Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

JOSÉ D. SANTIAGO 

TORRES

Apelante

v.

COMITÉ QUINTAS DE 

ALTAMIRA, INC. Y OTROS

Apelado

KLAN202400033

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Ponce

Caso Núm.:

PO2022CV03344

Sobre:

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero. 

Martínez Cordero, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2024.

Comparece José D. Santiago Torres (en adelante, apelante), 

mediante un recurso de Apelación, para solicitarnos la revisión de 

la Sentencia emitida el 13 de diciembre de 2023, y notificada al día 

siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce (en adelante TPI). Mediante el dictamen apelado el foro 

primario ordenó la desestimación de la acción civil presentada, sin 

perjuicio, al amparo de la Regla 39.2 (a) de las de Procedimiento 

Civil.1

Por los fundamentos que expondremos, se confirma la 

Sentencia apelada.

I

Conforme se desprende del recurso de Apelación, el apelante 

presentó una Demanda,

2 en daños y perjuicios contra el Comité 

Quintas de Altamira, Inc. y Otros (en adelante, parte apelada), por 

alegadamente:

1 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (a).

2 Apéndice de la parte apelada, al Exhibit IV. La Demanda fue presentada el 5 de 

diciembre de 2022.
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[...] obstruir una carretera p[ú]blica, extensión de la 

Carretera estatal 14, y con un desvío a un desarrollo de 

5 fincas segregadas de una finca matriz de mayor 

cabida, y sin control de Acceso registrado en el Registro 

de la Propiedad ni solicitado por las 5 fincas conforme 

indica la Ley de Control de Acceso de P.R.

El demandante necesita hacer uso de dicha carretera y 

la Demandada le impide el paso si no es solicitando 

permiso y que no lo concedió.3

Por su parte, la parte apelada presentó una Contestación a la 

Demanda y Reconvención.

4 En la contestación, negó prácticamente 

todas las alegaciones. Por otro lado, en la reconvención, solicitó al 

foro primario que ordenara al apelante a que desistiera de “estar 

hostigando” y “demandando [...] so pena de sanciones”.5

De lo que sigue con relación al caso de autos, en torno al 

recurso de Apelación, el apelante acude ante nuestra consideración 

tras su inconformidad con la Sentencia dictada por el TPI mediante 

la cual desestimó sin perjuicio una acción civil sobre daños y 

perjuicios presentada por este. Conforme se desprende de la 

Sentencia emitida el 13 de diciembre de 2023,6 el foro primario 

concluyó lo siguiente:

Examinado detenidamente la totalidad del expediente 

de autos y de conformidad con el tracto procesal 

tenemos ante nuestra consideración un caso de 

naturaleza civil y una obligación ministerial de cumplir 

con la Regla 1 de Procedimiento Civil 32 L.P.R.A. Ap. V 

R.1, y dispensar justicia de forma rápida, económica y 

eficiente. Así surge que las partes con posterioridad al 

12 de junio de 2023, ha[n] demostrado dejadez y falta 

de interés en sus reclamos, se dicta Sentencia de 

archivo por Desestimación, Sin Perjuicio, Regla 39.2 (a) 

de Procedimiento Civil.7

Inconforme con lo resuelto, el 26 de diciembre de 2023, el 

apelante presentó una Moci[ó]n Adic[i]onal Solicitando 

Reconsideraci[ó]n de Sentencia al Honorable Tribunal.

8 Allí, solicitó 

3 Recurso de Apelación, a la pág. 2.

4 Apéndice de la parte apelada, Exhibit V.

5 Id., Exhibit V, a la pág. 5.

6 Apéndice del apelante, a la pág. 2.

7 Id., a la pág. 2.

8 Véase el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) a la 

entrada 23. En el escrito de Apelación, el apelante adujo que el 19 de diciembre 

de 2023, presentó una Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia al 
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que se revocara la Sentencia y que se ordenara lo que correspondiera 

en esa etapa del caso. En respuesta, y en atención a la antes aludida 

moción de reconsideración, mediante Resolución emitida el 26 de 

diciembre de 2023, y notificada el 27 de diciembre de 2023, el 

tribunal a quo denegó la misma y dispuso lo siguiente: 

Concluimos que los fundamentos expuestos por la parte 

demandante no nos mueven a variar nuestra Sentencia, 

por lo que declaramos No Ha Lugar a la Solicitud de 

Reconsideración de Sentencia.9

En desacuerdo, el 11 de enero de 2024, compareció el 

apelante mediante un recurso de Apelación y esgrimió la comisión 

de dos (2) errores por el foro primario, a saber:

Primer Error: Erró el Tribunal de instancia al no tomar 

en consideración mociones urgiéndolo a actuar, que 

fueron mal archivadas por error de numeración.

Segundo Error: Erró el Tribunal no cotejando la 

correspondencia recibida con el nombre correcto de la 

Demanda y no archivándolo correctamente. 

Por otro lado, en el recurso instado, en la parte intitulada 

como Discusión de los Errores Planteados,

10 esbozó los siguientes 

errores: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Instancia al no 

archivar y procesar los documentos [que] demuestran 

[que] el Demandante ha sido diligente.

Segundo Error: Erró el Tribunal de Instancia al no dar 

cumplimiento a sus deberes judiciales de juzgar 

dándole al caso un debido procedimiento de ley y la 

igual protección de las leyes.

El 9 de febrero de 2024, la parte apelada del título presentó 

su Alegato en Oposición. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procederemos a exponer el derecho aplicable. 

Honorable Tribunal, el cual incluyó en el Apéndice. Véase Apéndice del apelante,

a las págs. 3-5. No obstante, al revisar los autos del TPI en el SUMAC, dado a que 

el escrito no contaba con el cintillo distintivo que refleja la fecha y hora de 

radicación y con el fin auscultar si el mismo fue presentado de forma oportuna, 

nos percatamos de que el mismo no forma parte del expediente judicial. Sin 

embargo, se desprende de los autos ante el TPI que la Moci[ó]n Adic[i]onal 

Solicitando Reconsideraci[ó]n de Sentencia al Honorable Tribunal fue presentada 

de forma oportuna.

9 Apéndice del apelante, a las págs. 6-7.

10 Recurso de Apelación, a la pág. 2.
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II

A. Recurso de Apelación

La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil11, 

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro 

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en 

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es 

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere 

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su 

incumplimiento es insubsanable.12 La correcta notificación de una 

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso 

judicial.

13 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del 

Reglamento de este Tribunal establece que: 

Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos 

civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se 

presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta 

días contados desde el archivo en autos de una copia de 

la notificación de la sentencia.

En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus funcionarios y funcionarias, o una de 

sus instrumentalidades que no fuere una corporación 

pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus 

funcionarios y funcionarias sean parte en un pleito, el 

recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte 

en el pleito que haya sido perjudicada por la sentencia, 

presentando un escrito de apelación dentro del término 

jurisdiccional de sesenta días, contados desde el 

archivo en autos de una copia de la notificación de la 

sentencia dictada por el tribunal apelado. 14

No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en 

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.15 En tal 

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo 

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la 

11 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).

12 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145 

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).

13 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).

14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).

15 32 LPRA Ap. V, R. 47.
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moción.16 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha 

Lugar.

Por otro lado, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, en 

su Regla 16, en lo aquí pertinente, aborda lo que deberá contener 

un recurso de Apelación:

[...]

(E) Apéndice 

(1) El escrito de apelación, salvo lo dispuesto en el 

subinciso (2) de este inciso y en la Regla 74, incluirá un 

Apéndice que contendrá una copia literal de: 

(a) las alegaciones de las partes, a saber, la demanda 

principal, las demandas de coparte o de tercero y la 

reconvención, y sus respectivas contestaciones; 

(b) la sentencia del Tribunal de Primera Instancia cuya 

revisión se solicita y la notificación del archivo en autos 

de copia de la misma; 

(c) toda moción debidamente timbrada por el Tribunal 

de Primera Instancia, resolución u orden necesaria para 

acreditar la interrupción y reanudación del término 

para presentar el escrito de apelación y la notificación 

del archivo en autos de copia de la resolución u orden; 

(d) toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 

cualesquiera de las partes que forme parte del 

expediente original en el Tribunal de Primera 

Instancia, en las cuales se discuta expresamente 

cualquier asunto planteado en el escrito de apelación, o 

que sean relevantes a éste; 

(e) cualquier otro documento que forme parte del 

expediente original en el Tribunal de Primera 

Instancia y que pueda serle útil al Tribunal de 

Apelaciones para resolver la controversia.

B. La Desestimación bajo la Regla 39.2 (a) de las de 

Procedimiento Civil 

La Regla 39 de las Reglas de Procedimiento Civil aborda lo 

relativo al desistimiento y desestimación de los pleitos. En 

específico, la Regla 39.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil,

17

faculta a los tribunales para desestimar causas de acción debido al 

incumplimiento de las partes con sus órdenes.18 Dicha regla lee 

como sigue:

(a) Si el demandante deja de cumplir con estas reglas o 

con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa 

propia o a solicitud del demandado podrá decretar la 

desestimación del pleito o de cualquier reclamación 

contra él, o la eliminación de las alegaciones, según 

16 Id.

17 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (a).

18 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., 205 DPR 689, 703 (2020).
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corresponda. Cuando se trate de un primer 

incumplimiento, la severa sanción de la 

desestimación de la demanda o la eliminación de las 

alegaciones tan sólo procederá después que el 

tribunal, en primer término, haya apercibido al 

abogado o abogada de la parte de la situación y se le 

haya concedido la oportunidad para responder. Si el 

abogado o abogada de la parte no responde a tal 

apercibimiento, el tribunal procederá a imponer 

sanciones al abogado o la abogada de la parte y se 

notificará directamente a la parte sobre la situación.

Luego de que la parte haya sido debidamente 

informada o apercibida de la situación y de las 

consecuencias que pueda tener el que ésta no sea 

corregida, el tribunal podrá ordenar la 

desestimación del pleito o la eliminación de las 

alegaciones. El tribunal concederá a la parte un 

término de tiempo razonable para corregir la 

situación, que en ningún caso será menor de treinta 

(30) días, a menos que las circunstancias del caso 

justifiquen que se reduzca el término. 

[...]

Sobre la desestimación, el Alto Foro se ha expresado de la 

siguiente forma: 

Como regla general, los tribunales están obligados a 

desalentar la práctica de falta de diligencia y de 

incumplimiento con sus órdenes mediante su efectiva, 

pronta y oportuna intervención. Además, tienen el 

poder discrecional, según las Reglas de Procedimiento 

Civil, de desestimar una demanda o eliminar las 

alegaciones de una parte. No obstante, esa 

determinación se debe ejercer juiciosa y 

apropiadamente.19

Conviene también desatacar que la discreción ha sido definida 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”.20 Además, se define 

como el poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción.21

III

En el recurso ante nuestra consideración el apelante nos ha 

solicitado que revisemos la Sentencia emitida en su contra, habida 

cuenta de su inconformidad, por el hecho de que el tribunal apelado 

19 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., Id., 298. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 

113 DPR 494, 498 (1982).

20 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). SLG ZapataRivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).

21 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990).
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desestimó su causa de acción, sin perjuicio. Es de ver que, conforme 

a nuestro ordenamiento procesal, la Regla 39.2 (a) de las de 

Procedimiento Civil,

22 faculta a los tribunales para desestimar 

causas de acción debido al incumplimiento de las partes con sus 

órdenes.23

Luego de revisar los errores esgrimidos, así como los que 

surgen en la parte intitulada Discusión de los Errores Planteados, 

juzgamos que los mismos pueden ser discutidos en conjunto, por lo 

que así obraremos. En el recurso, el apelante nos convida, en 

síntesis, a concluir que el foro primario presuntamente cometió el 

error de no cotejar la correspondencia recibida de manera adecuada, 

ni archivar y procesar los documentos que demuestran que este fue 

diligente y que este incumplimiento le privó de un debido proceso de 

ley y de una igual protección de las leyes.

En primer lugar, debe quedar claro que la acción civil que este 

Tribunal tiene ante su consideración es una revisión de la Sentencia

emitida en el alfanumérico PO2022CV03344, y no la de otro 

expediente judicial. En segundo lugar, el apelante, quien se ha 

autorepresentado, tanto a nivel del TPI, y ahora ante esta Curia, 

movido por su inconformidad con el dictamen mediante el cual se 

desestimó su causa de acción, nos presenta el argumento de que el 

TPI no archivó y procesó los documentos que demuestran que fue 

diligente y como tal, no merecía la actuación del foro primario. No 

nos convence. Veamos.

Del apéndice presentado en el recurso ante nuestra 

consideración se desprenden únicamente los siguientes documentos 

judiciales presentados en el expediente judicial PO2022CV0334424: 

22 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (a).

23 HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., 205 DPR 689, 703 (2020).

24 Existen otros tres (3) documentos en el Apéndice del apelante, uno que no obra 

en los autos ante el TPI en el SUMAC, y dos (2) que fueron presentados en el caso 

PO2020CV01394. Véase Apéndice del apelante, a las págs. 3-5, 8 y 9, 

respectivamente.
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• SUMAC 22 – Sentencia – en la cual se desestimó la 

causa de acción instada, sin perjuicio - emitida el 13 

de diciembre de 2023, y notificada el 14 de diciembre 

de 2023.25

• SUMAC 23 – Moci[ó]n Adic[i]onal Solicitando 

Reconsideración de Sentencia al Honorable Tribunal

– presentada y registrada en SUMAC el 26 de 

diciembre de 2023.26

• SUMAC 24 – Resolución – en la cual se resolvió la 

Moción Adicional Solicitando Reconsideración de 

Sentencia – emitida el 26 de diciembre de 2023, y 

notificada el 27 de diciembre de 2023.27

• SUMAC 25 – Moci[ó]n a Juez Administradora sobre 

Documentos Extraviados por Numeraci[ón] de Caso. –

presentada y registrada en el SUMAC el 2 de enero 

de 2024.28

En atención a lo alegado por el apelante y aun con el exiguo 

apéndice ante nos, determinamos examinar los autos del caso ante 

el TPI en el SUMAC, en ánimos de comprender adecuadamente sus 

reclamos. Luego de analizar lo anterior, así como la totalidad del 

expediente ante nuestra consideración, es claro que el foro primario 

notificó todas y cada uno de los dictámenes emitidos en el caso al 

apelante, por tanto, el apelante conocía la etapa en que se 

encontraba el caso y los requerimientos que hizo el TPI. De igual 

forma, pudimos constatar las advertencias dadas por el tribunal 

apelado en términos de las consecuencias de incumplir con las 

órdenes emitidas.29 Falló el apelante al incluir en sus escritos una 

información incongruente en el epígrafe del caso y proveer para su 

radicación un número de caso distinto, pero en un caso en el que 

25 Apéndice del Apelante, a las págs. 1-2.

26 Según expresamos en la exposición de los hechos que antecede, de los 

documentos presentados en el recurso de Apelación surge uno intitulado Moci[ó]n

Solicitando Reconsideración de Sentencia al Honorable Tribunal,

26 suscrita por el 

apelante. El mismo no obra en los autos del TPI, por lo que no lo consideraremos. 

Solo consideraremos el que obra en el SUMAC, a la entrada 23.

27 Apéndice del apelante, a la pág. 7.

28 Apéndice del apelante, a las págs. 10-11. Véase, además, SUMAC a la entrada 

25. El apelante omitió incluir en el apéndice ciertos documentos que fueron 

presentados como anejo a la moción y que presentó en apoyo al escrito 

presentado.

29 Véase SUMAC, a las entradas 4, 16, 17 y 21. 
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figura como parte.30 Puntualizamos, además, que nuestras reglas 

procesales disponen que el Tribunal no está obligado a ilustrar a la 

persona que se autorepresenta,31 como en este caso. 

Tras la discusión anterior, forzoso es concluir que a la luz de 

la revisión de la totalidad del expediente judicial ante nos, así como 

los autos ante el TPI en el SUMAC, en el alfanumérico 

PO2022CV03344, el apelante no nos ha colocado en posición de 

variar lo actuado por el foro primario al dictaminar la “dejadez y falta 

de interés” en su caso. Abona a lo anterior, su omisión en incluir 

aquellos documentos en el Apéndice ante nos, los cuales, 

examinados de manera integral y en unión a los autos del TPI en el 

SUMAC, revelan que incumplió con las órdenes del foro primario y 

provocaron el desenlace, la desestimación sin perjuicio de su caso. 

Destacamos, además, que, en una Orden previa a la emisión de la 

Sentencia desestimatoria, documento que no fue incluido en el 

apéndice, fue notificada el 12 de junio de 2023 y en ella, el TPI, 

según ya había actuado, apercibió al aquí apelante sobre las 

consecuencias de no cumplir con las órdenes del Tribunal.32 Es por 

todo lo anterior que juzgamos que los errores esgrimidos no fueron 

cometidos, por lo que procede confirmar la Sentencia apelada.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

30 El número de caso ofrecido por el apelante en varios escritos presentados para 

su radicación fue el alfanumérico PO2020CV01394 y, como tal, según constatado 

el TPI obró.

31 32 LPRA Ap. V, R. 9.4.

32 Véase SUMAC, a la entrada 21.