. Pérez Rodríguez v. 

López Rodríguez et al., 210 DPR 163, 193 (2022); SLG 

González-Figueroa v. SLG et al, 209 DPR 138, 150 (2022). 
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-IIIA. 

Por estar relacionados, atendemos en conjunto el 

primer, segundo y tercer señalamiento de error planteado 

por el apelante. En síntesis, el señor Hatton alega que 

erró el foro primario en su aplicación de los artículos 

532 y 535 del Código Civil. Además, arguye que el foro 

primario ejerció un tratamiento compatible con la 

posesión de bienes muebles sobre las mascotas. No

obstante, entendemos que no tiene razón. Veamos. 

Recordemos que, en cuanto a los animales domésticos 

y domesticados, el Código Civil de 2020 les permite a 

las partes establecer acuerdo entre estos sobre la 

guarda de un animal. 31 LPRA sec. 5954. Es decir, las 

partes pueden decidir conjuntamente quien será el 

guardián del animal y el modo para ejercerlo, sin 

intervención alguna del tribunal. No obstante, si las 

partes no pueden establecer un acuerdo entre sí, el 

Código Civil de 2020 les permite acudir al tribunal.

Íd. En esa instancia, este Tribunal tiene el deber de 

tomar decisiones dirigidas a garantizar el bienestar y 

seguridad física de tales animales domésticos y 

domesticados. 31 LPRA sec. 5952. Inclusive, al momento 

de adjudicar la guarda de estos animales, debemos tomar 

en cuenta el mejor interés tanto para los miembros de la 

familia, como para el bienestar y seguridad de las

mascotas. 31 LPRA sec. 5954. Además, explicamos que 

nuestro ordenamiento jurídico, ha rechazado la 

calificación propietaria de los animales y, ahora, estos 

son considerados seres sensibles. Por ello, al momento 

de adjudicar la guarda del animal debemos considerar 
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quien es el cuidador principal basado en factores como 

el cuidado veterinario, aseo, comida, compañía y otros. 

En el caso de autos, luego de un acuerdo inicial, 

no fue posible que las partes lograran establecer un 

acuerdo definitivo sobre la guarda de las mascotas: Luna 

y Hazel. Debido a eso, acudieron al Tribunal de Primera 

Instancia y acuden en apelación ante este Tribunal 

revisor. Por lo que, estamos en posición de intervenir 

conforme a derecho. 

Surge del expediente que la señora Sáez fue quien 

rescató la gata Hazel y quien compró la perra Luna, para 

el beneficio psicológico de su hija CVGS. Además, el 

foro primario dio entera credibilidad sobre los actos de 

cuidado que realizan la señora Sáez y la menor CVGS, a 

favor de ambas mascotas. Lo anterior, en cumplimiento 

con los cuidados mínimos requeridos por la Ley Núm. 154-

2008. De manera que el foro primario entendió que el 

señor Hatton no tiene derecho a tener la guarda de las 

mascotas debido a la salud emocional, mental y 

psicológica de CVGS. Particularmente, el TPI expresó lo 

siguiente: 

Este Tribunal reconoce que, durante la 

convivencia de las mascotas en la residencia 

del demandante, este compartía con estas, pues 

estaban todos en su casa. Sin embargo, esta 

relación e interacción, no es lo suficiente 

para que este Tribunal conceda lo solicitado 

por el demandante, a saber, tener la guarda 

compartida de las mascotas. 

Este Tribunal toma en consideración además de 

lo que resulta ser el mejor bienestar de las 

mascotas, y mas que nada, de la menor CVGS a 

cuyo testimonio le otorgamos entera 

credibilidad. 

A la luz de lo anterior, entendemos que la 

determinación realizada por el foro primario adjudica la 

guarda de las mascotas a la parte que se encuentra en 
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mejor posición para garantizar el bienestar y seguridad 

de estos, mientras al mismo tiempo vela por el mejor 

bienestar de la menor CVGS. Por ello, avalamos el 

dictamen del TPI, así garantizamos tanto el bienestar de 

las mascotas y de la menor CVGS. No tenemos razón para 

intervenir con la Sentencia apelada. 

En consideración con lo antes expuesto, concluimos 

que no fueron cometidos el primer, segundo y tercer 

señalamiento de error. 

B. 

A continuación, procedemos con la discusión del 

cuarto señalamiento de error planteado por el apelante. 

En síntesis, el señor Hatton argumenta que el TPI erró

al realizar determinaciones de hechos contrarias a la 

prueba documental presentada en el juicio y, además, 

alegó omitió hechos materiales. 

Conforme discutimos, en el derecho aplicable, este 

Tribunal se encuentra en igual posición que el Tribunal 

de Primera Instancia al evaluar prueba documental.

Incluso, por estar en idéntica posición, podemos 

intervenir en las determinaciones de hechos realizadas 

por el foro primario, siempre que estén basados en prueba 

documental presentada en el juicio en su fondo. Lo 

anterior es una excepción a la regla general de 

deferencia que debemos al tribunal revisado. Sin 

embargo, el foro primario tiene la facultad de evaluar 

toda evidencia pertinente y admisible ante sí, y, a su 

vez, emitir una decisión conforme a la evaluación 

conjunta de esa evidencia. Además, es sabido que el TPI 

tiene la potestad de evaluar directamente a la evidencia 

testifical. Por ello, puede otorgar la credibilidad que 

entienda merecedora a los testigos declarantes.
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En el caso de autos, se celebró un juicio en su 

fondo de cuatro (4) días en el cual se presentó prueba

documental y testifical. De manera que, el foro primario 

emitió la Sentencia apelada con unas treinta y cinco 

(35) determinaciones de hechos. Dicha Sentencia no 

especifica si las determinaciones de hechos fueron 

basadas exclusivamente con la prueba documental o 

testifical. Al contrario, surge expresamente de la 

parte dispositiva de la Sentencia apelada que el foro 

primario otorgó entera credibilidad a los testimonios 

presentados durante el juicio. Por lo tanto, debemos 

inferir que el foro primario evaluó toda la prueba que 

desfiló durante los días de juicio de manera conjunta.

No obstante, el señor Hatton presentó ante nos un recurso 

de Apelación sin el beneficio de una transcripción de la 

prueba oral. Aunque el apelante no está impugnando la 

prueba oral, no nos ha colocado en posición y nos deja 

con las manos atadas para revisar la apreciación de la 

prueba realizada por el TPI durante el juicio. 

Siendo ello así, y ante la norma imperante en 

nuestro ordenamiento jurídico, debemos darle total 

deferencia a las determinaciones de hechos a las que 

arribó el foro primario. 

C. 

Por último, atendemos en conjunto el quinto 

señalamiento de error planteado en KLAN202400465 y EL 

único error señalado en KLCE202400696. En esta 

instancia, el señor Hatton argumenta que el TPI erró al 

hacer una determinación de temeridad sin fundamento o 

base fáctica. No tiene razón. Veamos. 

Según indicamos en el ápice II, el tribunal en su 

sana discreción puede hacer una determinación de 
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temeridad e imponer una cuantía por concepto de 

honorarios de abogados, a lo que debemos deferencia. 

Ahora bien, tal determinación de temeridad puede ser: 

(1) expresa o implícitamente y (2) con o sin fundamento 

fáctico. Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 

supra. Por lo tanto, el tribunal no tiene la obligación 

de establecer una determinación de temeridad detallada 

ni tampoco está obligado a fundamentar la misma.

En cuanto a las costas, es un asunto distinto.

Explicamos que las costas son concedidas a la parte

prevaleciente en la Sentencia, siempre que cumpla con 

los requisitos de ley para solicitar las mismas. No 

obstante, el Tribunal tiene el deber de evaluar si los 

gastos reclamados son necesarios y pertinentes en la 

tramitación del pleito en cuestión. 

Considerando lo anterior sobre las normas de costas 

y honorarios de abogados, concluimos que carecemos de 

elementos suficientes para intervenir con la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia y 

descartar el criterio de deferencia que le debemos al 

dictamen aquí impugnado en cuanto a las costas 

impugnadas, excepto por la concesión de $5,095.00 de 

gastos de abogados. Esta partida en específico no fue 

adecuadamente fundamentada por la parte apelada.

En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto, concluimos que no se cometieron los 

señalamientos de error planteados por el señor Hatton, 

excepto por lo antes indicado de gasto de abogados por 

$5,095.00. 

-IVPor los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia apelada del 17 de abril de 2024; igualmente se 
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expide el auto de certiorari en el caso KLCE202400696 y 

se MODIFICA la Resolución del 12 de junio de 2024 sobre 

las costas del juicio para eliminar la suma de $5,095.00, 

y se confirma en las demás partidas.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones