Número Identificador

RES2024_________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO

Peticionario

v.

MARIANA NOGALES 

MOLINELLI,

RITA MOLINELLI 

FREYTES, OCEAN FRONT 

VILLAS CORP.

Recurridos

KLCE202400070

CERTIORARI

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de

San Juan

Criminal núm.:

KMI2023-0121

KMI2023-0122

KMI2023-0130

KMI2023-0131

KMI2023-0132

(907)

Sobre: Violaciones 

al Código Penal (21 

cargos), Violaciones 

al Código de Rentas 

Internas (30 cargos)

Panel integrado por su presidenta la Jueza Ortiz Flores, el Juez 

Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Rivera Torres, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2024.

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Pueblo de 

Puerto Rico, representado por el Panel de los Fiscales Especiales 

Independientes, (FEI o parte peticionaria) mediante el recurso de 

certiorari de epígrafe solicitándonos que revoquemos las

Resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI), el 21 de diciembre de 2023, notificadas al día 

siguiente. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe. 

I.

El 3 de mayo de 2023, el FEI presentó 51 denuncias contra la 

Sra. Mariana Nogales Molinelli (señora Nogales Molinelli), Rita 

Molinelli Freytes (señora Molinelli Freytes) y Ocean Front Villas 
KLCE202400070 2

Corp. (Corporación) (en conjunto, la parte recurrida), por hechos 

ocurridos durante los años 2017 al 2021.1 Las denuncias se 

presentaron por presunta violación a los Artículos 212, 217, y 269

del Código Penal de 2012 (Código Penal), 33 LPRA secs. 5282, 5287 

y 5362. Asimismo, se radicaron denuncias por alegada violación a 

la Sección 6030.16 en sus incisos (a), (c) y (c) (1) del Código de 

Rentas Internas, 13 LPRA sec. 33086. 

Surge del expediente que, celebrada la vista de causa probable 

para arresto al amparo de la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6., el TPI solo encontró causa contra la 

señora Nogales Molinelli por violación a los Artículos 212 y 269 del 

Código Penal, supra.

2 El foro primario procedió a enmendar las 

denuncias por las cuales determinó causa, eliminando la alegación 

referente a ingresos o beneficios que la señora Nogales Molinelli no 

presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental. No obstante, el 

foro a quo no encontró causa en todos los demás cargos presentados 

contra la parte aquí recurrida.

Inconforme con la determinación, el FEI presentó una 

solicitud de vista de causa probable para arresto en alzada con 

relación a todos los cargos.

3 Además, peticionó que las denuncias 

por las cuales se encontró causa, y que fueron emendadas, fuesen 

devueltas a su redacción original. 

El 18 de octubre de 2023, comenzó a celebrarse la primera

vista de Regla 6 en alzada. Del expediente surge que los cargos 

fueron presentados con nueva evidencia consistente en 

declaraciones juradas, prueba pericial y prueba documental.4 De la 

prueba documental presentada por el FEI en la vista, se encuentran 

las Planillas Contributivas Certificadas por el Departamento de 

1 Véase, Apéndice del Recurso, Anejo 1, a las págs. 1-16. 

2 Íd.

3 Íd., Anejo 3, a las págs. 25-26.

4 Íd., Anejo 5, a las págs. 77-78.
KLCE202400070 3

Hacienda de los años 2017 al 2021, pertenecientes y radicadas ante 

la agencia por las contribuyentes señora Nogales Molinelli, señora 

Molinelli Freytes y la Corporación.5 No obstante, la defensa presentó

una moción, con relación a las Planillas antes mencionadas, 

intitulada Solicitud al Amparo de la Sección 10 del Artículo II de la 

Constitución de Puerto Rico y del Debido Proceso de Ley.

6 Indicó la 

defensa que la moción presentada es una moción en cumplimiento 

con una Resolución que emitió este Tribunal Intermedio en la etapa 

de Regla 6.7 También señaló la defensa que, en el referido recurso 

ante esta Curia se estableció que, como parte del análisis de la 

evidencia presentada, el TPI podía analizar la manera en que se 

obtuvieron las planillas de contribución sobre ingresos. Por su 

parte, el FEI se opuso a la moción instada por entender que se 

trataba de una solicitud de Supresión de Evidencia al amparo de la 

Regla 234 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 234, 

lo que no procedía en la etapa de Regla 6 en alzada.8 Por lo que, 

según el FEI, existe una etapa posterior donde se podría atender la 

admisibilidad de la prueba. 

A su vez, la defensa anunció que se proponía presentar como 

evidencia una declaración jurada de la señora Molinelli Freytes la 

cual contenía documentos anejados.

9 No obstante, el FEI se opuso

a la admisión de la declaración por el fundamento de que la señora 

Molinelli Freytes no estaba disponible para ser contrainterrogada.

La oposición del FEI fue declara “no ha lugar” por el TPI. 

Así las cosas, el TPI señaló que analizaría todos los 

documentos entregados. Luego de concluidos los trabajos pautados 

5 Íd.

6 Íd., Anejo 7, a las págs. 91-131. 

7 Véase, Resolución del 18 de mayo de 2023 en el KLCE202300541. 

8 Véase, nota al calce núm. 4.

9 Íd. 
KLCE202400070 4

para el primer día de la vista de Regla 6 en alzada, el TPI señaló vista 

para días posteriores para la continuación de los procedimientos.

10

El 3 de noviembre de 2023, el FEI sometió una moción 

titulada Moción Solicitando Reconsideración a la Admisión de 

Evidencia de la Declaración Jurada de una Imputada.11 La moción 

fue declara “no ha lugar” por el TPI. Además, el 9 de noviembre

siguiente, presentó otra moción nombrada Oposición a Supresión de 

Evidencia.

12

El 15 de noviembre de 2023, el foro revisado emitió Resolución

en la que expresó: “Nada que proveer, este Tribunal no tiene ante 

sí una Moción de Supresión de Evidencia. Ese mecanismo 

dispuesto en la Regla 234 de Procedimiento Criminal no está 

disponible para una vista de Alzada de la Regla 6.” [Énfasis nuestro]

El 21 de diciembre de 2023, luego de sometido el caso, el Juez 

emitió las Resoluciones recurridas en la cuales llegó a la misma 

determinación de la Regla 6.13 Es decir, el TPI solo encontró causa 

contra la señora Nogales Molinelli por violación a los Artículos 212 

y 269 del Código Penal, supra.

14 El foro primario procedió a 

enmendar las denuncias por las cuales determinó causa, 

eliminando la alegación referente a ingresos o beneficios que la 

señora Nogales Molinelli no presentó ante la Oficina de Ética 

Gubernamental. No obstante, el foro a quo no encontró causa en 

todos los demás cargos presentados contra la parte aquí recurrida.

Así, el foro primario señaló la Vista Preliminar para el 13 de 

febrero de 2024. 

Inconforme con dichos dictámenes, el FEI acudió ante este 

tribunal intermedio imputándole al TPI haber incurrido en los 

siguientes errores: 

10 Íd. 

11 Íd., Anejo 6, a las págs. 79-90.

12 Íd., Anejo 8, a las págs.132-165.

13 Íd., Anejo 13, a la pág. 279, y Anejo 10, 11 y 12 a las págs. 167-169.

14 Íd. 
KLCE202400070 5

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ADMITIR COMO PRUEBA DE DEFENSA UNA 

DECLARACIÓN JURADA (SELF-SERVING) DE LA 

IMPUTADA RITA MOLINELLI FREYTES CON DOCUMENTOS 

ANEJADOS A LA MISMA, SIN QUE ELLA ESTUVIERA 

DISPONIBLE PARA SER CONTRAINTERROGADA Y SIN 

MOSTRAR EL DOCUMENTO AL MINISTERIO PÚBLICO. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL EXCLUIR LA EVIDENCIA SOBRE OMISIÓN 

DE INGRESOS OBTENIDA POR LOS FUNCIONARIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, SOBRE LAS BASES DE 

QUE LA MISMA FUE OBTENIDA ILEGALMENTE.

Mediante la Resolución dictada el 25 de enero de 2024 se le 

concedió a la parte recurrida hasta el 29 de enero para expresarse. 

El mismo día de emitida nuestra Resolución la parte recurrida 

presentó Moción de Desestimación. En apretada síntesis, aducen que 

los planteamientos expuestos por la parte peticionaria no son 

revisables mediante el recurso de certiorari debido a que estos no 

constituyen errores de derecho. 

El 30 de enero de 2024, emitimos otra Resolución concediendo 

a la parte peticionaria hasta el viernes, 2 de febrero a las 12:00 del 

mediodía para expresarse en cuanto al petitorio desestimatorio. 

Además, le otorgamos igual término a la parte recurrida para 

expresarse respecto al recurso. Habiendo cumplido las partes con lo 

ordenado, nos damos por cumplidos y a su vez, decretamos 

perfeccionado el recurso.

Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo, 

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II.

El Auto de Certiorari

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders at al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-92 

(2001). Esta discreción, ha sido definida en nuestro ordenamiento 
KLCE202400070 6

jurídico como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera. No significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción. Negrón v. Srio. de Justicia, supra, pág. 91. 

Por consiguiente, para determinar si procede la expedición de 

un recurso de certiorari en el que se recurre de una resolución 

interlocutoria, debemos acudir a lo dispuesto en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

que lee como sigue:

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari:

A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no 

procede nuestra intervención. Así pues, es norma reiterada que este 

foro intermedio no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 
KLCE202400070 7

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, 745 (1986).

Por su parte, en nuestro ordenamiento jurídico, la discreción 

ha sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Lo 

anterior no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un uso excesivo de discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, 

176 DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, supra.

La Regla 6 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 6.

La acción penal en un proceso criminal comienza con la 

determinación de un juez de la causa probable para arrestar o citar 

a una persona ante los tribunales. D. Nevares Muñiz, infra, a la pág. 

45. Desde ese momento el Tribunal adquiere jurisdicción sobre la 

persona. Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 544, 555 (2003). 

La obligación de que la determinación del juez sea a base de 

causa probable surge de nuestra Constitución, la cual dispone que,

“[s]ólo se expedirán mandamientos autorizando registros, 

allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente 

cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, 

describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas 

a detenerse o las cosas a ocuparse”. Art. II, Sec. 10, Const. PR, LPRA, 

Tomo 1, ed. 2016, pág. 336.

A su vez, este proceso está regulado por lo dispuesto en la 

Regla 6 de las de Procedimiento Criminal, supra (Regla 6). La 

referida Regla establece los modos por los cuales se podrá iniciar el 

proceso criminal. Para tomar la determinación de causa probable, el 

juez puede considerar la denuncia jurada, declaraciones juradas 
KLCE202400070 8

que se incluyan con la denuncia o el examen bajo juramento del 

denunciante o sus testigos, la combinación de estos factores y 

cuando se presente bajo juramento el testimonio de algún testigo 

con conocimiento personal del hecho delictivo sin la necesidad de la 

presentación de la denuncia. Pueblo v. Sustache Sustache, 176 DPR 

250, 315-316 (2009). Lo determinante es que: “...se provean al 

magistrado, bajo juramento o afirmación, todos los elementos 

necesarios para que éste pueda inferir la probabilidad de que se 

cometió determinado delito por la persona contra la cual se 

determina causa probable”. Íd.

Asimismo, la Regla 6 consagra ciertos derechos a los 

imputados en la vista. Establece dicha Regla que el imputado podrá: 

(a) estar asistido por abogado; (b) contrainterrogar a los testigos en 

su contra y; (c) ofrecer prueba en su favor. No obstante, sobre estos 

derechos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que no 

son absolutos debido a que la vista de Regla 6 puede llevarse a cabo 

sin la presencia del imputado. Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR 601, 

610 (2008). Por esta razón, estos derechos solo se activan cuando el 

imputado se encuentra presente en la vista. Íd., a la pág. 611.

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado 

que la facultad de contrainterrogar y presentar prueba a su favor en 

esta etapa no es irrestricta. Pueblo v. Rivera Rivera, 141 DPR 121, 

128-129 (1996). Así, plantea la profesora Dora Nevares que, “[el]l 

juez puede limitar el contrainterrogatorio o la oferta de prueba si 

entiende que la prueba de cargo es suficiente para determinar causa 

probable. Permitirá a las partes únicamente argumentar cuestiones 

de derecho sustantivo aplicable y suficiencia de prueba en el 

contexto de la causa probable”. D. Nevares Muñiz, infra, a la pág. 

48; Pueblo v. Rivera Rivera, supra.
KLCE202400070 9

Por otro lado, sabido es que las Reglas de Evidencia no obligan 

en esta etapa. Dispone la Regla 103 de las Reglas de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 103, que: 

(D) Las Reglas no obligan en: 

(1) las determinaciones preliminares a la 

admisibilidad de prueba, de conformidad con la Regla 

109(A); 

(2) los procedimientos interlocutorios o post 

sentencia, entre otros: 

(a) procedimientos relacionados con la 

determinación de causa probable para arrestar 

o expedir orden de registro y allanamiento; 

(b) fase de la sentencia en el procedimiento penal; 

(c) procedimientos relacionados con la imposición 

de fianza o condiciones en los procedimientos 

penales; 

(d) vistas de revocación de libertad a prueba o 

condicionada; 

(e) procedimientos relacionados con entredichos 

provisionales e interdictos preliminares, y 

(3) los procedimientos ex parte. 

(E) Procedimientos bajo Leyes Especiales [...](Énfasis 

nuestro).

Debido a que en estos procedimientos no se dispone 

finalmente del caso, el juez no está obligado a aplicar las Reglas de 

Evidencia. R. Emanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio 

Puertorriqueño, 4ta ed, San Juan, Ediciones SITUM, Inc., 2015, a la

pág. 55. Por tanto, se le confiere al juez amplia discreción para no 

aplicar las Reglas de Evidencia. Íd., a la pág. 56 (citando el Informe 

del Comité Asesor de las Reglas de Evidencia). Asimismo, sobre la 

aplicación de las Reglas de Evidencia en los procedimientos de Regla 

6, comenta el profesor y tratadista Ernesto L. Chiesa que, “... las 

reglas de exclusión de evidencia pertinente- como lo es la regla de 

exclusión de prueba de referencia- no son obligatorias en la vista 

preliminar, y mucho menos en la vista de causa probable para 

arresto.” [Énfasis nuestro]. E. L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia 

Comentadas, San Juan, Ediciones SITUM, 2016, a la pág. 21. No 

obstante, es menester señalar que el conocimiento judicial y los 

privilegios aplican en todos los procedimientos. Regla 103 de las 
KLCE202400070 10

Reglas de Evidencia, supra; Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 

707 (2011). 

El estándar de revisión de las determinaciones de causa 

probable para arresto

La vista inicial o la vista en alzada para determinar causa 

probable para arrestar le permite al Ministerio Público la 

oportunidad de presentar toda la evidencia que posea para 

establecer la causa probable de que el imputado cometió el delito 

por el cual está siendo encausado o cualquier otro que surja de la 

prueba. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, (2009). Una 

determinación del juez en los méritos sobre la existencia o no de 

causa probable para arrestar será final y no puede ser revisable 

mediante el recurso de certiorari. D. Nevares Muñiz, Sumario de 

Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 10ma ed. Rev., San Juan, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2014, a la pág. 49. 

No obstante lo anterior, el Ministerio Público puede solicitar 

la revisión de no causa probable para arrestar cuando dicho 

dictamen ocurre como resultado de una interpretación 

equivocada del derecho aplicable. Pueblo v. Díaz de León, supra, 

a la pág. 919. Además, es menester señalar que el fiscal debe agotar 

la vista de causa probable en alzada antes de acudir en certiorari. 

Íd., a la pág. 920. Asimismo, en Pueblo en interés menor K.J.S.R., 

172 DPR 490 (2007), nuestro Tribunal Supremo señaló que el 

recurso de certiorari no está disponible para atender cuestiones 

mixtas, es decir, determinaciones de hecho y de derecho.

En Pueblo en interés menor K.J.S.R., supra, se le imputó a un

menor una infracción a la Ley de Explosivos de Puerto Rico. En la

vista de determinación de causa probable para presentar la querella,

se determinó no causa probable para presentar la misma en contra 

del menor. El Ministerio Público solicitó la celebración de una vista 

de causa en alzada. En dicha vista, la defensa del menor señaló que 
KLCE202400070 11

la prueba fue ocupada ilegalmente, por lo que era inadmisible. 

Consecuentemente, el TPI determinó que no existía causa para 

presentar la querella. El Alto Foro, luego de establecer que los 

procedimientos judiciales de adultos bajo las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. I, R.1 et seq, se extienden a 

los procedimientos de los menores, dispuso de la siguiente manera.

 [c]uando la determinación de “no causa” se funda en la 

insuficiencia de la prueba para establecer que se ha cometido 

el delito o la conexión del imputado con el delito, el único 

remedio que tenía a su disposición el Ministerio Público 

era la vista preliminar en alzada.

 De otra parte, en Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 

561 (1990), indicamos que la determinación sobre la 

admisibilidad de cualquier evidencia le corresponde 

exclusivamente al juez y que, por tal motivo, es una 

determinación de derecho. Ello no obstante, enfatizamos 

en esa ocasión que “dicha determinación puede conllevar 

el aquilatamiento de algunas cuestiones de hechos ...”. 

Íd., pág. 575. En Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618, 

633 (1999), reiteramos lo anterior al exponer que, “en 

función de establecer si hay fundamento en derecho que 

ordene la exclusión de la evidencia objetada, el tribunal 

deberá aquilatar cuestiones de hecho”.

 De modo que la determinación de si un registro es 

irrazonable o no, si bien es una cuestión de derecho, 

ciertamente depende de la apreciación que de la prueba 

presentada haga el magistrado que presida la vista.

 Aquí, el Ministerio Público pretende que evaluemos si, a 

la luz de la prueba desfilada en la vista preliminar y en la 

vista en alzada, en efecto el registro fue ilegal e irrazonable. 

En otras palabras, el Estado persigue que dejemos sin 

efecto las determinaciones de dos magistrados a nivel de 

instancia quienes, luego de escuchar, evaluar y adjudicar 

la credibilidad que le merecieron los testigos que presentó 

el Estado, llegaron a la determinación de que no existía 

causa probable para presentar la querella contra el menor en 

controversia por razón de que la única evidencia delictiva con 

que contaba el Estado había sido obtenida ilegalmente. No le 

asiste la razón al Estado.

 Como podemos notar, no estamos ante una 

determinación de “no causa” por “razones estrictamente de 

derecho desvinculadas a la prueba presentada sobre la 

comisión del delito”., ante, págs. 582–583.

 En conformidad con la normativa antes expuesta, y 

tomando en cuenta los hechos particulares del caso de 

autos, es forzoso concluir que el recurso de certiorari no 

es un mecanismo adecuado para solicitar la revisión de 

la determinación de “no causa” emitida en la vista en 

alzada. En este caso se trata de una determinación 

mixta de hecho y de derecho. El Ministerio Público ya 

agotó todos los remedios que tenía disponibles en cuanto a 

ello. [Énfasis nuestro]. Pueblo en Interés Menor K.J.S.R.,

supra, a la pág. 501-502. 

Asimismo, queremos destacar la Opinión de conformidad del 

Hon. Rafael L. Martínez Torres (Juez Asociado) a la cual se unió el 
KLCE202400070 12

Hon. Roberto Feliberti Cintrón (Juez Asociado) en la Sentencia 

dictada en Pueblo v. Encarnación Reyes, 191 DPR 176 (2014). En la 

referida opinión, y citando lo resuelto en Pueblo en interés menor

K.J.S.R., supra, expresó que, “[s]olo se puede revisar por certiorari, 

y a modo de excepción, cuando la determinación de no causa 

probable para acusar se funda en cuestiones estrictamente de

derecho, desvinculadas de la apreciación de la prueba que fue 

presentada para demostrar la comisión del delito.” [Énfasis nuestro]. 

Íd., a la pág. 182. A su vez, añadimos que para el profesor Ernesto 

L. Chiesa esto se trata de una interpretación restrictiva sobre las 

cuestiones estrictamente de derecho. E. L. Chiesa Aponte, Derecho 

Procesal Penal, 88 (Núm. 1) Rev. Jur UPR 222, 225 (2019).

III. 

En esencia, el FEI señaló que erró el TPI al realizar una 

determinación de “no causa” para arresto basado en prueba de 

referencia y en exclusión de evidencia admisible. Es decir, en una 

declaración jurada con documentos anejados de la señora Freytes 

Molinelli, sin que esta estuviera disponible para ser 

contrainterrogada y sin mostrarle los documentos al FEI. Además, 

planteó que razonó incorrectamente al excluir evidencia sobre la 

omisión de ingresos obtenida por los funcionarios del Departamento 

de Hacienda, bajo el fundamento de que la misma fue conseguida 

ilegalmente. Por estar los errores del recurso relacionados entre sí,

los discutiremos en conjunto. 

De los hechos antes consignados surge que el FEI presentó 51 

denuncias contra la parte recurrida por alegadas violaciones al 

Código Penal y al Código de Rentas Internas. Luego de culminada la 

vista de Regla 6, la Juez de Instancia determinó “no causa” por 49 

de los cargos presentados y encontró “causa para arresto” por los 

Artículos 212 y 269 del Código Penal, supra, presentados contra la 

señora Nogales Molinelli. Inconforme, el FEI acudió en alzada donde 
KLCE202400070 13

presentaron prueba documental y pericial que fue utilizada en la 

vista inicial y, además, utilizaron nueva evidencia. 

Así las cosas, en la vista de causa probable para arrestar en 

alzada, luego de haber escuchado, analizado y examinado la 

totalidad de la prueba presentada contra la parte recurrida, el Juez 

llegó a la misma determinación. Es decir, encontró “no causa” en 

todos los delitos, con excepción de los Artículos 212 y 269 del Código 

Penal presentados contra la señora Nogales Molinelli.

Aún inconforme, el FEI presentó el recurso de autos alegando 

que la única manera en que el juez de instancia pudo llegar a la 

conclusión de “no causa”, era suprimiendo las planillas de 

contribuciones presentadas por ellos contra la parte recurrida.

Según el FEI, el TPI llegó a tal conclusión debido a que, la parte

recurrida había presentado una solicitud de exclusión de las 

planillas de contribución sobre ingresos por haber sido obtenidas 

ilegalmente. Además, plantea la parte peticionaria que el juez 

admitió prueba de referencia que no debió ser admitida. La parte 

recurrida presentó moción solicitando la desestimación del recurso 

argumentando que los errores señalados por la parte peticionaria no 

constituyen errores de derecho y que los mismos son totalmente 

especulativos. Adelantamos que le asiste la razón a la parte 

recurrida.

Examinado el Apéndice del Recurso, y luego de escuchada la 

grabación presentada, surge que las alegaciones sobre las 

incidencias que llevaron al foro primario a la determinación de “no 

causa” se tratan de meras suposiciones. En este sentido, la parte 

peticionaria pretende descifrar cuál fue el ejercicio mental del 

Magistrado para llegar a dicho dictamen. De hecho, del expediente 

del caso se desprende claramente que el TPI no suprimió la 

evidencia que el FEI indica. Incluso, más patente es el hecho de 

que en la Resolución emitida el 15 de noviembre de 2023, el foro 
KLCE202400070 14

recurrido dispuso: “Nada que proveer, este Tribunal no tiene ante 

sí una Moción de Supresión de Evidencia. Ese mecanismo 

dispuesto en la Regla 234 de Procedimiento Criminal no está 

disponible para una vista de Alzada de la Regla 6.”

De otra parte, aun cuando el juez de instancia hubiese tomado 

su determinación de causa probable basado en las planillas 

obtenidas supuestamente por un registro y allanamiento ilegal, esta 

Curia estaría impedida de atender este recurso. Como indicáramos, 

la determinación de si un registro es ilegal, si bien es una cuestión 

de derecho, depende de la apreciación de la prueba presentada ante 

el juez que preside la vista. Conforme a la jurisprudencia antes 

discutida, el recurso de certiorari no está disponible para atender 

una determinación de “no causa” cuando se trata de un error mixto, 

es decir, de hecho y de derecho. Por tanto, al no ser una cuestión 

estrictamente de derecho llegaríamos al mismo resultado. 

En fin, la parte peticionaria pretende entrar en la mente del 

juzgador para adivinar cómo este tomó su determinación. Así lo deja 

claro al señalar que: “Aunque el TPI no fundamentó sus 

determinaciones, se puede llegar a la conclusión razonable de que 

su decisión final está claramente apoyada en el hecho de que no se 

tomó en consideración la evidencia utilizada por el Departamento de 

Hacienda. Es decir, suprimió la evidencia.”

15 Por el contrario, lo que 

sí surge claramente del expediente es que el TPI evaluó la prueba 

desfilada en las vistas celebradas. Por ende, no cabe duda de que el 

TPI escuchó, analizó y examinó la prueba presentada contra la parte 

recurrida para llegar a la determinación a la que llegó en la vista en 

alzada.

16 Al respecto, precisa advertir que, escuchada la regrabación 

de la vista del 21 de diciembre de 2023, surge que así lo dejó

patentemente claro el juez de instancia cuando expresó que: “Este 

15 Véase Petición de Certiorari, a la pág. 17. 

16 Véase, Apéndice del Recurso, Anejo 13, a las págs. 279-283.
KLCE202400070 15

juez ha analizado toda la prueba que se presentó por ambas 

partes. De las cosas positivas que puede decirse del tiempo que ha 

tardado, es que pues, me ha dado el tiempo, obviamente, de 

examinar toda esta prueba de ambas partes.”

17 (Énfasis nuestro).

Por otro lado, puntualizamos que, en cuanto a la supuesta 

controversia de la prueba de referencia, la Regla 103 de Evidencia, 

supra, es clara al establecer que estas no obligan en los 

procedimientos de Regla 6. El foro recurrido tenía discreción de 

aplicar o no las mismas, lo cual no ocurrió en el presente caso. 

Enfatizamos que la regla de exclusión de prueba de referencia no 

obliga en la vista de causa probable para arresto. Además, 

reiteramos que el dictamen recurrido no estuvo basado en la 

exclusiva y supuesta declaración jurada, según arguye el FEI. Es 

decir, el TPI aquilató toda la basta prueba que presentara la parte 

peticionaria en las vistas de Regla 6 en alzada. 

En resumen, el dictamen aquí recurrido no es revisable por 

Certiorari, ya que la determinación de “no causa” probable para 

arresto se fundamentó en toda la prueba presentada y no en 

cuestiones estrictamente de derecho. El FEI ya agotó todos los 

remedios que tenía disponibles al solicitar la celebración de una 

vista de Regla 6 en alzada. Nuestro ordenamiento jurídico penal no 

nos permite pasar juicio sobre la apreciación de la prueba del juez 

de instancia para llegar a la determinación de “no causa” probable 

para arresto.

En fin, procede la desestimación del presente recurso acorde 

con la normativa jurisprudencial previamente esbozada y según nos 

faculta la Regla 83 inciso (B) de nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83 (B).

17 Íd., Anejo 14, a la pág. 333 A. 
KLCE202400070 16

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el auto de

certiorari solicitado.

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones